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Lucha por la mejora en el monto de pensión e información del Régimen No Contributivo

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Contexto:
Este proceso responde a la solicitud realizada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en el oficio ACSS-007-2024, que planteó inquietudes sobre el reajuste de las pensiones ordinarias del Régimen No Contributivo (RNC), bajo la Ley N.º 5662 y Ley N.º 8769. Se presentaron varias preguntas y solicitudes relacionadas con el monto de la pensión, la falta de ajuste en el año 2024, y la entrega de información médica sobre las causas de invalidez para los beneficiarios.

Primera respuesta: Solicitud de reajuste de pensión
La Auditoría solicitó el reajuste del monto de las pensiones del Régimen No Contributivo, aumentando de ¢82.000 a ¢102.500. En respuesta, se indicó que, aunque la Ley N.º 5662 reformada por la Ley N.º 8783 establece la protección para las personas en situación de pobreza extrema que no califican para otros regímenes, el financiamiento del RNC depende principalmente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), administrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se aclaró que la disponibilidad presupuestaria constituye el límite máximo para la gestión de las pensiones. La Junta Directiva de la CCSS, en conjunto con los estudios técnicos correspondientes, tiene la facultad de decidir sobre la variación en el monto de la pensión, siempre que haya suficiente financiamiento y que se cumpla con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 y las normativas de la Contraloría General de la República.

Por lo tanto, debido a la planificación presupuestaria, en 2024 no está previsto un incremento en el monto de las pensiones ordinarias y, por el momento, tampoco se ha considerado un aumento para el año 2025.

Segunda respuesta: Solicitud de ajuste de pensiones conforme a la Ley N.º 7125
La Auditoría también solicitó que se realizará el ajuste de las pensiones bajo la Ley N.º 7125 a partir del 1.º de enero de 2024. Se explicó que, debido a la situación financiera del Régimen y a los recursos aprobados, no fue posible hacer el ajuste en la fecha solicitada. Sin embargo, una vez que se recibieron recursos adicionales, se emitieron las instrucciones para realizar el ajuste correspondiente, el cual se aplicará en la planilla de septiembre de 2024, incluyendo el pago retroactivo.

Tercera respuesta: Solicitud de datos de invalidez del RNC/PCP
Se pidió el suministro de un archivo en formato Excel con información detallada sobre las pensiones del RNC por invalidez, incluyendo variables como número de caso, número de identificación, fecha de nacimiento, fecha de vigencia y la causa de invalidez. En respuesta, se proporcionó un archivo adjunto (Anexo 1), limitado por la privacidad de los datos de carácter médico.

Cuarta respuesta: Solicitud de lista de enfermedades equiparables a PCP, autismo y mielomeningocele
La Auditoría solicitó una lista de enfermedades o condiciones equiparables en severidad a la Parálisis Cerebral Profunda (PCP), autismo y mielomeningocele, de acuerdo con dictámenes emitidos por la Comisión Calificadora del Estado de Invalidez. El Dr. Henry Jiménez Naranjo, director de la Dirección de Calificación de la Invalidez, emitió una respuesta indicando que el sistema integrado de pensiones clasifica a los usuarios de la Ley N.º 8769 bajo la categoría de condiciones equiparables a PCP.

El Dr. Jiménez mencionó que las condiciones equiparables en severidad incluyen alteraciones genéticas, síndromes neurológicos con procesos degenerativos, retardo mental severo con trastorno conductual de difícil manejo, entre otras. Estas condiciones requieren de cuidados permanentes y suelen estar bajo el cuidado de familiares, lo que les impide realizar actividades laborales remuneradas. La evaluación médica de cada caso es realizada por el personal médico de la Dirección de Calificación de la Invalidez y la Comisión Calificadora.

Para complementar la respuesta, se adjuntó un documento titulado «Guías para la Evaluación de Invalidez y Discapacidad» (Anexo 2), aprobado por la Junta Directiva de la CCSS en sesión N.º 9031, el 9 de mayo de 2019, el cual detalla las patologías equiparables a la Parálisis Cerebral Profunda.

En conclusión la CCSS respondió a las consultas planteadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social en relación con el ajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo y proporcionó la información solicitada, en la medida que fue posible, dadas las limitaciones de presupuesto y los aspectos médicos confidenciales. Se reiteró que no habrá aumentos en las pensiones ordinarias durante el año 2024, y que se aplicará el ajuste de la Ley N.º 7125 en septiembre de 2024.

En el PDF adjunto se puede ver el oficio de referencia.

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UNDECA y BUSSCO exigen medidas cautelares en el Caso «Barrenador» de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Este viernes 11 de octubre, a las 8:00 a.m., se llevará a cabo una concentración en la Plaza de la Justicia, frente a los Tribunales de San José, convocada por el sindicato UNDECA y BUSSCO y personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los manifestantes exigen la pronta resolución de las medidas cautelares en el caso conocido como “Barrenador”, un polémico expediente judicial que involucra altos mandos de la institución en presuntos actos de corrupción.

Tras tres semanas de retraso en la definición de la situación jurídica de los imputados, la indignación crece entre los empleados de la CCSS y la población en general. Los organizadores de la protesta piden que el juez a cargo tome una decisión inmediata y actúe con la urgencia que amerita el caso.

Las demandas de la manifestación son claras: se exige la resolución de las medidas cautelares, la salida inmediata de Marta Esquivel de su cargo, y el fin de la corrupción que, según los manifestantes, ha comprometido gravemente el buen funcionamiento de la institución de salud pública. 

El lema central de la protesta es “¡Alcemos la voz y demandemos justicia!”, lo que refleja el creciente descontento de los trabajadores del sector salud, quienes también abogan por la transparencia y el adecuado manejo de los recursos de la CCSS. Esta manifestación se une a una serie de acciones que UNDECA ha impulsado en defensa de los derechos de los trabajadores y contra la corrupción dentro de la institución.

Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Banco Popular y Desarrollo Comunal celebra los aniversarios de organizaciones

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El Directorio Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal celebra los aniversarios de diversas organizaciones durante el mes de octubre.

Ofrecemos la lista:

El 2 de octubre, se conmemoran 16 años de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación y Fuerza Pública (ASEGOSEP). 

El 7 de octubre, se celebran 52 años de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados y Empleadas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (COOPEBANPO R.L.). 

El 14 de octubre, se cumplen 12 años de la Federación de Uniones de Asociaciones de Desarrollo La Amistad, territorio Coto Brus y Buenos Aires, y 13 años de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (ASEBANACIO). 

El 15 de octubre, se conmemoran 15 años de la Asociación Solidarista de Empleados de AMAZON y Empresas Afines (ASOAMAZON). 

El 22 de octubre, se cumplen 53 años de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados del Ministerio de Educación Pública (COOPEMEP R.L.). 

El 23 de octubre, se celebran 11 años de la Asociación Solidarista de Empleados de Almacenes El Colono (ASECOLONO). 

El 24 de octubre, la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) conmemora 82 años, y el 28 de octubre, el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) celebra 55 años.

UNDECA presenta denuncia ante OIT por prácticas de violencia y discursos de odio del presidente Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Comunicado

El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, desde los primeros días, la emprendió contra el sistema democrático costarricense y rabiosamente contra los sindicatos.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Social y Democrático, que el Gobierno pretende desmantelar y privatizar, aunque sea recurriendo a los actos, denunciados por UNDECA y otros, al Ministerio Publico, que resultaron en la detención en las celdas de OIJ la presidenta ejecutiva de la Caja y siete personas más.

UNDECA es el reducto de defensa de la Caja, su autonomía, recursos financieros y los derechos de casi 70.000 personas que laboran en esa entidad.

Nuestra inclaudicable posición nos ha costado que el presidente de la República y Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, acometan contra UNDECA, desplegando un conjunto de actuaciones que violentan los principios de libertad sindical.

A raíz que la conjura contra este y otros sindicatos institucionales ya resulta desproporcionada, llegando a extremos de violencia intolerable, UNDECA interpuso una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) contra el Presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

Las actuaciones más graves, entre otras, que sustentaron la denuncia son:

1.- Marta Eugenia Esquivel declaró, en la habitual conferencia de prensa de Casa Presidencial, que los sindicatos tienen secuestrada la CCSS.

2.- La misma jerarca declaró públicamente que los sindicatos son los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

3.- Esquivel amenazó a los sindicatos por denunciar en el Ministerio Público, la cuestionada adjudicación de 10 áreas de salud a favor de cooperativas y un consorcio hospitalario privado.

El presidente de la República amplificó la agresión contra los sindicatos, atribuyéndonos que somos los responsables de las listas de espera.

4.- Esas prácticas antisindicales se coronan con el ataque deleznable que ha sufrido nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA y representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja, contra quien el Consejo de Gobierno ilegítimamente ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y una medida cautelar de separación de su cargo, que fue anulada por la Sala Constitucional, por violentar derechos fundamentales.

Las arteras acciones montadas contra nuestra compañera Martha Elena violentan el principio de autonomía e independencia sindical.

El conjunto articulado de actuaciones del Presidente de Gobierno y Marta Esquivel, configuran prácticas recurrentes y sostenidas de hostilidad y discriminación antisindical, que vulneran los principios de libertad sindical, contenidos en la Declaración de Filadelfia de OIT (1944) y los convenios internacionales de OIT, ratificados por Costa Rica.

UNDECA denunció que el Gobierno de la República está creando un peligroso clima de confrontación, amenazas, presión y desprestigio contra los sindicatos, que pretende, impedir que los sindicatos realicen su misión de manera eficiente y eficaz, y además, esos discursos incitan a la violencia, con el propósito que la ciudadanía rechace y repulse moralmente a UNDECA y los sindicatos de la Caja, declarados calumniosamente secuestradores y los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

UNDECA comunicó la denuncia internacional al Director General de OIT y está solicitando que se declare que el presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez son autores responsables de la violación de los principios de libertad sindical.

En consecuencia, se solicitó condenar al Gobierno por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con la libertad sindical y ordenar a esas autoridades gubernamentales abstenerse de continuar con esas conductas de violencia antisindicales.

UNDECA terminó su denuncia citando la siguiente declaración del Secretario General de Naciones Unidas; Antonio Gutiérrez:

“El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios.”

El discurso de odio del presidente y Marta Esquivel contra los sindicatos es irreconciliable con los postulados de nuestra Constitución Política y los convenios de OIT en materia de libertad sindical.

San José, 02 de octubre de 2024.

Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense alerta sobre ataques del presidente Chaves hacia la educación pública

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En un video publicado el 30 de septiembre de 2024 , Gilberth Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), hizo un llamado urgente a la ciudadanía y al Magisterio Nacional a estar atentos a los discursos del presidente Chaves. Díaz señaló que dichos mensajes han atacado directamente al sector educativo, poniendo en peligro su estabilidad y dejando de lado los principios establecidos en la Constitución Política, que consagra la educación como un derecho fundamental para todos los costarricenses.

Se resalta como hace unos días, en una entrevista realizada por Radio Columbia, el presidente Chaves abordó de manera desinformada y atacante un tema que preocupa a los estudiantes del país: el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en el cual por primera vez no se alcanzó un acuerdo en la negociación de este fondo, lo que llevará el tema a ser discutido en la Asamblea Legislativa. Durante la entrevista, Chaves afirmó que la reforma constitucional de 2011, que estableció el financiamiento de la educación pública en un 8% del PIB, fue una concesión gratuita de la expresidenta Laura Chinchilla, destinada a beneficiar a grupos de interés y privilegio, como los sindicatos de la educación y las universidades públicas.

El SEC, por su parte, ha respondido afirmando que la educación es un derecho humano que avanza y se encuentra consagrado en la Constitución desde 1949 y que su financiamiento es clave para el desarrollo social y económico del país. Las críticas señalan que el presidente ignora la importancia de la educación como motor de igualdad social y herramienta para el progreso nacional. Además, se advierte que su postura pone en riesgo el futuro de la educación pública y, por ende, el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo para los niños y jóvenes costarricenses.

Díaz concluyó haciendo un enfático llamado a unir fuerzas para detener la mala gestión del presidente, advirtiendo que sus acciones están abriendo las puertas para que los jóvenes caigan con mayor facilidad en la marginalidad, donde prevalece la delincuencia. Es imprescindible promover un financiamiento adecuado del FEES, que garantice un futuro y una educación digna para el país.

Le invitamos a ver el video.

UNDECA: medidas cautelares contra presidenta ejecutiva y directores son imprescindibles

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

1 de octubre, 2024

  • Cuestionados por privatizar 10 áreas de salud con sobreprecios

Comunicado de UNDECA

UNDECA presentó una fundamentada denuncia en el Ministerio Público, con el objeto de que se investigue la responsabilidad penal que, conforme a derecho, le pudiera corresponder a la Presidenta Ejecutiva, directores y otros funcionarios de la CCSS, que participaron y aprobaron la adjudicación de 10 áreas de salud, favoreciendo a varias cooperativas y un consorcio hospitalario privado.

Además, solicitamos que, de conformidad con el Código Procesal Penal, se aplicaran las medidas cautelares pertinentes contra los imputados, entre ellas la separación del cargo de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, los otros directores y María de los Ángeles (Marielos) Gutiérrez Brenes, sin goce de salario o dietas.

Asimismo, UNDECA amplió su petición de medidas cautelares, a raíz del sorprendente nombramiento que realizó Marta Esquivel, favoreciendo a la coimputada Marielos Gutiérrez, en el cargo de gerente general, con un salario superior a los 5 millones de colones, cuya acción de personal firmó el día siguiente al que fue dejada en libertad; no es un nombramiento cualquiera, es en uno de los puestos de mayor jerarquía institucional. cuya conducta refleja la total inconveniencia de que regrese a su cargo, como si nada hubiera pasado.

En el caso Barrenador, aunque entendemos su complejidad y la atención mediática, la tardanza en la implementación de medidas judiciales puede tener consecuencias graves para testigos y denunciantes: riesgos laborales, personales -incluyendo amenazas a la vida y la integridad física- además del riesgo para la integridad del proceso judicial.

UNDECA ha insistido ante las autoridades judiciales, que es absolutamente necesario, imprescindible, que por lo menos sean separadas de sus cargos jerárquicos, sin goce de salario y dietas, Marta Eugenia Esquivel, los demás directores y funcionarios que participaron en la aprobación de aquella adjudicación.

“Hacemos una instancia respetuosa a las organizaciones para que se pronuncien, con la finalidad que se garantice la normalidad de la prosecución de la investigación penal, sin obstáculos de ninguna especie, impedir futuras situaciones de favorecimiento y evitar represalias contra las personas denunciantes, testigos, representantes y directivos de los sindicatos”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

SITRAPA: protección y defensa de la salud laboral

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El Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines (SITRAPA) ha intensificado su lucha por mejorar las condiciones laborales en las plantaciones, asegurando que los trabajadores reciban la protección adecuada. A través de su esfuerzo, la organización exige a las empresas que cumplan con las evaluaciones médicas necesarias para preservar la salud de los empleados.

En caso de que las empresas no cumplan con las normativas de salud y seguridad, SITRAPA se compromete a apoyar a los trabajadores en la presentación de denuncias ante las autoridades competentes, garantizando que se tomen las medidas correctivas para proteger la salud de todos. Su mensaje es claro: “Tu salud es lo primero. No trabajes en silencio, defiende tus derechos”.

Además, SITRAPA promueve un entorno de trabajo seguro mediante la denuncia de cualquier irregularidad relacionada con la seguridad y salud laboral, brindando acompañamiento en la protección del bienestar de sus afiliados.

ANEP aporta información sobre irregularidades en contratación de áreas de salud

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a SURCOS que ha emprendido una ardua labor durante los últimos cuatro meses, investigando y denunciando lo que considera un conjunto de irregularidades en los procesos de contratación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estas denuncias, centradas en la adjudicación de contratos para la gestión de áreas de salud, revelan preocupaciones sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la CCSS. Se ha señalado que estas decisiones podrían estar orientadas al favorecimiento indebido de ciertos proveedores, específicamente cooperativas de salud, con contratos que implican cientos de miles de millones de colones. ANEP aporta información sobre irregularidades en contratación de áreas de salud con documentos presentados ante Contraloría, la Fiscalía y el Juzgado.

La primera denuncia formal presentada por la ANEP data del 15 de mayo de 2024, dirigida a la Contraloría General de la República (CGR). En esta, la organización expone la supuesta modificación de informes técnicos para favorecer a cooperativas en la adjudicación de áreas de salud en diversas regiones, afectando la competitividad del proceso y exponiendo al país a pagos inflados por servicios médicos. Esta denuncia es parte de un esfuerzo por prevenir lo que la ANEP describe como una operación que podría desviar más de 210 mil millones de colones en beneficio de unos pocos proveedores, a costa de los recursos públicos y de la ciudadanía.

Posteriormente, el 12 de julio de 2024, la ANEP emite un nuevo documento en el cual solicita una intervención inmediata por parte de la CGR. En esta ocasión, se denuncia específicamente una licitación por más de 470 mil millones de colones, adjudicada a tres cooperativas y una asociación, argumentando que el proceso está plagado de irregularidades y que las acciones de la Junta Directiva de la CCSS presentan serios vicios legales. La ANEP solicita que se investiguen estas acciones antes de que se concrete lo que califican como un acto administrativo nulo e ilegal.

En respuesta a las gestiones de la ANEP, la Contraloría General de la República emite un documento dirigido al denunciante el 10 de julio de 2024, en el cual se reconoce la recepción de la denuncia y se asegura que la misma será utilizada como insumo en una investigación formal en curso. La CGR detalla los pasos a seguir y confirma que los puntos planteados por la ANEP, junto con la documentación adjunta, serán evaluados en el marco de esta investigación.

Estos tres documentos reflejan la gravedad de las acusaciones y el esfuerzo de la ANEP por detener lo que consideran una serie de actos administrativos con graves consecuencias económicas para el país. Es crucial revisar en detalle estos documentos, que ya se encuentran disponibles para su análisis.

Caso Barrenador – ANEP Destapa Irregularidades en Contratación de Áreas de Salud_ Documentos Presentados Ante Contraloría, Fiscalía y JuzgadoDescarga

Unión Sindical de la CCSS exige destitución de presidenta de la CCSS

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La Unión Sindical de la CCSS, tras las consecutivas denuncias de mal uso de los fondos públicos en el caso que se investiga de presunto aumento irregular de contratación a cooperativas, expresa su complacencia hacia la Fiscalía por la detención de integrantes de la junta directiva de la Caja que participaron en la toma de decisión.

“Estas acciones afectan los fondos públicos que deben ser priorizados para la atención de los asegurados” señala la Unión Sindical de la CCSS, además de ser una actuación irresponsable, por parte de los directivos.

Exigen al presidente de la República que destituya a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Marta Esquivel. 

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social continúa lucha por aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y personas con discapacidad

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El convenio que rige esta materia establece una cooperación entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para financiar el régimen no contributivo de pensiones (RNC). Este acuerdo regula la transferencia de recursos del fondo de desarrollo social y asignaciones familiares (FODESAF) a la CCSS con el objetivo de otorgar pensiones a personas en condiciones de vulnerabilidad que no califican para los regímenes contributivos.

Las principales cláusulas del convenio definen la responsabilidad de la CCSS en la identificación y selección de beneficiarios, la programación y distribución de recursos, así como la presentación de informes sobre la ejecución presupuestaria y programática. Además, se estipula la obligación de reintegrar a FODESAF cualquier superávit de recursos y el uso del sistema SINIRUBE para la clasificación socioeconómica de los beneficiarios.

El convenio tiene vigencia durante el año 2024, con la posibilidad de prórroga automática hasta el 2028, siempre que ninguna de las partes solicite su finalización.

Resolución del Ministerio de Trabajo sobre Recurso de Revocatoria

El 17 de septiembre de 2024, la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió la Resolución N.° RAD-MTSS-DMT-DVAS-DNP-DAL-24-2024. En esta resolución, se rechazó el Recurso Ordinario de Revocatoria presentado por los auditores ciudadanos Carlos Eduardo González Arroyo, Alfredo Ramírez Montero, Jorge Manuel García Araya, Juan Carlos Aguilar Zamora y Rodrigo Arias López contra el acto administrativo N.° MTSS-DMT-DVAS-DNP-1018-2024, fechado el 5 de septiembre de 2024.

El recurso fue presentado con el propósito de solicitar un aumento en las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC), argumentando que muchas de estas personas se encuentran en situaciones de pobreza extrema. Asimismo, se solicitó información detallada sobre el estado de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y una copia del convenio firmado entre el MTSS y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Dirección Nacional de Pensiones respondió que no es competencia del MTSS gestionar modificaciones en el RNC, ya que este régimen es administrado exclusivamente por la CCSS. La función del MTSS se limita a la transferencia de los recursos asignados por ley al programa, sin tener injerencia en la administración o ejecución del mismo.

Finalmente, la resolución mantiene el criterio expresado en el acto administrativo inicial y eleva el recurso de apelación al despacho del Ministro de Trabajo para su análisis y resolución conforme a derecho.

Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

No obstante la resolución del Ministerio, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna para las personas adultas mayores en todos los ámbitos de la vida. Promueve su participación activa en la creación y aplicación de políticas que les afectan directamente, fomenta su integración en el núcleo familiar y comunitario, y facilita su organización y participación en la sociedad, aprovechando su experiencia y conocimiento. Además, impulsa y fortalece una red de atención progresiva para asegurar su cuidado integral con la colaboración de entidades públicas y privadas, y garantiza su protección y seguridad social.

La ley también establece diversos derechos para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, como el acceso a la educación y preparación para la jubilación, la participación en actividades recreativas, culturales y deportivas, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades, y facilidades para obtener créditos. También asegura opciones de atención alternativa en caso de riesgo social, atención médica inmediata, pensión oportuna para satisfacer sus necesidades, asistencia social en situaciones de desempleo o discapacidad, y la participación en actividades productivas según sus capacidades y deseos. Además, protege contra la violencia y ofrece trato preferencial en trámites administrativos, promoviendo su unión con otros adultos mayores para buscar soluciones a problemas comunes.