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Solicitan la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y degradar el sitio Ramsar Gandoca‑Manzanillo

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Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR expone una denuncia que exige la nulidad de la Ley 9223 por favorecer intereses inmobiliarios y amenazar el equilibrio ecológico del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

El pasado 11 de julio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría de los Habitantes para que se anule por completo la Ley 9223, conocida como “Ley de Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”. La organización argumenta que esta norma fue aprobada con vicios legales, sin sustento técnico, y que su verdadero efecto ha sido abrir paso a la urbanización de un sitio Ramsar de importancia internacional.

De acuerdo con Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación, la ley permitió la desafectación de más de 400 hectáreas de bosque y humedal, así como la emisión de más de 200 permisos de uso sin controles ambientales adecuados. Esta situación ha generado impactos graves sobre el ecosistema y ha sido objeto de múltiples advertencias por parte de entidades técnicas y jurídicas.

Entre los documentos que respaldan la solicitud destacan un informe del Tribunal Ambiental Administrativo de 2011, que documenta tala, drenaje y fraccionamiento en 9.1 hectáreas de bosque húmedo tropical; un análisis jurídico del SINAC de 2019, que advierte la falta de expediente técnico para sustentar la ley; y el oficio TAA 0-361-2023, que confirma impactos persistentes en la finca Puket, uno de los casos más emblemáticos de irregularidades.

Aunque la Ley 9223 fue promovida como una forma de reconocer los derechos históricos de pobladores afrodescendientes en la zona, la denuncia sostiene que en la práctica ha facilitado una expansión inmobiliaria que amenaza la biodiversidad y viola principios internacionales de conservación.

La producción del Observatorio de Bienes Comunes subraya también la ausencia de acciones concretas por parte de las instituciones responsables y hace un llamado a fortalecer la vigilancia comunitaria como herramienta para la defensa del patrimonio natural.

Puede leer la nota completa en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/piden-nulidad-de-la-ley-9223-por-favorecer-intereses-inmobiliarios-y-degradar-el-sitio-ramsar-gandoca-manzanillo/

Le invitamos a visitar la página del Observatorio y compartir esta información para seguir visibilizando las amenazas sobre los bienes comunes de Costa Rica.

De día patrimonio, de noche parqueo

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Una investigación del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR revela que un terreno declarado Patrimonio Natural del Estado en Puerto Viejo de Limón continúa siendo intervenido y utilizado como parqueo durante las noches, a pesar de ser un área protegida. El informe, basado en el seguimiento del activista ambiental Philippe Vangoidsenhoven desde 2020, denuncia que el lugar opera como parqueo comercial de forma clandestina, aprovechando la falta de vigilancia institucional una vez que cae la noche.

Durante el día, el sitio permanece desocupado, con un rótulo oficial que indica su condición de humedal protegido, sin embargo, en las noches se llena de vehículos y se coloca un letrero anunciando el servicio de parqueo y los costos. Esta dinámica revela una preocupante tolerancia institucional, donde la falta de medidas efectivas como sellos, cintas de clausura o presencia policial permite que el terreno sea ocupado ilegalmente. El activista Vangoidsenhoven ha documentado cómo el relleno del humedal incluso afectó un arroyo colindante, alterando el ecosistema sin consecuencias visibles por parte de las autoridades.

El caso pone en evidencia el desgaste de la vigilancia ciudadana y la urgencia de una acción institucional coherente y constante. La conservación no puede depender únicamente del esfuerzo voluntario de personas como Philippe, ni limitarse a un horario de oficina, por lo que es necesario un seguimiento constante, y no únicamente declarar un sitio como patrimonio natural, sin acciones concretas para su conservación. Conozca más sobre la nota completa en la página del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR ingresando en el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/de-dia-patrimonio-de-noche-parqueo-seguimiento-al-caso-del-humedal-intervenido-en-puerto-viejo

Defensores ambientales denuncian fallos graves en la gestión del sitio Ramsar Gandoca-Manzanillo y solicitan recusación de funcionaria del SINAC

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.

Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).

En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.

La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.

La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.

Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:

  • La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.

  • El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.

  • Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.

  • Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.

La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.

Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).

Nuevos humedales del cantón de Talamanca deben incorporarse al inventario nacional – inacción favorece intereses privados

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Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, denunció que el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) ha incumplido una sentencia de la Sala Constitucional que ordena incorporar nuevos humedales del cantón de Talamanca al Inventario Nacional. En particular, cuestiona la omisión del humedal de Punta Uva, invadido y presuntamente rellenado por un desarrollo inmobiliario, pese a que un informe pericial del Poder Judicial confirma su existencia previa.

Levy señala que el humedal forma parte del sitio Ramsar 783, protegido internacionalmente, y que su exclusión viola tanto normas nacionales como acuerdos internacionales de conservación.

Por su parte, el SINAC sostiene que el estudio técnico de 2021 utilizado como base no ha sido oficializado y que, en el caso de Punta Uva, el relleno impide realizar una pericia actual. Además, indican que ya se emitió una certificación actualizada del Patrimonio Natural en 2024, en cumplimiento con lo ordenado por la Sala, aunque no han entregado los documentos de respaldo solicitados.

Levy exige mayor transparencia y acciones concretas de protección ambiental, ante lo que califica como una inacción administrativa que favorece intereses privados sobre ecosistemas legalmente protegidos.

Finca pendiente de traspaso dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo genera preocupación ciudadana y riesgos para el patrimonio natural

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La reciente nota informativa elaborada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) documenta una grave omisión institucional que pone en riesgo el patrimonio natural del país: la finca 4-156766, ubicada dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo, aún no ha sido traspasada al Estado, a pesar de una orden de la Sala Constitucional.

El Parque Nacional Braulio Carrillo representa uno de los principales tesoros ecológicos más importantes del país. Se extiende desde la Cordillera Volcánica Central hasta las tierras bajas del Caribe, abarcando más de 47.000 hectáreas de bosques, ríos y zonas montañosas con una biodiversidad extraordinaria. Este territorio, resguardado por el SINAC y el MINAE, cumple funciones clave en la conservación de agua, conectividad biológica y protección de especies en riesgo.

Dentro del parque, en el sector del Cerro Chompipe dentro de los límites del parque y en una zona inalienable establecida por la Ley N.º 65 de 1888, se localiza la finca 4-156766, que, a pesar de tener cobertura boscosa y ser considerada Patrimonio Natural del Estado según la Ley Forestal, aún no ha sido traspasada al Estado costarricense.

Aunque ya se emitió una orden de la Sala Constitucional (resolución 2023-017109) y una solicitud formal del SINAC en julio de 2024, la finca continúa inscrita a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, lo cual genera preocupación por su vulnerabilidad ante intervenciones no autorizadas.

La falta de traspaso impide que el Estado ejerza plenamente su autoridad sobre la propiedad, lo que debilita los esfuerzos de protección ambiental. Se han reportado actividades irregulares, como colocación de cámaras trampa y amojonamientos, sin permisos del MINAE. Esta ambigüedad institucional expone el terreno a usos indebidos y demuestra las limitaciones del aparato estatal para hacer cumplir la legislación ambiental.

Ante esta situación, el ciudadano Marco Levy Virgo, con apoyo de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, exigió al MINAE mediante una solicitud formal, un cronograma de acciones con fechas claras para el traspaso, sanciones por intervenciones ilegales y la publicación periódica de informes públicos sobre el avance en la recuperación de terrenos protegidos.

Este caso ilustra la importancia de una ciudadanía activa y vigilante, que, a través de la participación y el seguimiento, impulsa el cumplimiento de obligaciones estatales. Mientras no se concrete el traspaso, la finca permanece en un vacío legal, amenazada por intereses ajenos a la conservación. La participación activa de la ciudadanía es fundamental para que la protección del ambiente trascienda el discurso y se materialice en acciones reales y oportunas.

En el siguiente enlace podrá acceder a la nota completa: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/finca-pendiente-de-traspaso-en-el-parque-nacional-braulio-carrillo-genera-preocupacion-ciudadana-y-riesgos-para-el-patrimonio-natural/

Imágenes: Observatorio de bienes Comunes extraídas del Semanario Universidad.

CONCEVERDE denuncia anomalías en la Municipalidad de San Rafael de Heredia y exige intervención del Concejo Municipal en Cerro Chompipe

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El colectivo ciudadano CONCEVERDE, representado por el abogado José Francisco Alfaro Carvajal, presentó una solicitud formal ante el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia para que intervenga en los hechos anómalos que, según denuncian, se están dando en la finca 4 ‑ 156766 ‑ 000 (Cerro Chompipe), registrada a nombre de la Municipalidad, pero considerado patrimonio natural del Estado y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888.

El Cerro Chompipe es una zona de alta recarga acuífera, vital para la regulación del ciclo del agua, la conservación de la flora y fauna silvestre, y la mitigación del cambio climático. Su cobertura dentro del Parque Braulio Carrillo y la franja inalienable, establecida hace más de un siglo, lo convierte en un área de protección absoluta. Según CONCEVERDE, cualquier intervención, por pequeña que sea, podría alterar los ecosistemas, reducir la capacidad de recarga hídrica y afectar la biodiversidad.

Entre las exigencias del colectivo, se encuentran el traspaso inmediato de la finca Cerro Chompipe por parte Municipalidad de San Rafael de Heredia al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como un alto total a las actividades que sin aval o autorización del MINAE, la Municipalidad está llevando a cabo, tanto en dicha finca, como cualquier otra zona del Parque Braulio Carrillo y la zona inalienable.

No obstante, esta denuncia no es nueva. En diciembre de 2024, CONCEVERDE ya manifestó su rechazo a las obras planificadas en el Cerro Chompipe bajo la figura de “monumento natural recreativo”, alertando sobre la pérdida de árboles nativos y la impermeabilización del suelo en zonas de recarga.

Asimismo, la denuncia advertía sobre actividades no autorizadas por el MINAE llevadas a cabo por la Municipalidad, como la delimitación de la finca, instalación de cámaras trampa e incluso obras menores, que estarían ocurriendo sin aval institucional, lo que es contrario a la legislación vigente.

Recientemente, el pasado 19 de junio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología respaldó la denuncia del abogado Alfaro. En un oficio dirigido al ministro Franz Tattenbach Capra, el presidente Asociación, Marco Levy Virgo, exigió al MINAE que cumpla con las sentencias de la Sala Constitucional y proceda a recuperar la finca, la cual aún aparece registrada a nombre municipal.

Foto: Redes sociales oficiales de Colectivo CONCEVERDE San Rafael.

Corte IDH reconoce que el cambio climático es un asunto de derechos humanos

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El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca como histórica la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025. Esta resolución establece que los Estados tienen obligaciones jurídicas claras e inmediatas frente a la emergencia climática, desde un enfoque de derechos humanos. La opinión fue solicitada por Chile y Colombia.

Este hito internacional convierte al cambio climático en un asunto jurídico que requiere acción estatal urgente, y reconoce explícitamente el derecho a un clima sano. También señala que los Estados deben prevenir daños ambientales irreversibles y proteger especialmente a las comunidades más vulnerables. Refuerza compromisos como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París.

La Corte enfatiza que el deterioro ambiental afecta múltiples derechos humanos, como el acceso al agua, la salud, la alimentación y la participación ciudadana. Por tanto, insta a los Estados a alinear sus políticas públicas con estos estándares. La Opinión puede ser utilizada como base para litigios climáticos, reformas legales y exigencias sociales de justicia ambiental.

En el caso de Costa Rica, el fallo obliga al Estado a revisar sus políticas climáticas, los planes de ordenamiento territorial, los marcos legales y los mecanismos de participación ciudadana. Esto implica un compromiso activo para asegurar que las decisiones ambientales respeten y garanticen los derechos humanos reconocidos por el sistema interamericano.

El Observatorio subraya que esta resolución fortalece la defensa de quienes protegen los ríos, bosques, la vida y la soberanía alimentaria, y que la justicia climática cuenta ahora con un respaldo legal sólido en el ámbito regional. Se trata de un llamado urgente para que ningún Estado posponga más la acción climática.

Le invitamos a visitar la página para leer la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/opinion-historica-de-la-corte-idh-el-cambio-climatico-tambien-es-un-asunto-de-derechos-humanos/

Colectivo CONCEVERDE exige respuestas a Municipalidad de San Rafael por realizar actividades no permitidas en Cerro Chompipe

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El pasado 13 de junio de 2025, el colectivo ciudadano CONCEVERDE solicitó mediante el oficio CNVJF/101/25 al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) respuestas sobre actividades de intervención en el Cerro Chompipe por parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, así como un traspaso de propiedad pendiente de este territorio de la municipalidad al MINAE debido a su categoría de patrimonio natural del Estado.

En atención al oficio presentado, el MINAE emitió respuesta mediante el Oficio DM-529-2025 / DAJ-MINAE-1233-2025 el 25 de junio de 2025, mediante el cual hizo constar que dicha entidad no ha avalado a la Municipalidad de realizar acciones de intervención como instalación de “cámaras trampa” y labores de amojonamiento. También, se informó que el traspaso de propiedad del terreno de Cerro Chompipe (finca 4-156766-000), perteneciente al Parque Nacional Braulio Carrillo no ha sido concretado a pesar de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) hizo la solicitud formal desde junio de 2024 al alcalde de San Rafael de Heredia.

Así, ante una posible negación del alcalde a proceder con el traspaso del terreno, el SINAC accionaría un mecanismo vigente y legal. De forma preliminar, se ha aplicado una prevención administrativa al alcalde por parte del SINAC debido a sus acciones de intervención en la finca 4-156766-000 sin autorización previa del SINAC.

Autoridades municipales no se presentan a inspección de la zona

A raíz del oficio presentado por CONCEVERDE al MINAE, este encargó un patrullaje (Gira No. SINAC-ACC-PNBC-SVB-INF-227-2025) a la zona para verificar lo indicado en la denuncia por parte del colectivo. Así, se solicitó formalmente la participación del alcalde en la inspección programada para el día 23 de junio de 2025 a las 9:00 am debido a que la colaboración entre personal del SINAC y funcionarios municipales resultaba adecuada para esclarecer dudas sobre las actividades en ese sector.

Sin embargo, ni el alcalde ni ningún otro funcionario de la Municipalidad se presentaron al sitio y hora acordados. A su vez, tampoco hubo respuesta por parte del alcalde a llamados por parte del personal del SINAC, de modo que con apoyo de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) y sin apoyo municipal se procedió con la inspección del terreno.

En dicha inspección no se consiguió encontrar indicios de la colocación de “cámaras trampa”; sin embargo, el mismo grupo de exploración concluye que se necesitan más visitas para asegurarse sobre la instalación de las cámaras, esto al ser una propiedad relativamente extensa.

Gravedad y urgencia de los daños ambientales en ecosistemas frágiles bajo la administración del Área de Conservación La Amistad Caribe

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología se dirige a la directora regional sobre el Área de Conservación La Amistad Caribe el 8 de julio de 2025 para reiterar la gravedad y urgencia de la situación, estipulada en la nota AEL-00276-2025, donde se solicitó la identificación y documentación de ocupantes físicos y jurídicos dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), según el informe SINAC-ACLAC-PNE-092- 2024. 

Se refieren a daños ambientales en ecosistemas frágiles, incluyendo el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, afectado durante años por acciones y omisiones bajo la administración del Área de Conservación La Amistad Caribe.

Se considera que la implementación de acciones durante el segundo semestre del año según disponibilidad de recursos no es adecuada ni suficiente, dado el carácter crítico de los daños al patrimonio natural del Estado. Los problemas heredados de la gestión de don Edwin Cyrus Cyrus, han dejado un estado cuestionable el PNE, y es imperativo que, se tomen medidas inmediatas y diligentes.

En ese sentido, se solicita la elaboración y presentación de un cronograma detallado que especifique las acciones planificadas, los responsables asignados y los plazos de ejecución para atender los puntos solicitados, una acción inmediata y coordinada para corregir los daños ambientales en el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, con énfasis en la protección de sus ecosistemas frágiles y la remisión de un informe preliminar, que detalle los avances concretos en la gestión del PNE.

Agenda socioambiental de Liberia Guanacaste – En Voces y Política

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Este miércoles 9 de julio tendremos el programa: Agenda socioambiental de Liberia Guanacaste

Participan:
Del Colectivo Ecologista Liberiano, Javier Baltodano Aragón, biólogo y ganadero.

Stephanie Rojas Merlo, Máster en Gestión de Turismo Sostenible.

Christian Golcher Benavides, hidrólogo especialista en ciencias del agua y la gestión del territorio.

Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.

Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica
https://www.facebook.com/radiouniversidadcr