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Inmunología y agrotóxicos

Compartimos citas de publicaciones científicas nacionales e internacionales sobre inmunosupresión causada por agrotóxicos, recopiladas por Eduardo Martín Rossi

2 EDICIÓN. 9 DE ABRIL 2020:

51 citas con cada link de trabajo científico original publicado. Ordenadas por año y abecedario de primera letra del apellido del primer autor de cada investigación, hasta 3 de abril 2020.

Link: www.naturalezadederechos.org/inmuno2.pdf

Otros trabajos de Eduardo Martín Rossi editados por Naturaleza de Derechos.

2015 Antología toxicológica del glifosato. 4ta. edición Link: www.naturalezadederechos.org/antologia4.pdf

  1. Antología sobre los impactos de los agrotóxicos en las abejas. 1era. edición Link: www.naturalezadederechos.org/abejas.pdf
  2. Dinámica e impactos del glifosato en el agua. 1a. edición Link: www.naturalezadederechos.org/aguaglifo20.pdf

Compartido con SURCOS por el doctor Jaime García.

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UNDECA solicita aplicación inmediata de resolución de CIDH

UNDECA solicita aplicación inmediata de resolución de COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS que protege derechos fundamentales del personal sanitario.

Compartimos la carta enviada al presidente de la República y al ministro de trabajo.

Estimados señores:

Quien suscribe, Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA, con el debido respeto comparezco a manifestar y solicitar lo siguiente:

El 10 de este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de conformidad con las estipulaciones establecidas en el artículo 106 de la Carta de la OEA, 41.b) de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 18.b) de su Estatuto, emitió la Resolución 1-20, relacionada con la pandemia y los Derechos Humanos en las Américas.

Se trata de una amplia resolución, de la mayor importancia, sin precedentes en el sistema interamericano, que aborda la imperiosa necesidad, en la situación de emergencia sanitaria que pasamos, de dar la mayor protección a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La resolución establece que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus tienen que tener como epicentro el pleno respeto de los derechos humanos.

La resolución contiene varios aspectos que conciernen directamente al personal de salud, los cuales ameritan ser destacados:

1.- La resolución considera que las pandemias tienen el potencial de afectar gravemente el derecho de la salud, directa o indirectamente, por el riesgo en la transmisión y adquisición de la infección y la exposición sobre el personal de salud.

2.- La CIDH recuerda que las medidas de emergencia y contención deben considerar un efecto diferenciado e interseccional, considerando los grupos en situación de riesgo y especial vulnerabilidad, incluyendo el personal de salud.

3.- La CIDH resolvió que los Estados deben dictar de manera inmediata, urgente, con la debida diligencia, las medidas adecuadas para proteger los derechos de la vida, salud e integridad de las personas.

4.- La CIDH dispuso que los Estados deben proteger los derechos económicos, sociales, culturales, particularmente de las personas trabajadoras en mayor situación de riego por la pandemia y sus consecuencias.

5.- Dispuso que las personas que tienen que continuar prestando sus actividades laborales, deben ser protegidas de los riegos del contagio del virus y darse protección adecuada a los trabajos, salarios y los derechos de carácter sindical.

6.- La resolución estipuló que los Estados deben asegurar la disponibilidad y provisión oportuna de cantidades suficientes de material de bioseguridad, insumos y suplementos médicos esenciales de uso del personal de salud, fortalecer su capacitación técnica, profesional y garantizar la protección de sus derechos.

7.- Por último, estableció que los Estados tienen que mejorar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud mental, sin discriminación, particularmente a las poblaciones expuestas y mayor riesgo, como los trabajadores y trabajadoras de los servicios sanitarios.

Con fundamento en lo dispuesto en esta histórica resolución de la CIDH, demandamos que se suministre a todo el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social y otras instituciones sanitarias, que están en la trinchera de batalla contra el COVIT-19, todos los materiales de bioseguridad, implementos y equipos de protección personal (EPP) que requieran, de manera inmediata, con la finalidad que se garantice plena y efectivamente la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras.

Asimismo, solicitamos que se le procure a este personal los servicios de apoyo de salud mental que requieran, para preservar su salud y bienestar integral.

Finalmente, solicitamos que se respeten los derechos de libertad sindical del personal sanitario, sin discriminación de ninguna clase.

Solicitamos que se instruya de inmediato la ejecución de las medidas de prevención y protección de la seguridad y salud de la población que labora en la CCSS y demás instituciones, de conformidad con lo dispuesto en esta resolución de la CIDH.

Demandamos el cumplimiento, sin dilaciones de ninguna especie, de esta resolución de la CIDH.

Atentamente,
P/JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
UNDECA
Martha Rodríguez González
Secretaria General Adjunta

Cc: Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo CIDH
Trabajadores y trabajadoras.

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Solidaridad en cuarentena

El Servicio Jesuita para Migrantes estará preparando paquetes de comestibles básicos para que las familias puedan afrontar 1 ó 2 semanas de cuarentena. 

Estos paquetes serán enviados a las viviendas de familias identificadas o ellas podrán pasar a recogerlos en puntos cercanos a sus hogares.

Vea en detalle la información para colaborar con esta causa en la siguiente imagen.

 

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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Espiral canastas solidarias para la resistencia

Un grupo independiente orientado a personas refugiadas se están organizando para armar canastas solidarias con víveres para algunas familias en esta condición que necesitan apoyo en el GAM.

Estarán recibiendo donaciones monetarias para armar las canastas. El valor aproximado de cada una de las canastas es de 14 mil colones.

Puede realizar sus donaciones por medio de SINPE móvil y cuentas en el Banco Nacional y Banco de Costa Rica.

Más información a los teléfonos 8968 6977 y 8581 2343.

 

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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Jóvenes se pronuncian ante COVID-19

Plataforma de Acción Cívica Centroamericana
Pronunciamiento

La Plataforma de Acción Cívica Centroamericana (PACC), misma que conforman jóvenes representantes de movimientos sociales, estudiantiles y políticos de los países hermanos de la región, de cara a la actual crisis global por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y como resultado de un proceso de análisis y reflexión del contexto de la crisis en cada uno de estos países a la población general, autoridades gubernamentales, y comunidad internacional, expresa lo siguiente:

1- En Nicaragua se evidencia la falta de respuesta Estatal a la grave crisis de salud que enfrentamos. Exigimos que las empresas, zonas francas y centros de estudios que se responsabilicen por la salud y la vida de sus trabajadores. De igual manera exigimos al Estado dar respuesta eficaz para controlar la propagación del virus y un manejo adecuado de la información.

2- En Guatemala, ha quedado en evidencia la influencia del sector empresarial en todas las medidas y disposiciones tomadas por el gobierno central para enfrentar la pandemia del Covid19, priorizando a la economía sobre la salud y el bienestar de la población. Exigimos que se congelen y difieran los pagos de servicios básicos y que se garanticen los derechos laborales de todas las personas mientras dure la crisis. Así mismo, que se priorice en la entrega de ayuda económica y de apoyo alimentario a los grupos sociales con más vulnerabilidad y marginación. Que los préstamos y ampliaciones millonarias destinadas a la reactivación económica post crisis, se destinen primordialmente a agricultores, pequeños empresarios y a las personas que viven de la economía informal en el país.

3- En Honduras, se han revelado los resultados y naturaleza consecuente del saqueo y abandono a las instituciones de salud y educación por más de 10 años de gobiernos sumidos en corrupción y pobre administración del Estado. Hacemos público el conocimiento de la población sobre la autorización de 21,485,000,000 lempiras (873,373,983.74 USD) para el manejo de la crisis por el COVID-19. Exigimos la participación de la sociedad civil en sus formas de organización durante la gestión de estos recursos, lo que incluye verificación de las necesidades y priorización de las mismas durante la crisis, el máximo aprovechamiento de recursos en términos del contexto, transparencia y competencia objetiva en la contratación de personal calificado, implementación de medidas adecuadas, comunicación pública e intersectorial efectivas, fortalecimiento lógico de las instituciones de acuerdo a su rol y en la coordinación intersectorial. Exigimos al Gobierno de Honduras hacer partícipe a la sociedad civil de la gestión y la auditoría de insumos en los servicios de primer y segundo nivel, fortalecer una matriz de producción agropecuaria, estímulo económico de microempresas sin garantías hipotecarias, viéndose amenazada la ya frágil Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, así como su Soberanía Alimentaria.

4- En Costa Rica, consideramos que la respuesta del sistema de salud pública ha estado a la altura, y la ciudadanía ha sido cívicamente responsable -en su gran mayoría- de atender las disposiciones oficiales con respecto a las medidas de aislamiento social en contra del coronavirus COVID-19. Lo anterior es resultado de un pueblo que, durante su historia, ha dado relevancia a la inversión en desarrollo humano, por encima de otras políticas, como las relacionadas al armamentismo o la defensa. Sin embargo, hemos de denunciar, una ausencia total de liderazgo por parte del presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, para dar soluciones oportunas y realistas a los diferentes sectores, en medio de esta histórica pandemia, principalmente, a las clases sociales medias y bajas. Es así como el mandatario, ha demostrado su renuencia a discutir proyectos legislativos en contra de la usura, aquella que asfixia al pueblo costarricense a través de los altos interés en sus tarjetas de crédito, o devolverle al pensionado poder sobre su ahorro en el Régimen Obligatorio de Pensiones (¡Operadoras ricas, trabajadores pobres!). Ello sin importar, que ambas propuestas darían liquidez financiera a las familias costarricenses golpeadas por esta calamidad, y las cuales han sido torpedeadas por el Poder Ejecutivo, a solicitud de la banca financiera, la cual pareciera tutelar más los intereses de los adinerados, sobre el bienestar social de los trabajadores costarricenses.

5- En El Salvador, estamos conscientes que la respuesta fue temprana, rápida y bien intencionada, sin embargo, mal gestionada a falta de un plan estratégico definido que desarrolle dichas indicaciones creando confusión tanto en la población como en las entidades del sector público. Llamamos la atención al Gobierno sobre la brecha de desigualdad en cuanto a acceso a información se refiere, siendo una gran parte de la población la que no tiene acceso a Internet y sus redes de comunicación, plataformas principales donde se desarrollan las políticas informativas del actual gobierno. También hacemos un llamado de atención sobre la arbitrariedad aparente con que se realizan y podrían realizar detenciones a ciudadanos que violen la cuarentena domiciliar, quedando a la discrecionalidad de los policías los criterios para este proceso, violentando ciertos derechos fundamentales de las personas. Sobre el acceso desigual a la ayuda de trescientos dólares a un millón quinientas mil familias, consideramos que este es limitado para llegar a la gente, el proceso ha sido altamente improvisado y no está llegando a las familias que realmente lo necesitan debido a que desde hace 14 años no existe un censo que establezca parámetros necesarios pare ejecución del plan de forma efectiva. Exigimos al presidente Nayib Bukele, frenar los procesos intencionales de polarización de la sociedad y la opinión pública, especialmente el cese de sus ataques a organizaciones de DDHH.  6- Como PACC, hacemos un llamado a la solidaridad entre ciudadanos, a la calma y a adoptar actitudes objetivas y de compromiso a mantenerse informados y tomar las medidas necesarias, esto con el objetivo de frenar no solo la propagación del virus, sino mitigar los efectos que esta crisis tendrá en la economía, política y el panorama psicosocial de la región y el mundo. Reiteramos nuestro compromiso como ciudadanos al fortalecimiento de la democracia, la justicia social y los procesos de desarrollo humano para nuestras sociedades.

Plataforma de Acción Cívica Centroamericana.

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La Universidad, el COVID-19 y la crisis humanitaria

Vivimos momentos difíciles para nuestra universidad, nuestro país y la humanidad como un todo. Desde la aparición del primer caso de COVID-19, hemos tomado decisiones e impulsado procesos para hacerle frente a una situación excepcional de manera responsable. No conozco ninguna universidad del mundo, ni tampoco ningún sistema de salud, que estuviera totalmente preparado para resolver, sin dificultades, vicisitudes repentinas y cambiantes.

Como a muchas personas, me alegra constatar que nuestras autoridades nacionales, sobre todo del campo de la salud, han actuado con buen juicio y oportunamente. A la ciudadanía y a las instituciones públicas, nos toca apegarnos a sus directrices por el bien de todas las personas; y, además, contribuir con nuestro ingenio y nuestras capacidades.

A lo interno, debido quizá a la novedosa y alta complejidad de la situación actual, observamos una fase inicial de dubitaciones que ha cedido su lugar a un gran compromiso con la migración a mediaciones pedagógicas asistidas por la tecnología, al tiempo que trabajamos en conjunto con otras instituciones nacionales para avanzar hacia una disminución de la brecha digital que afecta tanto al país como a nuestra institución. En ambos aspectos – mediación pedagógica y brecha digital -, hemos dado pasos significativos que superan en magnitud lo realizado en el pasado. Pronto podremos observar la materialización de estos esfuerzos.

Celebramos las iniciativas de diferentes unidades académicas que contribuyen a superar necesidades imperiosas en la atención de la crisis sanitaria. También reconocemos las múltiples propuestas para orientar las decisiones políticas y económicas hacia opciones solidarias.

Todo esto significa que hemos vuelto la mirada hacia afuera, sin descuidar nuestras obligaciones internas. Este ejercicio de compromiso institucional no puede realizarse con una universidad cerrada, sino con una universidad que, tomando en serio las medidas sanitarias correspondientes, pueda garantizar el flujo de procesos básicos que apoyen la posibilidad y buena marcha de las actividades solidarias con la población nacional y el trabajo conjunto con instituciones públicas y empresas privadas. Es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación.

La Universidad de Costa Rica constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para la sociedad costarricense, por ejemplo, en el aseguramiento de la calidad de los medicamentos, en la certificación de granos y semillas, en la determinación de la inocuidad de alimentos para humanos y animales, así como en muchas otras actividades que abundan en cantidad y méritos. Somos un elemento imprescindible en procesos y acciones que benefician a toda la comunidad.

En estas circunstancias, no podemos ignorar que nos encontramos ante una crisis humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Estimaciones estadísticas vienen y van, y difieren entre sí en los cálculos específicos, pero en un tema coinciden: el desempleo afectará a muchos millones de personas, la pobreza aumentará considerablemente y todo ello producirá hambre. Tendremos un escenario que intensificará las tensiones nacionales, regionales e internacionales.

La crisis humanitaria no podrá ser resuelta por la vía de propuestas aisladas. En el seno de cada país, se requerirán esfuerzos colectivos e integrales, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados. Nadie – ninguna persona, institución o empresa – deberá quedarse fuera, ni en dar ni en recibir, según sus posibilidades y necesidades, con justicia y equidad.

En la dimensión internacional, una economía entrelazada en múltiples aspectos no podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados. La misma crisis sanitaria demuestra sin ambages que la interconexión multitudinaria, en todas las direcciones y latitudes, nos incorpora en una especie de burbuja planetaria, de la cual somos parte.

Creo que es también la hora de la compasión: de identificarnos con el sufrimiento de los otros; y es la hora de la generosidad. Pablo Neruda encontró una bella manera de expresarlo:

No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto: a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía; más en esa danza o en esa canción están consumados los más antiguos ritos de la conciencia: de la conciencia de ser hombres y de creer en un destino común.

En la misma ocasión, Neruda advirtió la ignominia de la cual debemos librarnos:

Hay que mirar el mapa de América, enfrentarse a la grandiosa diversidad, a la generosidad cósmica del espacio que nos rodea, para entender que muchos escritores se niegan a compartir el pasado de oprobio y de saqueo que oscuros dioses destinaron a los pueblos americanos.

La Universidad de Costa Rica, y toda su comunidad académica, debemos ser parte de esa responsabilidad ética que compartimos con todos los sectores de la sociedad costarricense: contribuir a vencer el virus y el hambre.

Dr. Henning Jensen Pennington
Rector, Universidad de Costa Rica

 

Información de la Rectoría, UCR.

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Actuario pide investigar acuerdo de CCSS para variar base contributiva y que se cobre al Estado

El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta al licenciado Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la cual presenta denuncia y solicitud “para que se investigue la legalidad y correcta aplicación del acuerdo de Junta Directiva relacionado con la Base Mínima Contributiva y para que se le cobre al Estado el monto del descuento de primas en Invalidez Vejez y Muerte (IVM) y Salud”.

La misiva fue enviada el 5 de abril de 2020 y SURCOS recibió copia.

Rodrigo Arias López indica que en el Semanario Universidad del 19 de marzo de 2020 se publicó la siguiente noticia: “Ante emergencia nacional por Covid-19: Caja aprueba reducción del 75% en la base mínima contributiva”.

Arias López transcribe del artículo citado: “La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó este jueves por la noche una reducción de un 75% en la base mínima contributiva vigente en el seguro de salud y en el de pensiones durante los siguientes tres meses, debido a la emergencia sanitaria que actualmente golpea al país”.

“Esto se aplicaría para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes (incluye aquellos con Convenio Colectivo) y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial según los registros del SICERE, correspondientes a los meses de facturación de marzo, abril y mayo del 2020”.

En el mismo medio se informa que el acuerdo de la junta directiva de la CCSS dice: «Este acuerdo no aplica para la forma de cálculo del monto a facturar al Estado por todas sus obligaciones con la Institución, con excepción de aquellas relacionados a su condición como patrono».

Ante ello, el experto en temas actuariales señala en la carta el auditor de la CCSS que “Lo informado no es completamente claro, no se conoce su impacto, ni si existe algún estudio actuarial que al menos determine el monto de la reducción de ingresos del acuerdo y que analice y justifique su aplicación o pertinencia. Me temo que la Administración de la CCSS lo que está haciendo es una reducción generalizada de un 75% en las planillas de ingresos de los trabajadores independientes, voluntarios, convenio y no estoy seguro si también en el caso de los salarios del sector de asalariados. De ser una reducción generalizada del 75% durante tres meses, podría tener un impacto estimado de 580.000 millones de colones, a lo que se debería agregar el impacto adicional por pérdidas de empleo”.

Ante ello, Rodrigo Arias López solicita que se investigue y se proceda con lo siguiente:

1) Si la Junta Directiva de la CCSS o la Administración de la Caja, están facultadas para realizar una reducción del 75% de las primas, en algunas o en todas las modalidades de aseguramiento de Salud y Pensiones.

2) Si existió un estudio actuarial conforme a los artículos 23, 41 y 42 de la Ley 17 para justificar el acuerdo.

3) Si existió algún criterio jurídico legal para respaldar el acuerdo.

4) Si lo que está aplicando la Administración de la CCSS corresponde efectivamente a lo acordado por la Junta Directiva sobre el asunto.

5) Que esa Auditoría realice un análisis legal para que se recomiende a la Administración de la CCSS y a su Junta Directiva, proceder a facturar al Estado como tal, el monto de esos descuentos, de conformidad con el artículo 73 y 177 de la Constitución Política de la República, a fin de no lesionar las finanzas de esa institución.