Organizaciones de personas con discapacidad entregarán a Gobierno propuesta de líneas de trabajo conjunto 2015 – 2016
Empleo y trabajo, salud, educación y transporte público accesible, son las prioridades
Plan es para periodo 2015-2016 y responde a las recomendaciones del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU
El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), ente rector en discapacidad en nuestro país, realizará en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el Encuentro Nacional de Organizaciones no Gubernamentales 2014, denominado “Hacia la toma de conciencia de los derechos de las personas con discapacidad y el fortalecimiento de sus organizaciones”. Este encuentro se concibe como un espacio facilitado por el Consejo para la promoción de un diálogo entre ONG´s de personas con discapacidad, representantes de otras ONG´s y de la institucionalidad pública.
Además, “se contará con la participación de la vicepresidenta Ana Helena Chacón y otras autoridades de Gobierno, funcionarios públicos y representantes de ONG de personas con discapacidad de todo el país, además de panelistas y facilitadores nacionales e internacionales, quienes transmitirán a las personas participantes, su amplia experiencia organizativa, las buenas prácticas que han realizado para el fortalecimiento organizativo y la defensa de los derechos humanos”, declaró Elsie Bell Pantoja, jefa de la Unidad de Acciones Rectoras del CNREE, instancia organizadora del Encuentro.
Como punto culminante del Encuentro, las personas representantes de ONG de personas con discapacidad que fueron escogidos como delegadas en los encuentros regionales que se realizaron durante 2014, entregarán a las Autoridades de Gobierno, una propuesta de acciones de trabajo conjunto para el periodo 2015 – 2016 en cuatro temas que se han considerado estratégicos y que requieren atención prioritaria para la reducción de brechas de cumplimiento de derechos de las personas con discapacidad: empleo y trabajo, salud, educación y transporte público accesible.
El evento se llevará a cabo los días 04 y 05 de diciembre de 2014, en las instalaciones del Hotel Park Inn y es el corolario de los encuentros regionales que durante el año se han realizado en todas las regiones de país con integrantes de las organizaciones de personas con discapacidad.
La comunidad indígena Bribri de Salitre comunica y denuncia:
Gobierno incumple acuerdos firmados en julio
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
Costa Rica. Miércoles 3 de diciembre de 2014.
Representantes de la comunidad indígena Bribri de Salitre denunciaron públicamente en conferencia de prensa que el Gobierno de Luis Guillermo Solís no ha cumplido con los acuerdos alcanzados con esta comunidad indígena en el mes de julio con ocasión de los hechos de violencia perpetrados en el territorio indígena por un grupo de terratenientes usurpadores y agresores.
Dentro de los acuerdos y con el fin de garantizar la integridad territorial y física de las y los habitantes indígenas de Salitre, el Gobierno se comprometió a establecer un puesto policial en la comunidad; compromiso que no ha sido cumplido hasta el día de hoy y que ha permitido nuevas agresiones a la comunidad, entrada de armas a la misma y nuevas invasiones por parte de estos terratenientes.
También se había acordado que no habría más recuperaciones por parte de los indígenas, compromiso que la comunidad Bribri ha cumplido; además los no indígenas tampoco realizarían más actos de intimidación en el territorio y que las fincas recuperadas debían mantenerse en manos de los beneficiarios indígenas recuperadores.
La comunidad denuncia que debido a la inacción e incumplimiento del gobierno; en estos 5 meses se han dado varios actos de intimidación, amenazas e invasiones en el territorio por parte de agresores y usurpadores no indígenas; como es el caso de las agresiones del 9 de setiembre en la comunidad de Rio Azul, donde William Arias, su hermano y otros intimidaron, dispararon armas de fuego y quemaron el rancho que la familia de Adelita Delgado había construido en la finca recuperada desde julio.
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Representantes de la comunidad Bribri de Salitre denuncian que debido al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de julio se han dado tres nuevas invasiones en el territorio, acompañadas de actos de violencia, agresión, quema de ranchos y amenazas.
El miércoles 19 de noviembre de 2014 al ser las 8 a.m. el no indígena Carlos Humberto Gómez Villanueva y tres sujetos más invadieron la finca de la indígena Camelia Morales Ortiz sacando a su familia bajo una lluvia de balas obligándolos a refugiarse en la montaña y posteriormente quemando su rancho.
El día domingo 23 de noviembre al ser las 5 p.m. un grupo de 9 personas no indígenas invadieron la finca del indígena Santos Figueroa Vidal, amedrentándolo con armas de fuego y amenazas de muerte. El mismo domingo, un no indígena de nombre Oscar Solís Ruiz y tres hombres más invadieron la finca de la señora indígena María de los Ángeles Morales Figueroa, expulsando y obligando a la familia a dormir en la calle luego de verse amenazados de muerte con armas blancas.
Ante estas agresiones e invasiones debidamente denunciadas y comunicadas al Gobierno, hasta el día de hoy el gobierno de Luis Guillermo Solís no ha dicho, ni hecho absolutamente nada, incumpliendo una vez más los acuerdos del mes de julio.
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
De acuerdo a un documento comunal de fecha 23 de noviembre de los corrientes dirigido a la Viceministra de presidencia Ana Gabriel Zúñiga, la comunidad indígena exige en estos momentos al Ejecutivo y al gobierno en general:
– La ejecución de tres auxilios policiales que plantearon referidos a las recientes invasiones y que pretenden poner en posesión a las familias indígenas recuperadoras
– Ejecutar 7 desalojos administrativos requeridos a ese despacho desde setiembre, sobre terrenos invadidos por terratenientes plenamente identificados.
– Brindar seguridad y garantizar la integridad física de las personas expulsadas de sus tierras en las últimas invasiones del mes de noviembre
– Pronta intervención en la continuación de la revisión de los límites territoriales.
Comunidad considera que encarcelación de Sergio Rojas es un abuso
La forma en el proceso que le siguen al compañero Sergio Rojas es totalmente contraria a los principios de aplicación de la justicia, es inconcebible que tanto la Fiscalía de Asuntos Indígenas como la Jueza se hayan ensañado con nuestro compañero admitiendo las acusaciones sin haber investigado lo suficiente como para dictarle tales medidas. Si hay una investigación estamos de acuerdo que investiguen, pero no logramos entender cómo la Fiscalía de Asuntos Indígenas autoriza y encabeza un operativo de tal magnitud, donde humillaron y maltrataron a nuestros hermanos, tengamos hoy un preso político y no cualquiera, sino un líder indígena que ha estado luchando por los derechos territoriales del pueblo indígena Bribri de Salitre.
Por otra parte según el convenio 169 en su artículo 10.2 “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” razón por la cual ni Sergio ni otro compañero indígena debe mantenerse encarcelado pues dichas medidas son violatorias a nuestros derechos.
Comunidad y organizaciones sociales lanzarán campaña nacional e internacional de presión contra Gobierno
Además, la comunidad anunció que en coordinación con diversas organizaciones sociales estarán realizando una campaña nacional e internacional informativa y de presión contra el Gobierno de la república por violación a los derechos humanos del pueblo Bribrí de Salitre, al no cumplir esta administración con diversos acuerdos con la comunidad.
Miércoles 3 de diciembre de 2014
Felipe Figueroa
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8409-9129
Marino Delgado Rojas
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8581-9307
Comunidad Bribri de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur-Sur
Ditsö
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
Representantes del Territorio Indígena de Salitre, denuncian e informan a la comunidad nacional e internacional
• Los últimos hechos de violencia en contra del Pueblo Bribri de Salitre
• El no cumplimiento de los acuerdos entre el pueblo Salitre y el actual gobierno de Luis Guillermo Solís, firmados en julio del presente año
• Inicio de la campaña nacional e internacional de denuncia al estado costarricense y al actual gobierno de Luis Guillermo Solís, por violación de derechos al Pueblo Bribri.
El pueblo Bribri de Salitre y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y Ditsö invitan a la conferencia de prensa, a realizarse este miércoles 3 de diciembre en las instalaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a la 1:30 p.m. (detrásdel comedor estudiantil).
El pueblo indígena de Salitre desde hace algunos años viene desarrollando procesos importantes de recuperación de tierras y de consolidación de mecanismos de gobierno propio, amparados en la legislación nacional y en una serie de convenios internacionales suscritos por el estado costarricense. Ante estos procesos, un grupo de personas no indígenas, completamente identificado, compuesto por terratenientes, personas no indígenas y políticos, han perpetrado una serie de actos de violencia contra el pueblo indígena.
Dentro de los actos perpetrados se encuentran; ataques con arma de fuego, machetes, atentados contra la vida, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de casas, amenazas, lesiones graves y otros actos violentos. Estos hechos están debidamente denunciados ante las instancias públicas correspondientes, y se remontan al menos al año 2012, sin que hasta el momento haya habido ni una sola acción en el sentido de garantizar la integridad territorial y personal indígena, por parte de la Fiscalía de la República.
En julio del presente año, como consecuencia de graves actos de violencia contra indígenas (quema de casas, amenazas de muerte, persecución armada de hombres y mujeres indígenas, interrupción de la electricidad, bloqueo del territorio y otros) el pueblo de Salitre firmó una serie de acuerdos con el gobierno actual de Luis Guillermo Solís, mismos que hasta el día de hoy no han sido cumplidos. Producto de este grave incumplimiento por parte del gobierno actual de los acuerdos, entre los días del 19 y 24 de noviembre del presente año, se han perpetrado nuevos hechos de violencia, donde agresores armados amenazaron familias e invadieron 3 fincas indígenas recuperadas legítimamente por la comunidad.
Ante esta grave situación de violación de derechos humanos y de impunidad y violencia, que vive hoy el Pueblo Bribri de Salitre; en la conferencia se hará un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se acompañen las demandas y exigencias del Pueblo Bribri de Salitre. Así como se denunciarán los graves hechos de violencia recientes y se darán a conocer detalles de la campaña internacional de denuncia al estado y el actual gobierno costarricense por violación de derechos al Pueblo Bribri de Salitre.
Para mayor información, por favor contactar a:
Gustavo Oreamuno de Ditsö / correo: ditso.org@gmail.com
«Todos los días se cometen actos contra las mujeres que son considerados delitos en nuestro ordenamiento penal. Sin embargo, la mayoría de estos delitos quedan impunes y muchas personas aún los toleran y justifican» Fuente: Inamu. (foto Archivo ODI).
En medio del trajín del fin de semestre y el inicio de la época navideña docentes y estudiantes de la Escuela de Psicología de la UCR dedicaron un día a reflexionar y plantear nuevas perspectivas sobre una realidad muchas veces invisibilizada que afecta la sociedad costarricense: la violencia de género.
En este encuentro se presentaron trabajos de investigación y se analizan nuevas líneas en las que la Escuela de Psicología puede seguir aportando conocimientos, según detalló la profesora M.Sc. Adriana Rodríguez, coordinadora del Área de Psicología Comunitaria.
Aportes a la investigación
La Dra. Mirta González instó al público a pasar del discurso a la acción y poner un alto a la violencia en la vida cotidiana (foto Laura Rodríguez).
Durante la jornada las estudiantes de Psicología Bach. Angianeth Solano y Jéssica Ugalde revelaron interesante hallazgos de su investigación sobre “Conocimientos, actitudes y prácticas que adolescentes jóvenes, entre 12 y 14 años, poseen respecto al inicio de la vida sexual”.
Así mismo, la Bach. Nathalia Núñez y Carolina Ramírez tuvieron oportunidad de compartir sus avances sobre el tema de“Amor y duelo: una lectura psicoanalítica de lo generacional en la dinámica subjetiva de mujeres adultas jóvenes ante la ruptura de pareja”.
Por su parte, la Licda. María Ana Fallas ofreció elementos para comprender como opera la Violencia filioparental: Relación madre agredida/hijo(a) agresivo (a), en mujeres que también son víctimas/sobrevivientes de violencia por parte de su pareja.
Este encuentro permite analizar hacia dónde van los estudios de género en la Universidad de Costa Rica y cuáles son los retos que se vislumbran acotó la M.Sc. Adriana Rodríguez (foto Laura Rodríguez).
Para el profesor Dr. Mauricio Leandro estos espacios son valiosos en cuanto les permite compartir avances y al mismo tiempo recibir observaciones desde el punto de vista metodológico que ayuden a fortalecer la investigación.
El encuentro contó con la participación de dos investigadoras del Centro de Investigación y Estudios de la Mujer (CIEM); La Dra. Gabriela Arguedas, quien ofreció una aproximación conceptual a la violencia obstétrica y la M.Sc. Sylvia Mesa compartió los detalles de la etapa de diseño de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres.
“Las 100 caras de la violencia”
La investigadora Dra. Mirta González Suárez ofreció la conferencia inaugural titulada “Las 100 caras dela violencia”en la cual hizo un recorrido por los capítulos del libro que compiló junto a Mario Alberto Sáenz Rojas, publicado recientemente por la Editorial Guayacán.
El libro La violencia en Costa Rica en los Albores del Nuevo Milenio, recoge una serie de artículos académicos en los cuales se abordan temas como las causas del incremento de la violencia y el delito en Costa Rica.
Estudiantes de Psicología participaron del encuentro que se realizó en el miniauditorio de la Facultad de Ciencias Sociales (foto Laura Rodríguez).
En esta compilación se encuentran valiosas aproximaciones a la violencia en la niñez, la violencia institucional y la violencia hacia el ambiente. Además, la violencia económica, cultural, sociopolítica, la violencia vial y en los espectáculos masivos también se analiza a fondo.
Para Mirta González este libro es un esfuerzo de varios profesionales de psicología por recoger aspectos básicos de la violencia en Costa Rica, no obstante reconoce que aún hay muchos temas por abordar como la violencia en el trabajo o contra los animales.
La investigadora señaló que la sociedad pasa por un proceso de desensibilización sistemática que acostumbra a las personas al punto de no percibir la violencia y el sufrimiento humano.“La violencia va contra la salud mental y los derechos humanos”acotó González, y por eso insistió en la necesidad de que cada persona haga un alto en el momento en que la violencia se manifiesta desde las formas más sencillas en la vida cotidiana.
La investigadora cerró su conferencia haciendo una reflexión sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, un ejemplo del extremo al que puede llegar la violencia en una sociedad donde reina la impunidad.
Datos violencia contra las mujeres
Delitos por aplicación de la Ley de penalización de violencia contra las mujeres (2011-2013):
46.645. Promedio diario 43
Violación o tentativa de violación (2011-2013):
5.071. Promedio diario 4.5
Mujeres solicitantes de medidas de protección por la Ley contra la violencia doméstica (2013):
50.237. Promedio diario 138
Violencia patrimonial con respecto a pensiones alimenticias:
247.039 pensiones otorgadas. Monto promedio ¢89.703
La Red de Mujeres Rurales, especialmente las compañeras de Almendros de Siquirres, reconoce las muestras de solidaridad y apoyo que recibimos ante el inminente desalojo de 127 familias de la comunidad. Todas las manifestaciones y reacciones generaron presión a Casa Presidencial y contribuyeron a suspender el desalojo.
Esta presión a Casa Presidencial condujo a la solución momentánea de la situación que viven las familias de Almendros. En lo inmediato, el día lunes 1 de diciembre al finalizar la tarde, parecía que se había logrado detener el desalojo.
Queremos informar a la opinión pública, a las organizaciones solidarias, a las personas interesadas en la justicia y los derechos humanos lo sucedido en los días 1 y 2 de diciembre.
El lunes 1, a las 8 de la mañana, se presenta un grupo de compañeras a Casa Presidencial para conocer si efectivamente la Vicepresidenta había firmado la orden de desalojo y porqué.
Nos enteramos que efectivamente la Vicepresidenta Ana Helena Chacón había firmado la orden de desalojo.
En Casa Presidencial se muestra disposición a detener el desalojo y se nos comunica que cuando se firmó la orden no se tenía idea de que el desalojo tenía consecuencias sociales.
Los actos de celebración de la abolición de ejército impedían que durante la mañana se avanzara en detener el desalojo, mientras la Alcaldía de Siquirres envía un perito a la finca y la abogada Berny Argentina Delgado, abogada del difunto que fuera dueño de la finca años atrás, llega también a la finca.
El perito de la municipalidad llega a medir los terrenos que habitan las familias en Almendros para determinar el área a desalojar más tarde con la policía y tractores, produciendo aún más angustia en las familias humildes que viven ahí.
En las conversaciones en Casa presidencial a lo largo del día y en comunicaciones con otras personas colaboradoras surge la vía de presentar un recurso de revisión ante el Ministerio de Seguridad.
En horas de la tarde del lunes un grupo de compañeras presentan un recurso de revisión de la orden de desalojo ante el Ministerio de Seguridad, y el Ministerio emite una “Solicitud de suspensión de desalojo administrativo”, firmada por Lic. Ovidio Paniagua, de Desalojos Administrativos, en el que se dirige a la Policía de Limón, para “suspender provisionalmente” el desalojo contra Julio Gómez Rojas y otros. La orden de desalojo que se había firmado en Casa Presidencial era contra las compañeras Yancy Castellón y otros. Es necesario también destacar que en el proceso de emisión de la orden de desalojo en el Ministerio de Seguridad se le cambió el número al expediente.
Las compañeras se percatan del aparente error cometido en el Ministerio de Seguridad al suspender la orden de desalojo contra otros, (habitantes de una finca colindante contra quienes no hay orden de desalojo) y estrictamente no se estaba suspendiendo la orden de desalojo contra las familias que realmente estaban en riesgo de ser desalojadas. Para entonces ya había finalizado la tarde y no era posible volver al Ministerio de Seguridad. Vuelven a sus casas a tres horas de San José y sienten, a pesar de las palabras en Casa Presidencial de que no habrá desalojo, que en esa confusión en los nombres hay gato encerrado.
El martes una delegación de compañeras regresa al Ministerio de Seguridad para que el Lic. Ovidio Paniagua corrija la suspensión de la orden de desalojo y hay resistencia absoluta para hacerlo. Las compañeras piden el expediente para sacarle fotocopia y vaya sorpresa: El Ministerio de Seguridad ha enviado vía fax la orden de desalojo contra Yancy Castellón y otros, porque tal y como lo pensaban las compañeras, con el cambio de nombre, la orden de desalojo contra las familias seguía vigente.
Llevaron casi dos horas de forcejeo, llamadas de Casa Presidencial y presiones para que el Lic. Ovidio Paniagua Ortiz de Desalojos Administrativos del Ministerio de Seguridad corrigiera la orden de suspensión del desalojo contra 127 familias.
Ante estos hechos cabe formularse una serie de preguntas:
¿Por qué la alcaldía tenía la orden de desalojo antes de que fueran notificadas las familias?
¿Por qué se pretendía proceder con el desalojo sin haber seguido el procedimiento y los plazos de notificación a las familias afectadas?
¿Por qué la abogada del difunto ya había sido informada de la orden de desalojo cuando las familias afectadas no han sido notificadas que serían desalojadas?
¿Por qué el Ministerio de Seguridad al elaborar la orden de desalojo argumenta que las personas a desalojarse no son conocidas en la comunidad si basta con entrar y preguntar a cualquiera para encontrarlas ya que es una comunidad con casitas humildes bastante cercanas unas de otras?
¿Por qué se le cambió el número al expediente?
¿Será que quienes están interesados en apropiarse de la finca creen que pueden atropellar los derechos de las familias humildes?
¿Por qué en el Ministerio de Seguridad no querían hacer la corrección de la suspensión de la orden de desalojo?
¿Será que en el Ministerio de Seguridad hay quienes están involucrados y junto con los demandantes tiene intereses y también quieren la finca?
Llamamos a las organizaciones, a todas las personas interesadas en la justicia y los derechos humanos a estar pendientes, porque esto es solo una suspensión provisional del desalojo.
La situación es confusa, las familias, mayoritariamente mujeres, tienen más de dos años de habitar y sembrar la finca. Ésta fue ocupada después de que murió el dueño, no hay herederos conocidos y demostrados, surgen interesados en la finca que no han probado su posesión sobre la finca o relación con el difunto, rondan rumores de intereses sobre la tierra de una transnacional piñera, de proyectos inmobiliarios y de otros.
Es preciso velar para que las familias habitantes de Almendros de Siquirres no sean desalojadas, tiradas a la calle y violentados sus derechos.
Con el objetivo de fortalecer el servicio que brindan las Casas Infantiles Universitarias a la comunidad estudiantil; la Universidad de Costa Rica conformó el año pasado una Comisión Institucional que se encargará de velar por la buena gestión de estos centros de cuido.
Se trata de la Comisión Institucional de Casas Infantiles Universitarias, la cual tiene entre sus funciones establecer las políticas de funcionamiento y brindar capacitación al personal de estos centros de formación.
Una de las funciones de la Comisión de Casas Infantiles Universitarias es evaluar la posibilidad de abrir nuevos centros de formación en otras sedes regionales (foto Laura Rodríguez).
La Casa Infantil Universitaria (CIU) es un servicio que le ofrece la UCR a estudiantes madres y padres que atraviesan una situación familiar, social o económica, que les dificulte la atención de sus hijos e hijas mientras realizan actividades académicas.
Actualmente son dos los centros que funcionan en la UCR, uno de ellos es la Casa Infantil Universitaria ubicada en la Sede Rodrigo Facio que cuenta con 10 años de trayectoria; y la segunda es la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente, en San Ramón la cual abrió sus puertas a la comunidad estudiantil en el año 2007.
La M.Ed. Dunia Navarro, coordinadora de Vida Estudiantil y el Dr. Henry Vargas, coordinador de investigación de la Sede de Occidente se reunieron con la Comisión para afinar algunos acciones que se deben implementar a futuro en la Casa Infantil de la sede (foto Laura Rodríguez).
Comisión visita Sede de Occidente
Como parte de sus funciones, la Comisión Institucional visitó este lunes 24 de noviembre, la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente.
Natalia Barrantes, es estudiante de Educación Inicial; ella y su hijo Ian Alpízar Barrantes son usuarios del servicio de la Casa Infantil Universitaria de San Ramón (foto Laura Rodríguez).
Durante esta visita, los miembros de la comisión recorrieron las instalaciones y observaron más a fondo la dinámica diaria del centro de cuido.
El Dr. Gustavo Garita Sánchez director de la Oficina de Orientación, quien preside la comisión, aseguró que el objetivo principal de estas visitas, es evaluar el funcionamiento de las Casas Infantiles Universitarias y detectar las posibilidades de mejora.
Los miembros de la comisión también se reunieron con la coordinadora de Vida Estudiantil, la M.Ed. Dunia Navarro y con el coordinador de Investigación, el Dr. Henry Vargas (representante de la directora Roxana Salazar), para definir una línea de acción para la Casa Infantil Universitaria de la Sede de Occidente.
Las Casas Infantiles Universitarias se rigen por un reglamento aprobado por el Consejo Universitario y están a cargo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (foto Laura Rodríguez).
La Comisión Institucional de Casas Infantiles está conformada por el Dr. Garita, la Licda. Ruth Mora, asesora de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y la M.Sc. Hannia Watson representante de los coordinadores de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales.
A ellos se les unen la M.S.P. Milagros Jaime, jefa del CIU de la Sede Rodrigo Facio; la Dra. Anabelle León, directora de la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica; la M.Sc. Ana Lobo, coordinadora de la CIU de la Sede de Occidente; y un representante de la comunidad estudiantil.
La Defensoría de los Habitantes solicitó la intervención urgente de las autoridades gubernamentales ante la situación de denuncia de nuevos hechos de violencia en territorio de Salitre.
Imagen con fines ilustrativos.
El pasado 7 y 8 de julio de 2014 se acordaron medidas para atender el conflicto de tierras en Territorio Indígena Salitre con el objetivo de garantizar el derecho a la seguridad e integridad de las personas que habitan en dicho territorio, así como la de sus bienes en consonancia con las obligaciones del Estado de velar por los derechos humanos respaldados en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Entre las medidas estaban la Viceministra de la Presidencia se comprometía a la instalación de un puesto de control y vigilancia por parte del Ministerio de Seguridad Pública en el Territorio Indígena Salitre para controlar el ingreso y egreso de personas al territorio y a reforzar la presencia policial en el punto de salida del mismo, en coordinación con la comunidad indígena, sin embrago, el 29 de octubre en una visita realizada por la Defensoría a Salitre, se constató que no existe ningún puesto de control policial, ni patrullaje.
Además se logró confirmar que la quema de algunas de las casas por parte de no indígenas y la forma en que son amenazados para salir de sus casas.
Los resultados finales para la admisión diferida se definirán 11 días después de publicarse las notas de corte para todas las carreras, el 27 de enero del 2015.
Para el 2015, la Universidad de Costa Rica (UCR) reservará 410 cupos en las diferentes carreras, sedes y recintos universitarios para los estudiantes provenientes de colegios cuya población estudiantil logre menos del 12% de ingreso a través del proceso de admisión ordinario. Esta iniciativa está plasmada en la Resolución de Admisión Diferida para Promover la Equidad emitida por la Vicerrectoría de Docencia el 20 de octubre del 2014.
Este proyecto fue elaborado gracias a un intenso trabajo conjunto entre las vicerrectorías de Docencia y de Vida Estudiantil con otras instancias institucionales. Tiene por objetivo proporcionar una admisión más equitativa a los estudiantes provenientes de centros educativos con menor ingreso a la UCR, y asegurar la excelencia académica.
¿Cómo funciona este mecanismo? Se establecerá una nota de admisión modificada por carrera, sede y recinto, según sea el caso, para el próximo año. Esta se obtiene mediante la resta de los cortes consecutivos del 2015 y de los últimos cuatro años (ver gráfico). Esas diferencias se suman y su resultado se divide entre cuatro para obtener un promedio de distancia de cortes.
Tomemos como ejemplo el ingreso a Ciencias de la Comunicación Colectiva. Una vez que se conozca la calificación que tendrá el último estudiante admitido en el proceso ordinario, el 16 de enero del 2015, se utilizará esa y las notas mínimas de admisión a esta carrera de los últimos cuatro años.
Suponiendo que para el 2015 el corte de esta escuela sea de 670 puntos, se resta la diferencia entre los cortes de los años consecutivos, es decir:
Luego esas diferencias se suman y el resultado final se divide entre 4 para saber cuál es el promedio, es decir: 39,38 ÷ 4 = 9,84. O sea, si el corte para el próximo año en Comunicación Colectiva fuera de 670, a éste se le restarían 9,84 puntos para definir la nota de admisión modificada, la cual quedaría en 660,16 puntos.
Esto no quiere decir que todos los colegiales provenientes de instituciones con un ingreso igual o menor al 12%, y que superen la nota de admisión modificada, van a ser aceptados. Eso dependerá de la cantidad de cupos disponibles para cada carrera, que serán asignados a las mejores notas de esta modalidad. En el caso de Comunicación Colectiva, por ejemplo, habrá dos cupos para admisión diferida, según la resolución que creó este sistema.
Si el postulante no consigue entrar en la primera carrera de su elección, inmediatamente el sistema se encargará de analizar la segunda opción de su solicitud en el proceso de admisión, utilizando el mismo sistema de cálculo que se aplica en el proceso ordinario.
Supongamos que “Marianela”, estudiante de uno de los colegios beneficiados, obtuvo un 655 y quería estudiar Comunicación Colectiva como primera opción y Psicología como segunda. Como ya vimos, la nota de admisión diferida de Comunicación sería de 660,16, por lo que ella no podría ingresar a esa carrera.
Pero en el caso de Psicología, si el corte ordinario fuese de 656, este se ubicaría en 609,1 puntos en el diferido, utilizando el mismo cálculo que se explicó anteriormente. Lo más probable es que Marianela consiga uno de los tres cupos que reservará Psicología para este sistema, pues ella tendría una nota muy alta (655), al quedar fuera por solo un punto de la admisión ordinaria.
Es importante destacar que los estudiantes que concursarán para entrar a la UCR en el 2015 no deberán hacer ningún trámite adicional para tener acceso al sistema de admisión diferida, pues todo será automatizado por medio de un programa informático que se encargará de hacer estos cálculos, dependiendo de las variables finales que se conocerán el 16 de enero del próximo año.
Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto E. Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, Universidad de Costa Rica.
La Red de Mujeres Rurales, se solidariza con el pueblo Bribrí que lucha por sus tierras, y exige que el gobierno respete las mujeres indígenas del Territorio Indígena de Salitre y al pueblo en general, que ha sido violentado por hacer valer su derecho a la tierra.
Imagen con fines ilustrativos.
En solidaridad con nuestras compañeras indígenas de Salitre y con ocasión del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, una delegación de la Red de Mujeres Rurales de otras comunidades y territorios hemos visitado el territorio indígena de Salitre, hemos escuchado a las compañeras, compartido la hostilidad y las agresiones que viven, la usurpación de sus tierras y hemos visto y conocido los daños causados por los usurpadores.
Los días 26 y 27 de noviembre nosotras mujeres bribris de Salitre y junto con otras mujeres de la Red de Mujeres Rurales, indígenas de otros territorios indígenas y campesinas de comunidades vecinas, nos hemos informado y queremos informar a todas las personas respetuosas de los derechos humanos.
Por eso denunciamos los siguientes hechos:
-Que el 5 y 6 de julio, alrededor de 200 personas no indígenas, usurpadores de territorios indígenas llegaron a Salitre y en estado de ebriedad bloquearon la entrada principal del territorio y a las 8 pm quemaron la vivienda de María Otilia Figueroa Calderón del clan Tuariwak, luego quemaron el rancho de las hermanas Heylin y Roxana Figueroa, ubicado en la finca Pinto (usurpada por la transnacional piñera PINDECO), a las 4 am quemaron el rancho de Yoelis Villanueva y a las 8 am del 6 de julio quemaron el rancho de Ademar otro compañero indígena.
-Que el 7 de julio se procedió a hacer las denuncias por los actos de violencia y la agresión sufrida y la respuesta de la fiscalía y el OIJ fue que por no tener culpables directos no recogerían la denuncia aunque nos asesoramos que podíamos denunciar por sospechas directamente a alguien, no nos tomaron la declaración.
-Que en esa semana se hicieron acuerdos con la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zuñiga, entre los que se consideró que la parte no indígena detendrían sus agresiones y usurpaciones, y que los indígenas no haríamos recuperaciones mientras se iniciara el proceso de desalojar a los finqueros que ocupan tierras en el territorio y acordamos que se respetaran los acuerdos por las tres partes: gobierno, finqueros e indígenas. Entre los acuerdos a los que el gobierno se comprometió fue de sacar a Tais Vidal Navarro, así como otros usurpadores del territorio, también a hacer un censo sobre la tierra y sus ocupantes, para definir sus derechos sobre la tierra si había ocupantes desde antes de la Ley de 1977. Otro acuerdo fue que habría un reten policial a la entrada de Cebror, para asegurar que los agresores no entraran con armas o productos quemantes para salvaguardar la integridad de los indígenas.
-Que estos acuerdos no fueron cumplidos por el Gobierno, ni por los no indígenas.
-Que el miércoles 19 de noviembre, los sikuas finqueros armados invadieron la finca recuperada por Camelia Morales Ortiz, quemándole el rancho y sus pertenencias, disparando y además de aterrorizarla a ella y a sus niños.
-Que el sábado 22 de noviembre estos individuos violentaron nuevamente a Camelia quemándole el rancho de su hermana, donde se resguardaba con su familia.
-Que el domingo 23 de noviembre, los no indígenas ingresaron a la finca recuperada por Santos Morales armados y lo despojaron de la finca quemándole su rancho y pertenencias.
-Que el reporte que da la policía ante los hechos es que no hay dichas agresiones y quemas, y cuando las indígenas tratan de denunciar estos actos de violencia no les toman la declaración, haciendo que esto quede impune junto con las agresiones anteriores.
-Que responsabilizamos al Estado por estos hechos de violencia por no actuar y no hacer que se cumplan los acuerdos, la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, además de no velar por los Derechos Humanos del pueblo indígena de Salitre.
-Que Carlos Gómez, Oldemar Rojas Ortiz, Wilbert Díaz López han amenazado con armas de fuego y han atacado con perros a Camelia Morales Ortiz. También el 29 de junio Carlos Gómez amenazada con cortarle la cabeza por estar defendiendo su derecho a la tierra.
-Que las mujeres de Salitre y sus familias han sufrido agresiones físicas y también agresiones verbales y amenazas, además de que los sikuas las están atemorizando disparando en las noches y si andamos por la calle nos echan el vehículo, por eso no nos sentimos tranquilas en el territorio, y nos preguntamos ¿Por qué tenemos que vivir con miedo en nuestro propio territorio?
-Que el OIJ no quiere reconocer los documentos que tenemos de nuestra posesión de la tierra, otorgados por la Asociación de Desarrollo del Territorio, y nos intimidan sobre nuestro derecho a estar en nuestro territorio.
-Que La fiscalía de asuntos indígenas de Buenos Aires no ha sido consecuente (ha actuado mal), no toman las denuncias presentadas en varias ocasiones, argumentan que los sikuas (no indígenas que han usurpado) tienen el derecho. Esto pasa porque quienes trabajan en la fiscalía también son sikuas y además son familiares de los usurpadores agresores.
-Que Camelia fue a denunciar la violencia de la que fue víctima y más bien se le acusó de haberse robado un ganado y no le tomaron la denuncia.
-Que nosotras como mujeres indígenas consideramos que son violaciones a nuestros derechos humanos. Los blancos no tienen derecho al territorio como lo dice la Ley Indígena de 1977.
-Que la violencia a las familias y los traumas que quedan en los niños, niñas y adolescentes, porque después de los ataques quedan temerosos, cuando queman ranchos no les importa que hayan niños y niñas. ¿cómo se logra la protección a las familias si en la fiscalía no atienden las denuncias?
-Que en las instituciones como OIJ y Fiscalía tratan a las y los indígenas de mentirosos (as), los policías dicen que no les creen lo que denuncian, cuando ese no es su trabajo, entonces los indígenas quedamos sin derechos.
-Que los gobiernos anteriores y el actual no hacen nada y son responsables de lo que sucede por su indiferencia, hablan de hacer un diálogo, pero al tiempo de ellos y ya como pueblos indígenas estamos cansados de que hablen tanto y no hagan nada. De que no respeten ni sigan la Ley solo está en el papel.
-Que PINDECO en el territorio de Salitre y en otros territorios indígenas contaminan la tierra, los ríos, el aire y decimos que el dinero no es lo único necesario, si no que es necesario conocer y tener donde sembrar. Los indígenas de por vida hemos amado la semilla criolla y no queremos que se pierda, ni que se siga perdiendo, los proyectos de los gobiernos tienen las mismas metas de contratos con las transnacionales agrícolas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
-Que el gobierno es cómplice de la situación de violencia que el pueblo bribri de Salitre está viviendo porque no ha hecho que se cumpla la ley indígena no. 6172 de 1977 , porque por ley los documentos que la ADI nos ha dado sobre la posesión de las tierras de nuestro territorio y de nuestros ancestros son legítimos pero la fuerza pública los pone en duda y si le dan valor a los documentos de los sikuas sobre la compra de los terrenos de nuestro territorio que son ilegales porque la Ley indígena dice que los terrenos de los territorios indígenas no se pueden vender, ni cambiar, ni arrendar, ni hipotecar.
-Que el gobierno está negando las formas de organización de los pueblos indígenas y exigimos que nos las respeten. Por eso es que los sikuas hicieron que Sergio Rojas esté en la cárcel y con eso creen que pueden hacer lo que quieran, además él le ha dado frente al gobierno y al proceso de recuperación de tierras y por eso “no cae bien ni al gobierno ni a los finqueros” . Por lo tanto se declaramos que el caso de Sergio Rojas es persecución política porque quieren obstaculizar nuestro proceso de reivindicación de nuestros derechos, las recuperaciones de tierra.
-Que el gobierno no ha hecho los estudios a los no indígenas para expropiarlos, ya que no son poseedores de antes de 1977.
-Que aunque los territorios demostraron buena fe con la mesa de diálogo, el gobierno no ha llevado a cabo acciones concretas.
-Que hay otras acciones de invasión a nuestros territorios como el proyecto Diquís y el programa REED +. Solo quieren quitar nuestros recursos y nuestros territorios.
Exigimos:
-Que nos escuchen y que se respeten los derechos de los indígenas dentro y fuera de los territorios.
-Que no hayan mas amenazas, atropellos contra nuestros hermanos indígenas y que todas las instancias poderosas intervengan para que no sigan sucediendo estas cosas.
-Que la Fiscalía de Asuntos Indígenas tome las demandas por parte de los indígenas de Salitre.
-Que las denuncias sean recibidas y se entiendan las necesidades de las personas de los territorios indígenas.
-Que se respeten los territorios indígenas y que el gobierno no ponga más trabas para la Ley de Autonomía Indígena, que ya tiene màs de 20 años de haberse presentado. Que se denuncie quién está detrás de estos intereses.
-Que se haga justicia con todas las pruebas, cuando hay mujeres con niños y niñas en la montaña, con hambre y frío. Escapando al monte por las amenazas de los finqueros y con todo lo que ha venido ocurriendo en Salitre se demuestra un accionar pacífico por parte de los indígenas bribrí de Salitre y llegará el momento en el que ya no se va a aguantar y se defenderán de una u otra manera. Se le exige al gobierno de Luis Guillermo Solís que actúe al respecto.
-Que se cumpla la ley indígena no. 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos.
-Que el gobierno respete los acuerdos tomados sobre Salitre, se cumplan y se avance para sacar a los no indígenas del territorio.
-Que las comunidades sean consultadas sobre proyectos en sus territorios porque es un derecho. Como en el caso del proyecto Diquís, para que no siga adelante, ni dentro del territorio indígena de Térraba ni fuera del territorio, queremos el río libre.
-Que REDD + no se implemente en los territorios indígenas, porque esto también es agresión y violencia contra nuestros derechos.
-Que se respeten los procesos de organización de los habitantes originarios, como el Consejo de Mayores de Cabagra Iriria Jetchö Wakpa
-Que se libere al presidente de la ADI de Salitre Sergio Rojas.
-Que el gobierno asegure la integridad física de los indígenas recuperantes del territorio.
Firman:
Rogelia Rojas Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Everilda Flores Beita, delegada del Territorio Indígena de Abrojo Montezuma
Heylin Morales Mayorga, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Zaida Ortiz Granda, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Luisa Bejarano M., delegada del Territorio Indígena de Conte Burica
Sary Rojas Leiva, delegada del Territorio Indígena de Curre
Fanny Reyes Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Térraba
Floribeth Arguedas H., delegada de El Águila de Pérez Zeledón.
Berta Díaz M., delegada de Potrero Grande
Bellanira Navarro Jiménez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Carmen Gamboa Chinchilla, delegada de San Juan Bosco de Pérez Zeledón
Grace Lucía Navarro Pérez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Roxana Figueroa Calderón, Salitre
Camelia Morales Ortiz, Salitre
Paola Figueroa Calderón, Salitre
Yamileth Morales Figueroa, Salitre
Janoly Morales Rojas, Salitre
Alejandra Bonilla Leiva, Tinamaste
Sandra Monge Vásquez, Asociación de Estudiantes del IEM- UNA (ASEIEM)
Mariel Quesada Chacón, Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas-UNA (ASECB)
Herminia M. C., Salitre
Jairo Figueroa Calderón, Salitre
Jairo A. Sanchez P., bribri de Talamanca
Ma. Otilia Figueroa C., Salitre
Ilustración tomada del Facebook del Red de Mujeres Rurales:
-Nuevas agresiones contra el pueblo bribri de Salitre
-Este 19 de noviembre se reportaron nuevos hechos de violencia por parte de finqueros usurpadores del territorio indígena de Salitre, en la zona sur de Costa Rica.
Entre 8:00 y 9:00 de la mañana, un grupo de no indígenas atacó a la familia de Camelia Ortiz y Natalio Ortiz y a sus 8 hijos e hijas, quemaron su rancho, sus pertenencias y les obligaron a huir por la montaña. Durante la mañana de hoy 22 de noviembre el terrateniente ha metido ganado en la finca de la familia Ortiz para destruir lo que la familia tiene sembrado y a las 6:30p.m. han disparado y quemado el rancho de Ditinia Ortiz, donde se albergaban Camelia, Natalio y sus hijos e hijas.
Estos hechos se suman a las agresiones que ha sufrido en los últimos dos años el Pueblo Indígena Bribri en el Territorio Indígena de Salitre, en las que los usurpadores del territorio han quemado ranchos, macheteado, baleado y marcado con hierro caliente a recuperantes de tierra, les han perseguido por la montaña y amenazan e intimidan a la población con sus armas. Los agresores siguen en total impunidad.
Según la legislación costarricense y los convenios internacionales firmados por el Estado, los territorios indígenas son exclusivos para las poblaciones originarias y la posesión de tierras por parte de personas no indígenas dentro del territorio es ilegal.
Ante la incapacidad del Estado costarricense para cumplir con esto, la población indígena en los últimos años ha emprendido un proceso de recuperación de las tierras que están en manos de usurpadores.
La Red de Mujeres Rurales se moviliza
En apoyo a las compañeras de Salitre que están recuperando su territorio y que son integrantes de la Red de Mujeres Rurales, una delegación de mujeres indígenas y campesinas de otras comunidades se movilizarán los próximos 26 y 27 de noviembre para manifestar su apoyo y solidaridad.
En el marco del Día POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, (25 de noviembre), la Red de Mujeres Rurales denuncia la violencia y se moviliza al lado de sus compañeras para señalar al Estado como cómplice de las agresiones contra la población indígena.
El gobierno de Costa Rica ha provocado la situación de violencia en Salitre al no actuar en la expulsión de los no indígenas del territorio ni proceder contra los agresores que han atentado contra la vida y la integridad de la población Bribri en varias ocasiones.
¡Alto a las agresiones al Pueblo Bribri de Salitre!
¡Autonomía para los pueblos indígenas ya!
Información enviada a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
