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Arrancan audiencias para reconocer el derecho al cuidado

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.

  • Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.

UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.

Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.

La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.

La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.

La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.

A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.

El proceso

Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.

En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.

Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.

“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.

Conversatorio

En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.

Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.

“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Comunicado ALAMUD

Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad

El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.

Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.

En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.

Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.

La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.

Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.

Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica

Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.

En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.

Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.

Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.

Informe-Alternativo-de-Mujeres-con-Discapacidad-Costa-RicaDescarga

UCR. Pronunciamiento del Consejo Académico de Áreas a favor de las iniciativas de ley para prohibir toda forma o manifestación de »terapias» de reconversión por motivos de orientación sexual e identidad de género

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Foto: Cristian Araya Badilla, UCR.

Proyectos de ley se ventilan actualmente en la corriente legislativa

Quienes suscriben, miembros integrantes del Consejo Académico de Áreas, han conocido la Resolución CC-CSE-2-2024, con fecha 21 de febrero de 2024, del Consejo Superior Estudiantil, que coordina el estudiante Nickolas José Guevara Díaz, donde solicita expresamente a este Consejo “sumarse al llamado y manifestar un apoyo afirmativo al proyecto y que realicen un esfuerzo conjunto para instar a las diputaciones en la Asamblea Legislativa a votar afirmativamente en primer y segundo debate el proyecto de Ley 20.970”, que busca “PROHIBIR TODAS AQUELLAS ‘TERAPIAS’ DIRIGIDAS A REVERTIR O MODIFICAR CON FINES DE PRETENDIDA ‘CURACIÓN’ LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGBTI”.

Al respecto, las y los aquí firmantes manifestamos nuestro rotundo respaldo al proyecto y otras iniciativas de Ley en ese sentido. Apoyamos de forma contundente el llamado del Consejo Superior Estudiantil para instar a los Diputados y Diputadas de la República a aprobar, en primer y segundo debate, dichas propuestas.

Sobradas manifestaciones éticas y científicas concuerdan en que las llamadas “terapias de conversión” atentan contra la dignidad y la salud física y mental de las personas, y constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos. Esas “terapias” equivalen a verdaderas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Constituyen además una de las formas más violentas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género contra la población LGBTQI+, cuyas manifestaciones se han dado impunemente a lo largo de la historia.

Estudios científicos llevados a cabo desde diferentes áreas del conocimiento han desarrollado ampliamente el tema y concuerdan en condenar estas prácticas. En esa dirección, importantes instancias se han manifestado en contra de las “terapias de conversión”, como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Profesionales en Psicología, numerosos organismos internacionales, Embajadas acreditadas en el país e incluso el Ministerio de Salud, yendo hasta proponer que sean enjuiciadas penalmente aquellas personas que en el ejercicio profesional de las ciencias de la salud induzcan o incurran en dichas prácticas, con lo cual estamos de acuerdo.

Por tanto, exhortamos a los Diputados y Diputadas de la República a votar a favor del proyecto de Ley 20.970 y de cualquier otra iniciativa de proyecto de ley que se ventile en la corriente legislativa, cuyo objeto sea prohibir todas aquellas “terapias” dirigidas a revertir o modificar, con fines de pretendida “curación”, la orientación sexual de las personas LGBTQI+, ya que las mismas constituyen una verdadera amenaza a la salud pública.

Suscriben el 8 de marzo, 2024 en oficio CAA-22-2024

Dr. Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras y coordinador del Consejo Académico de Áreas

Estudiante Valentina Palacio Mora, presidenta de la Federación de Estudiantes UCR

Dr. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería

Dra. Magda Cecilia Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación

Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Dra. Rosaura Romero Chacón, decana de la Facultad de Ciencias

Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología

Dra. Isabel Avendaño Flores decana de la Facultad de Ciencias Sociales

Dr. Oriéster Abarca Hernández, coordinador del Consejo de Áreas de Sedes Regionales

MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias

Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina

PhD. Cristina Barboza Solís, decana a. i. de la Facultad de Odontología

M.Sc., M.L. Jáirol Núñez Moya, director de la Escuela de Estudios Generales

M.A. Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes

Dra. Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho

Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado

Consejo Académico de Áreas
Consejo Académico de Áreas, Universidad de Costa Rica

Eres hombre y ¿Quieres apoyar el 8 de marzo?

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El Día Internacional de la Mujer no es un día para felicitar, mejor comprométete y:

Ayuda a que tus amigos eviten conductas machistas.

  • No justifiques a otro hombre por ser violento, acosador o abusador.
  • No uses objetivos femeninos para ofender o burlarse y no compartas chistes machistas.
  • No juzgues a las mujeres por su vida sexual ni te burles de la masturbación o la menopausia.
  • No insistas si te dicen no.
  • No compartas fotos de mujeres y no mandes fotos que no te han pedido. 

Renuncia al machismo y ayuda a tus compas a que también lo hagan.

Nota escrita con base en el afiche adjunto compartido con SURCOS por Nora Garita.

Mujeres de plantaciones bananeras denuncian discriminación laboral en el Día Internacional de la Mujer

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Trabajo.

Mujeres trabajadoras de plantaciones agrícolas, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, alzan la voz, ante diversas situaciones de discriminación que viven en sus trabajos, especialmente cuando se afilian a un sindicato.

Hoy, 8 de marzo, mujeres que forman parte del sector agrícola denuncian las diversas situaciones que viven a nivel laboral. Delatan la falta de respeto por sus derechos, la discriminación y la persecución que sufren en manos de sus superiores. Además, mencionan como alejan y manipulan a personas que quieran afiliarse a los sindicatos.  

Estas declaraciones ganan mayor importancia al tomar en cuenta los intentos por mantener la imagen limpia de las plantaciones agrícolas. Yaney Elizondo hace énfasis en las repercusiones físicas, como alergias e irritación, a las que se ven expuestas por la cercanía a los productos químicos. Asimismo, Lolita Ortega denuncia su despido injustificado tras un accidente laboral. Cristina Pérez también señala la fatiga diaria que sufren por las largas horas laborales y la poca empatía por parte de los superiores. 

La ANEP busca que estas mujeres gocen de derechos laborales, libertad sindical y justicia sin que esto afecte el desarrollo, la producción, y la exportación de la fruta. 

Video de YouTube:

Instituciones en deuda con atención de población migrante bajo el enfoque de género

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

  • Proyecto de investigación concluirá en junio de este año e incluirá un proceso formativo para que las instituciones puedan cerrar las brechas identificadas.

  • Razones para migrar por parte de nicaragüenses variaron luego de la crisis política y social de 2018.

UNA Comunica. 8 de marzo de 2024. “No tenía conocimiento de mis derechos por miedo… por no tener dinero, por no tener un trabajo, no podía ejercer ese derecho de solicitar la residencia, entonces aguanté… aguanté maltrato laboral el cual me trajo consecuencias porque tuve una pérdida y en esa pérdida sufrí depresión, no quería existir por tanto que yo había pasado, pero como siempre han sido mi fuerza mis hijos”.

Este relato es real. Refleja, en un solo párrafo, varias situaciones que una mujer nicaragüense sufrió desde que migró a Costa Rica: acoso laboral y falta de acceso a atención de salud clínica y psicológica.

Es la realidad también de muchas mujeres cuyas historias de vida se ocultan bajo el anonimato. El proyecto de investigación Representaciones sociales, migración nicaragüense, discursos y prácticas de igualdad en Costa Rica, a cargo de las académicas Sileny Mena, María Amalia Penabad y Fanella Giusti, del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM), hizo una aproximación a esta problemática humanitaria.

Hoy, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y ante la necesidad de visibilizar realidades sobre las desigualdades que afectan a las mujeres, este proyecto, que se mantiene en ejecución, determina que las instituciones del Estado encargadas de velar por la atención de población migrante, no han introducido, en su mayoría, abordajes integrales bajo el enfoque de género.

“Hay de repente un enfoque de género muy general, pero no aplica a la población migrante en específico. Por ejemplo, se les atiende indistintamente de si se es hombre o mujer, pero hace falta abordar si es migrante, si es madre jefa de hogar, si posee alguna condición de discapacidad, por ejemplo”, manifestó Sileny Mena, una de las investigadoras.

La otra cara de la moneda son las organizaciones no gubernamentales (oenegés). Este tipo de entidades sí tienen una atención más personalizada de la persona migrante y de su situación particular; sin embargo, les afecta la falta de recursos para poder operar y establecerse con institución de apoyo.

“Ocurre que en estos casos muchas personas que trabajan en oenegés son también migrantes y entienden muy bien la realidad de las personas que se acercan en búsqueda de algún servicio. Se puede decir que hay una sensibilidad diferente”, indicó la investigadora María Amalia Penabad.

La investigación consta de cuatro fases. La primera consistió una serie de entrevistas con población migrante, la segunda fue el trabajo con instituciones (del Estado, oenegés e internacionales) y la tercera fue la realización de una conferencia y una presentación que incluyó una serie de mesas de trabajo. Estas tres fases ya concluyeron y la cuarta está en ejecución.

Después del 2018

La base de esta investigación parte de la premisa de que “las mujeres ocupan una posición de mayor inferiorización y desventaja social respecto a la población masculina, ya que ellas no solo son discriminadas por su condición migratoria, sino por ser mujeres, poseer un cuerpo racializado y en la mayoría de los casos, su condición económica es precaria”, se lee en la presentación de resultados de la tercera fase.

Un dato de la Organización Internacional para las Migraciones, incluido en la presentación, indica que un 87% de las personas migrantes hacia Costa Rica lo hicieron porque aquí podrían satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, y de acuerdo con Sileny Mena y María Amalia Penabad, este dato hace referencia a la realidad antes del 2018, cuando se dio el estallido social y político en Nicaragua que dejó como saldo más de 350 personas fallecidas en protestas populares en contra del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

“Antes de que se diera este conflicto, la migración nicaragüense hacia el país estaba compuesta en su mayoría por hombres, en edad productiva. Pero después del 2018 el panorama cambió y comenzaron a llegar a Costa Rica tanto hombres como mujeres de muy diversos perfiles, desde profesionales, estudiantes, representantes de la comunidad LGTBI y es ahí donde cambia la dinámica y se acentúa más la violencia de género y la violencia política”, enfatizó Mena.

Una publicación del medio nicaragüense El Confidencial de diciembre anterior, reveló que solo en el 2023, 115 mil ciudadanos de esta nación emigraron por la situación política y económica que se vive. Estados Unidos y Costa Rica fueron sus principales destinos. Mientras tanto, de acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería, de enero a octubre de 2023 se recibieron 25.451 peticiones de refugio por parte de nicaragüenses.

En este contexto, la investigación aborda los casos de las mujeres que han migrado a Costa Rica, donde se han enfrentado a situaciones que van desde la explotación laboral, las desigualdades salariales, la violencia sexual y reproductiva, recargo en las labores de cuido, renuncia a posibilidades de estudio y capacitación, para que sus esposos o hijos puedan acceder a ellas.

“Perdí un embarazo en mi trabajo, tuve una pérdida en el cual, la jefa no me quiso dar atención médica, no me dejó ir, eso para mí fue algo muy duro porque no se supera, por mi condición no hice valer mis derechos, no dejé el trabajo por miedo también a que mis hijas pasaran hambre”, relata otra de las mujeres migrantes que formó parte de la investigación.

Proceso formativo

Para las expertas del IEM, es algo novedoso que desde el Instituto se esté trabajando el tema de migración con perspectiva de género a partir de esta investigación. En este momento se encuentran diseñando la cuarta fase que consiste en la presentación de una propuesta formativa dirigida a las instituciones para que puedan fortalecer sus políticas de género en el abordaje y atención de la población migrante.

El cierre del proyecto está previsto para junio de este año, por lo que se espera que antes de ese mes puedan contar con el instrumento que propondrán a las instituciones identificadas. Desde las etapas anteriores, una mayoría de ellas manifestaron su anuencia a participar de este proceso formativo.

Temas como la sensibilización y la capacitación, el fortalecimiento en el vínculo intersectorial, el acompañamiento y el contar con estadísticas e indicadores de género son aspectos que se han contemplado como oportunidades de mejora para la labor que realizan estas instituciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

8 de marzo: ¡Tomamos las calles en defensa del aborto legal!

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

¡Contra el gobierno y los grupos antiderechos, contra la violencia machista, la represión y el ajuste neoliberal!

Conmemoramos el origen del 8 de marzo (8M) “Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras”, el cual se remonta al año 1911 para recordar a las obreras fallecidas tras la explotación laboral que llevó a su patrón a asesinarlas. En Costa Rica las luchas por los derechos de las mujeres y otros grupos oprimidos por el patriarcado tienen una larga trayectoria. Actualmente vemos estancamiento en derechos que costaron sangre y sudor de compañeras del pasado, y retrocesos en otros derechos, por lo que este 8 de marzo al igual que cada año el movimiento feminista inunda las calles en contra de la desigualdad, el patriarcado y la violencia, y sostenemos nuestro derecho a la protesta y a la manifestación.

Las mujeres y disidencias sexogenéricas de Costa Rica nos levantamos en contra de las políticas misóginas implementadas desde el gobierno del acosador Rodrigo Chaves, así como desde otros poderes de la República, entre ellos el Judicial, al incumplir con la justicia para las mujeres, víctimas de femicidio y familiares afectades donde las cifras van en aumento. Instamos a la población a consultar los mapeos y cartografías sociales de los femicidios que buscan mantener viva la memoria de quienes nos han sido arrebatades.

Seguimos luchando por aborto legal, seguro y gratuito, por su despenalización y reivindicamos la consigna de educación sexual y salud pública para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.

En esta misma lucha, nos pronunciamos en contra de la violencia obstétrica y exigimos calidad de vida para las infancias y adolescencias, así como dignidad menstrual para todas las personas menstruantes y levantamos la lucha por los derechos de las personas seropositivas y contra el tabú que rodea al VIH debido a la discriminación.

Denunciamos la aprobación de recortes y ajustes neoliberales y antipopulares por parte de la Asamblea Legislativa en contra del bienestar de las mujeres, impulsadas y apoyadas desde el oficialismo junto con los demás partidos políticos tradicionales, grupos antiderechos, fundamentalistas religiosos, conservadores y ultraderechistas. A su vez la violencia política fomentada por este gobierno acosando sindicalistas, diputadas, cooperativistas y demás compañeras luchadoras. Es necesaria la aplicación de la Ley “10.235 “Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política” y su reglamento en todas las instancias, así como la aprobación de la reforma a dicha ley con proyecto de Ley 23443 “Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política”.

Posicionamos que la crisis del agua en distintos sectores del país muestra cómo se ven afectadas las vidas de las mayorías trabajadoras y populares. Apoyamos de forma solidaria a los Comités de vecinos y vecinas que defienden el derecho humano fundamental al agua potable.

En esta misma línea de políticas nacionales, instamos a las diputaciones a aprobar el proyecto de ley 20.970 “Ley para prohibir todas aquellas «terapias» dirigidas a revertir o modificar con fines de pretendida «curación» la orientación sexual o identidad de género de las personas”, apoyar el proyecto de ley 23.809 “Ley de reconocimiento de identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex”. Abordando temáticas relacionadas al cupo laboral, educativo y estudiantil dirigido a personas trans y no binaries.

Rechazamos la provocación del Gobierno sobre su “intención” de desconocer la jurisdicción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; así como los ataques a la institucionalidad. Nos pronunciamos en contra de la reestructuración del INAMU sin plena consulta hacia la sociedad civil, de los nombramientos absurdos en el AyA, contra los recortes en educación y cultura, en vivienda e inversión social, y en salud. Demandamos: ¡que se paguen todas las deudas a la CCSS, incluida la del Gobierno!

En el país, los índices de pobreza y desempleo generan que las responsabilidades familiares recaigan sobre las mujeres, entre ellas se encuentran las adultas mayores asumiendo el cuido y labor doméstica. Rechazamos todo proyecto de ley que implique jornadas de 12 horas diarias, como el proyecto de ley 21.182, “Ley para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, ya que implica mayor explotación laboral y la salida de mujeres de la fuerza laboral al no poder asumir las jornadas de trabajo.

Señalamos el reconocimiento de la inclusión del trabajo sexual como categoría ante la C.C.S.S., como un paso en el reconocimiento del derecho a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales y demandamos acciones de protección estatal a quienes son víctimas de la trata de personas, explotación y violencia física y sexual.

Destacamos la violencia estructural que sufren las mujeres con discapacidad. Además, de la violencia en contra de las comunidades indígenas por parte de personas usurpadoras de tierras. Exigimos al Estado medidas concretas para combatir el aumento de la deserción escolar en nuestras comunidades, resultado del abandono estatal y la falta de acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales. También, que se aborde la situación de las poblaciones afro que se ven obligadas a involucrarse en organizaciones criminales para subsistir. Demandamos el fin de la discriminación racial en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental que se reconozcan y valoren los aportes de las mujeres afro e indígenas a la sociedad, y que se promueva activamente su participación y liderazgo en todos los niveles.

Además, la lucha de las mujeres es por las que están dentro de una cárcel descontando una condena, las mujeres que acompañan a sus familiares privades de libertad, las que cuidan, y sostienen el tejido social de los barrios y comunidades más estigmatizados del país.

Marchamos porque las hembras no humanas conforman un sector que también es violentado y asesinado diariamente. El objetivo es acabar con el consumo, opresión y cosificación especista y sexista a la que pertenecen los cuerpos disidentes y hembras, logrando la liberación de todas las especies.

Al mismo tiempo, alzamos la voz en contra de la violencia hacia las personas LGBTIQA+, por las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, no heterosexuales, asexuales, arrománticas, queer, trans y personas no binaries.

Manifestamos un apoyo a las mujeres centroamericanas que desafían regímenes autoritarios y represivos como los liderados por Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Exigimos la liberación de todas las personas encarceladas por la represión, mientras reconocemos y valoramos la contribución de las mujeres nicaragüenses migrantes a la sociedad costarricense, a pesar de los obstáculos que enfrentan, como el desempleo, la precariedad laboral y el aumento de la xenofobia y el racismo.

Nos posicionamos firmemente en solidaridad internacional con las diversas luchas que enfrentan las mujeres y la diversidad sexual en todo el mundo. Por ello nos solidarizamos con la Marea Verde en Argentina que enfrenta el intento del presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, de prohibir el aborto legal, una lucha histórica del movimiento feminista. Nos unimos con determinación a la Acción Global Feminista y al paro internacional del 8 de marzo, reconociendo la necesidad de unificar reclamos y denunciar las injusticias que persisten en nuestras sociedades. Condenamos la ocupación y el genocidio perpetrado por Israel en Palestina, que respalda el imperialismo estadounidense y europeo, y rechazamos la complicidad de jefes de Estado como Rodrigo Chaves en estos crímenes de guerra.

Este 8M llamamos a todas las feministas y al movimiento amplio de mujeres en nuestras diversidades y pluralidades, y las personas LGBTIQA+ a marchar unides en defensa del aborto legal y contra todas las formas de opresión.

¡Solamente articulades hacemos frente al gobierno y los grupos antiderechos, machistas y neoliberales!

Imagen ilustrativa.

Hoy no se celebra, se conmemora. Día Internacional de la Mujer

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8 de marzo

Desde la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta le recordamos al Estado ejercer su trabajo por reconocer la igualdad de oportunidades en materia de justicia abierta hacia el género en su diversidad política, económica, social y cultural.

Seguimos sin avances en materia de desigualdad social en género, contabilizamos un año sin mucho avance con mucha violencia y criminalidad contra las mujeres.

Hoy No se felicita banaliza el sentido de la conmemoración; el acceso y ejercicio pleno de las mujeres a todos los derechos a la igualdad, no discriminación y a una vida libre sin violencia.

Desde la METJA reconocemos a las mujeres, sus aportes a la vida económica, social, política y cultural desde la ciudadanía participativa e inclusiva.

Instamos a seguir construyendo ciudadanía como sociedad, aún falta mucho para cerrar la brecha al género.

¡Hoy conmemoramos a quienes no están! ¡La Igualdad aún no se ve!!

METJA

Día Internacional de la Mujer: es tiempo de la reivindicación de los derechos laborales de las mujeres

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En todo el mundo, las mujeres ganan aproximadamente un 20% menos que los hombres y, al ritmo actual, se estima que se requerirán 257 años en conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Mientras tanto, en Costa Rica no solo reciben una menor remuneración en puestos similares, sino que también tienen cada vez una menor participación en el mercado laboral.

Según la más reciente Encuesta Continua de Empleo del INEC, a finales del 2023 solo participaron en el mercado laboral el 40% de las mujeres, pese a que poco más de 2 millones tenían edad para trabajar, solamente 774.666 estaban ocupadas y 68.865 se encontraban desempleadas, pero un año atrás, la cifra era del 48%, lo que evidencia un retroceso.

Además, las mujeres que tienen hijos o hijas están en mayor desventaja que el resto, pues de las que están en edad de trabajar, un 73% son madres; pero se insertan menos al mercado laboral, que las mujeres sin hijos, en una gran proporción en empleos informales, en ocupaciones no calificadas y jornadas de menos de 40 horas, de acuerdo con datos del Estado de la Nación.

Esto nos pone frente a una realidad que se debe atender, no se trata únicamente de luchar por la igual laboral entre hombres y mujeres, sino también de que los gobiernos y sociedades inviertan más en la economía de cuidados.

“A nivel internacional, se proyecta que la inversión en atención infantil universal y cuidados de larga duración creará 280 millones de empleos de aquí a 2030. Esta inversión incrementaría en un 78% las tasas de empleo femenino, siendo el 84% de estos empleos formales”, indicó Fanny Sequeira, Secretaria General de la Rerum Novarum.

Y es que una de las principales limitaciones que tienen las mujeres, especialmente las que son madres, para vincularse al mercado laboral, es que sobre sus hombros recae la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado.

Para cerrar esta brecha el país requiere impulsar acciones consensuadas para fortalecer la igualdad salarial, combatir la segregación ocupacional, de manera que las mujeres logren insertarse en profesiones mejor remuneradas y establecer mayor equilibrio entre la vida laboral y personal.

“En la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y reiteramos nuestro compromiso en la lucha por alcanzar la igualdad de género en el trabajo, defender los derechos humanos y laborales de las mujeres siempre con la mirada puesta en construir una sociedad más justa e inclusiva, donde las organizaciones sindicales lideremos agendas transformadoras en materia de género a través de la negociación colectiva y el diálogo social”, concluyó Sequeira.

País debe invertir en las mujeres para acelerar el progreso

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Defensoría se suma a mensaje mundial de ONU

 Mujeres en el Día Internacional de la Mujer

Viernes 08 de Marzo 2024. Este 08 de Marzo, la Defensoría de los Habitantes saluda a las mujeres en toda su diversidad y las invita a continuar las luchas por la igualdad y la construcción de una democracia participativa plena, libre de toda forma de discriminación y violencia.

Nos unimos al llamado de Naciones Unidas para que las acciones del Estado costarricense contribuyan al avance del desarrollo y la autonomía de las mujeres, y procurar evitar retrocesos en las esferas en las que hoy es posible constatar progresos en el ejercicio de los derechos humanos.

Invertir en las mujeres está íntimamente relacionado con la garantía y el aseguramiento de los derechos humanos, con las acciones dirigidas a la erradicación de la pobreza, a implementar presupuestos sensibles al género, al crecimiento económico que garantice la protección de los recursos ambientales y el apoyo a las organizaciones sociales -especialmente a las organizaciones de mujeres- para promover los cambios culturales necesarios para avanzar como sociedad, como país.

Los recortes a la inversión social inciden directamente en la vida y las realidades de las mujeres, por ello es fundamental hacer un llamado urgente a procurar la consolidación de presupuestos sensibles al género.

Si el Estado no planifica y presupuesta reconociendo las necesidades de las mujeres, las acciones plasmadas en planes nacionales para la igualdad y la equidad de género en todos los sectores, como la Política de Igualdad y Equidad de Género (PIEG), la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de Todas las Edades (PLANOVI), del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, así como en las políticas institucionales dirigidas al trabajo para avanzar hacia la igualdad de género, no solo no se avanza, sino que se retrocede violentando los derechos de las mujeres.

Presupuestar y garantizar los recursos implica que el Estado oriente el gasto público para lograr la igualdad y por ello debe proveerse de contenido económico a los programas dirigidos específicamente a las mujeres en todos los ámbitos, a las iniciativas productivas y a la inversión en la corresponsabilidad social del cuido.

Sin inversión social y sin tomar en cuenta las realidades de las mujeres y las desigualdades y brechas de género, no es posible garantizar la prestación de los servicios de seguridad, salud y educación, con lo que se genera incumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes en el ordenamiento jurídico a partir de la evidente violación y menoscabo de los derechos humanos.

La Defensoría reitera que los recortes en el gasto público inciden directamente en los programas sociales y se afectan entre otros, los bonos de vivienda, la reducción de las diferentes alternativas de cuido, los programas de becas como AVANCEMOS y los demás beneficios a cargo del sistema de protección social de nuestro país.

También se hace un llamado a los gobiernos locales para que no despojen de sostenibilidad y contenido presupuestario a los programas específicos que se han construido y aprobado según las realidades urbanas y rurales de nuestro país, que, además, incorporan las necesidades de las mujeres que habitan en cada región, como mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes.

La Defensoría insta a las instituciones a procurar las herramientas necesarias para construir presupuestos sensibles al género y de no contar con ellas, asegurar la capacitación continua al personal a cargo de elaborar, aprobar y autorizar el traslado de los recursos.

Este 8M, la Defensoría exige que se procure el avance de las mujeres a través del cumplimiento y garantía de sus derechos humanos por lo que debe hacer un llamado a evitar que se consoliden las desventajas y brechas, y a que no perdamos la oportunidad de generar un aumento en la productividad del país mediante la incorporación de las mujeres a los entornos laborales y productivos, como una sociedad corresponsable y democrática.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes