El día lunes 30 de mayo de 2022, se presentó una denuncia contra el Poder Ejecutivo por incumplir con el envío de representación del sector sindical y trabajador a la 110a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.
Esta no acción podría representar una forma de aplacar las denuncias en materia de violación de los derechos laborales (persecución sindical, prohibición de huelga y condicionamientos de la negociación colectiva).
Conjuntamente, se advierte sobre el peligro para Costa Rica en cuanto a la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra, que pone en riesgo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, debido a que se opone directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), elevará a inspección judicial la demanda interpuesta en contra del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación en junio del año 2021, esta busca la aplicación del aumento salarial por costo de vida.
Esta medida, obedece al retraso injustificado por parte del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el cual, ha dilatado la resolución del caso. Esto a pesar de las constantes peticiones de agilizar el proceso por parte del señor Fabián Gamboa Corrales, asesor legal de ANEP.
San José, 26 de mayo de 2022. Desde agosto del 2020, la Comisión Política del PAC emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley que pretende la creación de jornadas de 12 horas en lo que se conoce como «jornadas 4-3», criterio en el cual se solicitó a la fracción legislativa votar negativamente el texto sustitutivo que se encontraba en la Comisión de Asuntos Hacendarios y se instó al Poder Ejecutivo pedir el criterio a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre su contenido y abstenerse de convocar en los períodos de sesiones extraordinarias, antes de obtener esa respuesta.
La Fracción del PAC votó en contra del dictamen y el Poder Ejecutivo no remitió el mismo para extraordinarias. Ahora, nuevamente la Administración Chaves Robles, convoca el proyecto a sesiones extraordinarias, lo que podría implicar su aprobación y un cambio en la normativa laboral.
Las jornadas intensivas han demostrado ser menos productivas y sobre ello existe abundancia de estudios. La ampliación de jornadas tiene como meta eliminar el pago de horas extra y reducir el número de personas contratadas. Por lo tanto, en tiempos de crisis económica y pandemia, terminará por aumentar la informalidad y la desigualdad laboral de género, debido a las condiciones estructurales persistentes en cuanto al recargo del cuido de la familia y labores del hogar en las mujeres.
Debe considerarse, además, que el sistema de inspección laboral adolece actualmente de serias deficiencias aún no atendidas por la Asamblea Legislativa, así como el hecho de que actualmente Costa Rica ocupa el tercer puesto respecto al peor balance entre la vida y el trabajo, entre los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hechos que lejos de llevar al país a la ampliación de jornadas, debe más bien orientar a una revisión para buscar que las relaciones laborales se apeguen a la legalidad y aspiren a que las personas gocen de una mejora en la calidad de vida. La tendencia de los países miembros de la OCDE es precisamente hacia la disminución de las jornadas laborales.
La reforma, en su texto actual, en momentos de crisis económica y de pandemia significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos laborales, firmemente tutelados en nuestra Constitución Política. Lo contenido en el proyecto de Ley 21.182 afecta el bienestar de quienes menos oportunidades tienen, profundizando un estilo de desarrollo desigual, y como efecto secundario, traslada a la seguridad social todos los costos de las consecuencias de jornadas de trabajo intensivas, en la salud física y mental de las personas trabajadoras y sus familias, contribuyendo con el deterioro de las finanzas de la CCSS.
Como partido político de oposición, señalamos que estas reformas al Código de Trabajo van en detrimento de las bases de una sociedad solidaria y abre las puertas a mayores niveles de desigualdad, inestabilidad social y económica para el país.
Instamos a la Asamblea Legislativa y al partido gobernante a buscar iniciativas que realmente apoyen el bienestar y la inserción laboral, así como el fortalecimiento de la inspección laboral, horarios adecuados, aplicación de la red de cuido y la búsqueda de soluciones específicas para sectores como el tecnológico, turismo, la seguridad y otros más en donde existen realidades laborales ante las cuales la legislación se encuentra desactualizada. Pero nunca en detrimento de la salud integral de la personas, solidaridad social y menos del bienestar de los sectores laborales más vulnerables en donde la informalidad es generalizada.
ANTE EL IMPACTANTE AUMENTO EN LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE ANEP PROPONE TRES MEDIDAS EXCEPCIONALES
El Gobierno y la Asamblea están indolentes ante el sufrimiento popular
Más de 1.000 colones por litro de gasolina/diésel, mientras no hay una política salarial ante el alto costo de vida, situación que tiene indignada a la clase trabajadora y personas pensionados por IVM CCSS
Peligrosa es la pasividad tanto del Gobierno de la República como de la Asamblea Legislativa ante el creciente enojo de la gente. La indolencia de ambos pone en alto riesgo la paz social, ya de por sí agravada por una ola delincuencial que parece estar sin control.
Sindicatos se reúnen con el Dr. Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS
Defendemos la CCSS y exigimos respeto a los derechos humanos laborales
La tarde de este miércoles 18 de mayo, organizaciones sindicales del sector salud, entre ellas la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), Unión Médica Nacional (UMN), Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas (SIPROCIMECA) Asociación Nacional de Profesionales de Enfermería (ANPE), Sindicato de Médicos Especialistas (SINAME) y el Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines (SINASSASS), presentaron un documento al Dr. Álvaro Ramos, Presidente Ejecutivo de la CCSS, en el cual se expone la posición sindical respecto a lo que se consideran los desafíos, la defensa y el fortalecimiento de la institución de cara a este nuevo periodo.
Siendo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una institución pilar del desarrollo, la democracia y la paz social costarricense, su sostenibilidad, administración y decisiones laborales e institucionales deben formar parte de un proceso de diálogo abierto, que requiere el compromiso de todos.
La institución como botín político del modelo neoliberal, su importancia en el contexto de la pandemia, la afectación de la evasión y morosidad, los fantasmas de la corrupción y la privatización, la salud como un derecho social fundamental, listas de espera, fortalecimiento y defensa de la autonomía institucional, infraestructura, fueron parte de los aspectos abordados, junto al futuro del régimen de pensiones de IVM y el derecho de las personas trabajadoras a una pensión digna.
Respeto a los derechos laborales.
UNDECA y las organizaciones presentes, dejamos en claro la importancia del servicio que brindan los y las trabajadoras de la CCSS a la sociedad y manifestamos nuestro repudio por la precariedad laboral, largos interinazgos, problemática de los concursos, informalidad, bajos salarios, falta de condiciones laborales, de salud ocupacional y las limitaciones en materia de libertad sindical y diálogo social. Afectaciones producto de leyes neoliberales regresivas como la Ley Marco de Empleo Público (10.159), Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo Fiscal) y la mal llamada Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (9808).
Las organizaciones presentes, instaron al Dr. Ramos a la construcción de una Mesa Nacional Democrática que aborde los grandes desafíos que tiene la CCSS como garante fundamental de nuestro sistema de protección social y una Mesa Institucional de Diálogo y Negociación para resolver las demandas de los trabajadores y trabajadoras institucionales, que permita mantener la armonía y la paz laboral.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional “SITRAHSAN”, ubicado en San José, Calle Blancos, dentro de la Aduana Central, 125 metros Este de la Escuela Dr. Ferraz
Nos unimos a la comunidad de Calle Blancos ante la contaminación ambiental que no solo afecta a la Escuela sino el ingreso de funcionarios Hacendarios a la Aduana Central y al público en general que visita o realiza gestiones en la Aduana, debido a la gran cantidad de basura a un costado de la entrada principal.
Urgimos su inmediata intervención para resolver este viejo problema.
Desde la Alianza Campesina denunciamos que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante la Resolución N 005-05-2022, notificó a varias familias del Asentamiento La Guaria, ubicado en El Parque de Los Chiles que serán desalojados. A su vez, existe una posibilidad de que se ejecute otra orden de desalojo, en este caso contra las familias del asentamiento Monteverde.
En el caso del desalojo de La GUARIA, la finca está inscrita a nombre del terrateniente holandés Roderick Gustav Boer Westra. Allí viven unas 170 familias desde finales de 2019, y en general no han sido inquietadas por la posesión y cultivo de las tierras desde hace más de 1 año.
La finca que estuvo abandonada por años, ha servido de refugio, fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de personas de todas las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica que ha provocado la pandemia, el desempleo y la miseria que golpea con especial fuerza a las mujeres.
Desde la Alianza Campesina denunciamos este atropello policial a las familias, y a la inoperancia del INDER que más de dos años después de la existencia de ese conflicto campesino no ha hecho absolutamente nada para poner en práctica las obligaciones que tiene como institución en ese tipo de casos, donde debe tutelar el derecho de las familias a tener tierra para vivir y trabajar.
Ya se están tramitando las defensas legales posibles ante la inminente destrucción de los cultivos y viviendas.
Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones del movimiento social y popular costarricense, a reproducir y a sumarse a nuestra denuncia, y a brindar toda la solidaridad posible esas comunidades organizadas.
Actualmente, en la Asamblea Legislativa, se discute una reforma al Código de Trabajo, el expediente 21.182, creando una jornada excepcional ampliada. Esta amplía la jornada de trabajo a 12 horas, trabajando solo 4 días a la semana.
Esto atenta contra los derechos laborales de las personas, ya que al ser jornadas de 12 horas no se pagarían las extra, perdiendo ese derecho. Asimismo, las mujeres se verán aún más afectadas pues deberán cumplir con la jornada laboral y atender su hogar.
Don Óscar Aguilar Bulgarelli nos explica la situación:
Compartido con SURCOS por Óscar Aguilar Bulgarelli.
En el mes de junio de 1995, dos partidos políticos, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, dos caras de un mismo proyecto político neoliberal, consolidan el “Pacto de la Vergüenza”.
Ambos partidos durante años han conducido nuestro país, a un mayor empobrecimiento y a una mayor desigualdad social.
Para la ANEP, las encuestas de opinión acerca del gobierno y del presidente “…dejan un claro descontento nacional con las políticas neoliberales y las acciones antipopulares de elevar impuestos, despido de empleados públicos y de entrega vergonzosa a los dictados de los organismos financieros internacionales…”
Caricatura alusiva al tema del Pacto Figueres-Calderón (En Marcha, junio 1995).
El pacto significó la eliminación definitiva de la banca nacionalizada -hoy totalmente cumplido-, además, la entrega de aquellas empresas rentables del Estado, como es la FANAL, hoy en proceso de desmantelamiento; pero además la reducción forzada del déficit fiscal, que conlleva el despido de miles de empleados públicos y el deterioro y cierre de muchas instituciones y servicios públicos; también agenda permanente de la política costarricense.
La ANEP denuncia “…la maniobra del Partido Unidad, al engañar a los costarricenses presentándose como opuestos al Paquete Tributario, pero comprometiéndose a no obstaculizar su trámite en la votación legislativa…”
Asimismo, el sindicalismo, considera y denuncia el doble juego del Gobierno, al aparentar negociaciones con diferentes sectores sociales y presentarse como dispuesto al diálogo, cuando en realidad hace yunta con la supuesta oposición para seguir promoviendo mayor pobreza a la gran mayoría de costarricenses.
Manifestación en 1995.
En el editorial de la “Prensa Libre”, del 15 de junio de 1995, se expresa: “…llamando a las cosas por su nombre, el acuerdo Figueres-Calderón es simplemente la crónica de la toma del poder perpetrada por el liberalismo radical, el que considera que la ley de la oferta y la demanda está moralmente por encima de los diez mandamientos, y que los pobres por su mala cabeza… tienen la culpa, de su propia condición… y que si alguna gente se muere de hambre eso forma parte de la selección natural que elimina a los más débiles…”
Liberación Nacional y la Unidad se comprometen con el acuerdo, a no obstaculizar según su turno la aprobación de cualquier impuesto futuro, en situaciones similares a la presente, la conclusión es desoladora.
El editorial del vespertino lleva el nombre sugestivo “La flor del cactus”, porque es posible que la macro economía costarricense crezca pronto brillante, colorida y espinosa, como la flor del cactus, pero la paz social está en tremendo peligro.
El movimiento sindical costarricense extiende la convocatoria al Encuentro Nacional de la Unidad Sindical, a realizarse el próximo lunes 23 de mayo, a las 8:00 a.m. en el auditorio CICANDE, ubicado en San Antonio de Belén.
Se discutirá el balance de la situación nacional y los nuevos escenarios, además de las líneas de acción conjunta.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
