COMUNICADO PÚBLICO Plan de Ordenamiento Territorial Pérez Zeledón
La Asociación Montaña Verde ve con expectativa el esfuerzo que se realiza para establecer el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Regulador, agradecemos los esfuerzos que la institucionalidad hace al respecto, la intención es rescatable, sin embargo, también declaramos una preocupación importante en cuanto a la preponderancia que se le debe dar a los temas ambientales y ecológicos en la elaboración de este Plan de Ordenamiento.
¿Dónde se deben construir las edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y mantos acuíferos? ¿hacía donde deben ir las prioridades en cuanto a la agricultura en el cantón, más monocultivos contaminantes o agroecología? ¿Existen o se están priorizando protección a las cuencas tan importantes que se encuentran en el territorio de nuestro cantón? Se incluyen planes de arborización en la ciudad de San Isidro, rescate de espacios verdes, mejora de paisajes naturales y forestales en la ciudad, ¿transformación hacía rutas peatonales en la ciudad en lugar de más contaminación vehicular? ¿Se está contemplando la protección de las montañas que rodean nuestro cantón, evitando las construcciones inmobiliarias que están causando movimientos de tierra y afectación de ríos y cuencas? estas son algunas de las aristas más importantes a las que debe dar respuesta un plan regulador y que vendrían a impulsar el progreso del cantón.
En un Plan Regulador siempre se incluye la participación ciudadana, que se da tanto durante el diagnóstico como en la fase de propuestas; se escucha a la comunidad, se hace un proceso participativo y se conversa con la gente sobre lo que se encuentra en el diagnóstico, el tamaño mínimo o máximo de un lote que se tiene permitido debido a que está o no en una zona de protección boscosa o de acuíferos. El plan regulador viene a definir cuáles usos están permitidos en una determinada zona.
Uno de los ejes más importante de un plan regulador es el ambiental, que va asociado con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y que viene a fortalecer la gestión en esta temática. Un plan regulador, es la herramienta fundamental para generar medidas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales de un territorio.
Esta variable es de suma importancia pues está dirigida a complementar la legislación nacional en temas como la gestión sostenible del recurso hídrico de un cantón, la protección de las zonas de recarga acuífera, la conservación de las zonas boscosas que están fuera de los parques nacionales o áreas protegidas, así como la zona de protección de los causes y los corredores biológicos; todo esto se debe incluir dentro de un Plan Regulador para poder salvaguardarlo. Hay que sumar el apartado del cambio climático, que se desarrolla dentro de las posibilidades legales de un plan regulador, y los servicios ecosistémicos, que consideran el uso de las soluciones basadas en la naturaleza.
Los siguientes son los distintos aspectos relativos al tema ambiental que se deberían contemplar en el Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Zeledón: Densidad exigida y ocupación territorial propuesta, Estudio de zonificación ambiental, evaluación de la factibilidad vial, agua potable y alcantarillado, aguas llovidas, áreas verdes, ordenanza propuesta, entre otras.
Ante estos elementos mencionados hacemos las siguientes peticiones:
Al Concejo Municipal y a la Alcaldía:
a- Que las organizaciones ambientalistas, actores sociales, ecologistas y académicos sean tomados en cuenta con sus criterios especializados en la elaboración de este Plan de Ordenamiento Territorial.
b- Que se establezca en la agenda relacionada al Plan de Ordenamiento Territorial un espacio para escuchar a quienes trabajan básicamente en temas ambientales y ecológicos.
c- Que se documente como insumo al Plan de Ordenamiento Territorial todos los aportes que se realicen con respecto a temas ambientales.
Hacemos un llamado especial a todas las organizaciones comunales, ADIs, ASADAS, Organizaciones de producción agrícola, cooperativas, Instituciones Académicas y en general todo ciudadano de nuestra región que cuente con aportes sobre temas ambientales que vengan a enriquecer el Plan Territorial.
Hacemos un llamado a estar vigilantes para que este Plan de Ordenamiento Territorial no termine siendo o convirtiéndose en afectación para el ambiente y menos que permita el crecimiento de actividades que afecten la protección ambiental.
Desde Montaña Verde participaremos activamente en las diversas actividades que se convoquen y estaremos atentos a que los resultados sean los que requerimos para seguir protegiendo la riqueza natural de nuestra región.
El pasado 11 de setiembre de 2022, se envió a la diputada Marta Carballo, diputado Salas y Comisión Caribe, una carta con respecto a sus declaraciones en un audio y su forma despectiva hacia los animales. Empero, se socializó información sobre la protección de los monos y el desarrollo turístico del Caribe Sur, que están provocando construcciones sin control en zonas protegidas.
Por otra parte, el turismo es uno de los graves impactos para el hábitat de muchas especies con las cuales debemos de aprender a convivir, pero no se está haciendo ningún esfuerzo para alcanzarlo, todo lo contrario, pues lo que están defendiendo, es la causa de la destrucción de los ecosistemas de esta región, en dónde las mismas comunidades se van a ver seriamente afectadas, porque es un problema de salud pública, salud integral.
Lamentablemente por más que se trabaje en educación ambiental desde las universidades públicas, ONG, comunidades, las personas que desean dejar algo a las presentes y futuras generaciones es cada día más difícil proteger.
¡El ser humano es apenas parte de un todo, no somos el centro del Universo, somos parte del mismo!
Sept., 20, 2022. Nos da mucho gusto anunciar que está ya disponible la traducción al español del ensayo Toxicología crítica aplicada a los agrotóxicos – perspectivas en defensa de la vida, escrito por un grupo de destacadas científicas brasileñas y publicado originalmente en la Revista Saúde em Debate en junio del presente año, como parte de un número especial dedicado a la salud, los agrotóxicos y la agroecología. Dicho ensayo explica en detalle las limitaciones metodológicas de la evaluación de riesgos utilizada en el proceso de registro de los agrotóxicos, llamados plaguicidas en México y la mayoría de los países de América Latina. Además, propone elementos para llevar a cabo evaluaciones alternativas que consideren la complejidad del contexto en que se produce la exposición a estos agentes químicos nocivos, los condicionantes sociales del proceso salud-enfermedad y las relaciones de poder involucradas.
Contar con un ensayo sobre una toxicología crítica es relevante para México y otros países de América Latina, debido a que hasta hoy la evaluación de riesgos ha sido presentada como el modelo científico a seguir tanto en la llamada toxicología regulatoria, como en los libros de texto especializados en el tema y en Estados Unidos y Europa, regiones a las que se dirigen muchos de los estudiantes de posgrado vinculados con este quehacer.
La evaluación de riesgos es parte del paradigma regulatorio hegemónico y es promovida por la industria química y por algunos autores avalados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) como la base metodológica en la que deben descansar las políticas regulatorias sobre los plaguicidas y otras sustancias tóxicas, en lugar de aplicar el principio precautorio y establecer criterios de exclusión del registro basados en la evaluación de la peligrosidad (Hazard-based-cutt-off criteria, en inglés). La evaluación de riesgos forma parte de las propuestas de la llamada “mejora regulatoria”, junto con el análisis costo-beneficio, es parte esencial de la agenda de cooperación regulatoria en los tratados de libre comercio, y elemento de la arquitectura del régimen regulatorio neoliberal.
La traducción de este ensayo fue realizado gracias a la coordinación de RAPAM y el apoyo de la Dra. Georgina Fregoso del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Maestría en Ciencias Socio-Médicas de la Universidad de Guadalajara, de la Dra. Aurora Rojas García y miembros del Cuerpo Académico de Contaminación y Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Nayarit, y de la Dra. Jaqueline García Hernández del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) A.C, en Guaymas, Son.
Agradecemos a las autoras del ensayo Karen Friederich, Aline do Monte Gurgel, Marcia Sarpa de Campos Melo, Cheila Galindo Bedor, Marilia Teixeira, Idé Dantas Gurge y especialmente a Lia Giraldo da Silva por coordinar la revisión de la traducción.
La publicación del ensayo incluye una presentación elaborada para la versión en español donde se sitúa el contexto brasileño de donde surge esta propuesta y puede descargarse gratuitamenteaquí en la página electrónica de RAPAM. También será difundida en las páginas electrónicas de las instituciones mencionadas anteriormente.
Invitamos a tod@s a su lectura y discusión.
Compartido con SURCOS por Jaime García. Publicado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México. www.rapam.org
Desde el agua, la UCR busca nuevas alternativas biológicas para la investigación
El LEBi-UCR ha realizado importantes esfuerzos por diversificar las cepas y colonias certificadas. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
Después de un arduo esfuerzo, el Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica (LEBi-UCR) consolida, en su totalidad, un nuevo acuario que proporcionará la oportunidad de buscar modelos biológicos alternativos para la investigación.
Por casi 100 años, a nivel internacional se han utilizado los animales de experimentación que permitieron desarrollar medicamentos y vacunas más eficaces, así como mejorar sustancialmente el abordaje del cáncer e, incluso, el trasplante de órganos que hoy ayuda a salvar muchas vidas cada año.
Dentro de los principales logros, la Universidad Complutense de Madridseñala las transfusiones sanguíneas como uno de los avances más importantes que la Medicina ha alcanzado, justamente, gracias al uso de este recurso. En este campo, incluso, participan seres humanos mediante ensayos clínicos que, al igual que en los animales, son estrictamente regulados.
Con el avance de la tecnología y la ciencia, el uso de modelos animales podría cambiar y, desde la UCR, ya se ofrece esa opción mediante el acuario del LEBi-UCR.
De acuerdo con el Dr. Freddy Arias Mora, director del Laboratorio, el acuario se creó en el 2021 (parte de un capital semilla) como respuesta a la necesidad mundial de tener modelos distintos a los que se utilizan en la actualidad, de una menor escala biológica pero con un gran potencial para estudiar muchos mecanismos en modelos más simples.
Como resultado, hoy se emplea la población de pez cebra (Danio rerio), cuyas características en su sistema nervioso lo convierte en el modelo ideal para realizar investigaciones, mencionó el Dr. Arias.
“El laboratorio prioriza el bienestar animal por medio de técnicas de enriquecimiento ambiental basadas en evidencia científica. La búsqueda de nuevos y mejores modelos animales permite que se disminuya el uso de estos y a la vez se mantenga la rigurosidad científica”, aseveró el Dr. Arias.
Pero no solo eso. El director del LEBi-UCR explicó que la selección del pez también se sustenta en la evidencia científica disponible a nivel mundial, la cual respalda fuertemente este modelo por haberse usado en múltiples estudios relacionados con la biología del desarrollo, el comportamiento animal y la toxicología.
Además, posee una mayor facilidad de manejo, un mantenimiento más sencillo y el poder efectuar investigaciones en los diferentes estadíos del desarrollo del pez (huevo, larva y alevín). Por lo tanto, cada etapa de crecimiento del Danio rerio es, en sí mismo, un potencial modelo adicional de experimentación.
“Actualmente, en el mundo existe una tendencia a usar huevos de D. rerio. Estos huevos son un modelo sencillo de manejar, visible a simple vista y con la ventaja de que se reemplaza el animal por un huevo de pez”, resaltó el director del LEBi-UCR.
El recinto del acuario cuenta con los requerimientos necesarios para mantener peces en adecuadas condiciones y realizar los experimentos con base en los lineamientos de bienestar animal y de buenas prácticas de laboratorio.
La UCR tiene la obligación de cumplir con la legislación nacional que regula esta práctica, así como las directrices internas del Comité Institucional de Cuido y Uso de Animales de Experimentación (Cicua-UCR) que exige priorizar, en todo momento, el bienestar animal. Para ello, incluso, se tiene la presencia de médicos veterinarios como una forma de garantizar su cuido.
“La legislación es muy clara. La ley, en todo sentido, va hacia garantizar el bienestar de los animales antes, durante y después del proceso. La ley es bastante rigurosa en todo ese abordaje y además, tenemos a lo interno el Reglamento para el Cuido y Uso de Animales en la Universidad de Costa Rica que, específicamente, da las directrices de cómo se tiene que hacer”, manifestó la Dra. Sara González Camacho, coordinadora del Cicua-UCR.
El Laboratorio de Ensayos Biológicos de la UCR pone a disposición de la comunidad universitaria su espacio físico, peceras equipadas y peces de excelente calidad en términos genéticos y de salud, con el fin de propiciar investigaciones colaborativas.
Lo anterior se verá acompañado de un equipo técnico capacitado para asegurar a los animales las mejores condiciones de mantenimiento, y un espacio exclusivo que permite controlar las condiciones ambientales, ruido, luz, entre otros factores que podrían afectar los estudios.
“La Universidad de Costa Rica siempre busca mejorar su calidad de investigación y fortalecer las buenas prácticas reemplazando, cuando sea posible, el uso de animales usuales. Esto nos permite seguir realizando investigación y empleando modelos alternativos, una tendencia mundial que cada día busca posicionarse en todos los rincones del planeta”, concluyó el Dr. Arias.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
– Organizaciones y personas de la ciudadanía piden prohibir el peligroso agro veneno que contamina el agua
Estas personas son de distintas instancias: académicas, educación secundaria, organizaciones ecologistas, derechos humanos, asociaciones de desarrollo, agricultura orgánica, sindicatos, apicultura, ASADAs, culturales, artesanos, de la Diversidad, empresas de turismo, consumidoras, medicina natural, botánicas, restaurantes, corredores ecológicos, conservacionistas, agricultura urbana, cooperativas, manejo de desechos, COVIRENAS, indígenas, deportistas, jóvenes, fincas agroecológicas, productores, fundaciones, feministas, jubilados magisterio, religiosas, grupos de mujeres , regidoras, empresas ecológicas, sector cultura y guardianas de semillas, entre otros.
Las personas firmantes afirman que el Clorotalonil es uno de los plaguicidas más usados en Costa Rica y que el Laboratorio Nacional de Aguas no tiene la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación de Clorotalonil que ha sido prohibido en la Unión Europea y debería por consiguiente prohibirse en Costa Rica.
Desde inicios de año se viene denunciando la contaminación con clorotalonil en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago, específicamente en las nacientes destinadas para agua de consumo humano de más de 4000 personas se presentaron resultados positivos de plaguicidas según reconoce el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) fundamentados en un estudio del IRET de la Universidad Nacional (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) donde se encontraron la presencia de productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas.
La desprotección ecológica y contaminación de las tomas de agua de Cipreses es una triste situación que se repite a lo largo y ancho del país y las instituciones responsables parecieran no estar interesadas en hacer cumplir la protección que establece la Ley de Aguas #276 sobre estos bienes comunes.
Según los firmantes el principio a favor del recurso hídrico conocido como “Induvio Pro Aqua” ha sido utilizado a la inversa por el ICAA y la ASADA de Cipreses y esto debe ser detenido pues genera problemas ambientales y la calidad de vida de las personas”.
Las personas solicitan que debe de ser retirado el registro del clorotalonil y por lo tanto prohibido su uso en Costa Rica considerando que ya hay evidencia de sus riesgos e impactos inadmisibles en materia de salud pública y ambiental. Además, que el registro de nuevas moléculas de plaguicidas debe ir de la mano con la capacidad del Laboratorio Nacional de Aguas de detectarlas. Finalmente solicitan en dicho escrito que se analicen todos los subproductos de clorotalonil en los muestreos de plaguicidas en el agua a nivel nacional.
En este sentido solicitan al “Presidente de Costa Rica ordenar que se realice el debido seguimiento a la solicitud del despacho de la Señora Ministra de Salud, al cual nos sumamos y apoyamos para que el Laboratorio Nacional de Aguas consiga los reactivos y tecnologías necesarias con prontitud y urgencia para analizar todos los Subproductos de Clorotalonil” esto pues actualmente solo analizan 24 moléculas distintas y existen más de 200 registradas.
Sobre el caso de Cipreses de Oreamuno y la contaminación con clorotalonil en sus fuentes de agua para consumo humano: “Pedimos que se hagan cumplir las varias órdenes sanitarias ya existentes de la Dirección del Área Rectora de Salud Oreamuno para que se protejan las fuentes de agua en el caso concreto de Cipreses. Que se ordene al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados establecer un plan de acción para proveer agua en cisterna libre de agroquímicos a la comunidad de Cipreses”.
Costa Rica es uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en la región y la contaminación de tomas de agua de diferentes comunidades con plaguicidas es una situación ampliamente conocida. Recordando la lucha de muchas comunidades por la contaminación de su agua potable con el plaguicida bromacil; así como la situación que hoy se da a conocer desde la comunidad de Cipreses en materia de contaminación con clorotalonil.
Comunicado elaborado con el apoyo del Proyecto “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526)” de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socio ambientales de la UCR.
Concejo Municipal de Belén pide a la Alcaldía hacer respetar fallo de la Sala Primera sobre el Humedal de La Ribera
Regidores de la coalición Unión Belemita enfrentan a la Administración Municipal para dejar de poner en tela de duda el Humedal.
Reacción se da tras conocerse formalmente el fallo de la Sala Primera que anuló la sentencia del 2020 del Contencioso Administrativo.
Respeto absoluto al fallo de la Sala Primera de Justicia, fue el acuerdo tomado por unanimidad por parte del Concejo Municipal de Belén en la sesión 52-2022 del pasado 6 de setiembre, tras conocerse los alcances de la resolución 000191-F-S1-2022 que ha devuelto la esperanza de supervivencia al Humedal de la Ribera.
El acuerdo de forma íntegra indicó: solicitarle a la Alcaldía Municipal procedan a desarrollar todas las acciones legales suficientes y necesarias para que la Municipalidad de Belén haga respetar lo resuelto en esa sentencia en todas las instancias administrativas y judiciales que lo requieran de acuerdo al bloque de legalidad y se le informe al Concejo de los avances.
De previo al acuerdo, las regidurías de la coalición Unión Belemita celebraron el fallo de la Sala Primera, y señalaron que es hora de que el Gobierno Local como un todo, acepte, en definitiva, que el tamaño total del Humedal ya no es objeto de discusión, por cuanto se ha oficializado que “el perímetro que demarca el humedal de La Rivera de San Antonio de Belén, el cual fue demarcado conjuntamente por la Dirección General del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central y la Municipalidad del Cantón de Belén” , es de 13 219,9 metros cuadrados ratificado así por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el oficio No 08-01014 del 26 de agosto de 2008.
La regidora María Antonia Castro señaló, en esa dirección, que inclusive el procurador que ha llevado el caso ha señalado ya que no se puede tramitar solicitudes contrarias a la normativa que protege el humedal.
‘’El señor procurador está en este caso desde el 2007, no le van a decir que el humedal no es lo que es, porque ya él lo sabe perfectamente. Otro ejemplo que quiero dar es el oficio AAA 453-2013 del señor procurador dirigido a Gladis de Marco de la oficina de Alajuela del Área Cordillera Volcánica Central del MINAE que en razón de todo lo expuesto: lo propio es abstenerse de tramitar solicitudes contrarias a la normativa de rango superior que rigen en el humedal de La Ribera de Belén y observando el debido proceso de negar las que se encuentren en curso’’. Relató Castro.
Inclusive el propio Concejo Municipal había oficializado el humedal mediante el acuerdo 20 de la sesión #59-2007 y acogió la demarcación del IGN en el artículo 06 de la sesión #06-2012, indicando:
“PRIMERO: Informar a la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador y a toda la Corporación Municipal que el Concejo acogió las determinaciones y descripciones sobre el Humedal de La Ribera de Belén en los documentos: oficio 08-01014 de 26 de agosto de 2008, del Instituto Geográfico Nacional y en el oficio AAA-1331-2011 de Lic. Mauricio Castro Lizano, Procuraduría General de la República. SEGUNDO: Instruir a la Secretaría para realizar la comunicación como corresponde. TERCERO: Incorporar al Expediente”.
Para el regidor Luis Rodríguez ya no hay discusión sobre la condición de humedal lacustrino, pues está claro y oficialmente declarado como tal, con todo el radio de protección de 50 metros que dicha condición otorga:
‘’Es un humedal lacustrino lo que otorga 50 metros de protección en sus márgenes. Ahora ese humedal fue declarado lacustrino por el SENARA que es el rector en aguas subterráneas y es una laguna según SINAC que es el rector en materia de humedales. Ahí no hay discusión. El que se drene el humedal no hace que se pierda la condición de lacustrino y, es más, drenar un humedal es delito penal, hay que volverlo a su condición inicial porque ahí alguien cometió un delito penal’’. Advirtió Rodríguez.
El énfasis de los ediles en señalar la oficialidad y el tamaño del humedal se da porque en el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo N° 29-2020-VIII los magistrados habían condenado al Municipio y fallado a favor del empresario Fabio Chaves y su proyecto de Prados de Belén, en base a que la parte municipal omitió señalar la existencia, tamaño oficial y área de protección del humedal, dando de esta forma pie a una duda que a hoy ya no existe.
En aquel momento los jueces consideraron “No cabe acá sostener una duda, cuando, se reitera, el municipio cuenta con los recursos técnicos y legales para establecer la lesión pretendida al interés público”. El juez Jonatán Canales Hernández explicó que la desestimación de la acción dependió de un error procesal de bulto, como lo fue que no se haya impugnado el permiso original de edificación en el sitio”. Además, agregó: “se debe prevenir a la demandada, tienen el deber de respetar la integridad del humedal y las nacientes y sus zonas de protección fijada por la ley”
Sala Primera si consideró el fondo.
Contrariamente a la resolución del Contencioso, la Sala Primera de Casación si señaló categóricamente que la protección del humedal era importante en la resolución final que vaya a tener el tema.
En el considerando III de la resolución, los magistrados señalaron que ‘’En consecuencia, hay un aspecto subyacente que resulta primordial, —por ello no puede dejarse de lado al momento de resolver la controversia—, a saber, está de por medio un bien de dominio público, que atañe a la protección del medio ambiente (norma 50 de la Constitución Política), y perteneciente al patrimonio natural del Estado (PNE), por lo cual concierne al interés público’’.
Por ello ordenaron volver a juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo, con la novedad de que esta vez, la Procuraduría General de la República no participará como un tercer interesado en el litigio, sino como una parte activa en la defensa del patrimonio natural del Estado, en este caso, el Humedal. Igualmente, el SINAC será una parte activa en este nuevo juicio.
En criterio del regidor Ulises Araya, esta nueva oportunidad obliga al municipio a no volverse a equivocar con el tema de la ya oficializada área total del humedal.
‘’No hay y no debería existir más esta nebulosa absurda de que no se sabe de qué tamaño es el humedal, se sabe a plenitud y en consecuencia nuestro municipio debe corregir y actuar’’. Recomendó Araya.
Antecedentes al fallo de la Sala Primera.
En el año 2000, el empresario Fabio Chaves abrió 2 canales provocando el dragado del humedal de forma ilegal, lo que ocasionó la intervención de los vecinos que se le enfrentaron y se interpusieron ante la maquinaria y las bombas que drenaban, ocasionando daños al espejo de agua, hasta hoy.
Posteriormente, pese al grave daño ecológico y la muerte de tortugas, langostinos y peces, la Municipalidad de Belén otorgó ilegalmente permisos de construcción en el año 2004, y no fue sino hasta seis años después, que el Concejo Municipal, en el 2010 solicitó la anulación de los permisos mediante el procedimiento de lesividad que originó el juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo.
En el 2020 dicho tribunal emite la resolución N° 29-2020-VIII donde falla a favor de Chaves y mantiene los permisos de construcción, momento en que la Dirección Jurídica de la Municipalidad recomienda al Gobierno Local declarar los permisos ‘’válidos y eficaces’’, recibir las obras de Prados de Belén y, no interponer recurso de casación a la resolución.
En aquel momento dicha dirección jurídica afirmó que la recomendación de no apelar se debía a que: los razonamientos esgrimidos por los integrantes de la Sección VIII del Tribunal Contencioso, en la Sentencia 29-2020-VIII, consistentes en atribuir falencias a la declaratoria de lesividad, por la falta de desarrollo de los motivos de nulidad, que afectarían los permisos de construcción cuestionados por esta Municipalidad, es un argumento que no podría subsanarse jurídicamente por medio de un recurso de casación’’.
Esta recomendación ocasionó posiciones divididas en el Concejo Municipal que deliberó entre si acoger o no lo que solicitaba la Dirección Jurídica, y pese a que en un primer momento los regidores rechazaron por voto 3 a 2, la propuesta; en la sesión #21-2020 del 21 de abril del 2020, una semana después la regidora del PUSC Lorena González, solicitó una revisión al acta y cambió su posición, por lo que el Concejo Municipal terminó aceptando la recomendación del director jurídico en la sesión #22-2020 del 28 de abril de ese año
Pero la historia no terminaría ahí, decenas de vecinos de Belén enfurecidos por la decisión de no apelar el fallo y declarar los permisos de construcción ‘’válidos y eficaces’’ juntaron 258 firmas e interpusieron un Recurso de Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante que se conoció en la sesión #25-2020 del 12 de mayo del 2020.
Esa misma noche el polémico acuerdo, fue anulado, tras propia recomendación de la Dirección Jurídica, quien al enterarse de que la Procuraduría de la República si había recurrido el fallo ante la Sala Primera, solicitó la anulación al Concejo Municipal debido a que el tema ‘’no era cosa juzgada’’. Pese al Concejo anular el acuerdo, ya para ese momento había vencido el plazo para presentar la apelación ante Casación, motivo por el cual finalmente le correspondió únicamente a la Procuraduría General de la República acudir a la Sala Primera, con un resultado afortunadamente victorioso.
‘’Son 22 años de esta lucha, a los primeros que hay que agradecerles es a los vecinos que no se han cansado. Tenemos que unirnos y seguir defendiendo el humedal y corregir los errores que se cometieron en el pasado, estamos en el momento para hacerlo y seguir adelante. Pero sí debemos recordar que esos errores nos llevaron a un proceso muy largo y eso costó tiempo y dinero’’. Indicó la regidora Marjorie Torres.
San Antonio de Belén, 8 de setiembre del 2022
Video disponible en el siguiente enlace:
Compartido con SURCOS por la Oficina de prensa de la Coalición Unión Belemita.
Ante la desidia en el Ministerio de Ambiente de no cumplir con el voto 2008-12109 de agosto del 2008, nos hemos visto en la necesidad de presentar ante la Sala Cuarta un “INCIDENTE DE DESOBEDIENCIA” acusando al MINAE, en la persona de su representante el Ministro de Ambiente, por no haber recobrado los terrenos de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888 ubicada en las montañas heredianas; no sólo por la desobediencia, si no que su inopia implica que están atentando contra el ambiente al ser la zona inalienable, imprescindible para preservar el agua de más del 60% de los habitantes del Valle Central.
Cómo es posible que nuestros gobernantes del siglo XIX tuvieron la visión de lo importante que son las montañas del norte de Heredia, por lo que crearon la Ley 65, y hoy los políticos son “apáticos” ante la necesidad de proteger las zonas donde están las fuentes de agua.
A continuación, se adjunta el escrito remitido a la Sala Constitucional:
Mediante una carta dirigida al Consejo Municipal de Oreamuno de Cartago la Asociación Provincial de Médicos de Cartago recordaron que “durante muchos años hubo un gran debate mundial y científico sobre los efectos de aditivos de plomo a la gasolina, y fue necesario realizar muchos esfuerzos en investigación para que finalmente se esclareciera que el plomo es un contaminante. No queremos que una situación similar estuviera pasando en nuestras comunidades”.
Los médicos aseguraron que “ante ese tipo de antecedentes queremos expresar vehementemente la importancia de cuidar las nacientes de agua que abastecen la comunidad de Cipreses de Oreamuno, y así evitar la contaminación del preciado líquido y los posibles perjuicios en la salud de las personas de dicho lugar.
La preocupación nace de la denuncia realizadas desde 2020 por la invasión de áreas de protección de cultivos y otras actividades sobre los pozos que abastecen la ASADA de Cipreses Cartago que abastece a más de 3000 personas. Esta ASADA brinda agua a los cantones de Oreamuno, Paraíso, Alvarado y a la comunidad de Cervantes.
En marzo pasado mediante una conferencia de prensa realizada por el Programa Kioscos Socioambientales UCR se dio a conocer los resultados de estudios con productos de la degradación del plaguicida clorotalonil, así como trazas de 9 plaguicidas varios en el agua de Plantón como en la toma de agua Carlos Calvo en la comunidad de Cipreses de Oreamuno Cartago. El informe del 17 de diciembre del 2021 (UNA-LAREP-OFIC-060-2021-S20-13-05-2021) del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas firmado por el M.Sc. Clemens Ruepert.
En ese momento expresó la especialista en aguas de la Universidad de Costa Rica MSc Yamileth Astorga: “yo no tomaría esa agua”. Así mismo indicó: que es urgente que se deben hacer muestras y monitoreo de forma urgente involucrando al Laboratorio de Aguas y al Ministerio de Salud. Mientras el investigador Fernando Ramírez del IRET/UNA indicó: “Que incluso algunos metabolitos del Clorotalonil pueden ser hasta 30 veces más tóxicos y son más persistentes “. Así mismo respondió que: el agua de Cipreses fue enviada a Suiza para ser analizada y allá encontraron otros productos derivados de la degradación del Clorotalonil.
El Frente Ecologista de Cipreses desde el año 2020 viene alertando y luchando para que se protegen las nacientes y las tomas de agua de la comunidad e incluso existe un fallo legal a su favor de cara a que se cumpla la normativa de protección establecida sobre las tomas de agua. En el 2021 con la resolución 20-021797-0007-CO el Poder Judicial ordenó al SINAC Cartago y al Ministerio de Salud de Oreamuno de Cartago hacer cumplir la ley y proteger las tomas de agua; hoy un año después se sigue sin hacer cumplir la normativa de protección con el agravante que ya la contaminación es un hecho confirmado.
(FECON, 2-9-2022) Vecinos de Dominicalito les preocupa el impacto en su salud, ante la contaminación de la Quebrada Poza Azul, generada por la perforación de un pozo en la parte alta de la misma.
En palabras de Luis Jiménez, vecino y dirigente comunal de Dominicalito, “lo que se está denunciando es la contaminación al rio Poza Azul, habemos más de 300 personas que tomamos agua de ahí, porque no tenemos agua potable. Están perforando ese pozo y están mandado todo eso al río, si hay camarones muertos, es porque está contaminada esa agua”.
Como se aprecia en una de las fotos adjuntas, los desechos producidos por la perforación discurren hacia el cauce de la quebrada, provocando que cambie la coloración del agua, incluso en momentos que no hay lluvia.
Angustiados los vecinos indican que presentaron denuncia telefónica ante la oficina Regional del Minae, denunciaron en el 911; sin embargo, no han contado con respuesta de las autoridades, pese al peligro inminente para la salud de las familias de Dominicalito.
La comunidad de Dominicalito, ubicada en Puntarenas, Cantón de Osa, es reconocida como un pueblo de pescadores artesanales, fue establecida mediante un proyecto de vivienda social para reubicar a las familias que vivían en la zona marítimo terrestre en el año 2002, veinte años lleva contabilizándose la deuda del sector institucional con las humildes familias de este pueblo, deuda amparada en un derecho consagrado en el artículo 50 de la constitución política: no cuentan con acceso al agua potable. Por medio de mangueras se ha abastecido de agua tomada directamente de la quebrada Poza Azul.
Preocupa además que la Dirección de Aguas del MINAE, DA, ha continúa otorgando permisos en la parte alta de la fila costeña, aledaña al pueblo, donde se ha asentado especialmente extranjeros, pese a no contar con estudios sobre el impacto acumulativo de la extracción subterránea de aguas, ni tampoco contar con medios para monitoreo de aguas subterráneas en ese sector. En la cuenca del río Baru, la DA, solo cuenta con puntos de monitoreo de aguas subterráneas en Hatillo, Uvita y Ojochal.
Causa alarma también que se identifica una fuerte tendencia postpandemia caracterizada por la llegada de más extranjeros a residir en la zona, cada nuevo propietario, al no contarse con un sistema de acueducto público, para solicitar los respectivos permisos de construcción requiere establecer un sistema privado de abastecimiento.
Nos indica Luis Jiménez, que la comunidad y la Asociación de Desarrollo de Dominicalito, hacen responsable a las instituciones de cualquier evento de daño a la salud, en una comunidad donde habitan niños, personas mayores, que son más vulnerables a este tipo de eventos.
El pasado 26 de agosto del presente año se tramitó el recurso de amparo interpuesto por el señor Marco Vinicio Levy en contra del Director Ejecutivo del SINAC por haber incumplido con lo establecido en artículos 40 y 41 de la Ley Orgánica del Ambiente, el nos que se indica que dicho funcionario debe entregar la información solicitada por el señor Marco Vinicio. La información solicitada fue la siguiente:
“ 1. Se me entregue copia fiel y exacta de la ubicación de los actuales humedales existentes en la zona marítimo terrestre del Cantón de Talamanca, que tiene identificados el SINAC, con detalle de los profesionales que ha participado en la elaboración de los respectivos planos de ubicación y delimitación, indicación de las fechas que en fueron registrados, así como la información catastral de esos sitios. 2. Solicito además, con el debido respeto, se me explique en detalle, los fundamentos técnicos y jurídicos que facultan al SINAC para no incorporar al registro nacional de humedales todos los humedales NUEVOS ubicados en la zona marítima terrestre del cantón de Talamanca, según “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca“ de Junio (sic) de 2021 3. Se me explique adicionalmente, los fundamentos técnicos y jurídicos que han impedido que el humedal de Punta Uva, invadido y presuntamente drenado por la Sociedad Anónima Bungalows de Punta Uva Inn NO haya sido incorporado al registro nacional de humedales según Informe Pericial del Departamento de Ciencias Forenses del Poder Judicial. 4. Se me explique igualmente, los fundamentos técnicos y jurídicos que han impedido que el humedal de Manzanillo, invadido y presuntamente drenado por la Sociedad Anónima Diez Doce S.A., NO haya sido incorporado al registro nacional de humedales según Informe SINAC-ACLAC- PCP-029-2022 de fecha 8 de marzo de 2022. 5. Le ruego indicarme las acciones que va a tomar la Administración contra el Ingeniero José Guillermo Masis Segura, enlace del Programa Nacional de humedales (PNH) por parte del Área de Conservación La Amistad Caribe por consignar de manera presuntamente dolosa que el ecosistema que ocupa la Sociedad Bungalows de Punta Uva Inn no corresponde a un humedal. B- (…) se proceda a certificar: 1. Totalidad de ocupantes físicos y jurídicos según “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca “ (sic) de Junio (sic) de 2021. 2. Número de permiso de uso emitido por el Concejo Municipal de Talamanca. 3. Propietario. 4. Coordenadas. 5. Tipo de construcción. (…)”.
Debido al incumplimiento de entrega de la información antes solicitada, es que se dio luz verde a tramitar el recurso de amparo.
