En el Sindicato de Trabajadores y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC, creemos firmemente en el principio de transparencia como pilar de la democracia y la función pública, por lo que nos parece deplorable y condenamos vehementemente lo sucedido este martes 3 de noviembre con la transmisión en vivo de la sesión de la comisión de Gobierno y Administración, la cual no se pudo escuchar por los problemas técnicos con el audio, según informaron los administradores del canal de YouTube AsambleaCR03 (Perteneciente al departamento de prensa de la Asamblea Legislativa).
Es extraño que al mismo tiempo que se daba a conocer el problema técnico, los administradores informaban en el chat que la comisión no estaba sesionando, pero por otros medios de prensa se comunicaba la votación afirmativa a varias mociones de fondo presentadas al proyecto 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”.
Por lo tanto, condenamos este acto y solicitamos se respete el principio de transparencia en la función pública, a la democracia participativa y a la correcta libertad de prensa. Exigimos se tomen las respectivas cartas en el asunto al ser una sesión ilegítima, que no debió realizarse dadas las circunstancias señaladas
Reiteramos el rotundo rechazo al proyecto de ley Marco de Empleo Público que se tramita en dicha comisión, solicitamos no se dictamine mientras se desarrollan los procesos de Diálogo Multisectoriales como principio deBUENA FE.
La Fundación Ambio realizó este viernes 30 de octubre elforo regional: “Diálogo para enfrentar los nuevos retos en el fomento de la agricultura sostenible y el consumo de alimentos saludables en América Central”. El foro se realizó de manera virtual.
El Presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Lenin Hernández Navas detalló que no aceptaron la invitación del Poder Ejecutivo para participar en el dialogo de una mesa multisectorial porque al Gobierno le falta seriedad y compromiso en sus propuestas.
Hernández Navas criticó que dentro de los principios orientadores sugeridos para el diálogo propuesto por el Gobierno se cite “no patear la bola” y agregó que CTRN había asumido un compromiso de participar en la plataforma de diálogo propuesto por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC), el cual inició tres semanas atrás.
“Acudimos al llamado de diálogo extendido por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATBPDC) porque creemos que el país vive una crisis económica y social, pero sobre todo, de credibilidad en el Poder Ejecutivo y porque requerimos de un diálogo transparente, multisectorial y responsable”, afirmó el representante de los trabajadores.
De acuerdo con Hernández Navas ante la ausencia de aciertos del Poder Ejecutivo para convocar a todos los sectores, a una sola mesa de diálogo, transparente, multisectorial y responsable los Secretarios Generales y Presidentes de la CTRN se reunieron con sus Sindicatos y concluyeron que Costa Rica requiere de una gran alianza entre todos aquellos sectores que organizadamente, se propongan la defensa de la institucionalidad y la búsqueda del bienestar común.
Por lo anterior la CTRN aceptó la invitación extendida por la ATBPDC porque es un órgano que por ley tiene la máxima representación multisectorial de las personas trabajadoras, destacó el Presidente de la organización sindical.
“Creemos que, no es el momento de dividir, sino de sumar, esfuerzos de los sectores artesanales, comunal, cooperativo, de autogestión, del Magisterio Nacional, profesional, sindical, solidarista y de trabajadores independientes así como los sectores laborales, empresariales, también las organizaciones campesinas agrícolas e Industriales y la academia. Nos llegó la hora de construir una nueva alianza por el bien común”, finalizó Lenin Hernández Navas, Presidente de la CTRN, organización que reúne, a más de 50 sindicatos, del sector público y privado.
No a la reinstauración de la pesca de arrastre en Costa Rica
Campaña de firmas:
La pesca de arrastre consiste en el remolque de una red de grandes dimensiones sobre el fondo marino. Esta red tiene portalones sujetos a la boca de la misma, los cuales al ser jalados abren el arte y permiten la captura de organismos marinos. En la parte inferior de la red van sujetas cadenas y pesos que actúan como un lastre que barre el fondo marino y mantienen la red pegada a este. Aparte de camarón, la pesca de arrastre captura muchas otras especies que no constituyen el objetivo principal de la actividad, incluyendo peces de interés comercial y no comercial, tiburones, tortugas, moluscos, crustáceos, erizos, estrellas de mar y otros invertebrados. El arrastre de las redes sobre el fondo marino ocasiona la destrucción de hábitats críticos para muchas especies marinas. Los descartes ocasionan un aumento en la tasa de descomposición de materia orgánica, lo que supone un riesgo para la salud de los ecosistemas. A su paso, las pesadas cadenas ocasionan la resuspensión de sedimentos, lo que aumenta la turbidez del agua y reduce la luz disponible para organismos fotosintéticos como las algas y las cianobacterias, que constituyen la base de las cadenas alimentarias que sustentan las pesquerías. Además, la resuspensión y mezcla de sedimentos ocasiona una serie de alteraciones químicas en los ecosistemas marinos. Existe un alto riesgo de liberación y movilización de sustancias contaminantes que previamente fueron asimiladas por el fondo marino, mediante procesos graduales de sedimentación. Nos preocupa que en el país se permita que se desarrolle una actividad altamente dañina y degradante de los ecosistemas marinos, como lo es la pesca de camarón con redes de arrastre, sin que existan estudios científicos rigurosos y objetivos que demuestren un impacto ambiental acorde con un desarrollo sostenible democrático. Ello implicaría, sin lugar a dudas, una directa lesión de derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, e indirectamente a derechos constitucionales como el derecho al trabajo y el desarrollo económico, derivados de otras actividades productivas afectadas por la pesca de arrastre como el turismo, la pesca artesanal y deportiva. Sin embargo, un grupo de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa han presentado el Proyecto de Ley Nº 21.478, “Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de Camarón en Costa Rica”, el cual abre las puertas a la reinstauración del arte de pesca de arrastre en nuestro país. Dicho proyecto se fundamenta en un estudio muy limitado del INCOPESCA, altamente cuestionado por la academia y que no cumple con los requerimientos de la Sala Constitucional. La Asamblea Legislativa acordó tramitar este proyecto por la vía abreviada, a pesar de la falta de rigurosidad y objetividad científica de los estudios que sustentan la iniciativa, y coartando, además, las oportunidades de participación del público (incluyendo academia, organizaciones de la sociedad civil y sectores económicos potencialmente afectados) durante su conocimiento en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Inclusive, el 29 de julio de 2019 se aprobó una moción que excluyó a todas las organizaciones de la sociedad civil de ser consultadas sobre el proyecto. Aunado a esto, el Poder Ejecutivo no ha asumido una posición clara y expresa en contra de la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, pese a que este fue el compromiso asumido en la campaña electoral.
Por estas razones, exigimos: 1.A las señoras diputadas y los señores diputados de la Asamblea Legislativa: a. Asegurar la participación de la sociedad civil en la discusión del Proyecto de Ley 21.478 en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, de manera que seamos consultados y convocados a audiencia para exponer nuestros criterios técnicos sobre la iniciativa de ley.
b. No promover la aprobación de la iniciativa 21.478 que abre las puertas a la reinstauración de la pesca de camarón con redes de arrastre, sin estudios técnico-científicos elaborados por instancias científicas objetivas; adaptados a la realidad nacional con datos actualizados; elaborados en coordinación con autoridades del MINAE, la academia y otras entidades relacionadas; y que contemplen el análisis de factores ambientales, sociales y económicos, de conformidad con lo requerido por la Sala Constitucional. 2. Al señor Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República: a.Ratificar ante la ciudadanía y la opinión pública la posición de su Administración con relación a la reinstauración de la pesca de arrastre de camarón y del proyecto de ley 21.478.
SURCOS comparte una secuencia de imágenes de la Red Emergencia Cultural, que se moviliza en defensa de la actividad del sector, ante la pretensión de algunas fracciones legislativas de cercenar el presupuesto para Cultura.
Convocatoria para el Fondo de Incentivos FUNDAVAS está abierta hasta el 30 de octubre
El Fondo de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Acción Social en el contexto de la COVID-19 es una iniciativa para la puesta en marcha de proyectos financiados con un fondo proveniente del presupuesto de la Fundación de la Universidad de Costa Rica. El objetivo principal de este fondo es el abordaje de los impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19 en los ámbitos social, económico, educativo, cultural, entre otros.
“Los fondos concursables de la Fundación, a los que hemos denominado FUNDAVAS surgen de una decisión histórica importante de la Junta Directiva de la Fundación UCR que decide utilizar unos fondos que no se lograron ocupar debido a la pandemia para el beneficio de las comunidades y de los proyectos de investigación, de docencia y de Acción Social en general”, comentó Sandra Araya Umaña, Vicerrectora de Acción Social.
Debido al contexto actual, los proyectos por ejecutarse deberán implementar procesos de virtualización y se le dará prioridad a aquellas propuestas orientadas al abordaje integral de ejes temáticos como:
Prevención de la violencia contra las mujeres, la población infantil y las personas jóvenes, personas con discapacidad y población adulta mayor.
Derechos humanos de las poblaciones vulnerabilizadas por etnia, condición migratoria (particularmente en zonas geográficas fronterizas y costeras) y pobreza (situación de calle, cuarterías, entre otros).
Fortalecimiento de las capacidades socioproductivas de las microempresas.
Educación para la innovación en las formas de producción sostenible (seguridad alimentaria, agroecología y economía social solidaria).
Salud mental comunitaria a través del fortalecimiento de vínculos colectivos.
Gestión cultural como factor para el desarrollo económico y social.
Brecha digital frente a la exclusión en el sistema educativo.
Gestión del riesgo con énfasis en comunidades vulnerabilizadas.
Los proyectos podrán participar en dos modalidades: como proyectos nuevos que ya posean un diagnóstico documentado sobre la problemática que abordarán o como redes de acción social que articulen proyectos en torno a una zona, un tema o una población para un abordaje integral y estratégico.
La modalidad de redes se orienta a la promoción del trabajo colaborativo entre proyectos vigentes de acción social. Sus objetivos principales se centran en construir una comunidad de aprendizaje entre proyectos de distintas unidades académicas para la reflexión de las prácticas desarrolladas y el intercambio de experiencias, generar productos o resultados concretos que aporten al mejoramiento de la vida de las personas y articular capacidades, experiencias y recursos para impactar de manera más efectiva en un territorio que presente bajos índices de desarrollo o problemáticas sociales prioritarias de atender.
Las redes deberán ser propuestas por al menos, dos proyectos de acción social, se debe especificar la unidad base desde la que se coordina la red, justificar detalladamente la pertinencia de la red propuesta a partir de las necesidades identificadas en los proyectos involucrados, detallar la metodología que se aplicará, orientar los objetivos y las metas a la organización de la red e incorporar un objetivo de sistematización del proceso.
Los proyectos, en cualquiera de las dos modalidades, contarán con un presupuesto máximo de ocho millones de colones. Para los proyectos nuevos de Trabajo Comunal Universitario, el financiamiento del primer año se realizaría por medio de los fondos de FUNDAVAS y para los años posteriores, deberán solicitar recursos de los fondos ordinarios de la Vicerrectoría de Acción Social.
Fechas importantes
Del 25 de septiembre al 30 de octubre del 2020, se deben remitir las propuestas a la dirección de correo electrónico vas@ucr.ac.cr. Para la presentación de la propuesta las personas coordinadoras deberán presentar un oficio de la dirección de la unidad académica, en el cual se confirma la participación del proyecto, copia del acta de la comisión de acción social o del consejo científico correspondiente, con su respectivo aval, propuesta en el Sistema Institucional Plan Presupuesto (SIPPRES), cuyo estado sea “aprobado”, documentación adicional según lo indicado en el apartado de requisitos y la formulación presupuestaria según la plantilla de desglose del presupuesto.
Del 2 al 18 de noviembre del 2020, se evalúan las propuestas presentadas. Las Comisiones de Acción Social y los Consejos Científicos evalúan las propuestas según el siguiente instrumento antes de la presentación a la VAS para la continuidad del proceso.
El 20 de noviembre 2020 se comunicarán los resultados.
Del 30 de noviembre al 15 de diciembre 2020, se inscriben los proyectos ganadores en la Vicerrectoría.
“Hago un llamado a la comunidad académica para que aprovechemos esta oportunidad derivada de una decisión de la Junta Administradora, en aras de maximizar las finanzas y el presupuesto para colocarlo al servicio de la comunidad nacional. Ahora lo que necesitamos es esa creatividad, esa criticidad y, por supuesto, el compromiso que ya tenemos de la comunidad universitaria para la presentación de las propuestas”, indicó Araya.
La convocatoria se habilitará del 25 de septiembre al 30 de octubre y su fin primordial es el abordaje de los distintos impactos provocados por la emergencia sanitaria COVID-19.
Natalia Odio González (Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social, UCR).
Proyecto de Acción Social trabaja por la seguridad alimentaria
El objetivo de hambre cero propuesto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, parece estar cada vez más lejos de cumplirse. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Si continúan las tendencias actuales de bajo crecimiento económico, graves fenómenos climáticos y modos insostenibles de producción, el número de personas afectadas por el hambre superará los 840 millones para el 2030.
El Programa Mundial de Alimentos, expone que alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa y la pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esta cifra y sumar alrededor de 130 millones de personas más a las que se encuentran en condición de riesgo, por lo que la seguridad alimentaria se convierte en uno de los desafíos principales para las naciones.
El proyecto de Acción Social Ordenamiento, conservación y reposición de las colecciones institucionales de germoplasma agrícola, mantenidas por la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno (EC-340) trabaja desde y para las comunidades por medio del asesoramiento a productores y productoras y la creación y seguimiento a las colecciones institucionales.
El EC-340 trabaja con colecciones muy valiosas a nivel nacional y regional, que resguardan un patrimonio genético de gran importancia para lograr innovar en la agricultura, ya sea con la generación de nuevas variedades para incursionar en el mercado, o con el aporte de materiales genéticos que pueden utilizarse en situaciones de catástrofes naturales. Fotografías de Patricia Quesada.
“Este es un proyecto de carácter permanente que conserva colecciones de plantas, principalmente de aquellas que son perennes, por lo que se realiza una conservación en el tiempo. Se trata de preservar cultivos tanto de altura como de bajura para hacer una evaluación de las variedades o materiales y, de esta manera, poder hacer recomendaciones a los productores y productoras sobre variedades más adaptadas, más productivas y de mejor calidad”, expresó Patricia Quesada, coordinadora del proyecto.
Esta iniciativa, trabaja en la Subestación Fraijanes, ubicada en Alajuela, así como en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno la cual, con el paso de los años ha logrado establecer una serie de colecciones de plantas con potencial agrícola actual o futuro, que son la base para programas de mejoramiento genético y pruebas de adaptación de nuevas variedades y de nuevos cultivos. Dentro de estas colecciones destacan las de variedades de mango, anonáceas, bambú, frutales tropicales y otras colecciones menores como las de feijoa, arándanos, musáceas, plantas medicinales, entre otras.
“Como parte de las labores del proyecto, se realiza un manejo básico de todas las colecciones en cuanto a control de plagas, enfermedades, control de malezas y fertilización para que las plantas se encuentren en el mejor estado posible y puedan permanecer a lo largo del tiempo. Se pretende que exista la posibilidad de que si alguna persona desea trabajar con un cultivo específico, tenga la colección y lo pueda trabajar de diferentes maneras”, indicó Quesada.
Actualmente, debido a la situación mundial por el COVID-19, el proyecto se encuentra trabajando con los productores y productoras vía WhatsApp y por medio de un nuevo canal de YouTube en el que comparten videos educativos y en respuesta a las preguntas más frecuentes. Para quienes conforman el EC-340 el compromiso con las comunidades sigue más presente que nunca y el trabajo por la seguridad alimentaria continuará por mucho más.
Natalia Odio González Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social
Exoneraciones a ZF del 2018 equivalen al 54.5% de la deuda que adquiriríamos con el FMI
Mientras en Costa Rica estamos “agarrados de las mechas” por la propuesta del Gobierno para aumentar impuestos y negociar con el #FMI un préstamos por 1.750 millones de dólares, solo en el 2018 las empresas de zonas francas tuvieron beneficios fiscales equivalentes al 54.5% del aspirado crédito.
Según #PROCOMER, 375 empresas de ZF tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en $953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al Tipo de cambio del 31 diciembre 2018.
Las empresas de zonas francas constituían el 1,06% del total de empresas registradas en el Directorio de Empresas y Establecimientos del #INEC en el 2018 (35.429) y han recibido grandes beneficios fiscales que impactan en las finanzas públicas. Mientras tanto, el otro 98,94% de las empresas, así como el total de personas trabajadoras de este país (incluidas las que trabajan en ZF) sí estamos sujetas a diferentes tipos de impuestos y no tenemos privilegios equivalentes.
¿Acaso no es urgente revisar y modificar esa situación?
¿Por qué la propuesta del Gobierno no dice nada para cambiar esto de alguna forma?
¿Cuál es la opinión sobre esto y cuáles intereses defiende, el ministro André Garnier, siendo uno los grandes empresarios vinculados a las zonas francas?
Y aclaro, no cuestiono los beneficios que derivan de las empresas de zonas francas, que por cierto no son tan diferentes ni tan grandes a los que generan el resto de actividades económicas que operan fuera de ellas.
El punto es: ¿acaso no sería lo más justo y beneficioso para el país, que todas las empresas que generan empleo, productos y servicios, divisas y riquezas, operaren bajo las mismas condiciones de responsabilidad fiscal y que las más ricas contribuyan más?
Desde tiempo atrás es común escuchar entre los movimientos sociales y las comunidades el concepto de Economía Social Solidaria (ESS), esta es una forma organizativa que se basa en la autogestión, la participación y, claro, en la solidaridad. La ESS está ligada a las formas ancestrales de producción, gestión de los recursos y distribución de los beneficios; no es algo nuevo.
Según Yasy Morales Chacón, docente de la UCR, coordinadora del Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social, “la ESS corresponde prácticas socioeconómicas y políticas que están orientadas por valores y principios que motivan la convivencia, la participación democrática, la autogestión, la corresponsabilidad, la copropiedad de los proyectos auto gestionados, la solidaridad, la cooperación, el respeto, entre otros valores y principios».
Las iniciativas de la ESS responden a la necesidad nata de los seres humanos de agruparse para sobrevivir y en este caso para el desarrollo de procesos productivos, y de la comercialización de bienes o servicios. Así se busca el bienestar común antes de la acumulación de recursos, evitando la explotación ni del ser humano ni de la naturaleza.
La ESS es una alternativa política “contraria a los valores del individualismo y la competencia que corresponden al sistema capitalista en el que estamos inmersos e inmersas y desde el que se nos ha educado” indicó Morales.
Los intercambios solidarios como el trueque, el comercio justo sin intermediación, la interacción directa entre productores y consumidores, son algunas de las prácticas que engloba la ESS que, en el país, se desarrolla en sectores como las artes, cultura, producción agropecuaria, artesanía, turismo rural, servicios alimentación, alimentación y las finanzas solidarias.
Alternativa ante la crisis
Desde abril anterior y en marco de la afectación por la pandemia de la COVID19, desde la Mesa de Intercambio Solidario, espacio de confluencia de diferentes proyectos e instituciones ligadas a la ESS como lo son las Asociaciones de Desarrollo, Cooperativas, Asociaciones, Centros Agrícolas Cantonales, Sociedades Civiles, Asociaciones Solidaristas, Sindicatos, Fundaciones y ASADAS, se han planteado una serie de propuestas para hacerle frente a la crisis.
Con esto se busca “favorecer la producción agropecuaria nacional con políticas de estímulo”, “sostener y aumentar la inversión pública como una fuente de trabajo y de dinamización de la economía”, e “identificar las unidades productivas de la economía social solidaria, tanto del sector formal como del informal, que están siendo afectadas por la crisis; categorizarlas según el grado de afectación y elaborar un plan de acción (…) para responder en tres momentos: corto, mediano y largo plazo”, según se planteo desde el Consejo Consultivo ampliado de Economía Social Solidaria.
Dos iniciativas ante la pandemia de COVID19
Los sectores de la economía social solidaria son diversos, van de la comercialización de bienes, productos agrícolas, culturales y artísticos, hasta los servicios. Este es el caso de la iniciativa de la conformación de una cooperativa de mujeres taxistas que se encuentra en trámites, que busca visibilizar y articular la participación de las mujeres en el sector de transporte modalidad taxi.
“Nuestro proyecto lleva intrínseco el tema de género y todas las desventajas que esto genera, hemos recibido mucho apoyo institucional y es por eso que tenemos proyectado que en un plazo no menor de 2 meses estaremos completando el trámite de inscripción ante el INFOCOOP, institución que nos ha estado acompañando técnica y legalmente”, mencionó Leda Mora Morales, abogada y notaria pública, integrante de la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, en representación del Sector Taxi
Grupo de mujeres taxistas en una de las mesas de trabajo para la formación de la cooperativa. Foto: Leda Mora Morales
Esta cooperativa busca enfocarse en la oportunidad de negocio de “brindar un servicio de transporte especializado para mujeres y grupos vulnerables como personas con discapacidad y personas mayores”, así como “apoyar en la transición hacia la renovación de la flotilla de taxis por una flotilla eléctrica, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización y en mitigación de los efectos negativos del Cambio Climático con el uso de energías limpias y combustibles no contaminantes”, según se lee en los objetivos de la iniciativa.
Otro ejemplo productivo y de intercambio es la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, es una idea que se viene gestando por la necesidad manifiesta de consumir productos amigables con el ambiente. Según indica Abelardo Builes Restrepo “Hasta el momento podríamos hablar de unas 11 o 12 fincas y hogares alrededor de unos 45 en lo que tengo conocimiento, pero va en aumento; la economía solidaria y hasta de trueque es una necesidad que aumentó con la pandemia”.
Reunión del comité central de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia, sobre los alcances y las necesidades. Foto: Abelardo Builes Restrepo
Esta red se encuentra en conversaciones con el MAG la conformación de una asociación como economía de grupo, posiblemente bajo la figura de cooperativa según mencionó Builes, que en su caso aporta microorganismos para el control de insectos y enfermedades y también abonos orgánicos y a la vez el intercambio de conocimientos en producción orgánica.
Finca de producción orgánica Pinar del Río de la Red de Consumo y Producción Orgánica de San Isidro de Heredia
Sin duda, la ESS propone y plantea una alternativa solidaria, desde las personas y las comunidades para hacerle frente a la crisis; solo es posible imaginar un futuro promisorio en el trabajo cooperativo, colaborativo, democrático y auto gestionado.
Imagen ilustrativa: Yasy Morales Chacón, Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social
Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), espacio de solidaridad y lucha conformado por distintas organizaciones de Pueblos Originarios y organizaciones sociales campesinas, estamos trabajando en una campaña de solidaridad ante la amenaza de desalojo en Kono Jú, China Kichá, programado para el 28 de septiembre 2020.
El Tribunal Agrario de San José ordenó el desalojo de los y las recuperadoras Cabécar de Kono Jú, pasando por alto que el terreno se encuentra dentro del Territorio Cabécar de China Kichá y, por tanto, pertenece únicamente a este Pueblo Cabécar.
– FOTO: Sube a tus redes sociales una foto sosteniendo un cartel que diga: YO DESDE (lugar desde donde envía el mensaje) DIGO NO AL DESALOJO DE KONO JÚ EN CHINA KICHÁ y utilice el hashtag: #NoAlDesalojoDeKonoJu
– FIRME la petición en línea al Estado de Costa Rica para que detenga el desalojo y se garantice la integridad física y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá y se respete su derecho colectivo a la tierra-territorio. https://bit.ly/2RBgtMk
