Históricamente, en Costa Rica las personas migrantes centroamericanas y particularmente las nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población sumó el 11,35 % del producto interno bruto, en áreas como:

1. Agricultura: específicamente en monocultivos como el café, la caña, el melón, el banano y la piña. La mayoría de estas plantaciones se encuentran en zonas relativamente cercanas a las fronteras con Nicaragua y Panamá.
2. Servicios de alojamiento y alimentación: son indispensables en el sector de turismo, en hoteles, restaurantes, tours, atracciones turísticas, entre otras.
3. Trabajo doméstico: las mujeres son una alta mayoría en este sector. Es usual que tengan jornadas laborales de horas en varias casas diferentes. Es muy común tanto para quienes tienen un bajo nivel de escolaridad como para profesionales con muchos años de experiencia en su campo.
4. Servicios comerciales: atención en tiendas, supermercados, restaurantes, mantenimiento, transportes, entre otros.

No obstante, a partir de la emergencia sanitaria que impuso la pandemia del COVID-19, el 17 de marzo del 2020 se emitió un Decreto Ejecutivo que restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de todas las personas que no fueran costarricenses o residentes, incluyendo (y principalmente) turistas. Posteriormente, el 25 de marzo se les pidió a las personas extranjeras residentes y de las categorías especiales no salir del territorio costarricenses, so pena de que se les imponga un impedimento de entrada.

Este escenario hizo que muchas familias quedaran divididas, pues quienes se encontraban en Nicaragua no podrían regresar y quienes salieran no podrían ingresar al país hasta nuevo aviso, lo cual con la situación actual podría tomar lo que resta del 2020 o más. Sumado a esto, en el caso de las personas nicaragüenses, sus familiares y amigos que estén en Nicaragua se encuentran en un país que no ha tomado medidas de distanciamiento social o cierre de negocios y que, también, ha sido señalada por reportar menos contagios y muertes a causa del COVID-19 de las que realmente son, según los datos aportados por la ONG Observatorio Ciudadano. Además, tal país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.

Consecuencias de las restricciones preventivas en la economía de las familias migrantes

Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Adicionalmente, las personas que fueron contagiadas debieron permanecer en cuarentena junto con su familia, en muchos casos esto resultó en una pérdida automática del empleo.

La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió la sociedad de manera generalizada, en el caso de estas personas se sostienen hoy en día y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, quedando a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.

La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió de manera generalizada se mantienen actualmente en el caso de dichas personas y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, de manera que quedan a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de la sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.

A esto se suman las dificultades particulares de las familias binacionales —aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como de otras nacionalidades—, muy especialmente en las familias cuyos integrantes de otros países tienen un estatus irregular. La potencial amenaza de ser deportados puede representar un hogar más que pierda el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis y con menores de edad que aún no asisten al sistema educativo y que, por tanto, no cuentan con las canastas que el Ministerio de Educación Pública entrega a sus estudiantes.

Muchas mujeres migrantes son jefas de hogar y la amenaza es que sean ellas las que se contagien por tener que salir a trabajar o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de un compañero, la vulnerabilidad aumenta. Si su compañero se enferma o es deportado, estas mujeres deben encontrar una forma de generar ingresos económicos en un escenario absolutamente desfavorable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para las mujeres migrantes, con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, el escenario es aún más adverso.

Es urgente la protección estatal inclusiva de estas familias

Es indispensable que las medidas que se tomen para apoyar a las familias, que se han visto afectadas económicamente, sean inclusivas y tomen en cuenta las condiciones y necesidades de los hogares que más lo necesitan, justamente por todos los factores de vulnerabilidad que acumulan. Las mujeres migrantes indocumentadas deben contar con protección de parte del Estado en aras de evitar que se expongan a explotación laboral u otras situaciones de riesgo en el intento de mantener a sus hijos e hijas.

El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. EL 16 de junio, el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en el sector agro. No obstante, los costos de estos trámites ascienden los USD 60, los cuales deben ser cubiertos por la persona migrante, pese a que esta oportunidad se otorga por la demanda de las grandes empresas para contar con la mano de obra necesaria para no perder las cosechas.

Es fundamental dotar a las instituciones de los recursos pertinentes, con el fin de que puedan cumplir con las inspecciones necesarias para asegurar que la vida de las personas no se esté poniendo en riesgo por la producción económica. Además, dotarlas de todas las capacidades normativas e instrumentales necesarias para amonestar y sentar las responsabilidades correspondientes sobre las empresas que sostienen dichas prácticas y no sobre las personas que fueron víctimas de estas.

Silvia Azofeifa Ramos
Coordinadora del proyecto “Migrantes como sujetos políticos”