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OIDH se pronuncia ante recorte al presupuesto de Cultura y por aprobación de pesca de arrastre

Escrito en 26/10/2020. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

San José, 23 de octubre del 2020

Para la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos de Costa Rica, resulta sumamente preocupante que dos de las últimas acciones que diputados de la república han llevado a cabo son un desmedro de la estabilidad social, cultural y medio ambiental de nuestro país. Nos referirnos en primer lugar, a la aprobación del recorte aplicado al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud por alrededor de 4 mil millones de colones que, sin duda alguna, somete a un posible cierre técnico de la mayoría de los catorce órganos desconcentrados del sector cultura, sino de todo, sus planes, programas y proyectos que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años, afectando significativamente la promoción de las artes y la recreación de la niñez, la juventud y las personas artistas artífices de estos programas. En segundo lugar, también resulta profundamente repudiable la aprobación de la ley que promueve, legítima e impulsa la pesca de arrastre en los mares de nuestro país.

Para nuestra Organización, este ataque indiscriminado al sector cultura y al medio ambiente marino, demuestra una vez más que las personas que han tomado esas decisiones antes que pensar en el bienestar de nuestras futuras generaciones; atentan contra el bienestar integral, la paz, la estabilidad y el enriquecimiento intelectual y cultural de nuestra sociedad motivados por la ignorancia, la politiquería y la mezquindad. Nos parece sorprendente que quienes se han pronunciado a favor de la vida en múltiples ocasiones para oponerse al reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género, sean hoy quienes estén dispuestos a sacrificar la vida de cientos de miles de especies marinas que habitan en nuestros mares ¿acaso esas especies no tienen derecho a la vida.

Semejante hipocresía no tiene parangón alguno, lo cual prueba una vez más que los sectores a quienes representan esas personas que hoy gozan de privilegios en la Asamblea Legislativa y que son pagados con los impuestos que con duro sacrificio cancelan las personas habitantes del país, son guiados por profundos intereses oscuros que atentan contra la institucionalidad democrática y el estado de derecho en nuestro país.

La OIDH-CR, condena estas acciones y hace un llamado vehemente a los sectores progresistas y defensores de los derechos de este país para establecer las alianzas necesarias para detener esta oleada de nefastas decisiones que están hipotecando el futuro de nuestra sociedad y poniendo en riesgo nuestro estado social de derecho.

Adelante, siempre adelante.

Más de cien organizaciones solicitan vetar ley que permite reactivar pesca de arrastre

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República

Señora Andrea Meza Murillo, Ministra de Ambiente y Energía

Señor Renato Alvarado Rivera, Ministro de Agricultura y Ganadería

Las 117 organizaciones abajo firmantes les solicitamos vetar el proyecto de ley 21.478, que reactiva la pesca de arrastre en Costa Rica.

Porque el proyecto de ley recién aprobado no garantizará un desarrollo sostenible democrático en nuestras costas, Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza. Por el contrario, la pesca de arrastre afectará a más de 14.000 pescadores artesanales de Guanacaste y Puntarenas, así como al sector turístico y empresas nacionales como restaurantes, tour operadores y hoteles, quienes dependen de la sostenibilidad del destino turístico para garantizar empleo de calidad en las comunidades costeras.
Porque la pesca de arrastre no es la solución a la crisis socioeconómica que, durante décadas, ha afectado a la provincia de Puntarenas. Todos los sectores productivos del cantón central de esta provincia han experimentado una drástica contracción desde hace 20 años. Los registros de las empresas oficialmente inscritas en la CCSS son contundentes: aquellas con mayor capacidad de generación de empleo y dinamismo económico, tales como construcción, agrícola, industria, manufactura, turismo, comercio, servicios y transporte han sufrido una reducción desde el 2001.
Porque el proyecto de ley continúa posponiendo la implementación inmediata de alternativas productivas que sí atiendan, de manera efectiva, la problemática socioeconómica en el cantón central de Puntarenas. Esta propuesta crea además inseguridad jurídica y falsas expectativas, ya que la implementación de la pesca de arrastre no será posible al momento de su aprobación, pues se deben realizar estudios que demuestren que sí se puede utilizar esta técnica sin generar impactos ambientales ni socioeconómicos. Este proceso puede tardar varios años, contribuyendo así al incremento de la crispación social que vive nuestro país.
Costa Rica merece hacer honor a su compromiso global a favor de la sostenibilidad. Aprobar la pesca de arrastre es un retroceso ambiental, social y económico: nos aleja de nuestros compromisos ante la OCDE, es contrario a nuestra tradición conservacionista, y pone en riesgo nuestra reputación como destino turístico responsable. Es vital que este Gobierno asuma su compromiso de campaña y abogue a favor de una reactivación económica sostenible, resiliente, que genere progreso social en el sector pesquero, por medio de prácticas competitivas y sostenibles.

Organizaciones Pesqueras

Asociación de pescadores artesanales, fileteadores, armadores afines de Puntarenas
Asociación local de pescadores artesanales de Colorado
Asociación Red del Golfo
Asociación local de pescadores de Puerto San Pablo
Asociación náutica de Tamarindo
Asociación local de pescadores artesanales de Puerto Níspero
Coopepuertothiel RL
Asociación mixta de pescadores artesanales de Montero, Isla Chira
Asociación de pescadores cuerderos de Puerto Palto
Asociación de pescadores artesanales de Puerto Jesús
Asociación de pescadores artesanales responsables de Puerto Pochote
Asociación de pescadores de Playa Samara
Asociación de pescadores Guiones Garza
Asociación de pescadores artesanales turísticos, buzos y afines de Playa del Coco
Sindicato industrial de pescadores artesanales criadores acuícolas y anexos de Costa de Pájaros
Asociación de pescadores artesanales del Jobo
Asociación de pescadores de Playa Bejuco
Asociación de buzos de Sardinal y lugares aledaños
Asociación de pescadores de Santa Elena de la Cruz
Coopeacuicultores RL (Isla Venado)
Asociación de pescadores artesanales y molusqueros buzos y turísticos afines de Puerto Soley
Asociación de pescadores turísticos de FIamingo
Cámara de pescadores, armadores y afines de Guanacaste
Asociación de acuicultores de Tambor
Asociación de pescadores y pescadoras de Cabuya en pro de la pesca responsable

Organizaciones Turísticas

Cámara de Turismo Guanacasteca (CATURGUA)
Cámara de Turismo de lo Zona Azul (CATUZA)
Cámara de Empresarios Turísticos del Cantón de Bagaces (CATUBA)
Asociación Turismo Sámara (Turismo Pro Sámara)
Cámara de Turismo de Nosara (CATUNO)
Cámara de Turismo Tenorio Miravalles (CATTEMI)
Cámara de Turismo de Río Zapote (CATUPA)
Cámara de Agroecoturismo Sostenible Comercio y Afines de Puesto Carrillo
Cámara Nacional de Ecoturismo y Turismo Sostenible de Costo Rica (CANAECO)
Cámara de Turismo de Osa (CATUOSA)
Asociación Costarricense de Guías Certificados (AGUICE)
Asociación de Guías Naturalistas de Drake
Asociación de Operadores de Turismo en el Parque Nacional Marino Ballena (ASOTU)
Asociación de Guías de Bahía Ballena
Osa Wild Travey Agency

Gobiernos Locales

Municipalidad de Liberia
Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Bagaces
Municipalidad de Cañas
Municipalidad de Carrillo
Municipalidad de Hojancha
Municipalidad de La Cruz
Municipalidad de Nandayure
Municipalidad de Nicoya
Municipalidad de Santa Cruz
Municipalidad de Tilarán
Intendencia de Colorado de Abangares
Intendencia de Lepanto de Puntarenas

Sector Ambiental y Comunal

Fundación MarViva
OneSea
Preserve Planet
Fins Attached Marine Research And Conservation
CREMA
Fridays for Future Costa Rica
Sea Sheperd
For the Oceans
The Leatherback Trust (TLT)
Amigos Isla del Coco (FAICO)
Misión Tiburón
Promar
Osa Conservation
Red de Juventudes y Cambio Climático
Escazú ahora Costa Rica
Asociación Animal Hope Costa Rica
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna (APREFLOFAS)
Asociación Costa Rica Por Siempre
GreenWolf
OperationRichCoast
5minutebeachcleanup
Grupo ACOS
MareBlu Organización de Conservación Ambiental
Costa Rica Plogging
Unidos por los Tiburones Ocean Movement
Hatillo Verde
Soy Héroe Ambiental
Marine Conservation Costa Rica
Diwo Ambiental
Guarumo
Coalición Ambiental
Tiburones Vivos
Fundación VerdeAgua
Ríos Pura Vida
EcoRoble
OneHand
Tortugas de Osa (COPROT)
Frente Ecologista del TEC Río Urbano
GREENLAND
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Ambiental, Tecnológico de Costa Rica
GreenHeart
Un Puerto Limpio
Enviajarme
Somos Picnic
EcoRunners
Nicoya Peninsula WaterKeeper
Festival Envision
Fundación The Clean Wave
MIRAVERDE
Asana
Corredor Biológico Paso de la Danta
Fundación Árboles y Vida
Asociación de Desarrollo Integral de Mal País y Santa Teresa
Fundación Corcovado
Fundación Abuela Ecológica
Sennamiki
EcoGuanacaste
Humane Society International-Latin America
COVIRENAS de ACOSA
Asociación de Desarrollo Integral de Rancho Quemado, Osa
Asociación de Desarrollo Integral de Uvita de Osa

Al cumplirse dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Asociación Americana de Juristas – Rama Costarricense

El Acuerdo de Escazú de Naciones Unidas, adoptado en Costa Rica en 2018, tiene el valor de un hito en materia internacional, al constituirse como el primer instrumento vinculante para América Latina y el Caribe en garantizar, desde la perspectiva de los derechos humanos, el derecho al acceso a la justicia, a la participación pública y a la información en materia ambiental. Su base se remonta a la Declaración de Río de 1992 que consagra, en su Principio 10, el derecho de participación del público en materia ambiental; así como al acuerdo europeo sobre participación (Convenio de Aarhus de 1998). El Acuerdo de Escazú viene a consolidar el derecho de todas las personas a ser actores esenciales en la toma de decisiones en materia ambiental y a reafirmar el papel del Estado en la protección de las personas que defienden el ambiente.

Al haberse cumplido el 26 de setiembre del 2020, dos años desde que se procedió a la apertura de firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas, la Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) considera de suma importancia:

Expresar su profunda satisfacción por haber anunciado oficialmente Argentina el pasado 24 de setiembre la finalización del proceso de aprobación de dicho acuerdo regional suscrito en Costa Rica. Argentina se convierte en el décimo país es ratificar el Acuerdo de Escazú, viniendo a confortar a los nueve Estados que la antecedieron en el depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas, a saber: Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, así como Uruguay.
Hacer ver que el Acuerdo de Escazú es resultado de un amplio e inclusivo proceso de elaboración, del que cualquier agrupación civil interesada tuvo posibilidad de participar activamente (https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu/mecanismo-publico-regional), por lo que, desde su misma concepción es fiel reflejo del principio democrático que tanto distingue a nuestro País, junto con el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos, también inherentes a dicho Acuerdo. Si Costa Rica retoma su liderazgo en derechos humanos y ambientales, tiene la oportunidad de ser el undécimo en ratificarlo, para que ya entre en vigor.
Deplorar profundamente que el Poder Ejecutivo de Chile, promotor con Costa Rica de este valioso instrumento en favor del ambiente y de los derechos humanos durante las negociaciones de dicho instrumento (2014-2018) haya desistido inopinadamente de su buen esfuerzo inicial, separándose del resto de América Latina y el Caribe al negarse a firmar este tratado, con base en una serie de argumentos sin sustento jurídico ni ambiental y, por ende, desprovistos de veracidad. La primera señal de ello la había externado Chile en setiembre del 2018 en Nueva York, al no enviar ningún delegado a la ceremonia oficial de apertura de firma, celebrada durante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Lamentar profundamente que la Sala Constitucional de Costa Rica haya ordenado el pasado 22 de setiembre a la Asamblea Legislativa retrotraer el procedimiento de aprobación a su punto inicial, en razón, según la Sala Constitucional, de la falta de consulta al Poder Judicial sobre la supuesta afectación a su potestad de organización que significa la implementación del Acuerdo de Escazú. Sobre este último punto resulta a todas luces sorprendente que de los 10 Estados que ya han ratificado este instrumento, ninguno planteara que el Acuerdo de Escazú implique alguna carga adicional para el sistema de administración de justicia, como infundadamente lo argumenta la Corte Plena, cuya rebuscada ‘parsimonia’ contrasta significativamente con la posición del resto de los Países.
Reafirmar, al contrario de lo sostenido en una cuestionable decisión tomada en en el voto 2017001163 de febrero de 2017 por mismo juez constitucional costarricense (y que constituye una total regresión con relación a su jurisprudencia anterior); que el principio de participación del público en asuntos ambientales sí es un derecho humano, porque en primer lugar, (aunque el dicho juez constitucional lo ignore intencionadamente) el artículo 9 de la Constitución define al Estado costarricense como una República participativa; y en segundo lugar, porque así lo ha establecido expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 242 de su Opinión Consultiva OC-23, dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) donde precisa que: » Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.
Denunciar de manera vehemente la campaña de desinformación orquestada desde algunos círculos empresariales, con el apoyo de influyentes sectores gremiales y medios de prensa (a la que se prestaron algunos juristas) que se ha desatado en contra del contenido del Acuerdo de Escazú, en particular en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, bajo argumentos sin sustento, totalmente ajenos a la letra y al espíritu del Acuerdo de Escazú.
Reiterar que el resguardo del derecho a la participación ciudadana, al acceso a la información y a la justicia ambiental constituyen los pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú en pro de afianzar mecanismos de democracia ambiental en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos, así como la protección que debe urgentemente extenderse a quienes defienden el ambiente, en muchos casos desde sus pequeñas comunidades rurales.
Recomendar a los Estados que aún no lo han hecho, que firmen y ratifiquen el Acuerdo de Escazú, para lograr su pronta entrada en vigor, la cual requiere el depósito del instrumento de ratificación número once, según reza el artículo 21 del mismo.
Felicitar a las distintas organizaciones no gubernamentales y a los sectores académicos y gremiales por su entrañable esfuerzo en favor de la pronta ratificación del Acuerdo de Escazú, teniendo presente que el fin primordial del mismo es consolidar una verdadera democracia ambiental en nuestra Región.
Solicitar a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que ratifique lo antes posible el Acuerdo de Escazú. Solicitar a la Sala Constitucional que reconozca el valor de este instrumento de derechos humanos ambientales y el aporte que brinda para consolidar la estructura jurídica en la región y específicamente en Costa Rica.

Desigualdad e injusticia climática: Escenarios de agotamiento de los Bienes Comunes Naturales

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

¿Estoy loco, para ver lo que otros no ven, o
están locos los responsables de todo lo que estoy viendo?
León Tostoi

El pasado mes de septiembre 2020, OXAFAM presentó el informe “Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono Por qué la justicia climática debe estar en el centro de la recuperación tras la pandemia de COVID-19” donde expuso las profundas brechas en torno a las emisiones de carbono y el nivel de ingreso.

En este marco es importante señalar que la crisis climática es provocada por el accionar humano sobre los bienes comunes naturales, pero las diferencias de impacto saltan a la vista, cómo por ejemplo nuestra atmósfera, que a lo largo del tiempo ha acumulado las emisiones de carbono, en detalle la deuda ecológica entre 1800-1988, se refleja de una forma desigual; 83.7% producido en el hemisferio norte contra apenas un 16.3% del hemisferio sur.

Este informe que nos presenta OXFAM nos alerta que a pesar de las bajas emisiones que se reportan motivo de las medidas COVID 19, la crisis climática sigue, y que, ante los compromisos del Acuerdo Climático de París, estamos muy cerca de superar el límite de mantener el calentamiento global del 1,5 C, agudizando así el deterioro de los bienes comunes naturales.

Sin embargo, la gran contribución de este informe reside en que nos ayuda a problematizar una pregunta incómoda para algunos sectores de nuestras sociedades, ¿Quiénes son responsables del incremento de estas emisiones (1990-2015)?

Al respecto esto, el informe nos trae algunos datos importantes de reseñar, por ejemplo; el 10% más rico generó el 52% de emisiones totales de carbono, de estas el 1% de la población mundial más rica generó 15% de las emisiones, sin embargo, apenas el 50% más pobre de la población mundial generó el 7%.

Un ejemplo que nos aporta es respecto de las emisiones totales relacionadas a la dimensión del transporte; solamente el 10% de los hogares más ricos consume de esto el 45% del transporte terrestre y el 75% aviación.

Con estos y otros datos más, el informe logra concluir que por lo menos el 5% más rico es responsable del 37% del incremento total de las emisiones del período de estudio.

También es importante señalar, que unos de los sectores que hoy atenta más contra los Bienes Comunes Naturales como lo es la Agroindustria, llega a representar el 30% total de las emisiones de carbono, esto resultado de la suma de sus dimensiones de agrocadena: agricultura, industria, energía y transporte (Ecologistas en Acción, 2010).

Con estos datos que les presentamos, podemos llegar a una primera idea, el actual crecimiento económico garantiza la satisfacción del consumo más rico, no está centrado en la mejora de las condiciones de vida. Por ejemplo, la mitad de la población mundial vive con menos de $5,50 al día.

Pero ¿qué nos dice esto?

Algunas ideas que nos permiten partir de este informe:

Hay un consumo desproporcionado de los sectores más ricos
Las personas en pobreza y exclusión hacen frente a los efectos de cambio climático de manera directa
Las generaciones futuras verán perjudicada su calidad de vida, ya que encontrarán un agotamiento acelerado de los Bienes Comunes Naturales
La coyuntura del COVID 19 demostró que se pueden tomar medidas radicales ante una amenaza

Es por esta razón que, a partir de la lectura de este informe, podemos proponer algunas medidas que se pueden explorar para abordar la crisis climática:

Impuestos a la riqueza
Apoyos a sectores que desarrollan modos de producción alternativos
Prohibiciones y restricciones sobre actividades contaminantes

Ante este escenario que atravesamos de agotamiento generalizado de los Bienes Comunes Naturales, es importante profundizar en las experiencias de gestión de los bienes comunes como un aporte más para enfrentar las repercusiones de la actual injusticia climática, estos procesos nos enseñan a construir relaciones a partir de la horizontalidad de los sujetos y protegiendo con sus acciones la reproducción de la vida.

Fuentes:

Gore, T. (2020). Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono Por qué la justicia climática debe estar en el centro de la recuperación tras la pandemia de COVID-19. OXFAM. Tomado de: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-es.pdf

Ecologistas en Acción (2010) Agricultura y cambio climático N 67. Recuperado de: https://www.ecologistasenaccion.org/19945/agricultura-y-cambio-climatico/

Equipo de trabajo del Observatorio de Bienes Comunes: agua y tierra
Programa Kioscos Socioambientales
Centro de Investigación y Estudios Políticos

Infograma-Observatorio-Bienes-Comunes-Descarga

Manifiesto Ecológico Político sobre los Recursos Marinos Costeros de Costa Rica

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Madre Tierra.

María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski nos comparte Manifiesto Ecológico Político sobre los Recursos Marinos Costeros de Costa Rica, propuesto desde el año 2003 por colectivo nacional conformado para la defensa de los recursos marinos costeros.

El Foro Popular Ambiental, agrupación conformada por organizaciones y personas con profunda convicción de nuestro compromiso para la construcción de una sociedad justa, humana y ambientalmente sana para todos y todas, al ver amenazada nuestra riqueza marina y nuestro Derecho a la Vida por la falta de políticas claras y transparentes en pro del bienestar de las mayorías, mientras se produce una injusta acumulación de riqueza en manos de los depredadores que se nutren de los recursos naturales nacionales, y en particular de los recursos marino-costeros, mediante este MANIFIESTO PÚBLICO, proclamamos a la opinión pública nacional e internacional, a nuestros gobernantes miembros de los tres poderes de la República:

Lamentamos que Costa Rica, con un mar patrimonial diez veces más grande que su territorio continental, ha desprotegido desde tiempos inmemoriables los ricos recursos marinos y costeros que pertenecen a todos los costarricenses.

El Estado Costarricense, a través del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entre otras instancias, debe tomar las acciones efectivas que permitan resguardar y administrar racionalmente, la riqueza natural que tiene el deber de salvaguardar para las presentes y futuras generaciones.

Demandamos que, ante el caos imperante en este campo, se impulse con energía los cambios legales conducentes hacia la conservación de los recursos vivos y no vivos de los ecosistemas marinos y costeros de Costa Rica, con el objetivo, entre otros, de salvaguardar la seguridad alimentaria que ha de sustentar el bienestar de los costarricenses y de la Humanidad.

Advertimos que para cumplir con tan loables objetivos, haría falta revisar a profundidad el deficiente proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura que sigue el trámite legislativo.

La presencia del Domo Térmico, fenómeno oceanográfico único, -hace del mar Pacífico costarricense uno de los más ricos en atún aleta amarilla y barrilete en el mundo y que, ante políticas claras de parte del INCOPESCA, no está siendo aprovechado en beneficio del pueblo de Costa Rica.

Instamos al INCOPESCA y al MINAE a detener, sin mayor dilación, la pesca incidental de delfines, realizada impunemente por los buques atuneros extranjeros que pescan en aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica, para lo cual habrán de adquirirse las embarcaciones necesarias para ejercer las labores de vigilancia y prevención que se requieren.

Esperamos del INCOPESCA el cumplimiento de su deber, prestándole especial atención al otorgamiento de licencias de pesca de atún que, al darse gratis, constituyen un incentivo a la sobreexplotación del recurso pesquero. Asimismo, la urgencia de admitir la incapacidad que tiene dicho Instituto para realizar estudios científicos sobre la dinámica de poblaciones de las especies de atún que se pescan en aguas costarricenses.

Exigimos tomar acciones firmes en contra de la corrupción y el despilfarro, expresados en una especie de piñata de recursos a favor de las transnacionales que trasiegan con los recursos marinos de pequeños países como Costa Rica. El abuso en la pesca irracional de tiburones, además de la práctica criminal del «aleteo» que practican pescadores orientales, así como las técnicas de pesca de camarones en que se matan incidentalmente tortugas marinas y la extracción irracional e injustificada de peces de arrecife con que se están diezmando los ecosistemas del litoral, son solo algunos de los asuntos que aún esperan ser atendidos por el INCOPESCA y el MINAE.

Planteamos igualmente, una mayor atención a los problemas socioeconómicos que tienen sumidos en la pobreza a la mayor parte de los habitantes de Guanacaste, Puntarenas y Limón, quienes paradójicamente, tienes sus costas bañadas por las aguas del rico océano Pacífico y el mar Caribe.

POR LO TANTO DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA:

Declarar los recursos marinos-y costeros de DOMINIO PÚBLICO, como fuente vital para el sustento de comunidades costeras y pesqueras, para las economías locales, como reserva de biodiversidad, recursos genéticos, turismo y esparcimiento espiritual.
Zonificar el patrimonio nacional marítimo, priorizando la protección de recursos para absoluta de carácter permanente o no en las zonas ecológicamente frágiles.
Fomentar los mecanismos legales y administrativos para reconocer y obtener el Pago de Servicios Ambientales en manglares, ciénagas y golfos y áreas marinas de protección absoluta, cuyos fondos serán utilizados para los programas de conservación y restauración de los ecosistemas deteriorados.
Eliminar las injustas regalías de que gozan las flotas de pesca nacionales e internacionales que usufructúan de los recursos marinos y exigir mayores controles en las licencias de pesca otorgadas..
Condicionar el otorgamiento de los permisos de pesca a la existencia de estudios científicos que permitan estimar la condición biológica de las especies que se plantea extraer.
Promover e incentivar el establecimiento de diferentes categorías de manejo de recursos en ecosistemas marinos y costeros que están demandando especial atención, en zonas frágiles ecológicamente cercanas e interactuantes con los humedales costeros. Entre esas categorías se mencionan Refugios de Vida Silvestre Marina, Reservas Marina-Costera, Parques Nacionales, Reservas Biológicas Marinas, Santuarios Marinos, etc., para dar una mayor protección, con la participación de las diferentes comunidades del Caribe, Río San Juan y el Pacífico y garantizando la propiedad y administración del Estado.
Establecer un Parque Nacional del Domo Térmico en los límites costarricenses; promoviendo a su vez la incorporación del territorio nicaragüense para que se pueda convertir en un Parque Internacional.
Establecer un mecanismo de sostenibilidad financiera, claro, transparentes, controlado por la Contraloría General de la República.
Establecer un fideicomiso regulado por la Contraloría General de la República para los fines de protección, conservación, vigilancia, capacitación, educación, etc. derivados de las tareas que se proponen, que deberá financiarse a partir de los aportes derivados del pago de impuestos de ventas y la renta de las empresas que se benefician con los recursos marinos y costeros.
Crear el Ministerio del Mar como ente rector encargado de velar por el buen uso de los recursos marinos y costeros que esté dirigido por personal técnico y científico conocer del área, garantizando el Estado su financiamiento mediante los recursos económicos dentro del presupuesto de la República, fondos específicos, donaciones, investigación científica y otros.
Crear una Flota Marina Civil compuesta por las comunidades costeras y las autoridades nacionales encargadas de la vigilancia marítima, cuyo financiamiento se hará a través del Fideicomiso.
Crear una Ley para el Uso, Conservación y Restauración de los Recursos Marinos, con la verdadera participación de todos los actores sociales, principalmente de las zonas marinos-costeras.
Incentivar la creación de los Juzgados Marítimos.
Iniciar una campaña nacional de capacitación, información, concientización, sensibilización, sobre la conservación, protección, producción, comercialización, etc. de los recursos marinos, con la participación de las comunidades marino-costeras.
Establecer con las universidades convenios para capacitar a las comunidades en materia de producción, acuicultura, poniendo énfasis en las especies nativas para evitar al máximo la producción de especies exóticas y los métodos de reproducción en donde se manipulan las hormonas..
Promover la incorporación de la problemática de los recursos marino costeros en los programas de educación ambiental del Ministerio de Educación, centros educativos privados y universidades.
Crear un Banco de Datos, adscrito y perteneciente al Ministerio del Mar, sobre todas las investigaciones que se han realizado en las Universidades e Institutos Nacionales e Internacionales sobre los recursos marinos estatales, por su gran valor para el conocimiento de las diferentes especies que permita un mejor aprovechamiento y manejo de los recursos marinos.
Declarar y hacer una lista de las especies marinas que están en peligro de extinción y las que están amenazadas.
Declarar una VEDA total de todas las especies marinas que están siendo sobre explotadas hasta tanto no se tenga un estudio técnico científico del ciclo de vida, su ecología, etc.
Promover el desarrollo de turismo de bajo impacto con participación de las comunidades locales en islas y zonas costeras prohibiéndose la exclusión y marginación de los residentes locales.-
Promover la definición de rutas marítimas y desarrollo de infraestructura portuaria bajo normas amigables con el ambiente.
Promover mayor control sobre los muelles privados que descarguen productos provenientes del mar.
Prohibir el uso de sistemas de pesca que amenacen los recursos marinos.
Prohibir la manipulación genética de los recursos marinos-costeros.
Prohibir el uso de rastras y otras “técnicas” depredadoras de los recursos marinos.
Prohibir el tránsito de embarcaciones con desechos o materiales tóxicos, nucleares o similares.
Prohibir la disposición temporal o final de desechos peligrosos, industriales, nucleares o similares.

Solicitamos al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo que se promueva la búsqueda de recursos para iniciar la realización de talleres a nivel nacional para que podamos difundir y obtener apoyo para lo propuesto en este Manifiesto.

FORO POPULAR AMBIENTAL:

Asociación Comunidades Ecologistas Usuarias del Golfo de Nicoya

(CEUS del Golfo), contacto: telefax 639-9441, soniatorres@racsa.co.cr

Asociación Conservacionista YISKI, contacto tel. 297-0970, yiskicr@racsa.co.cr
Asociación Cultural y Ecologista de Pueblo Redondo (ACEPUR), contacto Miguel Bravo, tel. 663-4173
Asociación Desarrollo Integral Gloria Bejarano – Barranca, contacto Marita Osés 663-1244
Asociación Desarrollo Integral Los Ángeles y Guadalupe, Barranca (ADGA), contacto Manuel Segura 663-1613
Asociación Pro Ecología y Rescate Cultural Oromontano, contacto Zenón León 639-8869
Asociación Rescate Puntarenas (ASOREPUN) contacto José Manuel Maffio 663-9091
Comité de Vecinos y Vecinas de Oposición a la Minería de Oro, contacto Roberto Aguilar 639-8283
Comité de Trabajo – Bonanza, Barranca, contacto Manuel Segura 663-1613
Comité Local de Pescadores (COLOPEZ) de Chomes, contacto Valentina García Jiménez 646-1021
Covirenas Puerto Viejo – Limón, contacto Marta Castro Bolaños, tel. 250-7739 martequi@yahoo.com
Covirenas Tivives – Esparza, contacto Daniel Portuguez, 393-9401
Fundación Bosques Nuevos para la Vida –Esparza, contacto Sergio Zúñiga 635-5624, bosquesnuevos@yahoo.es
Fundación Coyoche – Esparza, contacto Ángela Gätgens 635-5914, fundacioncoyoche@yahoo.es
Grupo Ambientalista Tivives (G.A.T – 4 S), contacto Daniel Portuguez, 393-9401, gat@costarricese.cr
Grupo Cativo Libre del Caribe Sur contacto Claudia Eppelin, tel. 750-0376
Grupo Ceibo del Caribe Sur, contacto Candelaria del Azar, tel. 750-0284
Grupo de Jóvenes de Tajo Alto – Miramar, contacto Onelsi Miranda 639-8740
Grupo de Vecinos de Barranca, contacto Carlos Lacayo 663-1295
Grupo de Vecinos de Barrio El Carmen, contacto Roxana Víquez 661-3313
Grupo de Vecinos de Carrizal, contacto Felipe Díaz 663-0484
Grupo de Vecinos de Sardinal, contacto Gilberto Corrales 639-1093
Red Comunitaria Gran Chacarita, contacto Felipe Díaz 663-0484

SECTOR ACADÉMICO:

Dr, Freddy Pacheco, Profesor Universidad Nacional
Zoraida Ramírez, Escritora
William Flores F., capitán y pescador puntarenense

¡POR EL RESCATE DE NUESTRA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA!

2003

UNA pide veto a Ley de Pesca de Arrastre

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Análisis, Derechos, Madre Tierra.

Pronunciamiento de la Escuela de Ciencias Biológicas en torno a la aprobación del proyecto de ley para el “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.
Petición al señor Presidente de la República para que vete la Ley al proyecto de ley N°21.478.

Los continuos estudios realizados por más de 30 años por la Universidad Nacional en la zona marino costera del Pacífico Costarricense, en torno a la pesquería de camarón.
Que las redes de arrastre no son selectivas, ya que el principio de estos artes es remover los fondos marinos y atrapar todo lo que se cruce a su paso, independientemente de la talla, edad, grupo taxonómico (peces, moluscos, crustáceos, equinodermos, etc.).
Que la pesca de arrastre rompe las redes tróficas de los mares, ya que mata indiscriminadamente organismos que se ubican en los niveles más bajos de las cadenas alimenticias y la captura incidental causada por la esta actividad, es una amenaza a la diversidad de especies en zonas tropicales, ya que ésta incluye la captura de especies de peces importantes para el consumo humano, siendo por tanto una amenaza a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad en la producción pesquera.
Que las poblaciones de camarón de las costas de nuestro país se encuentran en estado de sobrepesca; evidenciando que tanto la biomasa de organismos juveniles como adultos han disminuido de forma alarmante, inclusive sobrepasando el 90% de sobre explotación.
Que debido a sobreexplotación de las poblaciones de camarones; y las capturas de este recurso por parte de la flota semi-industrial disminuyeron en un 45% a finales del 2012, esta pesquería solo es rentable gracias a la captura de especies de peces como: cabrillas, congrios, pargos entre otros.
Que los salarios que genera esta actividad están por debajo del salario mínimo, exceptuando el Capitán y los tripulantes con rango de marineros; además del efecto económico sobre recursos marinos que pueden ser aprovechados por la flota artesanal.
Que la exoneración del combustible aplicada a esta actividad, reduce considerablemente los gastos en las tareas de las faenas de pesca, afectando notoriamente los recursos marinos.
Que la pesca de arrastre no cumple con ninguno de los principios que inspiran a este proyecto de Ley que promueve esta práctica, como lo son el desarrollo sostenible, enfoque precautorio, preventivo y de sostenibilidad, ecosistémico, seguridad alimentaria, trazabilidad del criterio de sostenibilidad, entre otros.
Que esta actividad pesquera causa daños al lecho marino y tienen un efecto negativo en algunos ecosistemas e incluso pueden dañar la misma pesca del camarón, esto por cuanto al ocasionar daño al fondo marino, todas las especies que viven o dependen de él se van a ver perjudicadas.
Que un principio fundamental en el enfoque precautorio es que “La ausencia de información científica adecuada NO debe ser usada como una razón para posponer o no tomar medidas de conservación o de manejo”.
Que los estudios científicos necesarios para el aprovechamiento, debe incluir la estimación de Biomasa disponible, periodos de desove, tallas o edades de madurez sexual de ese recurso, efecto ecosistémico de la actividad entre otros.
Que se afectan negativamente las actividades económicas de otros muchos pescadores artesanales a lo largo de la costa del pacífico.
Que el INCOPESCA no tiene capacidad ni libertad para hacer los estudios que permitan determinar la sostenibilidad de la actividad y mucho menos de hacer respetar que no se pesque en esteros, desembocaduras de ríos, arrecifes y áreas protegidas.
El proyecto N°21.478, es una amenaza directa contra el artículo 50 de la Constitución Política establece que «Toda persona tiene el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Siendo que es el estado el llamado a garantizar, defender y preservar dicho derecho.
Llamamos al respeto de las partes por el orden y paz en el país, para que no haya disturbios que deriven en violencia innecesaria.

Por lo tanto:

Solicitamos respetuosamente que se vete la Ley derivada del expediente N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.

Información: Oficina de Comunicación UNA

Organizan plantón en oposición a pesca de arrastre

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

Distintas organizaciones están convocando a un plantón este viernes 23 de octubre a la 1 p.m. frente a Casa Presidencial. Se quiere expresar al presidente Carlos Alvarado la oposición a la pesca de arrastre aprobada en segundo debate de la Asamblea legislativa.

Pronunciamiento de la Escuela de Biología y el Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) Universidad de Costa Rica: pesca de arrastre

Escrito en 22/10/2020. Publicado en Madre Tierra.

22 de octubre de 2020
EB-1110-2020

La mayoría de los recursos pesqueros en Costa Rica están sobre-explotados o colapsados.
La pesca de arrastre no es selectiva. Esta pesquería no solo extrae muchos organismos que no serán aprovechados (fauna acompañante la cual es descartada por su poco o ningún valor comercial), sino que está impactando otras alternativas de desarrollo (pesca artesanal de escama, pesca deportiva y ecoturismo) a través de su indiscriminado impacto.
El problema de la pesca de arrastre no es solamente la gran cantidad de la fauna acompañante, sino también su impacto en el lecho marino y la re-suspensión de sedimentos (con contaminantes).
La pesca de camarón representa en Costa Rica apenas unos 4% del valor total desembarcado de la pesca en el Pacífico.
No se justifica el daño ambiental tan amplio e irrestricto que la actividad produce y su impacto a otros sectores productivos del país, de los cuales dependen miles de personas.
Hoy en día, la mayoría de los camarones provienen del cultivo y no de la pesca de arrastre. Se debería fortalecer una maricultivo amigable con el ambiente como alternativa para la pesca de arrastre. El cultivo del pargo con paquetes tecnológicos desarrollados por universidades públicas de Costa Rica, es un ejemplo de eso.
No existe información sobre la cantidad de camarones disponible para la pesca de arrastre en el Pacífico de Costa Rica. Abrir ahora una pesca de arrastre podría generar falsas expectativas, porque no se puede excluir la posibilidad que el recurso camarón se agota rápidamente.
El último estudio de INCOPESCA (2018) muestra una reducción considerable de la fauna de acompañamiento de camarón, pero es un estudio preliminar y es necesario validarlo en diferentes lugares y diferentes épocas.
El 73% de especies de fauna de acompañamiento de camarón son capturados por la pesca artesanal.
Considerando la situación actual, especialmente la falta de información sólida sobre el recurso camarón, no es prudente re-abrir un pesca de arrastre. Actualmente no existe ningún estudio en Costa Rica que evidencia la sostenibilidad de la pesca de arrastre.

Atentamente,
M.Sc. Daniel Briceño Lobo
Director, Escuela de Biología, UCR
Dr. Ingo Wehrtmann
Director, CIMAR, UCR

SOS por la fauna marina y ecosistema: ¡¡NO a la pesca de arrastre!!

Escrito en 22/10/2020. Publicado en Madre Tierra.

Señoras y Señores Diputados Asamblea Legislativa:

En nuestro trabajo por el Litoral Pacífico Central como en las Islas del Golfo de Nicoya: Isla Chira, Venado y Caballo, hemos visto dos formas de pesca la artesanal responsable y la insostenible pesca de arrastre.

En la pesca de arrastre hemos visto morir miles y miles de diferentes especies marinas: tiburones y manta raya bebes, caballitos de mar, cangrejos, medusas, corvina juveniles que nunca llegaron a reproducirse…y así muchísimas especies más, que ni siquiera hacen una sopa o algo similar, simplemente lo tiran a la orilla del mar causando contaminación y olores que no se pueden soportar y tal vez ¡sólo para obtener un 20% de camarón!

Por otra parte, el diputado Melvin Muñoz, como cristiano debe de respetar los 10 Mandamientos, sin embargo, en los medios de comunicación mintió al decir que se aprovechan la fauna de acompañamiento o de desecho (basura) de la pesca de arrastre del camarón entre otras afirmaciones falsas.

Por lo menos lo que llega a las Islas del Golfo de Nicoya, como Isla Venado o Isla Caballo, hemos visto, muchas especies, algunas en peligro de extinción como bebes tiburones, etc., muertos, en las mesas dónde depositan lo pesca del día y que sólo les interesa escoger el camarón, las demás especies, como si fuera basura, (¿convertida en croquetas para gaticos?), la tiran a la orilla del mar, hemos sido testigos, ver para creer don Melvin, como Tomás…

Como cristiano usted es un falso profeta y con Dios no se juega, menos con su Creación, sus Animales y ecosistemas, que no se pueden defender de las y los depredadores y que además van a poner en peligro la seguridad alimentaria de Mesoamérica, no sólo de Costa Rica y de su propia familia.

¿Para quién realmente trabaja usted? Espero que esta reflexión lo haga pensar mejor.

Este tipo de «arte» de pesca de arrastre, está atentando contra la SEGURIDAD ALIMENTARIA de Costa Rica y todo Mesoamérica, porque no estamos solas ni solos.

Por favor voten en contra de la pesca de arrastre, por el presente y futuro de las generaciones.

Ma. Elena Fournier S.
Presidenta
Asoc. Conservacionista YISKI
Tel. 22 97 0970