El origen de Lactalis remonta a 1933. “Fue un 19 de octubre cuando André Besnier produjo 17 quesos camembert utilizando 35 litros de leche recogidos en las inmediaciones de Laval, Francia”, dice la página del grupo. De aquel inicio artesanal, incluyente, próximo de la comarca y de su gente, no queda vestigio alguno.
Gerardo Iglesias
En 2021 Lactalis supera al gigante de la industria Nestlé como el mayor grupo lácteo del mundo y desde las últimas décadas la transnacional francesa viene con viento en la camiseta, despejándose cada vez más del pelotón de sus competidores comprando todo lo que se cruce en su camino triunfal.
Parafraseando a Eduardo Galeano se puede decir que Lactalis “confunde al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza”. Que confunde colaboradores con trabajadores y salarios con caridad pública.
Cuando la transnacional francesa pretende que sus trabajadores y trabajadoras en Brasil se conformen con un “aumento” que equivale a 80 por ciento de la inflación acumulada, confunde 80 por ciento con 100 por ciento, un robo descarado.
Los trabajadores y las trabajadoras no pueden pagar 80 por ciento de sus cuentas porque les cortarían el agua, la luz, el gas y corren el riesgo de ser desalojados porque al arrendatario no le interesan los argumentos mágicos de Lactalis.
Los trabajadores y las trabajadoras no se confunden. Tienen claro cómo sus salarios pierden poder de compra ante la escalada inflacionaria. Tienen claro también que mientras Lactalis engorda, sus ingresos están cada vez más flacos.
El pasado 11 de mayo del 2022, ANEP emitió una carta abierta, en la cual da cuenta de la situación actual de la educación. En ésta señalan como el nuevo gobierno enfrentará la mayor crisis educativa de la historia; las autoridades encontrarán una institución sometida a gravedades, que son urgentes de atender.
En este documento se señalan algunas de las principales problemáticas analizadas por ANEP. En el adjunto, podrán visualizar el documento completo:
La reforma que impulsa el gobierno de Costa Rica (con el aparente apoyo del PLN, PUSC, PLP y NR) para permitir una jornada de 12 horas es un retroceso de más de 100 años en materia laboral. La jornada máxima de 8 horas fue establecida en Inglaterra desde 1866 y en EEUU desde 1886. Existe como obligación por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1919. Con 12 horas, estaremos retrocediendo más de un siglo y perjudicando a muchísimas mujeres de este país. Explico las razones:
Costa Rica es un país donde casi la mitad de los hogares son monoparentales, sostenidos por mujeres. Es decir, aparte de ganarse el sustento trabajando fuera, tienen que criar hijos y echar adelante las tareas del hogar solas, el resto de su día. Jornadas extenuantes de 16 o 18 horas.
Bajo el atractivo y tramposo nombre 4/3, el proyecto tiene un claro objetivo: no pagar horas extra y aumentar la jornada de 40 a 48 horas semanales. A eso le llaman «flexibilización laboral». Las contrataciones ofrecidas serán por 4 días en jornadas extenuantes de 12 horas (8 am a 8 pm, por ejemplo) a salario simple.
En tal escenario, cualquier mujer trabajadora y madre sólo tendrá tres opciones: a) Pagar una cuidadora para sus hijos por todas las horas extra esos 4 días de trabajo, con lo cual tendrá que gastar parte de su salario, y saldrá grandemente perjudicada pues ella seguirá percibiendo un salario simple. Se le irá lo servido por lo comido, como dice nuestro pueblo. b) Apoyarse en una red de cuido, lo que implicará que prácticamente no verá a sus hijos 4 días de la semana y tendrá que ir a recogerlos a las 8 o 9 de la noche todos los días, con los peligros y el cansancio que ello implica; c) Renunciar al trabajo.
Las mujeres con hijos y responsables de crianza sola (muchísimas en esta sociedad) serán las más perjudicadas, con beneficio para los hombres y las mujeres solteras. Se crea una grave situación de desigualdad laboral para esas ciudadanas que—por cierto—tienen la responsabilidad de criar a casi el 50% de los niños de este país pues, como dijimos arriba, cerca de la mitad de los hogares son monoparentales, según estadística del propio INEC. Suena realmente injusto, ¿verdad?
Para impedir esta grave situación, desde hace un siglo y medio se aprobó internacionalmente la jornada obligatoria de 8 horas. La gente olvida que el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo a nivel mundial porque en el año 1886, justo ese día, 200,000 trabajadores de Chicago promovieron la jornada de 8 horas, la cual quedó plasmada en la Ley Ingersoll, aprobada por el presidente Andrew Johnson (1865-1869).
En Inglaterra, las 8 horas se había empezado a instaurar desde 1866, a raíz de la aprobación del Congreso de Ginebra. En Australia desde 1856. En España, desde 1919. La primera Convención de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) también definió la jornada de las 8 horas como una obligación universal, desde el año 1919, es decir hace más de un siglo. En Costa Rica, en nuestro Código de Trabajo.
La lógica humanista de las 8 horas está en la famosa teoría del 8/8/8, promovida por el empresario, filántropo inglés (y promotor de los derechos laborales) Robert Owen, quien desde inicios del siglo XIX había sustentado que un ser humano necesita 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas para la recreación. Esta es la base de una vida equilibrada y sana. Una discusión zanjada hace más de un siglo.
Sin embargo —al igual que con otros temas—, Costa Rica retrocede desde hace varios gobiernos. Vamos como el cangrejo, caminando hacia atrás, al siglo XVIII, a las formas neo-esclavistas del mercantilismo manchesteriano. Primero fue la reforma tributaria regresiva de 2018; luego la prohibición y penalización penal de la huelga, otro derecho laboral. Todo esto en una Costa Rica que es hoy la 8va sociedad más desigual del mundo, como informa el Banco Mundial.
Con este proyecto de las 12 horas (tramposamente ofreciendo el confite o la golosina de los 3 días libres) se está creando en Costa Rica un régimen abusivo y excesivo, donde grandes empresas lucrarán aún más a costa de no pagar horas extras, y claramente marginarán de la posibilidad de trabajar de muchas mujeres.
Hay mucho de neo-esclavismo en esto de la flexibilización laboral. Si no me creen, pregúntele a los muchachos repartidores de Uber y Glovo, que se ganan apenas 800 coloncitos por entrega, sorteando la lluvia, la calle y los accidentes, sin seguro ni protección alguna…
Y ante todo esto, ¿qué dice el PLN, el cual fue en sus orígenes un partido socialdemócrata, que protegía clases medias y trabajadores? Bien, gracias. ¿Y el PUSC, cuyo fundador ideológico, el Dr. Calderón Guardia, impulsó el Código de Trabajo y la jornada de 8 horas? Igual. Sí te vi, no me acuerdo. Los huesos de don Pepe y del Doctor deben estar moviéndose en sus tumbas, agitados, de puro asombro y puro cabreo.
Vivimos tiempos tristes. Una clase política pequeña, títere, que se hinca y hace genuflexiones al dios Mercado y a grandes empresas que hoy poseen casi el 80% del capital del planeta, como ha recordado el propio Banco Mundial en “Taking on Inequality” (2018).
Una clase política liliputiense y chata que se olvida de las personas de carne y hueso, de los derechos democráticos y las garantías que la sociedad occidental logró en el último siglo.
En UNDECA compartimos la preocupación, manifestada por diversos expertos, por el decreto emitido por el Presidente de la República, por el alto riesgo a que se podría estar exponiendo a la población costarricense al eliminar el uso de la mascarilla y la vacunación obligatoria, exceptuando al personal de la Caja, entre otros.
Es preocupante, porque se ha evidenciado el alto porcentaje de vacunación, pese a las campañas antivacunas impulsada por algunos grupos, que obligó al anterior Ministro de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y la misma CCSS a aplicar la obligatoriedad de las medidas de protección personal, obligatoriedad que incluso superó el filtro constitucional.
Debemos entender que amplios sectores de la población tienen mayor riesgo de contagiarse por la COVID-1, debido a su fragilidad por edad, condiciones de salud y otras situaciones de vulnerabilidad. También, este desafortunado decreto, vulnera aún más al personal de salud, ya de todas formas muy afectado, a ser objeto de nuevos contagios, que ha causado fallecimientos y múltiples secuelas para muchos funcionarios.
Este abrupto decreto, desconocemos si fue consultado con las autoridades de la Caja, por el altísimo costo para la institución, por internamientos en áreas especializadas, compras de medicamentos, vacunas, mascarillas, la logística de la vacunación, y el incremento en el pago de incapacidades que realiza el Seguro de Salud, que incide en su sostenibilidad y que ha aumentado exponencialmente las listas de espera, con gran perjuicio para la población.
Hacemos un llamado a la Presidencia de la República, a la Ministra de Salud, a las autoridades de la CCSS y a la Defensoría de los habitantes, para que en resguardo de los derechos fundamentales de los habitantes se revise la pertinencia de una decisión de esta naturaleza.
Con fundamento en el Art. 6 Ley Constitutiva CCSS, decreto ejecutivo 29824-MP y convocatoria realizada por la Junta Directiva CCSS, publicada en Diario Oficial La Gaceta No. 75 del 26 de abril del 2022, a asamblea para elegir al: REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL
Día: 20 de mayo del 2022
Lugar: Auditorio de la ANDE, edificio central Sita, San José, de Correos de Costa Rica 100 norte y 50 este
Hora: 9:00 a.m.
Agenda del día
Rendición de cuentas de la representante actual.
Acreditación.
Proceso de Elección de Representantes período 2022-2026.
Juramentación.
Requisitos a presentar en la Asamblea:
Certificación vigente de personería jurídica extendida por el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS, así como el número de afiliados con que cuenta.
Certificación de que el sindicato no está moroso con la CCSS.
Estos documentos deben presentarse el día de la elección, viernes 20 de mayo del 2022.
MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria, Escritora Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Sede del Pacifico, Sede Central
El día 26 de abril de 2021, en la circular CRI-04-2021, la Comisión Interna de Reglamentos en atención al procedimiento PR-Rectoría 01 somete a consulta a la comunidad universitaria el Reglamento contra el Acoso y Hostigamiento Sexual en la Universidad Técnica Nacional. A la fecha este Reglamento se encuentra en borrador.
Creer que este tema tiene una sola dirección –acoso hacia la mujer– es un error, ya que en realidad tiene muchas direcciones que no se deben ignorar.
Entender ¿qué es el acoso y hostigamiento sexual? es tan importante como saber identificarlo y saber denunciarlo cuando este se manifiesta en el lugar de trabajo.
Como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el acoso y hostigamiento sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, este acto constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral.”
El acoso y hostigamiento en el campo laboral y académico se presenta muchas veces disfrazado de distintas maneras: como chantaje, como ambiente laboral hostil, y por medio de comportamientos que pueden ser de naturaleza física, verbal y no verbal.
¿QUIÉN PUEDE SER OBJETO DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL?
TODOS Y TODAS, incluyendo nuestros y nuestras estudiantes.
¿QUIÉN PUEDE ACOSAR Y HOSTIGAR?
El acoso puede venir de directivos o empleados con jerarquía, compañeros de trabajo, hombres y mujeres, destacando estadísticamente el acoso de hombres hacia mujeres. Pero hoy con una tendencia ascendente el acoso entre personas del mismo sexo. Y no dejando de lado el acoso de académicos y académicas hacia estudiantes y viceversa.
Lamentablemente hay algo que no podemos omitir…El acoso y hostigamiento sexual van de la mano con las relaciones de poder y las condiciones de trabajo, perjudicando el campo laboral de quienes poseen menos poder y son más vulnerables.
¿LE PARECE A USTED FAMILIAR ESTE TEMA?
La peor barrera y el más grande temor de quien ha sido sujeto de acoso y hostigamiento, es denunciar a quien está en una posición jerárquica que determina un puesto, un curso en el caso de los estudiantes, o con posibilidad de perjudicar las condiciones de trabajo.
La comunidad universitaria NO ESTA CIEGA, NI DORMIDA, NI SORDA, NI CARENTE DE CONOCIMIENTOCON RELACION A ESTE TEMA.
Como se deduce del Código de Ética de la UTN, y que aplica a todos los funcionarios, el tráfico de influencias que es una práctica ilegal, y consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o privados, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial al margen de la legalidad, esta también relacionado con:
El acoso y hostigamiento sexual y laboral donde se da, se quita o se movilizan funcionarios o funcionarias de sus puestos. Aun cumpliendo con todos los requisitos.
Los favores académicos a cambio de notas o la aprobación de un curso. Un caso delicado de malas prácticas entre algunos docentes con relación a los estudiantes que debemos prestarle mucha atención.
El acoso y hostigamiento sexual cibernético (redes sociales). El cual ha aumentado con la pandemia.
¡ESE MENU ESTA PRESENTE EN NUESTRA INSTITUCION!
El acoso recíproco podrá “favorecer” algunos funcionarios y algunas funcionarias de la UTN, pero… ESA MALA PRÁCTICA no da derecho a promover dichas conductas y comportamientos NO deseados, dentro de la institución y no ser denunciadas.
La manipulación y abuso de autoridad laboral y académico, tiene nombre, se llama ACOSO Y HOSTIGAMIENTO. Y está penalizado en Costa Rica (Ley No 7476). A los funcionarios de nuestra universidad, desde la legalidad se les ha otorgado facultades de actuación, pero también se han definido cuidadosamente sus límites. Asimismo, se habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos que no pueden ser trasgredidos.
¡DEBEMOS ACTUAR!
Es prioritario aprobar el Reglamento sobre Acoso y Hostigamiento Sexual de la UTN. Incorporar normativas universitarias que establezcan sanciones disciplinarias progresivas, para no permitir más situaciones conocidas y que se dejan pasar por alto sin prestar la atención inmediata necesaria. Después de ello, construir una política institucional contra el acoso y hostigamiento sexual y laboral. Promover capacitación que genere cambios en la cultura laboral. Reforzar el cumplimiento de buenas prácticas éticas institucionales para proporcionar una garantía pública de protección de los derechos. Cumplir con los deberes, y así salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria en general.
EN CONCLUSIÓN. No podemos seguir calificando las conductas de acoso y hostigamiento sexual dadas dentro de la comunidad universitaria como SIMPLES conductas inapropiadas cuando son actos tipificados, identificados y sancionables.
En el desempeño de las múltiples funciones vinculadas a la gestión de la Universidad Técnica Nacional, las autoridades, el personal académico, administrativo y de servicios operativos poseen derechos que deben ser respetados.
“En este Primero de Mayo, la ISP pidió a los gobiernos que inviertan en su gente, que rechacen la austeridad y los nuevos recortes en los servicios públicos y que valoren a lxs trabajadores de los servicios públicos de urgencia (SPU), a lxs que en la mayoría de los casos se les niegan derechos fundamentales, ya sea por la legislación sobre servicios esenciales o por estar agrupadxs en lo que a veces se conoce como servicios uniformados, que incluyen a lxs bomberxs y a la policía.”
El artículo toca una variedad de temas interesantes sobre la realidad actual de muchos trabajadores alrededor del mundo, como por ejemplo, a los trabajadores de los servicios públicos de urgencia, a los cuales se les niegan los derechos fundamentales, como negociar sus condiciones de trabajo. Dentro de estos trabajadores se incluyen a policías y bomberos.
El artículo está disponible en el siguiente enlace:
ANEP-Pensionados IVM solicita reajuste de 7,8% de las pensiones por inflación de los precios
La seccional ANEP-Pensionados de IVM solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicaciones sobre el por qué no ha realizado los respectivos ajustes y pagos por costo de vida o pérdida de valor adquisitivo en las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que a la fecha la deuda ascendería a ₡118.000 millones anuales.
En Costa Rica casi un millón de personas obtienen su sustento mediante la economía informal, y gran parte en condiciones de precariedad, sin derecho a la seguridad social o la cotización a un régimen de jubilación. Ilustración Raquel Mora Vega.
Día Internacional del Trabajo
Cada 1 de mayo millones de personas trabajadoras marchan por sus derechos
Aunque desde 1889 en el mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, millones de personas aún no tienen las garantías mínimas que garanticen un ámbito laboral seguro y con un salario digno. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, solo el 30 % está totalmente cubierto por sistemas de seguridad social en todas sus aspectos.
A pesar de que existen múltiples causas, una de las principales son las condiciones económicas en los países denominados “emergentes” y “en desarrollo”, en los que predomina el trabajo informal y las contrataciones bajo acuerdos entre patronos y personas trabajadoras donde se excluyen sus derechos fundamentales. Otros datos de la OIT calculan que la informalidad en esos países llega al 96% y que a nivel global el 61% de las personas obtienen sus ingresos por trabajos informales. Al desagregar los datos, las zonas rurales son las que muestran mayores porcentajes de informalidad, y es la agricultura la actividad en la que se ubican la mayor cantidad de personas en dichas condiciones.
En Costa Rica la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, incidió en un aumento de la informalidad. La última Encuesta Continua de Empleo publicada en enero 2022 mencionó que el 45 % de las personas se dedican a labores informales, en total unas 966 000, registrando un aumento atribuido a la pandemia sanitaria que redujo sensiblemente los ingresos de las familias costarricenses.
Con respecto a este tema, en Costa Rica las personas más afectadas por la informalidad están vinculadas a las actividades agrícolas y al sector cultural. Para colaborar en el empoderamiento de estas personas e incidir en las políticas públicas, dos proyectos de Trabajo Comunal, ejecutados mediante la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), enfocan sus esfuerzos en esa línea.
El primero es el referido al “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681); y el otro es sobre “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas” (TC-754), ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En ambos casos, se realizan actividades de acompañamiento y asesoría a personas trabajadoras en instituciones públicas.
Creatividad en tono de precariedad
En el sector cultural costarricense hay una serie de problemáticas generalizadas, en parte porque el gremio es muy amplio y diverso, y en otra porque no existe una normativa que garantice que en el desempeño de su labor cuenten con todos sus derechos, afirmó la Lic. Karen Carvajal Loaiza, coordinadora del proyecto “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas”.
Si algo caracteriza a las personas que trabajan por la cultura costarricense son las condiciones de precariedad, en las que predomina la informalidad, el subempleo, la subcontratación y la carencia de cosas que la mayoría asume como un derecho, como tener el seguro social o la posibilidad a una pensión al final de la vida laboral.
El TC-754 está en ejecución desde agosto de 2021, a raíz de la preocupación que la docente Carvajal conoció de un informe del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) sobre las graves afectaciones de la cultura producto de las restricciones sanitarias de la COVID-19. Por ejemplo, entre las personas profesionales de la música del sector estatal hay una problemática de larga data con respecto al tipo de jornada, ya que se les impone una prohibición de tener nombramientos parciales en distintas compañías, pues a criterio del MCJ se consideran distintas instituciones, aunque ambas están adscritas a ese ministerio; es decir, es el mismo patrono. Por el anterior motivo, se han dado despidos sin responsabilidad patronal aduciendo una prohibición sin fundamento, afirma la profesora Carvajal.
Adicionalmente, afirmó la coordinadora del TC-754, no existe uniformidad en el tipo de pago, las jornadas que implican las contrataciones y tampoco hay controles de cumplimiento de los derechos mínimos; pese a que en muchas de ellas está involucrado el Estado. Asimismo, falta reconocimiento del artista como un profesional, y a lo interno del propio MCJ se sigue discutiendo un manual de puestos para la carrera artística.
En cuanto a lo privado, aunque no existe un diagnóstico de la situación laboral del sector artístico, se podría afirmar a priori que el principal problema es el aseguramiento dada la inestabilidad del gremio, tanto así que muchas personas conjugan sus labores como artistas con otras labores distintas a su profesión, y en el caso de los subcontratistas no se sabe si cumplen o no con la normativa laboral costarricense.
Adicionalmente al trabajo realizado entre el sector gubernamental, se participó en el Simposio sobre la Condición Laboral de las Mujeres de las Artes Escénicas, realizado en enero pasado por el Colectivo de Mujeres en Escena. En el futuro, el TC-754 se abocará a organizar varias mesas de trabajo. Una de ella con entes estatales como el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el MCJ, y organizaciones gremiales para analizar las posibilidades de brindar el aseguramiento necesario. Y otros encuentros en los que se analizará cada uno de los problemas detectados durante este proyecto.
Carvajal concluyó que evidentemente existe una “ausencia de espacios de diálogo ante el Estado, esto limita la incorporación de los derechos de este sector en las políticas públicas. Esto genera que el Estado tampoco preste atención a las problemáticas, porque lamentablemente, en el derecho y a nivel del Estado no suceden cosas o no va a resolver ningún problema si no hay una demanda de los colectivos de esas necesidades”.
Las personas migrantes contratadas de manera irregular en el país carecen de garantías sociales, derecho a un seguro de salud y riesgos del trabajo y viven bajo amenazas de deportación por parte de algunos patronos, especialmente en regiones agrícolas. Foto Semanario Universidad.
La semilla de inequidad
El proyecto de Acción Social sobre el “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681) es otra iniciativa de la Facultad de Derecho de la UCR.
El TC-681 reúne el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, bajo la coordinación del Dr. Mauricio Castro Méndez, y tiene el objetivo de facilitar procesos de formación colectiva acerca de los derechos de las personas trabajadoras y al ejercicio de la ciudadanía social por medio del fortalecimiento de las capacidades de sus organizaciones.
El proyecto parte de la premisa que las organizaciones del sector agrícola tienen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida en general, así como en el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales. En la actualidad, el trabajo se enfoca en las zonas Caribe y Norte, acompañando a sindicatos de las plantaciones de banano y piña; y hace poco incursionaron en la región Chorotega, para brindar apoyo a personas trabajadoras de la caña de azúcar, en el Ingenio Taboga.
Este proyecto inició en el año 2017 con un objetivo muy concreto, ya que ese año entró en vigencia la reforma procesal laboral, que planteó nuevas normas. Además, que en Costa Rica en el sector privado existe una cultura antisindical muy virulenta hacia las personas que son parte de los sindicatos, como para quienes se afilian, explicó.
En los diagnósticos aplicados se han detectado una serie de problemas. Entre ellos, es que en materia de salud ocupacional se incumple la normativa; por ejemplo, no se aplica reglamento para prevenir el estrés térmico durante la jornada agrícola; o el existente sobre la aplicación de agroquímicos, para el que existe estrictos protocolos técnicos, “pero una cosa es eso y otros el biomonitoreo relacionado con la aplicación rutinaria en las aplicaciones”. En ambos casos, explicó el docente, se está desarrollando una estrategia para subsanar estos vacíos en las prácticas agrícolas.
En el tema de jornadas y salarios la principal irregularidad es que las empresas propietarias de las plantaciones “acuerdan” con las personas pago por hectáreas o cajas de productos; “pero la legislación indica que si ese pago resulta inferior al mínimo por la jornada regular se debe ajustar. Pero en muchas empresas que pagan a destajo no están haciendo el cálculo de lo que el trabajador debería recibir. Por eso, junto con el Ministerio de Trabajo se está diseñando una aplicación para calcular cuánto debería recibir por lo realizado”, dijo Castro.
Finalmente, otra situación sumamente grave, es la discriminación y abusos con motivo de la condición migratoria de la persona, sobre todo en la zona norte. “Un primer tipo de problema es que hay empresas que prefieren traer trabajadores en condición irregular porque son más vulnerables y no cuentan con la seguridad social, y hasta utilizan la amenaza de deportación cuando los trabajadores exigen sus derechos. Lo segundo es que en esa zona predomina un sistema de subcontratistas que brindan servicios a la empresa principal, y de esta manera esquivan sus responsabilidades legales. Aunque esto es un secreto a voces, en el resto del país existe un desinterés total sobre el asunto, y no fue hasta que las poblaciones migrantes fueron un foco de contagios por la COVID-19 que se les volvió a ver, pero al costarricense en general no le interesa la población migrante y sus derechos”, concluyó Castro.
Este equipo de la UCR trata de “identificar las problemáticas, buscar respuestas, generar documentos, manuales, guías o videos para facilitarle a las personas trabajadoras sobre las mismas”, explicó el docente Castro. Otros de los productos generados son el diseño de propuestas, capacitaciones o estrategias de incidencia; a veces por una organización o una plataforma conjunta; y en otros casos se trata de aportar información como entrarle a los procesos que se están viviendo en casos particulares, detalló.
Una conmemoración sellada con sangre
A finales del siglo XIX las jornadas laborales eran de 16 horas diarias; y las fábricas operaban en condiciones insalubres y alto riesgo para la vida de las personas. Para ese periodo, los Estados Unidos se habían convertido en un importante centro del desarrollo impulsado por la Revolución Industrial.
El 1ode mayo de 1886 inició una huelga en la ciudad de Chicago que terminó tres días después, y se exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Tras las revueltas se desconoce a ciencia cierta el número de fallecidos y heridos; pero quienes pasaron a la historia fueron ocho dirigentes que luego se conocerían como los “mártires de Chicago”. Posteriormente, el Congreso Internacional de Trabajadores, realizado en París en 1889, declaró el 1ode mayo como el Día del Trabajo y desde entonces cada año las personas trabajadoras marchan por las ciudades del mundo en pro de sus derechos laborales, garantías sociales para sus naciones y en protesta contra los proyectos de Estado que atentan contra las mismas.
En Costa Rica, la primera marcha ocurrió el 1ode mayo de 1913, por iniciativa de educadores ilustres como María Isabel Carvajal -Carmen Lyra-, Omar Dengo y Joaquín García Monge. Con el surgimiento del Partido Comunista en 1931, de la mano de Carvajal y Manuel Mora, entre otros intelectuales, la fecha tomó fuerza, hasta la proscripción de esa agrupación política y el encarcelamiento, destierro y asesinato de sus líderes tras la conclusión de la confrontación bélica de 1948, de la que se declaró ganador José Figueres Ferrer.
Eduardo Muñoz Sequeira, Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
A partir del anuncio del acuerdo para la creación un impuesto mínimo global sobre corporaciones anunciado por la OCDE/G20 a fines de 2021, la ISP quiere discutir y presentar desde una perspectiva sindical: lo qué es ese acuerdo inédito, qué significa en términos de justicia fiscal para las distintas realidades nacionales latinoamericanas, los próximos pasos de implementación y como el movimiento sindical puede incidir al largo de ese proceso.
