En medio de crecientes preocupaciones sobre la gestión ambiental en el Cantón de Talamanca, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha presentado una solicitud formal ante el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Consejo Nacional Ambiental (CNA). La petición, respaldada por pruebas documentales, plantea inquietudes sobre presuntas irregularidades en la entrega de humedales del litoral de Talamanca a la administración municipal local.
La solicitud, dirigida a la Licda. Natalia Díaz Quintanilla, Ministra y Presidenta del CNA, detalla una serie de hechos que sugieren una violación de los derechos constitucionales de los costarricenses y un posible incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de conservación ambiental.
Entre las preocupaciones planteadas se encuentran:
La entrega ilegal de humedales a la Municipalidad de Talamanca por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), presuntamente en violación de disposiciones constitucionales y normativas internacionales.
La omisión por parte del SINAC de considerar el patrimonio natural del Estado ubicado en la zona marítima terrestre, a pesar de las obligaciones legales que lo respaldan.
La emisión de una gran cantidad de permisos de uso de suelo y de construcción por parte de la Municipalidad de Talamanca, posiblemente contraviniendo disposiciones constitucionales y poniendo en riesgo importantes ecosistemas y sitios de anidación de especies protegidas.
La solicitud de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que tomen medidas inmediatas para proteger los recursos naturales del país y garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.
Esta acción resalta la importancia de una gestión ambiental responsable y transparente, así como la necesidad de salvaguardar los ecosistemas naturales para las generaciones presentes y futuras.
La denuncia que hicieron ecologistas de Talamanca ayer (Bloqueverde,16-3-24) sobre la destrucción del bosque costero y patrimonio Natural del Estado por un parqueo en un supermercado, dejó en evidencia otro terrible descubrimiento: están desapareciendo el bosque de adentro para afuera, a cuenta gotas, mediante la técnica denominada la “socola” del bosque.
Esta situación quedó expuesta en un vídeo realizado por una vecina del lugar al entrar a lo que era el bosque se encontró con la sorpresa que estaba todo chapeado y además notó que estaban dejando algunas barreras visuales para que nadie perciba lo que está pasando. Esto evidencia que tienen meses destruyendo sistemáticamente el sotobosque.
El área se encuentra dentro del Territorio Indígena de Kéköldi de Cocles por lo que los ecologistas alertaron a la comunidad Bribri legítima dueña de esas propiedades.
La socola es la corta paulatina de vegetación menor de las áreas boscosas, para aislar los árboles de mayor diámetro y afectar la dinámica de los ecosistemas. Coincide con el significado que suele darse de ese término: “eliminación sistemática del sotobosque”, que es el estrato inferior del bosque conformado por plantas leñosas y no leñosas de todas las especies. La Contraloría la define como la “corta progresiva de árboles y arbustos para ir creando claros cada vez más grandes hasta llegar a tener un terreno que ya no califica como bosque, de acuerdo con la definición de la Ley Forestal” (Contraloría General de la República, Informe No. DFOE-PGAA-7-2008).
La socola como práctica propicia el cambio de uso de suelo que prohíbe la Ley Forestal, 7575 en su artículo 19. Esta terrible práctica ha destruido miles de hectáreas de bosque en nuestro país, para convertir el bosque en pastizales arbolados, con siembra de pastos (“potrerización de los bosques”), o de cultivos agrícolas.
En la imagen del Google Earth es posible ver el área de bosque denso en rojo que no evidencia aun al 25-4-2023 ninguna señal de intervención, pero esto podría ser igual hoy por que desde arriba es difícil percibir esta técnica destructiva de los ecosistemas.
Ante esta destrucción las personas ecologista de la zona se proponen las siguientes acciones:
Seguir denunciando a la Municipalidad y su plan des-regulador como el problema de fondo al estar emitiendo permisos ilegales para destruir y construir.
Continuar denunciando las acciones del MINAE, para que vayan al área de socola en el corazón del Bosque Costero de Cocles.
También se propone brindar apoyo y alentar a Kéköldi a que defienda su territorio.
Instar a los activistas a que se hagan presentes y se unan a la causa.
Realizar acciones de visibilización de lo que está sucediendo, etiquetando a las autoridades pertinentes e instituciones involucradas.
Finalmente, acusan a la Procuraduría General de la República- que son los abogados defensores del Patrimonio Natural del Estado, – de NO hacer NADA para defender nuestro Patrimonio
Ecologistas de la zona interpusieron una denuncia ante el Minae por tala ilegal y la invasión del territorio Indígena de Kéköldi en el poblado de Cocles de Puerto Viejo.
El día 9 de marzo del 2024 varios funcionarios del Sinac Área de Conservación La Amistad Caribe visitaron la zona e interpusieron la denuncia al Fiscal de Bribri Lic. Carlos Matamoros.
En la denuncia aseguraron que la maquinaria se encuentra realizando trabajos al frente del Super Negro en localidad de Cocles para realizar un parqueo para ese establecimiento.
Las personas vecinas aseguran que estos trabajos se encuentran dentro de zona de bosque, Patrimonio Natural del Estado y zona de área marino costera. Si bien el MINAE paralizó momentáneamente las obras finalmente terminaron la destrucción que estaban haciendo porque según dijeron “no estaba en ninguna de estas categorías”.
En el sitio se observan árboles cortados de la especie jobo (Spondias monbin) y la vegetación tipo de sotobosque, además el sitio fue rellenado con varias vagonetas.
Para los denunciantes no es de extrañar que el MINAE avale todo tipo de destrucción y que finalmente no pase nada. Es de todos los días ver destrucción del bosque y construcciones legalizadas por el Plan Regulador (des- regulador) , que tanto está cuestionando la comunidad. Además continuarán denunciando este tipo de hechos ante las autoridades y por las redes sociales y medios de comunicación.
El Foro se realizará en conmemoración del 22 de marzo Día Mundial del Agua, cuyo lema de este año es “Agua para la Paz”, el evento contará con la participación del Viceministro de Salud, Ministro del MINAE, el Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) o sus representantes, así como participantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) el alcalde de Oreamuno y el Presidente de la ASADA de Santa Rosa de Oreamuno.
Se llevará a cabo el jueves 21 de marzo a las 3:00 p.m. en el Miniauditorio de la Facultad de Ingeniería, ubicado en San Pedro de Montes de Oca, Ciudad de la Investigación UCR, primera planta del edificio de Aulas de la Facultad.
Ante la inminente crisis desatada por la contaminación de metabolitos de agroquímicos, problemas de escasez y protección de las fuentes, este espacio busca en sus participantes el diálogo y el manejo de conceptos comunes en lo que respecta a la problemática del Agua Segura en el país y busca incentivar un trabajo político conjunto con los tomadores de decisión y las comunidades.
Este espacio es organizado por la Red GUIAS (Gestión Universitaria de Investigación en Aguas) de la Universidad de Costa Rica, que consideró contribuir con el desarrollo de una Hoja de Ruta País para el Agua Segura; es decir una descripción sistemática de un conjunto de principios, actitudes y pasos prácticos que orienten a las instituciones y a las personas tomadoras de decisión en la materia, cuyo trabajo conjunto posibilite la concreción de una meta ambiciosa pero plausible: que en Costa Rica toda comunidad y población pueda disfrutar, sin restricciones y obstáculos, de agua con calidad y cantidad para su desarrollo humano.
Contexto
Diversos estudios han apuntado que, si bien ciertas regiones del Planeta gozan de abundantes fuentes de Agua para los diversos usos que hacen sus habitantes, esto no implica de manera automática la certeza de que todas las poblaciones y personas puedan disfrutar del recurso en cantidad, calidad y continuidad, mediante un aprovechamiento sostenible. Igualmente, se ha evidenciado con diversos estudios de caso, que cuando coexisten comunidades que ven limitado su acceso al agua con otras que tienen un disfrute más pleno se presenta un caldo de cultivo para la conflictividad social, pugnas en los territorios y la aparición de obstáculos estructurales que limitan el desarrollo humano.
En el caso de Costa Rica, nuestra tradición democrática nos ha llevado a valorar la Paz Social. Esta no implica la ausencia de discrepancias o diferencias entre grupos políticos y actores sociales; por el contrario, es necesario más bien en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a las y los demás, así como vivir de forma pacífica y -en la medida de lo posible- unidos buscando soluciones a los problemas que nos aquejan y los retos que se avecinan.
Organizaciones Naranjeñas llaman a adquirir 590 hectáreas que hacen falta para tener El Chayote como reservorio de agua y patrimonio natural naranjeño y de la humanidad.
La Comisión para la Defensa de la Zona Protectora del Chayote, junto con la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote FEDAPRO, el Comité de Finanzas de la Diaconía Lourdes de Cirrí y la Escuela de Lourdes de Cirrí de Naranjo, como parte del proceso de motivación del pueblo naranjeño y habitantes de occidente, te invitan a la TRADICIONAL MISA EN EL CHAYOTE, este domingo 17 de marzo a las 9:00 a.m., en la Finca La Gongolona de la Zona Protectora. (se ingrese por Llano Bonito, 100mts después de la Cancha Fútbol, entrada a la derecha – subiendo)
La COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LA ZONA PROTECTORA EL CHAYOTE – CDZPECH – viene trabajando activamente en la Protección, Defensa y Ampliación de la Zona Protectora, como reservorio de agua, patrimonio cultural de nuestras comunidades y de la humanidad. La estrategia es unir a todas las organizaciones sociales, cívicas, deportivas, sindicales, empresariales y religiosas; movilizando las y los habitantes de Naranjo, de otros Cantones y Movimientos, para garantizar que El Chayote quede libre de toda contaminación y protegido ante cualquier Proyecto de “desarrollo” que atente contra el acceso actual y futuro, al agua y la diversidad ecológica presentes ahí.
Buscando fortalecer alianzas, el pasado 22 de febrero, la Comisión se reunió con parte de las nuevas autoridades municipales – elegidas en febrero pasado, entre quiénes estuvo Randall Vega Blanco, Alcalde electo. En esta reunión, presentamos nuestros Planes y Estrategias como Comisión para proteger, defender y ampliar la Zona Protectora; incluido el “Proyecto de Compra de Terrenos de El Chayote”,que se coordina con la Organización MOVILISA, misma que promueve Proyectos como el Tren Elevado de Propulsión Neumática 0 Emisiones, para la ciudad de Alajuela, junto a INCOFER y la Municipalidad de Alajuela, entre otros Proyectos.
La Organización MOVILISA, coordina fondos europeos, con los se puede adquirir gran parte de las 590 hectáreas que hacen falta, para que todos los terrenos de El Chayote pasen de forma permanente, al patrimonio naranjeño, de la zona de occidente y de la humanidad.
Invitamos a quienes posean propiedades en la Zona Protectora, a acercarse a la Comisión – CDZPECH –, se informen del Proyecto, valoren Opción de Compra – Venta de sus propiedades y colaboren con “el rescate” de El Chayote – el pago es sin intermediarios -.
Les esperamos el domingo 17 de marzo, 9am. MISA EN EL CHAYOTE.
Salida de buses desde el parque de Naranjo a las 8:30 a.m.
La Escuela de Lourdes de Cirrí tendrá ventas de comidas.
Intégrese a la Comisión – CDZPECH – contáctenos cpdzpch@gmail.com
Según datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del Minae, los principales países receptores del material exportado desde Costa Rica entre el 2006 y el 2018 fueron Nicaragua y San Andrés de Colombia. Datos revelados por esa entidad evidencian que, durante el 2006, el país exportó 32.150,00 metros cúbicos (m3) de piedra de río y 24.255,00 m3 de arena de río. Seis años después, en el 2012, salieron 20.337,62 m3 de piedra de río y 24.829,59 m3 de arena de río, segunda cifra más alta con respecto al volumen de exportación registrado en ese periodo.
Esas cifras se mantuvieron los años siguientes con crecimientos y disminuciones leves hasta el 2018. Después de ese año, en la página web de la DGM no se ubica información sobre exportaciones de materiales extraídos de cauces. Sin embargo, el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), como fuente para acceder a información sobre visualización y distribución de datos en línea centrada en la geografía y la dinámica de las actividades económicas, da cuenta de que esta actividad sigue muy activa en el país, ya que según datos publicados en el 2021:
“Costa Rica exportó $1,69 Millones en Grava y piedra triturada, convirtiendo en el exportador número 74 de Grava y piedra triturada en el mundo. En el mismo año, Grava y piedra triturada fue el producto número 279 más exportado en Costa Rica. El principal destino de Grava y piedra triturada exportaciones de Costa Rica son: Colombia ($1,66 millones), Nicaragua ($15 mil), Estados Unidos ($6,98 mil), Panamá ($4,02 mil), y El Salvador ($2,23 mil)” (ver en https://oec.world/es/visualize/tree_map/hs92/export/cri/all/52517/2021)
En miras a profundizar esta información, desde el proyecto en mención como desde las organizaciones comunitarias, se procederá a realizar la solicitud formal a la DGM para corroborar los datos revelados por dicho Observatorio.
La coordinadora del proyecto de Acción Social, Dylanna Rodríguez Muñoz aseguró que “sin lugar a dudas, las cifras mostradas dan cuenta de las jugosas ganancias para las empresas dedicadas al mercado de la minería no metálica. No es un dato simple que el país se ubique en el lugar 74 del mundo como exportador de materia prima para la construcción, mientras tanto, comunidades y organizaciones alrededor del país denuncian privatización de los ríos, contaminación, pérdida de biodiversidad, sedimentación, afectación a manglares y disminución de caudales, todo ello como consecuencia de la sobre explotación de los ríos”. Según los mismos informes de la DGM, en el 2018, por ejemplo, en la Región Brunca se contabilizaron un total de 20 denuncias, mientras en la región Huetar Norte, durante el periodo 2019-2020, se recibieron un total de 51 denuncias por irregularidades en la práctica extractiva.
La minería no metálica en los cauces de los ríos o quebradores se ha extendido a todas las regiones socioeconómicas del país (Huetar Atlántico, Huetar Norte, Pacífico Central, Chorotega, Central, Brunca), amenazando algunos de sus ríos, principalmente los más grandes y caudalosos, debido al aumento en las demandas del mercado internacional, ya que una parte considerable de arena y piedra extraída de los ríos del país es exportada, señalan.
La Alianza de comunidades por la defensa del agua en Puntarenas se ha pronunciado en diversas ocasiones por la afectación que han generado estos proyectos mineros en los ríos Guacimal y Lagartos. La misma situación señalan comunidades como Atirro, en Turrialba, con el río Atirro, Maquengal de Guatuso con río Frío y, recientemente, Cóbano de Puntarenas con el río Ario.
Para Rodríguez Muñoz “estas situaciones despiertan cuestionamientos respecto al papel del Minae, a quienes las comunidades y organizaciones achacan la responsabilidad por falta de monitoreo en la ejecución que realizan las empresas concesionarias; pero, sobre todo, indigna que se continúen otorgando prórrogas y nuevos permisos, algunos de ellos a empresas acusadas de corrupción como H. Solís y Meco. A esta primera, el año anterior se le otorgó un permiso de explotación del río Aranjuez por 10 años. Es fundamental, frente a este escenario, una intervención al código de minería y una revisión de los mecanismos institucionales de monitoreo pues, si los permisos y procesos de adjudicación se hacen apegados a la ley, pero eso implica efectos devastadores en los ríos y limita el acceso al agua para las comunidades, algo definitivamente no está bien”
Sobre lo mismo, la bióloga Isabel Alvarado, realizó una amplia investigación en su tesis de grado en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos. Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM. En su investigación halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional. Su investigación hizo un diagnóstico evaluativo de los Estudios de Impacto ambiental, los Planes de Gestión Ambiental y los Informes de Regencia de la SETENA. A partir de un análisis espacial se determinó la presencia de 188 concesiones de extracción en Cauces de Dominio Público otorgados entre el 2000 y el 2015, comprendiendo un 0,64% de la red hídrica del país. Está investigación concluye que la SETENA no está obteniendo datos en cantidad y calidad necesarios para adecuadamente caracterizar el ecosistema y medir su afectación.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
La Asociación de Desarrollo de Cahuita se pronuncia en contra del Plan Regulador Costero y llama a la Municipalidad a un verdadero diálogo para comenzar con un verdadero Plan Regulador Urbano, donde se respete nuestra cosmovisión. Recordar que Cahuita está considerada una población tribal y tiene una categoría especial, a diferencia de otras zonas del país.
La audiencia pública está programada para hoy entre las comunidades de Kéköldi y el Foro Afro, pero Cahuita no se siente representada por este último. La reunión será hoy en Hone Creek, donde diferentes colectivos están haciendo un llamado a no asistir o, de hacerlo, sería en las afueras de la cancha. Recordar que sobre este Plan Regulador, los magistrados hicieron varias observaciones, entre ellas la de respetar las zonas protegidas y realizar la consulta correspondiente.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología expone preocupaciones alarmantes sobre la comercialización de propiedades en áreas protegidas en la zona de Manzanillo, Costa Rica. En su informe del 07 de marzo de 2024 señala una aparente complicidad por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Amistad Caribe (SINAC) y la falta de cumplimiento de una sentencia judicial que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público.
El documento, dirigido a la ministra de la presidencia y presidenta del Consejo Nacional Ambiental, Licda. Natalia Diaz Quintanilla, así como a varios funcionarios del Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) y del SINAC, detalla una serie de irregularidades que han sido descubiertas en la zona de Manzanillo, específicamente dentro de los límites del Refugio Gandoca Manzanillo.
Según el informe, a pesar de una sentencia emitida el 10 de julio de 2019 (sentencia 2019-012745) que ordenaba la recuperación de terrenos de dominio público en la zona boscosa, muchas propiedades están siendo comercializadas en la zona de Manzanillo con la aparente complicidad del SINAC. Se mencionan supuestos fraccionamientos que permiten la venta de terrenos, a pesar de la clara disposición legal de recuperar dichas áreas.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita en el documento que se proceda a consignar una nota de advertencia como áreas bajo régimen especial sobre los terrenos en cuestión, de acuerdo con el derecho aplicable. Además, se solicita al INDER que tome medidas para verificar y certificar los expedientes asignados por el poder judicial a las demandas de lesividad iniciadas en cumplimiento de la sentencia de 2019.
Se hace hincapié en la falta de acción por parte del SINAC para incorporar al Patrimonio Natural del Estado las áreas descritas como bosque en un informe de inspección del Tribunal Ambiental Administrativo. A pesar de la anulación de la Ley No. 9223 en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa, no se ha tomado ninguna medida concreta para proteger y preservar estas áreas.
Las preocupaciones manifestadas generan un debate sobre la protección ambiental y la integridad de las áreas protegidas en Costa Rica. La falta de cumplimiento de la ley y la aparente complicidad en la comercialización de propiedades en áreas bajo régimen especial plantean serias dudas sobre la eficacia de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente.
Ante estas revelaciones, se espera que las autoridades competentes tomen medidas inmediatas para investigar y abordar esta situación. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la protección adecuada de los espacios naturales y la preservación del patrimonio ambiental de Costa Rica.
El pasado 5 de marzo de 2024, la comunidad tribal de Cahuita presentó una carta ante el consejo municipal del cantón de Talamanca con motivo de su oposición a la representatividad del Foro Tribal Afro costarricense, el cual actúa al margen de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) y a su vez apoya el Plan Regulador Costero ante el cual la comunidad tribal se opone.
Según lo que se expone en la carta, el Foro Tribal se autonombró y estructuró de manera arbitraria, pasando por alto el artículo 3, del decreto N°43532-MP-MINAE-MCJ-MEP Constatación del auto reconocimiento de la población afro costarricense como pueblo tribal, en el cual se establece: “La organización del Foro del pueblo Tribal Afro costarricense actualmente se encuentra a cargo de la asociación de desarrollo integral de Cahuita, se encuentra vigente sin ninguna modificación”.
Además señalan, que los acuerdos de los miembros que fungen como representantes del Foro Tribal se realizaron de forma ilegal y bajo actos de abuso de poder, extralimitando sus funciones y atribuyendo a sí mismos competencias que no le corresponden, esto debido a que no fue un acuerdo de asamblea, ni del pueblo, por el contrario, violentaron el derecho de participación de la población afrodescendiente y de quienes se encuentran afiliados a la ADIC, es por esa razón que la comunidad tribal considera que no pueden arrogarse su representación.
En la carta, la comunidad tribal de Cahuita enfatiza en que deslegitiman y se oponen a cualquier decisión que tome el Foro Tribal en nombre de la comunidad tribal de Cahuita, esto en el marco de las acciones que se están tomando con el plan regulador costero, y con motivo de una carta dirigida a la comisión del plan regulador costero de Talamanca, el 8 de agosto del 2023, mediante la cual Edwin Patterson –presidente de ATACS y supuesto líder del Foro Tribal Afro costarricense– señala que el plan costero es una necesidad.
En total, la comunidad tribal presentó dos cartas con el mismo contenido, una al consejo municipal del cantón de Talamanca y otra, que fue enviada a Edwin Patterson Bent, autonombrado representante del Foro Tribal Afro costarricense y presidente de ATACS. Ambas cartas fueron firmadas por miembros de la comunidad tribal de Cahuita.
Se invita a consultar los documentos adjuntos para obtener mayor información, en los mismos se evidencian ambas cartas y las firmas de las personas que las envían.
El día de hoy en la tarde la Municipalidad convocó nuevamente una audiencia pública obligada por la Sala Cuarta (Resolución N° 2023031756) ante la falta de consulta a la comunidad indígena de Kéköldi, mediante una carta enviada a la Municipalidad por la Nueva Junta Directiva 2023-2025 rechazó el plan y pidió suspender la audiencia.
La carta señala que la Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador “es impuesto por la Municipalidad de Talamanca, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial del pueblo tribal afrodescendiente, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, ignorando el convenio N° 169 de OIT donde los pueblos tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”.
Aseguran que “no estamos a favor de este plan regulador dado a que violenta nuestra forma de vida, nuestra historia, nuestra ancestralidad, nuestras tierras y nuestro ambiente. Como comunidad Tribal Afrocostarricense de Cahuita, defendemos el derecho a una consulta adecuada a las características propias, de buena fe, libre previa e informada (según artículos 6 y 7 del Convenio 169)”.
Solicitaron “respetuosamente suspender la audiencia pública y proponemos sentarnos a la mesa y planificar la regulación de nuestro territorio de acuerdo a nuestras costumbres y tradiciones donde se respete la integridad de nuestro pasado, nuestro presente y para nuestro futuro”.
La ADI de Cahuita -que no se había pronunciado hasta ahora- justificó su rechazo basados en el Convenio 169 de la OIT donde «Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación»; fundamentado “en que se declaró de interés público a la población afrodescendiente de nacionalidad costarricense asentada en comunidades del Caribe costarricense”, “y se reconoce a Cahuita miembro de pueblos tribales afrocostarricenses” y que es la comunidad de Cahuita encargada de la creación del Foro Tribal de Afrodescendientes y que en el Decreto N° 43532 del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de Educación Pública.
La ADI “es el órgano que da voz a la Asamblea General y a la comunidad tribal de Cahuita” y asegura reconocer “la urgente necesidad de ordenar el territorio de nuestra comunidad y establecer lineamientos y regulaciones para el crecimiento y desarrollo de nuestra población, haciendo énfasis en la conservación de nuestras costumbres, cultura, historia y en integración con el ambiente marino costero que nos sostiene”.
Mientras el Movimiento Cahuita Unida en un pronunciamiento asegura que el Plan Regulador “ha sido declarado en varios de sus procesos con irregularidades, no representa el deseo ni sentir del desarrollo que nuestro pueblo costero de Cahuita quiere y se merece”.
Para el Movimiento “es evidente que el proceso de análisis, estudios y programación del Plan regulador han sido mal hecho, ya que constantemente la Sala ha evidenciado que en alguno de los pasos administrativos hay inconsistencias o asuntos incompletos”.
Recuerdan que la además de esta nueva consulta exigida por la Sala en febrero también obliga al SINAC a completar la Certificación de Patrimonio Natural del Estado en la Zona Marítimo “evidenciando que los estudios previos estaban malos e incompletos y que bajo esa premisa no se puede administrar de buena fe el territorio. Además, la SETENA argumenta que la certificación es un trámite más y que luego de hacerlo se adjuntará al plan sin certificar que, las modificaciones realizadas, cambian del todo el panorama inicial de gestión territorial para el desarrollo del plan regulador”.
