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Sin voz en Ramsar: retroceso en la protección de humedales durante el gobierno Chaves Robles

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El Observatorio de Bienes Comunes UCR realizó una producción para analiza el retroceso ambiental, en el que Costa Rica se encuentra sin voz en Ramsar, y cómo la vigilancia comunitaria se volvió la última frontera para su protección.

Mientras más de 180 países se reúnen en la COP15 para proteger los humedales del planeta, Costa Rica brilla por su ausencia. Entre 2022 y 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves no actualizó ni un solo informe sobre los 12 sitios Ramsar del país.

Caribe Noreste, Térraba-Sierpe o Gandoca-Manzanillo están en riesgo, pero no hay reportes oficiales, pese a denuncias y evidencias. Esta omisión es parte de una política ambiental marcada por el silencio, la desregulación y el abandono institucional.

Se extiende la invitación a leer el informe completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/costa-rica-sin-voz-en-ramsar-el-retroceso-de-costa-rica-en-la-proteccion-de-humedales-durante-el-gobierno-chaves-robles/

Asociación denuncia abandono del sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología advierte sobre obras ilegales y falta de respuesta institucional

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) denunció que el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, ubicado en el Caribe sur de Costa Rica, se encuentra bajo una creciente amenaza ambiental debido a la construcción de piscinas, caminos y drenajes ilegales dentro del área protegida.

En una nota enviada a la dirección regional del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), la organización afirma que estas intervenciones ponen en riesgo hábitats clave para la biodiversidad, como los de tortugas marinas y manatíes, además de afectar los ecosistemas de humedal. También señala presuntas omisiones por parte del personal responsable del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

“La situación es crítica y no hemos recibido respuestas técnicas ni acciones concretas por parte del Estado”, expresó Marco Vinicio Levy, representante de la asociación.

La ADE envió dos oficios al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC): el primero el 6 de mayo, solicitando medidas urgentes, y el segundo el 23 de julio, al considerar insuficiente la respuesta institucional recibida.

En dicha respuesta, el SINAC indicó estar en coordinación con el Programa Nacional de Humedales para actualizar la ficha del sitio Ramsar y mencionó la elaboración de mapas de zonas críticas. Sin embargo, la asociación sostiene que no se detallan responsables, fechas ni acciones específicas, como la suspensión de permisos o la restauración del daño ambiental.

Además, la entidad solicitó una investigación administrativa sobre el actuar de la administración del refugio y un informe sobre posibles procesos judiciales en curso. Según la documentación oficial, las autoridades respondieron que cualquier denuncia debe presentarse con pruebas por los canales establecidos, lo cual fue interpretado por la asociación como una omisión frente a hechos ya documentados.

El sitio Gandoca-Manzanillo fue designado en 1995 como parte de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional. Un oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva del SINAC el pasado 14 de enero confirma la vigencia del estatus Ramsar y los límites oficiales del sitio, pero no hay evidencia de que se hayan tomado medidas para su protección activa.

La ADE advirtió que, si no recibe una respuesta clara en los próximos días, acudirá ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Secretaría Ramsar, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional.

Grave situación jurídica del municipio de Talamanca por errores del MINAE y SINAC

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Desde la Asociación para el Desarrollo de la Ecología se hizo llegar una carta al señor alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, y al Concejo Municipal, en la que se expone una grave situación jurídica que enfrenta el cantón, producto de errores, inconsistencias e irregularidades administrativas atribuibles al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

El documento, firmado por el ciudadano Marco Levy Virgo, solicita que la Municipalidad actúe de forma inmediata y contundente ante las consecuencias legales que afectan al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, particularmente el sitio Ramsar 783, y el humedal del Río Carbón en Playa Negra, los cuales han sido objeto de urbanización, invasiones y fraccionamiento sin control, en parte por la omisión de autoridades ambientales.

Además, se exige la identificación de los funcionarios responsables, incluyendo al exdirector del ACLAC, Edwin Cyrus Cyrus, y al actual ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra. También se insta a coordinar con MINAE y SINAC un mapa integral del ecosistema afectado, con información sobre construcciones legales e ilegales, carreteras, caminos y presencia de personas físicas o jurídicas en áreas protegidas.

La misiva advierte sobre el riesgo económico que estas irregularidades podrían generar para el presupuesto municipal, en caso de demandas legales por derechos otorgados sin fundamento técnico o legal.

Finalmente, la carta fue remitida también a autoridades nacionales como la Defensora de los Habitantes, la Contralora General y el Procurador General, así como a asociaciones comunales, cámaras de turismo y organizaciones del Caribe Sur.

“La Municipalidad debe proteger los intereses de sus ciudadanos y no puede seguir siendo víctima de la negligencia de funcionarios del MINAE y SINAC”, señala el documento.

Alianza Siembra Futuro promoverá soluciones sostenibles para Crucitas

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Comunicado

Las organizaciones APREFLOLFAS, UNOVIDA y el Parlamento Cívico Ambiental se unen hoy a las organizaciones jóvenes Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Red de Jóvenes por el Agua, Capítulo de Costa Rica, Movimiento Laudato Si´y Fundación Operation Rich Coast, conformando una alianza que enfoca sus esfuerzos en la promoción de soluciones verdaderamente sostenibles para el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica.

Esta alianza surge como respuesta a los esfuerzos de las diputaciones de varios partidos políticos en la Comisión de la Provincia de Alajuela en la Asamblea Legislativa por impulsar un texto sustitutivo del Proyecto de Ley 24717 que pretende reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Esta iniciativa fue promovida inicialmente por el Poder Ejecutivo.

En el acto se busca presentar un esfuerzo común de la sociedad civil para atender este tema que aglutina ya a casi 50 organizaciones del sector ambiental y combina ONGs, universidades, empresas, colectivos, organizaciones de juventud y de base espiritual.

Parten estas organizaciones de una posición común de que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Reiteran que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.

En contraste, reconocen que iniciativas como el Expediente Nº 24.675 son una alternativa viable y visionaria. Proponen la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional. Estos esfuerzos incluyen un novedoso sistema de capitalización mediante la digitalización de los activos ambientales en el subsuelo sin necesidad de extraerlos, como fuente de recursos económicos.

Reiteran las organizaciones el llamado lanzado por el Parlamento Cívico Ambiental en el sentido de que:

“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones. Se hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.”

San José, Costa Rica – 21 de julio de 2025

Solicitan la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo

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Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR expone una denuncia que exige la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y amenazar el equilibrio ecológico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

El pasado 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se anule por completo la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”. La organización argumenta que esta norma fue aprobada con vicios legales, sin sustento técnico, y que su verdadero efecto ha sido abrir paso a la urbanización de un sitio Ramsar de importancia internacional.

De acuerdo con Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, la ley permitió la desafectación de más de 400 hectáreas de bosque y humedal, así como la emisión de más de 200 permisos de uso sin controles ambientales adecuados. Esta situación ha generado impactos graves sobre el ecosistema y ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de entidades técnicas y jurídicas.

Entre los documentos que respaldan la solicitud destacan un informe del Tribunal Ambiental Administrativo de 2011, que documenta tala, drenaje y fraccionamiento en 9.1 hectáreas de bosque húmedo tropical; un análisis jurídico del SINAC de 2019, que advierte la falta de expediente técnico para sustentar la ley; y el oficio TAA 0-361-2023, que confirma impactos persistentes en la finca Puket, uno de los casos más emblemáticos de irregularidades.

Aunque la Ley 9223 fue promovida como una forma de reconocer los derechos históricos de pobladores afrodescendientes en la zona, la denuncia sostiene que en la práctica ha facilitado una expansión inmobiliaria que amenaza la biodiversidad y viola principios internacionales de conservación.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes subraya también la ausencia de acciones concretas por parte de las instituciones responsables y hace un llamado a fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del patrimonio natural.

Puede leer la nota completa en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/

Le invitamos a visitar la página del Observatorio y compartir esta información para seguir visibilizando las amenazas sobre los bienes comunes de Costa Rica.

De día patrimonio, de noche parqueo

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Una investigación del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR revela que un terreno declarado Patrimonio Natural del Estado en Puerto Viejo de Limón continúa siendo intervenido y utilizado como parqueo durante las noches, a pesar de ser un área protegida. El informe, basado en el seguimiento del activista ambiental Philippe Vangoidsenhoven desde 2020, denuncia que el lugar opera como parqueo comercial de forma clandestina, aprovechando la falta de vigilancia institucional una vez que cae la noche.

Durante el día, el sitio permanece desocupado, con un rótulo oficial que indica su condición de humedal protegido, sin embargo, en las noches se llena de vehículos y se coloca un letrero anunciando el servicio de parqueo y los costos. Esta dinámica revela una preocupante tolerancia institucional, donde la falta de medidas efectivas como sellos, cintas de clausura o presencia policial permite que el terreno sea ocupado ilegalmente. El activista Vangoidsenhoven ha documentado cómo el relleno del humedal incluso afectó un arroyo colindante, alterando el ecosistema sin consecuencias visibles por parte de las autoridades.

El caso pone en evidencia el desgaste de la vigilancia ciudadana y la urgencia de una acción institucional coherente y constante. La conservación no puede depender únicamente del esfuerzo voluntario de personas como Philippe, ni limitarse a un horario de oficina, por lo que es necesario un seguimiento constante, y no únicamente declarar un sitio como patrimonio natural, sin acciones concretas para su conservación. Conozca más sobre la nota completa en la página del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR ingresando en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/de-dia-patrimonio-de-noche-parqueo-seguimiento-al-caso-del-humedal-intervenido-en-puerto-viejo

Defensores ambientales denuncian fallos graves en la gestión del sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo y solicitan recusación de funcionaria del SINAC

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.

Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).

En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.

La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.

La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.

Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:

  • La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.

  • El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.

  • Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.

  • Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.

La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.

Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).

Nuevos humedales del cantón de Talamanca deben incorporarse al inventario nacional – inacción favorece intereses privados

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Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, denunció que el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) ha incumplido una sentencia de la Sala Constitucional que ordena incorporar nuevos humedales del cantón de Talamanca al Inventario Nacional. En particular, cuestiona la omisión del humedal de Punta Uva, invadido y presuntamente rellenado por un desarrollo inmobiliario, pese a que un informe pericial del Poder Judicial confirma su existencia previa.

Levy señala que el humedal forma parte del sitio Ramsar 783, protegido internacionalmente, y que su exclusión viola tanto normas nacionales como acuerdos internacionales de conservación.

Por su parte, el SINAC sostiene que el estudio técnico de 2021 utilizado como base no ha sido oficializado y que, en el caso de Punta Uva, el relleno impide realizar una pericia actual. Además, indican que ya se emitió una certificación actualizada del Patrimonio Natural en 2024, en cumplimiento con lo ordenado por la Sala, aunque no han entregado los documentos de respaldo solicitados.

Levy exige mayor transparencia y acciones concretas de protección ambiental, ante lo que califica como una inacción administrativa que favorece intereses privados sobre ecosistemas legalmente protegidos.

Finca pendiente de traspaso dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural

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La reciente nota informativa elaborada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) documenta una grave omisión institucional que pone en riesgo el patrimonio natural del país: la finca 4-156766, ubicada dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, aún no ha sido traspasada al Estado, a pesar de una orden de la Sala Constitucional.

El Parque Nacional Braulio Carrillo representa uno de los principales tesoros ecológicos más importantes del país. Se extiende desde la Cordillera Volcánica Central hasta las tierras bajas del Caribe, abarcando más de 47.000 hectáreas de bosques, ríos y zonas montañosas con una biodiversidad extraordinaria. Este territorio, resguardado por el SINAC y el MINAE, cumple funciones clave en la conservación de agua, conectividad biológica y protección de especies en riesgo.

Dentro del parque, en el sector del Cerro Chompipe dentro de los límites del parque y en una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 de 1888, se localiza la finca 4-156766, que, a pesar de tener cobertura boscosa y ser considerada Patrimonio Natural del Estado según la Ley Forestal, aún no ha sido traspasada al Estado costarricense.

Aunque ya se emitió una orden de la Sala Constitucional (resolución 2023-017109) y una solicitud formal del SINAC en julio de 2024, la finca continúa inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo cual genera preocupación por su vulnerabilidad ante intervenciones no autorizadas.

La falta de traspaso impide que el Estado ejerza plenamente su autoridad sobre la propiedad, lo que debilita los esfuerzos de protección ambiental. Se han reportado actividades irregulares, como colocación de cámaras trampa y amojonamientos, sin permisos del MINAE. Esta ambigüedad institucional expone el terreno a usos indebidos y demuestra las limitaciones del aparato estatal para hacer cumplir la legislación ambiental.

Ante esta situación, el ciudadano Marco Levy Virgo, con apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, exigió al MINAE mediante una solicitud formal, un cronograma de acciones con fechas claras para el traspaso, sanciones por intervenciones ilegales y la publicación periódica de informes públicos sobre el avance en la recuperación de terrenos protegidos.

Este caso ilustra la importancia de una ciudadanía activa y vigilante, que, a través de la participación y el seguimiento, impulsa el cumplimiento de obligaciones estatales. Mientras no se concrete el traspaso, la finca permanece en un vacío legal, amenazada por intereses ajenos a la conservación. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para que la protección del ambiente trascienda el discurso y se materialice en acciones reales y oportunas.

En el siguiente enlace podrá acceder a la nota completa: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/finca-pendiente-de-traspaso-en-el-parque-nacional-braulio-carrillo-genera-preocupacion-ciudadana-y-riesgos-para-el-patrimonio-natural/

Imágenes: Observatorio de bienes Comunes extraídas del Semanario Universidad.

CONCEVERDE denuncia anomalías en la Municipalidad de San Rafael de Heredia y exige intervención del Concejo Municipal en Cerro Chompipe

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE, representado por el abogado José Francisco Alfaro Carvajal, presentó una solicitud formal ante el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia para que intervenga en los hechos anómalos que, según denuncian, se están dando en la finca 4 ‑ 156766 ‑ 000 (Cerro Chompipe), registrada a nombre de la Municipalidad, pero considerado patrimonio natural del Estado y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888.

El Cerro Chompipe es una zona de alta recarga acuífera, vital para la regulación del ciclo del agua, la conservación de la flora y fauna silvestre, y la mitigación del cambio climático. Su cobertura dentro del Parque Braulio Carrillo y la franja inalienable, establecida hace más de un siglo, lo convierte en un área de protección absoluta. Según CONCEVERDE, cualquier intervención, por pequeña que sea, podría alterar los ecosistemas, reducir la capacidad de recarga hídrica y afectar la biodiversidad.

Entre las exigencias del colectivo, se encuentran el traspaso inmediato de la finca Cerro Chompipe por parte Municipalidad de San Rafael de Heredia al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como un alto total a las actividades que sin aval o autorización del MINAE, la Municipalidad está llevando a cabo, tanto en dicha finca, como cualquier otra zona del Parque Braulio Carrillo y la zona inalienable.

No obstante, esta denuncia no es nueva. En diciembre de 2024, CONCEVERDE ya manifestó su rechazo a las obras planificadas en el Cerro Chompipe bajo la figura de “monumento natural recreativo”, alertando sobre la pérdida de árboles nativos y la impermeabilización del suelo en zonas de recarga.

Asimismo, la denuncia advertía sobre actividades no autorizadas por el MINAE llevadas a cabo por la Municipalidad, como la delimitación de la finca, instalación de cámaras trampa e incluso obras menores, que estarían ocurriendo sin aval institucional, lo que es contrario a la legislación vigente.

Recientemente, el pasado 19 de junio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología respaldó la denuncia del abogado Alfaro. En un oficio dirigido al ministro Franz Tattenbach Capra, el presidente Asociación, Marco Levy Virgo, exigió al MINAE que cumpla con las sentencias de la Sala Constitucional y proceda a recuperar la finca, la cual aún aparece registrada a nombre municipal.

Foto: Redes sociales oficiales de Colectivo CONCEVERDE San Rafael.