Estudiantes avanzados y docentes de la Sede de Occidente, el Recinto de Grecia y la Sede Rodrigo Facio realizan un trabajo voluntario y de alto valor profesional en áreas clave de la producción de alcohol para dar una mano a la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) en su titánica labor.
Más información en: http://ucr.cr/r/QJaS
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Dado que la curva de contagios por Covid-19 en Costa Rica durante 50 días se no se disparó en cifras alarmantes y más bien cada día se reportan menos casos nuevos por coronavirus, el Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo dentro de poco tiempo podrían permitir la reapertura de las algunas actividades estrictamente programada y protocolizada. Eso sí, de no acatarse lo establecido y se incrementen los contagios se regresaría a las medidas de aislamiento ya conocidas.
Sobre estas posibles decisiones del Ejecutivo y la cartera de Salud de reactivar algunos sectores de la actividad económica, Juan José Romero, coordinador de la maestría de Epidemiología que imparte la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional (EMV-UNA), indicó que desde hace tres semanas se reportan menos casos por día, lo que significa haber “aplanado” la curva, lo cual podría interpretarse como positivo en comparación con otros países.
Romero comentó que por esa razón Costa Rica podría darse la oportunidad y recalcó NO ES UN LUJO, de adoptar ciertas medidas de apertura programada, paulatina y estratégica en cierta población sin los factores de riesgo ya conocidos. “Esto implica que la población de riesgo deberá seguir en su condición de teletrabajadores en el tanto no se levante por completo las restricciones.
El epidemiólogo, expresó que muchas personas se preguntarán: por qué Costa Rica piensa reabrir algunas actividades, cuando por ejemplo en España e Italia aún se mantienen las medidas restrictivas; esto explicó Romero, obedece a que, en las últimas semanas, en esas naciones europeas la cantidad de contagios están en el orden de tres mil nuevos casos diarios y mantiene cerca del 8 al 12% de mortalidad en la población infectada.
Romero, quien a la vez destacó como profesor del actual jerarca de Salud, en la maestría de Epidemiología de la UNA, aseveró que la idea sería abrir bajo un plan estructurado entre la empresa y el Ministerio de Salud para garantizar el máximo posible de seguridad tanto para los trabajadores como los clientes.
Agregó que está decisión de reapertura busca que la crisis económica que surgió producto de la emergencia sanitaria se vaya superando. “Es como soltar y ajustar; la soltamos un poquito ahora y medimos la respuesta. Si por alguna razón la cantidad de nuevos casos se incrementa, volverán las medidas restrictivas, pero si la cantidad de nuevos casos se conserva estable, la medida que se aplicó se mantiene y se incorporarán otras actividades, pero de forma lenta”, dijo Romero.
****Mayor información con: Dr. Juan José Romero-UNA (8815-0717).
Enviado por UNA Comunicación.
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La sostenibilidad de la CCSS se encuentra en peligro por las deudas millonarias que se le deben a esta institución varias empresas y el Gobierno.
Compartimos el siguiente video de la CTRN al respecto.
Enviado a SURCOS por Rodrigo Aguilar Arce.
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En este espacio se coloca un avance semanal sobre el trabajo que desarrolla el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), el cual realiza esta labor por solicitud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta última institución es la que lidera el proyecto.
El ICP-UCR ya elaboró su primer lote de prueba con plasma de pacientes que no tuvieron la enfermedad del COVID-19. Este ensayo se realizó a fin de verificar que la línea de producción planeada para procesar el plasma de pacientes recuperados de tal enfermedad no tendrá ningún problema.
“Los resultados que obtuvimos fueron muy satisfactorios. La precipitación corrió del modo que esperábamos. Pudimos obtener más de 50 viales de los proyectados (56 en total) de un proceso de 25 litros de plasma. Las características son las requeridas y por lo tanto es un producto inyectable en términos de calidad química y microbiológica”, afirmó el Dr. Guillermo León, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR.
Este primer lote de prueba no elimina el COVID-19. Es tan solo un ensayo para verificar que la línea de producción planeada para procesar el plasma de personas convalecientes de tal enfermedad no tendrá ningún problema cuando la CCSS envíe el insumo.
Lo anterior hace que el ICP-UCR esté totalmente preparado para recibir el plasma de las personas convalecientes del COVID-19 cuando la CCSS lo envíe. De esta manera, se logrará producir la anhelada formulación de inmunoglobulinas purificadas y concentradas.
“El trabajo de estas últimas semanas lo hemos enfocado en la producción de antivenenos y así llenar nuestras bodegas con el suficiente producto para satisfacer la demanda. Esto nos dará espacio y despejar la agenda del cuarto limpio con la idea de procesar, sin mayores retrasos, el plasma en el momento en que la CCSS lo haga llegar”, enfatizó el Dr. León.
Para afrontar esta iniciativa, el ICP-UCR tuvo que modificar su laboratorio de producción, con el objetivo de incorporar una línea alternativa de procesamiento de plasma humano. En otras palabras, es una línea completamente diferente a la que se usa en la elaboración de los sueros antiofídicos. El funcionamiento de dicha línea ya fue verificada mediante el lote de prueba.
Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Comunicado de FRENASS:
La CCSS está en el corazón de la sociedad costarricense y ha resguardado la salud de nuestro pueblo, estando en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Por eso, no permitiremos una estocada a nuestra seguridad social por medio del debilitamiento de sus finanzas como lo pretenden el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central.
En efecto, en la reunión del pasado 22 de abril del 2020, con el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, la Ministra de Planificación y la totalidad de la Junta Directiva de la CCSS, en este espacio el señor Román Macaya, presidente de la Junta Directiva de la CCSS, expuso la situación de las finanzas de la institución y de la deuda histórica que tiene el Estado con la institución benemérita de la patria, cuya morosidad asciende nada menos que a 1,67 billones de colones, por concepto de seguro de salud y pensiones, deuda que el Estado no ha honrado a la institución desde hace muchos años. Con esos recursos, la CCSS podría hacer frente a una institución de salud fortalecida para la atención de la pandemia y contribuir a la reactivación económica del país y prestar los servicios de salud con la calidad y una cobertura en el futuro cercano que merece el pueblo de Costa Rica.
Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), levantamos la voz y nos unimos a la denuncia pública y que de forma valiente presentara Mario Devandas Brenes, como único legitimado en representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la Caja. Después que Mario Devandas informó al pueblo costarricense que según Hacienda y el Banco Central no hay solución para pagar la deuda que provocaría una crisis financiera de la institución, el Gobierno sigue sin aclarar la situación denunciada ni ha presentado propuestas concretas para honrar esa deuda.
La CCSS está realizando los cálculos del dinero que dejará de recibir en los próximos seis meses. Se pronostica que solo del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), dejará de percibir para marzo y agosto, entre 190.000 millones de colones y 303.000 millones de colones y en régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), alcanzaría en eses periodo un monto de 417.000 millones de colones.
El presidente Alvarado, indicó que “no hay plata” para cubrir las obligaciones que tiene el Estado con la CCSS. Con estas respuestas del presidente, lesiona gravemente nuestra seguridad social.
La denuncia que realizó Mario Devandas como representante del sector laboral en la Junta Directiva de la Caja, el día 22 de abril en la tarde, fue que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves como el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, les dijeron a los directivos “que no se puede hacer nada para resolver el problema financiero” de la institución.
Como FRENASS, EXIGIMOS que el Gobierno no siga por la ruta de querer dejar desfinanciada a la Caja, y por el contrario le instamos a establecer los mecanismos democráticos e institucionales necesarios para hacerle frente a la deuda acumulada con la institución por 1,63 billones de colones y a los gastos que ha generado la pandemia.
Sería un error histórico para este Gobierno de la República, poner en peligro la institución más apreciadas y que está en el corazón del pueblo de Costa Rica.
¡Ahora sí, la patria nos llama a defender nuestra paz social y a la CCSS!
Este próximo martes 28 de abril se llevará a cabo la charla: «Educaciones populares en tiempos de Pandemia», la cual será transmitida por la página de Facebook de CEIP Histórica a las 5:30 p.m.
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Se estima que el Seguro de Salud recibirá ¢313 mil millones menos y el Seguro de Invalidez Vez y Muerte ¢417 mil millones menos después de la crisis. Mientras que el Ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves estima que no es conveniente por la crisis «dedicar montos desproporcionados» a la CCSS.
Lenín Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería explica en el audio cómo es que quieren conducir a la CCSS a la quiebra.
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Las Américas, 21 de abril de 2020. – Frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19 en el continente americano, hacemos un llamado enérgico a los Estados de la región para adoptar medidas urgentes que respondan a las necesidades específicas de las comunidades indígenas para la prevención del contagio y la mitigación de las consecuencias que generan las diversas políticas públicas implementadas durante la pandemia.
En conformidad con las obligaciones internacionales, estas medidas deben ser culturalmente adecuadas y consultadas con las comunidades, además de garantizar la atención diferenciada de los pueblos transfronterizos y de las personas indígenas en espacios urbanos, rurales o en entornos naturales más aislados, así como de aquellos pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
La pandemia del COVID-19 está afectando negativamente a toda la población del hemisferio, obligando a los Estados de la región a tomar medidas extraordinarias para atender esta emergencia. Asimismo, esta crisis de salud ha evidenciado nuevamente que existen grupos de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, determinando una afectación exacerbada por esta pandemia. Tal es el caso de los 826 pueblos indígenas de las Américas, que agrupan a 45 millones de personas. Estos pueblos han tenido históricamente un acceso limitado a los servicios de salud, enfrentan obstáculos constantes para la práctica de medicinas tradicionales, sufren enfermedades crónicas en altas proporciones, y han sido afectados de manera devastadora por enfermedades derivadas del contacto con actores externos a sus comunidades, situación particularmente grave para los pueblos en aislamiento y contacto inicial.
La llegada de la pandemia a las comunidades y el grave impacto que puede tener en sus derechos no representa una urgencia futura. Ya se han reportado casos de contagios en distintos pueblos en la región, por lo que la respuesta debe ser profunda y urgente, para prevenir su exterminio físico y cultural.
En ese contexto, manifestamos nuestra preocupación ante el hecho de que la mayoría de los pueblos indígenas del hemisferio están excluidos de la formulación de las políticas que los afectan, así como de la implementación de las mismas. Esto es también la realidad en el marco de esta pandemia.
A lo largo del continente persisten condiciones de desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación histórica y falta de consulta adecuada de los pueblos indígenas. Lo anterior, impacta e impide su acceso a bienes, servicios y derechos básicos que se vuelven de vida o muerte en el marco de la pandemia, tales como la alimentación, servicios de salud, agua y artículos de higiene. Estos factores, combinados con ciertas vulnerabilidades específicas que acompañan a algunos pueblos indígenas, tales como trastornos respiratorios y falta de defensas inmunológicas contra enfermedades relativamente comunes, se suman a los factores de riesgo ya constatados para el COVID 19 y convierten a esta pandemia en una amenaza grave a la supervivencia no sólo de las personas sino de los pueblos.
Por otra parte, en los territorios de los pueblos indígenas de la región continúan desarrollándose actividades petroleras, mineras, agronegocios, forestales, entre otras, que además de la afectación histórica a sus derechos, en esta ocasión se convierten en un factor de riesgo más, por el ingreso de personas ajenas a las comunidades. Lo anterior pese a la solicitud de moratoria o suspensión temporal realizada por varias organizaciones en la región por considerar estas actividades no esenciales. Este riesgo también está presente en aquellos sitios donde no se han impuesto restricciones a la circulación, y se mantiene el turismo y el tránsito continuo de personas.
Preocupación especial merece el hecho de que se ha documentado en ciertas zonas un aumento en la presencia y amenazas de grupos armados ilegales dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, situación que incrementa además el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Ello al igual que las medidas de cuarentena profundizan el aislamiento de algunas comunidades cuyos miembros necesitan salir para abastecerse de insumos básicos, alimentos y ayuda humanitaria.
Adicionalmente, los pueblos indígenas están excluidos de información oficial adecuada y oportuna respecto de la pandemia. La falta de información mediada culturalmente y disponible en las lenguas originarias amenaza su supervivencia, y violenta su derecho a la no discriminación.
Por todo lo anterior, recordamos a los Estados que todas las medidas adoptadas deben garantizar, sin discriminación alguna, los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, con un respeto pleno de las realidades, cosmovisión, tradiciones y experiencias de cada pueblo. Estas medidas deberían ser articuladas entre las distintas instituciones del Estado de manera que garanticen el disfrute del más alto nivel de salud, física, mental y espiritual, así como el acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y sanitarios. De igual forma, es fundamental que se adopte de manera inmediata un enfoque diferencial que tome en cuenta la intersección de distintos factores (edad, sexo, género, capacidades diversas) que aumentan la vulnerabilidad de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y a quienes dentro de ellos sean particularmente vulnerables a los impactos de la pandemia.
Hacemos un llamado a los Estados a coordinar de manera inmediata con los pueblos indígenas de la región cualquier medida que les involucre o que se implemente dentro de sus territorios. Para ello, los Estados deberán:
Organizaciones Firmantes
Acción Ecológica
Alianza Territorial Mapuche
Amazon Frontlines
Asociación Interamericana par la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Proyecto Amigo
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Fórum Solidaridad Perú
Instituto del Bien Común (IBC)
Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)
Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – Perú (CEAAL)
EarthRights International
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)
Instituto de Defensa Legal (IDL)
Movimiento Amplio por la Diginidad y la Justicia (MADJ)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras
Tierraviva
Imagen ilustrativa, UCR.
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En las últimas semanas las cámaras empresariales, el INCAE y ministro de Agricultura y Ganadería presionan de manera irresponsable que Costa Rica debe permitir el uso de más agroquímicos sin su evaluación toxicológica para superar la crisis sanitaria. Premisa falsa que sólo protege los bolsillos de los importadores de venenos.
Esta temeraria exigencia pone en riesgo diversos sectores de la economía que no soportan más contaminación de plaguicidas. Hablo de escolares fumigados diariamente, agua captadas para uso humano contaminado con agrotóxicos cancerígenos, miles de personas enfermas por la exposición a plaguicidas, trabajadores sin indemnizaciones de parte de las empresas responsables por la pérdida de salud, 90% de los alimentos que consumimos a diario contaminados con plaguicidas. Estos son algunos de los muchos impactos de los agrovenenos importados diariamente al país. Pero ahora quiero que pensemos en los unos seres diminutos que tienen un aporte indiscutible a la economía de un país dedicado a la agricultura, las abejas.
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) el aporte de los polinizadores como las abejas equivale a 20 veces del valor de la miel que producen. Para un país como Costa Rica que cuenta con unas 40 mil colmenas, las cuales produce unas 1.200 toneladas métricas de miel, lo que equivale a unos ¢6.000 millones por su valor en el mercado. Si hacemos la multiplicación que siguiere la FAO encontraremos que las abejas melíferas proporcionan en servicios de polinización al menos ¢120.000 millones (unos USD$210 millones) la economía nacional todos los años. Pero claramente el valor económico no es lo más importante en este tema, pero al parecer este el único lenguaje que comprende el gobierno.
Este aporte poco contabilizado en la lógica del Banco Central, nos dará luces para entender sobre la importancia en la economía de la defensa de las abejas contra el abuso de los plaguicidas y de sus vendedores. Se calcula que Costa Rica importa USD$160 millones en agrovenenos. Estas empresas importadoras de plaguicidas incorporadas en la UCCAEP, reciben al menos USD$30 millones en exenciones fiscales anualmente según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Es importante decir que el registro plaguicidas está siendo revisado por la Sala Constitucional desde el año 2019, debido a que distintas organizaciones ambientales como la Federación Ecologista (FECON) y del Movimiento para la Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) han acudido al tribunal constitucional para denunciar el abuso en la incorporación de los plaguicidas sin análisis técnico, piden su revisión bajo la ciencia y la técnica. Además, existe un Recurso de Amparo apoyado por cientos de apicultores nucleados en la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura (CNFA) contra los Neonicotiniodes (agrovenenos con nefastos contra las abejas). Por lo que pedir más agrotóxicos atenta contra el accionar del mismo Poder Judicial.
Hoy toca decidir para dónde quiere el país encaminarse: hacía la agri-cultura-economía de la vida o una de la muerte. Pero Casa Presidencial al parecer solo tiene oídos para quienes proponen toxicidad y explotación laboral.
Es urgente proteger a los polinizadores, la apicultura y así a la economía costarricense y no hacerles caso a los vendedores de venenos.
* Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad, la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON) y parte de la Alianza Biodiversidad y el Comité editorial de la Revista Biodiversidad Sustento y Culturas.
Foto: Quique Vega
Apicultura aporta anualmente más de ¢120.000 millones en servicios de polarización.
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La cuarentena mundial producto de la pandemia generada por el Covid-19 tomó a la humanidad por sorpresa y sobre todo un sector importante de la sociedad ajena al aislamiento social y acostumbrada al diario ajetreo. En general, este tiempo no ha sido fácil, el estrés y la ansiedad ocasionado por esta crisis está afectando a las personas anímica, física y psicológicamente.
Por esa razón el programa Ambientes de Trabajo Saludables (ATS) de la Universidad Nacional (UNA), elaboró un cronograma de actividades para que usted y su familia disminuyan los niveles de estrés, ansiedad y pánico, a través del ejercicio y terapias alternativas. Pero sobre todo que durante los días de cuarentena que aún restan, las personas en sus hogares puedan realizar una rutina lo más variada posible.
Gustavo Rivera coordinador del programa ATS-UNA indicó que el fin primordial de ATS con la elaboración de una parrilla de actividades variadas durante el confinamiento por el Covid-19, es prevenir y hasta cierto punto evitar lo que sucede en países europeos, en donde el estrés y la ansiedad está llevando a las personas a padecer diferentes tipos de cáncer, desarrollar problemas cardiovasculares hasta el punto de que algunas personas han atentado contra su vida.
Rivera comentó que dicho plan de salud integral, elaborado con criterio científico y académico por promotores de salud que conforman el programa ATS-UNA, va más allá de la comunidad universitaria, dado que gracias a sus redes sociales se pudo extender a la población nacional e internacional que lo requiera.
Este plan de actividades diario involucra infografías con temas de salud general y de prevención, sesiones de baile, yoga, intervalos, baile aerobic y pilates. También, entrenamiento en suspensión, fortalecimiento de la zona lumbar, salud postural y entrenamiento con implementos caseros y culmina con un eje de salud integral que ofrece cada día de la semana cocina saludable, arteterapia, plantas medicinales, sobre todo aquellas para el buen dormir, digestivas y tratamiento del sistema nervioso central, técnicas anti-estrés y ocio en familia.
Si está interesado en romper con la rutina de la cuarentena puede visitar el canal de YouTube http://www.youtube.com/c/ATSUNActívateya
***Mayor información con: Gustavo Rivera: Coordinador de ATS-UNA (8998-3609).
Enviado por UNA Comunicación.
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