Skip to main content

Etiqueta: FECON

Comunicado de prensa Federación Ecologista. ¿Tiene claro el gobierno de Costa Rica su papel en la COP16?

-Ministro de Ambiente y Energía guarda silencio ante posición país en materia de biodiversidad

-Organizaciones preocupadas por falta de información por parte de las autoridades en materia de la COP16

Desde el pasado 26 de setiembre las organizaciones Coeco Ceiba Amigos de la Tierra y la Red de Coordinación en Biodiversidad enviaron una consulta al ministro de ambiente y energía Franz Tattenbach Capra sobre la “posición país” que lleva el gobierno en los temas más importantes, además, se consultó sobre la composición de la delegación oficial que representará al país en la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (COP16) a celebrarse en Cali Colombia del 21de octubre al 01 de noviembre.

Según reporta el suplemento Ojo al Clima en la COP16 el debate se centrará en cuatro líneas de discusión: 1) Analizar cómo va la actualización de las estrategias y planes nacionales, 2) establecer los indicadores para medir el progreso, 3) los medios de implementación (incluido el financiamiento), y 4)  acordar el mecanismo para el reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la información digital de las secuencias genéticas (DSI, por su sigla en inglés).

La consulta hecha por las organizaciones ecologistas no ha sido contestada pese a que ya se han incumplido el plazo de 10 días hábiles establecidos por ley, por lo que se procederá a hacer un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional.

Preocupa que las autoridades costarricenses oculten información de interés en el marco de una conferencia multilateral de gran relevancia como la COP16. Para Mariana Porras de Coeco Ceiba Amigos de la Tierra, “la falta de respuesta ante una consulta legitima sobre la posición de Costa Rica en las negociaciones en materia de biodiversidad puede deberse a dos cosas: una gestión ineficiente, improvisada y poco coordinada por parte del ministro Franz Tattenbach, o un afán por ocultar información relevante para la población costarricense”.

A menos de 3 días de comenzar la COP16, las organizaciones y la población costarricense en general no tiene información sobre las posiciones que llevarán sus representantes ente este espacio multilateral en la que se espera definir cuestiones que son de gran interés para la conservación de ecosistemas y los derechos de las poblaciones indígenas y campesinas.

El ocultamiento de información ha sido la tónica de la administración de Tattenbach en el Minae, cabe recordar el escándalo ya conocido por el ocultamiento de información en el caso del “Parque del Agua” impulsado por la diputada Pilar Cisneros.

Privatización del sistema eléctrico nacional sería un error en materia de cambio climático

Comunicado de FECON

  • Organizaciones y expertos en cambio climático ven con preocupación avance en la Asamblea Legislativa del proyecto n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. Representantes de organizaciones ambientales de todo el país se dan cita para debatir en torno a las oportunidades y desafíos que tiene el país en materia de cambio climático y de transición justa. El Programa Estado de la Nación y la Federación Ecologista han organizado un evento este 15 de octubre, con el fin de analizar en conjunto el camino que debe de seguir Costa Rica en materia de energía y cambio climático para lograr una transición justa hacia modelos energéticos más sostenibles.

Una serie de expertos y representantes de comunidades dan contenido al encuentro denominado “Diálogo multisectorial: transición energía justa en Costa Rica”.

Entre los obstáculos y preocupaciones más importantes para logar la justicia energética y la transición justa se encuentra el proyecto de ley n°23414 “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” impulsado por el Ejecutivo. Osvaldo Durán integrante de la FECON señaló que: “vemos con entera preocupación el curso del proyecto en la Asamblea legislativa y el adverso contexto nacional en favor de la privatización del servicio público de electricidad y el desmantelamiento del ICE. Dialogamos sobre la alianza entre los sindicatos del ICE, diputados y diputadas del Frente Amplio y nuestras organizaciones sociales, con la urgencia de reforzar la organización, movilización y capacidad de propuesta política y técnica para la defensa de la electricidad pública, los ríos y los ecosistemas, ante las propuestas de privatización y desnacionalización.”

El proyecto de ley n°23414 propone debilitar la institucionalidad pública en la administración de la energía eléctrica a nivel nacional, dando paso a un nuevo proceso de privatización, donde empresas privadas, que ya participan de la generación de electricidad, tengan más poder y control sobre la energía de este país. Lo cual hace que el sistema eléctrico pase de ser uno basado en los principios de solidaridad, universalidad y de funcionamiento al costo, para pasar a ser un sistema basado en la especulación, el mercado, el lucro. La energía en Costa Rica dejaría de ser un bien del que goza la gran mayoría de la población, a ser un recurso acaparado por unos cuantos. «A nivel global, la mayoría de los países entienden el tema energético con una cuestión de seguridad nacional, y de un tiempo para acá, un tema de seguridad climática. Es claro que los sistemas públicos de producción y distribución de electricidad públicos son más eficientes y resilientes ante los embates del cambio climático. Sacarlo de la esfera pública es impensable en otras geografías, pero en Costa Rica esta propuesta está movida por el afán de enriquecimiento a costa de la seguridad energética nacional.

Enlace al panel.

FECON felicita al 4⁰ Festival Ambiental de La Gamba de Golfito

Este sábado 5 de octubre se ha realizado en el salón comunal de La Gamba de Golfito el 4⁰ Festival Ambiental organizado por esta comunidad. Dedicado al señor Marcos Villegas Castro, por su trayectoria de lucha ambiental desde la época de Stone Forestal, y por la construcción comunitaria territorios sostenibles en las comunidades del norte del Golfo Dulce.

El festival se inauguró con el recibimiento por parte de la ADI y la dedicatoria, seguido por la presentación del grupo Sendero de Mi Tierra, de la UNED, con bailes folclóricos.

Se desarrollaron además varias presentaciones sobre temas como el Corredor Biológico AmistOsa, proyectos de Ciencia Ciudadana y aportes de organizaciones ambientales a las comunidades, así como discusiones acerca del turismo en la zona de Golfito.

Se continuó por la tarde con charlas sobre la gestión de residuos, las técnicas de monitoreo biológico participativo por parte del grupo Soy Conservación; y  exposición de las aves marinas del área del Golfo Dulce por la organización Aves de Golfito, y la guía de Aves del Pacífico sur, por SINAC.

El evento se cerró con un conversatorio abierto sobre la situación socio-ambiental de la región del Pacífico Sur, en el que se tuvo opiniones abiertas sobre la relación de la comunidad con el Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) y los proyectos necesarios para consolidar el bienestar socio-ambiental de la comunidad.

En este, la ADI manifestó la preocupación por los impactos del crecimiento de urbanismo asociado con la marina de Golfito y la potencial construcción del aeropuerto en el área del humedal Terraba-Sierpe, además de otros temas preocupantes como el tráfico de especies como la plato negro, endémica de la zona sur.

FECON felicita a la ADI de La Gamba por la organización de un Festival en el que se demostró una amplia actividad ambiental que realizan diversas organizaciones en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Piedras Blancas.

Deseamos que en los proyectos como la gestión de un turismo comunitario sostenible asociado a las áreas protegidas de Golfito, La Gamba continúe cosechando éxitos en favor de sus habitantes, de la mano con la aprobación del Plan de Manejo del PNPB y el fortalecimiento de alianzas locales estratégicas.

Movimientos ecologistas y sociales solicitan firmas de respaldo para carta a líderes ambientales costarricenses en el extranjero

Si está de acuerdo con esta carta se le invita a respaldarla con su firma. El enlace al formulario está al final.

1 de octubre de 2024

Carlos Manuel Rodriguez, Director Ejecutivo y Presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), y miembros/as de la Mesa Directiva de GEF,

Grethel Aguilar, Directora General Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y miembros/as de la Mesa Directiva de UICN,

Andrea Meza, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,

Christiana Figueres, ex-Secretaría Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Pregunta: ¿El liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas sobre clima, biodiversidad y agua está dejando al planeta vulnerable a escenarios extremos y retrasando las conversaciones urgentes que deben tener lugar sobre un cambio económico sistémico?

Estimado/a Director Ejecutivo Rodríguez, Directora General Aguilar, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, y ex-Secretaría Ejecutiva Figueres,

Dado el destacado liderazgo de Costa Rica en la configuración de la política ambiental global, nosotros/as, los miembros del Frente Nacional de Lucha en Costa Rica, les escribimos a ustedes, nuestros conciudadanos, en la cúspide de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) y otros foros y eventos ambientales próximos, para pedirles respetuosamente que ustedes y sus colegas en posiciones de influencia en espacios de toma de decisiones ambientales:

  1. Relaten una historia más compleja y matizada sobre la dirección que ha tomado el país desde la década de 1980, mientras adopta y modela el liderazgo del sector privado para abordar la emergencia climática, muy probablemente a expensas del sector público;
  2. Relaten una historia más compleja y matizada sobre los verdaderos costos y beneficios del creciente liderazgo del sector privado en los espacios de formulación de políticas ambientales en todo el mundo;
  3. Promuevan un cambio de políticas y financiamiento que apoye nuevas historias: una nueva narrativa, que defiende en lugar de debilitar el papel esencial del sector público y la sociedad civil en la solución de la emergencia climática.

Aunque el sector privado debe, por supuesto, participar de manera central en el financiamiento y el desarrollo de soluciones climáticas, ¿puede honestamente tomar la iniciativa, en la medida en que lo hace, de transformar la economía global en el plazo que exige la emergencia climática?

Necesitamos un debate coherente sobre esto, a partir de la narración de historias sólidas.

En una charla TEDXPuraVida reciente, por ejemplo, presidente Rodríguez, que usted dio, arrojó luz sobre la influencia de Costa Rica en la elaboración del Acuerdo de París y el Plan de Biodiversidad.  También hizo alusión a nuestra historia relacionada con la protección del 65% de nuestra tierra a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales.

En general, usted sostiene que Costa Rica es el único país “que opera en armonía con la naturaleza, en unidad con la naturaleza, de manera positiva con la naturaleza”.

Pero ¿qué tan cierta es esta afirmación?  ¿Y por qué es relevante?

Como integrantes del Frente Nacional de Lucha, unidos en la defensa de las instituciones públicas, que consideramos son fruto del entramando de las conquistas sociales responsables de nuestros éxitos en la protección de la naturaleza y de la creación de una fuerte red de seguridad social para nuestro pueblo, vemos una realidad diferente.

Una gran parte venimos del sur del país, dedicados a defender los ríos vulnerables frente a la amenaza de construcción de represas, reafirmamos nuestro compromiso a favor de proyectos que se alejan de los intereses de las grandes industrias de la región: ganadería, caña de azúcar y piña producida industrialmente.   Además de la problemática socioeconómica y ambiental suficientemente documentadas que vivimos aquí desde principios de la década de 1980, existen nuevas preocupaciones sobre cómo las asociaciones público-privadas en esta región (emblemáticas de cómo las corporaciones de todo el mundo están asumiendo un nuevo y poderoso liderazgo para enfrentar la emergencia climática) impiden que las comunidades tengan una voz auténtica en las discusiones sobre el futuro de la región.

Directora General Aguilar, en la zona sur del país le manifestamos una profunda preocupación sobre cómo una alianza entre la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y Fresh Del Monte, Inc., enfocada en reforestar la cuenca alta donde se encuentra Del Monte, está haciendo cada vez más difícil hablar abiertamente sobre el impacto de la sedimentación de esta región en la destrucción del Humedal Térraba-Sierpe, un sitio Ramsar.   Uno de los objetivos de la alianza es reforestar las fincas dañadas para que siga habiendo agua para la piña, sin generar un debate público abierto y accesible sobre el hecho de que Del Monte utiliza el 98% del agua concesionada en esta área y es el mayor usuario de agua del país.  ¿Qué tan sostenible es este uso?  Es difícil decirlo, en parte porque la empresa tiene datos que considera privados (lo que frecuentemente afirman los funcionarios de la empresa en reuniones públicas), y así, niega el derecho a tener acceso como ciudadanía.

También se limita la discusión sobre la afectación socioeconómica que sufren las comunidades indígenas y locales que dependen de la pesca, ante la disminución de peces resultante de la sedimentación y la carga química. Así mismo, impide un debate profundo sobre cómo se viene abriendo una puerta para que los carteles del narcotráfico ingresen en esta área; o si, por lo tanto, la región debe abandonar rápidamente la piña, en lugar de garantizar su continuidad.

¿Cómo tener esta conversación más amplia, particularmente en espacios como la COP16 y la COP29 y como parte de acuerdos como el Plan de Biodiversidad y el Desafío del Agua Dulce?

Por supuesto, no es sólo en el sur donde se está volviendo más difícil para la ciudadanía cuestionar los proyectos individuales, así como la lógica mercantil extractivista –corporativa y neoliberal y el modelo de desarrollo predominante que se impone. Costa Rica se está convirtiendo en un mosaico de playas gentrificadas y tierras adyacentes; la piña ahora se planta en todo el país, no sólo en la zona sur; las áreas protegidas están siendo invadidas por actores poderosos; los grandes terratenientes y los hoteles de lujo son los principales beneficiarios del suministro de agua que continúa reduciéndose para las poblaciones aledañas. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo se está transformando Costa Rica.

Por múltiples razones, es un desafío para la ciudadanía tener el derecho de discutir públicamente cualquier proyecto de desarrollo impuesto desde los sectores dominantes a nivel nacional e internacional, y mucho menos cuestionar su impacto colectivo como reflejo de una decisión de continuar con la actual economía extractivista, en lugar de alejarse de ella.

Es preocupante, sobre todo en este momento de la historia de Costa Rica, las diversas formas y mecanismos que se fraguan orientadas a que personas de todo el espectro político sigan siendo ignoradas y silenciadas frente a personas, familias y corporaciones poderosas que influyen en el país.   Esta situación trae a la mente, Secretaria Ejecutiva Figueres, un comentario que usted hizo sobre el proceso de orientación del Acuerdo de París, que aparece en Zen y el Arte de Salvar el Planeta (páginas 212-13): “No se puede avanzar hacia soluciones sin comprender el problema. Sólo se lograrán soluciones efectivas si honramos y respetamos las diferencias de todos; si elegimos comprender las necesidades y los dolores de quienes están al otro lado de la mesa”.  Y su comentario, Secretaria Ejecutiva Adjunta Meza, sobre la necesidad de que el liderazgo se base en “la colaboración, la inclusión, la empatía y el pensamiento sistémico”.  Pero en Costa Rica cada vez es más difícil para la sociedad civil saber siquiera qué mesas son aquellas donde se toman las decisiones.

Por lo tanto, lejos de ser el único país que vive en armonía con la naturaleza, creemos que, desde la década de 1980, cuando Costa Rica inició su camino de privatización del sector público en general, empezamos a perder de manera acelerada la tierra, las aguas y el espíritu del país que amamos.

Vemos que una creciente privatización del sector ambiental está:

  • concentrando el poder en manos de relativamente pocos individuos e industrias;
  • disminuyendo la capacidad del sector público y de la sociedad civil para acceder a información crítica, participar en debates y establecer agendas;
  • vaciando los planes de conservación y las áreas protegidas, a medida que la industria, el turismo y los monocultivos se expanden con impunidad sin estudios de impacto ambiental y otros consignados en marcos jurídicos a nivel nacional e internacional;
  • ayudando a abrir la puerta a la especulación no regulada, anónima y peligrosa sobre el agua, la tierra y la biodiversidad;
  • ayudando a mantener la misma economía extractivista que está destruyendo el país y el planeta, al retrasar conversaciones urgentes con todos los actores de la sociedad sobre el cambio económico sistémico, que cada vez es menos asegurable; y
  • debilitando y vulnerando el apoyo y la confianza en el sector público en general, dada la fluidez del poder, la influencia y la visión entre los diversos sectores. La concentración de poder en manos de unos pocos, con la intención de generar ganancias, en un sector está impulsando la concentración de poder en otros sectores en un ciclo de retroalimentación preocupante y no examinado, erosionando nuestra democracia. Creemos que esta tendencia también está ocurriendo en muchos otros países.

Esta es la historia que como movimiento exploramos y relatamos sobre Costa Rica, en parte con la esperanza de sanar nuestras propias divisiones, y en parte para que aquellos de ustedes que presentan al país como modelo sigan su ejemplo.

Al abordar esta compleja historia, pedimos algo que es relativamente simple, dado que es difícil, si no imposible, para la sociedad civil reconocer e identificar qué instituciones y foros están promoviendo la privatización del medio ambiente, y en qué espacios.  Aunque los grupos de la sociedad civil están presentes en eventos como las próximas COP16 y COP29, sus voces, historias y planes alternativos suelen ser secundarios, como si operaran en un universo paralelo.

Le pedimos a ustedes y a sus colegas que cuestionen abiertamente en salas clave de toma de decisiones ambientales la narrativa predominante de que la emergencia climática es tan grave que solo las corporaciones pueden financiarla adecuadamente y resolverla a tiempo, y debatir abiertamente en estas salas plataformas económicas alternativas. En la actualidad existen múltiples grupos centrados en “falsas soluciones” climáticas, apuntando a estrategias específicas, como los mercados de carbono, REDD+ y las soluciones basadas en la naturaleza, entre otras.  Cada vez más grupos de la sociedad civil proponen profundas soluciones económicas sistémicas para transformar la actual economía extractivista: desafiando la captura corporativa de instituciones como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo regionales; y proponiendo justicia fiscal internacional, condonación de la deuda para el Sur Global, ingreso básico garantizado y otras soluciones que honestamente desafíen en lugar de fortalecer el statu quo.  Los espacios de toma de decisiones cada vez más financiados y dirigidos por corporaciones no podrán nombrar ni mucho menos desafiar el statu quo.

Por lo tanto, la sociedad civil necesita que aquellos de ustedes en posiciones de liderazgo rompan el silencio, promuevan un debate inclusivo sobre cambios económicos sistémicos.

Nos comunicaremos con usted en las próximas semanas para programar una reunión virtual.

Gracias de antemano por considerar los puntos de esta carta.

Firmantes:

Frente Nacional de Lucha (FNL)

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)

Movimiento Ríos Vivos

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Por favor firmar la carta en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKkUP959eifJq0XjOc6wwUirsN4W3hI75kqAa92NO4rrDxGA/viewform?usp=sharing

¡Muchas Gracias!

Racismo de jueces del Tribunal de Pérez Zeledón queda retratado en sentencia por el asesinato de líder indígena

FECON

Causa indignación y disconformidad la absolutoria otorgada al asesino confeso Juan Eduardo Varela, quien, con dos disparos por la espalda, acabó con la vida de Jehry Rivera la noche del 24 de febrero de 2020 en el territorio Bröran de Térraba. Los jueces Richard Mena Vargas, Alexander Chavarría Segura y José Pablo Matarrita Carrillo absolvieron de la pena de homicidio calificado a Varela, quien el 17 de agosto de 2022 en una actividad pública, exclamó orgulloso haber matado a Jehry.

El Semanario Universidad reportó que el juez de apellido Mena enfatizó “el tribunal no comparte el tema de las recuperaciones y que debe haber un respeto al ordenamiento jurídico”. De esta manera, la sentencia de este tribunal local no esconde el apoyo a los ocupantes ilegales blancos que han invadido los territorios indígenas, por lo tanto, ejercen su trabajo como jueces bajo esquemas racistas y con prejuicios a los pueblos indígenas de Costa Rica, faltando a la justicia. Porque hay que recordar que las comunidades indígenas sólo han defendido su derecho a lo que les pertenece, pues es ante las invasiones de “finqueros” blancos, que los indígenas han tenido que recuperar sus propias tierras, acciones que han sido respaldadas incluso por la Sala Constitucional.

Recordemos que la Sala Constitucional, en octubre de 2022, ratificó la nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo después de la ley de 1977. Tal y como indica la resolución del expediente 21-017138-0007-CO “todas aquellas personas no indígenas que han comprado tierras dentro de las reservas indígenas con posterioridad a la promulgación la citada ley, se considera que no han actuado de buena fe”.

Así también, es importante recordar que el asesinato de Jerhy Rivera Rivera se enmarca en un contexto de violencia e impunidad de muchos años, en contra de las personas recuperadoras de sus tierras, según lo indica el III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica, de la Coordinadora de Lucha Sur Sur. Además, remarcar que este homicidio se dio puntualmente, durante la llegada de una turba de más de cien personas al territorio de Térraba, que llegaron con la intención de intimidar y violentar a quienes se mantenían en ese momento sosteniendo recuperaciones de sus tierras ancestrales. Esto tal y como lo narró en su declaración el testigo del abogado defensor, Orlando Enrique Mata Jiménez, “ya estábamos armados con garrotes, piedras, cuchillos, los defensores de la propiedades”, dijo al referirse a la turba que llegó el día del homicidio a atacar a quienes se mantenían sosteniendo la recuperación Cancha Rayada y que fueron expulsados violentamente por ese grupo de finqueros.

Además, según Maleza Barrantes, quién asistió a varias de las audiencias como parte del Movimiento Ríos Vivos, indicó que durante el juicio vio con preocupación varias actitudes del tribunal “por ejemplo, solicitaron al abogado querellante acortar sus conclusiones, quien las finalizó en aprox. dos horas, mientras a los abogados del asesino les permitieron extenderse por aprox. 9 horas para desarrollar sus conclusiones, lo cual nos pareció una medida totalmente parcializada”. Así también indicó que “es cuestionable el hecho de que aceptaron como prueba, una captación de una llamada telefónica que la misma fiscalía tacho de ilegal que aportó el abogado del asesino, por la cual de hecho la fiscalía había solicitado días atrás, que se abriera un proceso legal contra la persona que la grabó.”

Pablo Sibar, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y quién además también sufrió agresiones por parte de los finqueros el día del asesinato de Jehry, señaló: “Jueves 19 de septiembre, un día en el que el territorio Bröran recordará que aunque llevamos más 534 años de lo que llamaron un ¨descubrimiento¨ y donde masacraron territorios enteros, seguimos sufriendo el racismo puro. Los jueces de este país siguen siendo exactamente igual de racistas al dejar un asesino confeso libre, al no querer entender que hay una deuda histórica con el tema de las tierras. Ya está totalmente claro que los territorios nos pertenecen. Yo le pregunto a estos jueces ¿por qué permiten que la violencia sea la que nos haga agachar la cabeza?”

Sibar añadió: “los finqueros están claros que solo pueden con la violencia seguir en nuestro territorio, ya que todos son poseedores ilegales, usurpadores. Pero con estas resoluciones sólo los empoderan, ya que nos pueden matar y nada pasa”. Así también: “Los pueblos indígenas queremos que nos respeten, queremos vivir con tranquilidad, en paz. Pero mientras los finqueros sigan usurpando nuestros territorios, esa paz no llegará (…) mi vida sigue corriendo peligro de ser asesinado, creí que el Poder Judicial podría dar una resolución diferente y así frenar un poco a los finqueros usurpadores de seguir generando tanta violencia en nuestro territorio”, puntualizó finalmente Pablo Sibar referente de FRENAPI.

La absolutoria al asesino confeso de Jehry Rivera es un ataque a los derechos de los pueblos indígenas. Estos jueces, como servidores públicos deberían ser separados de su cargo por aplicar criterios racistas y discriminatorios en su deber de impartir justicia.


Bibliografía:

Pomareda, Fabiola. “Sala IV ratifica nulidad de compra de tierras indígenas por personas ajenas a la comunidad si se hizo despúes de la ley de 1977”. Semanario Universidad, 20 de octubre de 2022. https://semanariouniversidad.com/pais/sala-iv-ratifica-que-compra-de-tierras-indigenas-por-parte-de-no-indigenas-es-nula-si-se-hizo-despues-de-promulgada-la-ley-indigena

Coordinadora de Lucha Sur Sur (Diciembre 2022). III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos Contra los Pueblos Originarios de la Zona Sur de Costa Rica” https://d1qqtien6gys07.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/09/CLSS-Informe-ENE_DIC2022-DIGITAL.pdf

Jerhy Rivera

Tribunales investigan crímenes ambientales por invasión en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica de Belén

1.Mapa de Afectaciones de Pozos, Nacientes y Vulnerabilidad a la Contaminación del Agua Subterránea Según Legislación Vigente y de Amenazas Naturales Potenciales Según la Comisión Nacional de Emergencias para el Cantón de Belén-Mapa Vulnerabilidad y Pozos. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Entre los investigados se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén, y Grupo Pedregal.

Comunicado

FECON. Los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda han iniciado una investigación exhaustiva sobre presuntos crímenes ambientales cometidos en la zona de extrema vulnerabilidad hídrica del cantón de Belén. La demanda, presentada por la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y ciudadanos afectados, denuncia la violación de diversas leyes ambientales y regulaciones que protegen los mantos acuíferos esenciales para el abastecimiento de agua de la Gran Área Metropolitana.

La investigación se centra en las actividades ilegales realizadas en áreas de protección absoluta, que ponen en riesgo el suministro de agua potable para miles de personas en la provincia de San José. Entre los principales señalados en la demanda se encuentran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Municipalidad de Belén y el Grupo Pedregal, este último involucrado en construcciones no autorizadas en terrenos que deben ser preservados para garantizar la calidad del agua subterránea.

Inacción de la Municipalidad de Belén fue corroborada por la Auditoria Interna

A pesar de que la Municipalidad de Belén ha estado al tanto de estas actividades desde al menos el año 2020, según lo documentado en el Memorando DTO-151-2020, emitido por la Dirección Área Operativa y Desarrollo Urbano, no ha tomado las acciones necesarias para detener las construcciones ilegales en la zona. En dicho documento se detallan diversas obras realizadas sin permisos de construcción y la omisión por parte de las autoridades municipales detener dichas actividades​.

2.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2006. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

Más grave aún, en el año 2022 la Auditoria Interna municipal ya había emitido una advertencia en donde declaraba que la Administración municipal de Belén ‘’denota un accionar pasivo ante la necesidad de salvaguardar el medio ambiente y evitar un daño ambiental continuado por la desatención de éste durante el tiempo que ha transcurrido, desde la situación presentada, en el 2012’’.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó la Auditoria Interna de la Municipalidad de Belén en su informe AAI-010-2021 ADVERTENCIA SOBRE TEMAS VARIOS DEL COMPLEJO PEDREGAL, ante la gran cantidad de pendientes que viene arrastrando Pedregal y la clara omisión de la Administración para poner a la empresa a derecho.

En su conclusión 12, la Auditoría interna de hecho señala que ‘’en general se logra observar que, a través de tiempo, el comportamiento en el accionar por parte de la empresa Pedregal, es de realizar las gestiones respectivas posterior a la construcción de las obras, inobservándose así la normativa correspondiente en materia constructiva y ambiental, en pro de la conservación del ambiente, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente’’.

SENARA confirmó la inviabilidad de legalizar construcciones ilegales

El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), mediante un dictamen técnico emitido en junio de 2022, determinó que en la zona de extrema vulnerabilidad no se deben permitir actividades que generen vertidos de sustancias contaminantes que puedan alterar negativamente la calidad del agua subterránea. Este dictamen, basado en estudios hidrogeológicos, refuerza la prohibición de legalizar construcciones ilegales en estas áreas protegidas.

De acuerdo con el estudio elaborado y aprobado por el SENARA denominado “Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad Hidrogeológica mediante el método Drastic para el cantón de Belén” (2016), la fuente Zamora-AyA y los componentes del proyecto Patio de Operaciones, se ubican en la zona de vulnerabilidad extrema. De acuerdo con SENARA (2016), debido a las condiciones de destape y exposición del acuífero Colima Superior, esta área es altamente susceptible a la contaminación.

Belén, Costa Rica, 9 de setiembre del 2024

3.Portal de Mapas y Aplicaciones del CATMUBE-Ortofoto del año 2020. Fuente: Unidad de Topografía / Base de datos Municipalidad de Belén CATMUBE.

La Red de Mujeres Rurales y ecologistas solicitan justicia para Jerhy Rivera

En la mañana del martes 20 de agosto refrentes de la Red de Mujeres Rurales, la Federación Costarricense de Conservación de la Naturaleza (FECON) y el Frente Nacional de Lucha se manifestaron fuera de los Tribunales de Justicia en San Isidro de Pérez Zeledón en el marco del segundo juicio por el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera Rivera el 18 de marzo d 2019. Las organizaciones sociales piden justicia para el líder indígena y castigo para el responsable.

Jerhy Rivera Rivera, fue asesinado con cinco disparos en la zona de Térraba el 24 de febrero del 2020 pese a gozar de medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril de 2015, salvaguardas que no lo salvaron de las balas.

Este esta es la segunda vez que se repite el juicio contra el asesino confeso, Luis Eduardo Varela Rojas, quien en una actividad el 18 de agosto 2022 confesó haber asesinado al líder indígena Jerhy Rivera de la Mesa Técnica Interinstitucional para la Construcción de la Ruta de Trabajo y la Atención de la Población Indígena y la Asociación Multiétnica y Pluricultural, en la Escuela Rogelio Fernández, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

En una cuestionada resolución el 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, dejó en libertar a Varela Rojas y ordenó la iniciar el nuevamente el juicio debido a que «al determinar que se presentaron vicios en la valoración de la prueba” se puede leer en la resolución número 2023-262, del expediente, 20-000108-0990-PE.

Esta resolución que echó para atrás la sentencia del Tribunal Penal de Pérez Zeledón en la que Varela Rojas había recibido una condena de 20 años por el delito de homicidio calificado, dos años por portación ilegal de armas y 15 días por amenazas agravadas en perjuicio de Melisa Garbanzo, testigo del Ministerio Público.

El crimen contra Jerhy Rivera Rivera se sumó al asesinato de otro líder indígena del Territorio de Salitre, Sergio Rojas, integrante del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) ultimado a disparos en su casa la madrigada del lunes 18 de marzo de 2019 en la localidad de Yery del cantón de Buenos Aires.

Esta mañana, Fany Reyes, líder de la Red de Mujeres Rurales, fue enfática en señala que “estamos acá para reclamar justicia para el compañero recuperador del territorio de Térraba: Jehry Rivera Rivera”. Reyes además señaló que además el asesinato de Sergio Rojas sigue impune. “Justicia, justicia no más impunidad gritaban frente a los Tribunales de en Pérez Zeledón las y los manifestantes ante el segundo juicio contra Varela.

Invitación al Foro: ¿Hacia dónde nos lleva la ley de armonización del sector eléctrico?

Por Jose Daniel Gamboa Araya

Estimado público de SURCOS, por la presente tenemos el agrado de invitarles a conectarse vía Facebook Live en @Surcos Digital el próximo miércoles 17 de julio a las 6:00 p.m., para participar en el foro titulado:

¿Hacia dónde nos lleva la ley de armonización del sector eléctrico?

Este evento contará con la participación de las siguientes personas panelistas:

  • Sergio Ortiz, representante del sindicato ACOTEL-ICE
  • Sofía Guillén, diputada de la República
  • Osvaldo Durán, profesor del ITCR y miembro de FECON

La moderación estará a cargo del doctor José María Gutiérrez.

El foro es organizado por el Frente Nacional de Lucha y la Alianza por una Vida Digna. Consideramos que su presencia virtual y sus aportes serían de gran valor para el enriquecimiento del debate y análisis de los impactos de este proyecto en nuestro sector eléctrico.

Esperamos contar con su participación en este evento de gran importancia.

Reforma de MINAE entorpecería evaluación de plaguicidas altamente peligrosos y contaminantes

-Concentración de poder en ministro de ambiente atentará contra disposiciones básica de conservación y control ambiental

(FECON, 10-07-2024) Mideplan y Minae preparan decreto ejecutivo para concentrar las funciones de la mayoría de las asesorías jurídicas de órganos desconcentrados. Esta parece ser una medida desesperada de este gobierno al ver varada la reforma legal bajo el expediente legislativo n° 23.213, con un espíritu bastante similar a esta nueva movida del MINAE.

La propuesta de decreto conlleva no solo otorgar mayor poder al Franz Tattenbach, en calidad de ministro de ambiente, sino a erosionar la participación social en los órganos colegiados que verían vaciadas sus capacidades de dar opinión técnica oportuna ante cuestiones particulares, por ejemplo la prohibición de agroquímicos altamente peligros o contaminantes.

MINAE pretende “suprimir las unidades organizacionales de Asesoría Jurídica de la estructura organizacional del Instituto Meteorológico Nacional, la Dirección de Aguas, la Dirección de Energía, la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), la Dirección de Cambio Climático, la Dirección General de Hidrocarburos y la Comisión de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)”.

Esta modificación tiene grandes implicaciones en muchos ámbitos y tiene a todas luces vicios y contradicciones en nuestro andamiaje de leyes ambientales, pero vale la pena resaltar una de las consecuencias de esta reforma: la obstaculización de órganos como DIGECA en materia de regulación de agroquímicos. Esta dependencia es la encargada de evaluar los registros de plaguicidas en su dimensión ambiental.

De aprobarse esta nueva reforma la dirección jurídica de DIGECA se suprima, todas las opiniones técnicas al respecto de los agrotóxicos serán emitidas por el ministro de turno. Lo cual convierte las decisiones técnicas y científicas en decisiones políticas, erosionando la posibilidad de que sea detectados impactos graves sobre la biodiversidad, el agua y los ecosistemas de sustancias altamente peligrosas como esta.

El caso de la prohibición del clorotalonil puede servir de ejemplo claro. Ya que DIGEDA en su momento emitió criterio técnico y legal apoyando la prohibición este funguicida que contaminó distintas fuentes de agua para consumo humano en la Zona Norte de Cartago. Esto no hubiera sido posible con esta nueva disposición que pretende MINAE y MIDEPLAN.

Nuevamente la cartera del ministro Franz Tattenbach busca de forma desesperada concentrar poder y eliminar la participación de órganos técnicos y científicos para pasar a administrar el ministerio como si fuera una pulpería de barrio, en dónde sólo el criterio del ministro de turno sería válido para tomar todas las decisiones.  Esto es gravísimo, un retroceso desde cualquier punto de vista y podría tener consecuencias poco previsibles, ya que dejar estas disposiciones ambientales de suma importancia bajo la tiranía de figuras poco comprometidas con la conservación de la naturaleza como el ministro Tattenbach.

Imagen ilustrativa.

Le salen mal los números de los agrotóxicos al MAG

  • No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado.

  • Datos primarios de importación y exportación de plaguicidas dejaron de estar disponibles en la web del SFE.

FECON

El reciente informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería “Uso aparente de plaguicidas en Costa Rica Período 2017-2023” afirma se ha dado una “reducción en la utilización de estos agroquímicos cercano al 20%”. Dato que sin duda es llamativo, pero al mismo tiempo es engañoso. Lamentablemente ya no están disponibles los datos primarios de las exportaciones e importaciones de plaguicidas en la plataforma del Sistema Fitosanitario del Estado como era anteriormente, esto resta mucho en términos de transparencia. Esconder los datos primarios es un paso para atrás en materia de control de los plaguicidas y tenemos que confiar sólo en el informe publicado desde al MAG.

No se puede asegurar que el consumo de plaguicidas ha bajado. En realidad, sí comparamos el año 2022 con el 2023 encontramos un aumento importante en el uso aparente de plaguicidas. Esto porque, si bien es cierto, las importaciones han bajado, las exportaciones por su lado han disminuido también para el mismo periodo. Es decir, sí para el 2023 restamos importaciones menos exportaciones, y lo comparamos con el periodo de 2022 nos da un aumento de más de 400 toneladas de IAGT en el “consumo aparente de plaguicidas” con respecto al año 2023.

Sumado a esto el MAG insiste en arrastrar un error metodológico histórico, incluir más de un millón hectáreas de pastos dentro del cálculo para determinar el uso aparente de plaguicidas como si fuera área agrícola intensiva. Error que numerosos expertos y expertas se lo han señalado en año anteriores. Por lo tanto, insistir es un acto de mala fe.

Poner zonas de pastos a la par de áreas de cultivo intensivos como si fueran iguales provoca una gran distorsión en el resultando, puesto que las pasturas para ganadería a lo sumo usan entre 0,6 a 2 kg de IAGT por hectárea por año, dato que contrasta mucho con los cultivos intensivos, como por ejemplo el banano, que pueden usar entre 50 y 65 kg de IAGT por hectárea por año. Es decir, sumar las hectáreas de pastos dentro de la ecuación para el cálculo de uso aparente placidas en el sector agrícola provoca una grave distorsión en el resultado final.

Este, que parece ser un simple error metodológico, es en realidad una apuesta política del ministerio de Agricultura por maquillar los datos de uso de plaguicidas del país. La diferencia entre la cifra del PNUD con los del MAG radica en que el ministerio prácticamente multiplica por 4 el área sobre la cual se rocía plaguicidas, al incluir pastizales. Distorsionando completamente el cálculo y restándole rigurosidad científica. Mientras que PNUD genera datos más apegados a la realidad, tomando en cuenta las áreas donde se da el uso más importante de plaguicidas como referencia para los cálculos.

Nadie con honestidad técnica y científica manipularía los datos para distorsionar la realidad y defender la industria de los plaguicidas tal y como lo hace el MAG y el SFE. La realidad que vive el país es muy grave en materia de plaguicidas. Los datos del PNUD concuerdan con la crisis que viven cientos de comunidades afectadas por los plaguicidas: contaminaciones de fuentes subterráneas y superficiales con cargas de plaguicidas que sobre pasan los límites permitidos en más de 200 veces las concentraciones permitidas para consumo humano, escolares rociados con plaguicidas altamente peligrosos, pérdida de biodiversidad, colapso de ecosistemas, desaparición de polinizadores y afectación a la fauna silvestre.

Los datos alegres sobre la reducción de uso aparente de plaguicidas que publica el MAG no esta estimado sobre datos concluyentes, sino sobre cifras preliminares para el año 2023, tal y como lo menciona el mismo informe del SFE. Aparentemente el MAG tiene ganas de manipular datos, sacrificar la ciencia y distorsionar la realidad. ¿Cuál objetivo persiguen?