Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En la gran empresa líquida que somos, que nos hemos convertido, el idilio con la naturaleza y la apariencia de una convivencia “pacífica” y armoniosa con el entorno mientras se le transgrede, asalta y violenta de muchas maneras, es una constante.
No somos para nada asertivos. Porque aún asumimos el androcentrismo como razón instrumental para relacionarnos con lo que nos rodea. Porque la naturaleza es ella y el hombre requiere aún, dominarla. Somos invasivos con la naturaleza y los cuerpos de los otros.
Senderos, caminatas, fotografías de pájaros, cataratas, arroyos, sitios vírgenes, todo ha quedado subsumido ante esa necesidad de invadirlo, de descubrir el último lugar del mundo en el que está civilización de la barbarie y las pandemias, se ha convertido, nos hemos convertido.
Mientras usted lee esta reflexión con la que he iniciado la columna semanal, una familia del sur del continente o bien de lugares distantes como China o Nepal, cruza literalmente para salvar sus vidas y las de los suyos, las impenetrables murallas naturales y violentas del Tapón del Darién, esa frontera inexpugnable entre Colombia y Panamá, que ha adquirido carácter sexy para los medios de comunicación, debido a su reciente descubrimiento como nota informativa y sucesera.
Al tiempo que esa familia china, nepalí, venezolana intenta cruzar y saldar los riesgos y peligros naturales y del crimen organizado que merodean los 100 kilómetros que componen ese “no lugar”, un grupo de turistas guiados por la empresa alemana “Wandermut”, a la que habrán desembolsado 3.600 euros más el tiquete aéreo para ser traslados “a la selva”, tienen su experiencia excitante y exótica de internarse en las fauces de ese infierno.
A pocos metros del drama. Realmente pocos.
Traducido al español como la aventura senderista, Wandermut es una muestra más de ese sinsentido naturista y posmoderno que nos caracteriza como la civilización que cerró la puerta y apagó la luz, antes de acabar para siempre con la vida en el planeta.
El artículo, del cual extraigo algunos elementos para escribir esta columna, no deja de sorprenderme: si a un turista de estos, amante de la aventura y el senderismo posmo le llegara a pasar algo, podría tranquilamente en medio de la selva sacar su teléfono satelital y llamar un helicóptero de rescate para que baje en su auxilio.
En lo que llevamos de este extraño 2023 más de 240.000 mil personas migrantes han cruzado esa frontera, exponiéndose a los peligros y las constantes vejaciones que les produce el crimen organizado y la delincuencia transnacional, que ha hecho suyos esos territorios.
Para ellos, los migrantes, no hay satélite ni helicóptero posible. Ni siquiera imaginar un rescate al estilo Hollywood.
En días pasados el dato que se conocía era demoledor: este año, según la agencia de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), se han roto todos los récords de tránsito de niños, niñas y adolescentes por la zona: 40.000 han cruzado y la cifra tiende a ir en aumento.
En un artículo de pronta publicación, trabajo una idea acerca de la espectacularización insidiosa de las migraciones internacionales, al ser expuestos los miles de migrantes africanos que llegan a las costas mediterráneas por el lente irrespetuoso del turista que obtura la cámara de su teléfono, para subirla rápidamente a sus redes sociales. Hay ahí una odiosa mirada colonial, racial y desigual.
Me parece que algo de humanidad debemos mostrar ante estos hechos. Recorrer los senderos que tenemos a nivel interno, donde está alojado ese espíritu que requiere sanarse.
Esos son los caminos más urgentes de explorar y aventurar. A la naturaleza y los migrantes: ¡dejémoslos de una buena vez en paz!
* Ideas en borrador sobre un artículo compartido hace pocos días en una red de académicos, académicas y activistas de la migración de toda América Latina, con quiénes en ocasiones comparto algunas reflexiones. El artículo puede ser consultado en: https://latinoamerica21.com/es/migracion-se-puede-hacer-turismo-en-el-infierno/
El día de hoy, 30 de julio, estamos cumpliendo 73 años de una fecha realmente memorable, que lamentablemente ha pasado muchas veces inadvertida, tal vez porque algunos sectores de nuestra sociedad consideran a la gente de las zonas rurales en “capitis diminutio” (capacidad disminuida), por no ser intelectuales o provenientes del Valle Central.
En un día como hoy, en 1950, las mujeres costarricenses pudieron ejercer el derecho al voto, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIAPATRIA.
Hacía mucho tiempo se venía dando la lucha en el mundo, -entre muchos- otros por un movimiento conocido como “las sufraguistas”, al que inclusive se le han dedicado películas.
En nuestro país, desde 1923, un grupo conocido como: “La Liga Feminista”[1] venía promoviendo el reconocimiento a este derecho fundamental. Aunque pareciera que desde el período constitucional del Presidente José Joaquín Rodríguez (1890-1894) se venía intentando incorporar el reconocimiento en la Carta Magna.
Ya iniciado el siglo XX, la escritora Carmen Lyra y su Partido Comunista[2], dieron grandes luchas e hicieron muchos esfuerzos en favor del género femenino y de toda la población.
La primera mujer en votar fue la Sra. Bernarda Vásquez Méndez[3] en una localidad RURAL (todavía hoy en día): el distrito de La Tigra del cantón San Carlos, provincia de Alajuela.[4].
A raíz de que el artículo 93 de la Constitución Política de Costa Rica[5] declaró al sufragio como “función cívica primordial” UNIVERSAL e IGUALITARIA, todas las personas, independientemente de su origen, domicilio, condición económica o género, tuvieron derecho a ejercer el sufragio, el voto.
Si tenemos en consideración la fecha en que dicho derecho rigió para otros países, debemos concluir que aquí se reconoció tardísimo, para una democracia institucional, consolidada y centenaria, como la costarricense:
Costa Rica 1949, ejercido por 1ª vez el año siguiente 1950
El Salvador 1952
Honduras 1955
Nicaragua 1957
Considero que no sólo las feministas, sino todo el pueblo costarricense[7] debiéramos conmemorar esta efeméride: 30 de julio de 1950, fecha del primer voto femenino, porque significó algo más transcendental: la universalización del sufragio para TODAS LAS PERSONAS, a fin de conseguir (al menos en eso) la igualdad de derechos ciudadanos para toda la población.
[1] Pimer grupo de mujeres que usó este término en Costa Rica, que luchaba por la emancipación y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, liderado por Ángela Acuña Braun, y constituido formalmente en el Colegio de Señoritas, en presencia del Sr. Presidente de la República y su esposa, DON JULIO ACOSTA, gran luchador por la libertad, contra la dictadura de los Tinoco, cuyo ejemplo de integridad y honestidad debemos honrar y emular.
[5] Promulgada en 1949, y de la cual mi padre Fernando Fournier Acuña fue Diputado Constituyente
[6] Durante el gobierno del Presidente Arévalo, padre del actual candidato a la Presidencia de Guatemala
[7] Por ser un derecho subjetivo al cual deben tener acceso TODAS LAS PERSONAS, sin distingo ni de clase, ni de credos políticos, ni de la infinita variedad de géneros que se usan hoy en día para dividir y compartimentar las luchas sociales por un mundo mejor.
Imagen tomada de la página en Facebook del Colegio Técnico Profesional de Liberia
Hoy (25 de julio), Día de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, conmemoramos y reconocemos las luchas de las mujeres negras, y hacemos un llamado a cuestionar y deconstruir aquellas miradas teológicas masculinas, blancas, cisheterosexuales y clasistas.
Es necesario repensar y deconstruir los sistemas políticos que violentan y discriminan a las mujeres afrodescendientes y qué se manifiestan a través de la fe, el lenguaje, lo simbólico, la estética, las políticas públicas.
«La identidad negra es parte de un proyecto de afirmación, frente la negación y exclusión. Encontramos en el pasado una teología que legitimó la esclavitud y el racismo. Hoy buscamos no solo la desligitimización de esa teología como también, queremos recuperar la teología como un aporte en proceso de afirmación de la identidad negra, en el rescate de la ciudadanía negra. Teológicamente buscamos el reconocimiento del rostro negro como “imagen y semejanza de Dios”. El “no lugar”, mencionado anteriormente, se transforma en lugar del grito, de protesta, de reivindicación. Es también el lugar a partir del cual construimos nuevas relaciones. Es el lugar del empoderamiento, de la afirmación, del descubrimiento de un Dios cómplice y compañera en este caminar en búsqueda del propio rostro y de vida con dignidad.»
Silvia Regina de Lima Silva, Abriendo Caminos, Teología Feminista y Teología Negra Feminista Latinoamericana.
En este arte collage se hace uso de obras de la artista afrocubana estadounidense Harmonia Rosales.
Publicado el 25 de julio del 2023 por Silvia Regina de Lima Silva en la Red de Interculturalidad y compartido con SURCOS por Gerardo Mora Burgos.
El Observatorio para La Acción contra El Racismo le invita a asistir al programa de radio “Conversando sobre el racismo”, el día 25 de julio en el programa Saber Vivir en la 870 AM, a las 8:00 a.m. Se contará con la participación del Dr. Luis Carlos Morales Zúñiga, máster en Sociología y profesor catedrático de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.
El tema por discutir es la composición étnica y cultural de Guanacaste, las interacciones y las problemáticas asociadas al racismo, con mirada a la efeméride celebrada el 25 de julio, la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica.
Circula una nota, fechada 4 de julio de 2023 y firmada por el señor Ricardo Antonio Sossa Ortiz, “comisionado de inclusión social”, así designado por el presidente Chaves. Según el sello colocado en la nota, esta se origina en Casa Presidencial. No especifica destinatarios, aunque, en el encabezado menciona a los/las “estimados señoras y señores jerarcas”, por lo que pareciera incluir a todas las instituciones públicas que, de una u otra forma, responden jerárquicamente a la Presidencia de la República.
La nota hace referencia a una llamada “Declaración de San José 2023”, al parecer promovida por una organización de nombre “Alianza Empresarial para el Desarrollo” (AED), la cual aparentemente tiene por objetivo promover el respeto a los derechos de las personas del colectivo LGBTIQA+.
En esa carta, el susodicho comisionado ordena a las y los jerarcas no firmar esa nota. O sea: desde Casa Presidencial se les prohíbe hacerse partícipes de esa iniciativa. Enseguida el señor Sossa Ortiz ordena que, “en un plazo de tres días hábiles” (negrita y subrayado del original), se le hagan llegar los nombres de quienes conforman, en cada institución, la comisión que debe ocuparse de estos asuntos, según los dispuesto en el Decreto Ejecutivo 38.999 del año 2015.
Al respecto, manifestamos lo siguiente:
Desconocemos en qué consiste la mencionada “Declaración de San José 2023”, pero sí debemos deplorar y condenar la actitud autoritaria e irrespetuosa que se pone de manifiesto en esta nota, la cual, por cierto, corresponde al estilo característico de este gobierno, y su tendencia sistemática hacia la centralización de decisiones, lo que implica frenar el flujo de información hacia la ciudadanía y asfixiar las iniciativas autónomas.
El irrespeto se agranda, puesto que no se ofrece ninguna razón que justifique esta orden, cuando tan solo se dice, en un estilo oscuro y retorcido, que esta “iniciativa no aparenta tener malicia alguna”. La ciudadanía en general, y los movimientos LGBTIQA+ en particular, tienen derecho a conocer por qué se toman decisiones de esta naturaleza. Tener el poder para tomarlas no es una justificación suficiente, primero, porque es un proceder arbitrario, carente de ninguna racionalidad clara, y, sobre todo, porque es algo completamente inapropiado en un contexto democrático.
Nos llama poderosamente la atención que el señor Sossa Ortiz venga a solicitar a estas alturas el nombre de quienes conforman las comisiones institucionales. El actual gobierno tiene ya 14 meses de haber asumido funciones ¿qué estuvo haciendo ese señor durante todo ese tiempo? ¿Se le fue su tiempo escuchando, impasible, a un tipo que, en su cara, se pavoneaba diciendo que fue él quien asesinó al líder indígena Jerhy Rivera? Todo esto es vergonzoso e indignante, y pone de manifiesto una actitud de desprecio hacia los derechos humanos, no solo los de las diversidades sexuales y de género, sino los de otros grupos discriminados, como los pueblos indígenas.
La actuación del señor Sossa Ortiz ha sido manifiestamente deficitaria, e, inclusive, tolerante y permisiva, respecto de situaciones claramente violatorias de los derechos humanos. Lo mencionado en el punto anterior, en relación con el caso de Jerhy Rivera, lo ilustra claramente. Su total abulia respecto de las celebraciones del día contra la homo-lesbo-bi.trans-fobia y su ausencia en la Marcha del Orgullo, lo ratifican. Tampoco le escuchamos decir nada cuando su jefe, el presidente Chaves, intentando descalificar al diputado Ariel Robles, recurrió a expresiones abiertamente homofóbicas. A todo lo cual suma ahora esta decisión tan arbitraria y antojadiza. Por todo ello, y por el respeto que se merecen todas las poblaciones que este sujeto dice representar, incluidas las personas LGBTIQA+, demandamos su inmediata renuncia.
Hacemos un llamado respetuoso a los liderazgos de las diversas organizaciones LGBTIQA+ de Costa Rica, para mantenerse muy alertas. La democracia y el Estado de derecho están siendo reiteradamente asediados, y los discursos de odio y los desplantes de intolerancia, circulan hoy y se expresan masivamente. La indiferencia y el silencio no son las respuestas apropiadas ante situaciones tan graves y preocupantes.
POR EL MOVIMIENTO DIVERSIDAD ABELARDO ARAYA
Luis Paulino Vargas Solís Víctor Hugo Monge Aguilar
Juliana Martínez Franzoni es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica (Foto Archivo OCI).
Llegó el momento de reorganizar para cuidar en conjunto
América Latina ha avanzado sustancialmente en la reflexión y ejecución de políticas públicas para promover el trabajo de cuidados como derecho humano fundamental. Sin embargo, son aún más los desafíos en cuanto a la regulación del trabajo doméstico, la desigualdad en la división del trabajo de cuidados por temas socioeconómicos, de género y etnia, y el desarrollo de la infraestructura social necesaria para brindar una cobertura de servicios de calidad vinculados a los cuidados a toda la población desde el nacimiento hasta la muerte.
Con el objetivo de analizar estos y otros desafíos, la Universidad de Costa Rica en conjunto con la Carework Network, reunió a diferentes sectores (academia, organizaciones sociales y sociedad civil) en el “Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados 2023. Trabajo de cuidados en tiempos inciertos: convergencias y divergencias alrededor del mundo”. Participaron de este encuentro global 250 personas procedentes de más de 30 países del mundo en 30 paneles, 6 diálogos públicos, una muestra fotográfica y 3 conferencias magistrales. Se contó con el apoyo de organizaciones internacionales diversas como Oxfam, la Fundación Frederich Ebert, OIT y PNUD, además de universidades del Norte y Sur global. El encuentro catalizó un enorme grado de colaboración entre investigadoras de la Universidad Estatal a Distancia, de la Universidad Nacional, y de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.
Durante este encuentro se reflexionó en torno a si y cómo superar las categorías binarias de trabajos de cuidados pagado y no remunerado, las intersecciones de las dimensiones individual, familiar, comunitaria, del mercado, el estado; y la intersección de género, clase, raza y migración. En todos estos temas se buscó el diálogo entre regiones pero también entre académicas, personas que toman decisiones de política pública, y activistas.
En la siguiente entrevista, la Dra. Juliana Martínez Franzoni, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) y del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y coordinadora del Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados 2023, se refiere al papel de las universidades públicas, sociedad civil y organizaciones sociales, en la consolidación del trabajo de cuidados como un derecho humano fundamental y clave en las sociedades democráticas.
–¿Cuál es el objetivo principal de este Tercer Encuentro sobre Trabajo de Cuidados 2023? ¿Por qué es importante para los países reflexionar acerca de este tema?
–Juliana Martínez Franzoni: Este encuentro global sobre trabajo de cuidados se enfocó en el abordaje de los cuidados en tiempos inciertos, en tiempos de choques como el generado por la pandemia del COVID-19, aunque no solo. Estamos entrando a una época en la que los choques serán nuestra nueva normalidad – y no solo vinculado a epidemias y pandemias, sino también al cambio climático.
Entonces lo que nos interesaba en este encuentro era identificar convergencias y divergencias en cómo nos relacionamos con los cuidados en estos tiempos inciertos. Y por cuidados nos referimos a la enorme cantidad de trabajo, tanto remunerado como no remunerado, que las personas y las sociedades debemos llevar a cabo para cosas tan básicas como poder estar trabajando. Es toda la cadena de personas entrelazadas para que una actividad se dé, es decir el conjunto de interdependencias que hace posible la vida en sociedad.
Además, hablamos de la importancia de una infraestructura social de los cuidados, que son un conjunto de recursos que movilizamos como sociedad para resolver los cuidados. Y, bueno, la pandemia visibilizó de manera muy cruda la centralidad de los cuidados para la vida en sociedad.
Todo esto es relevante porque, para tener sociedades más justas, más democráticas, pero también más eficientes, debemos resolver la organización de los cuidados. Hoy por hoy, tiende a ser muy desigual, según la clase social, y está marcada por una profunda división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Además, está intervenida por un montón de otras desigualdades como la raza y la etnia de las personas, por la ruralidad, etcétera.
Una de las características de cómo organizamos los cuidados en América Latina es esa profunda desigualdad socioeconómica y de género que se ve reflejada en un papel muy muy marcado del trabajo doméstico remunerado, mal remunerado, precarizado, desregulado, el cual tiene un papel preponderante, a diferencia de otras regiones del mundo, en nuestra región, como uno de los principales pilares de los regímenes de cuidado. El papel del Estado en proveer servicios, en proveer transferencias para comprar servicios, en regular los servicios que ofrece el mercado privado, sí existe, pero es incipiente.
A raíz de ese abordaje que hemos realizado sobre la situación en América Latina y sus diferentes variaciones, en la Universidad de Costa Rica se decidió realizar este Tercer Encuentro Global sobre Trabajo de Cuidados en nuestro país, como una forma de acercarse a América Latina.
Y ¿por qué a acercarse a América Latina ahora? Porque, entre el 2005 y el 2015, América Latina hizo una experimentación y una transformación sobre este tema muy profundas. Es decir, en Costa Rica lo vimos en el contexto del Gobierno de Laura Chinchilla con la Red Nacional de Cuido, pero también antes, de la mano de la política de igualdad y equidad de género.
En el PIEG 2007-2017 ya se venía posicionando en el debate público la necesidad de que el Estado intervenga con mejores y más diversas maneras de apoyar a las familias y a las mujeres, en cuanto a la organización de los cuidados. Ya había quedado colocada la idea de que era necesario que los cuidados no dependan solo de los recursos que manejan las familias y, además, de la necesidad de promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que es un gran reto, en la medida en que las mujeres seguimos siendo las principales o exclusivas cuidadoras. Eso tiene reflejos muy profundos en la desigualdad en el mercado laboral, en la desigualdad del ingreso, eso afecta no solo a las mujeres, sino que afecta a los países y a las economías.
En América Latina, las mujeres tenemos, en promedio, mayores años de educación formal que los hombres y, sin embargo, eso no se ve reflejado en los niveles de ingreso. Seguimos teniendo brechas para igual trabajo, para trabajo de igual valor, frente a los ingresos laborales de los hombres. Esto refleja las expectativas de cuidado, las entradas y salidas de los mercados laborales y el hecho de que las mujeres seamos las principales cuidadoras.
Hay que cambiar esto por distintas razones. Unas razones tienen que ver con los derechos; pero también hay razones que tienen que ver con la productividad de las economías y su eficiencia para aprovechar los recursos humanos que las propias sociedades están formando. Es decir que la desigualdad sexual del trabajo en materia de cuidados es ineficiente y está demostrado, hay números que lo documentan.
–Después de este análisis sobre América Latina, ¿hay alguna parte del mundo que sea modelo en cuanto al tema de trabajo de cuidados?
–JMF: Los regímenes de cuidado son como rompecabezas, es decir, que no hay una medida que lo resuelva todo, sino que hay un conjunto de medidas que deben relacionarse entre sí de manera virtuosa. ¿De qué están hechos estos regímenes? En primer lugar, de acceso a tecnología y a infraestructura. Por ejemplo, no es lo mismo lavar la ropa a mano que con una lavadora, eso hace toda la diferencia del mundo. No es lo mismo tener que caminar tres kilómetros para acceder al agua y traerla a tu casa, que simplemente abrir el tubo.
En segundo lugar, nos interesa ver en ¿qué medida, cuando las personas participan del mercado laboral, se contemplan las demandas de cuidado? No es lo mismo tener un trabajo que te remunera una licencia por maternidad, a tener un trabajo que no te lo reconoce. En tercer lugar, nos interesa ver si los mercados laborales reconocen que los hombres también tienen que cuidar y cuentan con incentivos acordes como las licencias por paternidad y/o las licencias parentales.
En cuarto lugar, nos interesa determinar si los países tienen infraestructura social, si tienen servicios de cuidado, en particular infantil, pero también más adelante en los momentos de cuidado de dependencia al final de la vida. Y, en quinto lugar, nos interesa ver qué pasa con el trabajo doméstico: ¿está regulado, no está regulado? ¿En qué medida opera como la válvula de escape para poner allí todo lo que no se puede resolver bien de otra manera? Y entonces ahí tienes una enorme proporción de población de mujeres, sobre todo migrantes, trabajando en estos cuidados.
Una cifra que llama la atención es que, en el mundo, una de cada quince mujeres está ocupada en el campo del trabajo doméstico remunerado. Sin embargo, en América Latina esa cifra sube al 25%, a una de cada cuatro mujeres. Eso habla de la centralidad del trabajo doméstico en nuestra región, en la medida en que esa es una válvula de escape, en la que depositamos un montón de trabajo de manera mal remunerada y desprotegida. Carecemos entonces de incentivos para que el Estado invierta más en servicios de cuidados, y para que los mercados laborales no te pidan jornadas de doce horas al día, algo imposible de reconciliar con las demandas de cuidado.
Desde esta perspectiva, se puede decir que los países que han avanzado más todos estos componentes son los países escandinavos y varios de los países europeos, como Francia, de Europa continental. Todos han avanzado en diferentes momentos del tiempo, más en algunos componentes que en otros.
Una cosa interesante que ha pasado en Europa, en la última década, es que las políticas de familia y la organización de los cuidados se volvió un tema electoral. Previamente, la manera en que los partidos políticos abordaban este tema estaba muy influenciada por la ideología de izquierda o de derecha. Los partidos de derecha estaban más orientados a que finalmente la familia cuida y las madres cuidan; y los de izquierda estaban más concentrados en mover todo para que las mujeres sean parte de los mercados laborales.
Pero, en los últimos años, eso ha cambiado mucho en la medida en que las mujeres han ido entrando al mercado laboral y le piden al estado y, por lo tanto, a los partidos políticos que compiten por los gobiernos, que tengan políticas que sean útiles para ellas. Y entonces el conjunto del sistema político se ha corrido hacia medidas que sean amigables hacia las familias, que busquen incorporar a los hombres en los cuidados y que protejan a las mujeres cuidadoras también.
Eso es algo interesante que en América Latina está empezando a pasar en algunos países, aunque es todavía incipiente esta politización del tema, de manera tal que haya premios y castigos para los partidos políticos que compiten por llegar a los congresos, o a los poderes ejecutivos, con medidas que sean sensibles a las necesidades de la sociedad y en particular de las mujeres que somos más de la mitad de la población y más de la mitad de las personas votantes en contextos democráticos. Esto es muy importante.
–¿Cuáles son los principales retos de Costa Rica y en general de América Latina en materia de organización de trabajo de cuidados?
–JMF Decidimos hacer la reunión en Costa Rica para asomarnos a todas las acciones que permitieron que, entre el 2005 y el 2015, América Latina como región pudiera avanzar tanto en la conversación pública como en la adopción de políticas públicas en materia de cuidados. Por ejemplo, se creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados en Uruguay, se crearon políticas vinculadas a los cuidados en Chile, y en Costa Rica también se originó la Red Nacional de Cuido.
Entonces, el asunto de los cuidados se volvió un tema público, y empezó a ocurrir lo que había sucedido en los años cuarenta, por ejemplo, con los sistemas de seguridad social, cuando a la vuelta de varios años, se había generado la idea de que los países que se precien deben necesariamente un sistema de seguridad social.
De manera análoga, actualmente hay un acuerdo internacional entorno a la idea de que los países deben tener políticas de cuidado. El objetivo es promover una reorganización social de los cuidados que honre la idea de que los cuidados constituyen un derecho humano. Como derecho humano que es, el cuidado no puede estar sujeto al dinero que las personas tengan en el bolsillo, ni puede estar sujeto a que las familias cuenten con una mujer dedicada a tiempo completo a cuidar, porque, en la medida en que el acceso a los cuidados depende de estos factores, se genera una profunda desigualdad.
Hay que pensar que en América Latina hoy hay muchas más familias en las que las mujeres están trabajando por un ingreso, que familias en las que no. Además, hay un creciente protagonismo de familias en las que las mujeres están ellas solas manteniendo y criando a sus hijos e hijas, generando a la vez ingresos y cuidando. Si el derecho a los cuidados se condiciona al dinero y a la presencia de mujeres cuidadoras de tiempo completo en las familias, serán muy pocas las que van a poder atender esas enormes demandas de cuidado, aún más en un contexto de envejecimiento de las sociedades, en las cuales van creciendo las demandas de cuidado al final de la vida.
Claro que América Latina es una región muy desigual: hay contextos políticos en los que la informalidad llega al 65%, como por ejemplo en Guatemala, y otros en donde es menos del 20%, como en Uruguay. Es decir, hay países con pobreza por ingresos que llegan a esos niveles y otros con pobreza extrema – aquella que impide atender las necesidades básicas alimentarias – muy bajas. Hay contrastes y dependiendo de estas desigualdades así son y así pueden transformarse los regímenes de cuidado.
En Costa Rica, se tiene por un lado el hecho de que lideró la conversación en torno a la posibilidad de tener política pública que interviniera de manera universal. Así fue planteada la Red Nacional Integral de Cuidados en el 2010. Sin embargo, su avance en materia de cobertura ha sido muy lento. En los años dos mil, junto con Chile, eran dos países muy extraños, porque siendo de los países con mayor nivel de desarrollo humano de América Latina, tenían los niveles de participación laboral femenina más bajos, junto con países como Honduras.
A la vuelta de 20 años, Chile logró que eso cambiara drásticamente; en cambio, Costa Rica no. ¿Pero qué pasó en Chile que no pasó en Costa Rica? Lo que se dio fue una generalización del acceso a los servicios de cuidado en los tres quintiles más bajos de ingreso, es decir en el 60% de las familias de menores ingresos. Es un tipo de focalización muy amplia.
Nosotros tenemos muchos años de tener una cobertura de alrededor del 20% de la población por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, hemos avanzado más recientemente en crear un sistema que integre los servicios y transferencias existentes en materia de cuidados. Eso es un avance, porque lo que va a permitir es articular elementos que están desarticulados.
Sin embargo, aún nos falta abordar simultáneamente el tema de la política pública con el mercado laboral, por ejemplo, si estamos tratando de ampliar la presencia de un sistema de cuidados para la población adulta mayor, al mismo tiempo que estamos creando una legislación laboral que facilita jornadas extensísimas de trabajo, eso es inconsistente para un régimen de cuidado democrático y eficiente.
Un régimen de cuidado democrático y eficiente es uno en el que los diferentes componentes se ajustan de manera armónica a la idea de que los cuidados deben ser con una responsabilidad compartida entre familias y no familias, vale decir, mercados laborales y estados, también comunidades, y entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, Uruguay durante el periodo del 2010 al 2019 avanzó muchísimo, porque simultáneamente expandió servicios, creó licencias por paternidad y parentales, y mejoró la regulación del trabajo doméstico, tanto en salarios mínimos como en protección social. La proporción de trabajadoras domésticas con acceso a la seguridad social pasó de ser dos de cada diez a ser de siete de cada diez. Es decir, hizo simultáneamente estas acciones, y si hacés simultáneamente eso por un periodo de tiempo suficientemente largo, vas a ver un cambio cualitativo en el régimen de cuidados.
Pero, en este contexto de reducción del gasto, es muy difícil que Costa Rica en los próximos años vaya a atender los cuellos de botella de cobertura o que vaya a crear los servicios que necesita. Entonces, Costa Rica tiene un pronóstico reservado en materia de que pueda realmente dar un salto cualitativo hacia un régimen de cuidados como el que la OCDE dice que deberíamos tener.
–¿Desde su perspectiva, cuáles fueron los ejes temáticos más relevantes de este encuentro?
–JMF A partir de un primer análisis que con el apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas ha realizado Rocío Peinador, los ejes temáticos más relevantes giraron, primero, los cuidados y la pandemia, o sea, cómo eran los cuidados antes de la pandemia y como fueron durante ella. ¿Cuáles fueron los ecos de esta situación? Es decir, las repercusiones que ha tenido en materia de organización social de los cuidados.
En segundo lugar, se analizó el papel de la población migrante en la organización social de los cuidados. Esto es algo muy sensible para Costa Rica, por la enorme centralidad que tiene la población y las mujeres nicaragüenses en la organización de los cuidados en Costa Rica.
En tercer lugar, se vieron temas de innovación y de dificultades para la innovación en materia de política pública en materia de cuidados – incluyendo sus relaciones con las regulaciones laborales como las relativas a las jornadas y los ingresos y con la protección social asociada a la inserción laboral.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Este 23 de junio el programa ALTERNATIVAS invita a escuchar “13 años del PRIDE en Costa Rica ¿Cómo se ha desarrollado el movimiento LGTBTIQ+ en nuestro país?”, en vivo a las 6:00 p.m.
Podrá escuchar el panel por medio de: Online Radio Box, Facebook Live, Spotify, YouTube, Radio Revolución, Soberanía, y Guanacaste FM.
La importancia del voto de minoría de tres magistrados que estiman que es necesario consultar a los pueblos indígenas.
País se expone a que las organizaciones indígenas lleven este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
(Bloque Verde 20 de junio 2023) En un reñido voto de cuatro contra tres la Sala Constitucional en la resolución número 2023006154 da luz verde al Protocolo de Nagoya para que siga su curso en segunda votación en la Asamblea Legislativa. Los tres magistrados consideran que es necesaria la consulta indígena según lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y refuerza la posición de la Defensoría de los Habitantes en cuanto que la ausencia de consulta si vulnera los derechos de los pueblos originarios.
Los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro demostraron que la Sala Constitucional tenía un línea jurisprudencial que considera obligatoria la consulta indígena en casos de que una medida legislativa o administrativa es susceptible a afectar a los pueblos indígenas. Esta jurisprudencia lamentablemente se rompió con esta resolución que niega justamente la consulta a los pueblos originarios.
El dictamen de minoría también deja claro que la forma en la supuesta consulta hecha desde la Asamblea Legislativa no cumplió lo dispuesto en el Convenio 169. Hay que recordar que este procedimiento se realizó mediante envío por correo electrónico a las asociaciones de desarrollo de los 24 territorios indígenas con un plazo de ocho días hábiles. En este sentido los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal y Garita Navarro insisten en que “no se constituye como un método idóneo para garantizar la efectiva participación y opinión de las comunidades indígenas y el correspondiente deber de consulta”
El Protocolo de Nagoya acelera procesos de desposesión por medio de mecanismos de mecanismos de propiedad intelectual como las patentes y los derechos de obtentor (como UPOV) sobre los conocimientos de los pueblos indígenas. Este tratado internacional provoca que los bienes comunes, entre ellos los recursos de la biodiversidad y conocimientos asociados, considerados como dominio público, de origen ancestral, hereditario y otros de soberanía del Estado, sean adjudicados como bienes patrimoniales del dominio privado.
Este proceso en vía de ratificación por la Asamblea Legislativa es a todas luces racista y discriminatorio porque afecta de manera negativa a las personas portadoras de conocimientos, en su mayoría adultas mayores de las comunidades. Pretende apropiarse de sus saberes y prácticas cotidianas heredadas ancestralmente, hasta el punto de patentarlas. Esto también niega la posibilidad de las futuras generaciones del goce de ese conocimiento ancestral.
Dentro del Protocolo de Nagoya quedan muy claras las formas de apropiación de esta riqueza cultural, lo que no queda para nada claro son las formas de “repartos de beneficios” que menciona insistentemente los propulsores de esta iniciativa. No está estipulado cómo la patente por parte de un tercero del uso de una planta, bacteria, hongo, insecto o animal va a “traer beneficio” a los pueblos que la han descubierto y resguardado por siglos o quizá milenios. Esto no fue preocupación de los y las legisladoras impulsoras de este proyecto.
Instamos a las organizaciones indígenas a llevar este caso de racismo judicial a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evidenciar esta injusticia estructural dentro del más alto tribunal de justicia costarricense.
