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Un país de proletarios

Oscar Madrigal

“Vamos a hacer un país de propietarios y no de proletarios”, repetía una y otra vez Luis Alberto Monge en las décadas del 70 y 80. Era el mensaje de la socialdemocracia frente a los marxistas y comunistas; era también el auge del cooperativismo y la distribución de la tierra, de las “jugosas” convenciones colectivas del sindicalismo liberacionista, del poderoso movimiento comunal. De ese mensaje ya no queda nada.

Liberación Nacional apuesta ahora por la proletarización de los costarricenses mediante los proyectos de zonas francas que extenderán a las zonas rurales, fronterizas y costeras. El PLN hace ahora un país de proletarios y no de propietarios, invirtiendo su lógica social, con la consiguiente pauperización de las condiciones sociales.

El proyecto de ley para extender las zonas francas fuera del GAM se propone, según él, llevar trabajo y progreso a las regiones más pobres del país. Después de lo que escribí ayer sobre este tema, me quedó una duda: ¿por qué esas zonas son tan pobres? ¿Qué las hace ocupar los últimos lugares del índice de desarrollo humano? ¿Es que en ellas no se produce nada, no hay empresas o inversión?

Integrando los tres indicadores de IDH, IDH-D e IDH-G, es posible establecer la profundización de una brecha territorial que ubica a los cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles, Upala, Guatuso) y de la Zona Sur (Buenos Aires, Osa, Coto Brus) en los últimos lugares de la última década, se dice en los informes del Atlas de Desarrollo Humano.

Los cantones más pobres del país son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Osa y Matina, según el Atlas de Desarrollo Humano de 2021.

Si el análisis se hace por provincias, se observa que Limón presenta una condición particular al ubicar la mayoría de sus cantones por encima del promedio nacional de pobreza. En otras palabras, Limón es la provincia más pobre de Costa Rica.

¿Hay producción y empleo en esos cantones? Llama la atención que las grandes producciones de piña y banano se encuentran en esas regiones, las más pobres del país. La principal zona productora de piña es la Región Huetar Norte, donde están los cantones de Los Chiles, Guatuso, Upala y Sarapiquí y Buenos Aires de la Región Brunca, entre los 15 más pobres.

Los principales cantones que actualmente producen banano son Sarapiquí, Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón, Talamanca, siendo que la mayor concentración de producción del Banano se ubicada en la zona del Caribe, generando con esto alrededor de un 76% de la mano de obra local. Estos también están entre los cantones más pobres del país.

La producción de banano, según Corbana, genera el 76% de la mano de obra de Limón, lo cual significa que tres cuartas partes de los trabajadores limonenses trabajan en las plantaciones bananeras. Sin embargo, Limón es la provincia más pobre del país.

¿Por qué las producciones de banano y piña no producen desarrollo humano, sino más bien pobreza? Esa es la cuestión a plantearse y no la de llevar más salarios de hambre con zonas francas. No hay ningún indicio y estudio de que nuevas zonas francas en zonas rurales puedan cambiar esa realidad de pobreza en esas regiones, a menos que el Estado y su Gobierno se involucren en políticas de apoyo a los sectores poblacionales más empobrecidos.

Como ha escrito German Masís en SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-dgc): “En este sentido, el Atlas muestra la necesidad de orientar acciones de política pública que mejoren el desempeño de las instituciones del Estado costarricense, entre ellas resalta el fortalecimiento del sistema educativo, la atención de las realidades cantonales de manera diferenciada y la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad (ElPaís.cr,5-11-2020)”. Agregaría que es impostergable la revisión por parte del Gobierno de las políticas salariales en ese sector productivo y los derechos laborales.

Las zonas francas no son la solución, son parte del problema. La OCDE y el presidente Biden (que aclaro que NO son comunistas para orientación de algunos despistados) han recomendado la eliminación de las exoneraciones fiscales como método de atracción de inversiones. El camino, han dicho, es que esas empresas tributen. Pero aquí andamos por el camino inverso. Mientras el mundo viene, nosotros vamos.

Saber Vivir: Conversando sobre el racismo

SURCOS comparte la siguiente información:

El Observatorio para la Acción Contra el Racismo le invita este jueves 21 de abril a sintonizar el programa Saber Vivir en la 870 AM, a las 8:00 a.m.

Estaremos con Marcela Dumani Echandi, docente e investigadora de la Escuela de Nutrición y Vania Solano Laclé, docente e investigadora de la Escuela de Antropología.

Conversaremos sobre racismo y alimentación.

¡Les esperamos!

Más información en nuestro Portal OBCRA o en Instagram.

Comité Cantonal de la Persona Joven de Palmares externa preocupación por escalada de violencia discriminatoria contra población LGTBIQ

Se refiere al evento sucedido hace algunos días, en un lugar conocido como las canchas del distrito de Buenos Aires de Palmares, junto al campo ferial, en donde se generó una situación de violencia, que hasta el momento podría calificarse como intento de homicidio, según el Código Penal de Costa Rica y el cual también es considerado como “crimen de odio” por muchas personas dentro de la comunidad. 

Este evento tan violento y casi homicida, hizo que una persona joven, Memo, permanezca hospitalizado en estado crítico, en coma inducido por lesiones en la cabeza, evidenciando el más brutal acto de violencia, intolerancia por razón de género que se haya presenciado en nuestro cantón recientemente, y que por obvias razones alarma a toda la comunidad. Se adjuntan más detalles de este comunicado en las imágenes.

Carta pública al presidente electo- OIDH-CR

Carta pública

San José, abril del 2022.

Sr, Rodrigo Chaves Robles

Presidente Electo de la República de Costa Rica.

Presente.

Estimado Señor:

La Organización Interseccional pro Derechos Humanos de Costa Rica (OIDH-CR) es una agrupación inscrita en la Sección de Asociaciones del Registro Público con la cédula jurídica No. 3-002-587995.  Como Organización de la sociedad civil, estamos muy interesados en promover, mantener e intensificar, desde un enfoque interseccional, las conquistas alcanzadas en los últimos años que han venido a satisfacer algunas de las demandas y necesidades sentidas y manifiestas de aquellos grupos que históricamente hemos sido excluidos de la condición de ciudadanía por orientación sexual, identidad o expresión de género, condición migratoria, procedencia étnica, condición etaria, discapacidad.

Frente a su elección y pronta toma de la dirección del Poder Ejecutivo, nuestra Organización, está interesada en que usted pueda conocer algunas de nuestras preocupaciones con el objetivo de que sean tomadas en cuenta en su gobierno de manera explícita que permitan suscitar políticas públicas inclusivas, justas y equitativas que beneficien a los sectores sociales que nuestra Organización representa.

En consecuencia, Señor Chaves, nuestros puntos son los siguientes:

  1. Promoción de una ley antidiscriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género, procedencia étnica, estatus migratorio, discapacidad, adultos mayores de la diversidad.  (Hay un proyecto de ley de reconocimiento de los derechos a la identidad de género e igualdad ante la ley -Proyecto de ley número 19841- actualmente archivado en la Asamblea Legislativa, que sería una buena base para discutir.)  Y eliminar de la ley de empleo público lo referente a la objeción de conciencia.
  2. Impulsar un programa de capacitación para todas las personas funcionarias públicas acerca de los derechos humanos de todos los grupos que históricamente hemos sido vulnerabilizados.
  3. Revisar y reforzar científicamente los programas de afectividad y sexualidad en la educación pública y privada.
  4. Desarrollar un programa de desarrollo integral para las personas transgénero, transexuales e intersex.
  5. Potenciar en los distintos municipios programas de inclusión social para personas que forman parte de las comunidades sexualmente diversas.
  6. Mantener el 17 de mayo como el Día en contra de la Homolesbobitransfobia.  Y conmemorarlo por parte del Gobierno. 
  7. Consolidar la figura del comisionado o comisionada presidencial para asuntos de la diversidad sexual, afectiva y de género, asignándole presupuesto y reconociéndole la condición de funcionario público con carácter de asalariado y no ad honorem.
  8. Promover en las regiones costeras, junto con sus municipalidades, oficinas de la diversidad sexual, similares al modelo vigente en la Municipalidad de Goicoechea, que permita movilizar recursos para la potenciación de capacidades de todo tipo para la población diversa sexual y de género presente en cada una de esas regiones, en especial orientadas al empleo y autoempleo, al emprendimiento y la culminación de los procesos formativos para todas aquellas personas que se han quedado rezagadas, esto mediante acciones conjuntas entre el MEP, el INA y universidades públicas ubicadas en esas zonas.
  9. Promover un censo nacional que permita determinar la cantidad de población diversa sexual y de género que vive en Costa Rica para la toma de decisiones en materia de política pública.
  10.  Mantener, impulsar, mejorar y promover todos los programas de prevención contra las infecciones de transmisión sexual.  Que la distribución eficaz, efectiva y amplia de medicinas antirretrovirales y la PrEP (medicina preventiva) sea muy ágil y sin tanta limitación.
  11.  Desarrollar una discusión nacional de alto nivel acerca de la urgencia de declarar a Costa Rica un estado laico.
  12.  Mantener y consolidar todas las conquistas alcanzadas por la comunidad de la diversidad sexual y de género durante los últimos ocho años.
  13.  Tipificar como delito agravado los crímenes de odio.
  14.  Crear programas de protección real y eficaz a personas activistas y defensoras de Derechos Humanos: de la diversidad sexual y de género, afrodescendientes, ciudadanos originarios, migrantes y refugiados en Costa Rica.
  15.  Mantener políticas de puertas abiertas para la protección de las personas refugiadas.
  16.  Garantizar que los funcionarios públicos brinden una atención integral y efectiva en sus funciones a los habitantes del país, sin malas caras o malos tratos, menos sin tener la necesidad de recurrir a un Recurso de Amparo ante Sala Cuarta Constitucional para hacer que ellos como funcionarios públicos hagan su trabajo.
  17.  Garantizar la seguridad de los pobladores indígenas y acatar los llamados de los mismos sobre la protección de sus tierras.  Que sus tierras ancestrales se les retornen a su poder.  Que se investigue el destino de los fondos girados hasta el momento a estos grupos.
  18.  Mejorar el índice de seguridad para la ciudadanía, evitando incluso que los funcionarios se burlen u omitan agresiones, ofensas, acosos y hostigamientos a la mujer, migrantes, indígenas, personas de la comunidad diversa sexual y de género, personas con discapacidad y comunidades marginadas, proporcionando seguridad en puntos alejados del Área Metropolitana.
  19.  Mejorar o reconstruir la infraestructura y garantizar una educación integral REAL a los habitantes que estudian en las comunidades rurales, que garantice que los profesores no tengan que poner de sus bolsillos para que los alumnos tengan que moverse a los centros de estudios, que tengan útiles escolares o incluso comedores dignos.
  20.  Mejorar los programas de asistencia social y seguridad en comunidades rurales, tanto los citadinos de la GAM como los campesinos son habitantes de este país y tienen los mismos derechos, por tanto, deben ser tratados con la misma igualdad que otros, no dando excesivo lujo al capitalino o metropolitano e ignorando la necesidad de hambre del que habita en lo rural.
  21.  Realizar atención psiquiátrica y psicológica gratuita.  Una línea de atención de crisis para personas suicidas para personas en crisis o con problemas psicológicos o psiquiátricos.
  22.  Que personas mayores de la diversidad y de género tengan especial protección estatal.

Los puntos señalados son considerados por nuestra Organización como mínimos necesarios para garantizar que en el presente y en los próximos años nuestra sociedad y, en general, nuestro país, pueda seguir avanzando por la senda del desarrollo integral y mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas, y mejore radicalmente la situación que nos ha calificado últimamente como una de las sociedades más desiguales del continente americano, para circunscribirnos solo a nuestra región. 

Asimismo, tome en cuenta que OIDH-CR estará dispuesta, siempre que así se disponga por parte de las eventuales autoridades de gobierno a colaborar estrechamente para avanzar por la ruta de la inclusión, justicia y equidad.  

De antemano, le agradecemos su disponibilidad para establecer el diálogo para que en conjunto logremos regresar a Costa Rica a nuestro lugar, reconocido internacionalmente, de respeto a los derechos humanos y la mejor distribución de la riqueza.

Por Junta Directiva OIDH-CR.

Enviado a SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Elaboración de materiales para la manifestación por el cierre de los zoológicos estatales

Este lunes 18 de abril, de 5 a 8 pm, se les invita a participar en la elaboración de mantas y materiales para la manifestación por el cierre de los zoológicos estatales Simón Bolívar y Santa Ana. Se van a reunir en el Frente Ecologista Universitario, un local marcado con graffiti de abeja, ubicado en el «edificio Saprissa» en San Pedro, frente al girasol del edificio de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.

Se elaborarám materiales para la manifestación en el MINAE del lunes, 16 de mayo, donde se exige el fin del contrato entre MINAE y FUNDAZOO, un primer paso hacia el cierre definitivo de los zoológicos estatales. Para este lunes se puede llevar pintura, tela, cartulinas, marcadores o solo ganas de trabajar.

Compartido por Proyecto Tapir y la campaña Yo NO Voy Al ZOO

Más información en: Proyecto Tapir o en la página de Facebook de la campaña.

Tertulias nocturnas en el corredor con el abuelo

Bernardo Archer Moore

Es un sabor de la historia reciente para los amantes de la lectura.

La mayoría de nuestros abuelos, y en muchos casos bisabuelos, llegaron a Costa Rica en los albores del siglo anterior (1900), con una mano delante y la otra detrás.

Hicieron cualquier trabajo disponible para sobrevivir y pasaron su tiempo fuera de las horas de trabajo de la hacienda haciendo sus propias granjas.

Impulsados por su propósito, soportaron alegremente tales sacrificios y, a veces, dificultades. Algunos pueden preguntarse, ¿cómo puede alguien ser feliz en circunstancias tan adversas?

Cada pequeño paso que dieron hacia su objetivo de brindar una mejor calidad de vida para sus futuras generaciones, trajo alegría a sus corazones y almas.

Fue así como en menos de cuatro décadas y, a pesar de no poder hablar el idioma español con fluidez, lograron forjar una base económica comunitaria autosuficiente, lo que captó la preocupación de los ciudadanos de clase alta, así como de los funcionarios del gobierno.

Que tomó cartas en el asunto de inmediato, al condicionar a la United Fruit Company, a «no emplear negros del Atlántico» en la nueva Concesión del Pacífico. Entidad que era el empleador más grande del país en ese momento.

Entonces, así fue como de repente se encontraron atrapados en un país extranjero, con las puertas del mayor empleador de mano de obra del país cerradas para los inmigrantes negros y sus hijos. (Decreto Ley No.13 de 1935).

Ese incidente marcó un hito para la relación racial en Costa Rica durante la siguiente mitad de siglo. Además de ser la primera evidencia documentada de políticas gubernamentales dirigidas a frenar la riqueza y el progreso de las familias negras en el Caribe.

Sin mucho alboroto las familias se dividieron, y mientras que los más adultos se quedaron para proteger sus tierras, los jóvenes más aventureros emigraron al sur para buscar empleo en el país vecino de Panamá, particularmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Ciudad de Panamá.

Por medio de un mensajeros personales o viajeros («ferrocarril subterráneo») los hijos, hijas, padres y hermanos mantuvieron una comunicación constante a través de las líneas fronterizas, durante las siguientes dos décadas (mediados de los años 30 a mediados de los 50); cuando algunos decidieron regresar a casa, mientras que otros se dirigieron a Estados Unidos.

Aquellos que regresaron a Costa Rica, se unieron a sus padres o parientes mayores para proteger y continuar desarrollando las propiedades de la familia; eso para evitar que la historia se repitiera.

Por su parte, quienes continuaron su migración a Estados Unidos nunca olvidaron a sus familiares en Costa Rica.

Aparte de apoyarlos económicamente con remesas periódicas de acuerdo a sus propias limitaciones, ayudaron a sus familiares y amigos a llegar también a EE.UU. donde había mayores oportunidades de trabajo y una mejor calidad de vida.

Creándose así la corriente migratoria de la década de 1960 desde la provincia de Limón hacia América del Norte; que se convirtió en el bombo popular del momento.

Por otro lado, a principios de los años 70, la riqueza y la prosperidad de las familias negras costarricenses estaba en un pico histórico, con la tenencia masiva de tierras, que no solo incluían hermosas propiedades frente al mar; sino, también cientos, si no miles de hectáreas de las tierras más fértiles y productivas del interior de la región caribeña, pero sin las familias para desarrollarlas debido al ya citado desarraigo.

Evidentemente, la «gran solución» de las autoridades gubernamentales de 1935 no cumplió sus propósitos; lo que los llevó a experimentar con un nuevo método en la década de 1970.

Lo que resultó en la confiscación masiva de sus tierras, paralela a una política de redireccionamiento de inversiones destinadas para la región, tanto privadas como públicas; así como las de empresas extranjeras.

Si bien no se emiten recibos por actos de racismo y corrupción, tenemos el triste recuerdo del caso documentado de la compañía JACK ROYAL PARKER ASSOCIATE, INC.

Empresa con sede en New Jersey, Estados Unidos, que en 1978 se interesó en establecer Parques Industriales y Zonas Francas en Limón, para albergar al menos 22 empresas industriales, lo que generaría un estimado de 4,500 nuevos empleos en aquel momento.

A pesar de los esfuerzos incansables de nuestro entonces Congresista Daniel Jackson Freedman y el apoyo de la Junta Directiva y Ejecutivos de Japdeva, este esfuerzo pionero de crear PARQUES INDUSTRIALES Y ZONAS FRANCAS EN EL CARIBE se vio frustrado, solo para reaparecer con fuerza en el Valle Central una década después; específicamente en Alajuela y Heredia (Zona Franca BES en El Coyol de Alajuela y Ultrapark en El Barreal de Heredia). Ambos con autorización de funcionamiento a partir de 1990.

El alcance de dicha actividad económica hace 7 años superaba los 80.000 empleados.

Según un informe de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) titulado: «Balance de las Zonas Francas», «el empleo directo formal generado por las empresas en zona franca fue de 82.086 en el 2015». Con un «beneficio país neto de $3.179 millones».

Ahora, ¿te imaginas cómo se vería hoy el Cantón Central de Limón (Ciudad de Limón) y la costa del Caribe con una cuarta parte de esos empleos (20,000)?

Sin duda, habría alterado el continuo desarraigo de jóvenes limonenses hacia Estados Unidos y el valle central del país en busca de oportunidades laborales, con la consecuente división y debilitamiento de familias y comunidades; tal como les sucedió a nuestros antepasados cuatro décadas antes con la prohibición de trabajar con la United Fruit Company en las fincas del Pacífico, citada anteriormente.

Así las cosas, el fracaso del más reciente Proyecto “LIMÓN CIUDAD PUERTO”, liderado por el hermano del entonces Presidente de la República, debe verse en el contexto de una continuidad política institucionalizada, orientada al desarraigo y desintegración de las familias negras limonenses; aunque también afecta a familias no afrocostarricenses que ahora viven en el Caribe.

Bajo el mismo lente, debemos mirar y evaluar las políticas gubernamentales actuales respecto a las áreas de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), declaratorias de «Patrimonio Natural Estatal (PNE)» y Territorios Indígenas, que incluyen propiedades ancestrales de familias afrocostarricenses, y a quienes ellos hayan vendido por razones de necesidad y subsistencia.

Sin duda estamos en la encrucijada de una batalla centenaria, que solo unidos venceremos tal desafío de no caminar por el mismo camino de nuestros ancestros.

Publicado originalmente en https://www.facebook.com/296937617065353/posts/5071836032908797/?sfnsn=mo

Diplomado en Feminismos Populares

En memoria de Francesca Gargallo

El próximo 7 de abril de 2022 darán inicio las clases del diplomado en Feminismos Populares.

Tendrá una intensidad horaria de 120 horas compuestas por 60 horas en línea o presencial remota más 60 horas de trabajo autónomo. 

Quienes impartirán las clases son las maestras:

Adriana Guzmán, Bolivia.

Aura Isabel Mora, Bolivia.

Virgelina Chará, Colombia.

Juana Ochoa, Colombia.

Claudia Korol, Argentina.

Silvia Siderac, Argentina.

Tatina Gutiérrez, Colombia.

Angélica Nieto, Colombia.

Rocío Martínez M., Colombia.

Información de contacto:

Centro de Investigación y Formación Popular-CIF

Correo electrónico: unitierraymemoriaofb@gmail.com 

Telefono: +57 350 300 9570

Dirección: Cra. 16 # 37 – 11 – Barrio Teusaquillo, Bogotá D.C – Colombia.

Patrocinado por:

Centro de Investigación y Formación Popular-CIF

Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Fals Borda.

Universidad de la Frontera.

Universidad Austral de Chile.

Saber Vivir

El próximo lunes 04 de abril de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. se realizará una actividad sobre “Características del Envejecimiento en las Personas Sexualmente Diversas”. 

El programa está bajo la dirección de la Licda. Gloriana Rodriguez, con Marco Castillo de la Junta Directiva de la OIDHCR y Msc. Willy Chaves Cortés de la Fundación Munakuy.

La Fundación Munakuy tiene un hogar para personas mayores interseccionales.

Se transmitirá a través de la plataforma Facebook Live de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDHCR).

Información de contacto:

WhatsApp: 8694-1745

Redes Sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/oidhcr/ 

Twitter: https://twitter.com/oidhcr 

Un ataque directo al corazón de los principios republicanos, contra la democracia y el Estado social de Derecho

Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Uno de los derechos democráticos fundamentales, es aquel que tutela la libertad religiosa, es decir, el derecho de cada persona a profesar la fe que prefiera, y hacerlo sin ser de ninguna manera importunada, ni mucho menos perseguida. En las sociedades contemporáneas, complejas y heterogéneas, tal cual es la sociedad costarricense actual, la plena vigencia de este principio exige que exista cierta saludable distancia entre la política y, en general, el manejo de los asuntos públicos, respecto de la religión. Porque, en un contexto democrático y republicano, al Estado de derecho le toca velar por el respeto de todas las expresiones religiosas, con especial atención a las religiones minoritarias que, por ello mismo, podrían en mayor grado ser vulnerables. Lo cual materializa un principio republicano fundamental, que aspira a la plena igualdad ante la ley, y, por lo tanto, a la supresión de cualquier tipo de privilegio a favor de un sector u otro de la sociedad.

En Costa Rica, según un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR), publicado en julio de 2021, el 47,5% de la población se declaraba católica, y un 19,8% evangélica. De tal modo, cerca del 33% de la población costarricense -una de cada tres personas- se identifica con otras denominaciones religiosas (como el judaísmo o el islamismo), u otras formas de espiritualidad, o bien son personas que se consideran a sí mismas agnósticas o ateas.

Claramente tenemos ante nuestros ojos la realidad de una sociedad compleja y diversa. Frente a eso, los principios fundamentales del republicanismo, la democracia y los derechos humanos, establecen una obligación ineludible: en este multicolor conglomerado social y humano, ninguna persona merece menos respeto que cualquiera otra, indistintamente de si es católica, evangélica o de otra confesión religiosa, o si es no creyente. Por otra parte, esa es la base, absolutamente indispensable, en que descansa el principio de libertad religiosa.

Alarma que los candidatos presidenciales que disputan la segunda ronda electoral, señores Figueres Olsen y Chaves Robles, no hayan dado muestras de entender claramente lo que eso significa, y de las grandes implicaciones que de ahí se derivan. El que llegue a ser presidente, debe ser presidente de todos y todas, y para todas y todos, sin distingo de fe religiosa. No puede gobernar condicionado a ninguna fe religiosa particular, sea esta la que fuere, porque al hacerlo así, automáticamente dejará por fuera a quienes no profesen esa religión.

Ahí está el germen de la violencia contra los derechos humanos, las libertades ciudadanas, la república, la democracia y el Estado social de derecho. Más aún, ahí está el germen que puede destruir la paz social.

Es gravísimo que haya líderes religiosos dispuestos a subordinar la democracia a su fe religiosa, a sabiendas de que, al hacerlo así, estarán atropellado los principios republicanos de igualdad ante la ley y de universalidad de los derechos humanos, en que se asienta nuestro Estado social de derecho y la democracia ¿Acaso no captan que su propia libertad religiosa depende del respeto a la libertad de las otras personas para tener una fe distinta, no tener fe alguna o, en fin, vivir otras formas de espiritualidad?

Más que terrible, es sumamente peligroso que haya candidatos presidenciales que subordinan su eventual gobierno a las consignas e imposiciones de una religión en particular, y todavía peor, cuando se firman documentos de compromiso, en que se llega al extremo de entregar en manos de los representantes de una religión particular, nombramientos en ministerios importantísimos como Salud, Educación y Relación Exteriores.

Detrás de esto hay un ataque directo al corazón mismo de la república y la democracia, orquestado por líderes religiosos que no tiene escrúpulo en imponer sus intereses inmediatos y directos, incluso en prejuicio de la paz social. Pero muchísimo más grave es que tengamos dos candidatos presidenciales incapaces de asumir, como les corresponde y es su obligación, una posición de defensa de los principios republicanos, y de resguardo de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos. Es indignante verlos claudicar, con tal grado de ligereza e irresponsabilidad, ante imposiciones abiertamente antidemocráticas y contrarias a la igualdad y los derechos humanos.

Hacemos un llamado vehemente a ambos candidatos presidenciales para que enmienden de inmediato la peligrosa deriva antidemocrática y antirrepublicana en la que se han embarcado. Y ante la ciudadanía costarricense, advertimos acerca del grave peligro que esto comporta. La democracia y el Estado social de derecho están siendo puestos en gravísimo peligro.

Por el Movimiento Diversidad Abelardo Araya

Luis Paulino Vargas Solís

Cédula 2-0327-0373

Erika Susana León Rey

Cédula 1-0871-0011

Víctor Hugo Monge Aguilar

Cédula 1-0432-0270

Masacre de Sharpeville en Sudáfrica

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial queremos visibilizar lo ocurrido el 21 de marzo de 1960, durante la Masacre de Sharpeville en Sudáfrica, que dio origen a esta conmemoración.  

Este día, murieron y resultaron heridas cientos de personas que protestaban de forma no violenta contra la ley de bases del régimen autoritario y racista del Apartheid, que tuvo una vigencia desde 1948 hasta 1993. 

Este sistema social racista clasificó a las personas y las familias de acuerdo con la apariencia física y su ascendencia cultural, separando la sociedad en grupos de blancos y negros, reproduciendo la idea de que eran razas distintas. Se promulgaron leyes que limitaban la participación en la política, en el comercio y el ejercicio de los derechos fundamentales de las poblaciones negras, además de una segregación geográfica y de los espacios públicos cotidianos. 

En Costa Rica tenemos todavía un amplio camino por recorrer para que todas las personas y grupos culturales cuenten con los mismos derechos, dado que el racismo y la discriminación étnico-cultural siguen reproduciéndose en nuestros vínculos familiares, comunitarios, institucionales y comerciales. 

Les recordamos que la UCR cuenta con un reglamento contra la discriminación y una Comisión Institucional donde pueden denunciar el racismo. 

¡Luchemos contra el racismo!

Más información en nuestro Portal OBCRA: obcra.fcs.ucr.ac.cr

Para ampliar la información anterior puede dirigirse al siguiente enlace:  https://fb.watch/bUubd45mbV/ . El cual es un mensaje del proyecto de acción social: observatorio para la acción contra el racismo y la asociación de estudiantes de antropología Social y arqueología.