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Pobreza, vulnerabilidad y recortes presupuestarios a los programas sociales

Jorge Herrera.

Jorge Herrera Fernández
Junio 2024

Las publicaciones de la Encuesta de Hogares del INEC y el Informe del Estado de la Nación cada año dan cuenta de resultados desalentadores sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Aunque abundan los análisis, estudios y discusiones, en ellos permanece ausente cualquier referencia a la práctica continuada de sacrificar los presupuestos de programas sociales para mantener equilibrios fiscales.

En este contexto, merece consideración y análisis lo que en realidad ha sucedido con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), programa que -se supone- debe recaudar y administrar cientos de miles de millones de colones, para distribuirlos en diversos beneficios sociales. Todo de conformidad con los mandatos de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares No. 5662.

La deuda del Estado. Entre 1999 y 2008 el Ministerio de Hacienda recortó los presupuestos de FODESAF, llegando a acumular una deuda de ¢786 mil millones con ese Fondo. Para diciembre 2009, bajo el argumento de que esa obligación correspondía a “períodos presupuestarios liquidados”, Hacienda eliminó los registros de la deuda que se mantenía en Contabilidad Nacional (1). Sin embargo, el asunto iba más allá, esos ajustes contables no solo daban por eliminada la deuda, sino que, con su contrapartida de “ingresos”, generaban un superávit que permitió cubrir el déficit del Gobierno Central y sumar alrededor de ¢40 mil millones en el Estado del Patrimonio Nacional (2). En 2010 la Contraloría, bajo el criterio de que la ley ordinaria prevalece sobre la ley de presupuesto, estableció que esos movimientos contables eran legalmente improcedentes y emitió disposiciones para reversar las operaciones y retornar la deuda a sus anteriores condiciones. Así, el Estado continuó debiendo a FODESAF y, agregando nuevos recortes de presupuesto de 2011 y 2012, la deuda estatal con el Fondo y sus programas sociales llegó a ¢960 mil millones y así se mantiene desde 2012 en los balances de ese Fondo y se registra en Contabilidad Nacional. Conviene observar que la obligación en colones constantes tiene un valor de aproximadamente ¢1,6 billones.

En resumen, en el período señalado, FODESAF no recibió los recursos que por ley le correspondían sino las sumas que decidió el Ministerio de Hacienda. Es necesario destacar que en esos recortes presupuestarios no solo mediaron incumplimientos legales sino también desacatos a sentencias de la Sala Constitucional. Una situación de particular importancia por su impacto social es que esa deuda de ¢965 mil millones comprende ¢200 mil millones cuyo destino legal era financiar pensiones del Régimen No Contributivo para adultos mayores en condición de pobreza. Recientemente la Caja, como administradora de ese régimen y por su cuenta, ha procedido a entablar el reclamo judicial contra el Estado.

Dinero de FODESAF para reducir deuda pública. En 2011 y 2012 recursos por ¢7 mil millones del presupuesto del IMAS que se mantenían en Caja Única del Estado fueron utilizados para “invertir” en títulos de deuda pública con tasa 0%; bajo el acuerdo previo de que la inversión luego sería “condonada” para reducir la deuda pública. Es decir, una “pseudo transacción financiera” que en realidad no tenía otro propósito que entregar el dinero al Ministerio de Hacienda. Tanto las autoridades del IMAS como de Hacienda ignoraron que se trataba de recursos provenientes de FODESAF y que como tales estaban sujetos a la Ley 5662 de ese Fondo, en particular a lo dispuesto por el artículo 18 que prohíbe usar sus dineros en finalidades no autorizadas en esa ley y el artículo 27 que ordena a las entidades ejecutoras reintegrar los excedentes para incorporarlos al presupuesto del siguiente período. En el año 2015 la Contraloría ordenó iniciar un procedimiento administrativo contra el presidente ejecutivo del IMAS, la Gerente General y miembros del Consejo Directivo de esa entidad, un viceministro de Hacienda y el Tesorero Nacional (3). Conviene agregar que buena parte de los fondos desviados correspondían a becas del Programa Avancemos y que en esos momentos la Contraloría cuestionaba al IMAS que los montos de las becas no habían sido actualizados en cuatro años; es decir, las autoridades no desconocían que su actuar implicaba la afectación de beneficios sociales.

Es necesario mencionar que institucional y socialmente se ha tenido a FODESAF como una fuente de recursos para cubrir necesidades de diversa naturaleza, sin reparar en que la ley dispone que son beneficiarias del Fondo las personas “que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”. Buen ejemplo de lo anterior es el caso de la “mesa de diálogo de IVM” convocada por la Caja en la cual, representantes del Estado, patronos y sindicatos acordaron recomendar reformas legales para que, sin más, se tomaran anualmente ¢60 mil millones de FODESAF para paliar los desajustes del sistema de pensiones IVM. Situaciones similares se han observado en iniciativas para eliminar el 5% del aporte patronal y un proyecto de ley para que, en caso de emergencia nacional, el Poder Ejecutivo pueda reasignar los presupuestos de FODESAF.

También es buen ejemplo la Ley de la Red de Cuido Infantil No. 9220 la cual dispone que FODESAF debe girar dineros a las municipalidades para la operación de centros de esa Red. Sin embargo, sus normas van más allá y expresan que “Estos recursos, para los efectos de presupuestación y fiscalización de la Hacienda Pública, se considerarán ingresos propios de cada gobierno local.En otras palabras, cada gobierno local usará los recursos a su discreción sin ninguna obligación de reintegrar los excedentes a FODESAF para ser redistribuidos como lo ordena la ley 5662.

Recorte presupuestario 2024 Un caso de actualidad a considerar es el que tramita la Sala Constitucional ante un recurso de amparo del diputado Antonio José Ortega Gutiérrez y otros (Expediente No. 24-007089-0007-CO). Según la gestión de los recurrentes, el ministerio de Hacienda ha presupuestado para FODESAF ¢62 mil millones menos del monto al que la ley le obliga. En este contexto vale destacar que en el año 2005, hace diecinueve años, la Sala resolvió una situación similar en los siguientes términos:

Por lo anterior, la presente acción de inconstitucionalidad deberá ser declarada con lugar, de manera que para el ejercicio económico de dos mil seis en adelante, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán contemplar a favor del FODESAF, una transferencia equivalente al 20% de la recaudación prevista por concepto del impuesto general sobre las ventas, en tanto el artículo 9º de la Ley 6914 siga vigente. Para esos mismos ejercicios económicos, el Poder Ejecutivo se deberá abstener de imponer límites de gasto al FODESAF y a las instituciones que reciben recursos de éste, que impidan el efectivo empleo de los fondos contemplados en el artículo 9º de la Ley 6.914 para los fines sociales que cumplen las referidas instituciones.” (4)

Criterio de la Procuraduría General de la República. El dictamen PGR-C-150-2022 del 20 de julio 2022 refiere la excepción de los recursos de FODESAF respecto a la “regla fiscal”, de manera que la situación de las finanzas públicas no constituye una autorización irrestricta para Hacienda en la asignación de presupuesto a los programas sociales.

“Por consiguiente, las instituciones destinatarias de las transferencias del FODESAF, aun estando ellas mismas sujetas en sus propios presupuestos a las regulaciones del Título IV de la Ley n.°9635, en el acto concreto de presupuestar los recursos que les fueron asignados de dicho fondo y ejecutarlos para dar cumplimiento a los programas de desarrollo social que tienen encomendados a favor de las poblaciones más vulnerables, quedan eximidas de observar esas disposiciones, incluida la regla fiscal”.

En resumen, puede decirse que la administración tributaria ha venido disponiendo de “contribuciones sociales” cuya gestión y destinos están específicamente regulados por una ley ordinaria de corte social. Si hoy el ministro de Hacienda trata de justificar la reducción en la transferencia a FODESAF en una crisis de las finanzas públicas, vale la pena considerar la frase de Joseph Stiglitz:

Quienes más sufren en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla

CONCLUSION

Los niveles de pobreza y desigualdad no son ajenos a decisiones y acciones de los poderes del Estado que han incumplido las disposiciones de la legislación social. Los resultados obtenidos son reflejo de prácticas que, a lo largo de los años, han colocado el “gasto social” en los primeros lugares de las agendas de recortes presupuestarios.

A los resultados de una “política social” bajo la rectoría de Hacienda, conviene sumar las dificultades que afrontarán los sectores pobres y vulnerables en el contexto de una crisis que permanece. El desempleo, el deterioro de la situación fiscal, los sistemas de salud y pensiones ya colapsados pasarán una costosa factura. Ni qué decir de los efectos de un cambio demográfico que, a pesar de haberse advertido hace más de diez años, aún espera por las medidas y previsiones pertinentes.

Notas:

  1. Contraloría General de la República, Informe DFOE-SAF-IF-04-2010
  2. Ministerio de Hacienda, Estado de Cambios en Patrimonio Neto 2009
  3. Contraloría General de la República, Resolución 13879-2016 (DJ-1770)
  4. Sala Constitucional, sentencia No. 2005-17612 del 21 de diciembre 2005.

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Auditoría Interna de la CCSS emite informe sobre deuda del Estado por traslado del “Primer Nivel de Atención” ante denuncia de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

Ante una consulta de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social se logró generar un estudio de parte de la Auditoría Interna de la CCSS en torno a la deuda del Estado por traslado del “Primer Nivel de Atención”.

Este estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo del Área Auditoría Financiera y Pensiones de la Auditoría Interna para el periodo 2024, así como en atención de las denuncias DE-232-2022 y DE-039-2023, en las cuales se exponen temas relacionados con el costo del traslado de los programas del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención, teniendo como objetivo general el analizar la gestión de la deuda del Estado relacionada con el traslado de los programas del Primer Nivel de Atención, considerando la normativa aplicable, así como el procedimiento para su cuantificación, cobro y registro contable.

Por su parte como objetivos específicos se encuentra la siguiente lista:

  1.     Revisar la aplicación de la metodología para la cuantificación y el procedimiento de cobro para los costos del primer nivel de atención al estado conforme el artículo 9 de la Ley 7374, a partir de octubre de 2019.
  2.     Constatar el pago por parte del Estado de los fondos provenientes del artículo 9 de la Ley 7374 relacionados con la atención primaria en salud.
  3.     Indagar sobre las acciones que se han promovido desde la administración activa para la ejecución de sentencia expediente 13-006261-1027-CA.
  4.     Revisar la razonabilidad del registro contable relacionado con los saldos a cobrar por concepto de traslado de los programas del primer nivel de atención del Ministerio de Salud a la CCSS.
  5.     Determinar si los riesgos identificados desde la perspectiva de la Auditoría Interna durante la presente evaluación están incorporados en la matriz de riesgos de la Dirección Financiero Contable y Dirección Jurídica, así como si tienen establecidos los controles mínimos para mitigarlos.

Este 21 de mayo se envía el informe completo de este estudio donde se destacan dos recomendaciones:

AL LIC. GUSTAVO PICADO CHACÓN, GERENTE FINANCIERO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.

  1. Valorar la pertinencia de que se revele información precisa, actualizada y pertinente en los Estados Financieros en relación con el traslado de los programas y funcionarios del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención hacia la CCSS, considerando las buenas prácticas de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), especialmente la NICSP 19 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

Adicionalmente, se incluya en el desarrollo los motivos que fundamentan la posibilidad de aplicar o no a partir de octubre de 2019 el “Procedimiento para la determinación del gasto mensual para el primer nivel de atención” que incorpora la metodología para el cálculo, cobro y registro contable del gasto por el traslado de los programas y funcionarios del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención, así como de una eventual negociación de pago con el Ministerio de Hacienda, considerando que los periodos en disputa en el expediente judicial 13-006261-1027-CA abarcan desde el año 1994 hasta setiembre de 2019, para ello en caso de que lo estime necesario, podrá solicitar apoyo desde el punto de vista legal a la Dirección Jurídica y elevarlo a los niveles que correspondan.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá suministrar a esta Auditoría una copia del análisis que se realice de los aspectos señalados, el detalle de las acciones que se tomarán producto de dicho análisis y las notas de revelación ajustadas en los Estados Financieros. Plazo: 6 meses.

AL LIC. GILBERTH ALFARO MORALES, DIRECTOR JURÍDICO O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.

  1. Instruir al Área de Gestión Judicial para que emita un informe de manera periódica o bien cuando se presente un avance sobre el estado de situación del expediente 13-006261-1027-CA, relacionado con la omisión estatal de cumplimiento de la Ley 7374 en cuanto a la trasferencia de recursos para el primer nivel de atención en salud, para conocimiento de la Dirección Financiero Contable, Gerencia Financiera y Junta Directiva.

La información que se suministre deberá considerar como mínimo los criterios establecidos en la NICSP 19 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”, en cuanto a los Activos Contingentes, con el propósito de que se disponga de información actualizada a nivel institucional sobre este proceso, así como de los insumos necesarios para el mejoramiento de las revelaciones a nivel de Estados Financieros, con el fin de apoyar la rendición de cuentas y toma de decisiones a nivel institucional, tomando en cuenta lo descrito en los hallazgos 4 y 5 de presente informe.

Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá aportar la instrucción emitida, así como el primer informe elaborado sobre la situación del expediente judicial 13-006261-1027-CA. Plazo: 4 meses.

Gaza/Israel: Respuestas desde el derecho internacional ante un drama indescriptible en Gaza

Seminario Web Gaza/Israel: ”Respuestas desde el Derecho Internacional ante un drama indescriptible en Gaza», con la participación de Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público (UCR).

Este seminario web se programó para el viernes 7 de junio 2024, a las 10:00 a.m / hora Centroamerica.

Si desea obtener más información, se le invita a ingresar al siguiente enlace (https://www.facebook.com/photo/?fbid=853116380179673&set=a.485224186968896&locale=es_LA

O bien, puede ingresar al Facebook de la Escuela de Relaciones Internacionales – UNA CR (https://www.facebook.com/rriiuna?locale=es_LA) donde encontrará este seminario.

La posible reelección del presidente Rodrigo Chaves

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves Robles tiene todo el derecho a pensar que puede reelegirse en la Presidencia de la República. Solo tiene que saber que de acuerdo con la actual legislación constitucional solo puede hacerlo una vez que hayan transcurrido ocho años después de haber dejado la Presidencia de la República. Esto significa que hasta las elecciones nacionales del 2034 podría volver a ser candidato. No lo puede hacer, ni postularse en las elecciones del 2030.

En la Constitución Política original de 1949, el Artículo 132, en su inciso 1), se estableció que “no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el que hubiera servido a la Presidencia en cualquier lapso dentro de los ocho años anteriores al período para cuyo ejercicio se verificare la elección, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiere servido durante la mayor parte de cualquiera de los períodos que comprenden los expresados ocho años”.

La aprobación de este artículo fue una reacción contra la tradición anterior a 1948 que permitía la reelección presidencial dejando pasar un período presidencial. Así fue el intento del Lic. León Cortés de volver a ser presidente en 1944, cuando él dejó la presidencia en 1940, o el Dr. Calderón Guardia cuando quiso volver a la presidencia en 1948, habiéndola dejado en 1944.

José Figueres asumió de facto la presidencia de la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando se le impuso, como triunfador militar en los sucesos armados de marzo-abril de 1948, a Otilio Ulate, quien había sido electo presidente en 1948, presidencia que se le anuló, lo que provocó la insurrección militar para reconocerle la presidencia. Su breve gobierno, 1948-1949, no le impidió ser candidato a la presidencia en las elecciones de 1953, por cuanto él no había sido electo presidente por la vía electoral. Su gobierno de 1953-1958 fue su primera presidencia constitucional.

En 1969 se realizó una reforma constitucional, en el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, que modificó este artículo 132, estableciendo el impedimento de la reelección presidencial, para cualquier persona que hubiera ejercido la presidencia, durante cualquier lapso.

La reforma se impulsó para evitar la reelección de presidentes socialdemócratas, lo cual no afectaba a Figueres, porque los efectos de esa reforma eran hacia el futuro, y no hacia quienes en el pasado hubieran sido presidentes de la República. Más se movieron las fuerzas políticas contra Figueres y contra Daniel Oduber Quirós, que había perdido la presidencia en las elecciones de 1966, pero se le visualizaba como un fuerte y posible candidato para los procesos electorales siguientes, como lo fue en 1974. Frente a la reforma que limitaba la presidencia se impuso en 1970, José Figueres, originando su segundo gobierno constitucional.

La reforma constitucional del 11 de julio de 1969 estableció el artículo 132 de la Constitución, en su inciso 1), de la siguiente manera: no podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente, el Presidente que hubiera ejercido la Presidencia durante cualquier lapso, ni el Vicepresidente o quien lo sustituya, que la hubiera ejercido durante la mayor parte de un período constitucional.

Con base en esa reforma constitucional, a partir de 1970 los presidentes de la República que fueron electos, como personas que no habían ejercido la presidencia anteriormente, se eligieron por una sola vez, sin intentarlo en una segunda ocasión. Así sucedió con Daniel Oduber, 1974-1978; Rodrigo Carazo, 1978-1982; Luis Alberto Monge, 1982-1986; Oscar Arias, 1986-1990; Rafael Angel Calderón Fournier, 1990-1994; José María Figueres, 1994-1998; Miguel Angel Rodríguez, 1998-2002, y Abel Pacheco 2002-2006.

La reforma constitucional de 1969 estableció un artículo transitorio que ex Presidentes de la República, hasta ese momento, solo podrían ser reelectos por una sola vez, con arreglo a las disposiciones del artículo 132 anteriores a esta reforma. De conformidad a esta disposición, de los expresidentes anteriores solo podían optar a la presidencia Rafael Angel Calderón Guardia, Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich, José Joaquín Trejos. De estos solo Mario Echandi, en 1982, intentó ser presidente.

El ambiente político hacia las elecciones del 2006, luego de la reelección de la Unidad Social Cristiana, del gobierno de Miguel Angel Rodríguez al de Abel Pacheco, 1998-2002 y 2002-2006, rompiendo la tradición de que solo el partido Liberación Nacional se reelegía, José Figueres – Daniel Oduber, 1970-1978; Luis Alberto Monge – Oscar Arias, 1982-1990, se impulsó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, que recién se había creado, en 1989, para revisar la reforma constitucional que se había hecho en 1969, que impedía la reelección presidencial. Obviamente, se movían sectores políticos que consideraban que Oscar Arias era la mejor opción en el 2006 para levantar al partido Liberación Nacional y llevarlo nuevamente al Poder Ejecutivo. Su triunfo electoral fue apretado, por un margen de 19.000 votos, contra un exliberacionista, Otón Solís, que había creado un nuevo partido, Acción Ciudadana.

El fundamento de esta acción descansaba en dos aspectos. Uno, de procedimiento legislativo cuando se aprobó esa reforma, y otro, de derechos fundamentales, que no podían ser modificados negativamente por una reforma parcial de la Constitución, como se hizo en 1969.

La Sala Constitucional estableció que habían habido vicios de procedimiento parlamentario y constitucional que anulaban lo resuelto en esa reforma. Por el fondo, de los derechos fundamentales, fue más categórica. Se señaló, lo que bien corresponde a Derecho Constitucional, que derechos y libertades constitucionales establecidos por el Poder Constituyente Originario, la Asamblea Nacional Constituyente que redacta y aprueba una Constitución, no pueden ser modificados negativa ni restrictivamente por reformas constitucionales posteriores; y que el derecho de reforma constitucional, que tiene la Asamblea Legislativa, su Poder Constituyente Derivado, no puede violentar derechos originalmente establecidos por la Asamblea Nacional Constituyente, solo actuando para mejorarlos, superarlos, ampliarlos, pero no para restringirlos o limitarlos.

Originalmente, la Asamblea Nacional Constituyente había establecido el derecho de reelección presidencial, de quienes ejercieran ese alto cargo público, derecho que no podía restringirse ni eliminarse por una reforma constitucional hecha por la Asamblea Legislativa.

Sobre esto ya se había dado una modificación constitucional importante relacionada con el Artículo 98 de la Constitución Política, que en su segundo párrafo, establecía restricciones de participación electoral ciudadana, que solo se aplicaba a comunistas o quienes habían pertenecido a ese partido antes de 1948, de acuerdo a listas que se tenían, para verificar los trámites de inscripción de partidos políticos, ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo originalmente aprobado en 1949, al calor de la guerra civil y de las restricciones y persecuciones que se establecieron contra el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, por el Decreto No. 105, de la Junta de Gobierno, señaló que se prohibía la formación o el funcionamiento de partidos políticos que por sus programas ideológicos, vinculaciones internacionales, medios de acción, tiendan a destruir los fundamentos de la organización democrática de Costa Rica, o que atenten contra la soberanía del país, todo a juicio de la Asamblea Legislativa, previo informe del Tribunal Supremo de Elecciones.

Este artículo original funcionó, desde 1949 hasta 1969, poniendo fuera de la ley, y de la participación electoral, casi una docena de partidos que se consideraban de izquierda o caían en los extremos del Decreto No. 105 y el segundo párrafo del Artículo 98 constitucional.

A ello hay que agregar que existían listas de ciudadanos, en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que eran objeto de impedirles su agrupación política. No se les impedía votar por otros partidos políticos. Se les impedía votar por partidos políticos propios, de votar por ellos mismos, ya que los calificaban en esos extremos de impedirles su participación electoral.

La reforma al artículo 98 constitucional se dio en medio de una lucha democrática, que empezó a finales de la década de 1960-1969. A ello se sumó la crisis de la economía nacional, especialmente con la producción de café y de azúcar, que condujo a que el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, 1966-1970, y el partido Liberación Nacional, se movieran para solicitarle a Manuel Mora Valverde, Secretario General del Partido Comunista, Vanguardia Popular, actuara como agente comercial del Gobierno, ante los países socialistas para vender café y azúcar, de la cuota internacional que se había reducido para Costa Rica. Esto lo apoyó José Figueres que ya era candidato para las elecciones de 1970, del partido Liberación Nacional, y en su gobierno 1970-1974.

Los países socialistas, y la Unión Soviética, calzaban en esos nuevos mercados, no tradicionales, de mercados emergentes, como también se les ubicaba, para colocar esos productos.

Así, se le dio pasaporte oficial a Manuel Mora, que se hizo acompañar, en su patriótica misión, con Ricardo Quesada López Calleja y del empresario liberacionista Max Blanco Brunetti, quienes representaban los intereses cafetaleros y cañeros. La gestión de Manuel Mora le permitió presionar por la eliminación del segundo párrafo del Artículo 98, y luego, bajo el gobierno de José Figueres, 1970-1974, por el reestablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética y otros países socialistas.

En el gobierno de Figueres se inició la reforma constitucional del artículo 98 que se aprobó en el gobierno de Daniel Oduber, 1974-1978. Con esta reforma la democracia nacional y electoral se amplió y fortaleció.

De esta manera, se modificó el artículo 98 que restringía derechos electorales, por la reforma del 4 de junio de 1975, permitiendo que los ciudadanos tuvieran el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República. El 2 de julio de 1997 se amplió este artículo señalando que los partidos políticos expresaran el pluralismo político, concurrieran a la formación y manifestación de la voluntad popular y fueran instrumentos fundamentales para la participación política. La creación y el ejercicio de partidos políticos, de su actividad, por esa reforma, sería libre dentro del respeto a la Constitución y la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Puestas así las cosas, la reelección presidencial se volvió a discutir a principios de este siglo ante la Sala Constitucional.

El triunfo Miguel Angel Rodríguez, en 1998 y luego de Abel Pacheco, 2002, ambos de la Unidad Social Cristiana, supuso la posibilidad de reelección continua de este partido. Liberación Nacional se movió internamente llegando a la conclusión que su mejor candidato posible para la Presidencia era Oscar Arias.

Si a los comunistas y a las personas de izquierda se les reconoció y se les restableció su derecho electoral de organización partidaria, porque se ampliaba un derecho, era igualmente válida la nulidad que hizo la Sala Constitucional de la restricción que limitaba el derecho de los expresidentes a su posible reelección, en tanto restableció un derecho ciudadano declarado originalmente en 1949. La Sala Constitucional al anular la reforma de 1969, restableció el artículo original de 1949, que facultaba la posibilidad de reelección presidencial dejando pasar dos períodos presidenciales, es decir ocho años después de que se deja la presidencia.

Esta decisión de la Sala Constitucional se ha visto muy personalizada en la figura del expresidente Oscar Arias, tanto por grupos políticos de la derecha como de la izquierda, sin entender con claridad que lo que estaba de fondo eran derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos que no podían restringirse, o que se podían crear y ampliar.

Para el momento actual, el presidente Rodrigo Chaves ha mostrado su interés de la reelección, para la campaña electoral del 2030, dejando pasar tan solo un período presidencial 2026-2030 y no dos períodos como está establecido en la Constitución Política.

Es claro que cualquier posición que el presidente Chaves tenga para hacer ver su posible candidatura en el 2023, es tan solo una postura de agitación política, de atención política, de mover el ambiente político a su alrededor, que lo sabe hacer bien.

Institucionalmente no hay posibilidad de realizar una reforma constitucional, en este momento, para restablecer la reelección inmediata o dejando pasar un período presidencial.

El presidente Chaves ha perdido su tiempo constitucional para realizar reformas a la Constitución. Ni siquiera podría hacerlo por la vía del Referéndum, aun convocándolo, porque no hay tiempo para aprobar en dos legislaturas posibles reformas constitucionales. Tal como está la situación el presidente Chaves solo tiene posibilidad de volverse a postular hasta las elecciones del 2034.

Confieso públicamente, como lo he dicho en diferentes escenarios y medios de comunicación, que soy partidario de la reelección inmediata, consecutiva, por lo menos de un período presidencial, para quien ejerza ese cargo. No le tengo miedo a la reelección presidencial. Pero no es la oportunidad inmediata del actual presidente. También soy partidario de que el mandato presidencial se alargue a seis años, como en México.

Lo curioso de los opositores a la reelección presidencial es que son partidarios de sus propias reelecciones consecutivas, inmediatas, o alternas, en puestos que tienen en juntas directivas de organizaciones sociales y empresariales, o en puestos académicos, y partidariamente políticos, que son susceptibles de reelección. En esto hay que ser consecuente.

La experiencia histórica de Costa Rica, antes de 1948, mostró el valor de la reelección política en muchas dimensiones. Solo en el campo legislativo, por citar un ejemplo, los diputados podían reelegirse continuamente. Manuel Mora Valverde fue electo diputado de manera consecutiva desde 1934 hasta 1948. Después, volvió a ser diputado en 1970.

En el caso del presidente Chaves hay que entender que para volver a ser candidato presidencial, en el 2034, se supone que debe mantenerse activo en política, una vez que deje la presidencia en el 2026. Que esa actividad pasa por la existencia de un partido político permanente, que todavía no lo tiene; y, que lo tenga como uno de sus dirigentes políticos.

Los otros escenarios que tiene el presidente Chaves, para mantenerse activo políticamente, descansan en dos posibilidades. Una, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, de la que ya se pronunció a favor, en lo cual también estoy de acuerdo, en donde él quisiera ser diputado, para lo que necesita un partido político que lo postule y que quede electo en esa Asamblea.

El estuvo tanteando esa posibilidad de convocatoria de la Asamblea nacional Constituyente. Reunió especialistas que no oyó y desestimó en su iniciativa. Ahora, que acaricia esa posibilidad, perdió su tiempo constitucional para convocarla. Por ahora, casi no es posible convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ya la Sala Constitucional se opuso a un referéndum, que el Tribunal Supremo de Elecciones había aprobado. No es, entonces, por la vía del Referéndum la posibilidad de la convocatoria del Poder Constituyente Original. Tendría que tener el Presidente Cháves una enorme capacidad negociadora con los diputados para lograr que la Asamblea Legislativa lo haga, capacidad que hasta ahora no ha demostrado.

La otra posibilidad es que un partido nuevo para las elecciones del 2026, con el apoyo del actual Presidente, que se identifique con él, y con la continuidad de sus políticas, triunfe y lo tome en cuenta en algún cargo político, que le dé resonancia, como un ministerio o algo así. Por ahora no lo tiene. No es imposible que esto suceda, que otro partido asuma el Poder Ejecutivo, que no sea de los tradicionales ni de los que participaron en la última contienda electoral, tratando de darle continuidad al actual gobierno. Improvisaciones políticas en esta época son posibles. El mismo presidente Chaves es una muestra de ello.

No hay que engañarse. El ambiente electoral no desestima esta posibilidad. Ante el anuncio del presidente de Chaves, de su interés por la reelección, la diputación constituyente y el Referéndum hay que prepararse.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Conferencia virtual: Destrucción y saqueo del Refugio Gandoca Manzanillo

Las organizaciones del Caribe Sur se unen para proponer medidas para detener la destrucción que está sucediendo en la costa y zonas protegidas como humedales, bosques costeros, zonas de protección de ríos y litoral caribeño.

Darán a conocer el Manifiesto por la recuperación del Refugio Gandoca Manzanillo.

El espacio será transmitido en la página del Programa Kioscos Socio Ambientales UCR el día miércoles 29 de mayo a las 10:30 a.m. Esta conferencia quedó grabada en el Facebook del Programa de Kioscos Socio-ambientales UCR, a la cual puede acceder a través del siguiente enlace (https://www.facebook.com/share/v/MkTXScNJh1chCDrV/?mibextid=WC7FNe

En esta conferencia virtual se tratan temas acerca de la destrucción y saqueo que se ha venido dando en Gandoca Manzanillo.

Pronunciamiento por la recuperación del Refugio Gandoca Manzanillo unidas y unidos por Costa Rica : ante la emergencia climática, el inminente colapso de la biodiversidad, la pérdida de espacios públicos para el desarrollo sano de la sociedad y los retos socioambientales que enfrentamos hoy en día los firmantes se unen bajo este pronunciamiento por la recuperación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la protección de los bosques costeros y los humedales del litoral costarricense, del mismo modo de cara a generaciones presentes y futuras declaramos nuestra intención de sostener una lucha activa por el respeto del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Al agua limpia y potable, al más adecuado reparto de la riqueza consagrado en el artículo 50 de la constitución política de Costa Rica. Por tanto, exigimos al estado costarricense, el poder ejecutivo, judicial, legislativo y a la municipalidad de Talamanca. Palabras de Edward Stward Jackson (Fiscal de la ADI Këkoldi)

Se dan pronunciamientos acerca de que nos devuelvan las áreas del Refugio Gandoca Manzanillo que se han usurpado y violentado con la ley 9223 y la propuesta del Plan Regulador Costero de Talamanca y que se delimiten y reincorporen las 188 hectáreas de patrimonio natural del estado en cumplimiento de lo ordenado por la sala constitucional el 10 de Julio del 2019 a raíz de la parcial inconstitucionalidad de la anterior citada ley.

Los territorios de patrimonio natural recuperados a lo largo del litoral del Caribe Sur sean intervenidos con prontitud y eficiencia para regenerar los humedales, bosques y otros ecosistemas destruidos. Puntos que aborda Marta Castro (presidenta del comité de vigilancia de los recursos naturales del Caribe Sur).

Se solicita que se establezca una moratoria a los permisos de tala y extracción, aprovechamiento y construcción, o cualquier permiso que autorice cualquier tipo de destrucción o cambio de uso del suelo de los humedales, bosques y otros ecosistemas hasta que se delimiten, zonifiquen y se ordenen correctamente estos espacios.

Los funcionarios corruptos y cómplices sean acusados con todo el peso de la ley y no puedan seguir trabajando en asuntos relacionados al refugio ni con un cargo en Gerencia Pública en un ámbito de conservación o aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

En Cahuita se solicita que se investigue e intervenga el área de conservación La Amistad Caribe del SINAC, por delitos de corrupción y contra la hacienda pública. Solicitamos que la Fiscalía y la Procuraduría gestionen de manera inmediata medidas cautelares necesarias ante los órganos judiciales correspondientes, con el fin de detener de manera inmediata el robo de los espacios públicos y el Patrimonio Natural de los costarricenses.

Desde Talamanca Siempre Verde se exige que se detenga inmediatamente la violencia contra la naturaleza y las poblaciones originarias que habitan en la costa Caribe Sur. Además, se solicita que se cumpla la Legislación Ambiental y los Convenios Internacionales ratificados por Costa Rica. Se invita a personas, entidades y asociaciones a formar parte de este pronunciamiento por la recuperación del Refugio Gandoca Manzanillo y a comprometerse con un cambio verdadero en aras de procurar un ambiente sano y una vida digna para todas las especies que cohabitamos en este territorio.

Este pronunciamiento con la copia de las firmas será remitido a las siguientes instituciones: Defensoria de los Habitantes, Presidencia de la República, Asamblea Legislativa, Fiscalía, Procuraduría General, Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación y la Sala Constitucional, además, se compartirá a distintos medios de prensa nacional e internacional.  

Si desea conocer más aspectos que se trataron acerca de este pronunciamiento y los aspectos que aquí se mencionan, puede ver la trasmisión por Facebook Live mediante el siguiente enlace https://www.facebook.com/socioambientalesucr.kioscos/videos/2525424807630533 

Además, se le invita a todas las personas que se quieran sumar al llamado a que firmen el pronunciamiento que se detalla en esta transmisión y a que lo compartan. Para sumarse a este llamado, puede hacerlo mediante el siguiente enlace https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F524awxtWRh8ZQLfv6%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2k4OqzKZcHxvUJRLfvYYja3shu0zpup1hH9v3TCIdL9Ii8eDuBc_BtpjA_aem_AcD6kv0xnovuZPpd7D_wwSHsY1S616rUcQt47Cj-aI3XURmAPce2mQ6o-NuJCU3vBMdun25aIo-w2T6KfoaKhBvs&h=AT0vhq4_pwhe91UkT_2_qhZsEaNegQ8IK0QIhuIoIQp3pe3FIYAeD_cYjrGCcwd_W2SgAQjYEYX-z3Z18cf83ud-M2_2TQQwz0UxR2iCfoWPLfU4YFutl0bAMfznFDwNj0yWUPJ43gh5d2m9ftjEH8LO019TnxDU&__tn__=R-R 

“Lo que Importa” conversa con el fiscal del Comité de Agua, San Josecito, Alajuelita

Este jueves 30 de mayo a las 7:30 pm por Canal QUINCE UCR  se transmitirá una entrevista al representante del Comité de Agua, San Josecito, Alajuelita, el cual realiza una denuncia que el AyA siempre suspende el agua de Alajuelita, pero Escazú tiene agua permanentemente.

Esta semana en el programa “Lo que importa” del Canal QUINCE UCR, se conocerá ¿cuál es la realidad sobre el desabastecimiento del agua en los barrios del sur de la provincia de San José? 

Lo que importa de esta angustiosa situación lo comenzaremos como un representante del Comité de Agua de San Josecito, “los fines de semana dejan el cantón de Alajuelita botado”. 

“Lo que importa” este jueves 30 de mayo a las 7:30 de la noche por Canal QUINCE UCR, con retransmisión el viernes a las 9:30 am y domingo a las 12:30 medio día.

Organizaciones unen fuerzas a través de un manifiesto contra la violencia ambiental en el Caribe Sur

La situación en la que se encuentra el Caribe Sur es alarmante, desde la crisis climática, el colapso de la biodiversidad, la pérdida de espacios públicos para la población, entre muchos otros, son parte de las razones por las que la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kéköldi (ADITIK), Movimiento Cahuita Unida, COVIRENAS Caribe Sur, la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC), y Talamanca Siempre Verde se posicionan en defensa del Caribe Sur a través de un manifiesto.

Así mismo, dicho pronunciamiento se inscribe en la recuperación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y la protección de los bosques costeros y los humedales del litoral costarricense, estas organizaciones declaran que su intención es sostener una lucha activa con el fin de que se cumpla lo establecido en la Constitución Política que indica que se debe garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua limpia y potable, y al más adecuado reparto de la riqueza consagrado.

En la conferencia de presentación del manifiesto se denunció el tema de los cambios de usos del suelo que se han realizados de manera irregular cerca de la zona costera que es parte del área silvestre protegida, y gracias a esto se ha hecho posible que se otorguen permisos forestales.

Francisco Rodríguez de la Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC) comenta: “que logren obtener permisos para acciones como la tala de árboles, no necesariamente quiere decir que esos permisos están bien dados”. Hay grandes cuestionamientos debido a que estas organizaciones han encontrado que las justificaciones por las que se otorgan los permisos no corresponden con lo que se ve en campo cotidianamente.

La preocupación de estas organizaciones también se refleja en la desconfianza que se tiene hacia las autoridades que deben estar enfocadas en velar por el ambiente. Marta Castro de COVIRENAS Caribe Sur explica que desde que inició el proceso de elaboración del Plan Regulador Costero de Talamanca, se le solicitó al Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) en el año 2017, realizar la respectiva demarcación de las áreas correspondientes al Patrimonio Nacional del Estado. Esta demarcación omitió demarcar cerca de 13 humedales de importancia internacional y algunas otras áreas de parches boscosos. Con esta omisión el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo quedó desprotegido y estas áreas que el ACLAC omitió fueron utilizadas en la zonificación del Plan Regulador Costero en donde “se construirían áreas de parqueo y urbanización, como si el refugio no existiera ya que utilizaron un documento obsoleto, en lugar de utilizar el actualizado del año 2021, donde si se incluían estos humedales. Cabe mencionar que sobre estas áreas excluidas, ya existen 2 hoteles con piscina, así como un residencial.

Aquí se evidencia que el supuesto desarrollo del Caribe Sur beneficia solo a algunos pocos. Selva Baker de Talamanca Siempre Verde, explica que en la zona ya hay un faltante de agua potable y que si llegan a construir estos nuevos hoteles con más comodidades se necesitará mucha agua que dejará a las comunidades locales sin este recurso vital.

“Hay evidencia muy clara, cualquiera que vaya a Punta Uva donde hay un humedal puede ver donde van drenando para hacer un hotel muy grande donde incluso ya hacen conciertos. Se han realizado muchas denuncias y a la municipalidad no le importa.” Comenta Selva.

En relación con lo anterior, Andrea Mora del Movimiento Cahuita Unida plantea la interrogante respecto a quiénes serán los beneficiarios que están afectando y degradando el Caribe Sur: “el desarrollo para quién va a ser?” Eso tiene nombre y apellidos, yo creo que estamos bajo amenaza, por eso nos unimos para exigir nuestros derechos, nuestra cultura, nuestra tierra. No podemos seguir así, no hay agua ni manejo de residuos y son muchas cosas que van a impactar el ambiente.”

Francisco Rodríguez explica que estas organizaciones no es que no quieren el desarrollo de la zona sino que para ellos “ el término desarrollo no significa inversión privada, el desarrollo como lo vemos nosotros, un verdadero desarrollo, debería potenciar a la sociedad, a la cultura y cuidar el ambiente.” Además, agrega que “no es justo que en la GAM impongan herramientas que no han sido creadas por las comunidades. Estamos mintiéndole a la comunidad internacional cuando decimos que somos un país verde”, esto lo réplica Selva Baker al mencionar que Costa Rica “se vende como un país enfocado en la conservación, pero en el diario vivir no estamos viviendo en un modelo de desarrollo sostenible.”

Finalmente Edward Stwart, Fiscal de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Kéköldi dijo en su idioma materno Bribri “necesitamos que nos apoyen en esta lucha, a la no deforestación y que el bosque es un todo para nosotros y los animales, que si destruimos las montañas se secan los ríos y las quebradas, el bosque que va desde la parte alta hasta el mar, las personas con interés, las quieren destruir por eso pedimos este espacio para salvarlos, y ojalá, Sibo nos ayude a los que cuidamos la naturaleza, gracias y muchas gracias!”

Con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes del Programa Kioscos socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.

Kioscos Ambientales UCR

«Álvaro Fernández, obra musical y nuevo disco» en la Benemérita Biblioteca Nacional

La Benemérita Biblioteca Nacional, Álvaro Fernández de Camino y Profana se complacen en invitarle al conversatorio Álvaro Fernández, obra musical y nuevo disco y con la participación de Ana Beatriz Fernández, Guadalupe Urbina, Alberto Zúñiga, Fo León, Fabrizio Ureña, Randall Zúñiga y José Pablo Román.

La actividad se realizará el miércoles 22 de mayo a las 4:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional y se transmitirá por el Facebook de la Biblioteca Nacional  https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

ANTTEC denuncia «desastrosa gestión» en el ICE

La Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (ANTTEC) ha subido en sus redes oficiales un comunicado del presidente de la junta directiva Sergio Olivares, quien se dirige a la ciudadanía y a las personas iceistas.

Don Sergio  menciona que la desastrosa gestión de la administración los ha llevado a un momento crítico para el país debido a la alerta de activación del protocolo por falta de energía eléctrica.

Se indica que desde un inicio el presidente ejecutivo, Marco Acuña, ha dado señales para privatizar el ICE, hablando de este como obsoleto en la matriz eléctrica ante una comisión de la asamblea legislativa. Marco Acuña, agrega el comunicado de ANTTEC, ha hablado también de cerrar plantas térmicas con el fin del ahorro de energía y este junto con el gerente de electricidad han intentado complacer los intereses políticos partidarios.

No es de extrañarse que justo luego del anuncio del referéndum por parte del presidente, se activa el protocolo, ya que dentro de este referéndum está la Ley de Armonización Eléctrica, de interés para este gobierno la privatización de la energía costarricense.

Compartimos el comunicado para que pueda escucharlo.

Avanza organización de la 3era Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia

Por Michelle Pauline Castro Marchena
Victorhugo Castro Alvarado
gestionlocal@uned.ac.cr

El pasado 6 de abril se llevó a cabo en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), la actividad Segundo Encuentro para Organizar la Tercera Marcha Mundial, Costa Rica, 2024.

En dicha actividad participaron representantes de la organización Mundo sin Guerras y sin Violencia, funcionarios del Programa de Gestión Local (PGL) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), representantes de la Federación de Estudiantes de la UNED, Boys Scouts, Movimiento Humanista, Asociación de Desarrollo de Hatillo, ADI de Hatillo, Asociación Artística ASART, Comunidad Luterana Transformando Pura Vida, Red de Solidaridad con Palestina, Fundación Laberinto, entre otras.

La violencia estructural en sus distintas manifestaciones es una realidad que ha estado presente en los diferentes procesos históricos humanos a nivel mundial, en la actualidad no somos ajenos a este flagelo, siempre justificado por las personas o grupos que lo perpetran. Vemos como hoy en día, se agudizan las ocupaciones de territorios, los genocidios y las guerras, unas más visibilizados que otras por los medios de comunicación. A estos conflictos armados, debemos sumar las sangrientas pérdidas humanas que se dan todos los días, por causa del narcotráfico, luchas ente pandillas, discriminación étnica, violencia intrafamiliar, violencia de género, entre muchas otras formas de violencia que desafortunadamente son parte de nuestra realidad planetaria, en la que miles de personas sufren las consecuencias.

En este sentido la organización internacional Mundo sin Guerras y sin Violencia, organismo del movimiento Humanista, fundado en el año 1994 y que tiene como objetivo crear una conciencia global Noviolenta impulsa la Tercera Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, de la cual nuestro país tiene el honor y la responsabilidad de ser sede de la salida y llegada de la marcha, la cual tiene entre sus puntos básicos: denunciar la peligrosa situación mundial con conflictos crecientes, seguir creando conciencia, visibilizar las acciones positivas, dar voz a las nuevas generaciones que quieren instalar la cultura de la Noviolencia.

La Tercera Marcha durará 96 días y espera recorrer al menos 50 países de los 5 continentes, el plan es durar 20 días por continente, empezando en Costa Rica luego llegará hasta Norteamérica. Después, la Marcha Mundial pasará por Asia y luego por Europa. Desde España, atravesará África y luego irá a Sudamérica para terminar nuevamente en Costa Rica el 5 de enero de 2025. El punto de partida será la Universidad para la Paz y terminará en el centro de San José en la Plaza de la Abolición del Ejército, se pretende que sea una actividad multicultural, con participación de muchos credos espirituales, artistas, expresiones variadas, organizaciones, universidades, instituciones y todas aquellas personas que se quieran unir en esta marcha a favor de la paz, el fin de las guerras y la Noviolencia en todo el Mundo.

Dentro de los objetivos del encuentro estuvieron:

  • Presentación de antecedentes de la primera y segunda marcha, conceptos básicos, personas fundadoras y defensores de la paz en la historia del planeta, además de la misión y visión de la Organización Mundo sin Guerras y sin Violencia y los países que apoyarán la tercera marcha. Así como, todo el trabajo que se ha realizado durante todos los meses anteriores a este encuentro para lograr que la tercera marcha sea una realidad.
  • Las personas que llegaron por primera vez se integraron a los diferentes grupos de trabajo existentes y definieron ejes de acción para desarrollar y alcanzar los objetivos planteados.
  • Planificación y coordinación: de todo lo relacionado con la logística del recorrido (arranque, recorrido, cierre, actividades, seminarios, foros, reuniones, transporte, giras, cobertura de medios de comunicación, material impreso, libros y logotipo).
  • Organización de foros, seminarios, festivales, actividades, entre otros, que se desarrollarán en diferentes zonas del país y con poblaciones muy variadas. Las mismas formarán parte de una agenda conjunta previo al inicio de la marcha.

Sin embargo, lo más importante de esta actividad fue ver la preocupación de las personas participantes por los problemas que afectan las comunidades, pero sobre todo el interés que tienen en sumarse en la búsqueda articulada de posibles soluciones o propuestas.

Hay muchas formas en las que se puede colaborar con esta marcha, entre ellas están: Desde formar parte del equipo Promotor (EP) o conformar un Equipo Promotor en la ciudad o barrio en donde se vive, hasta solicitar ser parte del Equipo base (EB), que es el que viaja. Todos los miembros y las acciones son voluntarias y cada miembro del EB debe costear sus gastos.

También se puede participar promoviendo la creación de símbolos humanos de la paz y la Noviolencia, actividades en centros educativos, seminarios, conciertos, foros, jornadas y festivales.

Para apoyar la marcha puede comunicarse con:

Giovanni Blanco Mata: (Coordinador de la Organización Mundo sin Guerras y sin Violencia en Costa Rica). Tel: 8735-4396 / costaricanoviolenta@gmail.com

https://theworldmarch.org/

“La Noviolencia es el mayor poder con que la humanidad ha sido dotada” Mahatma Gandhi.