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Pese a leve mejora, número de delitos en distritos turísticos costeros de Guanacaste continúa mostrando cifras elevadas

Tasa de homicidios en Nosara es comparable con ciudades más peligrosas del mundo

Esteban Barboza
Aarón Chaves

La mayoría de las categorías delictivas en los distritos costeros con mayor desarrollo turístico e inmobiliario en Guanacaste disminuyó en número en 2024 en comparación con 2023; sin embargo, la cantidad de delitos cometidos sigue siendo muy alta tomando en cuenta la cantidad de habitantes y visitantes de esos distritos, y en comparación con distritos con menor desarrollo turístico en la provincia.

Estas primeras impresiones se desprenden del análisis hecho desde el OBTUR a las estadísticas policiales del Organismo de Investigación Judicial al año 2024, y su comparación con las de 2023, que ya habían sido analizadas y publicadas anteriormente en un informe crítico sobre seguridad y desarrollo turístico, disponible en https://www.obtur.una.ac.cr/index.php/informe-critico-sobre-inseguridad-y-desarrollo-turistico-e-inmobiliario-en-el-litoral-de-guanacaste-segun-datos-de-2023-amenazas-al-desarrollo-o-producto-de-un-modelo-de-desarrollo-desigual.

La desigualdad persistente que genera un desarrollo inmobiliario acelerado y desordenado en distritos como Nosara, Tamarindo y Sardinal, además de un mercado de venta y consumo de drogas como parte de las experiencias de desenfreno prometidas a visitantes en los imaginarios turísticos de esos destinos, parecen ser las explicaciones más plausibles de los altos índices delincuenciales de estas zonas costeras en comparación con distritos no costeros, con excepción de las cabeceras centrales de Nicoya, Santa Cruz y Liberia.

En cuanto a homicidios, si bien es cierto su número descendió de 44 a 34 de un año a otro en las regiones litorales con mayor desarrollo turístico, los datos de Nosara son realmente alarmantes. En el 2024 se registraron 11 homicidios, dos menos que en 2023. Sin embargo, con una población de 8716 habitantes, según los datos del censo de Nosara de 2024, el distrito tuvo una tasa de homicidios, el año pasado, de 125 homicidios por cada 100 000 habitantes.

Esto coloca a Nosara al mismo nivel de ciudades como Puerto Príncipe, en Haití, o Colima y Acapulco en México, que son las tres ciudades con mayor índice de homicidios del mundo en la actualidad. La mayoría de homicidios se debió a ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el mercado de trasiego de drogas.

La forma de medir los homicidios por cada 100 000 habitantes es un estándar internacional, utilizado por la Organización Mundial de la Salud, que también señala que una tasa mayor de 10 muertes por homicidios por cada 100 000 habitantes ya se considera una epidemia. Nosara supera esa cifra doce veces y media.

Otro rubro en el que este distrito costero destacó por sobre los demás es en el robo de vehículos. De registrar 13 robos en 2023, pasó a 29 en 2024. Es decir, el número subió a más del doble en un año. Esta cifra fue bastante alta también en los casos de Tamarindo y Sardinal, como se puede observar en el gráfico siguiente.

En términos generales, en los distritos costeros de mayor visitación la cifra de robo de automotores creció de 106 casos reportados en 2023 a 118 casos al año siguiente. La tacha de vehículos en estos distritos turísticos sí disminuyó considerablemente, de 116 en 2023, a 63 en 2024. El igual que en el 2023, y según se puede observar en la figura 3, Tamarindo y Cabo Velas son los distritos con mayor número de vehículos tachados en ambos años.

Finalmente, los robos, hurtos, y asaltos en los distritos costeros de Guanacaste mostraron una leve disminución entre 2023 y 2024. Los primeros pasaron de 381 casos registrados en 2023, a 361 en 2024. Los hurtos pasaron de 494 a 398, y los asaltos de 150 a 133. En esta última categoría, Tamarindo fue el único distrito que tuvo más asaltos en 2024 que en 2023. De registrar 41 casos en 2023 pasó a reportar 47 al año siguiente.

Si bien existe una leve disminución, tal cantidad de hechos delictivos en los distritos con mayor desarrollo de infraestructura turística, segundas residencias y visitación de turistas, sigue provocando la pregunta de si estas altas cifras de incidentes son una amenaza al sistema turístico regional, o un síntoma del modelo extractivista del mismo.

La conflictividad socioambiental, la especulación inmobiliaria, la escasez de recursos vitales como el agua, la falta de oportunidades para los habitantes locales dentro de la derrama simbólica que promete este tipo de turismo, un amplio mercado para la venta de drogas ilícitas, y una simbiosis institucional con este tipo de modelos extractivistas parece ser la combinación que contribuye al elevado índice de delincuencia en la región. Estas cifras definitivamente son indicadores de un problema serio que la mayoría ve como una amenaza al sistema turístico de Guanacaste, pero que pocos ven como una consecuencia inevitable de la forma en que este sistema se conforma.

Al tiempo que las autoridades tratan de amenizar estos datos, o bien celebrar la leve disminución de casos en la mayor parte de las categorías, surgen también las preguntas en cuanto a los posibles efectos de estos sucesos en el turismo en Guanacaste, e incluso nacional a mediano y largo plazo.

Si bien es cierto, este 2025 ha habido un menor ingreso de turistas al país, no se puede alegar a ciencia cierta que esto sea por razones de seguridad. La literatura científica ha comprobado que la imagen de un país en el escenario turístico internacional no se deteriora de un día para otro por razones de seguridad, a menos que sea por casos muy graves como una guerra.

Sin embargo, esta situación podría cambiar con el tiempo, como se ha demostrado que sucede en destinos con un deterioro de su imagen en temas de seguridad prolongada y constante, que con el tiempo se refleja en la baja de visitación. Esto podría ser un problema a mediano plazo, sobre todo porque Costa Rica, y en especial Guanacaste, son altamente dependientes de turistas extranjeros.

Sin embargo, lo que más debe llamar a la reflexión es la clara relación entre el modelo de desarrollo turístico dominante en Guanacaste y el crimen. Este último se nutre de la desigualdad, la falta de oportunidades, y de modelos de desarrollo e instituciones extractivistas. Esto hace que sea preciso impulsar formas más inclusivas de desarrollo turístico y de otras actividades económicas en la región, de forma que se creen más oportunidades y bienestar para la mayor parte de la población.

El apagón de las torres de control de tráfico aéreo

Vladimir de la Cruz

Los aeropuertos del país, el Juan Santamaría, el Daniel Oduber y el Tobías Bolaños, como los aeropuertos principales de Costa Rica, para sus vuelos locales como internacionales tienen su Torre de control, que es la que coordina salida y entrada de vuelos esas pistas, en lo que corresponde a despegues y aterrizajes.

Los controladores aéreos, con su radar con alcance a todo el territorio nacional, pueden observar y detectar todo el movimiento de entrada de naves aéreas al territorio nacional, desde que tocan el espacio aéreo costarricense, y pueden ir siguiendo el curso de esas naves. Así se supervisa, analiza y dirigen las operaciones de todos los procesos de vuelos que se realizan en territorio costarricense.

Eso es posible porque los aviones tienen equipos de radios VHF (Very High Frequency) que operan normalmente entre 118.000 MHz y 136.975 MHz, que es el rango asignado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Así, esos radios permiten la comunicación directa, clara y precisa con la torre de control y otros servicios que se brindan. En este sistema hay frecuencias especiales de emergencia.

Las torres de control de tráfico aéreas se pueden escuchar con un escáner de radio capaz de recibir señales de muy alta frecuencia en la banda de aviación, que admita frecuencias de aire entre 118.000 y 136.975 MHz.

Los trabajadores de las torres de control de tráfico aéreas para trabajar en ellas reciben un entrenamiento muy riguroso, incluso con exámenes y cursos especializados que comprenden conocimientos de navegación aérea, comunicaciones y meteorología aeronáutica, control de tránsito aéreo, fraseología y lenguaje propio de la aeronáutica, las reglamentaciones aéreas.

Los controladores aéreos trabajan por turnos, de manera que los que están de turno son los responsables de las aeronaves que vuelan en un área tridimensional del espacio aéreo conocido como área de control, área de control terminal, aerovía, etc. y otros conceptos.

Desde la torre de control también se ejerce control terrestre sobre el movimiento de las aeronaves en tierra, como de los vehículos que circulan en las pistas.

Todos los aviones tienen formas de comunicarse con la torre de Control de Tráfico Aéreo, ATC en sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen una gran responsabilidad laboral, que no está bien pagada. Los Controladores de Tráfico Aéreo, como todos los trabajadores han sido sometidos a la Ley Marco de Empleo Público, que los ha afectado en sus salarios. Por ello, han hecho paros y protestas legítimas, porque en el caso costarricense también los someten a jornadas excesivas sobre el delicado trabajo que realizan, para que en las distintas fases de cada vuelo los aviones puedan desplazarse con seguridad. A los controladores aéreos se les exige ser bilingües, con el inglés. Los controladores aéreos no deben trabajar más de 10 horas por turno, que incluye descansos en esa jornada, y entre turno y turno deben descansar obligatoriamente por lo menos 10 horas.

En Costa Rica los controladores aéreos tienen el Sindicato de Profesionales de Control de Tránsito Aéreos (SITECNA), que es la organización laboral que los ha representado cuando han discutido con el gobierno sus condiciones de trabajo, no solo salariales, sino de mejoras laborales. El mayo, una de sus últimas luchas, también pidieron más personal, porque los estaban sobre explotando laboralmente, provocándoles mucho cansancio y estrés laboral. En mayo pasado este servicio estaba colapsado, lo que afectó en ese mes el tráfico aéreo.

Los controladores aéreos de Costa Rica dependen de la Dirección General de Aviación Civil, fue creada el 26 de octubre de 1949, que es, actualmente, un órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es quien tiene a cargo toda la planificación, regulación y provisión de los servicios aeronáuticos en el país. En Estados Unidos es la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés.

Los controladores aéreos tienen relación directa también con Seguridad Pública y con el Servicio de Vigilancia Aérea, para coordinar y apoyar acciones de los cuerpos policiales, en sus distintas misiones. En esta relación, los controladores aéreos tienen la obligación de informar al Servicio de Vigilancia Aérea sobre el movimiento de naves sospechosas que ingresan al territorio nacional. Así, por ejemplo, si en el Caribe sur, entra una nave pequeña, detectada en el radar, que de pronto desaparece del radar, porque empieza a volar más bajo para evitar ser detectada, situación que se da en los casos que se sospecha que son transportadoras de drogas, los controladores aéreos tienen la obligación de informar inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea, para que se active en el control de esa nave que desapareció.

Esta es una situación que se reporta con regularidad, sin que se reporten accidentes de aviones, por lo que se debe presumir que “aterrizan” en pistas legales o ilegales, las que pueden ser fácilmente detectablemente desde el aire o cuando se tiene información de su existencia en tierra. Eso facilita el ingreso de la droga a Costa Rica procedente de Colombia. Si no hay control eficiente del Servicio de Vigilancia Aérea, junto con la policía terrestre encargada de la persecución de estos alijos de drogas, más fácilmente penetra la droga al país.

En ese sentido, el Servicio de Vigilancia Aérea tiene que actuar, enviar sus aviones de control o realizar las tareas que le corresponda, lo que no siempre se realiza con la prontitud del caso.

Un ejemplo de esta “pereza” operativa fue el accidente de la avioneta que se estrelló saliendo de Pavas, en las laderas del Monte de la Cruz y de Pico Blanco. La torre de control informó inmediatamente al Servicio de Vigilancia Aérea de la desaparición de radar de esa avioneta. Varias veces se informó sin que el Servicio de Vigilancia Aérea se moviera ni enviara a nadie a investigar. La avioneta siniestrada la divisó un piloto privado, y gracias a su hallazgo se pudo atender la caída de la aeronave y atender a la única sobreviviente de ese vuelo.

Recientemente, la falla en el radar del aeropuerto Juan Santamaría paralizó prácticamente todos los vuelos nacionales, incluso se obligó a desviar casi 50 vuelos que estaban programados.

Si el radar del aeropuerto Juan Santamaría pudo producir ese impacto, perfectamente fue el tiempo para que en su ausencia se produjeran vuelos clandestinos, transportando drogas al país, por el tiempo que el radar estuvo fuera de circulación. ¿Cuánta droga pudo meterse al país en ese lapso, sin control alguno de la penetración de naves al territorio nacional, y sin acciones del Servicio de Vigilancia Aérea en una situación como esa? ¿Se tiene un buen registro de los aeropuertos privados en fincas en las zonas costeras del Caribe costarricense, y de sus regiones aledañas? ¿Se tiene ese mismo control de las otras regiones asociadas a las rutas de tránsito de las drogas por el sur del país? ¿La Marina de Limón que se ha querido impulsar tiene algo que ver con esta situación de transporte de drogas al país? ¿Durante el apagón de los radares se ejerció mayor control de esas regiones, en lo que correspondía en paralelo en tierra y por mar?

La lucha contra las drogas no es solo por los escáneres en tierra en la región de Limón. También tiene que darse con las alertas que desde el Servicio de Vigilancia Aérea se comunica de las desapariciones del radar de las naves que se les informa.

Se debería dar una explicación más detallada a la ciudadanía, sobre el no funcionamiento de los radares.

Compartido con SURCOS por el autor.

Contraloría desmiente obstrucción en instalación de escáneres

La Contraloría General de la República (CGR) desmintió categóricamente las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, y del presidente de la República, quienes afirmaron que esta institución había obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.

En el oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025, enviado el 25 de setiembre al MAG, la CGR aclaró que:

  • El financiamiento estaba disponible desde 2020. El país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones para adquirir e instalar escáneres. Sin embargo, en mayo de 2024 el propio Ministerio de Hacienda decidió no utilizar esos fondos, dejando sin financiamiento el proyecto.

  • Contratación irregular. En 2023 se pretendió adjudicar “a dedo” un contrato a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), para que actuara como intermediaria en la selección de empresas proveedoras. Este mecanismo habría impedido garantizar competencia, idoneidad y las mejores condiciones para el uso de recursos públicos.

  • Escáneres donados sin usar. Desde noviembre de 2024 el país cuenta con dos equipos donados, valorados en casi ₡1.900 millones, que permanecen guardados sin ser instalados ni utilizados.

  • Gestión deficiente. En marzo de 2025, la Contraloría concluyó que de los nueve puestos fronterizos del país, solo dos tenían equipos operativos, lo que provocó que el 73% de las mercancías que entraron o salieron del país en 2024 no fueran sometidas a control no intrusivo.

La CGR señaló que los retrasos y la inacción son consecuencia de decisiones de la propia Administración, no de la labor de fiscalización. “La falta de voluntad ha sido la verdadera causa de que los escáneres no se instalaran”, afirma el documento.

Finalmente, la institución llamó a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde, recordando que los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad y rendir cuentas.

Fuente: Contraloría General de la República. Oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025.