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S.O.S para la Laguna de Sierpe

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  • Dragado, camino, drenaje, quemas y pesca con trasmallo

SOS para la Laguna de Sierpe5

Desde el aire el otrora gigantesco espejo negro de agua, con verdes humedales a sus lados quedó en las fotos antiguas y hoy está en peligro de desaparecer, a tan sólo cuatro días que el gobierno presentara la política nacional sobre humedales, el más grande humedal, en tamaño y en importancia, del país está crisis.

Guardaparques denunciaron ayer la presencia de una draga, incendios y hasta un camino que llega hasta el espejo de agua que hace prever que la laguna Sierpe, corazón del humedal, pareciera tener sus días contados.

La laguna tiene un espejo de agua de alrededor de 1.02 km2 y más de 2 metros de profundidad. Posee una salida angosta que desemboca en el Río Sierpe que llega hasta la parte costera donde está la porción más grande de humedal del litoral Pacífico de América.

SOS para la Laguna de Sierpe4

Su importancia ha sido reconocida por la Convención Internacional de Humedales de Ramsar, que lo incluyó en la lista Ramsar desde 1995 lo cual evidencia su importancia mundial. La Convención de Ramsar es un tratado internacional para la conservación y uso racional de los humedales. Nuestro país forma parte de ella desde 1991.

Este humedal en su totalidad mide 32.325 ha, la mayoría es área de manglar por lo que se puede observar la mayor cantidad de especies de mangle concentradas en un solo lugar. Es una región visitada por aves migratorias y locales, mamíferos, crustáceos y peces.

SOS para la Laguna de Sierpe3

Desde hace años se viene dando un proceso de dragado y deforestación de los bosques circundantes a la laguna Sierpe con el fin de convertirlos en áreas de ganado. En 2008 en pleno apogeo se paró los proyectos que estaban deteriorando el humedal.

La situación es apremiante y los guardianes de este tesoro tienen los mínimos recursos y apoyo para poder proteger este lugar de importancia mundial, hoy más que nunca en la crisis climática que nos apremia, mientras aseguran que la plata se destina hacer políticas que nunca salen de las oficinas en San José.

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Usurpar el Chirripó con un teleférico

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Osvaldo Durán Castro (*)

 

En la sesión 043-17, acuerdo 4, del 21 de febrero de 2017, el Concejo Municipal de Pérez Zeledón por “acuerdo definitivamente aprobado” con 9 votos a favor, decidió “Declarar de interés cantonal y público el proyecto del Teleférico a la cima del Parque Nacional Chirripó, por el impacto positivo que se prevé para al turismo nacional como internacional en nuestro cantón”.  El punto 2 del acuerdo es pedirle al Gobierno de la República declarar el proyecto de “interés nacional y público, para engrandecer el nombre de nuestra Patria mediante la puesta en marcha y ejecución de este proyecto, además del beneficio a los habitantes de los alrededores de la zona donde se ubica el Teleférico, mismo que impacta de manera muy positiva y nos genera un atractivo turístico a nivel mundial”.

Al terminar de leer eso temblé. Siguiendo a José Luis Sanpedro me indigné. Me acordé de César Vallejo como si sus “heraldos negros” fueran la premonición de un leñazo brutal a uno de los sitios más bellos del planeta: “Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé! Son pocos; pero son… Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte”. Pensé en el consumismo ilimitado del que nos advirtió Mahatma Gandhi, en la avaricia que confunde a las personas y las hace creer que el “progreso” y el “desarrollo” implican explotar sin límites la Tierra. ¡Ni siquiera se pensó en los alrededores del Parque Nacional Chirripó –PNCh-, si no directamente en su cima, su corazón, su esencia!

En esta idea puede haber una mezcla de desconocimiento y negligencia, pues la explotación comercial y turística de un parque nacional violenta todos los fines y objetivos de creación y salvaguarda del patrimonio natural del Estado. En este caso no es sólo un parque nacional. Se trata de un sitio reconocido mundialmente por su belleza y su contribución a la vida en el país y el planeta, y no por su potencial financiero. Sin importar que la moción la propusiera el regidor Hanz Cruz Benanburg, lo cierto es que otras 8 personas la apoyaron. Esto no diluye responsabilidades, sino más bien las amplía y consolida. Por ahora haré una primera entada para ir explicando por qué nunca Costa Rica y la humanidad deberíamos admitir la realización de esta idea mortalmente destructiva.

Explotación mercantil del patrimonio natural del Estado

La creación del PNCh de 50.158 hectáreas el 19 de agosto de 1975, con la Ley Nº 5773 (publicada en La Gaceta Nº 165, del 2 de setiembre, 1975), tenía –y tiene- el fin de “proteger las fuentes de agua, los bosques nubosos de altura conformados por robledales, las cuencas hidrográficas y el hábitat animales en peligro de extinción como los felinos, la danta y el quetzal”, y que desde hace años el tope fijado es de 6.000 visitas al año, precisamente por su fragilidad http://www.carrerachirripo.com/2007/02/15/el-parque-nacional-chirripo/. Hace apenas unos años, a pesar de que se limitaba la entrada, los desechos generados por la gente, como excrementos y sólidos de todo tipo, amenazaban el ecosistema. La falta de educación y la irresponsabilidad imperaban pues disfrutar de la naturaleza incluía ensuciarla.

El acuerdo del martes 21 de febrero de 2017 apunta contra los fines de protección y las condiciones de vulnerabilidad del parque, pues la “…la Municipalidad quiere montar un teleférico en el Cerro Chirripó, como una empresa mixta municipal que promueva recursos y que convierta a Pérez Zeledón en un punto de atracción turístico” http://www.crhoy.com/archivo/el-cerro-chirripo-busca-tener-su-propio-teleferico/ambiente/. Lo real es que el cantón ya ofrece muchos y variados atractivos de buena puntuación organizados en paquetes, circuitos y tours, que incluyen toda la oferta asociada con el PNCh.  Por esta razón el objetivo de convertir “…a Pérez Zeledón en un punto de atracción turístico” ya está superado. La oferta turística de una zona no mejora cuando se interviene negativamente el paisaje natural que es su principal fortaleza. Aunque se trate de una idea y de que no se cuente con el dinero por lo cual «… esperan crear alianzas con gobiernos extranjeros. Y analizarían consultar con inversionistas chinos o noruegos que deseen invertir en proyectos en esta zona», según dice el Presidente el Concejo Municipal Manuel Alfaro, es indispensable evaluar desde ya los impactos que una obra como esa tendría sobre el PNCh, su zona de amortiguamiento y en todas las áreas de protección circundantes como el Parque Internacional La Amistad, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

El Presidente municipal indica que “… un grupo de ambientalistas se van a oponer…,…van a ver cómo nos incomodan es hora de que ese mito desaparezca”. Más allá de la elemental predicción, debemos anotar que no se trata de “incomodar” si no de evidenciar y obligar a discutir sobre los impactos negativos irreparables de una intervención como la propuesta. Un parque nacional no es un simple territorio susceptible de ser explotado turística y comercialmente como si fuera un fundo improductivo que cualquiera puede usurpar o meterle mano. Sólo si atendemos la variable o aspecto como “belleza paisajística”, la afectación negativa por edificaciones, torres, cables y cajones guindando, sería severa e irremediable. En la Patagonia chilena, por ejemplo, uno de los argumentos fundamentales contra el megaproyecto de hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua y sus líneas de alta tensión, fue que la belleza escénica de paisajes únicos de la cordillera de los Andes, y particular de las Torres del Paine, sería destruida con más de seis mil torres en una herida de cien metros de ancho por 2.300 km de largo (Consejo de defensa de la Patagonia chilena. ¡Patagonia sin represas! Una campaña de educación pública. S.f.).

Nada más alejado de los fines de creación y mantenimiento del Sistema nacional de áreas de conservación de Costa Rica –SINAC-, que instalar infraestructura para estimular incursiones, aunque sea controladas, que sobrecargarían el parque y su zona de amortiguamiento, que también es vital para la protección del ecosistema. Aunque fuera un mitológico “teleférico que sea amigable con el ambiente”, como dice el edil presidente, la oposición a esta idea responde a la urgencia de evitar posibles daños a los ecosistemas, en este caso del PNCh, lo cual está previsto en la legislación nacional y en general bajo el principio “in dubio pro natura” aplicable precisamente para la prevención y protección de la naturaleza, máxime cuando se trata de sistemas frágiles, como el PNCh. Hay que repetir que la abundantísima literatura científica que fundamenta la protección de ecosistemas de páramo en América Latina, incluido el cerro Chirripó, es clara en cuando a la necesidad de protección de los sistemas “principales” como un parque nacional, y de igual manera de los espacios de amortiguamiento ([1]).

De acuerdo con Mario Chacón León, agrónomo y especialista en manejo de bosques, paisajes y cambio climático, con experiencia de trabajo en 5 continentes, “la agenda verde oficial del país incluye reducir deforestación y reducir emisiones debidas a ésta. En el Estado de la Nación, por ejemplo, ya se ha señalado la construcción de infraestructura como un impulsor de deforestación y degradación de bosques. Un teleférico inevitablemente provocará emisiones durante su construcción y posiblemente incentivará expansión del desarrollo turístico, con impactos difíciles o imposibles de controlar. Además, si se llegan a tocar suelos en turberas las emisiones de carbono y metano, aumentan las emisiones del país, yendo en contra de sus metas en cambio”.  El especialista agrega que “si bien Costa Rica es un país que busca proteger ecosistemas frágiles, éstos están descuidados. Esto incluye por ejemplo humedales, turberas, aguas y las montañas altas del país que son ecosistemas críticos en donde además hay gran variedad de especies endémicas” (comunicación personal. 22 febrero 2017).

La ruina del sistema de protección de naturaleza

El acuerdo del Concejo Municipal de Pérez Zeledón no se debe revisar aislado, porque es parte de un proceso antiguo de crisis y amenazas contra el SINAC que se agrava lejos de avanzar hacia soluciones. Las cifras del descalabro de muchos parques nacionales son abrumadoras como se comprueba con Corcovado, Manuel Antonio y el mismo Chirripó. Las carencias se reconocen y funcionarios del SINAC hablan de que “son necesarias soluciones integrales”, pero nadie se planta y exige lo que corresponde. En el 2009 el informe Estado de la Nación repitió la conocida cifra de US$150 millones de deuda por no pago de tierras sumadas a parques nacionales http://estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/015/Obando_2009.pdf. En el 2015 se dijo que esa deuda era de más de ¢107.000 millones y que la capacidad de pago era de ¢1.000 millones por año http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-tardaria-parques-nacionales_0_1502649744.html. Se agrega a la deuda, la falta de personal, imposibilidades operativas, falta de equipamiento básico, infraestructura vieja, arruinada y hasta clausurada por orden sanitaria del Ministerio de salud, una flotilla de carros escasa y con muchas unidades destartaladas o en parqueo perpetuo, cansancio de mucho/as funcionarios honesto/as, pereza y negligencia de otro/as que apenas cumplen lo básico “sin meterse en broncas”, trabajo limitado a 8 horas diarias de lunes a viernes, e incluso acusaciones de corrupción y colusiones indebidas de funcionario/as.

Parques nacionales son rentables

El colapso financiero del SINAC contrasta el aporte económico de los parques nacionales. Según la Universidad Nacional (CINPE-UNA) y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) en “el año 2002 los aportes a nivel nacional de los parques nacionales y reservas biológicas fueron de aproximadamente ¢325.171 millones de colones”, de los cuales ¢246 millones de colones fueron aportados por el PNCh. http://www.inbio.ac.cr/pdf/noticia/Comunicado%20estudio%20CINPE-INBio.pdf Esto demuestra que los parques nacionales desde hace muchísimos años, podrían sobrevivir y mejorar con sus propios ingresos, pero es imposible mantener un sistema de conservación con un estilo de financiamiento que le extrae los ingresos a los parques nacionales y otras áreas protegidas y los traslada a la caja única del Estado; para que éste a su vez les cierre la llave. Es decir, el Estado mismo atenta contra el sistema de protección y conservación del patrimonio natural incluido en el SINAC.

Concesión-privatización del patrimonio natural

Pero más grave aún es la presión para imponer un modelo de “concesión de servicios no esenciales” que en la práctica es una forma de privatización del SINAC. Sin importar si son carreteras, electricidad, telecomunicaciones, servicios de salud, limpieza, lavanderías, o lo que sea, la concesión es el camino para que el Estado se declare incompetente y delegue a privados servicios que califican como “complementarios” y “secundarios”, pero que en realidad son componentes esenciales de la producción o los servicios nacionales. En el caso de los parques nacionales, este tipo de soluciones falaces refuerzan el subsidio que éstos y otras áreas de conservación le hacen a los negocios privados, muchos colocados estratégicamente cerca de sus lindero, como los hoteles de todo tipo y tamaño, e incluso las empresas que operan dentro de parques nacionales utilizando y explotando el patrimonio natural y la infraestructura pública. No se trata impedir el acceso, pero si de reconocer que el SINAC incluye muchísimos atractivos de los cuales disfrutan los turistas locales y extranjeros. Sin el patrimonio natural protegido los negocios serían limitados o inexistentes y por ende nada lucrativos. La oferta turística privada incluye y ofrece en sus paquetes y servicios los parques nacionales y otras áreas de protección por los cuales pagan los turistas y no las empresas.

Los negocios privados dentro de parques nacionales, como los promovidos por la industria del turismo, municipalidades, grupos privados, entes no gubernamentales, el Estado por medio del Instituto Costarricense de Turismo -ICT- y a veces por el MINAE mismo, que buscan “flexibilizar” el uso de los parques y promover inversiones “para lograr explotar todo su potencial” http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/empresarios-turisticos-impulsan-propuesta-desarrollo-infraestructura/, son la ruina del sistema de conservación del país y el triunfo de la visión mercantilista para asegurar el lucro con el patrimonio natural del Estado.

Naturaleza patrimonio de todos y todas

La naturaleza debe ser, por principio y definición, patrimonio de toda la humanidad y en este país de la sociedad costarricense, y nunca recurso para el usufructo y explotación privada. Nada mejorará, incluido el SINAC, si se permite su explotación para beneficio directo de grupos privados sin importar su origen. La virtud esencial del SINAC que se está perdiendo, es la que permite que la sociedad costarricense, en su totalidad, pueda disfrutar la naturaleza. Pero no menos riesgoso es que la atribución que ahora tiene el Estado para controlar, ordenar y dirigir la investigación científica y cualquier otra acción orientada al uso y la conservación de todo tipo de ecosistemas, también se vea amenazada con el pretexto de procurar “mayor o plena explotación” ya no solo en parques nacionales, sino también de reservas biológicas, monumentos nacionales, refugios de vida silvestre, humedales u otros.

El SINAC se creó y existe para asegurar ecosistemas únicos en el territorio nacional. Cada uno, incluidos los parques nacionales, es insustituible y exclusivo y su resguardo requiere compromiso y responsabilidad directa del Estado y de la ciudadanía. En esta sintonía, sería esperable que gobiernos locales como el de Pérez Zeledón, elevaran su talento colectivo y aseguraran prácticas en sus territorios para proteger la naturaleza, lo cual implica frenar, impedir, y obviamente no estimular proyectos que amenacen el patrimonio natural del Estado.

“Discurso ambiental” y amenazas

Costa Rica se mueve en entre el discurso verde, una etiqueta o marca comercial de “sostenibilidad” y el colapso de su sistema de áreas protegidas. Contar con el 26% del territorio nacional con alguna categoría de protección, incluido el 12.7% de parques nacionales, es ciertamente un logro de toda la sociedad costarricense. Pero el mérito es incompleto si las condiciones de cuidado son elementales o menos que eso. No es concesionando servicios ni acogiendo propuestas como construir un teleférico en el cerro Chirripó, que el sistema podrá superar su crisis.  No es juicioso que un Gobierno local suponga que invadir o explotar empresarialmente un parque nacional genere “desarrollo” cuando lo que se propicia es la vulnerabilidad de ecosistemas frágiles, únicos e indispensables para la vida. Ojalá que las autoridades de Pérez Zeledón recuperen la sensatez y que el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, si es que les presentan esta ocurrencia, la desechen de entrada. Si este desacierto persiste, estoy seguro de que la inteligencia colectiva de Costa Rica y de muchísima gente en el planeta será mucho más que “un grupo de ambientalistas que se oponen” al “teleférico amigable con el ambiente”.

odc-fin.

Referencias para estudio

Por el momento, en la urgencia, pueden revisarse las siguientes referencias (sin formato):

Usurpar el Chirripo con un teleferico2

[1] Le he solicitado a especialistas en biología, forestales y manejo de ecosistemas de bosque, que expliquen la importancia del páramo y los riesgos de proyectos invasivos en ellos. Por ahora incluyo algunas referencias sobre el asunto. Ver al final.

(*)Sociólogo y educador. Presidente de la Asociación PROAL-Pacuare, integrante de la Federación ecologista costarricense (FECON) y de la Red Latinoamericana de Ríos (REDLAR).

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Con erario público pagan daño causado por los empresarios piñeros

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • ¢2.226 millones costó uno de los acueductos destrozados
  • La expansión piñera no para y siguen apareciendo comunidades afectadas

 

Una buena noticia, la inauguración del nuevo acueducto para las comunidades de Cairo, Luisiana y La Francia de Siquirres, Limón, pero los culpables no pagaron un colón. El daño fue provocado por empresas piñeras pero pagado con dinero público. Se reporta que son ¢2.226 millones lo invertido por parte del AyA.

Volvemos al viejo esquema de socialización de perdidas y privatización de ganancias, o en la jerga popular uno “unos se comen la piña y a otros le duele la panza”. Sobre esto desde el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera creemos que es necesario hacer algunas aclaraciones.

A partir del año 2003 se detecta la contaminación con agroquímicos usados en las plantaciones de piña en el agua para consumo humano del acueducto que abastece a la comunidad de Milano de Siquirres. Sin embargo, es hasta el año 2007 que las autoridades toman medidas, por cierto insuficientes, e inician la distribución de agua potable mediante camiones cisternas a dichos pueblos. Esto ha tenido un costo mensual de 27.000 dólares, de acuerdo con datos del Estado de la Nación, que hasta el año 2016 sumaría un monto de casi tres millones de dólares.

Desde el momento en que se detectó la contaminación hasta la fecha, se han interpuesto numerosas acciones legales, ante todas las vías institucionales y jurídicas, dígase: Fiscalía Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional, entre otras. No obstante, la falta de acciones por parte del Estado llevó a las comunidades a presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 2015. El gobierno actual, que no ha sido responsable de la negligencia de las administraciones anteriores, tuvo que afrontar dicho proceso ante la OEA.

Así mismo, en contraposición con lo que dice la nota de prensa, sí se han realizado numerosos estudios de la calidad del agua. Por ejemplo: el estudio que realizamos desde el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), en el que contratamos para los análisis de la calidad del agua al laboratorio acreditado del CICA de la Universidad de Costa Rica, y demostramos que la presencia de residuos de plaguicidas se mantenía constante hasta el 2015. Esto había sido también estudiado y analizado por el IRET de la Universidad Nacional.

Sin embargo, los laboratorios privados contratados por el AyA habían estado asegurando durante varios años que ya no existía contaminación del agua y que los niveles de plaguicidas en el agua no eran detectables. Por lo tanto, la demostración de que el agua para consumo humano seguía contaminada abre una serie de preguntas éticas sobre el funcionamiento de ciertos laboratorios acreditados, y el interés que puedan tener al mostrar resultados erróneos que colocan en riesgo la salud pública y ambiental.

La suma del costo de la provisión de agua mediante camiones cisterna, más la construcción de un nuevo acueducto suman 6.885.000 dólares, es decir, casi SIETE MILLONES de dólares. Además, a esto falta sumarle la construcción de un nuevo acueducto para la comunidad de Milano, que está fuera del proyecto que relata la nota de prensa y que es la que ha mantenido concentraciones más altas de agroquímicos en su agua. Cabe también señalar que han pasado ya 14 años desde que inició este conflicto.

La exposición a los plaguicidas durante todo este tiempo ha sido constante, ya que muchas personas han seguido tomando el agua contaminada, y las que no lo han hecho, la han utilizado para bañarse y para sus quehaceres diarios. Los efectos de esta exposición en la salud de las 7.000 personas que habitan estas comunidades, siguen sin conocerse, ya que no se han realizado los estudios epidemiológicos necesarios. Esto, debería ser un motivo de consternación pública y no una realidad silenciada, como ha sido hasta la fecha.

Es importante felicitar a Yamileth Astorga y a su equipo de trabajo, que como presidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, ha sido sensible ante la problemática y ha mostrado compromiso e interés hacia las comunidades, como prueba la construcción del acueducto de Cairo, La Francia y Luisiana.

Sin embargo, es preciso y necesario que se responsabilice por el daño y el costo ambiental y social a las empresas piñeras. ¿Por qué debe el Estado asumir la deuda de la reparación del daño que han causado terceros? La impunidad que goza el sector piñero, debe acabar, de una vez por todas. Y como sociedad civil, debemos exigir y denunciar esto.

Así mismo, este caso no es un hecho aislado, la problemática de la actividad piñera ha sido uno de los mayores conflictos socio ambientales de los últimos 15 años. La falta de regulación y planificación de la actividad, así como el incumplimiento de la legislación nacional, ha provocado el deterioro ambiental y la vulneración de derechos humanos fundamentales de comunidades en todo el país.

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de Youtube.

Compartido con SURCOS por Graciela Blanco Martén.

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Laboratorios de la UNA apuntan a pesca ilegal como hipótesis en caso de muerte de peces

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  • Caso de muerte masiva en el Golfo de Nicoya.
  • UNA descarta falta de oxígeno y alta temperatura en muerte de peces

 

Durante dos décadas, biólogos marinos de la Universidad Nacional (UNA) han estudiado el Golfo de Nicoya -área de distribución de la especie anchoveta Cetengraulis mysticetus-. Sus reportes indican valores de oxígeno disuelto en el agua que van de un mínimo de 2.56 mg/L a un máximo de 9.75 mg/L, rango compatible con la vida. Nunca se han reportado valores menores a 2.56 mg/L. Si la concentración de oxígeno disuelto hubiese descendido a 0.5 mg/L o menos, otros organismos, y no sólo la especie anchoveta, habrían experimentado una natación errática, problemas de balance, y finalmente la muerte, situación que no ocurrió con otras especies. Por lo tanto, la disminución de oxígeno es descartada como posible explicación a la muerte masiva de peces.

Históricamente se han medido temperaturas, con un valor mínimo de 22.18°C y un máximo de 32,19 °C. Ante eventuales cambios bruscos muy localizados, que puedan darse en ciertos sitios en el Golfo de Nicoya, tanto las anchovetas como otras especies de peces similares buscan aguas más frescas, gracias a su capacidad de desplazamiento, y sobreviven, razón por la cual el factor temperatura queda descartado como causa de la muerte masiva de peces.

Adicionalmente, el pasado 17 de febrero, y luego de varios análisis del laboratorio de la UNA, tampoco se encontraron algas nocivas, ni fitoplancton capaz de producir marea roja o bien toxinas. Para arribar a esta conclusión, se extrajeron branquias así como contenidos del tracto digestivo de la especie bajo estudio. Además se analizaron muestras de agua.

Después de todo este proceso investigativo, a los especialistas de la UNA les llama la atención que solo haya una especie afectada, y que todos los individuos sean de un mismo tamaño, siendo el Golfo de Nicoya un ecosistema marino tan diverso, lo que hace pensar a científicos y pescadores de la zona que se pueda estar ante un caso de pesca ilegal.

El Golfo de Nicoya es un estuario tropical que presenta una gran diversidad de especies, entre ellas, peces, moluscos y crustáceos. Dentro del grupo de peces se encuentran los llamados pelágicos menores, son aquellos que se alimentan por filtración y representan alimento para otros peces de importancia comercial como: las corvinas, los robalos y los pargos. En la parte interna del Golfo, se han identificado alrededor de 31 especies de pelágicos menores, agrupados en tres familias, de las cuales la anchoveta (Cetengraulis mysticetus) es utilizada como carnada por los pescadores artesanales para la captura de esas especies de importancia comercial.

El análisis fue realizado por biólogas de la Estación de Biología Marina Juan Bertoglia Richards de la UNA, en Puntarenas. En dichas tareas participaron el Laboratorio de Fitoplancton Marino y el Laboratorio de Análisis Biológico Pesquero, ambos de la UNA.

 

***Más información: Oficina de Comunicación, UNA. 2237-5929 / 2277-3067***

 

Imagen tomada de www.vozdeguanacaste.com

Enviado a SURCOS por UNA Comunicación.

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Se puso en evidencia miles de hectáreas de ecosistemas arrasados en Costa Rica por industria de la piña

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Comunicado de Prensa

  • En 15 años taló 725000 árboles, un daño irreversible al país
  • Con estos datos hoy un consumidor en Europa o un supermercado en Estados Unidos por ejemplo, puede ver en línea cuánto bosque han talado las fincas de piña y cuestionar su compra, no solo por contaminación con agroquímicos del producto en sí y del agua en Costa Rica, si no por destrucción de ecosistemas

 

Nunca se logró interponer las denuncias pues ya “no había” pruebas, aunque las comunidades dieron testimonio de cómo, en tan sólo una noche, desaparecían bosques completos: árboles, vegetación diversa, animales de todo tipo -insectos, reptiles, mamíferos, aves, entre otros- enterrados en las llamadas “tumbas” de enterramiento de montaña.

Pero ahora con el SNIT, una reciente plataforma informática alimentada con imágenes satelitales de sistemas de información geográfica estatales y bases de datos oficiales del Estado costarricense, se evidencian las invasiones de bosques por parte de fincas piñeras sucedidas entre los años 2000 y 2015. La síntesis documental se puede observar en el sitio web del SNIT http://www.snitcr.go.cr/Visor/index , elaborado con la participación de diversas instituciones públicas.

Todo esto pone en duda informes y estudios anteriores, la plataforma arroja datos que apuntan a que entre los años 2000 y 2015 se dio una pérdida total de la cobertura forestal en paisajes productivos de piña de 5565.98ha. Estas pérdidas de cobertura forestal, regionalmente, se distribuyen de la siguiente manera: 3192.70ha en Región Huétar Norte, 545.26ha en Región Huétar Caribe, 1789.71ha en Región Brunca, 38.31ha en Región Pacífico Central.

Se puso en evidencia miles de hectareas de ecosistemas

El presidente de FECON aseguró que: “hoy se genera evidencia suficiente para clamar por la aplicación del Art. 57 de la Ley Forestal vigente que señala que: Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento”. Los datos de SNIT permiten ver que el 12% de los terrenos sembrados de piña se han hecho de manera ilegal al destruir zonas boscosas sin permisos.

Agregó el dirigente que “las comunidades y ecologistas tenemos razón en nuestra lucha contra la expansión piñera. Se ha comprobado que con la mayor impunidad e impacto socioambiental, la expansión descontrolada del monocultivo de la piña arrasa con nuestros bosques, nuestra agua, nuestra biodiversidad y nuestras comunidades. Inclusive violando la legislación ambiental haciendo cambio de uso de Suelo (art.19 ley forestal), acción que está tipificada como delito penado con cárcel de un mes a tres años (art.61 Ley forestal). Lo anterior además evidencia que la mayoría de la actividad no ha contado con la fiscalización ambiental y los pocos estudios de impacto ambiental realizados no controlan los verdaderos impactos de esta expansión”.

Se puso en evidencia miles de hectareas de ecosistemas2

Las 5566 hectáreas de bosques arrasados por la expansión del cultivo de piña equivalen a un poco más que el área conjunta de los cantones de Goicochea, Montes de Oca y Tibás. Haciendo uso de los datos de parcelas forestales del ICE, el catedrático de la Escuela de Biología de la UCR, Jorge Lobo calculó que en esas 5566 hectáreas de bosque perdidas podrían haberse destruido un aproximado de 725000 árboles de diámetro mayor a 10cm.

Henry Picado Cerdas, de FRENASAPP, afirma que esperan que que el Ministerio Público abra procesos penales contra todas las fincas que cometieron delitos ambientales y “en el caso de ser necesario a los responsables ministeriales también”.

 

Contactos:

Ver mapas: http://www.snitcr.go.cr/Visor/index

Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Sala IV se trae abajo ley que disminuye áreas protegidas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Según FECON “Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”

 

Quedaron sepultados, al menos por ahora, los planes para industrializar áreas protegidas, así como el megaturismo, el canal seco, la expansión de monocultivos y otros proyectos para repartirse el patrimonio natural del Estado que buscaba la Ley nº 9205 de 23 de diciembre de 2013 por medio de una acción interpuesta por FECON y El Sindicato de Trabajadores de MINAE del SITRAMINAE.

La acción declarada a lugar por la Sala Constitucional (ver texto), asegura que con la ley No.9205 se estaban titulando tierras que pertenecen al Parque Nacional Tortuguero, el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Barra del Colorado, la Zona Protectora de Tortuguero, el Humedal Nacional Cariari y El Refugio de Vida Silvestre Dr. Archie Carr.

La ley buscaba privatizar áreas silvestres protegidas para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de particulares. Todo esto sin contar con los requisitos que se exigen por Ley para seguir este procedimiento.

Para poder retirar las áreas protegidas del dominio público se requiere de estudios que demuestren que el ambiente no se verá perjudicado. Sin embargo, en este caso no se realizaron los análisis correspondientes. Del expediente legislativo n° 17838, que corresponde a la ley cuestionada, se desprende la ausencia de este requisito (Ver advertencia).

El voto N° 2017 002375 de la Sala IV asegura: “Se declara con lugar la acción. En consecuencia, se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaratoria que alcanza también a la reforma de los artículos 1, inciso f), y 11, ambos de la Ley de Informaciones Posesorias, Ley N° 139, de 14 de julio de 1941, y sus reformas, operada por el artículo 17, de la legislación anulada. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la Ley anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe”.

Aunque todavía está en redacción del voto completo, se pone en evidencia el incumpliendo del Estado costarricense con su obligación constitucional de proteger los bienes que sean de su propiedad, en beneficio de la colectividad.

Ley para efectos electorales. Como si fuera un acto de campaña electoral, rozando con el delito de beligerancia política, en plena etapa final de las elecciones de 2014, el 23 de diciembre, la presidenta firmó esta ley en que en pretendía resolver una problemática de miles de familias de seis cantones ubicados entre Moín de Limón y Cureña de San Carlos, en Alajuela.

Para el Presidente de FECON, Mauricio Álvarez “se trató de un acto de clientelismo político típico del Partido de Liberación Nacional, pues había un pronunciamiento muy claro de servicios técnicos de la Asamblea Legislativa advirtiendo de la inconstitucionalidad del proyecto, pero por razones de cálculos electorales de votos de 10 000 mil familias beneficiadas, fueron obviados los señalamientos del diputado José María Villalta y de los técnicos legislativos”.

Álvarez agregó que “en realidad como siempre el gobierno de turno usa a la gente para entregar títulos pero el interés es abrirle camino a otro megapuerto ligado al canal seco, la industrialización de Moín, marinas y avanzar con el megaturismo en la zona. Se comprende que hay una problemática que afecta habitantes de estas zonas que debe ser atendida por el Estado pero no a costa del patrimonio natural y mucho menos que se use la precariedad de sectores de la población como excusa para desplazarlos y hacer negocios con las tierras de todos para desarrollo de megaproyectos privados”.

FECON subraya que igual suerte correrán la Ley 9373 que pretenden suspender durante 24 meses demoliciones y desalojos a personas en zonas de Patrimonio Natural del Estado y zonas especiales que han seguido el mismo procedimiento a pesar de las mismas advertencias de los servicios técnicos (ver más).

Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Imagen tomada de http://www.feconcr.org

Enviado a SURCOS por FECON.

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Guacimal espera la cancelación definitiva de la concesión del río Veracruz

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

  • Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

 

Celebrando la detención de construcciones ilegales

El pasado 18 de febrero en Guacimal de Puntarenas celebró un año desde que la Sala IV ordenó la detención de las construcciones ilegales de un «megaproyecto de riego» del SENARA que ya había sido ampliamente reprobado por el pueblo, por ser una amenaza abierta al ambiente local, en el que los ríos significan bienestar social.

Otras denuncias aún pesan sobre este fallido proyecto

Pero además de los recursos de amparo que la Sala Constitucional ha resuelto en favor del ambiente, otros procesos legales y administrativos se iniciaron en medio de todo un complejo de irregularidades que se presentaron desde que la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal (SUALA) quiso poner sus manos sobre el agua del Veracruz.

Caducidad por desuso

Uno de esos procesos administrativos fue la denuncia presentada desde octubre del 2015 por la Alianza por la Defensa del Agua, pidiendo que se cumpliera con el artículo 26 de la Ley de Aguas, al haber pasado en ese momento 5 años sin que el agua se utilizara, lo cual es causa expresa en la Ley para declarar caducidad de la concesión. A partir de ahí, el Ministro de Ambiente creó un Órgano Director que analiza el caso para resolver la denuncia por caducidad.

Audiencia en el MINAE

El pasado 23 de febrero, hubo una audiencia ante la Dirección de Aguas sobre el caso en el que darían testimonio vecinos de Guacimal y los desarrolladores sobre el desuso de la concesión. No obstante, mientras que los Desarrolladores se reunieron en privado con miembros del órgano Director, y tras una espera de casi 2 horas por parte de los guacimaleños, se anunció la suspensión y reprogramación de la audiencia por una interpelación hecha por el abogado de la SUALA.

No hubo argumentos de fondo. Básicamente reclamaron que se debían cumplir con 15 días hábiles previos para la notificación y que ésta se hizo 14 días antes, violentando el derecho de defensa de la presidenta de la SUALA, Anais Madrigal.

¿Qué se debe resolver?

La SUALA no ha usado el agua desde que obtuvo la concesión en octubre del 2010 por acciones u omisiones propias de su mala administración de la concesión. Han tenido 2 viabilidades ambientales (en 2010 y 2012). La primera se le venció por no iniciar construcciones en el plazo de vigencia; la segunda fue anulada en 2014 por la Sala Constitucional al haber mediado irregularidades en su aprobación ante SETENA. Según la Ley de Aguas está claro que con 3 años sin utilizar la concesión, el Ministerio de Ambiente debe declarar la caducidad, sin que existan excepciones al caso.

Insostenibilidad demostrada

Aunque ha sido criticado por algunos por la oposición al “desarrollo”, el pueblo de Guacimal y las comunidades aledañas que lo apoyan se basan en experiencias propias de proyectos que han terminado en las manos de pocos, en agua que corre desperdiciada por las calles, en concesiones que aprovechan el agua a pesar de estar vencidas, ríos secos, animales en peligro de extinción amenazados, poblaciones sin agua potable por meses y demás manifestaciones de insostenibilidad y desigualdad en el acceso al agua. Diversos reportajes han dado cuenta del conflicto y los impactos que traería la explotación como se han denunciado por años.

¡Que se cumpla le ley!

Nuestras gente tiene claros nuestros derechos y exige que la Ley de Aguas se cumpla con la anulación definitiva de esta concesión en un río que queremos proteger para que en el futuro tengamos una fuente segura de agua para consumo humano en las comunidades más vulnerables a afectaciones por el cambio climático. Tres años de triunfos comunitarios contra estos intereses privados, con el derecho a nuestro favor nos amparan para seguir unidos luchando por el agua y motivando a otras comunidades a confrontarse a quienes con sus negocios personales desprecian la vida y el bienestar que merecemos las pequeñas comunidades rurales de Costa Rica.

 

Para más información: alianzahidrica.pts@gmail.com, Dany Alberto Villalobos Tel: 8781 4512 FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.

Guacimal rio Veracruz2

Enviado a SURCOS por TCU Kioscossociomabientales UCR.

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La Defensoría de los Habitantes asume caso Sardinal

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

El pasado 17 de febrero la Defensoría de los Habitantes dio curso a la gestión contra los estudios técnicos que presentan las instituciones gubernamentales sobre el acuífero de Sardinal.

La denuncia se basa en los Estudios de Allan Astorga y en la falta de datos actualizados de los pozos y demás – aportados por el AyA.

Se adjunta documento oficial.

01689-2017-DHR-RP-231681-2017-SI

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de http://tlc-no.blogspot.com/

Información enviada a SURCOS por Gadi Amit, Cofraternidad Guanacasteca.

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Invasión masiva del Parque Nacional Corcovado

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

A menos de dos días de la visita del Presidente y del Ministro de Ambiente a inaugurar instalaciones millonarias, un grupo de aproximadamente 250 oreros ilegales se encuentra en proceso de invadir el parque por el sector conocido como los Patos, específicamente en Cerro de Oro.

Guardaparques de la zona que temieron represalias, informaron a Roberto Molina secretario del Sindicato de Guardaparques, que la invasión la movilizan decenas de camiones y buses hasta las inmediaciones del parque, mientras las altas autoridades brillan por su ausencia.

Invasion Parque nacional Corcovado2

Esta nueva ola de oreros ilegales se da justo luego de que ecologistas ganaran en la Sala IV un recurso para la protección efectiva del Parque Nacional Corcovado. La corte ordenó así, un plan que garantice la vigilancia de esta área ante la explotación de madera, la orería y la caza ( ver más).

Las inversiones que inauguró el gobierno es prueba fehaciente que aunque «la infraestructura se vista de seda el Parque desprotegido se queda» dijo el presidente de FECON, Mauricio Álvarez uno de los accionantes del recurso.

Están invadiendo el lugar catalogado como «el lugar biológicamente más intenso en la Tierra» y el «mejor parque del mundo». «Mientras tenemos un ministro siempre en viajes y la viceministra encargada está al servicio de las transaccionales de los transgénicos», prosiguió el presidente de FECON.

Invasion Parque nacional Corcovado3

Hay que sumarle a esta nueva invasión de 250 oreros, la amenaza por cacería, extracción maderera y la presencia permanente y tolerada de las autoridades de 400 oreros que están causando estragos con maquinaria cada vez más pesada como motobombas y dinamita en la mayoría de ríos dentro del lugar.

Si bien la Corte Constitucional ordenó a las autoridades respectivas «dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera», al día de hoy no hay un plan concreto ni hemos visto intención de cumplir la resolución de la sala, cerró el presidente de FECON.

 

Informes: Roberto Molina, secretario de Sitraminae, 88037080 Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165.

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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RSN identifica nueva falla activa en alrededores del Volcán Turrialba

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • En el país se han identificado 150 fallas
  • No todas las fallas son activas, puntualiza Linkimer

 

La Red Sismológica Nacional (ICE-UCR) identificó recientemente una nueva falla activa en los alrededores de dos volcanes activos, el Volcán Turrialba y el Irazú.

De acuerdo con los especialistas de la Red, el descubrimiento de esta nueva falla geológica activa, ubicada en los alrededores de Capellades de Alvarado, es muy importante ya que por la topografía de la zona (pendientes muy altas), puede desencadenar importantes deslizamientos.

Además dicha información científica es fundamental para que las autoridades locales regulen adecuadamente el uso del suelo y eviten las construcciones en las zonas más cercanas a la nueva falla, puntualizó el coordinador de la RSN, Dr. Lepolt Linkimer.

El descubrimiento de la falla se realizó durante la investigación posterior al sismo del 30 de noviembre del 2016 de magnitud (Mw) 5,5. Inicialmente los científicos consideraron que el sismo fue originado por la falla de Capellades, localizada sobre el flanco sur de los volcanes Irazú y Turrialba, y es parte del Sistema de Falla Aguacaliente.

Sin embargo, al analizar el evento, los científicos determinaron que fue originado por una falla antes desconocida que corta las cabeceras del río Toro Amarillo, al norte de los volcanes Irazú y Turrialba.

Este movimiento fue percibido en gran parte del territorio nacional y debido a que ocurrió a poca profundidad se generaron intensidades altas en la zona epicentral, por ejemplo, en las localidades de Capellades y Pacayas, en donde se reportó daños en varias viviendas, deslizamientos y la caída de objetos, además en Cervantes de Alvarado y Aquiares de Turrialba, donde hubo reportes de caída de objetos y daños, al igual que en Cartago y Turrialba.

“No todas las fallas son activas. De acuerdo con Linkimer hasta no determinar que produce sismicidad, no se puede confirmar que una falla es activa. “El hecho de que los temblores estén alineados con esa traza de falla nos verifica que la falla está activa”, puntualizó.

Relación de los fallas con la actividad volcánica

El área de los macizos de los volcanes Irazú y Turrialba se encuentra cortada por múltiples fallas, muchas de ellas activas. Por ello, es común preguntarse si el estado de estrés tectónico causado por el movimiento del magma ubicado debajo del Volcán Turrialba pudo generar la activación de esta falla.

El Dr. Linkimer al hablar de la relación entre la actividad del volcán Turrialba y la nueva falla descubierta explicó que no hubo erupciones importantes en los días y semanas siguientes al sismo del 30 de noviembre del año pasado, que hagan pensar que existe una relación.

Además, la RSN aún no tiene certeza de que el movimiento del magma en el Turrialba en los últimos años haya generado el estrés en la zona y pueda haber activado la falla. Este sismo de 5,5 Mw es el primer temblor en la zona desde el terremoto de 1952.

Generalmente, exite una relación entre las fallas con los volcanes ya que son el resultado de un proceso de gran tamaño, que se conoce como Tectónica de Placas y que se manifiesta en Costa Rica especialmente por la subducción de la placa del Coco, puntualizó. No obstante, la actividad sísmica y volcánica no siempre están directamente relacionadas. Es decir, puede ocurrir un terremoto con epicentro en una falla ubicada dentro de un edificio volcánico, pero este evento, no necesariamente responde a una erupción volcánica.

Adicionalmente, pueden ocurrir erupciones, sin la ocurrencia de un sismo de magnitud alta. En muchos casos, por el contrario, sí se ha observado que luego de terremotos de magnitudes altas, se dispara sismicidad en zonas volcánicas.

Existen algunos ejemplos. Luego del terremoto de Limón se presentó sismicidad en el volcán Irazú. Además, se han observado erupciones volcánicas luego de la ocurrencia de megaterremotos, por ejemplo en Chile en 1960. No se conoce bien los mecanismos de disparo y especialmente, el rango de tiempo y distancias en los que se podría inducir una erupción debido a un terremoto.

En el informe, realizado por estudiantes, geólogos y sismólogos de la RSN-ICE, se hace un análisis histórico de la sismicidad en el lugar así como el origen del temblor del 30 de noviembre del 2016 y sus consecuencias. El informe completo puede accederlo en la página web de la RSN: http://rsn.ucr.ac.cr/images/Sismologia/sisimosHistoricos/informe_sismo_capellades_2016.pdf

¿Cómo se detecta o se descubre una falla?

La forma más sencilla para un geólogo de detectar una falla consiste en observar sus manifestaciones superficiales. Se buscan elementos como los escarpes, valles lineales, lagos, y otros elementos geomorfológicos. Suelen usarse imágenes de sensores remotos, como fotografía aéreas o imágenes de satélite. Otra manera de reconocerlas es a través de estudios de geología de campo. En estos casos se busca observar la falla expuesta en un afloramiento de rocas. También pueden usarse los estudios de trincheras, esto está dentro del campo de la Paleosismología y los estudios geofísicos, los cuales son importantes en los casos en que las fallas están ocultas o “enterradas” en sedimentos más recientes. Se hacen zanjas con una retroexcavadora y allí los geólogos buscan las fallas. Finalmente, los estudios sismológicos son muy usados pues los sismos son la manifestación del movimiento de las fallas. De esta forma, los sismos bien localizados, iluminan la ubicación de las fallas. Este sucedió con la falla recién descubierta.

 

Enviado a SURCOS por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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