Según informa “El Norte Hoy”, tres piñeras de la zona de San Carlos impiden el ingreso de agentes de salud para medir el grado de contaminación de cada una de sus fincas.
Ante tal negativa, la Ministra de Salud Joselyn Chacón manifestó que enviarán un recurso solicitando a los magistrados que autoricen el ingreso a las respectivas fincas para colocar los equipos de medición de contaminantes correspondientes, «para garantizar la salud de los trabajadores y comunidades cercanas a las fincas».
Información del Ministerio indica que las empresas son: Agrícola Industrial La Lydia Sociedad Anónima, Agroindustrial Piñas Del Bosque Sociedad Anónima y Fruitpoint Costa Rica Sociedad De Responsabilidad Limitada.
Compartido con SURCOS por Gerardo Castillo Hernández.
El pasado martes 23 de agosto del año en curso (2022), la señora Marta Castro, en su condición de presidente del colectivo COVIRENAS Caribe Sur, Puerto Viejo, remitió al señor Yonder Andrey Salas Durán, diputado de la República, un comunicado en el que se le insta a explicar lo que, a juicio del señor diputado, significa la palabra terroristas, ya que en durante la comparecencia de los señores Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y Energía (MINAE) y Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), ante la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, este indicó que “en la provincia de Limón hay un montón de terroristas”.
De igual forma, se le instó a la Comisión de Limón, que preside en supra mencionado señor Diputado, reconocer la importancia de la protección de la naturaleza existente en la provincia de Limón, como lo son los humedales, pues ello es de gran atractivo turístico y las autoridades deberían proteger este generador de recursos económicos, además de que dicha protección brinda a la vez seguridad para las personas habitantes en la región.
Ante esto, la señora María Elena Fournier, presidente de la Asociación Conservacionista YISKI, expresó su apoyo al comunicado del colectivo COVIRENAS del Caribe Sur, y añadió que no es posible que se trate de mala manera a las personas que luchan por la defensa del medio ambiente, quienes están amparadas por el artículo 50 y otros constitucionales, así como en la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio RAMSAR, convenios internacionales de protección a la biodiversidad, el Convenio OIT 169, y otro, e igualmente, aprovechó para demandar sanciones al previamente citado Diputado de la República, y a todas las personas que comparten “esta lamentable opinión” sobre quienes protegen el medio ambiente.
A este apoyo se sumó el señor Nicolás Boeglin, abogado experto en materia ambiental y profesor de la Universidad de Costa Rica, acotando que, si los diputados y diputadas y altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de influenciarse por las cámaras empresariales y sus expertos, se tendría ya el Acuerdo de Escazú aprobado y vigente para Costa Rica.
En este mismo orden de ideas, el señor Boeglin destacó que, el hecho de que Costa Rica no sea Estado parte del Acuerdo de Escazú, no impide su avance normativo como tratado internacional vigente, más aún cuando fue uno de los promotores, junto con Chile, de dicho acuerdo.
Finalmente, ante las muestras de apoyo expresadas hacia la nota inicial, el colectivo COVIRENAS del Caribe Sur reiteró en la discusión el importante atraso de Costa Rica en la lucha contra el medio ambiente, y que, en lugar de esa, se ha dado paso a una explotación turística insostenible, tal que así, “pareciera que el único verde que tiene Costa Rica son los dólares” – manifestó en su mensaje la señora Marta Castro.
El pasado lunes 29 de agosto del año en curso (2022), la señora María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, remitió al señor ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach y al director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Rafael Gutiérrez, un mensaje denunciando las ofensas y amenazas hacia las personas conservacionistas que se preocupan por la salud medioambiental del país. Su mensaje fue el siguiente:
Es lo mismo de siempre, ofender, amenazar, insultar a las personas, ONG que se preocupan, ocupan por el bienestar y que cuando tocan intereses de personas desarrolladores en lugares dónde no deben, por lógica, no se debe de construir, por ejemplo Zona Marítimo Terrestre, ZMT, humedales, dónde además llegan las aves migratorias a pasar los inviernos crudos del norte, los que nos protegen en el caso de tsunamis, alimento a muchas especies que viven en los humedales, bosques costeros, yolillales, arrecifes coralinos, etc.
Mismos que han utilizado en el pasado, el añejo argumento que es para el desarrollo de las pobres comunidades afrodescendientes, cuando en el REGAMA estas familias han vendido y ya no viven ahí, viven en los alrededores y lo que vemos son más extranjeros y meseteños, como los que nos ocupan.
Observamos una gran ignorancia de parte de personas que defienden, sin conocer la realidad de una zona que ha estado en conflicto siempre por, justamente, lo que nos lleva a este problema y son los mismos de siempre y más.
La escritora Anacristina Rossi acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro, su nueva impresión de la famosa novela, ¡escrita hace 30 años!: La loca de Gandoca, justamente sobre la eterna problemática del Refugio Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, REGAMA, la corrupción de las instituciones del Estado, la persecución de quiénes defienden el ambiente, etc., independientemente de un documento que no está «certificado» que protege los humedales, pero con o sin él, tenemos un marco legal que debemos de respetar y si quieren cambiar las leyes estos y estas desarrolladoras de siempre, pues que presenten proyectos de ley en ese sentido, pero los Tratados internacionales y Leyes ambientales están para respetarse y cumplirse.
Por cierto, en ese espacio de la presentación de la nueva impresión de La Loca de Gandoca, se denunció lo que sucede en el REGAMA, se denuncia lo que el SINAC-ACLAC-MINAE no han hecho para proteger este sitio único y que este video está siendo difundido a nivel nacional e internacional, muchos puntos menos para las y los políticos que aspiran a premios internacionales para el país verde: Costa Rica.
Apoyo lo que dijo Marco Levy en la presentación del libro y es que necesitamos más educación ambiental de parte del SINAC-MINAE-ACLAC, ACTO (pero ya no tienen recursos…), MEP, no sólo de universidades públicas o ONG, es hora de acatar y proteger verdaderamente lo que la Constitución Política, las leyes que protegen la biodiversidad, los Convenios Internacionales hemos firmado y ratificado y lo que está por firmar y ratificar como el Acuerdo de Escazú y en lugar de ponerse, señor ministro Tattenbach, a defender a los y las usurpadores en nombre de la gente pobre de Limón.
Les pregunto señor Ministro Tattenbach y señor viceministro Gutiérrez:
¿Están ustedes a favor de la implementación, ejecución y respeto de la normativa legal ambiental y de los Convenios Internacionales como RAMSAR, en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, REGAMA, sí o no?
¿Están ustedes a favor de la forma en que diputados como el señor Yonder Salas- (y que callan otros diputados-as y que se vuelven cómplices)- se refiere con los términos muy graves: «hay un montón de terroristas», a un sector de la población que parece no gustarle al diputado Salas, que defiende muy bien a las y los desarrolladores, no para los pobres sino para los ricos?
Esperamos su respuesta en los 10 días hábiles que nos da la Constitución Política, ya que parece ser una costumbre de ustedes no responder a las y los ciudadanos responsables que hacemos el trabajo que le corresponde al SINAC-MINAE entre otros.
De parte del Colectivo Agroecológico Zurquí se le invita este sábado 3 de septiembre a la Feria Agroecológica “Cosechando bienestar”, en el salón comunal de la X2, en San Isidro de Heredia.
La Feria contará con:
-Un Food Court con deliciosas comidas y reposterías convencionales y veganas.
– Música y actividades lúdicas para la familia. Vendrán en concierto artistas invitados como José David Hdz, Walter Benavidez, Oscar Espinoza y Felipe Vaga y la entrada será completamente libre.
-Venta de productos orgánicos y amigables con el medio ambiente, artesanías. Se contará con la participación de los productos de KALMA de donde se resaltan artesanías hechas con las técnicas de Alambrismo y Resina.
– Yoga, macrobiótica, cosmética natural y más. Las clases de Acroyoga serán de 10:30 a.m. a 12 m.d. y las de yoga de 2:00 p.m. a 3:00 p.m. con la participación de Kala Yoga
– Una caminata rural con la ayuda de Baketso Caminatas la cual empieza a las 7:30 a.m. y tendrá un costo de 2500 colones por persona (reservaciones al 8796 4215). La salida será en el salón comunal X2, San Isidro de Heredia.
La Fundación-Friedrich-Ebert (FES), en conjunto con el Despacho de la Sra. Diputada Montserrat Ruiz Guevara y el Despacho del Diputado Danny Vargas Serrano, le invitan al Foro Público “Ciudad Sostenible en Costa Rica – Distrito Comercial Borbón”, a realizarse el miércoles 7 de setiembre de 2022 a las 5:30 p.m.
El evento se enfocará en la propuesta del Distrito Comercial Borbón, pero también en el potencial y la contribución de esta actividad hacia la transformación de la Ciudad de San José.
Si desea ser parte del foro en el siguiente enlace puede inscribirse (fecha límite de registro 05/09/2022):
Sala Primera anula fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que dejó desprotegido a este humedal
(Bloque Verde, 1 de septiembre 2022) Entre los límites de Alajuela y Heredia sobrevive un ecosistema de humedal en la urbanización La Ribera, conocida como Joaquín Chaves, donde es posible observar una porción de paisaje de lirios acuáticos, heliotropos, garzas y anfibios típicos de estos valiosos e importantes ecosistemas próximos al Aeropuerto Juan Santa María. Desde hace más de 20 años existe un grupo de vecinos, organizados en el Comité Ecológico Urbanización La Ribera, inició una lucha para protegerlo ante la eventual amenaza de que fuera secado y relleno (Periódico el Guacho, 2019).
Los magistrados de la Sala Primera emitieron una importante resolución 000191-F-S1-2022 reiniciar desde cero el proceso en el Contencioso donde se busca anular los permisos de construcción que se dieron de forma presuntamente ilegal, por la Municipalidad de Belén durante la primera década del 2000. Con esto ordenan en el nuevo proceso con la presencia activa como parte litigante en defensa del humedal al Estado mediante la Procuraduría General de la República y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.
El regidor Ulises Araya Chaves de la Municipalidad de Belén aseguró: “es una gran noticia. La razón siempre estuvo de nuestro lado cuando pedimos que como Municipalidad teníamos que ir a impugnar ese fallo del 2020 que dejaba sin protección al humedal. Lamentablemente por seguir una recomendación errónea de la dirección jurídica, en su momento el Concejo Municipal por voto 3 a 2 desistió de impugnar el fallo y aceptó los alcances del mismo”. Para el regidor que también es parte del Comité Pro Defensa del Ojo de Agua: “Afortunadamente para el humedal, el abogado del Estado si apeló el fallo y hoy esa apelación fue dada con lugar. Todo comienza de nuevo, pero ahora con la presencia activa de la Procuraduría general de la República, y el SINAC. No habrá quite, esos permisos de construcción ilegales tendrán que ser anulados”, argumentó Araya Chaves.
La lucha de las y los vecinos ha sido para delimitar el humedal y evitar la desaparición del ecosistema con nuevos proyectos urbanísticos. Varios estudios técnicos y oficiales señalan la importancia del sitio. Por esto la Municipalidad solicitó al Programa Nacional de Humedales del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) que definiera, según criterio técnico, la existencia y la delimitación del humedal. Lo cual ha generado distintos criterios encontrados sobre el área de protección del humedal. En uno de los estudios realizados por el ingeniero Gunther Shchosinsky definió el humedal como lacustrino (lagos y lagunas temporales que aparecen en época lluviosa y se encuentran delimitados) y cuenta con un área de protección de mínima de 17438 m2, que fue avalada por una resolución del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA). En 2007, SENARA mencionó que en el pasado la zona fue un lago, según una interpretación realizada con fotografías aéreas de 1976 y, en el 2008, la demarcación de esta área fue validada por el Instituto Geográfico Nacional. A pesar de dicha resolución, el MINAE emitió un criterio contrario en el 2008, argumentando que la existencia del humedal no se debe a un lago, sino a la elevación del nivel freático (el nivel del suelo donde está saturado de agua subterránea). Por lo que recomendó un área de protección de 15 metros a la redonda. “La existencia de estos dos criterios son los que nos han impedido delimitar el área de protección que debe respetarse (Periódico El Guacho, 2019).
Este 23 de agosto de 2022, Marta Castro, integrante de Covirena, Caribe Sur, Puerto Viejo, le escribió al diputado del Partido Nueva República y presidente de la Comisión Caribe Limón, señor Yonder Andrey Salas Durán expresando su descontento por los términos que utilizó en una sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa. Le escribe el siguiente mensaje:
“Estimado señor
Reciba un saludo de los Inspectores Ambientales Ad-Honorem del comité de COVIRENAS del Caribe Sur.
El pasado jueves 18 de agosto en la sesión de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron presentes los señores Franz Tattenbach ministro del Minae, Rafael Gutiérrez viceministro del Minae y director ejecutivo del SINAC, así como el director del ACLAC Mario Cerdas y varios funcionarios, usted hizo referencia a que en la provincia de Limón “hay un montón de terroristas”. (adjunto audio).
A través de este medio le solicitamos defina la palabra “terrorista”, según el uso que Usted le dio, así como, explique a quiénes se refiere exactamente con montón de terroristas.
Como dijo la diputada Alfaro de esta misma Comisión, el problema de la pobreza en Limón ´´no es causado por el ambiente´´
La riqueza natural de la zona con sus aguas color turquesa y hermosos bosques costeros, atraen gran cantidad de turismo, razón por la cual se debería estar protegiendo este generador de recursos económicos.
El cambio climático y la erosión costera son dos grandes amenazas para la costa caribeña. Ejemplo de esto se puede constatar en el Parque Nacional Cahuita, sector Puerto Vargas donde la zona de acampar desapareció hace ya varios años y donde el sendero dentro del Parque Nacional Cahuita se ha tenido que mover de lugar varias veces, ya que esta erosión se ha venido intensificando en los últimos años.
Estos importantes factores deberían ser tomados en cuenta por esta Comisión y reconocer que el valioso documento de humedales, elaborado por técnicos especialistas del SINAC-MINAE, en lugar de obstaculizar proyectos de desarrollo para la zona del Caribe Sur, están protegiendo vidas humanas de factores climáticos extremos, ya que los humedales son esponjas naturales que absorben enormes cantidades de agua, lo que los convierte en protectores contra huracanes, tormentas, altas mareas etc.
Ni que decir sobre la fijación de carbono que sucede en los humedales, lo cual los convierte en mitigadores de la emergencia climática que vivimos.
Si no se respetan estos humedales, esas mismas construcciones y ese desarrollo que tanto se quiere explotar, se convertirá en una pérdida de dinero y peor aún de vidas humanas. (adjunto imagen)
Adjunto varias fotografías de las últimas tormentas ocurridas en el Caribe Sur donde encallaron dos embarcaciones, así como caída de árboles, inundaciones etc.
¿Tendrá entonces el Estado que indemnizar a estas personas?
¿No sería mejor que este tipo de desarrollo se edifique en lugares seguros ´?
Finalmente nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia de los Humedales y el valor de la ecología para la vida humana”
Ante este correo que también fue recibido por Maria Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, ella comparte el descontento de Covirenas del Caribe Sur, respondiendo lo siguiente:
“Buenas tardes, señoras y señores, Diputados del Comité de Ética:
Apoyamos en todos sus extremos esta misiva de denuncia que hacen los COVIRENAS del Caribe sur.
No es posible, que a estas alturas se trate de esta manera a las personas que luchan para la defensa de la Constitución Política (Art. 50 y otros), defensa del marco legal socio ambiental, Derechos Humanos, Convenio RAMSAR, Convenios internacionales de protección a la Biodiversidad, Convenio OIT 169, entre muchos otros.
O sea, no tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y mucho menos defender lo que todas y todos deberíamos de estar defendiendo y no un pequeño, pero valiente y fuerte grupo de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la Madre Tierra.
Esperamos sanciones al diputado Yonder Salas y a todos y todas que comparten esta lamentable opinión, no es la primera vez que se da este tipo de insultos a la dignidad de las personas desde la Asamblea Legislativa, recordamos el caso del exdiputado de Limón Patterson del PAC, que fue muy lamentable, merecemos mucho respeto y apoyo, estamos trabajando, en forma voluntaria desde hace años, para la sobrevivencia de sus propias generaciones y de la biodiversidad.
Justamente por esto es que queremos que Costa Rica, ustedes señoras y señores diputados, ratifiquen y firmen el Acuerdo de Escazú, para poder llevar a los tribunales internacionales este tipo de agresiones contra la dignidad y derechos básicos humanos de las y los que luchamos para que se haga valer el Artículo 50 de nuestra Constitución, se respete toda forma de Vida, respeto a la libertad de expresión y acción, entre otros.
En espera de la respuesta del Comité de Ética de la Asamblea Legislativa y conocer qué tipo de sanción van a aplicar al diputado Yonder Salas de la provincia de Limón.”
Ante esta situación, el profesor de Derecho de la UCR Nicolas Boeglin externa la siguiente crítica a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo con este mensaje:
“Si nuestros diputados/as y algunos altos funcionarios del Poder Ejecutivo dejaran de dejarse influenciar por las cámaras empresariales y sus «expertos», tendríamos desde hace algunos años un Acuerdo de Escazú vigente y Costa Rica luciéndose ante la región y el mundo como indiscutible líder en materia de derechos humanos y de ambiente.
Como no lo tenemos, pues no queda más que remitirles un poco de lectura sobre el contenido del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú que fue una propuesta inicial de Costa Rica, Chile, Perú y Panamá en las negociaciones, y que quedó plasmada en el texto definitivo de la siguiente manera ( en rojo el subrayado es nuestro) en el Acuerdo de Escazú:
Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales
Cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
Cada Parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos su derecho a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derecho a circular libremente, así como su capacidad para ejercer los derechos de acceso, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de dicha Parte en el ámbito de los derechos humanos, sus principios constitucionales y los elementos básicos de su sistema jurídico.
Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.
El hecho que Costa Rica no sea Estado Parte al Acuerdo de Escazú no impide su avance normativo como tratado internacional vigente: al respecto, les comparto la guía de implementación del Acuerdo de Escazú adoptada en marzo del 2022 durante la primera Conferencia de Estados Parte (COP) realizada en Chile.
Como se recordará, Chile y Costa Rica lideraron las negociaciones durante más de 5 años y medio, que culminaron en Escazú el 4 de marzo del 2018. Nótese que la segunda COP prevista para el 2024 se realizará también en Chile, dado que Costa Rica no es Estado Parte:
En pp. 143 y ss se explica el alcance del Artículo 9 precitado, y se detalla cómo implementar el Artículo 9, sea un Estado Parte o no Parte al Acuerdo de Escazú.
¿Podrían inspirarse (un poco) nuestros/as legisladores desde ya para que expresiones como las usadas por este diputado y otras expresiones usadas en otros espacios tendientes a estigmatizar y a incitar el odio contra quienes defienden el ambiente sean repudiadas y sancionadas de una u otra manera por el ordenamiento jurídico vigente costarricense?”
El próximo miércoles 31 de agosto a las 5:30 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Educación – UCR, tendrá lugar el lanzamiento de la tercera temporada de la serie Entramarnos de Quince-UCR, «RIOS: memoria que fluye».
Esta es una serie documental popular en clave de “memoria histórica y afectiva” que retrata procesos y movilizaciones en defensa del agua y de la vida en comunidades del Pacífico Central y el Pacífico Sur de Costa Rica. Presenta reflexiones y vivencias comunitarias de personas defensoras que reconocen la importancia de las aguas y los ríos para el bien común, la vida de los pueblos y los ecosistemas. Y sobre todo enfatiza en la articulación de luchas y resistencias necesarias para poner un alto a la expansión de megaproyectos y políticas neoliberales extractivas y explotadoras que amenazan nuestros territorios. ¡Les esperamos!
Compartido con SURCOS por Dylanna Rodríguez-Muñoz.
El pasado 24 de agosto, la señora Rebecca Ramírez Fernández, del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entrevistó al señor Nicolás Boeglin Naumovic, doctor en derecho y profesor de la Universidad de Costa Rica, con respecto a la obra “La loca de Gandoca”, novela escrita por Anacristina Rossi, que en este 2022 cumple 30 años de ser publicada.
Al señor Boeglin se le consultó si el conocimiento del texto se ha traducido en un impacto verdadero en las luchas ambientalistas que se han desarrollado en el país, tras lo cual explicó que, el texto de Anacristina Rossi marca un hito en la literatura costarricense, pues fue la primera vez que un autor dedicó una novela a explicar una lucha ambiental, de manera que, cuando se lee, muchas personas pueden sentirse identificadas y sospechar de contubernios entre las autoridades, nacionales y locales, y los empresarios que buscan desacreditar la lucha ambiental. Por ello es un texto que reúne a las personas e identifica con la lucha social y ambiental.
Además, recalcó que el libro tuvo la suerte de haber sido publicado en el año 1992, cuando se dio la Declaración de Río sobre el Medioambiente y el Desarrollo, que es el primer texto que propone herramientas legales para aplicar un derecho ambiental. Esta declaración tuvo un impacto severo en el país, a tal punto que, en el año 1995, se adoptó una Ley Orgánica del Ambiente y a su vez, promovió la reforma constitucional que originó el artículo 50 actual de la Constitución Política.
Por otra parte, el libro marca una época e inicia una lucha de todos los sectores ecologistas en el país. Incluso hoy en día, se puede ver esta lucha con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, que es de vital importancia para Costa Rica pero las cámaras empresariales se oponen a él.
Finalmente, comentó el señor Boeglin que la literatura tiene la “magia que llega a todos los sectores”, además, al formar parte del programa del Ministerio de Educación Pública (MEP), se tiene la garantía de que todas las personas que se gradúen en el sector educativo público deban leer la novela y, por ende, conocerla, así como enterarse de las luchas por la defensa del medio ambiente.
El TEC demuestra haber mantenido una condición de carbono neutral de 2018 a 2022; la verificación ha sido por parte del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, debido a sus prácticas e inversiones en pos de disminuir su huella ecológica como universidad.
