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Decreto de agrovenenos: Organismo Técnico advierte falta de consulta y posibles ilegalidades

  • Irregularidades están en estudio en la Sala Constitucional

 

No acaba la polémica con el paquete de decretos aprobados a inicio de año favor del sector de agrotóxicos por las irregularidades y la falta de consulta de uno de los decretos el N°39995 que se encuentra en tribunales por un recurso legal interpuesto por personas ecologistas y de la ciudadanía en general (ver más).

El decreto no fue consultado ni con los ministerios de Salud, Ambiente y Economía y tampoco con el órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que aseguró que su criterio no fue solicitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería ni por el Presidente de la República y por ello omitieron el procedimiento legal y establecido para la emisión de reglamentos, como el que ha sido recurrido en tribunales. Por tanto, el ORT señala que el proceso para decretar el reglamento pueda incurrir en ilegalidades.

Tanto las empresas interesadas y el MAG ha defendido el secretismo y la falta de transparencia mintiendo públicamente al asegurar que el decreto no es técnico para justificar la omisión. Al mismo tiempo han dicho que no se debió consultar a MINAE y Ministerio de Salud porque no es su competencia a pesar que el mismo decreto les crea potestades en el artículo 7.

La falta de consulta fue confirmada por el mismo Ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez el 19 de enero en La Prensa Libre y ese mismo día lo confirmó el jerarca del MEIC Welmer Ramos en el programa de Amelia Rueda.

La ORT consultada por el diputado Edgardo Araya que acompañó la presentación del amparo contra el decreto aseguró que: “La propuesta de reglamento no fue remitida formalmente a la ORT, de hecho este órgano tuvo conocimiento de la existencia de dicha regulación cuando fue publicada en la Gaceta” por lo tanto aseguraron que “la regulación en cuestión no cumplió con el proceso formal de emisión de reglamento técnico, tal como dispone la regulación vigente y en apego con las disposiciones del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial de Comercio contemplado en la ley 7475”.

La ORT acordó enviar una nota al MAG para informar que “el reglamento el 39995-MAG: Reglamento para la Actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo grado técnico y plaguicidas formulados es un reglamento técnico y debió cumplir con el reglamento para la emisión de reglamentos técnicos, de conformidad con la ley 8279, el reglamentos de la ORT y otros decretos aplicables, ya que dicha medida podría generar acciones de ilegalidad en contra del citado reglamento, por tanto recomienda realizar un análisis de dicha reglamentación. De igual manera insta a cumplir con el procedimiento establecido para elaborar reglamentos técnicos” (resaltado es nuestro).

El Órgano de Reglamentación Técnica (ORT) del MEIC, encargado de coordinar con los respectivos ministerios la elaboración de sus reglamentos técnicos, de modo tal que su emisión permita efectiva y eficiente protección de la salud humana, animal y vegetal, del ambiente, de la seguridad, del consumidor y de los demás bienes jurídicos tutelados.

Informes: Fabián Pacheco Agrobiólogo Ambiental y Ecologista, 88262270 o Mauricio Alvarez, presidente FECON, 88709165

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Inconformidad con Informe del SINAC/ACCVC Heredia

Nos comparten la carta emitida por el Sr. José Francisco Alfaro C. de CONCEVERDE con respecto al informe emitido por el SINAC/ACCVC como respuesta a la denuncia sobre la habilitación de cabaña, tala de árboles nativos, corta de vegetación dentro de un bosque, que según la carta, pertenece a la Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888, Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central, localizado dentro de un bosque secundario.

A continuación compartimos el escrito.

 

Sr. Freddy Valerio

Jefe ACCVC, Heredia

Estimado don Freddy,

He recibido el 19 de este mes su informe OH-262-2017 fechado jueves 9 de marzo del 2017, que responde a nuestra denuncia sobre habilitación de cabaña o casa rústica, tala de árboles nativos, corta de arbustos y otra vegetación, todo dentro de bosque que geográficamente corresponde a lo que ha sido Zona Inalienable de la Ley 65 de 1888, Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica central y hoy la reciente decretara ampliación del Parque Braulio Carrillo.

Por este medio en base a las siguientes consideraciones, presento mi inconformidad al informe susodicho y las acciones llevadas a cabo de parte de ustedes:

  1. El sitio donde se han llevado a cabo los hechos denunciados, se localiza dentro de lo que es un bosque, aparentemente secundario, dentro de lo que ha sido la Zona Inalienable según Ley 65 de 1888, Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central y la ampliación del Parque Braulio Carrillo, según decreto ejecutivo de octubre del 2015; por lo que las actividades llevadas en esa zona, requieren un control del Estado, en este caso del MINAE, que en el caso que nos ocupa, nunca se dio.
  2. En el punto dos de “Observaciones del sitio”, ustedes señalan:

“La rehabilitación conllevó la limpieza y aclaro (chapia), de al menos 1000 metros cuadrados alrededor de la vivienda con la eliminación de vegetación en potrero y la poda profunda de dos árboles nativos, que por su inclinación estaban en riesgo de caer encima de la vivienda y tener consecuencias sobre vidas humanas. Además se realizado una pequeña limpieza (estimada en 20 metros cuadrados), para tener dos eras de Culandro”. (Negrillas o resaltado no del original)

En relación a lo anterior, no es cierto, que lo que se dio fue una chapia en un potrero y una poda profunda, sino fue la eliminación de vegetación menor, lo que se puede calificar como una socola y junto con esto, la tala de árboles y arbustos nativos, todo dentro de un bosque (Ver foto de Google Earth agregada al final de este escrito), localizado en las zona mencionada en el punto 1 de este documento.

Inconformidad con informe del SINAC5
Fotografía digital del sitio boscoso donde se dieron hechos denunciados, señalado como “RANCHO EN AMPLIACION BRAULIO”.
  1. Las actividades denunciadas, reiteramos, se han llevado a cabo dentro de lo que es un bosque secundario, de lo que damos fe por conocimiento que tenemos de la zona (adjuntamos fotografías como prueba) y que se puede constatar con una simple y objetiva observación del lugar, sin requerir mayor esfuerzo técnico, por lo que por esto también, cualquier labor, sea construcción de cabaña, tala, eliminación de vegetación, etc. debió contar con el permiso del SINAC/MINAE; lo que no se dio en el caso denunciado (Art. 19 de Ley Forestal).
  2. En cuanto a la aseveración de sus funcionarios, de que la tala de los árboles se llevó a cabo, por el peligro que significaban para las vidas humanas, no entendemos cómo llegaron a tal conclusión, si ni siquiera hacen mención a un estudio técnico de la condición de los árboles, realizado previamente a la tala.
  3. Del informe levantado, se puede considerar que las acciones tomadas por ustedes, son parcas, omisas y hasta complacientes con el responsable de llevar a cabo los hechos denunciados, en tanto, por no considerar la categoría de protección que tiene la zona y considerar erróneamente que las actividades se llevaron a cabo en un potrero y no en un bosque, soslayan establecer las responsabilidades y sanciones del caso; pero además están abriendo el camino y hasta apoyando, que se dé un cambio de uso del suelo, lo que es sancionado por los artículos 19, 20 y 61 de la Ley Forestal.

Si bien, ustedes supuestamente notifican a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, Centro de Salud y Tribunal Ambiental Administrativo de la situación para que actúen estas instituciones dentro de su ámbito de competencia, ustedes, no se pueden abstraer, como en este caso, de actuar contundentemente contra el infractor, sea directamente e interponiendo las denuncias correspondientes ante la autoridad jurisdiccional correspondiente para establecer las responsabilidades jurídicas del caso.

PETITORIA:

  1. Se valoren de nuevo la situación denunciada para que se dilucide la verdad real de los hechos, tanto con respecto a las actividades realizadas según lo denunciado, como el lugar donde se realizaron.
  2. Se interpongan las denuncias pertinentes ante la fiscalía y no sólo ante el Tribunal Ambiental.
  3. Se me informe por escrito de todo lo realizado con respecto a la presente nota y del informe correspondiente.

PRUEBAS:

  1. Fotografías del sitio donde ocurrieron hechos denunciados.
  2. Informe del MINAE OH-262-2017.

 

Esperando respuesta y solución a la situación esbozada; suscribe por CONCEVERDE;

José Fco. Alfaro

Inconformidad con informe del SINAC
En la foto tomada el 25 de febrero pasado, desde el cerro que se encuentra al frente de la casa o cabaña recientemente habilitada, se puede ver claramente que la casa, está inmersa dentro de un bosque y no potrero, lo que comprueba que la socola, eliminación de arbustos y árboles se dio dentro de un sistema de bosque, ubicado dentro de lo que es la ampliación del Parque Braulio Carrillo.
Inconformidad con informe del SINAC2
La misma cabaña de la foto anterior a pocos metros de distancia, donde claramente se deduce que no está ubicada dentro de un potrero, si no bosque que le fue eliminada parte de su vegetación.
Inconformidad con informe del SINAC3
Vegetación cortada en bosque a pocos metros de la cabaña recientemente habitada.
Inconformidad con informe del SINAC4
Eliminación de vegetación, arbustos y árboles parte de bosque.

 

Enviado a SURCOS por José Francisco Alfaro C.

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Charla: Los retos ambientales en Costa Rica

Charla Los retos ambientales en Costa Rica

El viernes 31 de marzo se llevó a cabo en la Casa Claretiana en San Francisco de Goicoechea la charla “Los retos ambientales de Costa Rica”, cuyo expositor fue el presidente de FECON y geólogo ambientalista, Mauricio Álvarez.

 

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.

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Comunidad Epistémica en Gestión del Riesgo y Cambio Climático-UNA

Comunidad Epistemica UNA2

La Comunidad Epistémica en Gestión del Riesgo y Cambio Climático de la UNA, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y la Red de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de la UNA organizaron el Encuentro de la Universidad Nacional en Gestión del Riesgo y Cambio Climático, los días 28 y 29 de marzo, 2017.

El Msc. Daniel Rueda Araya, Vicerrector de Investigación, manifestó la importancia de la instauración de las “Comunidades Epistémicas”, en virtud de que se constituyen en espacios multidisciplinarios, que propicia la práctica de un método dialógico interdisciplinario, con el fin de trabajar de manera colaborativa, a modo de una red de aprendientes que genera, recíproca y comunicativamente, un nuevo conocimiento, a partir de un objeto epistémico precisamente definido y con referencia sociocultural y territorial.

Comunidad Epistemica UNA3

Estas Comunidades pueden estar formadas por personas académicas, administrativas y estudiantes, sin más requisito que su voluntad y compromiso de construir una inteligencia colectiva sobre realidades críticas para el desarrollo de nuestra humanidad, y la sustentabilidad del Planeta, con procesos, resultados y productos dignos de tal esfuerzo.

En este sentido, esta actividad tuvo como objetivo acercar y fortalecer los vínculos entre los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional y funcionarios de instituciones públicas, ministerios y gobiernos locales que se relacionan con proyectos o actividades en Gestión del Riesgo y el Cambio Climático.

Comunidad Epistemica UNA5

El primer día se trabajó inicialmente bajo la modalidad de “Mesas rotatorias” en las que las y los participantes conocieron el tema y motivación de cada mesa y aportaron observaciones breves.

Las mesas integradas fueron:

No. 1: La generación de conocimiento sobre las amenazas naturales y cambio climático.

No. 2: La Gestión del Riesgo y la adaptación al Cambio Climático.

No. 3: La comunicación de los productos generados por medio de la investigación, la extensión y la docencia para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

No. 4: Interdisciplinaridad en el abordaje de la gestión del riesgo y el cambio climático.

No. 5: Vinculación de la UNA con los gobiernos locales y las comunidades para la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático.

En la segunda ronda se integró cada mesa de acuerdo al interés de las y los participantes, para llevar a cabo el trabajo de discusión con base en preguntas generadoras específicas.

Comunidad Epistemica UNA

El segundo día se realizó una plenaria de presentación de lo discutido en cada mesa, con el fin de complementar y validar los planteamientos, que luego serán sistematizados por los organizadores.

Entre los elementos aportados se destacó la necesidad de contar con una base de información institucional de todo el trabajo que se realiza a lo interno de la UNA en docencia, investigación y extensión en temas de gestión de riesgo y cambio climático para una coordinación efectiva de los esfuerzos presentes y futuros.

También se destacó el rol fundamental que desempeña la Universidad como generadora de conocimiento científico con proyección social y su vinculación con otras instituciones para un abordaje más integral de las acciones que se deben asumir frente a esta temática.

Dicho evento se desarrolló en el Salón los Candiles, Plaza Cibeles, Heredia y contó con el patrocinio de CEPREDENAC y el auspicio de USAID-OFDA.

 

Por:

Msc. Heidy Vega García

Académica CEG-UNA

 

Enviado a SURCOS por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesort Comunicación, Rectoría UNA.

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S.O.S para la Laguna de Sierpe

  • Dragado, camino, drenaje, quemas y pesca con trasmallo

SOS para la Laguna de Sierpe5

Desde el aire el otrora gigantesco espejo negro de agua, con verdes humedales a sus lados quedó en las fotos antiguas y hoy está en peligro de desaparecer, a tan sólo cuatro días que el gobierno presentara la política nacional sobre humedales, el más grande humedal, en tamaño y en importancia, del país está crisis.

Guardaparques denunciaron ayer la presencia de una draga, incendios y hasta un camino que llega hasta el espejo de agua que hace prever que la laguna Sierpe, corazón del humedal, pareciera tener sus días contados.

La laguna tiene un espejo de agua de alrededor de 1.02 km2 y más de 2 metros de profundidad. Posee una salida angosta que desemboca en el Río Sierpe que llega hasta la parte costera donde está la porción más grande de humedal del litoral Pacífico de América.

SOS para la Laguna de Sierpe4

Su importancia ha sido reconocida por la Convención Internacional de Humedales de Ramsar, que lo incluyó en la lista Ramsar desde 1995 lo cual evidencia su importancia mundial. La Convención de Ramsar es un tratado internacional para la conservación y uso racional de los humedales. Nuestro país forma parte de ella desde 1991.

Este humedal en su totalidad mide 32.325 ha, la mayoría es área de manglar por lo que se puede observar la mayor cantidad de especies de mangle concentradas en un solo lugar. Es una región visitada por aves migratorias y locales, mamíferos, crustáceos y peces.

SOS para la Laguna de Sierpe3

Desde hace años se viene dando un proceso de dragado y deforestación de los bosques circundantes a la laguna Sierpe con el fin de convertirlos en áreas de ganado. En 2008 en pleno apogeo se paró los proyectos que estaban deteriorando el humedal.

La situación es apremiante y los guardianes de este tesoro tienen los mínimos recursos y apoyo para poder proteger este lugar de importancia mundial, hoy más que nunca en la crisis climática que nos apremia, mientras aseguran que la plata se destina hacer políticas que nunca salen de las oficinas en San José.

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Usurpar el Chirripó con un teleférico

Osvaldo Durán Castro (*)

 

En la sesión 043-17, acuerdo 4, del 21 de febrero de 2017, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón por “acuerdo definitivamente aprobado” con 9 votos a favor, decidió “Declarar de interés cantonal y público el proyecto del Teleférico a la cima del Parque Nacional Chirripó, por el impacto positivo que se prevé para al turismo nacional como internacional en nuestro cantón”.  El punto 2 del acuerdo es pedirle al Gobierno de la República declarar el proyecto de “interés nacional y público, para engrandecer el nombre de nuestra Patria mediante la puesta en marcha y ejecución de este proyecto, además del beneficio a los habitantes de los alrededores de la zona donde se ubica el Teleférico, mismo que impacta de manera muy positiva y nos genera un atractivo turístico a nivel mundial”.

Al terminar de leer eso temblé. Siguiendo a José Luis Sanpedro me indigné. Me acordé de César Vallejo como si sus “heraldos negros” fueran la premonición de un leñazo brutal a uno de los sitios más bellos del planeta: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé! Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte”. Pensé en el consumismo ilimitado del que nos advirtió Mahatma Gandhi, en la avaricia que confunde a las personas y las hace creer que el “progreso” y el “desarrollo” implican explotar sin límites la Tierra. ¡Ni siquiera se pensó en los alrededores del Parque Nacional Chirripó –PNCh-, si no directamente en su cima, su corazón, su esencia!

En esta idea puede haber una mezcla de desconocimiento y negligencia, pues la explotación comercial y turística de un parque nacional violenta todos los fines y objetivos de creación y salvaguarda del patrimonio natural del Estado. En este caso no es sólo un parque nacional. Se trata de un sitio reconocido mundialmente por su belleza y su contribución a la vida en el país y el planeta, y no por su potencial financiero. Sin importar que la moción la propusiera el regidor Hanz Cruz Benanburg, lo cierto es que otras 8 personas la apoyaron. Esto no diluye responsabilidades, sino más bien las amplía y consolida. Por ahora haré una primera entada para ir explicando por qué nunca Costa Rica y la humanidad deberíamos admitir la realización de esta idea mortalmente destructiva.

Explotación mercantil del patrimonio natural del Estado

La creación del PNCh de 50.158 hectáreas el 19 de agosto de 1975, con la Ley Nº 5773 (publicada en La Gaceta Nº 165, del 2 de setiembre, 1975), tenía –y tiene- el fin de “proteger las fuentes de agua, los bosques nubosos de altura conformados por robledales, las cuencas hidrográficas y el hábitat animales en peligro de extinción como los felinos, la danta y el quetzal”, y que desde hace años el tope fijado es de 6.000 visitas al año, precisamente por su fragilidad http://www.carrerachirripo.com/2007/02/15/el-parque-nacional-chirripo/. Hace apenas unos años, a pesar de que se limitaba la entrada, los desechos generados por la gente, como excrementos y sólidos de todo tipo, amenazaban el ecosistema. La falta de educación y la irresponsabilidad imperaban pues disfrutar de la naturaleza incluía ensuciarla.

El acuerdo del martes 21 de febrero de 2017 apunta contra los fines de protección y las condiciones de vulnerabilidad del parque, pues la “…la Municipalidad quiere montar un teleférico en el Cerro Chirripó, como una empresa mixta municipal que promueva recursos y que convierta a Pérez Zeledón en un punto de atracción turístico” http://www.crhoy.com/archivo/el-cerro-chirripo-busca-tener-su-propio-teleferico/ambiente/. Lo real es que el cantón ya ofrece muchos y variados atractivos de buena puntuación organizados en paquetes, circuitos y tours, que incluyen toda la oferta asociada con el PNCh.  Por esta razón el objetivo de convertir “…a Pérez Zeledón en un punto de atracción turístico” ya está superado. La oferta turística de una zona no mejora cuando se interviene negativamente el paisaje natural que es su principal fortaleza. Aunque se trate de una idea y de que no se cuente con el dinero por lo cual «… esperan crear alianzas con gobiernos extranjeros. Y analizarían consultar con inversionistas chinos o noruegos que deseen invertir en proyectos en esta zona», según dice el Presidente el Concejo Municipal Manuel Alfaro, es indispensable evaluar desde ya los impactos que una obra como esa tendría sobre el PNCh, su zona de amortiguamiento y en todas las áreas de protección circundantes como el Parque Internacional La Amistad, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

El Presidente municipal indica que “… un grupo de ambientalistas se van a oponer…,…van a ver cómo nos incomodan es hora de que ese mito desaparezca”. Más allá de la elemental predicción, debemos anotar que no se trata de “incomodar” si no de evidenciar y obligar a discutir sobre los impactos negativos irreparables de una intervención como la propuesta. Un parque nacional no es un simple territorio susceptible de ser explotado turística y comercialmente como si fuera un fundo improductivo que cualquiera puede usurpar o meterle mano. Sólo si atendemos la variable o aspecto como “belleza paisajística”, la afectación negativa por edificaciones, torres, cables y cajones guindando, sería severa e irremediable. En la Patagonia chilena, por ejemplo, uno de los argumentos fundamentales contra el megaproyecto de hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua y sus líneas de alta tensión, fue que la belleza escénica de paisajes únicos de la cordillera de los Andes, y particular de las Torres del Paine, sería destruida con más de seis mil torres en una herida de cien metros de ancho por 2.300 km de largo (Consejo de defensa de la Patagonia chilena. ¡Patagonia sin represas! Una campaña de educación pública. S.f.).

Nada más alejado de los fines de creación y mantenimiento del Sistema nacional de áreas de conservación de Costa Rica –SINAC-, que instalar infraestructura para estimular incursiones, aunque sea controladas, que sobrecargarían el parque y su zona de amortiguamiento, que también es vital para la protección del ecosistema. Aunque fuera un mitológico “teleférico que sea amigable con el ambiente”, como dice el edil presidente, la oposición a esta idea responde a la urgencia de evitar posibles daños a los ecosistemas, en este caso del PNCh, lo cual está previsto en la legislación nacional y en general bajo el principio “in dubio pro natura” aplicable precisamente para la prevención y protección de la naturaleza, máxime cuando se trata de sistemas frágiles, como el PNCh. Hay que repetir que la abundantísima literatura científica que fundamenta la protección de ecosistemas de páramo en América Latina, incluido el cerro Chirripó, es clara en cuando a la necesidad de protección de los sistemas “principales” como un parque nacional, y de igual manera de los espacios de amortiguamiento ([1]).

De acuerdo con Mario Chacón León, agrónomo y especialista en manejo de bosques, paisajes y cambio climático, con experiencia de trabajo en 5 continentes, “la agenda verde oficial del país incluye reducir deforestación y reducir emisiones debidas a ésta. En el Estado de la Nación, por ejemplo, ya se ha señalado la construcción de infraestructura como un impulsor de deforestación y degradación de bosques. Un teleférico inevitablemente provocará emisiones durante su construcción y posiblemente incentivará expansión del desarrollo turístico, con impactos difíciles o imposibles de controlar. Además, si se llegan a tocar suelos en turberas las emisiones de carbono y metano, aumentan las emisiones del país, yendo en contra de sus metas en cambio”.  El especialista agrega que “si bien Costa Rica es un país que busca proteger ecosistemas frágiles, éstos están descuidados. Esto incluye por ejemplo humedales, turberas, aguas y las montañas altas del país que son ecosistemas críticos en donde además hay gran variedad de especies endémicas” (comunicación personal. 22 febrero 2017).

La ruina del sistema de protección de naturaleza

El acuerdo del Concejo Municipal de Pérez Zeledón no se debe revisar aislado, porque es parte de un proceso antiguo de crisis y amenazas contra el SINAC que se agrava lejos de avanzar hacia soluciones. Las cifras del descalabro de muchos parques nacionales son abrumadoras como se comprueba con Corcovado, Manuel Antonio y el mismo Chirripó. Las carencias se reconocen y funcionarios del SINAC hablan de que “son necesarias soluciones integrales”, pero nadie se planta y exige lo que corresponde. En el 2009 el informe Estado de la Nación repitió la conocida cifra de US$150 millones de deuda por no pago de tierras sumadas a parques nacionales http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/015/Obando_2009.pdf. En el 2015 se dijo que esa deuda era de más de ¢107.000 millones y que la capacidad de pago era de ¢1.000 millones por año http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-tardaria-parques-nacionales_0_1502649744.html. Se agrega a la deuda, la falta de personal, imposibilidades operativas, falta de equipamiento básico, infraestructura vieja, arruinada y hasta clausurada por orden sanitaria del Ministerio de salud, una flotilla de carros escasa y con muchas unidades destartaladas o en parqueo perpetuo, cansancio de mucho/as funcionarios honesto/as, pereza y negligencia de otro/as que apenas cumplen lo básico “sin meterse en broncas”, trabajo limitado a 8 horas diarias de lunes a viernes, e incluso acusaciones de corrupción y colusiones indebidas de funcionario/as.

Parques nacionales son rentables

El colapso financiero del SINAC contrasta el aporte económico de los parques nacionales. Según la Universidad Nacional (CINPE-UNA) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) en “el año 2002 los aportes a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas fueron de aproximadamente ¢325.171 millones de colones”, de los cuales ¢246 millones de colones fueron aportados por el PNCh. http://www.inbio.ac.cr/pdf/noticia/Comunicado%20estudio%20CINPE-INBio.pdf Esto demuestra que los parques nacionales desde hace muchísimos años, podrían sobrevivir y mejorar con sus propios ingresos, pero es imposible mantener un sistema de conservación con un estilo de financiamiento que le extrae los ingresos a los parques nacionales y otras áreas protegidas y los traslada a la caja única del Estado; para que éste a su vez les cierre la llave. Es decir, el Estado mismo atenta contra el sistema de protección y conservación del patrimonio natural incluido en el SINAC.

Concesión-privatización del patrimonio natural

Pero más grave aún es la presión para imponer un modelo de “concesión de servicios no esenciales” que en la práctica es una forma de privatización del SINAC. Sin importar si son carreteras, electricidad, telecomunicaciones, servicios de salud, limpieza, lavanderías, o lo que sea, la concesión es el camino para que el Estado se declare incompetente y delegue a privados servicios que califican como “complementarios” y “secundarios”, pero que en realidad son componentes esenciales de la producción o los servicios nacionales. En el caso de los parques nacionales, este tipo de soluciones falaces refuerzan el subsidio que éstos y otras áreas de conservación le hacen a los negocios privados, muchos colocados estratégicamente cerca de sus lindero, como los hoteles de todo tipo y tamaño, e incluso las empresas que operan dentro de parques nacionales utilizando y explotando el patrimonio natural y la infraestructura pública. No se trata impedir el acceso, pero si de reconocer que el SINAC incluye muchísimos atractivos de los cuales disfrutan los turistas locales y extranjeros. Sin el patrimonio natural protegido los negocios serían limitados o inexistentes y por ende nada lucrativos. La oferta turística privada incluye y ofrece en sus paquetes y servicios los parques nacionales y otras áreas de protección por los cuales pagan los turistas y no las empresas.

Los negocios privados dentro de parques nacionales, como los promovidos por la industria del turismo, municipalidades, grupos privados, entes no gubernamentales, el Estado por medio del Instituto Costarricense de Turismo -ICT- y a veces por el MINAE mismo, que buscan “flexibilizar” el uso de los parques y promover inversiones “para lograr explotar todo su potencial” http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresarios-turisticos-impulsan-propuesta-desarrollo-infraestructura/, son la ruina del sistema de conservación del país y el triunfo de la visión mercantilista para asegurar el lucro con el patrimonio natural del Estado.

Naturaleza patrimonio de todos y todas

La naturaleza debe ser, por principio y definición, patrimonio de toda la humanidad y en este país de la sociedad costarricense, y nunca recurso para el usufructo y explotación privada. Nada mejorará, incluido el SINAC, si se permite su explotación para beneficio directo de grupos privados sin importar su origen. La virtud esencial del SINAC que se está perdiendo, es la que permite que la sociedad costarricense, en su totalidad, pueda disfrutar la naturaleza. Pero no menos riesgoso es que la atribución que ahora tiene el Estado para controlar, ordenar y dirigir la investigación científica y cualquier otra acción orientada al uso y la conservación de todo tipo de ecosistemas, también se vea amenazada con el pretexto de procurar “mayor o plena explotación” ya no solo en parques nacionales, sino también de reservas biológicas, monumentos nacionales, refugios de vida silvestre, humedales u otros.

El SINAC se creó y existe para asegurar ecosistemas únicos en el territorio nacional. Cada uno, incluidos los parques nacionales, es insustituible y exclusivo y su resguardo requiere compromiso y responsabilidad directa del Estado y de la ciudadanía. En esta sintonía, sería esperable que gobiernos locales como el de Pérez Zeledón, elevaran su talento colectivo y aseguraran prácticas en sus territorios para proteger la naturaleza, lo cual implica frenar, impedir, y obviamente no estimular proyectos que amenacen el patrimonio natural del Estado.

“Discurso ambiental” y amenazas

Costa Rica se mueve en entre el discurso verde, una etiqueta o marca comercial de “sostenibilidad” y el colapso de su sistema de áreas protegidas. Contar con el 26% del territorio nacional con alguna categoría de protección, incluido el 12.7% de parques nacionales, es ciertamente un logro de toda la sociedad costarricense. Pero el mérito es incompleto si las condiciones de cuidado son elementales o menos que eso. No es concesionando servicios ni acogiendo propuestas como construir un teleférico en el cerro Chirripó, que el sistema podrá superar su crisis.  No es juicioso que un Gobierno local suponga que invadir o explotar empresarialmente un parque nacional genere “desarrollo” cuando lo que se propicia es la vulnerabilidad de ecosistemas frágiles, únicos e indispensables para la vida. Ojalá que las autoridades de Pérez Zeledón recuperen la sensatez y que el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, si es que les presentan esta ocurrencia, la desechen de entrada. Si este desacierto persiste, estoy seguro de que la inteligencia colectiva de Costa Rica y de muchísima gente en el planeta será mucho más que “un grupo de ambientalistas que se oponen” al “teleférico amigable con el ambiente”.

odc-fin.

Referencias para estudio

Por el momento, en la urgencia, pueden revisarse las siguientes referencias (sin formato):

Usurpar el Chirripo con un teleferico2

[1] Le he solicitado a especialistas en biología, forestales y manejo de ecosistemas de bosque, que expliquen la importancia del páramo y los riesgos de proyectos invasivos en ellos. Por ahora incluyo algunas referencias sobre el asunto. Ver al final.

(*)Sociólogo y educador. Presidente de la Asociación PROAL-Pacuare, integrante de la Federación ecologista costarricense (FECON) y de la Red Latinoamericana de Ríos (REDLAR).

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Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros

  • ¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
  • La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

 

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Compartido con SURCOS por Graciela Blanco Martén.

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Laboratorios de la UNA apuntan a pesca ilegal como hipótesis en caso de muerte de peces

  • Caso de muerte masiva en el Golfo de Nicoya.
  • UNA descarta falta de oxígeno y alta temperatura en muerte de peces

 

Durante dos décadas, biólogos marinos de la Universidad Nacional (UNA) han estudiado el Golfo de Nicoya -área de distribución de la especie anchoveta Cetengraulis mysticetus-. Sus reportes indican valores de oxígeno disuelto en el agua que van de un mínimo de 2.56 mg/L a un máximo de 9.75 mg/L, rango compatible con la vida. Nunca se han reportado valores menores a 2.56 mg/L. Si la concentración de oxígeno disuelto hubiese descendido a 0.5 mg/L o menos, otros organismos, y no sólo la especie anchoveta, habrían experimentado una natación errática, problemas de balance, y finalmente la muerte, situación que no ocurrió con otras especies. Por lo tanto, la disminución de oxígeno es descartada como posible explicación a la muerte masiva de peces.

Históricamente se han medido temperaturas, con un valor mínimo de 22.18°C y un máximo de 32,19 °C. Ante eventuales cambios bruscos muy localizados, que puedan darse en ciertos sitios en el Golfo de Nicoya, tanto las anchovetas como otras especies de peces similares buscan aguas más frescas, gracias a su capacidad de desplazamiento, y sobreviven, razón por la cual el factor temperatura queda descartado como causa de la muerte masiva de peces.

Adicionalmente, el pasado 17 de febrero, y luego de varios análisis del laboratorio de la UNA, tampoco se encontraron algas nocivas, ni fitoplancton capaz de producir marea roja o bien toxinas. Para arribar a esta conclusión, se extrajeron branquias así como contenidos del tracto digestivo de la especie bajo estudio. Además se analizaron muestras de agua.

Después de todo este proceso investigativo, a los especialistas de la UNA les llama la atención que solo haya una especie afectada, y que todos los individuos sean de un mismo tamaño, siendo el Golfo de Nicoya un ecosistema marino tan diverso, lo que hace pensar a científicos y pescadores de la zona que se pueda estar ante un caso de pesca ilegal.

El Golfo de Nicoya es un estuario tropical que presenta una gran diversidad de especies, entre ellas, peces, moluscos y crustáceos. Dentro del grupo de peces se encuentran los llamados pelágicos menores, son aquellos que se alimentan por filtración y representan alimento para otros peces de importancia comercial como: las corvinas, los robalos y los pargos. En la parte interna del Golfo, se han identificado alrededor de 31 especies de pelágicos menores, agrupados en tres familias, de las cuales la anchoveta (Cetengraulis mysticetus) es utilizada como carnada por los pescadores artesanales para la captura de esas especies de importancia comercial.

El análisis fue realizado por biólogas de la Estación de Biología Marina Juan Bertoglia Richards de la UNA, en Puntarenas. En dichas tareas participaron el Laboratorio de Fitoplancton Marino y el Laboratorio de Análisis Biológico Pesquero, ambos de la UNA.

 

***Más información: Oficina de Comunicación, UNA. 2237-5929 / 2277-3067***

 

Imagen tomada de www.vozdeguanacaste.com

Enviado a SURCOS por UNA Comunicación.

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Se puso en evidencia miles de hectáreas de ecosistemas arrasados en Costa Rica por industria de la piña

Comunicado de Prensa

  • En 15 años taló 725000 árboles, un daño irreversible al país
  • Con estos datos hoy un consumidor en Europa o un supermercado en Estados Unidos por ejemplo, puede ver en línea cuánto bosque han talado las fincas de piña y cuestionar su compra, no solo por contaminación con agroquímicos del producto en sí y del agua en Costa Rica, si no por destrucción de ecosistemas

 

Nunca se logró interponer las denuncias pues ya “no había” pruebas, aunque las comunidades dieron testimonio de cómo, en tan sólo una noche, desaparecían bosques completos: árboles, vegetación diversa, animales de todo tipo -insectos, reptiles, mamíferos, aves, entre otros- enterrados en las llamadas “tumbas” de enterramiento de montaña.

Pero ahora con el SNIT, una reciente plataforma informática alimentada con imágenes satelitales de sistemas de información geográfica estatales y bases de datos oficiales del Estado costarricense, se evidencian las invasiones de bosques por parte de fincas piñeras sucedidas entre los años 2000 y 2015. La síntesis documental se puede observar en el sitio web del SNIT http://www.snitcr.go.cr/Visor/index , elaborado con la participación de diversas instituciones públicas.

Todo esto pone en duda informes y estudios anteriores, la plataforma arroja datos que apuntan a que entre los años 2000 y 2015 se dio una pérdida total de la cobertura forestal en paisajes productivos de piña de 5565.98ha. Estas pérdidas de cobertura forestal, regionalmente, se distribuyen de la siguiente manera: 3192.70ha en Región Huétar Norte, 545.26ha en Región Huétar Caribe, 1789.71ha en Región Brunca, 38.31ha en Región Pacífico Central.

Se puso en evidencia miles de hectareas de ecosistemas

El presidente de FECON aseguró que: “hoy se genera evidencia suficiente para clamar por la aplicación del Art. 57 de la Ley Forestal vigente que señala que: Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento”. Los datos de SNIT permiten ver que el 12% de los terrenos sembrados de piña se han hecho de manera ilegal al destruir zonas boscosas sin permisos.

Agregó el dirigente que “las comunidades y ecologistas tenemos razón en nuestra lucha contra la expansión piñera. Se ha comprobado que con la mayor impunidad e impacto socioambiental, la expansión descontrolada del monocultivo de la piña arrasa con nuestros bosques, nuestra agua, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades. Inclusive violando la legislación ambiental haciendo cambio de uso de Suelo (art.19 ley forestal), acción que está tipificada como delito penado con cárcel de un mes a tres años (art.61 Ley forestal). Lo anterior además evidencia que la mayoría de la actividad no ha contado con la fiscalización ambiental y los pocos estudios de impacto ambiental realizados no controlan los verdaderos impactos de esta expansión”.

Se puso en evidencia miles de hectareas de ecosistemas2

Las 5566 hectáreas de bosques arrasados por la expansión del cultivo de piña equivalen a un poco más que el área conjunta de los cantones de Goicochea, Montes de Oca y Tibás. Haciendo uso de los datos de parcelas forestales del ICE, el catedrático de la Escuela de Biología de la UCR, Jorge Lobo calculó que en esas 5566 hectáreas de bosque perdidas podrían haberse destruido un aproximado de 725000 árboles de diámetro mayor a 10cm.

Henry Picado Cerdas, de FRENASAPP, afirma que esperan que que el Ministerio Público abra procesos penales contra todas las fincas que cometieron delitos ambientales y “en el caso de ser necesario a los responsables ministeriales también”.

 

Contactos:

Ver mapas: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index

Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Sala IV se trae abajo ley que disminuye áreas protegidas

  • Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”

 

Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.

La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.

La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.

Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).

El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.

Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.

Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.

Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.

Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.

FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Imagen tomada de http://www.feconcr.org

Enviado a SURCOS por FECON.

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