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Movimiento Magisterial denuncia aumento salarial “discriminatorio” y advierte impacto en futuras pensiones

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ACOJUPEMA y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna calificaron como una “burla más” el ajuste salarial establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.° 45515-H-PLAN, al considerar que excluye a una gran parte del personal del sector público, especialmente a personas trabajadoras con mayor antigüedad en el régimen de salario compuesto. La agrupación sostiene que la medida profundiza desigualdades laborales y afectará directamente el monto de futuras pensiones.

Según el pronunciamiento, el decreto —emitido el 3 de marzo de 2026 y vigente desde el 1.º de abril— establece un incremento general de ₡10.000 al salario base, pero únicamente para escalas salariales entre ₡514.000 y ₡534.000, aplicable además a determinados esquemas salariales y no a quienes permanecen bajo salario compuesto con bases superiores.

Las organizaciones señalan que una parte importante del magisterio con categorías como PT6, MT6 y VT6 mantiene salarios base cercanos a los ₡600.000, monto que no recibiría el ajuste. Denuncian que esto ocurre tras seis años de congelamiento salarial, mientras continúan soportando deducciones obligatorias y aumento del costo de vida.

Impacto en jubilaciones futuras

Uno de los principales reclamos del grupo es que el congelamiento salarial no solo afecta ingresos actuales, sino también las futuras pensiones. Explican que en el régimen de Capitalización Colectiva, muchas personas se pensionarán con alrededor del 60% del salario base, por lo que una base devaluada reduciría severamente los ingresos al jubilarse.

La organización afirma que se está creando una división entre personas trabajadoras antiguas y nuevas, al coexistir esquemas salariales distintos que benefician a ciertos sectores mientras castigan a quienes permanecen bajo condiciones anteriores.

Llamado a revisar política salarial

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna y ACOJUPEMA cuestionan que personal con amplia trayectoria deba recurrir a recargos laborales adicionales para enfrentar deudas y gastos de salud, pese a años de servicio público. Por ello, demanda revisar la política salarial del sector público y adoptar medidas que garanticen justicia para personas trabajadoras activas y futuras jubiladas.

Esta es la tabla que muestra el ajuste:

Señalamientos contra presidencia ejecutiva de JAPDEVA escalan a presuntas responsabilidades penales y administrativas

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Denuncias apuntan a desviación de poder, afectaciones a la Hacienda Pública y conflictos laborales en la institución portuaria. Así se desprende de un comunicado del Consejo de Delegados y Delegadas de SINTRAJAP.

La comunicación señala una serie de cuestionamientos dirigidos contra la gestión de la presidenta ejecutiva de JAPDEVA, Sucy Wing Ching, han encendido las alertas sobre posibles responsabilidades administrativas y penales en el manejo de la institución. Las denuncias, respaldadas por documentación y testimonios según sus promotores, sostienen que la actual administración habría incurrido en presuntas prácticas que trascienden la ineficiencia operativa y podrían configurar irregularidades graves en el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con el pronunciamiento emitido por representantes sindicales, las actuaciones señaladas apuntan a un uso indebido de la estructura estatal para fines distintos al interés público. Entre los aspectos más sensibles se menciona la presunta planificación de acciones destinadas a generar crisis mediáticas con fines políticos, lo que, de comprobarse, podría constituir una desviación de poder y un eventual fraude de ley.

En el plano financiero, las denuncias también advierten sobre posibles afectaciones a la Hacienda Pública. Se señala, por ejemplo, la omisión en el cobro de servicios por el retiro de aproximadamente 16.000 toneladas de acero, así como la supuesta modificación de condiciones tarifarias sin la autorización de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Estas acciones, según los denunciantes, podrían implicar no solo pérdidas económicas para la institución, sino también un ejercicio indebido de competencias regulatorias.

Otro eje de preocupación gira en torno al cumplimiento del deber de probidad en la función pública. El pronunciamiento cuestiona el manejo del Fondo de Ahorro y Capital de los trabajadores de JAPDEVA, así como el condicionamiento del pago de un 3% de reintegro laboral, lo que, a criterio de los firmantes, podría constituir una vulneración de derechos laborales y una práctica de presión indebida sobre el personal.

En paralelo, se advierte sobre un deterioro en la eficacia institucional, particularmente en la ejecución del Canon de Desarrollo destinado a la provincia de Limón. Según las denuncias, el estancamiento en la gestión de estos recursos compromete el cumplimiento del mandato legal de JAPDEVA y afecta directamente las perspectivas de desarrollo regional.

Las acusaciones han derivado en acciones ante instancias como el Ministerio Público y la ARESEP, así como en señalamientos de la Auditoría Interna de la institución, lo que podría abrir la puerta a procesos de investigación más amplios.

En este contexto, el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), a través de su dirigencia, planteó una serie de exigencias, entre ellas la intervención de la Contraloría General de la República en las decisiones tarifarias, la agilización de las investigaciones penales en curso y el pago inmediato de los derechos laborales reclamados. Asimismo, solicitaron el cese de lo que califican como persecución laboral dentro de la institución.

Hasta el momento, la presidencia ejecutiva de JAPDEVA no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos. La evolución de las investigaciones determinará el alcance de las responsabilidades en un caso que vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de una de las entidades clave para el desarrollo del Caribe costarricense.

Puede ver en SURCOS declaraciones de distintas agrupaciones sociales en torno a este tema:

Crisis institucional en JAPDEVA: organizaciones de Limón exigen un nuevo liderazgo para el Caribe

FONAMAFROCR pide nueva conducción en Japdeva basada en diálogo, respeto y desarrollo para Limón

Carta advierte que proyecto sobre pensión mínima “intocable” debilitaría la protección total de las jubilaciones

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Una carta dirigida a la Defensoría de los Habitantes plantea una crítica de fondo al proyecto de ley expediente N.° 24.940, denominado “Ley para Adoptar una Pensión Mínima Intocable”, al considerar que, lejos de fortalecer los derechos de las personas pensionadas, abre un portillo para que sus ingresos puedan ser afectados por acreedores.

El documento, firmado por Francisco Guevara Matarrita, expresa preocupación por el enfoque del proyecto impulsado con participación de la Defensoría, señalando que el debate no es meramente técnico, sino estructural: se trata de definir si Costa Rica mantendrá la inembargabilidad total de las pensiones como principio jurídico o si avanzará hacia un modelo que permita su afectación parcial.

Según el análisis expuesto, la iniciativa sustituye el principio de indisponibilidad de las pensiones —históricamente protegido en la legislación— por un esquema de disponibilidad parcial regulada. En este modelo, aunque se establece un monto mínimo protegido, el resto de la pensión quedaría expuesto a posibles embargos o afectaciones, lo que implicaría un cambio sustantivo en su naturaleza jurídica.

El documento advierte que este giro representa una transformación profunda del sistema de protección social, ya que la discusión dejaría de centrarse en si la pensión puede ser tocada o no, para pasar a determinar cuánto puede afectarse sin generar rechazo social. Este desplazamiento, se afirma, debilita la barrera que históricamente ha protegido estos ingresos.

La carta también cuestiona la coincidencia entre este proyecto legislativo y recientes criterios de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que, según el autor, apuntan hacia una reinterpretación del régimen de inembargabilidad, acercándolo a una lógica de mínimo vital similar a la del salario, en lugar de mantener su carácter de protección plena.

En este sentido, se recuerda que el artículo 984 del Código Civil establece que las pensiones, jubilaciones y beneficios sociales no pueden ser embargados por acreedores, dado su carácter alimentario y su función de garantizar la subsistencia de personas que, en muchos casos, no cuentan con otras fuentes de ingreso.

El autor señala que presentar esta norma como una disposición obsoleta resulta incorrecto, ya que su contenido fue reafirmado mediante reformas posteriores, lo que evidencia una decisión legislativa consciente de mantener ese nivel de protección.

Asimismo, se advierte que trasladar a las pensiones la lógica del salario mínimo inembargable implica mezclar regímenes jurídicos distintos, lo que podría abrir la puerta a interpretaciones que reduzcan la protección de estos ingresos en la práctica.

El documento reconoce la existencia de situaciones problemáticas relacionadas con rebajos excesivos o condiciones económicas difíciles para personas pensionadas, pero sostiene que la solución no debe consistir en debilitar la inembargabilidad, sino en reforzar los mecanismos de control frente a abusos y garantizar condiciones dignas de vida.

Finalmente, la carta hace un llamado a la Defensoría de los Habitantes para que revise su posición respecto al proyecto y se coloque claramente del lado de la protección integral de las pensiones, entendidas como un elemento fundamental de la dignidad en la vejez.

SURCOS le invita a leer el documento completo en el siguiente enlace:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-14-Defensoria-de-los-Habitantes-Exp-N.°-24.940-Ley-para-Adoptar-una-Pension-Minima-Intocable-1.pdf

SiUNED plantea devolución total del ROP como un derecho de las personas trabajadoras

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El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) presentó un análisis sobre el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), en el que sostiene que la entrega total de los fondos a las personas pensionadas constituye un derecho vinculado a la propiedad individual y a la justicia laboral.

El documento señala que, tras 25 años de vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983), el sistema enfrenta una encrucijada en la que la tutela estatal ha derivado en restricciones que limitan la libre disposición de los recursos acumulados por las personas cotizantes.

Desde esta perspectiva, SiUNED argumenta que el ROP debe entenderse como una cuenta individual, donde cada persona trabajadora es titular plena del capital acumulado, por lo que cualquier interpretación que lo trate como un fondo colectivo carece de sustento jurídico y económico.

El análisis se fundamenta en varios principios. En primer lugar, el derecho constitucional a la propiedad, que reconoce la facultad de disponer libremente del patrimonio una vez cumplida la condición de retiro laboral. Asimismo, se plantea que los aportes al ROP constituyen salario diferido, es decir, recursos generados por la persona trabajadora que han sido postergados para su uso en la etapa de jubilación.

El documento también cuestiona el modelo de comisiones aplicado por las operadoras de pensiones, al considerar que estas no guardan relación con el esfuerzo de gestión y terminan erosionando el ahorro acumulado, especialmente en un contexto de crecimiento del capital por interés compuesto.

Otro de los elementos centrales es que, al tratarse de un régimen de cuentas individualizadas, el retiro total de los fondos por parte de una persona no afecta a otras afiliadas, lo que, según el sindicato, desmonta el argumento del “riesgo sistémico” utilizado por sectores que se oponen a la devolución completa.

En su desarrollo, SiUNED plantea que el acceso pleno al ROP debe ser entendido también como un derecho humano, vinculado a la dignidad de la población adulta mayor. El modelo actual de rentas mensuales es cuestionado por generar ingresos considerados insuficientes para cubrir necesidades básicas, pese a que las personas hayan acumulado montos significativos durante su vida laboral.

Asimismo, se argumenta que permitir el retiro total podría contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas pensionadas, por ejemplo, mediante la cancelación de deudas con altas tasas de interés o la inversión en necesidades prioritarias como salud o vivienda.

En cuanto al debate público, el documento cuestiona las advertencias sobre posibles efectos inflacionarios de la devolución del ROP. Según el análisis, dichas proyecciones parten de supuestos erróneos, como la idea de que todas las personas retirarían sus fondos simultáneamente, cuando estimaciones citadas indican que solo una parte lo haría.

Además, se sostiene que la liberación de estos recursos sería gradual y comparable a otros flujos económicos como el aguinaldo o la cesantía, sin generar presiones inflacionarias significativas.

El documento concluye que la entrega total del ROP es una decisión que depende de la voluntad política y del reconocimiento del derecho de las personas pensionadas a disponer de sus recursos. En ese sentido, plantea que permitir esta opción no elimina otros mecanismos como la renta mensual, sino que amplía la libertad de elección y obliga a las operadoras a mejorar su eficiencia.

Defensoría celebra avance de proyecto a favor de 30 mil personas pensionadas que llevan más de 5 años sin aumentos

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La Defensoría de los Habitantes mostró su satisfacción por el avance en la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley que descongelaría los ajustes por costo de vida a unas 30 mil personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.

La Defensoría de los Habitantes, en febrero anterior, realizó un llamado a la Asamblea Legislativa de la urgente necesidad que esta iniciativa fuera aprobada debido a que estas personas tenían 5 años sin recibir un ajuste por costo de vida.

Esta situación del congelamiento de los aumentos trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo, así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, la compra de medicamentos, alimentación y servicios públicos, colocando a esta población en una situación de vulnerabilidad económica.

Desde la perspectiva de los Derechos Humanos, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal. Por ello y dado que la ausencia de ajustes en las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia, la Defensoría ha sido insistente en cuanto a que el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, al disminuir la protección económica previamente garantizada. Asimismo, la Defensoría ha señalado que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

El aporte de la mujer campesina nicaragüense al sistema productivo agrícola del valle de Ujarrás, Paraíso, Cartago – Un análisis descriptivo

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Por Luis Fernando Mata Solano
Extensionista Agrícola

Luis Fernando Mata Solano

Desde hace más de 20 años aproximadamente la presencia de peones agrícolas nicaragüenses en el valle de Ujarrás y sus comunidades periféricas como Río Regado, Piedra Azul, El Yas, y Santiago han contribuido con la mano de obra agrícola que se ocupa en las plantaciones de chayote y otros cultivos menores en esta tierra bendecida por su alta productividad gracias a sus terrenos de color negro con origen volcánico. Ya han pasado muchos años y estos nicaragüenses echaron raíces en esta zona y muchos de sus hijos han nacido aquí en Costar Rica y muchos estudian en las escuelas y colegios y además reciben la asistencia de los servicios de salud publica etc. Han encontrado en estas tierras oportunidades que tal vez no tuvieron en sus lugares de origen y con mucho trabajo y esfuerzo aprendieron las técnicas del cultivo de chayote, tomate, vainica, zuquini etc. y sin embargo mantienen su tradición del cultivo de frijoles y maíz netamente nicaragüenses y que es parte de su subsistencia regional.

La mayorías de ellos vienen de diferentes lugares de Nicaragua como Muy Muy en departamento de Matagalpa, Chontales, Juigalpa, Nueva Guinea, Boaco, etc. y los primeros en llegar fueron hombres y muchos con su esposa e hijos, sin embargo, en los últimos años han arribado mujeres solas con hijos que vienen a trabajar al campo y encuentran refugio en otros nicaragüenses que ya habitan en esta zona y las incentivan para que se venga a estas tierras de oportunidades. Estas mujeres con poca escolaridad encuentran trabajo en el campo y en las empacadoras de chayote y en su mayoría dejan a sus hijos mas pequeños en casa de otras nicaragüenses y ticas que les cuidan a sus hijos durante la jornada laboral que inicia a las 6 de la mañana y termina a la 1 de la tarde donde se ganan un jornal de 12000 mil colones.

Se destaca de esas mujeres humildes y trabajadoras su valentía y esfuerzo para trabajar en labores importantes como la deshoja del chayote y la recolección de la fruta que con su delicadeza recolectan fruta de mucha calidad. Algunas de ellas han aprendido igual que los varones las técnicas del cultivo y se han atrevido a alquilar terreno para su propia producción con la ayuda de sus esposos e hijos.

Todas las mañanas se observa a muchas mujeres nicaragüenses rumbo a las fincas y a las empacadoras aportando su esfuerzo a la economía regional y que mucha de esas producción se exporta a otros países. Sin embargo, es importante reglamentar esta labor para que ellas tengan mejores oportunidades como el cuido de sus hijos y el tipo de trabajo y remuneración que deben tener, así como las garantías de una póliza de riesgos del trabajo y la asistencia a los servicios de salud.

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

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Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.

Unión Sindical de la CCSS resalta la unidad y dignidad de la clase trabajadora de la institución en defensa de sus derechos

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Comunicado

La Unión Sindical de la CCSS destaca con firmeza el espíritu de lucha, dignidad y unidad demostrado por la clase trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social, tras la reciente jornada de huelga y búsqueda de acuerdo con autoridades institucionales.

A pesar de que la reunión había sido previamente acordada, la ausencia injustificada de la Gerencia Administrativa evidenció, una vez más, la falta de voluntad para atender las legítimas demandas laborales y salariales que enfrenta el personal de la institución. Sin embargo, lejos de debilitar el movimiento, esta situación fortaleció la convicción de las y los trabajadores en la defensa de sus derechos.

La USCCSS resalta que la jornada estuvo marcada por una demostración ejemplar de conciencia, organización y madurez por parte de la clase trabajadora, que comprende con claridad las condiciones adversas que enfrenta y la necesidad de responder con unidad y firmeza.

“La dignidad de la persona trabajadora no se negocia. Hoy quedó claro que los derechos se defienden en colectivo y que solo mediante la unidad se pueden conquistar y consolidar”, fue el mensaje de la dirigencia sindical que llegó a negociar un acuerdo.

Asimismo, se informó que se ha solicitado una nueva reunión para el próximo 8 de abril, en la cual se espera la participación de la Presidencia Ejecutiva, miembros de la Junta Directiva y las gerencias respectivas, con el objetivo de exponer de manera directa la posición de la unidad sindical y las demandas urgentes de la familia trabajadora de la CCSS. La dirigencia sindical no descarta nuevas acciones si a esa fecha no hay una apertura democrática de diálogo.

La USCCSS hace un llamado a mantener la organización, la unidad y la movilización consciente, como herramientas fundamentales para garantizar el respeto a los derechos laborales y la justicia salarial.

¡La unidad sindical es la fuerza de la clase trabajadora!

El peligro de callar: soberanía, vida y democracia en riesgo

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El Instituto Sindical de Formación Democrática manifiesta su profunda preocupación y enérgica condena ante el ataque a una embarcación en aguas costarricenses, que dejó como resultado la muerte de dos trabajadores del mar y un herido de gravedad.

Más allá de la gravedad del hecho, lo que hoy está en juego es algo aún mayor: el respeto a la vida, la soberanía nacional y el Estado de Derecho.

Se pretende cerrar el caso con una etiqueta fácil: “narcotraficantes”. Pero en una democracia ninguna etiqueta sustituye la verdad, la prueba ni el debido proceso. Cuando la fuerza letal se utiliza sin explicaciones claras, sin transparencia y sin rendición de cuentas, no estamos ante seguridad: estamos ante abuso de poder.

Cuando el poder actúa sin explicar, se impone el autoritarismo

Denunciamos con firmeza:

• Que no existe claridad sobre quién ejecutó el ataque, bajo qué marco legal y con qué autorización.

• Que se pretende imponer una narrativa donde preguntar es visto como sospechoso y exigir explicaciones como innecesario.

• Que se está normalizando el uso de la fuerza sin control, lo cual representa un grave retroceso democrático.

Costa Rica no puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, acciones militares o de fuerza en su territorio o en sus aguas sin plena transparencia, legalidad y respeto a la soberanía nacional.

Los trabajadores no pueden ser víctimas de esta lógica

Como organización comprometida con la defensa de los trabajadores, advertimos:

• Que, una vez más, los sectores más vulnerables pagan con su vida decisiones que no controlan.

• Que la militarización y la lógica de “disparar primero y explicar después” no resuelven los problemas estructurales del narcotráfico, pero sí destruyen vidas y derechos.

• Que aceptar el silencio y la opacidad es abrir la puerta a más abusos y más impunidad.

Exigimos al país y a sus autoridades

1. Una investigación inmediata, independiente y transparente de los hechos.

2. El esclarecimiento de responsabilidades, incluyendo posibles actores extranjeros.

3. Una posición firme del Estado costarricense en defensa de su soberanía.

4. Respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos, incluso en contextos de lucha contra el crimen.

El silencio no es opción

Hoy no se trata solo de un hecho aislado. Se trata de una señal peligrosa: cuando la sociedad deja de preguntar, el poder deja de rendir cuentas.

El mayor riesgo para Costa Rica no es solo el crimen organizado, sino que, en su combate, se pierdan los principios que sostienen nuestra democracia.

No se trata de defender delincuentes. Se trata de defender el derecho del pueblo a saber, a cuestionar y a vivir en un país donde el poder tenga límites.

¡NO AL SILENCIO CÓMPLICE!
¡RESPETO A LA SOBERANÍA NACIONAL!
¡JUSTICIA Y VERDAD PARA LAS VÍCTIMAS!
San José, 25 marzo 2026

Defensoría insta aprobación de proyecto de pensión mínima intocable

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• Resolución de la Sala Segunda refuerza la tesis de la Defensoría sobre la intangibilidad de un monto mínimo para garantizar una vida digna.

• Proyecto de Ley N.º 24.940 busca blindar la autonomía económica y los derechos de las personas adultas mayores.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado vehemente a la Asamblea Legislativa para la pronta aprobación del Proyecto de Ley N.º 24.940, iniciativa que surgió para garantizar que ninguna persona vea comprometida su subsistencia básica, por deducciones desproporcionadas de su pensión.

La Defensoría considera urgente esta legislación debido a que personas adultas mayores cuyas pensiones se ven afectadas por cobros directos de créditos, reduciendo los montos hasta niveles que les impiden cumplir con pagos de servicios básicos, compra de comida o alquiler.

La iniciativa se ve respaldada a nivel jurídico con una reciente resolución N.º 2026-000550 de la Sala Segunda, la cual marca un hito en la protección de los derechos humanos al definir la existencia de un “núcleo vital de la pensión”. Según el Tribunal, este límite de intangibilidad es esencial para asegurar que el Estado y las entidades financieras respeten el derecho de toda persona pensionada o jubilada a una vida digna, incluso cuando existan compromisos crediticios previos.

Destaca de la resolución, la nota de la Magistrada Varela Araya quien señaló la relevancia del tema sobre el que versa este pronunciamiento, mismo que dio origen al proyecto de ley N.° 24940 que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa.

Dicho proyecto impulsado por la Defensoría de los Habitantes con el apoyo de la diputada Katherine Moreira, surge como respuesta a la vulnerabilidad extrema de miles de personas adultas mayores cuyas pensiones son reducidas a montos ínfimos y no cuentan con una protección de un monto mínimo que la Sala II ha denominado núcleo vital y la Defensoría llamó, pensión mínima intocable.

Con la aprobación del proyecto de Ley N° 24940, se busca garantizar a nivel legislativo, la protección a nuestra población adulta de su pensión mínima intocable, lo que supone el respeto a la capacidad de esta población de disponer de forma independiente y autónoma, de sus recursos económicos regulares, en este caso obtenidos por su derecho a la pensión o jubilación. La iniciativa propone:

• Establecer la «Pensión Mínima Intocable»: Un monto inembargable equivalente al límite de protección que hoy goza el salario, asegurando que el jubilado siempre cuente con recursos para sus necesidades básicas (salud, alimentación y vivienda).

• Respetar la autonomía financiera: Permite a las personas pensionadas gestionar créditos mediante el acuerdo de voluntades, pero bajo un marco legal que evita el sobreendeudamiento que anula la dignidad humana.

• Fomento de la «Economía Plateada»: Al brindar seguridad jurídica sobre sus ingresos, se incentiva la inclusión financiera, el emprendimiento y la participación activa de esta población en la economía nacional.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes