La campaña teatral por los derechos de las personas con discapacidad ANTOÑO es una adaptación de la obra “Los frutos de la vida” de Víctor Valdelomar. La actuación estará a cargo de Marco Kiko Palma Leiva y la dirección por el mismo Víctor Valdelomar, lo que quiere decir que es un teatro unipersonal.
Las obras se realizarán 100 metros este de la Iglesia Católica en San Pedro, la primera función será el viernes 31 de mayo a las 7:00 p.m, seguida por una serie de funciones en el mes de junio. El sábado 1 de junio será a las 7:00 p.m, el domingo 2 de junio a las 6:00 p.m, el viernes 7 de junio a las 7:00 p.m, el sábado 8 de junio a las 7:00 p.m y el domingo será la última función a las 6:00 p.m.
Haga sus reservas al número 8714-6784, el precio general de la entrada es de 8000 colones. Teatro de Bolsillo le invita a asistir, disfrutar y colaborar. Para más información observe el afiche adjunto.
Cuando se inauguró como zoológico, el 24 de julio de 1921, fecha del natalicio de Simón Bolívar, la ciudad de San José solo tenía 39 mil habitantes, se hizo en 2,5 hectáreas, que tuvo como antecedente, el Jardín de Plantas y Animales, fundado por el naturalista suizo Henry Pittier, ubicado antes en las cercanías del Liceo de Costa Rica. Era tiempos, en que, recién terminada la «Guerra de Coto» con Panamá, la paz nuevamente reinaba en una ciudad capital, que apenas mostraba los primeros trazos de un centro urbano, donde un zoológico y jardín botánico, en un lugar de tanta belleza al lado del río Torres, pareció una buena idea.
Sin embargo, con el paso de los años, y cuando el amor a los animales que profesaba San Francisco de Asís no parecía mover conciencias, el zoológico poco a poco, se fue convirtiendo en un sitio incómodo para los animales en exhibición, hasta ir adquiriendo las características de una zoocárcel. Prisión, donde criaturas que no habían cometido delito alguno, estaban pagando injustas condenas de hecho. Las derruidas rejas de sus celdas marcaban los estrechos y malolientes hábitats que les torturaban. El movimiento repetitivo y constante de los felinos, de un lado para otro, no eran más que señales inequívocas, de deseos de saltar a su libertad.
Era tal la inconciencia con respecto a los animales internados en la zoocárcel, que hace 46 años, un exdirector del Servicio de Parques Nacionales ordenó al administrador del Parque Bolívar, que matara a balazos, a unos venados, porque se comían las flores de un incipiente jardín botánico. Y así ejecutó la orden, apenas recibida en febrero de 1978, para luego, con sincero dolor y públicamente por La Nación, lamentarse de haber obedecido la orden. En sentida nota, le expresó a su jefe “me sentía totalmente confundido y arrepentido, por haberme prestado a ejecutar semejante barbaridad, todo por respetar órdenes de mis superiores. Lamento como el que más, la hora en que me llegó la hora del burro. Pido a Dios y a la gente que sepa comprender mi angustia y me otorgue el deseado perdón”, que estamos seguros obtuvo del Creador y de sus compatriotas.
Más recientemente, la deplorable condición en que se encontraba Kivú, un león donado por el gobierno de Cuba movilizó a mucha gente, para que se le atendiera de mejor forma. Antes, en el 2004, la danta Salón, después de pasar preso 12 años en una inmunda jaula, murió al ser trasladada inadecuadamente, a una sección de «mediana seguridad», y hace poco más de un año, Totó, otra danta, no soportó tampoco la vida en prisión, molestada por roedores.
De otros animales se conoce muy poco, pues, ¡insólito!, a una fundación privada, fue encargada la administración de la zoocárcel estatal. Pero algún día tenían que llegar y llegaron las buenas noticias para las especies allí presas. Esta vez, por insistencia, advertencia y acciones de grupos amantes de los animales, se comunicó a tiempo a la fundación que tenía a cargo la administración de esa particular prisión, que el MINAE no renovaría el contrato que vencía el 10 de mayo Del presente año. Pero lo más trascendental no fue ese acto administrativo, sino la decisión consensuada, ¡de clausurar la zoocárcel estatal! Acto que nos recuerda la clausura de la lúgubre Penitenciaría Central en 1979, transformada luego en el formidable Museo de los Niños. Así, en la mañana del sábado 10 de mayo del 2024, los que nos reunimos a ver la salida de algunos de los animales, teníamos conciencia que estábamos viviendo un momento histórico, memorable, ansiado, desde hace muchos años. El fin de la zoocárcel había llegado.
Esa mañana soleada, en silencio para no molestarlos, mientras pasaban frente al grupo mayoritariamente de jóvenes, los camiones con las jaulas para su transporte, un indescriptible sentimiento de emoción recorría ese rincón del barrio Amón. Los animales liberados fueron trasladados, bajo el cuidado de unos 100 profesionales de la Universidad Nacional (UNA), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), a un espacio que ofrece las mejores condiciones posibles, en las 14 hectáreas del prestigioso centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre Zoo Ave, en La Garita de Alajuela, donde, por el momento estarán en cuarentena, los animales silvestres ahora liberados. En un futuro muy próximo (¡así esperamos! para que no se repita el triste destino de abandono total, que tuvieron las instalaciones del INBioparque, compradas por el Estado cuando no eran rentables), se consideran algunas opciones, como la de que, el jardín botánico y sitio de esparcimiento de la ciudad capital, se administre conjuntamente por el Minae y la renovada Municipalidad de San José.
Ha de resaltarse, que, a partir de ese memorable día, se le anunció al mundo, que, ejemplarmente, Costa Rica se compromete a no tener ni un solo zoológico estatal, en consideración a que los animales enjaulados no tienen por qué sufrir esa tortura, principalmente cuando los Estados son incapaces de ofrecerles las condiciones adecuadas. Orgullosamente, podemos decir, que ello se suma a la decisión tomada en el año 2002, de prohibir, el ingreso de circos con animales silvestres para sus espectáculos, así como la prohibición de la caza deportiva, aprobada en 1992, como primera nación americana que así lo decidía.
Defensoría lidera proceso entre organizaciones de mujeres, personas con discapacidad e institucionalidad pública
La Defensoría de los Habitantes realizó una sesión de trabajo para abordar observaciones finales sobre los informes periódicos emitidos este año por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, incluido el informe alternativo presentado por la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) en relación con los derechos de las mujeres y las niñas.
Uno de los objetivos de este encuentro fue iniciar el camino para la elaboración de acciones que permitan el cumplimiento de estas observaciones, a partir de una sesión de trabajo por ejes temáticos y derechos, con la participación de representantes de la sociedad civil y de las instituciones estatales competentes.
En la actividad estuvieron presentes la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas, Allegra Baiocchi; la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vásquez; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Adilia Caravaca; la directora ejecutiva del CONAPDIS, Bilbia González Ulate; representantes de Alamud, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres, entre otros actores.
Es importante destacar que, en Costa Rica, el 60,9% de las personas con discapacidad mayores de 18 años corresponde a mujeres, dato suministrado por la Encuesta Nacional sobre Discapacidad- ENADIS 2018 y similar ocurre con las personas con discapacidad menores de edad.
En el informe preparado por Alamud se indica que la formulación de las políticas públicas dirigidas a las mujeres, así como las dirigidas a las personas con discapacidad, en general, no cuenta con perspectiva de género. Asimismo, las políticas públicas de género no introducen el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Señalan que las mujeres no sólo son la mayoría de la población con discapacidad, sino que también asumen en un porcentaje de un 70 por ciento las tareas de asistencia, apoyos y cuidados.
En ese sentido, consideran necesario evidenciar las situaciones de doble discriminación, barreras y retos que viven las niñas y mujeres en situación de discapacidad para el avance real en la protección y garantía de sus derechos desde el modelo social y la discapacidad.
En cuanto a las principales preocupaciones hechas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas están la persistente discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente mujeres, niños y niñas, y personas con discapacidad psicosocial e intelectual, y la inexistencia de mecanismos accesibles de denuncia y reparación para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad; así como la demora para la aprobación del Proyecto de Ley Expediente N. 20174 “Ley Marco para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia”, así como la ausencia del criterio de discapacidad en la definición de discriminación y de referencias sobre las formas múltiples e interseccionales de discriminación.
A su vez, señala el Comité las insuficientes medidas legales y políticas para promover y proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, de manera explícita, particularmente en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG); que los programas de formación y capacitación política del INAMU no prioricen a las mujeres con discapacidad. A ello se suma la inexistencia de un protocolo para la protección de mujeres y niñas con discapacidad contra la explotación, la violencia y el abuso, derivado de la violencia de género.
Otros puntos importantes señalan la falta de medidas para asegurar el acceso, de manera autónoma, de las mujeres y las niñas con discapacidad a los mecanismos de protección, incluyendo albergues temporales y terapias de recuperación en casos de violencia, abuso y explotación en todo el territorio del Estado parte; asimismo la baja representatividad de las mujeres con discapacidad en el INAMU y la falta de programas de empoderamiento para las mujeres con discapacidad en el empleo, la vida pública y política, la toma de decisiones y el Poder Judicial. Además, la falta de datos sobre violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, debido a la inexistencia de información desagregada del sistema de recolección de datos estadísticos en las diferentes instituciones públicas.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
La inclusión de personas con discapacidades es baja en el mercado laboral. La exclusión educativa reduce sus oportunidades de contratación y persisten barreras actitudinales en el ámbito empresarial, aspectos que limitan su autonomía y fomentan la dependencia. En la foto aparece el joven Eder Mata, asistente de oficina en la empresa PIASA. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Los derechos laborales de las personas en situación de discapacidad continúan rezagados en la práctica empresarial
Autoría: Eduardo Muñoz-Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
En Costa Rica casi un 90% de las personas en condición de discapacidad tiene acceso a servicios de salud, pero con respecto a la educación y al trabajo de calidad los números no son alentadores. Aunque en materia de empleo la Política Institucional de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento de la Ley #8862, obliga al Estado a reservar un 5% de las plazas vacantes, la realidad es que la mayoría labora en el sector privado. Y en lo educativo, según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS), que calcula ese segmento de población en 670000 personas, solo el 28% se gradúa de secundaria.
Sobre el tema, la Lic. Gabriela Campos Soto, coordinadora del Programa Institucional de Inclusión de Personas con Discapacidad Cognitiva a la Educación Superior (PROIN), iniciativa de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó “que persisten verdaderas barreras para lograr la inclusión. Entre ellas, la falta de concientización de los entes gubernamentales, la ausencia de una educación de calidad que potencie las oportunidades laborales y su abordaje como un “problema”, lo que limita el disfrute de los derechos garantizados en la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
De la población en situación de discapacidad la mayoría son mujeres, un 61%. “Si a eso se le agregan otros aspectos como ser indígena, no asistir a centros educativos y vivir en zona rurales, entre otros, se logra una suma de vulnerabilidades”, acotó la Lic. Mónica Mata Soto, integrante del equipo coordinador del Programa de Cursos Libres de Capacitación Laboral (PROCALA), un proyecto de Acción Social coordinado por el PROIN (ED-2481).
Sin embargo, el desafío para el diseño de políticas públicas para lograr la inclusión social radica en la ausencia de datos que revelen las verdaderas condiciones de vida de esta población, criticó Mata.
Superando barreras
La Lic. Mata fue enfática al afirmar que una de las principales barreras para lograr la inclusión laboral es el sistema educativo. “En PROIN partimos de una realidad que es la preparación en cuanto a lectoescritura, porque antes de hablar de derecho al trabajo digno, lo primero es discutir sobre educación de calidad, ya que al existir un alto porcentaje de exclusión no solo se violenta ese derecho, sino que limita su autonomía y se fomenta la dependencia”, agregó.
Además, si bien algunos empleadores se han propuesto abrir plazas persisten las barreras actitudinales, como por ejemplo, “la falta concientización de parte de la mayoría las empresas porque consideran que incluir a una persona con discapacidad va a generar muchos costos, y muchas veces lo único que se necesita son pequeños ajustes en el mobiliario o los sistemas de cómputo, por ejemplo. También, al no tener la oportunidad de interactuar con ellos se cree que son incapaces de aprender, de comprender instrucciones y cumplir con las funciones asignadas”, detalló Mata.
Algunas personas solo requieren mejorar sus habilidades de lectoescritura, e incluso entre quienes son usuarios de sillas de ruedas que no tengan oralidad se puede lograr su empleabilidad. “Todo está mediado por las ganas del empleador de apoyar y aprender de dichas personas, no solamente ellos reciben una oportunidad laboral, más bien como empresa están garantizando un nuevo aprendizaje a sus colaboradores”, aseguró la especialista.
La Lic. Mata remarcó que durante la pandemia el 80% de las personas con discapacidades perdieron sus trabajos, ya que se consideró que sus labores no calificaron como prioritarias, y también en parte a que muchos carecían de formación en los entornos laborales virtuales.
Un caso de éxito
Para Eder Mata Mata, con 34 años y vecino de Coronado, su paso por los cursos libres del PROIN representó la puerta de entrada para alcanzar su independencia económica y personal. Además de ser un joven con un alto compromiso por su trabajo, dedica tiempo para practicar deportes y ver videos para aprender inglés.
“En PROIN he estudiado fotografía, manejo del dinero, cursos de oficina; he estado en la UCR unos seis años. Los profesores me enseñaron matemáticas, y ahora me gustaría llevar inglés porque el año pasado ya llevé un curso, porque yo quiero hablar inglés”, dijo Mata, quien actualmente trabaja en la empresa Proyectos de Ingeniería y Arquitectura S.A. (PIASA).
Anteriormente, Mata laboró en la Asamblea Legislativa y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde noviembre, tras superar una pasantía, se integró al equipo de colaboradores de PIASA. El joven realiza diversas labores de apoyo administrativo y entre sus metas está seguir aprendiendo más. “Estoy muy feliz aquí, cuando llego a mi casa les digo a mi mamá, mi papá y mi hermano que lo pasé muy bien, y que estoy aprendiendo cosas nuevas, me gusta aprender”, comentó con entusiasmo.
Un llamado social
La arquitecta Adriana Picado Marín es la supervisora directa de Eder Mata, quien detalló que para su inserción se “revisó el perfil del trabajo que podría realizar. Aquí siempre tenemos mucho trabajo. Aunque ingresó como asistente administrativo, lo hemos capacitado en el uso de la planoteca, a llenar bases de datos con información que nos hacía falta, él se ha diversificado muchísimo”.
Picado compartió a este semanario que “ese miedo previo a la contratación desapareció, como organización queremos sentar las bases para considerarnos como una empresa regional incluyente”. A su criterio, otras pueden sumarse a la inclusión social, para ello recomendó el estudio previo de las normativas nacionales e internacionales sobre el tema y la responsabilidad social empresarial. Así como crear conciencia entre los colaboradores acerca de que todas las personas son capaces. “Simplemente es saber quién va en cada puesto, qué apoyos se requieren y definir bien los roles de las personas que se necesitan para posibles contrataciones. Se han abierto espacios en el deporte, pero en el mercado laboral aún falta bastante”, concluyó Picado.
En el ámbito nacional, el PROIN es el único programa público que se enfoca en la dignificación del trabajo, para lo cual brinda capacitación para que personas con discapacidad cognitiva encuentren un trabajo de acuerdo a sus vocaciones e intereses personales.
Sábado 27 de abril 2024. El hallazgo del cuerpo de la joven Kimberly Araya, el día de ayer, víctima de la violencia de género, vuelve a llenar de consternación a la sociedad costarricense. Una historia muy dolorosa que, lamentablemente, se repite en el país una y otra vez, siendo que los esfuerzos públicos y privados a la fecha resultan insuficientes.
Como Defensoría de los Habitantes, consideramos urgente la implementación de acciones decididas en materia de prevención de la violencia de género, desde el ámbito educativo, que abarque todas sus manifestaciones. Debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros.
Asimismo, es un asunto de protección y justicia, cuando los hechos violentos se manifiestan desde el uso del lenguaje humillante, escalando al golpe, la manipulación y la afectación de la dignidad de la mujer, hasta llegar a los actos homicidas. El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones.
Todas las mujeres se encuentran expuestas a sufrir esta violencia cotidiana y sistémica, desde los ámbitos más privados como el hogar, como en el espacio público, sea en las calles, en el transporte, y no hay edad ni lugar exento a sufrirla. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios.
Desde la Defensoría de los Habitantes, expresamos nuestro pesar y solidaridad con la familia de Kimberly y, en particular, con sus hijos; así como reiteramos ese sentimiento a todas las demás familias que han pasado por tan dolorosa situación.
Instamos al Poder Judicial, al INAMU y al Ministerio de Seguridad Pública como instancias encargadas directas de la protección de las mujeres ante la violencia basada en género, a cumplir con el compromiso internacional y nacional de actuar con la debida diligencia en la atención de todos, y cada uno de los casos, sin distingo alguno de edad, lugar, circunstancia o condición.
Como Estado, debemos sumar a las demás instituciones del Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa para la construcción, aprobación e implementación de leyes, políticas nacionales, disposición de presupuesto, acceso a la justicia, acceso a la participación social y política, servicios de salud y a la generación de datos nacionales para que estos orienten respuestas efectivas y oportunas, en aras de detener la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
El Instituto Andrea Jimenez atiende personas con discapacidades especiales. Su sede se edificó en un espacio donado por la Municipalidad de San José, pero por error documental el terreno no quedó debidamente adjudicado. En 2022 empezaron los problemas.
Ante esto alrededor de 90 estudiantes, familias de estos mismos y docentes de esta institución han estado protestando cuando la Sala Primera dio lugar a las denuncias del mal procedimiento. Este problema, arrastrado durante casi 34 años, se originó por una incorrecta especificación de la propiedad en la ley de donación de 1987.
Ahora, para evitar el desalojo, están presionando a la Asamblea Legislativa para que apruebe un proyecto de ley que permita la donación del terreno. A pesar de que el proyecto ha superado el primer debate, el tiempo apremia ya que el desalojo está en proceso de ejecución, y la fecha límite es el 18 de abril. La situación es crítica y requiere una pronta resolución legislativa para evitar consecuencias graves.
Por eso los padres y docentes, en redes sociales como Facebook piden la cooperación para que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de ley que apruebe esa donación y así no se proceda con el desalojo y a su vez invitan a la población costarricense a entender la importancia de esta institución.
Algunos comentarios en Facebook:
Dicen:
De apellido Flores: Lo único que espero es que haya sentido común. Demuestren su inteligencia
De apellido Phillips: No puedo creerlo. Me duele muchísimo esa falta de conciencia con una población tan necesitada. Pido a Dios que los diputados se pongan la mano en el corazón y una flor en el ojal.
Compartido por SURCOS por Jose Manuel Arroyo Gutiérrez.
El día de ayer, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que aborda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibía al Estado Costarricense para que brindará su informe sobre el cumplimiento y seguimiento de este Tratado Internacional suscrito por el país, sin embargo, la Administración Cháves Robles ha dejado una vez más plasmado su desinterés por las más de 670.000 personas en situación de discapacidad del país.
No solo no enviaron a una delegación desde Costa Rica que tenga conocimiento y preparación sobre el tema -que de paso nos preguntamos una vez más, ¿dónde está el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, el señor Ricardo Sossa y el CONAPDIS?-, sino que las personas que estuvieron presentes, como el señor Embajador de Costa Rica en Ginebra, MR. Christian Guillermet Fernández, no supo responder a ninguna de las interrogantes realizadas por el Comité, e incluso manifestó: “Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”, terminando él y las otras personas que le acompañaron agachando la cabeza ante la vergonzosa participación que tuvieron.
Fue tal la lamentable participación de Costa Rica, que el señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité manifestó: “Estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad no solo denunciamos nuestra decepción y enojo ante la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno de Costa Rica hacia las personas en situación de discapacidad, sino que exigimos una explicación ante la lamentable y vergonzosa participación que tuvieron y por qué el rector en materia de discapacidad (CONAPDIS) y el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, no estuvieron presentes.
¡LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MERECEMOS RESPETO Y UN ESTADO QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS!
República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.
Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.
UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.
Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.
La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.
La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.
La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.
A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.
El proceso
Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.
En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.
Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.
“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.
Conversatorio
En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.
“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad
El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.
En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.
Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.
La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.
Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.
Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica
Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.
En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.
Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.
Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.
Proyectos de ley se ventilan actualmente en la corriente legislativa
Quienes suscriben, miembros integrantes del Consejo Académico de Áreas, han conocido la Resolución CC-CSE-2-2024, con fecha 21 de febrero de 2024, del Consejo Superior Estudiantil, que coordina el estudiante Nickolas José Guevara Díaz, donde solicita expresamente a este Consejo “sumarse al llamado y manifestar un apoyo afirmativo al proyecto y que realicen un esfuerzo conjunto para instar a las diputaciones en la Asamblea Legislativa a votar afirmativamente en primer y segundo debate el proyecto de Ley 20.970”, que busca “PROHIBIR TODAS AQUELLAS ‘TERAPIAS’ DIRIGIDAS A REVERTIR O MODIFICAR CON FINES DE PRETENDIDA ‘CURACIÓN’ LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGBTI”.
Al respecto, las y los aquí firmantes manifestamos nuestro rotundo respaldo al proyecto y otras iniciativas de Ley en ese sentido. Apoyamos de forma contundente el llamado del Consejo Superior Estudiantil para instar a los Diputados y Diputadas de la República a aprobar, en primer y segundo debate, dichas propuestas.
Sobradas manifestaciones éticas y científicas concuerdan en que las llamadas “terapias de conversión” atentan contra la dignidad y la salud física y mental de las personas, y constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos. Esas “terapias” equivalen a verdaderas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Constituyen además una de las formas más violentas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género contra la población LGBTQI+, cuyas manifestaciones se han dado impunemente a lo largo de la historia.
Estudios científicos llevados a cabo desde diferentes áreas del conocimiento han desarrollado ampliamente el tema y concuerdan en condenar estas prácticas. En esa dirección, importantes instancias se han manifestado en contra de las “terapias de conversión”, como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Profesionales en Psicología, numerosos organismos internacionales, Embajadas acreditadas en el país e incluso el Ministerio de Salud, yendo hasta proponer que sean enjuiciadas penalmente aquellas personas que en el ejercicio profesional de las ciencias de la salud induzcan o incurran en dichas prácticas, con lo cual estamos de acuerdo.
Por tanto, exhortamos a los Diputados y Diputadas de la República a votar a favor del proyecto de Ley 20.970 y de cualquier otra iniciativa de proyecto de ley que se ventile en la corriente legislativa, cuyo objeto sea prohibir todas aquellas “terapias” dirigidas a revertir o modificar, con fines de pretendida “curación”, la orientación sexual de las personas LGBTQI+, ya que las mismas constituyen una verdadera amenaza a la salud pública.
Suscriben el 8 de marzo, 2024 en oficio CAA-22-2024
Dr. Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras y coordinador del Consejo Académico de Áreas
Estudiante Valentina Palacio Mora, presidenta de la Federación de Estudiantes UCR
Dr. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería
Dra. Magda Cecilia Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación
Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Dra. Rosaura Romero Chacón, decana de la Facultad de Ciencias
Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología
Dra. Isabel Avendaño Flores decana de la Facultad de Ciencias Sociales
Dr. Oriéster Abarca Hernández, coordinador del Consejo de Áreas de Sedes Regionales
MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina
PhD. Cristina Barboza Solís, decana a. i. de la Facultad de Odontología
M.Sc., M.L. Jáirol Núñez Moya, director de la Escuela de Estudios Generales
M.A. Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes
Dra. Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho
Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado
Consejo Académico de Áreas Consejo Académico de Áreas, Universidad de Costa Rica
