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Segregaciones y segmentaciones que si se ven. ¿Y las que no?

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En 2022 la zona pacífica costarricense sufrió constantes embestidas de mal tiempo durante el invierno. Fueron frecuentes las inundaciones, deslizamientos y desplazamientos de población afectada por las dinámicas de eventos naturales que, aunados a la mala planificación territorial, el extractivismo y la rampante actividad económica, convergen en el impacto y la vulnerabilizacion para amplios sectores de población.

La antesala de lo ocurrido hace unos días en Punta Leona, zona ubicada justamente en el Pacífico central costarricense, debe ubicarse en ese contexto previo. El deslizamiento de construcciones ubicadas prácticamente en acantilados debe llamar la atención sobre la intervención técnica y política requirida en contextos sociales, económicos y culturales caracterizados por el cambio y la transición. 

El enfoque de la gestión del riego no es un asunto meramente teórico. Es determinante para trabajar procesos de prevención, participación comunitaria y y una intervención viva y horizontal con las poblaciones.

Hace unos años trabajamos en los inicios de un proyecto sobre migración ambiental en Costa Rica. Visitamos la comunidad de Calle Lajas en Escazú, en el centro de la capital, devastada por una cabeza de agua que una noche de intensas lluvias mató 25 personas debido a un feroz deslizamiento. Las personas sobrevivientes fueron reubicadas en un terreno cercano al que le denominaron Lajas Compartir.

Los testimonios recogidos en esas primeras visitas de campo nos asombraron no solo porque los recuerdos de esa noche estaban presentes sino porque la realidad de un desplazamiento es quizá de las experiencias más duras que una persona y una comunidad pueden experimentar.

En Costa Rica, bajo una mirada analítica que aborda la segmentación, la segregación y la desintegración social, sabemos qué hay cientos de territorios desconectados y al borde de la tragedia.

Esos territorios no se ven porque justamente están segregados, pero contienen en sí mismos el riesgo latente de nuevas tragedias socio ambientales si la acción de planificación local y la participación comunitaria no accionan ya estrategias para mitigar los impactos que se avecinan en los próximos inviernos.

La discusión de fondo sobre lo acontecido en Punta Leona recientemente en construcciones notablemente visibles y expuestas al ojo mediático, no solo debería expresar variables sociales o categorías despectivas. Eso es tema para otra columna.

De fondo y de por medio se debe puntualizar la desidia política sobre el territorio y lo que es más grave, sobre las poblaciones que lo habitan. Eso es lo urgente.

Microcápsula sobre racismo ambiental

El proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo, de la mano con el Observatorio para la Acción contra el Racismo, explican que el racismo ambiental es una discriminación estructurada dentro de las políticas ambientales hacia ciertos grupos sociales, pero también tiene un efecto interseccional impactando en las cuestiones de género e identidad sexual, por mencionar algunas.

Esta microcápsula fue elaborada con el material presentado en el programa de radio Saber Vivir 870 AM UCR 2022. Puede ver el vídeo con la información completa en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/reel/CnxsxFsr1RM/?igshid=NDdhMjNiZDg= 

Créditos de las comentaristas del programa de radio Saber Vivir 870 AM: «Conversando sobre el racismo ambiental»:

  • Pamela Cunnigham, afrofemninista fundadora de Costa Rica Afro.
  • Valeria Montoya, del programa Kioscos ambientales de la UCR.

Créditos del video, estudiantes del TCU:

  • María Fernanda Hidalgo Quirós
  • Miriana Lucía Guerrero Dinarte
  • Abigail Zepeda Castillo
  • Luis Alejandro Fernández Bonilla
  • Ignacio Ampiee Mata

Puntaleona y los dobles estándares ambientales*

Duele la tragedia ajena. Pero hay que decirlo: mientras a decenas de miles de pescadores y posesionarios se les echa de terrenos de playa— por aplicación de los 200 metros de la Ley #6043 y el Patrimonio Forestal de la Ley # 7575– terrenos en los cuales han vivido muchas décadas, o hasta más de un siglo (como el caso de los nativos de Cahuita o Puerto Viejo) o se les niegan sus concesiones, parece que algunas municipalidades tienen dobles estándares y sí permiten urbanizaciones de lujo que están, literalmente, pegadas al mar, violando todas las normas.

El video y las fotos de esas casas derrumbándose (literalmente a 10 o 20 metros en línea horizontal de la pleamar) indica que hubo corrupción en algún lado. ¿Cómo autorizó la Municipalidad esos permisos de construcción? ¿Cómo se obtuvieron los visados del MINAE? ¿Los de SETENA? ¿Cómo se saltaron los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre? ¿Cómo se saltaron el PNM (Patrimonio Natural del Estado) cuando es una montaña arbolada?

Duele mucho más percatarse de que hay dos Costa Ricas. Una que aplica la ley draconianamente a la mayoría de los ciudadanos, a quienes se persigue legalmente, se les expulsa o se les niega concesiones en sus terrenos de toda la vida, y otra Costa Rica que se pone una venda en los ojos y permite hacer de todo a los desarrolladores turísticos e inversores de lujo.

*Texto de Jaime Ordóñez compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón y Marco Palma Leiva.

Recurso de Amparo contra ministro de Ambiente -CONCEVERDE

COMUNICADO

Ante la desidia del Ministerio de Ambiente, se presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en contra del ministro por no haber llevado a cabo el Ministerio acciones para recuperar los terrenos que son propiedad del Estado, de acuerdo con la Ley 65 promulgada el 30 de julio de 1888, que declaró desde esa fecha, terrenos inalienables miles de hectáreas para proteger el agua de los habitantes del Valle Central.

¿Será que nuestros antepasados del siglo XIX tenían mayor sabiduría que se interesaron en proteger el recurso hídrico, o eran menos proclives a ceder ante intereses particulares que los gobernantes actuales?

Ya la Sala Constitucional había ordenado en el 2008 al MINAE en resguardo del ambiente, llevar a cabo acciones para recuperar los terrenos de la zona inalienable que se encuentran en manos de particulares, no obstante, a la fecha de hoy, 14 años después de la resolución judicial, ese Ministerio no ha recuperado terreno alguno, lo que ha obligado por medio de solicitud de amparo, recurrir de nuevo ante ese tribunal en resguardo de un derecho sano y ecológicamente equilibrado.

Suscribe este comunicado;
José Francisco Alfaro C

Compartimos los documentos para mayor detalle:

¡Que no se archive Escazú!

Mediante un formulario, organizaciones, colectivos o agrupaciones e individuos suscriben carta a diputados y diputadas que pretende hacer un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que favorezcan una discusión acerca del Acuerdo de Escazú, sana, abierta y basada en evidencia, voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente, mantengan en la corriente legislativa dicho expediente y ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.

Se puede firmar en el siguiente enlace: https://forms.gle/mzEkUqJodLZLX2Yb7 

Hasta ahora hay más de 165 firmas entre ONGs, agrupaciones de sociedad civil y personas a nivel individual. En este enlace puede verlo: https://larutadelclima.org/revivamos-escazu-carta-a-diputaciones/ 

Obligación ética y ambiental de Costa Rica de ratificar el Acuerdo de Escazú

Consideramos:

1) La extrema gravedad de la crisis ambiental que hoy la humanidad enfrenta, la cual se manifiesta tanto en el cambio climático, con todas las devastaciones que éste acarrea, como en la extinción masiva de especies animales y vegetales. Obliga invocar el derecho constitucional de un Estado Participativo, como lo establece nuestra constitución política en la gran reforma del 2003, en su Artículo 9.

2) Estamos ante una crisis socio ambiental civilizatoria multidimensional provocada por modelos de desarrollo y estilos de vida que amenazan la base natural, por consiguiente, afectan los factores de producción y las relaciones sociales. El creciente deterioro ambiental ha generado un desequilibrio que repercute en el surgimiento de pandemias, desastres antrópicos con efectos naturales y humanos que ponen en riesgo la vida en la Tierra.

3) Con el amparo de la Constitución Política de la República de Costa Rica toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo cual, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado (Artículo 50). El ambiente y la ecología del país deben primar sobre la explotación descontrolada de los recursos naturales y de los denominados comunes globales de la tierra, aguas y el aire, en todo el territorio nacional incluido el territorio marítimo.

4) La Ley Orgánica del Ambiente N° 7554 (Artículo 6) le delega al Estado el fomento de la participación activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y en la protección del ambiente.

5) Que el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, es el fruto de una iniciativa que surgió originalmente durante la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (Río+20), en junio de 2012. Fue impulsado por la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), y cristalizó después de un proceso de diálogo y negociación entre los países latinoamericanos, el cual fue liderado por nuestro país en conjunto con Chile.

6) Que el acuerdo ha sido firmado por 24 países, incluida Costa Rica, pero paradójicamente y contradictoriamente nuestro país no forma parte del grupo de 14 países que ya lo ratificaron.

7) El Acuerdo de Escazú tiene como objeto “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, lo cual es congruente con la normativa nacional e ideales de sostenibilidad socioambiental y defensa de los derechos humanos.

8) Que hoy es urgente democratizar la información sobre temas ambientales, propiciar la más amplia educación ciudadana sobre esos asuntos, garantizar mecanismos confiables y transparentes en materia de justicia ambiental, y proteger la vida, y la integridad física y emocional, de quienes se organizan y se expresan a favor del medio ambiente y la naturaleza y por los derechos de la población a un ambiente limpio y saludable, teniendo presente que sus vidas enfrentan múltiples amenazas.

9) Que todas los anteriormente citados son objetivos que animan este Acuerdo de Escazú.

10) Que Costa Rica ha ganado prestigio internacional como un país verde, comprometido con el cuido del medio ambiente y la convivencia respetuosa y equilibrada con la naturaleza.

Por lo tanto, expresamos:

  1. Formular una respetuosa y muy vehemente excitativa a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que, a la mayor brevedad posible, ratifiquen el Acuerdo de Escazú, en bien de nuestra imagen internacional como país comprometido con la naturaleza, y a fin de introducir mejores dispositivos institucionales y regulatorios, que protejan la naturaleza y la vida.
  2. Dar seguimiento a la presente petición para una oportuna respuesta, coordinando con el movimiento social nacional e internacional, sean organizaciones gremiales, ecologistas, comunales, ONGs y autoridades académicas, con el fin, de ser necesario, poder concretar diferentes acciones en caso de una respuesta negativa.
  3. Publicar este manifiesto por las redes sociales y los diferentes medios de comunicación masiva.

   San José, Costa Rica, 30 de enero del 2023.

Mujeres por Costa Rica suscribe llamado para mantener en corriente legislativa el proyecto Acuerdo de Escazú

El Colectivo Mujeres por Costa Rica suscribe la carta de solicitud a los señores diputados y diputadas para mantener en la corriente legislativa el proyecto conocido como Acuerdo de Escazú.

Lunes 30 de enero de 2023

Señoras/es diputadas/os

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Asunto: Expediente legislativo N° 21.245.

Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.

Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, «Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.

Como es sabido por ustedes,

En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante   participación de la sociedad civil.

En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.

Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.

En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.

Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:

Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.

Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.

Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.

Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo con nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).

Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.

Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.

Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.

Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.

Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:

Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.

Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.

Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.

Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.

Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre

José Luis Pacheco Murillo

Cada 28 de enero, se celebra el Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2.

La idea, es crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y todos los seres humanos.

El calentamiento global o terrestre, es un aumento de la temperatura de manera exacerbada sobre toda la superficie de la Tierra que se ha producido a través de los años y que ha traído como consecuencia cambios climáticos, que en la mayoría de los casos ocurren por las distintas actividades humanas y que siguen afectando al medio ambiente.

Ha habido múltiples reuniones de los países industrializados en donde hay propuestas para reducir las emisiones de CO2. El acuerdo de Paris del 2005 es en el que se comprometen los países a esa reducción, sin embargo 20 países no lo han firmado y otros que lo firmaron no han hecho lo suficiente para lograr el propósito de esa reducción de las emisiones de efecto invernadero.

Muchos de esos países son los productores de petróleo y es que si algo es contaminante y afecta el cambio climático son los combustibles fósiles como todos los que se derivan del petróleo. Y se siguen fabricando millones de vehículos que utilizan dichos combustibles por lo que el lograr esas reducciones de emisiones contaminantes está lejos.

Si bien es cierto ha venido en aumento la fabricación de vehículos eléctricos sin los gobiernos o hacen lo necesario para que su adquisición sea más sencilla y menos onerosa.

Por más que los ciudadanos queramos hacer algo por evitar el calentamiento global, son los gobiernos de todos los países los llamados a impulsar las acciones determinantes para lograrlo.

Dios quiera que tomen conciencia de lo importante y necesario que es lograr disminuir el calentamiento global y dejarles a las nuevas generaciones un mundo mejor.

Plaguicidas en Costa Rica: “El agua y su cuido como bien común”

Conversatorio

El pasado miércoles 25 de enero de 2023 se realizó en la Asamblea Legislativa el conversatorio titulado, “Plaguicidas en Costa Rica: el agua y su cuido como bien común”, con un énfasis en la problemática de la contaminación producida por los plaguicidas en el agua de consumo, y sus consecuentes implicaciones para la salud humana. Tiene la finalidad de generar un espacio de diálogo y acercamiento a las posibles rutas de acción entre todos aquellos grupos y personas que tengan el compromiso de conservar y cuidar el agua, en seguimiento además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con el interés individual de conservar y mantener este recurso. 

El conversatorio fue organizado por la diputada Rosaura Méndez Gamboa en conjunto con su despacho y contó con la participación de un panel conformado por la consultora del Programa de las Naciones Unidas en Costa Rica, la Sra. Rebeca Alvarado Prado; el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Dirección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, el Sr. Ricardo Morales Vargas; el coordinador del Programa de Vigilancia para la Calidad del Agua para el Consumo Humano del Ministerio de Salud, el Sr. Alvin Badilla Mora; el coordinador del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas (LAREP) y a la vez quién es también el subdirector del Instituto Regional de Estudios de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, el Sr. Clemens Ruepert, y en representación del Frente Eco Cipreses, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez. 

La consultora Rebeca Alvarado Prado expusó y socializó las implicaciones y afecciones para la salud humana del uso de agroquímicos; enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, intoxicaciones leves o agudas, toxicidad crónica, enfermedades respiratorias, endocrinas, parkinson, cáncer de mama, de tiroides, de ovario, de pulmón, entre otros. Comenta que el diazinon, glifosato y paraquat son los principales plaguicidas causantes de las intoxicaciones; menciona que la principal profesión relacionada con las intoxicaciones son peones agrícolas, principalmente de cultivos piñeros. Recomienda y considera que a nivel país se deben de generar los mecanismos mediante los cuales se proteja a la población que trabaja y utiliza los distintos plaguicidas y hace una mención además de las implicaciones económicas para el Estado del mal uso de los plaguicidas. 

El Sr. Ricardo Morales Vargas, junto con el Sr. Alvin Badilla Mora, expusieron la problemática de los plaguicidas en el agua para el consumo humano. Señalan que el riesgo que el recurso hídrico pueda contaminarse es sumamente alto en el país. Mencionan que actualmente hay acueductos clausurados en varias zonas del país, debido a la contaminación por plaguicidas. Se señala una baja capacidad técnica para la vigilancia y monitoreo en todos los acueductos del país, ante causas técnicas y presupuestarias. Plantean retos como poca claridad en la ejecución de la ley debido a una mala interpretación de las distintas leyes en torno al tema, mejorar la gestión del riesgo a nivel institucional y la poca cantidad de muestreos que se han realizado a las fuentes hídricas, lo que no permite conocer en totalidad las zonas y poblaciones afectadas y utiliza como ejemplo los casos de la Asada de Cipreses y Santa Rosa con clausura en el abastecimiento de agua potable. 

El Sr. Clemens Ruepert menciona la importancia que tiene la ciencia y la investigación a la hora de tratar las implicaciones del uso de los plaguicidas y como forma de avanzar en beneficio de la salud y de los recursos. Además, opina que la forma de abordar la problemática es mediante la prevención. Dirige un mensaje que debe de haber mayor claridad a la hora de abordar la problemática y las implicaciones para el recurso hídrico.

Finalmente, el Sr. Fabián Pacheco Rodríguez quien representa y comparte la problemática que enfrenta la sociedad civil, en especial la zona de Cipreses, en la que mediante la organización y lucha de ciudadanos civiles han logrado avances en la mejora del agua, recursos como la interposición de recursos de amparo. Sin embargo, menciona la gran problemática no solo para la salud pública de miles de personas, sino también lo difícil y complicado de la red institucional para la resolución de la contaminación hídrica a causa de plaguicidas. Mencionó el gran daño en las fuentes hídricas en Cipreses, en las que mediante diferentes análisis se han encontrado altas moléculas contaminantes. 

Compartimos el conversatorio completo:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Llamado urgente sobre Acuerdo de Escazú por parte de la presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI

La presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, María Elena Fournier S., ha hecho un llamado urgente dirigido a CONARE para que se pronuncie respecto al Acuerdo de Escazú para que Costa Rica lo ratifique y firme, según comenta, de no hacerlo, esto sería una gran pena y vergüenza internacional enorme en caso de archivarse dicho Acuerdo en la Asamblea Legislativa.

Plantea que es un tema de derechos humanos, el ampliar y actualizar su contenido, acorde a la realidad neoliberalista o de “capitalismo salvaje” actual. Insta a no “dar la espalda” como se hizo anteriormente ante el “combo fiscal” en la que no se dio respaldo a los y las docentes. Según comenta, “la Patria nos llama, es responsabilidad constitucional, nuestra también”.

Destacar además que la presidenta de dicha Asociación ha hecho llamados anteriores dirigidos hacia las y los diputados, y hacia el ministro de Ambiente y Energía (MINAE) a darle la importancia que el proyecto del Acuerdo de Escazú requiere, y sus implicaciones para el país.

 

Información compartida con SURCOS por María Elena Fournier S.