MSc. Anais Patricia Quirós Fernández Académica Universitaria, Escritora Carrera de Idioma Inglés y Programa Institucional Ingles para el Trabajo PIT Secretaría de la Mujer, Genero, Equidad y Movimiento LGTBQI Seccional Sindical Nacional ANEP-UTN Sede del Pacifico, Sede Central
El día 26 de abril de 2021, en la circular CRI-04-2021, la Comisión Interna de Reglamentos en atención al procedimiento PR-Rectoría 01 somete a consulta a la comunidad universitaria el Reglamento contra el Acoso y Hostigamiento Sexual en la Universidad Técnica Nacional. A la fecha este Reglamento se encuentra en borrador.
Creer que este tema tiene una sola dirección –acoso hacia la mujer– es un error, ya que en realidad tiene muchas direcciones que no se deben ignorar.
Entender ¿qué es el acoso y hostigamiento sexual? es tan importante como saber identificarlo y saber denunciarlo cuando este se manifiesta en el lugar de trabajo.
Como lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “el acoso y hostigamiento sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, este acto constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y una inaceptable situación laboral.”
El acoso y hostigamiento en el campo laboral y académico se presenta muchas veces disfrazado de distintas maneras: como chantaje, como ambiente laboral hostil, y por medio de comportamientos que pueden ser de naturaleza física, verbal y no verbal.
¿QUIÉN PUEDE SER OBJETO DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL?
TODOS Y TODAS, incluyendo nuestros y nuestras estudiantes.
¿QUIÉN PUEDE ACOSAR Y HOSTIGAR?
El acoso puede venir de directivos o empleados con jerarquía, compañeros de trabajo, hombres y mujeres, destacando estadísticamente el acoso de hombres hacia mujeres. Pero hoy con una tendencia ascendente el acoso entre personas del mismo sexo. Y no dejando de lado el acoso de académicos y académicas hacia estudiantes y viceversa.
Lamentablemente hay algo que no podemos omitir…El acoso y hostigamiento sexual van de la mano con las relaciones de poder y las condiciones de trabajo, perjudicando el campo laboral de quienes poseen menos poder y son más vulnerables.
¿LE PARECE A USTED FAMILIAR ESTE TEMA?
La peor barrera y el más grande temor de quien ha sido sujeto de acoso y hostigamiento, es denunciar a quien está en una posición jerárquica que determina un puesto, un curso en el caso de los estudiantes, o con posibilidad de perjudicar las condiciones de trabajo.
La comunidad universitaria NO ESTA CIEGA, NI DORMIDA, NI SORDA, NI CARENTE DE CONOCIMIENTOCON RELACION A ESTE TEMA.
Como se deduce del Código de Ética de la UTN, y que aplica a todos los funcionarios, el tráfico de influencias que es una práctica ilegal, y consiste en utilizar la influencia personal en ámbitos de gobierno o privados, a través de conexiones con personas, y con el fin de obtener favores o tratamiento preferencial al margen de la legalidad, esta también relacionado con:
El acoso y hostigamiento sexual y laboral donde se da, se quita o se movilizan funcionarios o funcionarias de sus puestos. Aun cumpliendo con todos los requisitos.
Los favores académicos a cambio de notas o la aprobación de un curso. Un caso delicado de malas prácticas entre algunos docentes con relación a los estudiantes que debemos prestarle mucha atención.
El acoso y hostigamiento sexual cibernético (redes sociales). El cual ha aumentado con la pandemia.
¡ESE MENU ESTA PRESENTE EN NUESTRA INSTITUCION!
El acoso recíproco podrá “favorecer” algunos funcionarios y algunas funcionarias de la UTN, pero… ESA MALA PRÁCTICA no da derecho a promover dichas conductas y comportamientos NO deseados, dentro de la institución y no ser denunciadas.
La manipulación y abuso de autoridad laboral y académico, tiene nombre, se llama ACOSO Y HOSTIGAMIENTO. Y está penalizado en Costa Rica (Ley No 7476). A los funcionarios de nuestra universidad, desde la legalidad se les ha otorgado facultades de actuación, pero también se han definido cuidadosamente sus límites. Asimismo, se habilita a la Administración para su acción confiriéndole al efecto poderes jurídicos que no pueden ser trasgredidos.
¡DEBEMOS ACTUAR!
Es prioritario aprobar el Reglamento sobre Acoso y Hostigamiento Sexual de la UTN. Incorporar normativas universitarias que establezcan sanciones disciplinarias progresivas, para no permitir más situaciones conocidas y que se dejan pasar por alto sin prestar la atención inmediata necesaria. Después de ello, construir una política institucional contra el acoso y hostigamiento sexual y laboral. Promover capacitación que genere cambios en la cultura laboral. Reforzar el cumplimiento de buenas prácticas éticas institucionales para proporcionar una garantía pública de protección de los derechos. Cumplir con los deberes, y así salvaguardar la seguridad y el bienestar de la comunidad universitaria en general.
EN CONCLUSIÓN. No podemos seguir calificando las conductas de acoso y hostigamiento sexual dadas dentro de la comunidad universitaria como SIMPLES conductas inapropiadas cuando son actos tipificados, identificados y sancionables.
En el desempeño de las múltiples funciones vinculadas a la gestión de la Universidad Técnica Nacional, las autoridades, el personal académico, administrativo y de servicios operativos poseen derechos que deben ser respetados.
“En este Primero de Mayo, la ISP pidió a los gobiernos que inviertan en su gente, que rechacen la austeridad y los nuevos recortes en los servicios públicos y que valoren a lxs trabajadores de los servicios públicos de urgencia (SPU), a lxs que en la mayoría de los casos se les niegan derechos fundamentales, ya sea por la legislación sobre servicios esenciales o por estar agrupadxs en lo que a veces se conoce como servicios uniformados, que incluyen a lxs bomberxs y a la policía.”
El artículo toca una variedad de temas interesantes sobre la realidad actual de muchos trabajadores alrededor del mundo, como por ejemplo, a los trabajadores de los servicios públicos de urgencia, a los cuales se les niegan los derechos fundamentales, como negociar sus condiciones de trabajo. Dentro de estos trabajadores se incluyen a policías y bomberos.
El artículo está disponible en el siguiente enlace:
ANEP-Pensionados IVM solicita reajuste de 7,8% de las pensiones por inflación de los precios
La seccional ANEP-Pensionados de IVM solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicaciones sobre el por qué no ha realizado los respectivos ajustes y pagos por costo de vida o pérdida de valor adquisitivo en las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que a la fecha la deuda ascendería a ₡118.000 millones anuales.
En Costa Rica casi un millón de personas obtienen su sustento mediante la economía informal, y gran parte en condiciones de precariedad, sin derecho a la seguridad social o la cotización a un régimen de jubilación. Ilustración Raquel Mora Vega.
Día Internacional del Trabajo
Cada 1 de mayo millones de personas trabajadoras marchan por sus derechos
Aunque desde 1889 en el mundo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, millones de personas aún no tienen las garantías mínimas que garanticen un ámbito laboral seguro y con un salario digno. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022, solo el 30 % está totalmente cubierto por sistemas de seguridad social en todas sus aspectos.
A pesar de que existen múltiples causas, una de las principales son las condiciones económicas en los países denominados “emergentes” y “en desarrollo”, en los que predomina el trabajo informal y las contrataciones bajo acuerdos entre patronos y personas trabajadoras donde se excluyen sus derechos fundamentales. Otros datos de la OIT calculan que la informalidad en esos países llega al 96% y que a nivel global el 61% de las personas obtienen sus ingresos por trabajos informales. Al desagregar los datos, las zonas rurales son las que muestran mayores porcentajes de informalidad, y es la agricultura la actividad en la que se ubican la mayor cantidad de personas en dichas condiciones.
En Costa Rica la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, incidió en un aumento de la informalidad. La última Encuesta Continua de Empleo publicada en enero 2022 mencionó que el 45 % de las personas se dedican a labores informales, en total unas 966 000, registrando un aumento atribuido a la pandemia sanitaria que redujo sensiblemente los ingresos de las familias costarricenses.
Con respecto a este tema, en Costa Rica las personas más afectadas por la informalidad están vinculadas a las actividades agrícolas y al sector cultural. Para colaborar en el empoderamiento de estas personas e incidir en las políticas públicas, dos proyectos de Trabajo Comunal, ejecutados mediante la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), enfocan sus esfuerzos en esa línea.
El primero es el referido al “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681); y el otro es sobre “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas” (TC-754), ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En ambos casos, se realizan actividades de acompañamiento y asesoría a personas trabajadoras en instituciones públicas.
Creatividad en tono de precariedad
En el sector cultural costarricense hay una serie de problemáticas generalizadas, en parte porque el gremio es muy amplio y diverso, y en otra porque no existe una normativa que garantice que en el desempeño de su labor cuenten con todos sus derechos, afirmó la Lic. Karen Carvajal Loaiza, coordinadora del proyecto “Cumplimiento de los derechos laborales en el sector artístico y cultural y sus condiciones socio-económicas”.
Si algo caracteriza a las personas que trabajan por la cultura costarricense son las condiciones de precariedad, en las que predomina la informalidad, el subempleo, la subcontratación y la carencia de cosas que la mayoría asume como un derecho, como tener el seguro social o la posibilidad a una pensión al final de la vida laboral.
El TC-754 está en ejecución desde agosto de 2021, a raíz de la preocupación que la docente Carvajal conoció de un informe del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) sobre las graves afectaciones de la cultura producto de las restricciones sanitarias de la COVID-19. Por ejemplo, entre las personas profesionales de la música del sector estatal hay una problemática de larga data con respecto al tipo de jornada, ya que se les impone una prohibición de tener nombramientos parciales en distintas compañías, pues a criterio del MCJ se consideran distintas instituciones, aunque ambas están adscritas a ese ministerio; es decir, es el mismo patrono. Por el anterior motivo, se han dado despidos sin responsabilidad patronal aduciendo una prohibición sin fundamento, afirma la profesora Carvajal.
Adicionalmente, afirmó la coordinadora del TC-754, no existe uniformidad en el tipo de pago, las jornadas que implican las contrataciones y tampoco hay controles de cumplimiento de los derechos mínimos; pese a que en muchas de ellas está involucrado el Estado. Asimismo, falta reconocimiento del artista como un profesional, y a lo interno del propio MCJ se sigue discutiendo un manual de puestos para la carrera artística.
En cuanto a lo privado, aunque no existe un diagnóstico de la situación laboral del sector artístico, se podría afirmar a priori que el principal problema es el aseguramiento dada la inestabilidad del gremio, tanto así que muchas personas conjugan sus labores como artistas con otras labores distintas a su profesión, y en el caso de los subcontratistas no se sabe si cumplen o no con la normativa laboral costarricense.
Adicionalmente al trabajo realizado entre el sector gubernamental, se participó en el Simposio sobre la Condición Laboral de las Mujeres de las Artes Escénicas, realizado en enero pasado por el Colectivo de Mujeres en Escena. En el futuro, el TC-754 se abocará a organizar varias mesas de trabajo. Una de ella con entes estatales como el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social, el MCJ, y organizaciones gremiales para analizar las posibilidades de brindar el aseguramiento necesario. Y otros encuentros en los que se analizará cada uno de los problemas detectados durante este proyecto.
Carvajal concluyó que evidentemente existe una “ausencia de espacios de diálogo ante el Estado, esto limita la incorporación de los derechos de este sector en las políticas públicas. Esto genera que el Estado tampoco preste atención a las problemáticas, porque lamentablemente, en el derecho y a nivel del Estado no suceden cosas o no va a resolver ningún problema si no hay una demanda de los colectivos de esas necesidades”.
Las personas migrantes contratadas de manera irregular en el país carecen de garantías sociales, derecho a un seguro de salud y riesgos del trabajo y viven bajo amenazas de deportación por parte de algunos patronos, especialmente en regiones agrícolas. Foto Semanario Universidad.
La semilla de inequidad
El proyecto de Acción Social sobre el “Cumplimiento de los derechos laborales en las plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral” (TC-681) es otra iniciativa de la Facultad de Derecho de la UCR.
El TC-681 reúne el esfuerzo de estudiantes de diversas carreras, bajo la coordinación del Dr. Mauricio Castro Méndez, y tiene el objetivo de facilitar procesos de formación colectiva acerca de los derechos de las personas trabajadoras y al ejercicio de la ciudadanía social por medio del fortalecimiento de las capacidades de sus organizaciones.
El proyecto parte de la premisa que las organizaciones del sector agrícola tienen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida en general, así como en el cumplimiento efectivo de sus derechos laborales. En la actualidad, el trabajo se enfoca en las zonas Caribe y Norte, acompañando a sindicatos de las plantaciones de banano y piña; y hace poco incursionaron en la región Chorotega, para brindar apoyo a personas trabajadoras de la caña de azúcar, en el Ingenio Taboga.
Este proyecto inició en el año 2017 con un objetivo muy concreto, ya que ese año entró en vigencia la reforma procesal laboral, que planteó nuevas normas. Además, que en Costa Rica en el sector privado existe una cultura antisindical muy virulenta hacia las personas que son parte de los sindicatos, como para quienes se afilian, explicó.
En los diagnósticos aplicados se han detectado una serie de problemas. Entre ellos, es que en materia de salud ocupacional se incumple la normativa; por ejemplo, no se aplica reglamento para prevenir el estrés térmico durante la jornada agrícola; o el existente sobre la aplicación de agroquímicos, para el que existe estrictos protocolos técnicos, “pero una cosa es eso y otros el biomonitoreo relacionado con la aplicación rutinaria en las aplicaciones”. En ambos casos, explicó el docente, se está desarrollando una estrategia para subsanar estos vacíos en las prácticas agrícolas.
En el tema de jornadas y salarios la principal irregularidad es que las empresas propietarias de las plantaciones “acuerdan” con las personas pago por hectáreas o cajas de productos; “pero la legislación indica que si ese pago resulta inferior al mínimo por la jornada regular se debe ajustar. Pero en muchas empresas que pagan a destajo no están haciendo el cálculo de lo que el trabajador debería recibir. Por eso, junto con el Ministerio de Trabajo se está diseñando una aplicación para calcular cuánto debería recibir por lo realizado”, dijo Castro.
Finalmente, otra situación sumamente grave, es la discriminación y abusos con motivo de la condición migratoria de la persona, sobre todo en la zona norte. “Un primer tipo de problema es que hay empresas que prefieren traer trabajadores en condición irregular porque son más vulnerables y no cuentan con la seguridad social, y hasta utilizan la amenaza de deportación cuando los trabajadores exigen sus derechos. Lo segundo es que en esa zona predomina un sistema de subcontratistas que brindan servicios a la empresa principal, y de esta manera esquivan sus responsabilidades legales. Aunque esto es un secreto a voces, en el resto del país existe un desinterés total sobre el asunto, y no fue hasta que las poblaciones migrantes fueron un foco de contagios por la COVID-19 que se les volvió a ver, pero al costarricense en general no le interesa la población migrante y sus derechos”, concluyó Castro.
Este equipo de la UCR trata de “identificar las problemáticas, buscar respuestas, generar documentos, manuales, guías o videos para facilitarle a las personas trabajadoras sobre las mismas”, explicó el docente Castro. Otros de los productos generados son el diseño de propuestas, capacitaciones o estrategias de incidencia; a veces por una organización o una plataforma conjunta; y en otros casos se trata de aportar información como entrarle a los procesos que se están viviendo en casos particulares, detalló.
Una conmemoración sellada con sangre
A finales del siglo XIX las jornadas laborales eran de 16 horas diarias; y las fábricas operaban en condiciones insalubres y alto riesgo para la vida de las personas. Para ese periodo, los Estados Unidos se habían convertido en un importante centro del desarrollo impulsado por la Revolución Industrial.
El 1ode mayo de 1886 inició una huelga en la ciudad de Chicago que terminó tres días después, y se exigió el cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas. Tras las revueltas se desconoce a ciencia cierta el número de fallecidos y heridos; pero quienes pasaron a la historia fueron ocho dirigentes que luego se conocerían como los “mártires de Chicago”. Posteriormente, el Congreso Internacional de Trabajadores, realizado en París en 1889, declaró el 1ode mayo como el Día del Trabajo y desde entonces cada año las personas trabajadoras marchan por las ciudades del mundo en pro de sus derechos laborales, garantías sociales para sus naciones y en protesta contra los proyectos de Estado que atentan contra las mismas.
En Costa Rica, la primera marcha ocurrió el 1ode mayo de 1913, por iniciativa de educadores ilustres como María Isabel Carvajal -Carmen Lyra-, Omar Dengo y Joaquín García Monge. Con el surgimiento del Partido Comunista en 1931, de la mano de Carvajal y Manuel Mora, entre otros intelectuales, la fecha tomó fuerza, hasta la proscripción de esa agrupación política y el encarcelamiento, destierro y asesinato de sus líderes tras la conclusión de la confrontación bélica de 1948, de la que se declaró ganador José Figueres Ferrer.
Eduardo Muñoz Sequeira, Periodista, Vicerrectoría de Acción Social, UCR
A partir del anuncio del acuerdo para la creación un impuesto mínimo global sobre corporaciones anunciado por la OCDE/G20 a fines de 2021, la ISP quiere discutir y presentar desde una perspectiva sindical: lo qué es ese acuerdo inédito, qué significa en términos de justicia fiscal para las distintas realidades nacionales latinoamericanas, los próximos pasos de implementación y como el movimiento sindical puede incidir al largo de ese proceso.
1- Nos parece respetuosamente que el titular nombrado en Hacienda, resulta ser desde nuestra lectura una figura que técnicamente lo caracterizamos como un figura de tercera categoría.
2- Sin duda es militante del PUSC y en esa tesitura es del riñón político de Don Rodolfo Piza Rocafort, lo cual le imprime un enfoque político ideológico ya conocido.
3- Nos parece que mantendrá la orientación actual de la política fiscal y en esa orientación, no vemos cambios estructurales en lo fiscal y tributario en el horizonte cercano.
4- Dicho lo anterior, presagiamos que la narrativa del Presidente electo, Don Rodrigo Chaves Robles en el sentido de «comerse la bronca», se convertirá en un slogan de campaña que quedará como una frase tristemente célebre y en ese tanto será la primera decepción que sufrirán los sectores de población más pobres que creyeron en el discurso de combate a la corrupción.
5- Así las cosas, cabe una alta posibilidad de que dicho nombramiento sea de muy corto aliento.
Compartido con Surcos por Juan Carlos Durán Castro, Dirigente Sindical SIFUPCR.
El pasado viernes 29 de abril el programa Alternativas celebró un programa especial en conmemoración del 1 de mayo titulado “Unidad para la defensa y ampliación de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos de nuestro pueblo”. Este programa estuvo en el marco de un contexto nacional de relevancia en cuanto al cambio de gobierno y los retos que se avecinan para la ciudadanía y las comunidades costarricenses.
Este programa especial contó con la participación de activistas y expertos como la abogada Ericka Álvarez, la investigadora y presidenta del CCPJ de Palmares Raquel Sagot, la integrante de la Coordinadora Popular de Occidente Dayana Ureña y el estudiante de Ciencias Políticas Isaac Zamora.
Entre los temas abordados se encuentra la enorme desigualdad existente entre la clase trabajadora costarricense versus las personas más ricas del país, los deberes de la clase trabajadora para consigo misma orientados hacia información, organización, formación y acción. Esto con el fin de hacerle frente a la flexibilización laboral y el neoliberalismo.
En la segunda ponencia se habló sobre la dignidad y el reconocimiento de la clase trabajadora. Se analizaron los efectos de la pandemia que expuso a este sector a una violación flagrante de los derechos laborales y el debilitamiento de la seguridad frente a los intereses económicos, las políticas de las transnacionales.
Otra exposición giró en torno a los derechos culturales, la lucha de la clase trabajadora por espacios para el desarrollo cultural desde el ámbito cantonal y nacional. En este sentido, la expositora señala que “la cultura en las comunidades ayuda a que las personas tengan mejor calidad de vida, mejor educación y esto genera otros cambios como los cambios sociales y los cambios económicos. Puede repasar nuevamente este programa especial de Alternativas y el resto de exposiciones y comentarios mediante el siguiente enlace: https://www.facebook.com/watch/AlternativasGrecia/
Recuerde seguir todos los viernes a las 6pm (Hora Costa Rica y Centroamérica)
La semana pasada, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Palma (Sitrapa), Dania Obando, lanzó un nuevo grito de alerta por la grave situación a la que se enfrentan trabajadoras y trabajadores de la empresa Palma Tica (Grupo Numar). Sobre esta situación, La Rel conversó con Maikol Hernández, secretario general de la Fentragh.
Giorgio Trucchi | Rel UITA
Maikol Hernández | Foto: Giorgio Trucchi
En la agroindustria costarricense, las empresas han venido desarrollando y consolidando una serie de estrategias antisindicales, como por ejemplo la creación de asociaciones solidaristas y comités permanentes.
El objetivo es desplazar a las organizaciones sindicales, suplantar la negociación colectiva y mantener a los trabajadores ‘bajo control’, minimizando de esta manera la demanda de mejores condiciones laborales y salariales.
El uso de sindicatos paralelos afines a la empresa para obstaculizar el trabajo de afiliación sindical es otra de las estrategias implementadas por las patronales.
“Quienes deciden organizarse en sindicato se enfrentan a fuertes medidas de represalia. Las empresas, en especial las transnacionales, arremeten con más fuerza contra los dirigentes, quienes, por su ‘atrevimiento’ son perseguidos, colocados en las labores más difíciles, castigados, despedidos, puestos en listas negras”, explicó Hernández.
Arremeten contra Sitrapa
Desde su constitución, el Sitrapa ha sufrido una feroz arremetida de parte de la patronal.
A través de un sindicato amarillo, la empresa aprovecha la necesidad de los trabajadores y los convence a desafiliarse a cambio de ayudas económicas o préstamos.
El objetivo es desfinanciar y desmovilizar al sindicato obrero.
Otra estrategia que denuncia Sitrapa es el uso de médicos de empresa, cuyo verdadero rol no es el de cuidar la salud del trabajador, sino minimizar los accidentes laborales y así evitar que los casos lleguen al seguro social.
De esta manera, la empresa reduce los costos de las pólizas de riesgo trabajo.
“Trabajadores y trabajadoras se convierten en simple mercancía, desgastados, lesionados, enfermos. Y lo peor es que las autoridades del trabajo saben lo que pasa en estas empresas y siempre se hacen de la vista gorda”, lamentó Hernández.
Lo que sufren las mujeres
La situación quizás más escandalosa en Palma Tica es la que viven las mujeres trabajadoras.
Dania Obando denunciaba lo que sufren por la falta de voluntad de la empresa para instalar servicios sanitarios en el campo, garantizar medidas mínimas de higiene, establecer áreas donde ingerir alimentos y repararse en caso de tormentas.
“Hay normas que obligan a las empresas a garantizar ciertas condiciones en materia de salud laboral, sin embargo, parece que a Palma Tica no le importa. Es vergonzosa la situación en que son obligados a trabajar”, explicó el secretario general de Fentragh*.
Finalmente, Hernández señaló graves anomalías en la fijación del salario por parte de la empresa. También en este caso, las autoridades laborales brillan por su ausencia.
“Ponen metas de producción y tarifas a como les da la gana. Los trabajadores llegan agotados al final del día. A veces, ni siquiera logran cumplir con la tarea encomendada.
Es una verdadera autoflagelación que deja al trabajador con su físico debilitado, para poder ganar un poco más y así sustentar sus necesidades básicas”.
Desenmascarar a los culpables
Ante esta situación, Fentragh y Rel UITA están planificando una serie de acciones para acompañar al Sitrapa en esta lucha por la defesa de la libertad sindical y los derechos de las y los trabajadores.
“Durante casi tres años hemos venido denunciando lo que estaba pasando y nadie nos hizo caso. Estamos dispuestos a negociar, pero también estamos listos para la lucha.
Vamos a exigir que las nuevas autoridades nacionales actúen. No vamos a permitir que la empresa y sus testaferros desarticulen un sindicato que tanto sacrificio, compromiso y entrega ha costado”, concluyó Hernández.
En toda América Latina y el Caribe, organizaciones laborales y movimientos sociales, planean marchas masivas para el 1 de mayo. En El Salvador, las organizaciones han denunciado los despidos masivos ilegales de empleados públicos, los ataques por parte del gobierno de Nayib Bukele a la democracia y la suspensión de derechos constitucionales, incluido el derecho al debido proceso, bajo el actual Estado de Excepción y han hecho un llamado exigiendo el respeto al derecho de sindicalización.
El gobierno de El Salvador, con la pretensión de criminalizar la lucha social, y prohibir la reivindicación del derecho al trabajo, a un salario justo y a condiciones de vida digna, amenaza con arrestar a quienes marchen el 1 de mayo y procesar a dirigentes políticos corno el exsecretario general de FMLN, Medardo González.
La AAJ condena las expresiones del gobierno de Bukele, a través del ministro de Trabajo, Rolando Castro, en referencia a las manifestaciones planificadas, en rueda de prensa el 28 de abril, por las cuales acusó a sindicalistas y lideres de los movimientos sociales y populares que convocan marchas el domingo de ser «colaboradores, financiadores de grupos criminales».
La AAJ alerta a la comunidad internacional, en especial a los sindicatos y a las organizaciones de derechos humanos del Continente, sobre las violaciones a la Constitución de la República de El Salvador, y de los convenios y tratados suscritos por el pais en materia de los derechos humanos, y las convoca a condenar estas peligrosas actuaciones y reclamar al gobierno que garantice la seguridad y el bienestar de los sindicalistas y dirigentes de los movimientos sociales.
30 de abril de 2022
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Beinusz Szmukler. Presidente del Consejo Consultivo de la AAJ
En el video que compartimos, Edgar Díaz, secretario regional de la ITF (Federación Internacional de Trabajadores del Transporte) de América Latina y el Caribe, y Enrico Tortolano, director de la sección portuario de la ITF, anuncian su solidaridad y apoyo con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA y Afines Portuarios (SINTRAJAP) en su lucha para el reconocimiento y aplicación de su acuerdo de negociación colectiva con la Junta Administrativa de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA).
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
