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Ciencia para celebrar a los océanos

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El Instituto Internacional del Océano y el Departamento de Física de la Universidad Nacional (UNA) realizó el 4 de junio, en el marco del Día Mundial de los Océanos que se celebra el 8 de junio, un encuentro denominado Voces científicas para el océano, con motivo de la participación costarricense en el One Ocean Science Congress que se realiza en Niza, Francia.

“Es un honor darles la bienvenida a esta jornada de reflexión y acción sobre la importancia de estudiar y proteger los océanos, particularmente en estas zonas costeras de nuestra región latinoamericana, que son muy vulnerables a la variabilidad y al cambio climático”, dijo Mauro Vargas, director del IOI Costa Rica y del Departamento de Física de la UNA.

Este encuentro, de acuerdo con Vargas, buscaba promover el diálogo y una comprensión más profunda e integral de las ciencias marinas, resaltando su impacto social, económico y ecológico, con resultados al alcance de la ciudadanía.

Rafael González, del Centro Oceanográfico de Gijón, España, habló sobre la importancia de la evaluación global del estado de los océanos, donde explicó el rol de contar con monitoreo constante y a largo plazo para poder diferenciar variaciones naturales de las inducidas por el ser humano. También destacó la conexión entre el océano, el clima, la pesca y las comunidades costeras.

Por su parte, Alexandre Tisseaux Navarro, del Laboratorio de Oceanografía y Manejo Costero de la UNA, explicó la importancia de medir las corrientes para entender el transporte de sedimentos, nutrientes, larvas y contaminantes. En sus investigaciones, logró determinar que la circulación en zonas someras está dominada por mareas, mientras que en zonas profundas influyen más los gradientes de densidad provocados por la descarga de ríos.

La modelación hidrodinámica del Golfo de Nicoya es el tema de estudio de Roger Hernández Jiménez, quien representa al Servicio Regional de Información Gráfica (SERIO). Él presentó un modelo numérico que combina variables como mareas, viento, caudal de ríos y rugosidad del fondo marino con el fin de mejorar la comprensión de riesgos como marejadas e inundaciones en estuarios.

Carolina Marín, investigadora del Laboratorio de Microbiología Marina de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, desarrolló el tema de la composición y dinámica de comunidades microbianas del Golfo de Nicoya, donde se logró determinar que los microorganismos marinos generan el 90 % del oxígeno oceánico y son clave en los ciclos biogeoquímicos. Su estudio permite detectar zonas contaminadas y entender la salud del ecosistema. Comparó comunidades de superficie y fondo entre época seca y lluviosa, destacando la influencia de la descarga de agua dulce.

Para finalizar esta jornada, Karol Ulate, del Laboratorio de Estudios Marinos Costeros, también de la Escuela de Ciencias Biológicas de la UNA, explicó el protocolo de monitoreo nacional oficializado en 2021 para evaluar la salud de arrecifes en áreas protegidas y no protegidas. Gracias a este avance en la investigación, se logró observar mayor biomasa de peces y equilibrio ecológico en zonas protegidas. El protocolo se está extendiendo a otros países centroamericanos con apoyo de la Embajada de Francia. Indicó como desafío la falta de visión de conservación en los gobiernos de la región.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

IV Festival Día del Océano 2025, en Uvita este 8 de junio

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En el marco del IV Festival Día del Océano, que se celebra en Uvita desde el año 2022, la Comisión Alianza Comunitaria (CAC) del Corredor Biológico Paso de la Danta organiza el conversatorio titulado «Sosteniendo la Fila Costeña: Rendición de Cuentas» para reforzar el compromiso con la protección y el manejo sostenible de nuestros océanos y costas.

El evento se realizará el domingo 8 de junio de 2025 a las 3:55 p.m. en el Mercado de Bahía Ballena, en Uvita, Osa, provincia de Puntarenas. Este esfuerzo orientado a la rendición de cuentas de parte de las autoridades busca reunir a representantes de comunidades locales y jerarquía municipal para analizar conjuntamente las problemáticas que aquejan a la región y proponer soluciones urgentes.

El principal objetivo del conversatorio es abordar la grave crisis ambiental que afecta a la Fila Costeña, comprendida entre los sectores de Dominical y Palmar Norte. En este espacio se pretende generar un puente entre la comunidad y las autoridades municipales para analizar los desafíos derivados de la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la sedimentación en ríos y quebradas, factores que deterioran progresivamente la salud de los ecosistemas costeros.

La convocatoria responde a las aspiraciones que se expresaron en el III Festival del Día del Océano celebrado en 2024, donde, en el Foro Tierra + Mar, más de 100 participantes consensuaron cuatro peticiones básicas dirigidas a la Municipalidad de Osa. Entre estas demandas se encuentran la actualización integral del Plan Regulador Cantonal, una moratoria en la emisión de permisos de construcción, la declaración de “Categoría de Protección Especial” para la Fila Costeña y la constitución de una Mesa de Diálogo Ciudadana para garantizar un ordenamiento territorial acorde con el contexto socioambiental.

Entre los panelistas del conversatorio se encuentran máster Silvia Valentinuzz, ingeniera civil especialista en planificación urbana y regional, y coordinadora de la Comisión de Planes Reguladores del colegio de ingenieros; máster Oscar Leiva, especialista en turismo y desarrollo territorial rural; y Lic Rosi Naranjo, psicóloga y gestora local, coordinadora de la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta.

La Fila Costeña ha sido testigo de una acelerada deforestación, pérdida de biodiversidad y sedimentación de cuerpos de agua, problemáticas que afectan incluso al vital Parque Nacional Marino Ballena. La degradación de esta franja costera no solo compromete la integridad de los ecosistemas, sino que también pone en riesgo la calidad de vida de las comunidades que dependen de estos recursos naturales.

La organización extiende una cordial invitación a todos los interesados, enfatizando que la presencia de representantes, actores comunitarios y medios de comunicación es crucial para dar visibilidad y seguimiento a los compromisos que se deriven del conversatorio.

Para obtener más información, se invita a contactar a través del correo electrónico alianza.pasoladanta@gmail.com

Brujo que no cree en su brujería

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Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Hace tan solo dos meses, el presidente Chaves se declaró contrario a la Agenda de la ONU que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible -conocida como Agenda 2030- y hasta le quitó el financiamiento.

Ahora, del 9 al 13 de este mes, gracias a que se ofreció a copresidir, junto al presidente Macron de Francia, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), se verá en esa función en pro del ambiente.

¿Pero saben qué? Como a él no le importa saber «ni donde está parado», sino «exhibir su figura», desconoce que la conferencia se ha convocado para reafirmar el Objetivo 14, sobre la conservación de los océanos, ¡de la Agenda 2030! De la misma que él rechaza.

Resulta que, como los representantes oficiales de las 60 naciones participantes conocen su posición en contra del eje principal de la reunión, para los costarricenses es motivo de vergüenza que los mandatarios allí reunidos sin duda vayan a comentar, discretamente, que quien se ofreció a presidir la cumbre es, en realidad, un opositor a la Agenda 2030, que fuere aprobada en forma unánime en la Asamblea General de la ONU, con la presencia del venerado Papa Francisco.

Sala Constitucional ordena entrega de información ambiental del Refugio Gandoca Manzanillo

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Un recurso de amparo interpuesto contra la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ante la falta de divulgación de información ambiental relevante con la tala y cambio de uso del suelo en Calle Paraíso fue declarado con lugar. La acción fue interpuesta por Marco Vinicio Levy Virgo. La solicitud pretendía conocer el seguimiento y el cumplimiento de las medidas cautelares relacionadas con informes ambientales dentro de la zona protegida. Este reclamo se fundamentó en la necesidad de transparencia en la gestión de asuntos públicos, especialmente aquellos que inciden en la protección del medio ambiente.

El caso se originó ante una solicitud formulada el 25 de noviembre de 2024, en la que se solicitaba un informe actualizado y detallado sobre el cumplimiento de la sentencia y las medidas impuestas. La respuesta de la administradora del refugio se emite a través de diversos oficios entre enero y marzo de 2025, donde se indicó que lo solicitado era considerado confidencial por estar vinculada a investigaciones en curso según el artículo 295 del Código Procesal Penal. Esto generó un conflicto entre el deber de transparencia y las restricciones que impone la confidencialidad en procesos investigativos.

Ante la controversia, la Sala Constitucional analizó el derecho de acceso a la información pública y tomó en cuenta, que la solicitud del ciudadano guardaba un interés público ineludible, especialmente cuando se trata de temas ambientales y de control de la actividad derivada de la administración pública. La relevancia de la información solicitada constituía un elemento esencial para el ejercicio del control ciudadano sobre el desempeño de las autoridades del refugio.

En la parte decisoria, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo. Se ordenó a los funcionarios, o a quien la sustituya, coordinar todas las acciones necesarias y emitir las órdenes pertinentes para que, en un plazo máximo de ocho días a partir de la notificación de la sentencia, se facilite la documentación solicitada. Esta entrega deberá realizarse resguardando cualquier dato sensible o confidencial, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

La resolución también establece sanciones para el caso de incumplimiento. Se advierte que, de no hacerse efectiva la orden, se aplicarán medidas penales que incluyen la posibilidad de prisión de tres meses hasta dos años o multas que van de veinte a sesenta días multa, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

La decisión condena al Estado al pago de las costas, así como a la reparación de los daños y perjuicios causados por la omisión en el cumplimiento de la obligación de transparencia. Estos montos se liquidarán posteriormente en ejecución de sentencia en el ámbito contencioso administrativo, reforzando así el principio de rendición de cuentas y el derecho del ciudadano a obtener información esencial para el control del buen funcionamiento de las instituciones públicas.

Mediante este enlace puede ver el voto completo de la Sala.

Bayer solicitó derecho de respuesta y rectificación

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SURCOS recibió una nota oficial de la empresa Bayer en relación con la nota publicada este jueves 5 Día Mundial del Ambiente. La nota en mención puede verse en este enlace: https://wp.me/p6rfbZ-vPY

Posición Oficial de Bayer

San José, 5 de junio de 2025. En relación con las recientes menciones en medios de comunicación y redes sociales, informamos que Bayer no es parte procesal en el proceso que se desarrolla en el Tribunal Contencioso Administrativo del Expediente: 18-4060-1027-CA.

Reiteramos nuestro compromiso con la ciencia, la transparencia y el cumplimiento riguroso de las normativas nacionales e internacionales en materia de bioseguridad.

En virtud de lo anterior, se solicita hacer del conocimiento público una rectificación aclarando lo anterior.

Equipo Bayer.

Organización ambientalista refuta respuesta del MINAE sobre permisos irregulares en Gandoca-Manzanillo

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La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.

Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.

La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.

La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.

Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.

La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.

El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.

El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.

Reconocer a quienes defienden la vida en el Día Mundial del Ambiente

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Por Mauricio Álvarez Mora, docente de la Escuela de Geografía y Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales UCR

El pasado 22 de abril, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, se realizó un emotivo acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza. En este Día Mundial del Ambiente (5 de junio), su lucha debe ser visibilizada y celebrada.

Los defensores ambientales —personas, colectivos y pueblos originarios— protegen los territorios, el agua, los bosques y la vida. Pero esta labor conlleva riesgos: criminalización, amenazas y asesinatos. Según Global Witness, América Latina es la región más peligrosa del mundo para activistas ambientales.

En Costa Rica, entre 1975 y 2020, 13 defensores fueron asesinados, muchos casos siguen impunes. La situación es especialmente grave en territorios indígenas, donde el abandono estatal ha perpetuado la violencia.

Ante esta realidad, distintas organizaciones —UBL, FECON, CoecoCeiba, la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia y la UCR— rindieron homenaje a quienes luchan con valentía. Estas son las personas y comunidades reconocidas:

Francisco Castro Meneses y Yenifer Sandoval Jiménez, activistas ligados a la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), han participado activamente en diversas luchas socioambientales. Su labor ha sido clave en la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y en la oposición al Plan Regulador Costero del Caribe Sur.

También se reconoció a Concejos, comunidades y líderes o lideresas indígenas que han sostenido procesos de autonomía, recuperación territorial y defensa de sus derechos:

En un contexto cada vez más desafiante para quienes alzan la voz en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, reconocer públicamente la labor de las personas y comunidades defensoras del ambiente es un acto de justicia y de esperanza. Sus historias nos recuerdan que la lucha por la tierra el mar, el agua, el bosque y la vida no es un asunto individual ni aislado, sino una causa común que atraviesa generaciones, territorios y culturas.

El homenaje realizado en el Día de la Tierra no solo visibiliza las amenazas que enfrentan estos defensores, sino que también celebra su valentía, su compromiso y su profunda conexión con los territorios que habitan y protegen. En un país que se enorgullece de su imagen ambientalista, es urgente pasar del discurso a la acción: garantizar condiciones dignas y seguras para que estas luchas continúen floreciendo. Solo así podremos aspirar a un futuro verdaderamente justo, sostenible y en armonía con la naturaleza.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Deforestación en frontera de Nicaragua y Costa Rica avanza sin control institucional

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La Fundación del Río, presentó un informe con un análisis cartográfico detallado que evidencia el avance de la deforestación en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Este informe centra la atención en el surgimiento de una nueva invasión en la localidad de Indio Maíz y en el área protegida del Río San Juan, alertando sobre la fragilidad de estos ecosistemas tan valiosos y reconocidos internacionalmente.

La zona en cuestión engloba parte del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, que se ubica estratégicamente en el extremo sur del río San Juan y constituye un eslabón fundamental para la conectividad ecológica entre áreas protegidas, como la Reserva Indio Maíz. Este corredor biológico es vital para la conservación de una gran diversidad de especies y para mantener el equilibrio hidrológico en la región fronteriza.

Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río

El informe revela que el deterioro ambiental se ha acelerado en los últimos años, evidenciado por la pérdida significativa de cobertura boscosa, incendios recurrentes y el cambio agresivo en el uso del suelo. Las actividades ilegales y el manejo inadecuado de la tierra han propiciado una transformación del paisaje, donde la deforestación se asocia a la conversión de áreas a pastos, cultivos y otras infraestructuras que fragmentan el bosque.

En la zona de Indio Maíz se ha documentado una dinámica en la que actores vinculados a estructuras locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con exfuncionarios y líderes comunitarios, han promovido la ocupación irregular de tierras. Testimonios, recopilados por la organización, y evidencias cartográficas muestran que desde inicios de 2022 se han establecido asentamientos ilegales, los cuales han llevado a la segmentación de diversas áreas originalmente destinadas a la conservación.

En estos procesos, se reporta que las familias invasoras son recibidas por coordinadores locales y figuras políticas que, a cambio de pagos elevados o promesas de avales informales, facilitan el acceso a terrenos protegidos. La ausencia de documentación legal y la aprobación tácita de estos procesos han permitido la expansión descontrolada de la ocupación, provocando una notable deforestación para convertir el bosque en tierras agrícolas o ganaderas.

Los nuevos asentamientos no se limitan a un solo sector, sino que su avance se extiende hacia la zona protegida del Río San Juan, afectando la integridad de un corredor vital que conecta con áreas de alta biodiversidad y con territorios fronterizos. Esta invasión bilateral entre Indio Maíz y el área del río ha intensificado los impactos ambientales en un espacio que debe ser preservado por su valor ecológico y paisajístico.

Fotografía proporcionada por Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua y Fundación del Río

La fundación critica la gestión de las instituciones nicaragüenses, evidenciando deficiencias en el monitoreo y vigilancia por parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), y de la Fuerza Armada, quienes, a pesar de contar con puestos de control, no han logrado impedir el avance ilegal en zonas sensibles. Esta carencia de acción y la posible complicidad de ciertos actores estatales han contribuido a la expansión de actividades ilícitas, como la minería ilegal, el tráfico de fauna y la comercialización irregular de madera.

Con base en un riguroso trabajo de campo, análisis de imágenes satelitales y el uso de sistemas de información geográfica, la organización concluye una alarmante reducción de la vegetación, alertando sobre la pérdida irreversible de hectáreas de bosque y la fragmentación de paisajes que cumplen funciones cruciales, como el almacenamiento de carbono y la regulación del régimen hidrológico del río San Juan.

El nuevo frente de invasión en Indio Maíz y la deteriorada situación en la zona protegida del río San Juan representan desafíos críticos para la conservación ambiental y la soberanía ecológica de la región fronteriza. Este informe se erige como un llamado urgente a la acción nacional e internacional, instando a las autoridades y a la comunidad global a adoptar medidas contundentes que frenen la invasión ilegal, restauren los ecosistemas afectados y aseguren el cumplimiento de los compromisos en materia de protección ambiental.

Para consultar el informe completo, con detalle de los hallazgos encontrados puede acceder a este enlace.

En el Día Mundial del Ambiente ecologistas llevan a juicio a Bayer y al Estado

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Ecologistas de Costa Rica llevan a juicio a Bayer S.A. y al Servicio Fitosanitario del Estado por haber liberado un algodón transgénico en Guanacaste

Los ecologistas señalan que la aprobación de la liberación del algodón transgénico COT102, junto con otros dos eventos apilados, se realizó de forma arbitraria, al no cumplir con los requisitos de bioseguridad, participación pública y transparencia exigidos tanto por el marco jurídico costarricense como por el Protocolo de Cartagena, del cual Costa Rica es firmante.

  • Asimismo, indican que Costa Rica forma parte del centro de origen del algodón, y que liberar algodones transgénicos representa un riesgo para la biodiversidad del país, ya que la liberación del cultivo transgénico apilado en cuestión se llevó a cabo ignorando la solicitud de información técnica valiosa, necesaria para deliberar y emitir un voto razonado como integrantes de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio).

  • Acusan al Servicio Fitosanitario del Estado de tener una actitud laxa, complaciente y permisiva con las transnacionales que siembran transgénicos en Costa Rica, y de no resguardar la bioseguridad en un país que alberga el 5 % de la biodiversidad mundial.

Este jueves 5 y viernes 6 de junio da inicio la recta final de un proceso contencioso-administrativo que lleva más de diez años. Los académicos en ciencias agrícolas Fabián Pacheco y Jaime García serán los testigos principales por parte del movimiento ecologista costarricense. Años atrás, ambos fueron representantes ante la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), durante la evaluación de riesgos para autorizar o denegar la siembra de organismos transgénicos en Costa Rica.

La audiencia se celebrará en el Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en Calle Blancos, Goicoechea, donde los actores del proceso legal presentarán a sus testigos y los abogados aportarán las pruebas ante los jueces.

La demanda es liderada por las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica. En este caso específico, se plantea que la liberación del algodón transgénico apilado se realizó sin poder analizar información faltante, así como información adicional que el doctor en Ciencias Agrícolas, Jaime García, y el máster en Agrobiología Ambiental, Fabián Pacheco, solicitaron en calidad de integrantes de la CTNBio.

“Comparecemos en representación y como testigos de las asociaciones Red de Coordinación en Biodiversidad y Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, para solicitar la anulación de la autorización de liberación al ambiente del algodón transgénico COT102, en calidad de evento apilado, por haber sido emitida en violación flagrante del Principio Precautorio, el marco de bioseguridad vigente y el derecho de la ciudadanía a participar de forma informada en decisiones que afectan profundamente nuestra biodiversidad”, indicó Jaime García.

Por su parte, Fabián Pacheco señaló:

“Este no es un caso técnico o burocrático. Este es un caso que pone a prueba si Costa Rica cumple con su deber constitucional de proteger un ambiente sano para las presentes y futuras generaciones. Lo que aquí ocurrió fue una aprobación exprés, opaca, carente de estudios realizados en condiciones agroecológicas iguales o similares al área de liberación, así como de otro tipo de información relevante que fue solicitada formalmente. Es claro y evidente que dichas solicitudes de información fueron ignoradas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, en complacencia con los negocios con organismos transgénicos de las transnacionales. Se autorizó la liberación de un algodón modificado genéticamente (transgénico) apilado sin demostrar científicamente que no implica riesgos para la biodiversidad o los ecosistemas locales”.

Asimismo, agregó:

“Y esto es aún más grave si recordamos que Costa Rica ha ratificado el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, que exige expresamente que, ante la falta de certeza científica, se aplique el Principio de Precaución. Este tratado internacional es vinculante y debe prevalecer sobre cualquier resolución administrativa”.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, este 5 de junio, las y los ecologistas afirman que celebran esta fecha en pie de lucha, con la esperanza de que se demuestre que en Costa Rica el Estado Social de Derecho funciona y protege al ambiente y a sus pobladores. Señalan que es un buen día para exigir justicia para con la naturaleza, la cual seguirán defendiendo por esta y las futuras generaciones.

Datos del caso:

  • Expediente: 18-4060-1027-CA

  • Actoras: Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad y Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica.

  • Demandadas: Estado, SFE, Bayer

UNA lleva ciencia oceánica a Niza

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Delegación académica de la Universidad Nacional (UNA), llevará más de 20 contribuciones científicas a evento mundial en Niza, Francia. Esta participación reafirma el rol protagónico de las universidades públicas costarricenses en los debates globales sobre sostenibilidad del océano y cambio climático, al proyectar el conocimiento generado en el país hacia espacios de impacto internacional.

La Universidad Nacional (UNA) formará parte activa en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), que se celebrará del 9 al 13 de junio de 2025 en Niza, Francia, coorganizada por los gobiernos de Costa Rica y Francia. La delegación universitaria participará en calidad de institución académica acreditada, con una agenda que combina incidencia científica, diplomacia académica y representación institucional de alto nivel.

Previo a la Conferencia, del 3 al 6 de junio, la UNA intervendrá como coorganizadora del One Ocean Science Congress, evento oficial que funge como pilar científico de UNOC3. Este congreso reunirá a más de 2000 investigadores internacionales con el fin de ofrecer insumos científicos sólidos que sustenten las decisiones de los jefes de Estado y de Gobierno, así como otros tomadores de decisiones en materia de conservación y uso sostenible del océano. 

La UNA presentará más de 20 ponencias y posters, sobre temas como resiliencia costera, contaminación por microplásticos, restauración de manglares, gobernanza marina participativa, bioacústica de cetáceos y monitoreo climático en zonas marino-costeras, entre otras. 

Además, participará en sesiones especializadas tipo Town Hall, enfocadas en soluciones basadas en la naturaleza, intersecciones entre océano y salud humana, y modelos colaborativos de gobernanza oceánica. 

Esta participación se enmarca en una estrategia institucional de largo plazo, orientada a contribuir con acciones concretas al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, mediante la generación de conocimiento, el diálogo multiactor y la incidencia en políticas públicas para la sostenibilidad del océano.

La delegación también participará en un evento paralelo denominado Foro Internacional de Universidades dedicadas a la Ciencias Marinas, donde se presentarán investigaciones relacionadas con diplomacia y economía azul, así como la elaboración de un pliego de recomendaciones que presentarán las autoridades de la UNA y la Universidad de Bretaña Occidental, como voceros de esta red.

Este esfuerzo internacional responde a una estrategia institucional sólida que la UNA impulsa desde 2022, con hitos como la creación de la Comisión UNA por los Océanos, la declaración de interés institucional del Consejo Universitario para estas actividades, y la articulación de redes internacionales como la Red Franco-Centroamericana para la Sostenibilidad del Océano, mediante el proyecto FEF Océans entre el Instituto de Desarrollo e Investigación de Francia (IRD) y varias universidades centroamericanas, entre estas la UNA como socio mayoritario, financiado por el gobierno de Francia

Durante 2024, la UNA lideró el Congreso de Integración de Saberes por un Océano Sostenible (CISOS24) y participó en el evento internacional de alto nivel “Immersed in Change” celebrado en San José, donde posicionó el compromiso de las universidades públicas con la Agenda 2030 y el ODS 14 mediante la firma de una declaratoria que actualmente tiene el estatus en la Organización de Naciones Unidas como compromiso para el cumplimiento de ODS 14 como acción oceánica bajo el número 47861.

“La UNA llega a Niza como una universidad comprometida con la transformación social, el conocimiento útil y la ciencia al servicio del desarrollo sostenible del océano, los mares, las costas, las islas y sus comunidades. Nuestro aporte desde la perspectiva científica, académica y técnica contribuye a la formulación del Plan de Acción Oceánica de Niza, promoviendo decisiones basadas en evidencia para la preservación y uso sostenible del océano”, expresó la representación institucional.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica