Salimos a la calle y visitamos a la comunidad de Quebrada Honda de Patarrá, donde conversamos con Julio Rojas sobre el impacto de las actividades relacionadas a las carboneras en la vida comunitaria, nos ayuda a comprender las implicaciones ambientales y en la salud de las personas.
Para escuchar el programa, haga clic en este enlace.
SURCOS comparte la siguiente información enviada a nuestra redacción. Se aprecia operarios del ICE realizando corte de ramas de árboles por donde pasan los monos.
Ante el reclamo de un ciudadano el funcionario no atiende la petición de dar explicaciones. Los breves videos muestran la situación.
Comunicado Bloque Verde / FECON.
Alarmante es la propuesta presupuestaria del gobierno de Rodrigo Chaves para el año que sigue. El ministro Franz Tatenbach es artífice y cómplice del desmantelamiento de la institucionalidad ambiental costarricense, el jerarca será recordado como el que le dio el tiro de gracias a las áreas de conservación.
Según al Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-MTR-00004-2022 para el 2023 el presupuesto inicial del MINAE se reduce en ¢711,6 millones con respecto al periodo 2022. Las partidas de gasto que presentan las mayores disminuciones entre 2022 y 2023 son las de transferencias corrientes y bienes duraderos, con -26,0% y -4,3% respectivamente.
Es además llamativo y preocupante que el Proyecto de Ley de Presupuesto no contemple el pago de varias membresías tales como la de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNCMCC), Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Poniendo en riesgo nuevamente el poco liderazgo ambiental internacional que le puede quedar a este país.
Aunque la tendencia de des-inversión tiene ya varios años la CGR señala intención de “anti-inversión”. Las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo del orden del 40% entre 2021 y 2022 y de 4,2% entre los años 2022 y 2023, lo que sugiere una tendencia anti inversión. La CGR señala que para 2023 se presenta un decrecimiento en bienes duraderos para 5 programas presupuestaros, siendo la Dirección de Aguas y FONAFIFO los que presentan mayores reducciones nominales. A su vez, para los casos de CONAGEBIO y Dirección de Aguas sucede por segundo año consecutivo. Asimismo, en tres de los programas presupuestarios no se incluyen recursos para “bienes duraderos” el Tribunal Ambiental Administrativo, Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y Regulación, Control y Fiscalización de Energía. Lo que reafirma la tendencia de des-inversión y desmantelamiento institucional llevada a cabo por Franz Tatenbach.
La CGR advierte que “las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo, lo que sugiere una tendencia anti-inversión. Para 2023 decrece esta partida en 5 programas presupuestarios y en otros 3 no se incluye este gasto”.
Recientemente, la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) hizo una propuesta al presidente de la República para que emita un decreto ejecutivo que suspenda la moratoria petrolera y así, reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo y gas natural) en el país.
Se trata de un asunto recurrente que es de interés de todos los costarricenses pues, desafortunadamente, se vende la idea de que con la hipotética extracción de estos recursos el país obtendrá “dinero fácil y abundante” y con ello vencerá la pobreza y se hará casi tan rico como Noruega.
Algo que, como hemos dicho, resulta un irrespeto muy serio a la sociedad costarricense y en particular a la gente más pobre y necesitada, pues les crea falsas expectativas que no se van a cumplir. Algo que no resulta para nada justo ni necesario.
Lo que propone la UCCAEP: se emite un documento titulado “Propuesta de UCCAEP para una política energética equilibrada”. El gestor principal de la propuesta es el Dr. Roberto Dobles, exministro de Ambiente y Energía de la administración Arias y quien es coordinador de la Comisión de Energía de la UCCAEP.
La propuesta encuentra fundamento en el hecho de que los vehículos pueden transformarse para que en vez de consumir derivados del petróleo puedan consumir gas natural. Se indica que, con esto, se mejora la sostenibilidad ambiental del país, pues se reducen las emisiones.
Además, se señala que el quemado del gas natural es más barato que quemar petróleo, por lo que el cambio produciría una menor inversión.
La eventual extracción de los hidrocarburos la tendrían que realizar empresas petroleras trasnacionales. Se indica que estas empresas tendrían que pagar renta y otros impuestos que generarían ganancias para el Estado.
Según la UCCAEP los yacimientos potenciales en Moín, Limón y Río Blanco en el Caribe podrían generar hasta $251 mil millones, monto que mayoritariamente se llevarían las empresas petroleras extranjeras. Detallamos aquí por qué razón.
Elementos a considerar: ante esta posición, se hace necesario, presentar argumentos técnicos de contrapeso que sirvan a las autoridades de gobierno para tomar la decisión más sabia y equilibrada posible.
Estos argumentos se presentan en razón de la experiencia del autor como geólogo de exploración petrolera de RECOPE por cerca de 15 años y, también, por ser uno de los autores responsables de compilar la información técnica petrolera obtenida de casi un siglo de exploraciones petroleras realizadas en el país durante el siglo XX. También, por la experiencia del autor en hidrogeología ambiental y en evaluación de impacto ambiental.
Así las cosas, recomendamos considerar los siguientes argumentos técnicos:
En Costa Rica no existen estudios científicos serios y avalados por las autoridades técnicas de gobierno o pares o de entes académicos que demuestren fehacientemente la existencia de yacimientos probados de hidrocarburos en territorio nacional.
Existen datos de valoración potencial que tienen más de 30 años de antigüedad y son solo una posibilidad para atraer empresas petroleras a realizar exploración en el país. Lo que existen son especulaciones sin pruebas revisadas.
Este elemento es muy importante, pues de especular un eventual volumen de yacimientos, es fácil pasar a estimar el valor comercial del mismo. De allí sale esa cifra de $251 mil millones, es decir, de un dato especulativo y de potencial que no está fundamentado de ninguna manera en datos de reservas probadas y comprobadas. Por esta razón, estos números deben manejarse con suma precaución.
El costo de las tareas de exploración de hidrocarburos es muy oneroso, del orden de decenas a cientos de millones de dólares por año. El país no podría asumir esos gastos en actividades de exploración para saber si es cierto o no si existen yacimientos potencialmente explotables.
Se debe recordar que durante casi todo el siglo XX se realizaron actividades de exploración de hidrocarburos por diferentes empresas petroleras sin ningún éxito. Esto se debe a que geológicamente Costa Rica es un país muy complejo y por eso no es un país atractivo para realizar actividad petrolera.
Costa Rica es un país producto del choque de placas tectónicas, por lo que tiene muchas fallas geológicas por donde el petróleo o el gas natural que se pudo generar podría haberse perdido por su salida a la superficie. Para colmo de males, tiene mala calidad de rocas reservorio, debido a que las arcillas, que sellan los poros de las rocas, son un mineral abundante.
En el planeta Tierra existen reservas de petróleo hasta el 2070 aproximadamente y de gas natural hasta el 2090 o 2100. Hay muchos hidrocarburos disponibles y no se ocupa encontrar más yacimientos.
Lo que se ocupa es dejar de usarlos, es decir, descarbonizar la economía y cumplir el Acuerdo de París del 2015, el cual el país suscribió.
Además de esto, la eventual extracción del petróleo o del gas natural dependerá del tipo de yacimiento, su profundidad y naturalezas de los hidrocarburos. Dependiendo de esto, el costo de la extracción puede ser más alto que el promedio y sus impactos ambientales pueden ser muy significativos. Esto no se sabrá hasta identificar un yacimiento, pero en un contexto geológico como el de Costa Rica y por la experiencia de la exploración petrolera realizada en el siglo XX, es una posibilidad real.
En caso de realizarse actividad petrolera en el país, tendría que ser por medio de concesiones a empresas petroleras extranjeras, las cuales tendrían que hacer la inversión en exploración y, dado el caso, de la explotación, por lo que ellas se llevarían la mayor parte del recurso y sus ganancias (hasta el 85% del total).
De manera que al país solo le quedaría muy poco del recurso, con el agravante que nos quedarían los impactos ambientales que se produzcan por contaminación, cuya remediación no se pagaría con las ganancias obtenidas.
Las experiencias en países tropicales, es que la remediación de los impactos ambientales producidos por la actividad petrolera, por lo general, es más costosa que el beneficio económico que deja. Así no es negocio, pues las empresas petroleras se llevan las ganancias y a nosotros nos toca lidiar con los problemas ambientales y sociales que se derivan.
Los lugares donde la UCCAEP dice que podría haber hidrocarburos son zonas de bosques biodiversos con acuíferos en el subsuelo o áreas marinas con gran biodiversidad y muy sensibles desde el punto de vista ambiental.
Son de gran riqueza ecológica y habría que sacrificar esos recursos para sacar petróleo o gas natural para el beneficio mayoritario de una o varias empresas petroleras extranjeras. Destruir la biodiversidad no es negocio para Costa Rica.
Existen otras alternativas para el alto consumo de hidrocarburos que tiene el país y consiste en el desarrollo de combustibles alternativos como los biocombustibles o el hidrógeno verde.
También se podría impulsar la geotermia de baja y media entalpía en todo el país, algo que hemos descuidado por años y que debería ser impulsado para que sea el sector privado el que lo aproveche. Esta energía geotérmica puede aportar la energía eléctrica que necesita un parque automotor eléctrico, por lo que no es necesario el uso de gas natural.
Estas actividades dejarían beneficios económicos directos al país y mayores que los que dejaría el arriesgarse a empezar una incierta actividad petrolera.
Finalmente, el país tiene una importante imagen ambiental ante el mundo y eso es causa de que se tenga mucho turismo que es la primera fuente de ingresos del país y, además, una gran reputación en materia ambiental en todo el mundo.
Aventurarse con el tema de hidrocarburos en medio de una enorme Crisis Climática en el planeta dejaría la reputación internacional del país por los suelos.
No debemos olvidar que conforme pasa el tiempo, más se agrava la situación de Cambio Climático y más intensos son los efectos de éste. Costa Rica es un país altamente vulnerable a la Crisis Climática. Desde este punto de vista, el que el país se abra a la exploración y muy, pero muy eventual explotación petrolera, resulta altamente contradictorio, en particular, porque esa actividad no es parte de su modelo de desarrollo económico.
Costa Rica tiene otras alternativas para impulsar su desarrollo económico. Por medio de una correcta planificación y gestión de su territorio, puede potenciar el uso sostenible de sus bosques, biodiversidad, suelos para producción regenerativa, potencial geotérmico y riqueza hídrica, a parte del potencial que tienen sus mares.
Así las cosas, ponerse a revivir una actividad que no se necesita y que debemos dejar en el pasado, no es para nada recomendable.
El autor es geólogo ambiental. Fue geólogo de exploración petrolera para la Refinadora Costarricense de Petróleo entre 1984 y 1999. Ex secretario General de la SETENA. Catedrático de Sedimentología y Geología Ambiental de la Universidad de Costa Rica hasta el 2019. Es Doctor en Ciencias Naturales y consultor ambiental en evaluación ambiental, ordenamiento ambiental del territorio, planificación territorial, gestión del riesgo e hidrogeología ambiental.
Compartido con SURCOS por Gerardo Badilla.
Fuente: https://www.pressenza.com/
En el Decreto Ejecutivo 43767 “se prohíbe solamente el uso profesional e industrial del plaguicida fipronil. Sin embargo, el uso más difundido de este plaguicida, y el que está causando severas afectaciones ambientales, es el uso agrícola y veterinario” Señaló el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del Pnud para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.
El uso industrial y profesional está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, eso es solamente lo que cubre el decreto impugnado en el Tribunal Contencioso por una compañía privada que impugnó el decreto.
El uso agrícola no se ha cambiado, mucho menos prohibido con el decreto en mención, por cuanto el grueso del uso del fipronil siempre ha estado permitido ya que queda en evidencia en el informe DAJ-MINAE-0354-2021 que fue el MAG quien se opuso a sacarlo del mercado y está pendiente de elaborar su propio decreto ejecutivo pues considera que el uso agrícola y veterinario es solamente su competencia.
“Mientras eso no suceda, las abejas y otros insectos polinizadores, incluso otros organismos silvestres seguirán viéndose afectados, según describe el MINAE en los informes que ha entregado a la Sala IV”, aseguró el especialista.
En el informe del MINAE número: DAJ-MINAE-0354-2021, se lee lo siguiente: “En este informe se realizó una evaluación de riesgo para las abejas, debido a la preocupación por los eventos de mortalidad de estos organismos evidenciada durante el año 2020. Esta evaluación consideró la dosis más baja y la más alta autorizada en cultivos agrícolas y se concluyó que el riesgo es inaceptable para estos organismos según los usos autorizados. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Además, es moderadamente persistente en suelo y en sistemas de agua/sedimento, y cuando se degrada producen otros metabolitos que sí son persistentes.”
Esos son los riesgos del uso del fipronil en las condiciones que actualmente se utiliza en la agricultura de Costa Rica, según indica el MINAE y siguen vigentes ante el uso del fipronil en campos agrícolas.
Por lo tanto, esta medida cautelar solicitada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es de poco impacto para la protección o desprotección ambiental de las abejas. Queda claro que el principal responsable de la muerte masiva de abejas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta tanto el MAG no asuma su responsabilidad sobre ese tema seguirán muriendo polinizadores.
El pasado 20 de mayo se celebraba el Día Mundial de las Abejas, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y oficializado en 2020 por la Asamblea Legislativa una ley que declaran la apicultura de ‘interés público’ y crean el Día Nacional de las Abejas. En el marco de ese día Bloqueverde solicito “la prohibición de agrotóxicos fipronil y los neonicotinoides que han causado intoxicaciones masivas y la muerte de millones de abejas, daños irreversibles a la biodiversidad y contaminación de ecosistemas”.
Comuniciado del Bloque Verde
20 de mayo 2023. En el Día Mundial de las Abejas exigimos una mayor protección para estos insectos mediante la prohibición de agro tóxicos fipronil y los neonicotinoides que han causado intoxicaciones masivas y la muerte de millones de abejas, daños irreversibles a la biodiversidad y contaminación de ecosistemas.
Según la Cámara Nacional de Fomento a la Apicultura, entre 2010 y 2020 se perdieron 2.200 colmenas sólo en la zona de Los Santos; y en el año 2020 se registraron aproximadamente 30 eventos de intoxicación masiva de abejas y la muerte aproximada de 100 millones de abejas. Para esta Cámara si se mantiene la mortalidad vista en 2020, Costa Rica podría quedarse sin abejas en el año 2035.
El Fipronil está prohibido en más de 30 países a nivel mundial, incluidos los de la Unión Europea, por ser considerado altamente peligroso para las abejas, insectos y ecosistemas agrícolas.
Desde 2019 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realizar un estudio científico sobre los efectos en la salud, el ambiente y las abejas productoras de miel que tiene el uso de agroquímicos que contengan el insecticida neonicotinoides. En 2022 los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería (MAG); y de Ambiente y Energía (MINAE) emitieron un dictamen técnico donde recomiendan cancelar el registro sanitario y prohibir el plaguicida Fipronil.
Sin embargo, en noviembre del 2022 el actual gobierno emitió el Decreto Ejecutivo N° 43767-S-MINAE que no cubre el uso agrícola que es el que está matando a las abejas y solo prohíbe el uso industrial y profesional o industrial que está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, así como de uso veterinario. Es decir, este decreto en nada le ayuda a las abejas que es justo el uso agrícola al aire libre del Fipronil lo que las está matando verdaderamente. En su lugar este decreto sólo restringió su uso contra pulgas y garrapatas básicamente.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) citado por al UNA el 80% de las especies de plantas con flor son polinizadas especialmente insectos. Las abejas son los polinizadores más importantes, visitan cerca del 90% de los 107 tipos de cultivos a nivel global. Además, 87 cultivos de importancia para la alimentación en el mundo requieren de los servicios de la polinización.
Datos del Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la Universidad Nacional (UNA) nuestro país cuenta con más de 650 especies de abejas, de ellas 58 son especies de abejas nativas sin aguijón (Apidae, Meliponini). Son claves para la conservación de la diversidad en los ecosistemas del trópico y para a seguridad alimentaria y la producción de: aguacate, chayote, café, tomate, melón, sandía. Además 1.500 familias dependen directa o indirectamente de la apicultura en todo el país.
En el Día mundial de las abejas, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a celebrarse el 20 de mayo. En nuestro país en 2020 la Asamblea Legislativa aprobó una ley que declaran la apicultura de ‘interés público’ y crean el Día Nacional de las Abejas.
Si usted va para el Caribe Sur este fin de semana o hasta el día 27 de mayo puede visitar gratis la exposición de arqueología subacuática Casa de la Cultura del Calypso en Cahuita donde será guiado por la juventud del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras Del Mar (CCBEM).
No son pocos las personas lugareñas y muchas las visitantes del Caribe que desconocen la existencia de gran cantidad de objetos que guarda el mar: ladrillos, cerámica- vidrio, metales, herramientas, piedras, maderas, cadenas, cañones y anclas de varios barcos que naufragaron en su bello e imponente coral.
Toda esta riqueza se funde con la biodiversidad marina y la cultura local para que hoy usted pueda conocer en una exposición que también incluye algunos objetos que han sido aportados por vecinas y vecinos que quieren que más personas conozcan las raíces marinas que alimentan esta particular región de nuestro país.
Para promover la cultura arqueológica comunitaria nació en 2016 este Centro que ha sido pionero no solo en nuestro país si no a nivel de la región. Su trabajo ha sido vital para que la UNESCO les reconozca como una experiencia pionera y nombre a Cahuita como “Cuna de una arqueología comunitaria de protección del Patrimonio Subacuático”.
En la exposición usted podrá escuchar, interactuar y conocer a una nueva generación que lucha por el mar, las comunidades costeras y la historia oculta en el fondo de los mares en un lugar donde «todo vino del mar». Son más de 170 niños, niñas y jóvenes que han llevado distintos cursos de buceo SCUBA que antes solo era reservado para turistas y visitantes, y no para la comunidad. Como dice el Centro: “nuestro buceo lo hemos convertido, no solo en deporte, sino en herramienta de conservación y oportunidades”.
La juventud buceadora se ha capacitado en el currículum internacional de arqueología comunitaria Nautical Archaeology Society (NAS) pero también unas 62 personas de las comunidades se han capacitado en esa disciplina hasta el momento y 51 se han inscrito para el curso introductorio este domingo 21.
El CCBEM abrió un curso presencial gratuito de Arqueología Subacuática Comunitaria de la Sociedad de Arqueología Náutica (NAS) que impartirá el Arqueólogo Subacuático Andreas Bloch del Museo de Barcos Vikingos en Dinamarca, junto a las Instructoras NAS María Suárez y Ana María Arenas graduada del CCBEM. En el curso solo necesita inscribirse y será el domingo 21 de Mayo de 2pm a 5pm .
Esta experiencia se ha construido comunitariamente en un área del saber y el quehacer de la humanidad sobre su historia oculta en los mares, sin que Costa Rica o sus universidades tuvieran esa disciplina, ni leyes especiales para regular su accionar.
Por eso, el Centro ha impulsado legislación para proteger el patrimonio subacuático con el apoyo de diputados de la fracción legislativa de Limón y el Consejo Municipal de Talamanca. También han trabajado con el Museo Nacional y en la reglamentación de todo este nuevo campo de la arqueología, claro siempre desde la perspectiva comunitaria.
Para el 31 de mayo también tendrán una reunión abierta con la comunidad para presentar su trabajo con la juventud, instituciones e iniciativas que nos han apoyado estos 8 años de trabajo en arqueología subacuática comunitaria y “en conservación de corales y buceo SCUBA con propósito, todo con el fin de avanzar en oportunidades para la nueva generación juvenil de la zona, sin distingo de raza, sexo, género y territorialidad, pero con énfasis en equilibrio”.
Para inscripciones en cueros e informes: https://forms.gle/rbondYd8cv8joAdb6 o al Whatsapp 88940146.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Kioscos Ambientales UCR
La creciente demanda turística de los parques nacionales representa un reto para quienes velan por la conservación de estos recursos. Este 16 de mayo, 18 guardaparques del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), obtuvieron su título universitario para el Diplomado en Conservación y Manejo de Áreas Protegidas, otorgado por la Universidad Nacional (UNA), cuyo objetivo es que el personal encargado de la protección directa de los recursos naturales y culturales existentes en cada área protegida, adquieran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, para la realización de un trabajo de calidad que cumpla con las condiciones de eficiencia y seguridad, que asegure las tareas de gestión y planificación pertinentes.
Este programa, impulsado desde el 2013 por el Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA) con el apoyo del Sinac, ha graduado a 85 profesionales, quienes cumplen funciones de control y vigilancia, seguridad y atención de los visitantes, educación ambiental / interpretación de la naturaleza, apoyo a la investigación científica, relación con las comunidades y resolución de conflictos, entre otros.
Sello UNA
Estos guardaparques, forman parte de los más de 170 profesionales graduados de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar (FCTM) de la UNA, quienes aportarán al país con conocimientos en materia de ambiente, ordenamiento del territorio, información geoespacial, producción agropecuaria y forestal, conservación y manejo de recursos naturales, salud humana, monitoreo de amenazas, variabilidad climática, gestión de riesgos ambientales y ocupacionales, conocimientos adquiridos en las carreras que se imparten en las escuelas de ciencias Agrarias, Ambientales y Geográficas, con el apoyo de los institutos de Conservación, y Manejo de Vida Silvestre, Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, de Investigación y Servicios Forestales, el Centro de Investigaciones Apícolas Tropicales y el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, quienes también conforman esta facultad.
“Entregamos al servicio de la sociedad costarricense personas graduadas con una gran calidad académica, gracias a la actualización constante de los planes de estudio y al acompañamiento de personal académico altamente capacitado, comprometido y con gran sentido humanista. Con gran orgullo decimos; que más de un 70% de los graduandos estudiaron gracias al apoyo que se les ofreció durante su paso para esta casa de estudio, a través de becas, horas asistentes, e incluso en ocasiones el apoyo decidido de personas de la universidad que en momentos difíciles dieron su apoyo”, dijo Lilliam Quirós Arias, decana de la FCTM-UNA.
La crisis ambiental y social en sus diversas formas, el cambio climático y sus afectaciones en los sistemas agroalimentarios, las poblaciones, los ecosistemas, los desastres naturales manifiestos en sequías, inundaciones producto de eventos cada vez más catastróficos, como los huracanes; la degradación de los recursos naturales, el despojo a los campesinos de sus tierras debilitando la agricultura familiar y la agricultura en general, la expansión desaforada de las transnacionales, el uso excesivo de agroquímicos en detrimento de sistemas más sostenibles como la agroecología, el aumento de la pobreza y la desigualdad, manifiesta que generan como consecuencia migraciones, entre otros. Son parte de ese complejo mosaico que vivimos hoy.
“Ustedes tienen entre sus manos grandes retos: a) ofrecer su aporte al servicio de la sociedad, y b) potenciar sus competencias, habilidades y valores construidos a lo largo de su formación para contribuir con un mundo mejor, que cada vez necesita mentes abiertas, innovativas, que comprenden la diversidad y sobre todo con un sentido humanista”, puntualizó Quirós.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
La municipalidad de Guatuso aprobó ayer una concesión de minería no metálica en el Río Frío por 30 años más.
Según informan los vecinos “acá en Caño Negro en este momento se está extrayendo arena del río para aprovecharla. Hay unos bancos de arena que están dificultando la navegación. En este momento es imposible bajar después del Caño Los Patos en una embarcación mediana, la poca agua, los troncos expuestos y los bancos no permiten transitar. La sedimentación de arena y de barro o lodos está afectando bastante al humedal. Los lodos se acumulan en los bordes de los cuerpos de agua y la arena en el fondo.”
Desde hace varios años la comunidad de Maquengal de Guatuso viene denunciando en torno a la situación que está amenazando al Río Frío. Esta comunidad está a 15 kilómetros del Centro de Guatuso donde el turismo, la lechería, la agricultura familiar compiten con el monocultivo y la minería no metálica.
Esta región ha vivido una expansión de diversas actividades económicas que han empezado a presionar la salud del río, entre ellas los monocultivos y la ganadería, que están asociados a los procesos de deforestación, erosión y compactación de suelos, pero también ha empezado a tener mayor presencia la Minería no Metálica.
El Río Frío, ese vecino que ha sido testigo de muchas de sus alegrías, han hecho fiestas, se han bañado y pescado, y hasta es motivo que desde otros lugares lleguen visitarlos para disfrutar de sus aguas.
Sin embargo, lo que fue el Río Frío hoy resulta lejano, desde finales de los noventa se conocen las concesiones para la extracción del material en este río. Situación que ha venido intensificándose cada vez más, al reconocer el buen negocio que puede significar para unos pocos amparados por la institucionalidad municipal.
Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, participando del Programa Voces y Política de Radio Universidad comento “El Río Frío es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a poco”.
En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.”
Esta actividad extractiva de materiales del río no sólo cambia su curso y afecta su caudal, sino que también genera procesos de erosión en las riberas y la sedimentación del mismo. La agudización de estos efectos nos lleva a diversos daños ambientales, como el rompimiento de los ciclos de reproducción de muchas especias o la agudización de los efectos de los fenómenos naturales cuando vemos las crecidas del río y las inundaciones.
Muchas personas que son vecinas dan testimonio de las afectaciones, pero también recuerdan la belleza e importancia que ha tenido para sus vidas, por esta razón es un río que resiste al abandono de la institucionalidad que procura seguir explotándolo, porque como nos recuerdan estas mismas personas a pesar del daño que ya muestra, sigue teniendo visitación y sigue alegrando la vida, por esta razón lo defienden y siguen señalando que estamos a tiempo de salvarlo.
Además de esto, ¿Qué pasa con la vida comunitaria? Sucede algo, en el territorio se da la erosión de la calidad de vida, que ven cómo sus espacios de encuentro e intercambio empiezan a desaparecer, ¿a dónde quedaron las pozas? ¿dónde quedaron las corrientes del agua? ¿a dónde vamos después de la escuela? Es decir ¿a dónde van a ir a disfrutar?
Mas información entrevistas, video y otros apoyos en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/tag/guatuso/
Observatorio de Bienes Comunes Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y con apoyo el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Kioscos Ambientales
UCR
Comunicado de prensa
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (C.U-UNA) emitió un pronunciamiento en el que de forma contundente rechaza la lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.
Para los concejales de la UNA, el impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.
Según lo expresado en el acuerdo UNA-SCU-ACUE-146-2023, es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales.
Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.
Acuerdo completo:
TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO
UNA-SCU-ACUE-146-2023
18 de mayo de 2023
Señores
Comunidad Universitaria y Nacional
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo 2, inciso 2.1 de la sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2023, acta no 24-2023, que dice:
PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN RECHAZO AL ACUERDO N.° AJDIP/507-2023: LISTA DE ESPECIES DE PECES Y CRUSTÁCEOS DE AGUA DULCE Y DE INTERÉS ACUÍCOLA EN LAS AGUAS CONTINENTALES, COSTERAS Y OCEÁNICAS, DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA.
La Constitución Política de Costa Rica establece, en el artículo 50, la obligación del Estado de garantizar, defender y preservar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado como derecho fundamental de la ciudadanía costarricense.
Reconociendo la vital importancia del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) como institución reguladora de las actividades pesqueras en Costa Rica, tiene la responsabilidad estatal de evitar un impacto negativo en los ecosistemas marítimos costarricenses y sus especies; por consiguiente, resulta fundamental que sus decisiones estén basadas en criterios científicos, técnicos y comprobados que no vulneran su función.
El acuerdo n.° AJDIP/507-2023: Lista de especies de peces y crustáceos de agua dulce y de interés acuícola en las aguas continentales, costeras y oceánicas, donde Incopesca incrementa de 34 a 234 las especies comercialmente explotables e incorpora iguanas, tortugas verdes de orejas rojas y amarillas, y hasta especies en peligro de extinción como el pez sierra, entre otras.
El impacto ambiental que representa esta decisión, al incluir especies silvestres que incluso se deben declarar bajo protección, además de agregar especies que ni siquiera se encuentran en Costa Rica, representa una preocupación inminente ante la posibilidad de un interés por abrir el mercado de comercialización e intercambio de especies.
El criterio enviado por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional, las escuelas de Biología de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia y la Carrera de Ingeniería en Acuicultura de la Universidad Técnica Nacional, el 8 de mayo de 2023, donde manifiestan que:
Es evidente el riesgo y la amenaza que afecta de forma directa a las poblaciones de flora y fauna de nuestro país, las cuales representan la mayor densidad de biodiversidad del mundo; es irresponsable el actuar de una institución como Incopesca, pues deja claro que se está anteponiendo los intereses comerciales por encima del resguardo de los recursos naturales de Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país verde y amigable, y sus especies representan un 4% de las del planeta; es un retroceso en materia ambiental y una vileza a la lucha de décadas en conservación que tiene la sociedad costarricense en pro de la protección del ambiente y animales. Por consiguiente, es importante recordar que atravesamos una crisis climática que está devastando el planeta y el mercado es el principal culpable, ante esto como país debemos comprender que urgen políticas para proteger el ambiente y combatir la crisis en beneficio de todos los costarricenses y la humanidad.
Con base en los argumentos expuestos, nos unimos al rechazo categórico de haber formulado un acuerdo carente de criterios especializados en el tema. A su vez, hacemos un llamado al Incopesca para que valore la importancia de considerar lo establecido por estas instancias y reflexione sobre la urgencia y la obligación de preservar nuestras especies, ecosistemas y ambiente en medio de las amenazas por la crisis climática y el mercado.
Reiterar que la experticia de las universidades públicas está al servicio del país, por tanto invitamos al Poder Ejecutivo y sus instituciones a aprovechar el conocimiento especializado que se desarrolla en estas, en donde la docencia, la investigación, la extensión y la producción científica genera productos de destacado valor, los cuales podrían servir de sustento científico riguroso para las iniciativas y sus acuerdos.
Atentamente,
Dra. Jeannette Valverde Chaves
Presidenta del Consejo Universitario
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica
