Del 20 al 22 de abril se realizará la Primera de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, organizado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este espacio constituye la oportunidad para compartir conocimientos, establecer redes e intercambiar experiencias en materias relacionadas con el Acuerdo de Escazú.
En este contexto, la Asociación Americana de Juristas es una O.N.G. fundada en 1975, con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas e invita a la conferencia: “Urge la efectiva implementación del Acuerdo de Escazú en América Latina”, a celebrarse el día viernes 22 de abril. Esta actividad contará con panelistas de Costa Rica, México, Brasil y Argentina.
Fecha:
Viernes 22 abril 2022
Hora:
15hrs Costa Rica y Centroamérica.
16hrs Colombia y México (CDMX)
17hrs Chile
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
De acuerdo con la CEPAL, se trata de un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. En él se abordan aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional y se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en ámbitos tan importantes como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres.
En el marco de la COP1 y del Acuerdo De Escazú, la fundación FES Transformación Social-Ecológica en conjunto con la fundación Friedrich Ebert Stiftung y la Iniciativa de Acceso México invitan al evento titulado: “Por nuestro derecho a un medio ambiente sano”. Este evento contará con la participación de jóvenes panelistas de Costa Rica, Ecuador, Chile y México que centrarán su análisis alrededor de la interrogante: ¿Cuál es la importancia y los beneficios que tiene el Acuerdo de Escazú para los jóvenes de América Latina?
Fecha y hora:
Martes 19 de abril 10:30 h (Costa Rica) 11:30 h (México) 12:30 h (Chile)
La legisladora Paola Valladares, con bombos y platillos, anunció que la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el proyecto número 22.437 para, supuestamente, “solucionar el problema de registro en Costa Rica”. En realidad, este es un texto escrito a puño y letra de los importadores de venenos.
Este proyecto de ley está muy lejos de lo que el país requiere: un sistema de registro basado en un sustento técnico-científico. En el año 2004, la Contraloría General de la República (CGR) realizó un diagnóstico técnico al sistema de registro de plaguicidas, donde señaló los principios básicos que tienen que sustentar un registro de plaguicidas en nuestro país. Dicho documento, conocido como D-FOE 19-2004, es vinculante para la administración y su obligatoriedad fue señalada por la Sala Constitucional en la sentencia 2004-13968. Pero nada de esto fue tomado en cuenta por la Comisión de Agropecuarios.
Esta propuesta de ley contradice el Código Internacional de Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) del año 2010. Además, pierde la objetivación de lo que debe ser un registro de plaguicidas, que es el elemento central en las políticas agrícolas, de salud y protección al ambiente, cuya implementación debe tener bases sólidas técnicas-científicas y no solo de índole comercial, como la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Esta propuesta, carente de sustento técnico, solo provocará problemas a los y las agricultoras, en la salud humana y en los ecosistemas.
Incluso, la FAO define el registro de un plaguicida como el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un plaguicida, previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal o para el ambiente. Por lo cual, las empresas deben presentar todos los documentos científicos necesarios para demostrar que el producto a registrar no presenta externalidades negativas.
Esta propuesta de ley lo que representa es una desregulación o “simplificación de trámites” a favor de los vendedores de plaguicidas cediendo el Estado su deber ser, ante el interés particular y el enriquecimiento privado. Al Estado le corresponde la protección de la colectividad social misma, que encuentra sustento en nuestra Constitución Política y en las normas internacionales de lo que debe ser un registro de plaguicidas.
El registro de plaguicidas tiene una importantísima connotación en el ordenamiento jurídico nacional costarricense, pues se inserta como uno de los instrumentos de efectiva tutela de los derechos fundamentales de la salud, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como, a los derechos de los consumidores (artículo 21, 46 y 50 de la Constitución Política). Caso contrario este proyecto de ley, ya que, por la forma en que se ha presentado, lo que busca es facilitar el registro y la comercialización de plaguicidas en beneficio de los vendedores de plaguicidas, con absoluta omisión de competencias de los distintos ministerios y de los valores superiores que rigen la materia; sin resguardar, en este caso, ni la calidad de los productos, ni buscar un beneficio al agricultor y los posibles riesgos a la salud y al ambiente. Lo que constituye una evidente desviación a los principios básicos que deben regir en esta materia.
Además, lo que la industria del veneno pretende con este tipo de Ley es algo muy similar a lo que se estableció en la Ley N° 8702, “Trámites de Solicitudes de Registro” del año 2009. En la que se buscó darle diez años más de vida comercial a todos esos productos conocidos como moléculas viejas (muchas prohibidas en muchas partes del mundo); que en este país no han sido evaluados integralmente desde sus registros.
Hay que recordar que desde el año 2004 la CGR indicó que, “se deben tener como fuera de ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiese dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias”. Pero en Costa Rica, han transcurrido 18 años desobedeciendo a la CGR y ahora quieren 10 años más para seguir vendiendo esas sustancias.
El discurso de la industria y las diputada Valladares han utilizando como mampara el favorecimiento a los agricultores, a bajar precios y a la agricultura en general, pero el verdadero interés con este tipo de propuesta de ley es que, algunos sigan haciendo más ricos en detrimento de la eficacia de los productos en el campo, que sigamos consumiendo residuos de plaguicidas, como se evidencia en el informe de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del año 2021 donde el 23 % de los productos que conseguimos en el mercado está contaminado con residuos y que sigamos consumiendo agua contaminada, como le ha sucedido a los pobladores de Siquirres, Pital de San Carlos y más recientemente, a los pobladores de Cipreses de Cartago.
Quienes defienden este proyecto de ley, pretenden seguir vendiendo productos obsoletos, muchos de los cuales no se venden en Estados Unidos o Europa, como el caso del metamidofos, producto altamente tóxico. El clorpirifós por sus efectos severos en la salud de los niños está prohibido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países. Por otro lado, la carbendazima es un posible cancerígeno y el clorotalonil está catalogado como un posible carcinogénico, para citar algunos de los muchos que se comercializan en el país.
Otro de los objetivos de esta ley es, sacar de la participación de la evaluación de riesgo de estas sustancias químicas al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), haciendo una interpretación obtusa de la Ley N° 7664 (Ley de Protección Fitosanitaria). Ante esta situación, tanto la CGR como distintos tribunales judiciales han indicado que, la participación del MINAE y el MINSA son imprescindibles en la evaluación de los agroquímicos. Esta tarea, por ley, no es exclusiva del Servicio Fitosanitario del Estado ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que deben estar presentes en la toma de decisión por sus competencias legales en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.
El país requiere de una ley de registro acorde con la normas nacionales e internacionales, con nuestros derechos constitucionales y no con una ley hecha a la medida para que los vendedores de plaguicidas hagan su agosto vendiendo productos altamente tóxicos -muchos de los cuales están prohibidos en muchos países-, en detrimento de la salud de todos los costarricenses y el deterioro de nuestro ambiente, incluyendo el agua y los alimentos que llegan a nuestras mesas. A las diputadas y los diputados les corresponde legislar en beneficio de la mayoría de los costarricenses y no para los mercaderes del veneno y la contaminación.
El próximo 23 de abril estaremos celebrando en Pérez Zeledón, el Día Mundial de la Tierra con un fabuloso Festival, el 1 Festival de la Lluvia en el Centro Ecológico Montaña Verde.
En este Festival participarán artistas locales y también invitados de otras regiones como el cantautor Santy Montoya; habrá un puesto de trueque, de intercambio de Semillas, puestos de artesanos locales, comidas tradicionales y mucho más, todo en armonía con el ambiente y en un hermoso lugar rodeado de naturaleza.
Esperamos iniciar bien con este Festival de la Lluvia que queremos que se siga celebrando todos los años. Agradecemos también a Mal País, que nos ha autorizado a sonar como el himno del Festival su canción Presagio, esto va a ser fantástico.
Invitamos a todas y todos a acompañarnos a celebrar a la Madre Tierra.
Compartido con SURCOS por Anthony García, Montaña Verde.
El proyecto número 22.524 denominado Ley para el desarrollo sostenible de la cuenca del río Sarapiquí y la protección de su cauce principal, contó con la aprobación de 40 diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en la discusión del segundo debate y se convirtió en Ley de la República.
Así lo informó la Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí, quien fuera la promotora de la iniciativa y que de forma incansable desde hace 3 años, lucha por oficializar la defensa de esta importante cuenca, que desde el año 2000, con el primer plebiscito ambiental de Costa Rica, se propuso como Monumento Histórico Natural por su importancia estratégica para el cantón y el país.
Con la aprobación de esta Ley, se están sentando las bases para la protección, el desarrollo sostenible de sus actividades integrales y el uso adecuado de su biodiversidad.
Esta ley sustenta su contenido en tres ejes fundamentales: ambiental, cultural y socioeconómico, con los cuales el sector turístico y el encadenamiento económico que este genera se fortalecerá y continuará siendo para miles de turistas nacionales y extranjeros, un destino de naturaleza, bienestar y aventura de suma importancia para el desarrollo económico local. El río de Sarapiquí tiene un resguardo de lo ancestral, histórico y patriótico lo que lo convierte, además, en un símbolo de la cultura Sarapiqueña, como del país, pues su nombre heredó, también, su título al cantón. Este río, además, es un santuario de flora y fauna y contribuye con su presencia al embellecimiento del paisaje natural del trópico húmedo costarricense.
En esta lucha que dio inició desde el año 2000 con el plebiscito cantonal, donde la Comisión de Salvaguarda del Río Sarapiquí, se suma al esfuerzo de reivindicación comunitaria por el patrimonio natural de su río, contó con el apoyo de las Municipalidades de Sarapiquí y de Alajuela, la Cámara de Turismo de Sarapiquí (CATUSA), la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, el Programa Interdisciplinario de Investigación y Gestión del Agua de la UNA (PRIGA- UNA), el SINAC, el INDER, la UNED, FUNDECOR, el Corredor Biológico San Juan – La Selva, el Ministerio de Cultura, El Instituto Costarricense de Turismo, La Estación Biológica la Selva, al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa y la Asociación para la Protección de la Cuenca del Río Sarapiquí (APROCSARA), entre otras nobles organizaciones, profesionales e instituciones cooperantes para poder lograr este noble objetivo, en favor de nuestra madre tierra.
Imagen tomada de: http://www.sarapiquicostarica.com/
Si no se realizan cambios en la gestión del agua, actividades como la agricultura y la ganadería sufrirán debido a la escasez crónica. En Costa Rica estas actividades consumen el 70% del agua potable; le siguen la industria con 20% y los hogares con el 10%. Foto archivo ODI, UCR.
El cambio climático, la extracción masiva y uso desmedido son amenazas para el futuro hídrico
Autoría: Eduardo Muñoz Sequeira (Vicerrectoría de Acción Social, UCR)
Aunque en décadas pasadas se enseñó en las escuelas que el agua es un recurso inagotable, hoy las evidencias científicas demuestran que la humanidad debe hacer cambios sustanciales para asegurar que en los siguientes años la escasez crónica no afecte a millones personas.
Si bien el 72% del planeta está cubierto por agua, solo el 3% del líquido es agua dulce y la mayoría está congelada, por lo que la humanidad solo tiene disponible el 0.34% para sus necesidades cotidianas.
Según la ONU, durante el siglo XX el consumo de agua se ha duplicado cada 20 años, y la mayoría de fuentes están amenazadas por la contaminación, ya que diariamente se depositan en los acuíferos dos millones de toneladas de productos industriales, desechos humanos y agrícolas. Además, la sobreexplotación, que se refiere a extraer más agua de la que se recarga por medio de la lluvia o la nieve, provoca el agotamiento del recurso o una gran reducción para llevarla a cada hogar.
Sin embargo, pese a las advertencias poco se hace para detener estas amenazas, lo que afectará en las próximas décadas la agricultura y la industria. Esto cambiaría la vida tal como se conoce hasta ahora, incluso este mismo día unos 2200 millones de personas no tienen acceso al agua potable.
Los datos aportados por la ONU, en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para llevar agua potable y construir infraestructura adecuada sigue siendo un desafío internacional con pocos avances. Esa organización ha señalado quedos de cada cinco personasno disponen de una instalación básica para lavarse las manos con agua y jabón, y más de673 millones de personas aún defecan al aire libre. Para el año 2050, el 25% de la población global -unos 10000 millones de habitantes-, vivirá en regiones con escasez crónica.
Desde 1993, cada 22 de marzo el mundo celebra el Día Mundial del Agua con el objetivo de hacer conciencia sobre esta crisis global y la necesidad de lograr acuerdos globales sobre su conservación. Además, la Asamblea General de la ONU proclamó el período 2018-2028 como el “Decenio Internacional para la Acción: Agua para el Desarrollo Sostenible”, ya que el acceso al líquido es vital para la vida y es considerado un Derecho Humano fundamental.
RETOS REGIONALES
Para el año 2022, el Día Mundial del Aguase enfoca en las aguas subterráneas, con el lema “Aguas subterráneas, hacer visible lo invisible”, ya que son elementales para el funcionamiento de los ecosistemas y todos los acuíferos del mundo.
Globalmente, “el agua subterránea es utilizada principalmente para el riego de cultivos 70%, en la industria 20% y en el consumo humano 10%, de manera que es clave en el desarrollo de prácticamente todas las actividades humanas”, explicó la magister Ingrid Vargas Azofeifa, científica en hidrogeología y coordinadora del proyecto de Acción Social denominado Gestión y entendimiento del flujo del agua subterránea (ED-2799).
Aunque cada región del mundo tiene sus propios desafíos con respecto al recurso hídrico, en el caso centroamericano, la ONU catalogó el istmo como una área bajo estrés hídrico, debido a los problemas en la infraestructura adecuada para la distribución, saneamiento y acceso a todas las poblaciones.
Costa Rica, pese a ser considerada una nación rica en recursos hídricos, también carece de la infraestructura para una distribución equitativa y tiene múltiples obras pendientes en saneamiento del agua potable y la protección de sus cuencas hidrográficas y recurso marino.
En Costa Rica, las aguas subterráneas se destinan a la captación mediante la perforación de pozos y manantiales para abastecer a los hogares, el riego de cultivos, la ganadería, la industria, el comercio y el turismo.
Sobre el tema, el informeEstado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2021, al referirse al “Uso, manejo y gestión del Agua en Costa Rica”, apuntó que tras los primeros años de la pandemia sanitaria por la Covid-19, se impactaron más allá de sus capacidades los cuerpos de agua y desde el año 2020 se ha registrado un alto consumo. Otro de los problemas nacionales es que las soluciones para el tratamiento de aguas residuales industriales y domésticas avanzan lentamente, y éstas caen en ríos o tanques sépticos mal diseñados, lo que se constituye en contaminantes no solamente de las aguas superficiales, sino también de las subterráneas.
«Las instituciones del sector hídrico nacional deben fortalecerse según sus competencias y unir esfuerzos con la academia y otros actores sociales para realizar estudios conjuntos en zonas en donde ha aumentado la demanda o se prevé que ocurra en el futuro”
Geóloga e Hidrogeóloga Ingrid Vargas Escuela Centroamericana de Geología, UCR
APORTES UNIVERSITARIOS
Desde la docencia, la investigación y acción social la Universidad de Costa Rica (UCR) ejecuta proyectos sobre la conservación del recurso hídrico desde varios abordajes. Concretamente, en la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) al menos unos 30 proyectos trabajan directamente en el apoyo de las iniciativas comunitarias para el manejo sostenible del recurso, destinados al consumo humano, la agricultura y resguardo de ecosistemas.
Por ejemplo, el proyecto “Gestión y entendimiento del flujo de las aguas subterráneas” (ED-2799), iniciativa de Acción Social de la Maestría de Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos capacita a personas que gestionan recursos hídricos, mediante cursos cortos acerca de los conceptos básicos sobre aguas subterráneas, calidad del agua y prevención de la contaminación de los acuíferos. Este proyecto ha establecido alianzas con la iniciativa internacional Groundwater, de la Universidad Guelph, Canadá; lo que ha permitido el intercambio científico para el estudio de las aguas subterráneas.
Dadas las restricciones sanitarias, el año pasado el proyecto realizó actividades virtuales, como la charla con la científica Dra. Claudia Varnier, del Instituto Geológico de Brasil; y la HidroGira, una gira virtual educativa. Además, durante el año 2021, se realizó un foro acerca del rol de la mujer en la gestión del agua subterránea.
Sobre la relevancia de este tema para el país, la hidrogeóloga advirtió que Costa Rica tiene muchos temas pendientes por resolver en la conservación del agua subterránea, como la falta de políticas y legislación que regulen su adecuada explotación, carencia de un mapeo territorial de su localización y el uso excesivo de agroquímicos.
Al respecto, la científica recalcó que Costa Rica es el mayor consumidor de plaguicidas del mundo, y sin duda esto sigue impactando los ecosistemas. Por ejemplo, “en el Cairo, Milano, La Francia y Luisiana de Siquirres; y en Veracruz, San Carlos, varios manantiales se contaminaron con bromacil, un herbicida muy soluble y móvil que se usó para el control de la maleza en el cultivo de piña, que aunque fue prohibido en el año 2017, estas fuentes de abastecimiento público fueron clausuradas”.
Otra de los proyectos sobre “La Cultura del Agua como instrumento para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico” (ED-2873), proyecto de Acción Social del Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas (CICG), y coordinado por el geólogo Mario Arias Salguero, se concibió como un enlace entre la universidad y comunidades, grupos organizaciones y otras instituciones y dependencias universitarias que trabajan en la protección del recurso hídrico.
Mediante cursos, talleres y publicaciones el ED-2873 brinda información técnica sobre la situación del recurso hídrico costarricense, criterios sobre su manejo y contribuye a gestar lo que se ha llamado la cultura del agua, referida a los cambios sociales que se requieren para ver este recurso como parte de la vida cotidiana.
Según Arias, este proyecto “aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente al ODS 6, contribuyendo desde el punto de vista social, ambiental e incluso político al avance para la consecución de agua limpia y segura, pues brinda el apoyo técnico y asesoría para que diversos usuarios del agua (ASADAS) unidades académicas de la UCR y otros centros académicos cuenten con información pertinente y de calidad que les permita tomar decisiones en el marco de la cultura del agua que coadyuve en la gestión integral del recurso hídrico.
Para Arias, el tema del año 2022 tiene una profunda trascendencia, porque aunque las aguas subterráneas son invisibles, en algunas regiones áridas es la única fuente de agua para las personas. Por lo tanto, “lo que hacemos en la superficie repercute bajo tierra. Los únicos productos con los que debemos tratar los suelos deben ser inocuos y biodegradables, y debemos utilizar el agua con la mayor eficiencia posible…Por otra parte, las aguas subterráneas atraviesan fronteras, por lo que debemos trabajar juntos para gestionar las aguas subterráneas transfronterizas”, mencionó el geólogo.
Entre los diversos recursos virtuales que se han divulgado en este proyecto destaca el más reciente vinculado a la temática que la ONU propuso al mundo, referido a la protección de las aguas subterráneas. Este es un libro gratuito, titulado “101 Respuestas sobre el Agua Subterránea”, y el geólogo Arias responde en lenguaje no técnico las dudas más usuales recopiladas en comunidades, charlas, cursos y entrevistas. “Debemos considerar que las aguas subterráneas desempeñarán un papel fundamental en la adaptación al cambio climático. Tenemos que trabajar juntos para gestionar de forma sostenible este preciado recurso”.
Durante el año 2022 el proyecto ED-2873 impartirá cursos sobre Los ciclos del agua, Gestión Integrada del Recurso Hídrico, Pozos y Manantiales, Recarga del agua en el suelo. Todos son gratuitos y para participar no se requiere formación académica previa; y al finalizar se entregará un certificado digital de participación. Los mismos serán impartidos por las plataformas Zoom y UCR Global. Para conocer sobre las fechas y otras actividades programadassiga este enlace.
En Costa Rica existen 5429 captaciones de agua utilizadas para abastecimiento público y el 93 % proviene de agua subterránea, de la cual el 70% es manantiales, el 23% de pozos; solo el 7% corresponde a agua superficial, como los ríos. Foto archivo VAS, UCR.
Desde el 2016 y hasta el 2020 fue realizado el monitoreo ecológico, donde los guardaparques cubrieron buceando lo equivalente a 10 canchas de fútbol
En las áreas analizadas fueron ubicados peces 42% más grandes con respecto a otros sitios no protegidos
Los datos del monitoreo de arrecifes coralinos que ha recopilado el personal del Área de Conservación Marina Coco (ACMC) desde el 2016 son de suma importancia, debido a que permiten dar seguimiento a la salud de los arrecifes coralinos o mejor conocidos como las «selvas del mar».
Con el análisis además de obtener detalles sobre la cobertura coralina, se estudiaron las especies que viven y se desplazan por las corrientes cercanas al Parque Nacional Isla del Coco.
El trabajo de campo estuvo liderado por guardaparques del ACMC y con apoyo de otras Áreas de Conservación; que además de sus labores de protección del Parque Nacional Isla del Coco, aplican el protocolo de monitoreo de formaciones coralinas, dos veces al año en seis sitios alrededor de la Isla del Coco. Durante los primeros cinco años de la aplicación de este monitoreo se calculó la cobertura de los corales ubicados en la parte norte de la Isla, se identificaron entre tiburones y peces más de 100 especies, y se contabilizaron más de 55 000 individuos, también se identificaron 25 especies de invertebrados marinos entre caracoles, estrellas de mar, entre otros contabilizando 3832 macroinvertebrados.
Karol Ulate, bióloga marina e investigadora de la Universidad Nacional (UNA), señala que la cobertura coralina durante los cinco años fue estable, presentando aproximadamente un 60% en promedio de cobertura coralina en cada sitio monitoreado. Sólo hubo un año que la cobertura coralina presentó un blanqueamiento en 17% de las colonias. Esto pudo deberse a un calentamiento atípico de las aguas del Pacífico por el fenómeno de El Niño en el 2016 y el blanqueamiento se reportó unos meses después, pero se puede hipotetizar que, gracias a los buenos niveles de salud y la resiliencia de estos arrecifes, en el 2018 se reflejó una recuperación.
Monitoreo a cargo de guardaparques
Los guardaparques Isaac Chinchilla, Moisés Goméz, Diego Madrigal, Keylor Morales, Guillermo Pérez y Geiner Golfín con apoyo de algunos buzos voluntarios y de instituciones académicas, fueron los encargados del muestreo que se realiza en los meses de la estación seca y lluviosa de todos los años desde el 2016 hasta la actualidad y cada expedición dura al menos 7 días.
Este equipo de guardaparques buzos han recopilado información en diferentes sitios de monitoreo del Parque Nacional Isla del Coco de la cobertura de los corales, peces, invertebrados, rigurosidad de superficies, entre otros factores, durante estos años, y han logrado monitorear un área de 71 070 m2, lo que equivale a 10 canchas de fútbol.
Geiner Golfin, uno del guardaparques encargado de este monitoreo aseguró “nos llena de satisfacción contar con estos datos que vienen a darnos mayor conocimiento sobre la salud de las aguas que rodean al Parque Nacional Isla del Coco. Ahora contamos con insumos científicos sobre la dinámica que ocurre en los arrecifes coralinos, además de la importancia de poder integrar a más guardaparques al equipo de monitoreo del Parque Nacional Isla del Coco”.
Este primer análisis de los datos contó con el apoyo de organizaciones como la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS), Amigos Isla del Coco (FAICO) y la Universidad Nacional (UNA).
Alejandra Villalobos, Directora Ejecutiva de FAICO se mostró satisfecha por el apoyo brindado por ambas organizaciones; ya que fue un insumo importante para este primer análisis de datos y que permite dar seguimiento a los cambios que experimentan estos ecosistemas. Cuando estos sitios están protegidos, se cuenta con factores más saludable y las especies tienen mayor tamaño, lo que nos obliga a seguir cuidando el área para desarrollar de forma sostenible actividades como el turismo, y la pesca en sitios circundantes”.
Actualmente, la Universidad Nacional también realiza otro estudio sobre arrecifes rocosos en 4 áreas conocidas como Juan Bautista, Roca Sucia y el Risco para poder contar con detalles sobre las áreas que a diferencia de los arrecifes coralinos se caracterizan por la alta energía liberada por el oleaje y los cambios de la marea que afectan la distribución de los organismos que habitan allí, pero aun así son ecosistemas altamente diversos y refugio para muchos otros organismos, como peces y tiburones.
Las nacientes llamadas Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses Cantón de Oreamuno destinadas para agua de consumo humano presentaron resultados positivos de plaguicidas según un reciente estudio del IRET de la Universidad Nacional.
Según consta en el informe del 17 de diciembre (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas firmado por el M.Sc. Clemens Ruepert se han encontrado la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas varios en el agua de Plantón como en la toma de agua Carlos Calvo en la comunidad de Cipreses de Oreamuno Cartago.
En el oficio del IRET se indica que: “se siguen encontrando productos de la degradación del fungicida clorotalonil siendo las sustancias encontradas 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno y el 4-hidroxiclorotalonil. En la muestra tomada en la naciente Plantón cuantificamos ambas sustancias y en la Naciente Carlos Calvo solo la primera”
Se debe mencionar que desde el 2019 no se renovó el permiso de uso del fungicida Clorotalonil en la Unión Europea por lo tanto está prohibido su uso en dicha región. Además existe una discusión amplia alrededor de la contaminación del agua potable con dicho producto en países como Colombia, Suiza y otros de Europa. (Karin Kiefer a, b, Tobias Bader c, Nora Minas a. Et all. Chlorothalonil transformation products in drinking water resources Widespread and challenging to abate. Water Research 183. 2020)
El plaguicida clorotalonil está clasificado por :CANCEROGENIDAD (US-EPA): Likely to be Carcinogenic to Humans Fuente: Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential. Office of Pesticide Programs, U.S. Environmental Protection Agency. Annual Cancer Report 2018 y 2021https://apublica.org/wp-content/uploads/2020/05/chemicals-evaluated.pdf
Llama la atención que en cuanto a la toma de agua para consumo humano Plantón las cantidades encontrada fueron de 6,6 microgramos por litro para 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno y de 0,13 microgramos por litro para el 4-hidroxiclorotalonil. El límite indicado en el reporte indica que la presencia debe ser menor a 0.05 microgramos por litro con lo cual se evidencia una cuantificable cantidad detectable de residuos de plaguicidas en el agua que se ha estado tomando en la comunidad según dicho reporte.
Para el caso de la toma de Agua Carlos Calvo se pudo cuantificar la presencia de 0,8 microgramos por litro de 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno lo cual también supera el límite de reporte anteriormente mencionado (LR).
Para los integrantes del Frente Ecologista de Cipreses, organización que nace precisamente en la lucha para proteger las tomas de agua de la comunidad es preocupante los efectos crónicos (a largo plazo) que el consumo sostenido de estas sustancias pueda tener sobre su población.
Yamileth Astorga de la UCR indicó en el marco de la conferencia de prensa efectuada: «yo no tomaría esa agua». Así mismo indicó: que es urgente que se deben hacer muestras y monitoreo de forma urgente involucrando al Laboratorio de Aguas y al Ministerio de Salud.
Fernando Ramírez del IRET/UNA indicó: «Que incluso algunos metabolitos del Clorotalonil pueden ser hasta 30 veces más tóxicos y son más persistentes«. Así mismo respondió que: el agua de Cipreses fue enviada a Suiza para ser analizada y allá encontraron otros productos derivados de la degradación del Clorotalonil. Fernando Ramírez termina diciendo que «no estaría tranquilo tomando esa agua todos los días«…
El Frente ecologista de Cipreses desde el año 2020 viene alertando y luchando para que se protegen las nacientes y las tomas de agua de la comunidad e incluso existe un fallo legal a su favor de cara a que se cumpla la normativa de protección establecida sobre las tomas de agua. En el 2021 con la resolución 20-021797-0007-CO el Poder Judicial ordenó al SINAC Cartago y al Ministerio de Salud de Oreamuno de Cartago hacer cumplir la ley y proteger las tomas de agua; hoy un año después se sigue sin hacer cumplir la normativa de protección con el agravante que ya la contaminación es un hecho confirmado.
La ASADA de Cipreses Cartago es muy importante ya que abastece a más de 2000 familias. Esta ASADA brinda agua a los cantones de Oreamuno, Paraíso, Alvarado y a la comunidad de Cervantes. Los vecinos de esta zona están preocupados ante la confirmada contaminación con plaguicidas y la falta de compromiso de las autoridades competentes en su protección.
