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Brujo que no cree en su brujería

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Hace tan solo dos meses, el presidente Chaves se declaró contrario a la Agenda de la ONU que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible -conocida como Agenda 2030- y hasta le quitó el financiamiento.

Ahora, del 9 al 13 de este mes, gracias a que se ofreció a copresidir, junto al presidente Macron de Francia, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), se verá en esa función en pro del ambiente.

¿Pero saben qué? Como a él no le importa saber «ni donde está parado», sino «exhibir su figura», desconoce que la conferencia se ha convocado para reafirmar el Objetivo 14, sobre la conservación de los océanos, ¡de la Agenda 2030! De la misma que él rechaza.

Resulta que, como los representantes oficiales de las 60 naciones participantes conocen su posición en contra del eje principal de la reunión, para los costarricenses es motivo de vergüenza que los mandatarios allí reunidos sin duda vayan a comentar, discretamente, que quien se ofreció a presidir la cumbre es, en realidad, un opositor a la Agenda 2030, que fuere aprobada en forma unánime en la Asamblea General de la ONU, con la presencia del venerado Papa Francisco.

Sala Constitucional ordena entrega de información ambiental del Refugio Gandoca Manzanillo

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Un recurso de amparo interpuesto contra la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ante la falta de divulgación de información ambiental relevante con la tala y cambio de uso del suelo en Calle Paraíso fue declarado con lugar. La acción fue interpuesta por Marco Vinicio Levy Virgo. La solicitud pretendía conocer el seguimiento y el cumplimiento de las medidas cautelares relacionadas con informes ambientales dentro de la zona protegida. Este reclamo se fundamentó en la necesidad de transparencia en la gestión de asuntos públicos, especialmente aquellos que inciden en la protección del medio ambiente.

El caso se originó ante una solicitud formulada el 25 de noviembre de 2024, en la que se solicitaba un informe actualizado y detallado sobre el cumplimiento de la sentencia y las medidas impuestas. La respuesta de la administradora del refugio se emite a través de diversos oficios entre enero y marzo de 2025, donde se indicó que lo solicitado era considerado confidencial por estar vinculada a investigaciones en curso según el artículo 295 del Código Procesal Penal. Esto generó un conflicto entre el deber de transparencia y las restricciones que impone la confidencialidad en procesos investigativos.

Ante la controversia, la Sala Constitucional analizó el derecho de acceso a la información pública y tomó en cuenta, que la solicitud del ciudadano guardaba un interés público ineludible, especialmente cuando se trata de temas ambientales y de control de la actividad derivada de la administración pública. La relevancia de la información solicitada constituía un elemento esencial para el ejercicio del control ciudadano sobre el desempeño de las autoridades del refugio.

En la parte decisoria, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo. Se ordenó a los funcionarios, o a quien la sustituya, coordinar todas las acciones necesarias y emitir las órdenes pertinentes para que, en un plazo máximo de ocho días a partir de la notificación de la sentencia, se facilite la documentación solicitada. Esta entrega deberá realizarse resguardando cualquier dato sensible o confidencial, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

La resolución también establece sanciones para el caso de incumplimiento. Se advierte que, de no hacerse efectiva la orden, se aplicarán medidas penales que incluyen la posibilidad de prisión de tres meses hasta dos años o multas que van de veinte a sesenta días multa, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

La decisión condena al Estado al pago de las costas, así como a la reparación de los daños y perjuicios causados por la omisión en el cumplimiento de la obligación de transparencia. Estos montos se liquidarán posteriormente en ejecución de sentencia en el ámbito contencioso administrativo, reforzando así el principio de rendición de cuentas y el derecho del ciudadano a obtener información esencial para el control del buen funcionamiento de las instituciones públicas.

Mediante este enlace puede ver el voto completo de la Sala.

Bayer solicitó derecho de respuesta y rectificación

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SURCOS recibió una nota oficial de la empresa Bayer en relación con la nota publicada este jueves 5 Día Mundial del Ambiente. La nota en mención puede verse en este enlace: https://wp.me/p6rfbZ-vPY

Posición Oficial de Bayer

San José, 5 de junio de 2025. En relación con las recientes menciones en medios de comunicación y redes sociales, informamos que Bayer no es parte procesal en el proceso que se desarrolla en el Tribunal Contencioso Administrativo del Expediente: 18-4060-1027-CA.

Reiteramos nuestro compromiso con la ciencia, la transparencia y el cumplimiento riguroso de las normativas nacionales e internacionales en materia de bioseguridad.

En virtud de lo anterior, se solicita hacer del conocimiento público una rectificación aclarando lo anterior.

Equipo Bayer.

Organización ambientalista refuta respuesta del MINAE sobre permisos irregulares en Gandoca-Manzanillo

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.

Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.

La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.

La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.

Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.

La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.

El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.

El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.

Reconocer a quienes defienden la vida en el Día Mundial del Ambiente

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Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR

El pasado 22 de abril, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza. En este Día Mundial del Ambiente (5 de junio), su lucha debe ser visibilizada y celebrada.

Los defensores ambientales —personas, colectivos y pueblos originarios— protegen los territorios, el agua, los bosques y la vida. Pero esta labor conlleva riesgos: criminalización, amenazas y asesinatos. Según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales.

En Costa Rica, entre 1975 y 2020, 13 defensores fueron asesinados, muchos casos siguen impunes. La situación es especialmente grave en territorios indígenas, donde el abandono estatal ha perpetuado la violencia.

Ante esta realidad, distintas organizaciones —UBL, FECON, CoecoCeiba, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la UCR— rindieron homenaje a quienes luchan con valentía. Estas son las personas y comunidades reconocidas:

Francisco Castro Meneses y Yenifer Sandoval Jiménez, activistas ligados a la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), han participado activamente en diversas luchas socioambientales. Su labor ha sido clave en la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y en la oposición al Plan Regulador Costero del Caribe Sur.

También se reconoció a Concejos, comunidades y líderes o lideresas indígenas que han sostenido procesos de autonomía, recuperación territorial y defensa de sus derechos:

En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas.

El homenaje realizado en el Día de la Tierra no solo visibiliza las amenazas que enfrentan estos defensores, sino que también celebra su valentía, su compromiso y su profunda conexión con los territorios que habitan y protegen. En un país que se enorgullece de su imagen ambientalista, es urgente pasar del discurso a la acción: garantizar condiciones dignas y seguras para que estas luchas continúen floreciendo. Solo así podremos aspirar a un futuro verdaderamente justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Deforestación en frontera de Nicaragua y Costa Rica avanza sin control institucional

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La Fundación del Río, presentó un informe con un análisis cartográfico detallado que evidencia el avance de la deforestación en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Este informe centra la atención en el surgimiento de una nueva invasión en la localidad de Indio Maíz y en el área protegida del Río San Juan, alertando sobre la fragilidad de estos ecosistemas tan valiosos y reconocidos internacionalmente.

La zona en cuestión engloba parte del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, que se ubica estratégicamente en el extremo sur del río San Juan y constituye un eslabón fundamental para la conectividad ecológica entre áreas protegidas, como la Reserva Indio Maíz. Este corredor biológico es vital para la conservación de una gran diversidad de especies y para mantener el equilibrio hidrológico en la región fronteriza.

Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río

El informe revela que el deterioro ambiental se ha acelerado en los últimos años, evidenciado por la pérdida significativa de cobertura boscosa, incendios recurrentes y el cambio agresivo en el uso del suelo. Las actividades ilegales y el manejo inadecuado de la tierra han propiciado una transformación del paisaje, donde la deforestación se asocia a la conversión de áreas a pastos, cultivos y otras infraestructuras que fragmentan el bosque.

En la zona de Indio Maíz se ha documentado una dinámica en la que actores vinculados a estructuras locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con exfuncionarios y líderes comunitarios, han promovido la ocupación irregular de tierras. Testimonios, recopilados por la organización, y evidencias cartográficas muestran que desde inicios de 2022 se han establecido asentamientos ilegales, los cuales han llevado a la segmentación de diversas áreas originalmente destinadas a la conservación.

En estos procesos, se reporta que las familias invasoras son recibidas por coordinadores locales y figuras políticas que, a cambio de pagos elevados o promesas de avales informales, facilitan el acceso a terrenos protegidos. La ausencia de documentación legal y la aprobación tácita de estos procesos han permitido la expansión descontrolada de la ocupación, provocando una notable deforestación para convertir el bosque en tierras agrícolas o ganaderas.

Los nuevos asentamientos no se limitan a un solo sector, sino que su avance se extiende hacia la zona protegida del Río San Juan, afectando la integridad de un corredor vital que conecta con áreas de alta biodiversidad y con territorios fronterizos. Esta invasión bilateral entre Indio Maíz y el área del río ha intensificado los impactos ambientales en un espacio que debe ser preservado por su valor ecológico y paisajístico.

Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río

La fundación critica la gestión de las instituciones nicaragüenses, evidenciando deficiencias en el monitoreo y vigilancia por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), y de la Fuerza Armada, quienes, a pesar de contar con puestos de control, no han logrado impedir el avance ilegal en zonas sensibles. Esta carencia de acción y la posible complicidad de ciertos actores estatales han contribuido a la expansión de actividades ilícitas, como la minería ilegal, el tráfico de fauna y la comercialización irregular de madera.

Con base en un riguroso trabajo de campo, análisis de imágenes satelitales y el uso de sistemas de información geográfica, la organización concluye una alarmante reducción de la vegetación, alertando sobre la pérdida irreversible de hectáreas de bosque y la fragmentación de paisajes que cumplen funciones cruciales, como el almacenamiento de carbono y la regulación del régimen hidrológico del río San Juan.

El nuevo frente de invasión en Indio Maíz y la deteriorada situación en la zona protegida del río San Juan representan desafíos críticos para la conservación ambiental y la soberanía ecológica de la región fronteriza. Este informe se erige como un llamado urgente a la acción nacional e internacional, instando a las autoridades y a la comunidad global a adoptar medidas contundentes que frenen la invasión ilegal, restauren los ecosistemas afectados y aseguren el cumplimiento de los compromisos en materia de protección ambiental.

Para consultar el informe completo, con detalle de los hallazgos encontrados puede acceder a este enlace.

En el Día Mundial del Ambiente ecologistas llevan a juicio a Bayer y al Estado

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Ecologistas de Costa Rica llevan a juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste

Los ecologistas señalan que la aprobación de la liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena, del cual Costa Rica es firmante.

  • Asimismo, indican que Costa Rica forma parte del centro de origen del algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país, ya que la liberación del cultivo transgénico apilado en cuestión se llevó a cabo ignorando la solicitud de información técnica valiosa, necesaria para deliberar y emitir un voto razonado como integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

  • Acusan al Servicio Fitosanitario del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica, y de no resguardar la bioseguridad en un país que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial.

Este jueves 5 y viernes 6 de junio da inicio la recta final de un proceso contencioso-administrativo que lleva más de diez años. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás, ambos fueron representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), durante la evaluación de riesgos para autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en Calle Blancos, Goicoechea, donde los actores del proceso legal presentarán a sus testigos y los abogados aportarán las pruebas ante los jueces.

La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. En este caso específico, se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.

“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.

Por su parte, Fabián Pacheco señaló:

“Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente. Es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia con los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales. Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad o los ecosistemas locales”.

Asimismo, agregó:

“Y esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que, ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa”.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, las y los ecologistas afirman que celebran esta fecha en pie de lucha, con la esperanza de que se demuestre que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Señalan que es un buen día para exigir justicia para con la naturaleza, la cual seguirán defendiendo por esta y las futuras generaciones.

Datos del caso:

  • Expediente: 18-4060-1027-CA

  • Actoras: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica.

  • Demandadas: Estado, SFE, Bayer

UNA lleva ciencia oceánica a Niza

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Delegación académica de la Universidad Nacional (UNA), llevará más de 20 contribuciones científicas a evento mundial en Niza, Francia. Esta participación reafirma el rol protagónico de las universidades públicas costarricenses en los debates globales sobre sostenibilidad del océano y cambio climático, al proyectar el conocimiento generado en el país hacia espacios de impacto internacional.

La Universidad Nacional (UNA) formará parte activa en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que se celebrará del 9 al 13 de junio de 2025 en Niza, Francia, coorganizada por los gobiernos de Costa Rica y Francia. La delegación universitaria participará en calidad de institución académica acreditada, con una agenda que combina incidencia científica, diplomacia académica y representación institucional de alto nivel.

Previo a la Conferencia, del 3 al 6 de junio, la UNA intervendrá como coorganizadora del One Ocean Science Congress, evento oficial que funge como pilar científico de UNOC3. Este congreso reunirá a más de 2000 investigadores internacionales con el fin de ofrecer insumos científicos sólidos que sustenten las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno, así como otros tomadores de decisiones en materia de conservación y uso sostenible del océano. 

La UNA presentará más de 20 ponencias y posters, sobre temas como resiliencia costera, contaminación por microplásticos, restauración de manglares, gobernanza marina participativa, bioacústica de cetáceos y monitoreo climático en zonas marino-costeras, entre otras. 

Además, participará en sesiones especializadas tipo Town Hall, enfocadas en soluciones basadas en la naturaleza, intersecciones entre océano y salud humana, y modelos colaborativos de gobernanza oceánica. 

Esta participación se enmarca en una estrategia institucional de largo plazo, orientada a contribuir con acciones concretas al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, mediante la generación de conocimiento, el diálogo multiactor y la incidencia en políticas públicas para la sostenibilidad del océano.

La delegación también participará en un evento paralelo denominado Foro Internacional de Universidades dedicadas a la Ciencias Marinas, donde se presentarán investigaciones relacionadas con diplomacia y economía azul, así como la elaboración de un pliego de recomendaciones que presentarán las autoridades de la UNA y la Universidad de Bretaña Occidental, como voceros de esta red.

Este esfuerzo internacional responde a una estrategia institucional sólida que la UNA impulsa desde 2022, con hitos como la creación de la Comisión UNA por los Océanos, la declaración de interés institucional del Consejo Universitario para estas actividades, y la articulación de redes internacionales como la Red Franco-Centroamericana para la Sostenibilidad del Océano, mediante el proyecto FEF Océans entre el Instituto de Desarrollo e Investigación de Francia (IRD) y varias universidades centroamericanas, entre estas la UNA como socio mayoritario, financiado por el gobierno de Francia

Durante 2024, la UNA lideró el Congreso de Integración de Saberes por un Océano Sostenible (CISOS24) y participó en el evento internacional de alto nivel “Immersed in Change” celebrado en San José, donde posicionó el compromiso de las universidades públicas con la Agenda 2030 y el ODS 14 mediante la firma de una declaratoria que actualmente tiene el estatus en la Organización de Naciones Unidas como compromiso para el cumplimiento de ODS 14 como acción oceánica bajo el número 47861.

“La UNA llega a Niza como una universidad comprometida con la transformación social, el conocimiento útil y la ciencia al servicio del desarrollo sostenible del océano, los mares, las costas, las islas y sus comunidades. Nuestro aporte desde la perspectiva científica, académica y técnica contribuye a la formulación del Plan de Acción Oceánica de Niza, promoviendo decisiones basadas en evidencia para la preservación y uso sostenible del océano”, expresó la representación institucional.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

1° Encuentro Agroecológico Sur-Sur

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El 1er Encuentro Agroecológico del Sur- Sur se presenta como un espacio para fomentar la colaboración entre los distintos representantes del sector del agro en la zona. El evento se desarrollará en las instalaciones de la Universidad Nacional en Pérez Zeledón, el próximo 5 de junio a partir de las 9 a.m, coincidiendo con el Día Mundial del Ambiente. Esta celebración representa un llamado a trabajar en armonía con la naturaleza, promoviendo prácticas libres de agroquímicos y fortaleciendo los lazos entre productores y consumidores locales.

Durante el encuentro se han planificado diversas actividades que incluyen charlas, talleres y conversatorios. Estos espacios de diálogo permitirán a los participantes intercambiar conocimientos teóricos y prácticos sobre técnicas agroecológicas, manejo de cultivos, control natural de plagas y otras prácticas esenciales para una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Las sesiones están diseñadas para inspirar a los asistentes a adoptar métodos sostenibles y a contribuir activamente al cuidado de nuestro entorno.

Entre las actividades se encuentra la Feria Agroecológica, un espacio en el que se exhibirán y comercializarán productos agroecológicos de alta calidad, fomentando a la vez las cadenas cortas de comercialización y los mercados locales. Los productores tendrán la oportunidad de mostrar sus productos y establecer vínculos directos con la comunidad, fortaleciendo la economía local y promoviendo el consumo responsable y saludable.

Asimismo, se llevará a cabo un intercambio de semillas, actividad que invita a los participantes a compartir variedades y conocimientos sobre cultivos adaptados a las condiciones locales. Además del encuentro, por medio de los talleres y conferencias se fomenta la interacción que facilitarán el intercambio de experiencias y la construcción de una red colaborativa en pro de la agroecología.

El encuentro se encuentra organizado por las organizaciones ambientalistas Montaña Verde, Red de agroecología Costa Rica y la Universidad Nacional. Para más información se puede contactar al correo electrónico aamontanaverde@gmail.com, al teléfono 86823299 o bien las redes sociales de las organizaciones involucradas.

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada

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Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Compartimos el siguiente comunicado de prensa emitido por la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE), en el que se hace un llamado urgente a la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, ante graves amenazas ambientales y legales que ponen en riesgo este Sitio Ramsar de vital importancia para el Caribe Sur de Costa Rica.

 

Asociación para el Desarrollo de la Ecología

Una Llamada Urgente por Gandoca-Manzanillo: La Voz de la Ecología Organizada


San José, Costa Rica – 30 de mayo de 2025


En el corazón del Caribe Sur de Costa Rica, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo se alza como un bastión de biodiversidad, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar 783 por su invaluable riqueza ecológica. Este santuario de humedales, manglares, bosques costeros y hábitats esenciales para especies como el manatí y las tortugas marinas está en peligro. Hoy, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) lanza un llamado vibrante y esperanzador a la acción colectiva para proteger este tesoro natural, frente a decisiones estatales cuestionables, desarrollos turísticos mal regulados y omisiones legales que amenazan su integridad.

Un paraíso en riesgo, una lucha por la justicia ambiental

Gandoca-Manzanillo no es solo un refugio natural; es un símbolo de la conexión profunda entre la vida, la cultura y el equilibrio ecológico. Sin embargo, en los últimos años, una tendencia alarmante ha puesto en jaque su futuro: la priorización de intereses inmobiliarios privados sobre el bienestar colectivo y la conservación ambiental. Más de 500 permisos de construcción otorgados en zonas protegidas, la titulación irregular de tierras del Patrimonio Natural del Estado (PNE) y la emisión de directrices gubernamentales, como la Directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente, que redujo arbitrariamente más del 40% del área reconocida como humedal, son pruebas de una gobernanza ambiental deficiente.

Estas acciones no solo contradicen la legislación nacional, incluyendo sentencias de la Sala Constitucional, sino que también violan los compromisos internacionales de Costa Rica como Estado Parte de la Convención Ramsar desde 1991. La certificación arbitraria del PNE en la Zona Marítimo-Terrestre de Talamanca en 2017 y la falta de fiscalización efectiva han permitido la fragmentación de este ecosistema vital, transformando un bien público en mercancía para proyectos turísticos y residenciales.

La voz de la sociedad civil: un compromiso con el futuro

La ADE, en un acto de valentía y compromiso, presentó el 25 de mayo de 2025 una denuncia contundente ante la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, exigiendo la restauración del orden jurídico y la protección del Sitio Ramsar 783. Este pronunciamiento no es solo una crítica; es una propuesta de esperanza y acción. Entre las medidas solicitadas destacan:

• Anulación inmediata de los permisos de uso de suelo y construcción que contravienen la legislación ambiental.
• Recuperación de 188 hectáreas de bosque y humedales desafectadas, en cumplimiento de la sentencia constitucional 2019-012745.
• Reversión de títulos de propiedad otorgados ilegalmente, con la intervención del Instituto de Desarrollo Rural (INDER).
• Investigación y sanción a los funcionarios responsables de decisiones arbitrarias, incluyendo al exdirector regional del ACLAC y al actual Ministro de Ambiente.
• Incorporación del informe técnico SINAC-ACC-OT-OF-698-2021 al Inventario Nacional de Humedales para proteger la integridad ecológica del refugio.
• Intervención de la Convención Ramsar, solicitando la posible inclusión de Gandoca-Manzanillo en el Registro de Montreux para activar mecanismos internacionales de conservación.
• Protección para los defensores ambientales, garantizando su seguridad frente a posibles represalias.
Estas demandas no solo buscan reparar el daño causado, sino también sentar un precedente para una gestión ambiental transparente, participativa y comprometida con los derechos humanos y el bien común.

El valor de Gandoca-Manzanillo: más que un refugio, un legado
El Sitio Ramsar 783 es un pilar ecológico global. Sus humedales regulan el clima, sus manglares protegen las costas y sus bosques costeros son hogar de especies amenazadas. Pero más allá de su valor ecológico, Gandoca-Manzanillo es un espacio de vida para comunidades locales, especialmente afrodescendientes e indígenas, cuyos derechos y formas de vida son ignorados frente a la especulación inmobiliaria. La transformación de estos territorios en oportunidades de mercado no solo destruye ecosistemas, sino que desplaza culturas y compromete el futuro de las próximas generaciones.

Un llamado a la acción: el poder de la unidad

La lucha por Gandoca-Manzanillo es un reflejo de un desafío mayor: la tensión entre el desarrollo extractivista y el respeto por la vida. La AEL invita a la ciudadanía, organizaciones, medios de comunicación y autoridades a unirse a esta causa. La sociedad civil organizada es la conciencia crítica que recuerda al Estado su deber de proteger el patrimonio natural y los derechos de todos. Juntos, podemos revertir el daño, fortalecer la gobernanza ambiental y garantizar que Gandoca-Manzanillo siga siendo un santuario de vida para las generaciones futuras.

El impacto de la desprotección

• Permisos irregulares: Más de 500 permisos de construcción en humedales, manglares y zonas de anidación de tortugas, en violación de la Convención Ramsar.
• Titulación ilegal: Propiedades del PNE parceladas y vendidas para proyectos turísticos, despojando al país de su patrimonio natural.
• Reducción arbitraria de humedales: La Directriz 09-2023 eliminó más del 40% del área reconocida como humedal, sin sustento técnico.
• Desplazamiento de comunidades: Comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan presiones por la especulación inmobiliaria, perdiendo su vínculo con el territorio.
• Falta de fiscalización: Entidades como SINAC y la Municipalidad de Talamanca han fallado en garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.

¿Qué significa ser un Sitio Ramsar?

Ser parte de la Convención Ramsar implica un compromiso global con la conservación de humedales, ecosistemas clave para la biodiversidad y el equilibrio climático. Gandoca-Manzanillo, como Sitio Ramsar 783, es un legado que Costa Rica debe proteger, no solo por su valor nacional, sino por su importancia para el mundo. La posible inclusión en el Registro de Montreux sería un paso hacia la cooperación internacional para salvar este refugio.

Únase a la defensa de Gandoca-Manzanillo

La AEL llama a todos los sectores de la sociedad a respaldar esta lucha. Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntos, podemos proteger Gandoca-Manzanillo y construir un futuro donde el equilibrio ecológico y la justicia ambiental sean la prioridad. Para más información, contáctenos en machore@gmail.com o síganos en nuestras redes sociales.

Por un Caribe Sur vivo, por un Costa Rica sostenible.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología