Comunicado

• Por resolución de sus 39 organizaciones, manifiesta su apoyo a las comunidades que desde hace años vienen padeciendo de reiterados cortes y racionamientos en la provisión de agua potable en sus hogares.

• Asimismo, manifiesta su oposición a la línea política del Poder Ejecutivo de debilitamiento, desfinanciación de la institucionalidad ambiental del país y de centralización de las decisiones.

• Insta a las fracciones legislativas de la Asamblea Legislativa para que, en resguardo del compromiso país con la estabilidad democrática, condenen las acciones represivas ejecutadas.

Este 19 de marzo del 2024 el directorio del Parlamento Cívico Ambiental, comunicó el Acuerdo 10-24 en el que este foro cívico exige respeto al derecho humano al agua, el derecho a defenderlo y al cumplimiento de la misión de la institucionalidad obligada a garantizarlo. La resolución se refiere a la situación de las comunidades vulnerables cuyo suministro de agua ha llegado a ser tan irregular e insuficiente que es violatoria del derecho establecido en el Artículo 50 de la Constitución Política. En el acuerdo, se condena además la situación de la institucionalidad a cargo de garantizar el cumplimiento de ese derecho la cual hoy día carece de los recursos técnicos y financieros para garantizarlo y es víctima de decisiones erradas producto de la línea política de la administración de turno. Con vehemencia se exige que cesen las acciones represivas tomadas contra la dirigencia comunal que ha ejercido su legítimo derecho a la protesta.

La resolución insta a las y los diputados de la Asamblea Legislativa a que condenen esta situación y exijan su inmediata resolución. Se insta a las fuentes de cooperación internacional para que no estimulen con sus recursos iniciativas que atenten contra las políticas de Estado que le han brindado a Costa Rica el liderazgo a nivel ambiental en el ámbito internacional y que exijan la adopción de políticas congruentes con el cumplimiento de los compromisos del país en materia ambiental. Asimismo, llama a toda la sociedad civil costarricense, al sector académico y a las organizaciones ambientales internacionales a sumarse en una sola voz en oposición de estas acciones que atentan no solamente contra la buena marcha de las políticas sociales y ambientales en Costa Rica, sino que atentan también contra la estabilidad democrática del país. Señala que se dirigirá nota al Lic. David. R. Boyd Relator Especial Sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, con el fin de ponerle al tanto de la situación que se está dando en Costa Rica.

Carmen Caballero, de la Fundación Laberinto, segunda secretaría del directorio señaló que el parlamento con esta resolución reaccionó no sólo a la situación que se presentó en Hatillo sino al fuerte llamado que hicieron varias organizaciones de este foro cívico. Oscar Moya Cantero de Hidrobag, primer secretario y vecino de Hatillo afectado por la falta de suministro de agua, enfatizó que los vecinos exigen que si Acueductos y Alcantarillado no tiene capacidad operativa para resolver la situación, que convoquen a una reunión de emergencia para que casa presidencial asigne los recursos necesarios para atender las necesidades de las comunidades afectadas. Bernardo Aguilar, presidente del directorio, de la Asociación ARTES-JUSTECO, enfatizó que el derecho humano al agua es una de las áreas de mayor trabajo e interés del Parlamento Cívico Ambiental por lo que resulta lógica y consecuente la preocupación de las organizaciones con la situación de injusticia ambiental que se está presentado respecto al recurso hídrico en las comunidades vulnerables del sur del Valle Central y en otros lugares del país.

SURCOS comparte el documento del acuerdo: