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Perú: asesinan de dos balazos a defensor ambiental en Madre de Dios

Por Vanessa Romo, Yvette Sierra Praeli en 13 septiembre 2020

  • Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.
  • Él y su padre habían sido amenazados en varias oportunidades desde el año 2012, cuando se inició la invasión de sus territorios

Las amenazas se cumplieron. Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado ayer cuando salió a recorrer su concesión forestal ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios.

El cuerpo de Roberto Carlos fue encontrado por su padre Demetrio el viernes 11 de setiembre en medio de una trocha que conducía a un terreno agrícola de la comunidad de San Juan, predio colindante con la concesión de Pacheco. Dos balas, una en la cabeza y otra en la cadera terminaron con la vida de Pacheco Villanueva, quien, en más de una oportunidad, junto con su padre, había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a su propiedad.

Roberto Carlos Pacheco Villanueva. Foto: Archivo personal Demetrio Pacheco.

Un día antes de su asesinato, Roberto Carlos salió como de costumbre a recorrer su concesión pero esta vez no regresó a casa. Preocupados por su desaparición, dos de las personas que trabajaban con él y su padre salieron en buscarlo. Lamentablemente lo encontraron muerto.

De acuerdo con información policial, el cuerpo fue ubicado en una trocha de acceso a un predio agrícola ubicada a la altura del kilómetro 356 de la carretera Interoceánica Urcos-Iñapari, a unos dos kilómetros de distancia de esta vía principal. Muy cerca encontraron un vehículo color naranja, sin placa de rodaje y sin número de chasis. La fiscal Miriam Huillca Huamán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, llegó hasta la escena del crimen.

Una historia de amenazas

“Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tienes que desaparecer de aquí”, fue la última amenaza que recibió Roberto Carlos Pacheco en abril de este año. Su padre la recuerda muy bien y la mencionó en una entrevista con Mongabay Latam.

Son más de 800 hectáreas de concesión. El problema es que están ingresando por varios lados, indica Pacheco. Foto: Jack Lo.

El amedrentamiento provino de un grupo de aproximadamente seis personas que encontró dentro de la concesión, a quienes su hijo recriminó por haber talado algunos de sus árboles, narra Pacheco.

Las invasiones a la concesión de 842 hectáreas de bosque adjudicadas a Pacheco empezaron a registrarse en el año 2012. Este terreno, dedicado principalmente al aprovechamiento de la castaña, está a su nombre desde 1995. “Desde que empezaron a invadir, en el 2012, he realizado por lo menos ocho denuncias por deforestación”, asegura Pacheco.

Fue siguiendo ese camino en defensa de los bosques de Madre de Dios que se convirtió en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por un grupo de ambientalistas y propietarios de concesiones forestales ubicadas en la zona de amortiguamiento de esta área protegida. Todo ellos llevan años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones de terrenos.

En una ocasión, Demetrio Pacheco y su hijo encontraron una bala en la mesa de su casa dentro de su concesión. Foto: Archivo Mongabay Latam.

“En junio del 2016 pedí una medida cautelar para que paralicen todo tipo de actividades en la vía administrativa y en el campo, pero es letra muerta. Ellos [se refiere a los invasores] han presentado supuestos certificados de posesión de los años 1988 y 1989. Nosotros pedimos imágenes y hasta el año 2005 no hay cambio en la cobertura boscosa, ¿Cómo en 1988 otorgaron constancias?”, señala Pacheco en referencia a los documentos que entregan a las autoridades regionales para certificar el cambio de uso de suelo que ocurre en el bosque.

Las amenazas y agresiones hacia la familia Pacheco han sido constantes. En el 2017, Roberto Carlos Pacheco fue golpeado y amenazado con un arma y un machete. Ese mismo año le pusieron el cañón de un arma en la boca y destruyeron sus bienes personales. En una ocasión dejaron una bala en la mesa de su comedor, recuerda así Pacheco todas las veces que recibieron estos mensajes contra sus vidas.

“La única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la Prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. Luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al Defensor del Pueblo en Madre de Dios”, menciona Pacheco.

Guimo Loaiza, representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, dice que cada vez que Demetrio entraba a su concesión era amedrentado. “Muchos como Demetrio, lamentablemente por la minería ilegal que ha ingresado a las concesiones, son amenazados”.

La minería ilegal en Madre de Dios ha destruido grandes extensiones de bosques. Foto cortesía Cincia.

Loaiza agrega que con lo sucedido ahora evaluarán solicitar la protección de Demetrio y su familia. “Hay muchos concesionarios que han sido amenazados. Ellos están expuestos al riesgo de sufrir cualquier atentado al estar en zonas próximas a la minería ilegal y a los invasores. Los que tienen concesiones forestales son los más vulnerables”.

La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, se pronunció sobre el asesinato de Pacheco a través de sus redes sociales. “Recibo desde Perú la terrible noticia de que Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, fue asesinado”, escribió en su cuenta de Twitter.

El 15 de junio envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre “el asesinato de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores”, ambos ocurridos este año durante la pandemia.

El congresista del Partico Morado, Alberto de Belaúnde, también escribió sobre la muerte de Roberto Carlos Pacheco. “Pese a la difícil coyuntura política, no puedo dejar de lamentar y condenar la muerte de Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, quien como parte del Comité de Gestión de la RN Tambopata viene luchando en contra de la minería ilegal en Madre de Dios”.

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente hizo un llamado a las autoridades para que brinden protección a los ambientalistas amenazados. “Mis sentidas condolencias a la familia de Demetrio Pacheco. Urgente llamado a @Defensoria_Peru, @MinjusDH_Peru, @MinamPeru @MininterPeru para que brinden efectiva seguridad personal y familiar”, escribió en sus redes.

La ministra del Ambiente (Minam), Kirla Echegaray Alfaro, también lamentó lo sucedido a través de las redes sociales.

Mongabay Latam buscó a Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente y actual representante del Minam ante la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización, para consultar sobre las acciones que se están realizando para proteger a los ambientalistas amenazados. En la misma línea consultamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta el cierre de esta edición no se manifestaron.

Un esquema de ilegalidad

La fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, señala que la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras son lideradas por mafias que se han instalado en Madre de Dios. “Quienes están comprometidos con la conservación son amenazados. Muchas veces no presentan sus denuncias ante la Fiscalía por miedo a lo que les pueda pasar”.

La Operación Mercurio se inició en febrero de 2019 con el fin de erradicar la minería ilegal en La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Ministerio del Interior.

Garay explica que los invasores de tierra son mafias que operan junto con la minería ilegal y la tala ilegal. Las concesiones invadidas, muchas veces bajo la fachada de asociaciones de agricultores, pasan con el tiempo a manos de mineros ilegales cuando ya se deforestó el bosque, explica Garay.

La fiscal señala que con la Operación Mercurio en la zona denominada La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, muchos mineros ilegales están desplazándose hacia otros lugares cercanos e invadiendo otros terrenos.

Hace una semana un operativo que duró tres días destruyó más de 60 dragas de minería ilegal en zonas fuera de la Pampa.

Lo ocurrido con el hijo de Demetrio Pacheco ha alarmado a otros concesionarios que son víctimas de esta violencia. “Tengo medio y quisiera dejar la concesión”, dice Freddy Vracko, hijo del ambientalista Alfredo Vracko, asesinado dentro de su concesión en noviembre de 2015 por taladores ilegales.

La minería ilegal ahora amenaza a las comunidades nativas de Pariamanu. Foto: FEMA Madre de Dios.

Vracko señala que son muchos los dueños de concesiones en Madre de Dios que tienen sus terrenos invadidos y son víctimas de amenazas. Comenta también que las denuncias en las fiscalías se quedan estancadas o son archivadas y lo mismo sucede con las investigaciones policiales.

El caso de su padre –recuerda Vracko– tiene cinco años sin resolverse pese a que hubo pruebas y testigos del hecho. “La situación está terrible en Madre de Dios. Lo que ha sucedido ahora es una forma de decirle a Demetrio y a todos los ambientalistas que dejen de hablar”.

 

Imagen principal: Concesión forestal de Demetrio Pacheco en Madre de Dios. Foto: Jack Lo.

Compartido por Luis Alberto Soto.

Panel nacional: Justicia Climática para las mujeres. Realidades y desafíos para Costa Rica

Este jueves 22 de octubre a las 2 p.m. hora Centroamérica, se llevará a cabo el panel: Justicia Climática para las mujeres. Realidades y desafíos para Costa Rica.

Puede inscribirse en el siguiente link:

https://forms.gle/1pWgu6oiy5HhUCPZ6

Se realizará vía zoom y se transmitirá por Facebook:

https://www.facebook.com/CentroamericaVulnerable
https://www.facebook.com/ditsoCR

Organizado por:

-Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida

-Asociación de Iniciativas Populares Ditsö

-Coordinadora Norte Tierra y Libertad

-Departamento Ecuménico de Investigaciones / DEI

-Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste / FEDEAGUA

-Fundación Rosa Luxemburgo

-Mayoría Solidaria

Centroamérica se reúne para dialogar sobre cambio climático y sustentabilidad Post-Covid19

  • El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida articula a organizaciones de toda la región en temas de cambio climático y resiliencia comunitaria

  • Costa Rica tiene 3 años participando activamente del espacio

  • La región centroamericana es una de las zonas más vulnerables del trópico ante los efectos del cambio climático

Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo el XI Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV), en donde diversas organizaciones de la región se reúnen a dialogar sobre los retos, alternativas y demandas frente a la crisis climática.

Este 2020 el evento lleva por nombre Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica; pues se pretende reflexionar sobre reto de la sociedad Centroamericana hacia la construcción de la sustentabilidad frente al Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) que enfrenta la región, que se profundiza a raíz de la pandemia.

El Foro es una plataforma de articulación que reúne a más de 200 organizaciones comunitarias y de sociedad civil de todo Centroamérica cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.

Como parte del proceso de articulación el Foro desarrolla cada año el Encuentro Regional que se lleva a cabo en uno de los países miembros. Sin embargo, por encontrarnos en un contexto de pandemia global este año se llevará a cabo de manera virtual y podrá seguirse por medio de sus plataformas como Facebook o Zoom.

El encuentro regional de este año está constituido por 10 conversatorios virtuales en donde se tocarán temas claves en la región como lo son: Gestión del Riesgo, Seguridad alimentaria, Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Industrias extractivas y conflictos socio-ambientales, género y justicia climática, entre otros.

Costa Rica se prepara para el Foro Regional con el Panel Nacional Justicia climática para las Mujeres: Realidades y desafíos para Costa Rica que tiene como objetivo posicionar dentro del debate nacional una visión crítica sobre el impacto que tiene la crisis climática para las mujeres y cuáles son sus alternativas y demandas de justicia climática. Este se llevará a cabo el 22 de octubre de 2:00pm a 4:00pm.

Centroamérica además de ser una de las regiones más desiguales del mundo es una de las zonas más vulnerables del trópico frente a los efectos del cambio climático. Este año la situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas.

La ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos. Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, políticas e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria Post COVID19.

El FCV-UV, desde hace más de 10 años, pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica. En este 2020, se promoverá un diálogo inclusivo que permita la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión Post COVID19.

Publican primer boletín del Observatorio de Bienes Comunes

El pasado mes de julio, el Foro Económico Mundial dio a conocer un informe titulado “El Futuro de la Naturaleza y los Negocios”, en este informe se exponen desde su perspectiva algunas de las amenazas que enfrenta el planeta, pero también procura proponer alternativas que permitan minimizar las actuales condiciones de vulnerabilidad que afectan los ecosistemas, además su análisis se enmarca en las graves consecuencias de la Pandemia del COVID19.

¿Qué es el Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra?

El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra es un esfuerzo más de articulación entre el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP que tiene como propósito contribuir en la problematización del contexto que nos interpela a todos y todas desde esta perspectiva, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados al origen, propiedad y gestión de los bienes comunes. Pretende a través de monitoreos, campañas, talleres en comunidades, articulación con proyectos similares de acción social e investigación, generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica, y favorecer una mayor conciencia sobre los desafíos que representa la gestión democrática de estos bienes para nuestra sociedad.

Este documento fue elaborado por el Equipo del Observatorio de Bienes Comunes.

Compartimos el documento:

Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas denuncia maltrato

En el siguiente video se puede apreciar el maltrato hacia el cauce de un afluente del río Cañas, que está ubicado en el centro de Salitrillos, distrito de Aserrí. Por medio de este video del 7 de octubre del 2020, se denunció la práctica «criminal» y pública de afectación al recurso hídrico que realizan los trabajadores municipales siguiendo los protocolos e instrucciones de sus superiores. A partir de la excavación con maquinaria pesada de la orilla de la carretera, con más de metro y medio de profundidad para el cambio de tuberías de agua, se puede observar el «depósito» de todo tipo de materiales que realizan en el cauce y el propio río. El lugar está ubicado diagonal a las instalaciones de la Fuerza Pública en Salitrillos de Aserrí.

Nuestros ríos siguen siendo los receptores de todo tipo de residuos, maltrato y de formas irresponsables y criminales.

Observatorio Ciudadano del Agua.
Asociación de Desarrollo Sustentable de Caraigres.

 

Información enviada por Ítalo Fera Fallas.

¿Está el negocio de los agrocombustibles detrás de la venta de la FANAL?

El impacto ambiental de la venta de la FANAL sería grave debido al aumento de los monocultivos

Comprador de FANAL tendría monopolio de un negocio que generaría ₡17 mil millones al año

Red de Coordinación en Biodiversidad y CoecoCeiba Amigos de la Tierra

La venta de la Fábrica Nacional de Licores sería un gran negocio para quien compre la única institución/empresa autorizada para producir el alcohol que podría ser usado como combustible. Ya que la FANAL es estrictamente quien ostenta el monopolio de vender etanol, así lo ha señalado la Procuraduría General de la República (1). Sumado a esto, la venta de FANAL sería un empujón irresponsable para la producción de agrocombustibles a nivel nacional.

Hay que recordar que el Gobierno de Carlos Alvarado en el 2019 planteó comprar 360 mil barriles de etanol (poco más de 57 millones de litros) que serían mezclados con la gasolina, un gran negocio sobre el que tendría monopolio total el futuro comprador de la FANAL. Claro está que esto se daría cuando se reactive nuevamente el proyecto y tenga viabilidad política. Pero es importante resaltar que ese negocio de vender etanol a RECOPE significaría nada más y nada menos que más de USD$29 millones al año, aproximadamente unos ₡17.442 millones.

Este proyecto ha sido tremendamente objetado por grandes intereses económicos que se oponen a que RECOPE y FANAL distribuyan gasolina mezclada con etanol.

Pero los estos sectores económicos y políticos opuestos, en 2019 a la propuesta del gobierno, no lo hacían porque estén preocupados por las consecuencias ambientales del incremento de los cultivos de caña (2) y mucho menos están preocupados por el encarecimiento de los combustibles. En realidad, estaban opuestos a que el negocio se lo adjudicaran a la FANAL y no a sus consorcios privados.

Estos mismos sectores poderosos que se opusieron en 2019 a la mezcla de etanol en la gasolina, ahora impulsan de forma desesperada la privatización de la FANAL en el contexto de la crisis sanitaria y fiscal que vive el país, con el pretexto del préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es importante recalcar que la privatización de la FANAL no sólo representa un gran golpe para las finanzas públicas del país, sino una estafa energética y ambiental que debe ser discutida a nivel nacional de forma transparente y no inmersa en la campaña del miedo por la crisis fiscal como pretende el Gobierno de Carlos Alvarado.

Esta discusión es importante debido a que la venta de la FANAL tiene también una dimensión ambiental que está siendo invisibilizada complemente, ya que para producir ese 5% de etanol que necesitarían los automóviles anualmente se necesitaría incrementar en 10 mil hectáreas los monocultivos de caña azucarera que en la actualidad alcanzan más de 70 mil hectáreas en el país. Es decir, generar un crecimiento de la industria azucarera con todas sus externalidades ambientales y sociales, las cuales sufren las comunidades aledañas.

Es importante mencionar las 70 mil hectáreas de caña sembradas son un consumidor agresivo de agua en zonas con gran estrés hídrico, como Guanacaste. Lo cual genera un acaparamiento muy grave del líquido, afectando a las comunidades que no consiguen acceder al agua potable debido a la cercanía con estas megaplantaciones.

El agua es uno de los temas más agudos en esta discusión. Según la Liga Agrícola Industrial de la Caña de azúcar (LAICA): “los productores de caña en Costa Rica aplican entre 2 y 6 riegos complementarios durante el ciclo del cultivo, lo que significa aplicar un volumen de agua de entre 1200 y 3500 metros cúbicos” (3). Esto significa un promedio de 2.350 metros cúbicos de agua, que equivalen a 2.350.000 litros anuales por hectárea. Si tenemos en cuenta que el rendimiento del cultivo es de 6000 litros de etanol por hectárea de caña sembrada (3), se puede concluir que para producir un litro de etanol en Costa Rica se necesitan en promedio 400 litros de agua.

Además, la industria de la caña es altamente dependiente del uso de plaguicidas. Utilizan aproximadamente 10 kg ingrediente activo /ha/año. De los cuales en su gran mayoría son herbicidas e insecticidas entre los que están: glifosato, paraquat, 2,4-D, diuron, ametrina, y hexazinona, todos Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAP)(4). Muchos de los cuales se aplican tan solo 2 semanas antes de la cosecha y que posiblemente sean encontrados en forma de residuos en los productos finales como el azúcar de mesa.

De forma aledaña, estos monocultivos tienen prácticas tan nocivas como las quemas generalizadas de la plantación antes de la zafra. Pero antes de prenderle fuego las fumigan con herbicidas mediante aspersión aérea con avionetas. Lo cual impacta muy gravemente la salud respiratoria de muchas comunidades aledañas al cultivo, tanto por la fumigación de agrotóxicos como por las quemas, que dicho sea de paso sufren las poblaciones de animales silvestres que se encuentren entre los cañales.

Entre otros aspectos, el cultivo de la caña de azúcar tiene graves impactos ambientales y sociales. Por esta razón existe una dimensión ambiental importante en la discusión sobre la privatización de la FANAL y la posible entrada en vigencia de la venta de agrocombustibles, mal llamados biocombustibles. Dimensión que ha sido silenciada completamente en medio de la crisis sanitaria que genera el COVID-19.

Bibliografía:

  1. Procuraduría General de la Reública. Dictamen: 063 del 06/04/2015 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=18774&strTipM=T
  2. Ecologistas rechazan el etanol como alternativa a los hidrocarburos https://www.informa-tico.com/9-04-2019/ecologistas-rechazan-etanol-alternativa-hidrocarburos3. Laica, 2013.
  3. Caracterización del riego en el cultivo caña de azúcar, De Costa Rica. https://www.laica.co.cr/
  4. Sustancias biocidas en la producción de caña de azúcar en Costa Rica http://www.ambientico.una.ac.cr/pdfs/ambientico/252.pdf

¿Qué sabemos sobre el Acuerdo de Escazú?

La campeona por Costa Rica del Acuerdo de Escazú Kyara Cascante, una joven de 16 años estudiante del Liceo de Miramar, y el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin nos explican la importancia de este convenio.

¿Por qué Costa Rica país proponente no lo ha ratificado? ¿Cuáles son los derechos que protege el Acuerdo de Escazú? ¿Cuáles países ya lo ratificaron? ¿Qué podemos hacer para lograr la consolidación de este Acuerdo? Le invitamos a escuchar y compartir las explicaciones.

UCR: Científicos logran fondos para convertir el residuo de palma en un producto amigable con el ambiente

Economía circular y medio ambiente

El proyecto, seleccionado por el Micitt, pretende transformar un residuo contaminante de la agroindustria aceitera, como lo es el pinzote de palma, en biocarbón

La fibra de pinzote de palma aceitera es un residuo que, por su elevado volumen de producción, representa un contaminante importante en el país. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Un grupo de científicos liderados por la Dra. Cristina Chinchilla Soto, directora del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, generarán el conocimiento para convertir el pinzote de palma aceitera en biocarbón, un material de alto valor y amigable con el ambiente.

En Costa Rica la producción de palma aceitera se desarrolla principalmente en la región Brunca y es una actividad que plantea un gran reto de manejo de residuos agroindustriales. Según datos del año 2012, por cada 100 toneladas de producto de palma, se generan 22 toneladas de fibra de pinzote. Esto equivale a 245 000 toneladas al año, que es el peso aproximado de unos 7500 contenedores llenos.

Ante esta problemática, los científicos presentaron un proyecto de investigación que permitiría aportar una solución viable para el manejo de este residuo, que sea rentable y además beneficie al medio ambiente, favoreciendo una economía circular.

El proyecto denominado “BIOECODES: El BIOcarbón como estrategia de ECOnomía circular: valorización de residuos agroindustriales para la DEScarbonización y la protección de los recursos” logró obtener fondos del Programa de Proyectos de Investigación Aplicada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) en el tema de Economía Circular y se extenderá por dos años.

Foto: UCR

¿Qué es el biocarbón o biochar?

El biocarbón o biochar es un material carbonáceo poroso, con propiedades físico-químicas adecuadas para el almacenamiento seguro y a largo plazo de carbón en el ambiente (cuando se incorpora al suelo). Se produce mediante un tratamiento térmico de biomasa denominado pirólisis que se realiza en ausencia de oxígeno a 600 °C como mínimo.

Sus características dependen tanto del material utilizado como materia prima como de las condiciones de pirólisis, señaló el Dr. Juan Salvador Chin, investigador del CICA-UCR quien en los últimos años ha estudiado su elaboración a partir de rastrojo de piña y otros residuos, así como el efecto de su adición al suelo. Foto tomada de: https://horti-generation.com/

Biocarbón y su efecto en los cultivos

El biocarbón se ha asociado a propiedades benéficas en el suelo en cuanto a fertilidad, estructura del suelo y retención de nutrientes como enmienda. Además, al aplicarlo en los terrenos de uso agrícola se aumenta el contenido de carbono de los suelos y se favorece la descarbonización de la actividad económica, según detalló la Dra. Cristina Chinchilla Soto, investigadora principal del proyecto y directora del CICA.

Con esta investigación se evaluarán los beneficios de aplicar el biocarbón específicamente en los suelos de cultivos de importancia para la zona sur como el maíz y el frijol, y en plántulas de palma aceitera. “Una de las principales preguntas que más nos interesa responder es cuál es el efecto del biocarbón sobre el rendimiento de estos cultivos, si va a funcionar en los suelos de la zona sur”, acotó la investigadora.

También se determinará su efecto sobre la retención de nitrógeno, agua y plaguicidas, en mezcla con dos tipos de suelo (arenoso y arcilloso), tanto en los laboratorios del CICA, en invernaderos del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) como en fincas ubicadas en Pejibaye de Pérez Zeledón.

La Dra. Chinchilla Soto, quien tiene amplia experiencia en proyectos que buscan la mejora en la productividad y eco-competitividad de los cultivos, señala que además es importante aprender cómo aplicar el biocarbón (que es un polvo muy fino) en las fincas, entender cómo se puede comportar, qué beneficios puede traer en estos cultivos y cómo puede llegar a integrarse dentro del sistema de producción.

Hacia una economía circular

Actualmente, las empresas productoras de aceite de palma compostan una parte de sus residuos de pinzote para usarlos como abono, también como restaurador de suelo o simplemente lo acumulan en grandes pilas mientras se descompone.

Esta investigación busca ofrecerles una estrategia viable para reducir y aprovechar esos residuos en un proceso que utiliza los recursos de forma eficiente, favoreciendo una economía circular. Para ello, se determinarán las condiciones óptimas para la producción del biocarbón utilizando hornos de estañón de bajo costo y se analizará la factibilidad económica de procesar dicho residuo a escala industrial.

Las expertas además analizarán los posibles efectos ambientales del uso del biocarbón elaborado a partir de pinzote, tales como el impacto sobre población microbiana, la ecotoxicidad (impacto en organismos vivos del suelo), la producción de lixiviados y la estimación de emisión de gases efecto invernadero, comparando el balance de emisiones de CO2 de la producción de biocarbón versus el manejo actual del residuo agroindustrial.

La producción de biocarbón ofrece otros beneficios ya que no solo permite secuestrar cantidades significativas de carbono a largo plazo en el suelo, sino que además puede aumentar la eficiencia en el uso del agua y de los nutrientes, regular el pH, retener plaguicidas y mejorar la productividad de los suelos. Por ello, se considera una de las Tecnologías de Emisión Negativas con mayor potencial para que el sector agrícola haga frente al cambio climático.

Investigación conjunta

Para la implementación de este proyecto, se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinario nacional e internacional, coordinado por el CICA-UCR, que incluye al TEC, el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG), el Centro de Investigaciones en Ecología y Aplicaciones Forestales de la Universidad Autónoma de Barcelona (CREAF-UAB) y la Agencia Certificadora Eco-LÓGICA.

“Este proyecto de BIOECODES viene a unificar a diferentes sectores del país que estaban trabajando en biocarbón. Las alianzas estratégicas tienen mucho potencial de éxito, eso hace que sea una confluencia de saberes” señala la docente e investigadora de la Escuela de Agronomía, M. Sc. Gabriela Soto, quien previamente trabajó en el Catie realizando investigación y ensayos en campo con este material.

Finalmente, como parte del proyecto BIOECODES, se analizará la factibilidad económica y de gestión de la producción de biocarbón con talleres de productores y procesadores de residuos agroindustriales. Además, se capacitará a técnicos del sector agrícola, productores y tomadores de decisiones sobre las ventajas de la producción y uso del biocarbón.

Equipo de investigación

  • Cristina Chinchilla Soto. Directora, CICA-UCR.
  • Juan Salvador Chin Pampillo. Coordinador, Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas y Metabolismo de Contaminantes (Laimec), CICA-UCR.
  • Marta Eugenia Pérez Villanueva. Investigadora, Laimec-CICA.
  • Maria Gabriela Soto Muñoz. Docente, Escuela Agronomía e investigadora CICA-UCR. Agencia de Certificación Eco-LÓGICA.
  • Karolina Villagra Mendoza. Profesora, Escuela de Ingeniería Agrícola, Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).
  • Laura María Brenes Alfaro. Coordinadora, Unidad de Investigación Socioambiental (ISA)- CICA.
  • Marco Vinicio Corrales. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA-MAG)
  • Xavier Domene Casadesús. Investigador, CREAF-Universidad Autónoma de Barcelona.

 

Katzy O`neal Coto,
Periodista, Oficina de Divulgación e Información