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Las verdades sobre el sindicalismo del magisterio

Por: Gilberth Díaz Vásquez
Presidente del SEC

La construcción de un estado social y democrático, así como el justo derecho del trabajador en conquistar sus más nobles aspiraciones, han sido los ideales que guiaron a las sociedades para encontrar su liberación de las más oprobiosas esclavitudes, muchas veces impuestas por los grupos poder.

Hoy en día, en la sociedad moderna que vivimos, la humanidad se enfrenta a nuevas clases de esclavitud y explotación, que degradan y someten a la miseria extrema a miles de seres humanos. Sin embargo, estos flagelos tienen una particularidad, que pueden ser impuestos y obligados, como también aceptados y promovidos por propia voluntad de quien los padece.

La propagación de la drogadicción en todas sus formas (muestra del sentimiento de muchos de estar drogados para no enfrentar los grandes problemas personales y nacionales que vivimos), el narco sicariato (que cada día secuestra más de nuestros niños y jóvenes para ser reclutados en tan vil actividad), el narcotráfico (que para muchos cada día va siendo el único medio de subsistencia); así como el desempleo o empleo bajo condiciones que retratan las más mínimas y paupérrimas condiciones laborales, la pobreza extrema, el analfabetismo o la seudoalfabetización sin ningún grado de rigor o aporte como herramienta para el desarrollo humano, constituyen algunas de las múltiples realidades nacionales esclavizadoras.

Es frente a este oscuro panorama, que día a día enluta a la familia y trabajadores costarricenses, que surgen a la luz pública las grandes verdades del movimiento sindical en el magisterio nacional, principalmente al mostrarse como herramienta, no sólo de la dignificación laboral, sino también de todo el pueblo costarricense.

Al estar a la par de la maestra, el maestro, la profesora, el profesor, la conserje, el conserje, la administrativa, y el administrativo, todos verdaderos héroes diarios, que se enfrentan día a día a las consecuencias de las esclavitudes antes dichas. Al estar a la par de la estudiante y del estudiante, principalmente de aquellos que menos recursos económicos tienen para tener acceso, a lo que debería ser la garantía de un derecho humano universalmente tutelado; el movimiento sindical magisterial demuestra la más noble verdad en los derechos de todas aquellas personas que ofrendan su trabajo, e incluso su vida para garantizar lo que el propio estado ha dejado de tutelar y garantizar.

Las verdades muchas veces incomodan o inquietan, principalmente frente al gobernante populista, irrespetuoso y opresor; frente al político oportunista, mediocre y corrupto, frente al poder mediático cómplice del robo descarado de lo que debería ser la crítica e instruida opinión pública. A pesar de ello, la verdad permanece incólume, haciendo su trabajo en beneficio del bien común, y de la construcción de un futuro esperanzador para todos los habitantes de la república.

Los últimos acontecimientos nacionales, donde se plasma la cruda realidad de considerar como un gasto para el estado la educación pública y gratuita, donde muchas de nuestras escuelas y colegios se encuentran desmanteladas por la falta de mantenimiento e inversión, donde el trabajador de la educación se encuentra excluido y relegado a las más ruines condiciones de trabajo, donde miles de estudiantes se ven obligados abandonar las aulas escolares, colegiales y universitarias debido a las grandes barreras económicas y materiales que enfrentan, reflejan otra gran verdad, sea la razón que tenemos los sindicatos del magisterio de protestar por éstas y muchas otras oscuras realidades.

Nuestra labor diaria de escuchar a nuestros hermanos trabajadores de la educación, donde nos exponen todas las siniestras realidades a las que se enfrentan, y que en no pocas oportunidades -tienen inclusive- con sus escasos recursos personales, hacer frente a garantizar todas aquellas ayudas que permitan que una niña o niño, o joven puedan continuar estudiando, puedan alimentarse, puedan vestirse y calzarse, es nuestra profunda motivación para entender la verdad de la noble tarea que realizan los sindicatos del magisterio.

El SEC, fiel reflejo de la defensa de los intereses patrios, de las más nobles luchas por el rescate nacional, del trabajador de la educación, de la niñez y juventud costarricense, desde sus propios orígenes, ha logrado defender la incólume verdad de que sin el magisterio este país se encontraría sumergido y atado a los más ruines y nefastas miserias, que como la historia patria ha demostrado, muchos políticos de turno trataron de imponer; más sin embargo logramos contener.

En honor a los trabajadores de la educación que ya partieron y que dieron su mejor esfuerzo, a los que hoy nos acompañan en nuestras más nobles y sublimes luchas reivindicadoras, al futuro que estamos construyendo y defendiendo para las nuevas generaciones; en honor a la verdad, de que el mundo ha sido mejor por los movimientos sindicales, que actuando en apego a sus principios, en apego a sus sacrificios brindaron dignidad al trabajador y solución a los grandes problemas que el momento histórico les demandó. A todos ellos, el SEC levanta el estandarte de la verdad en la lucha por una Costa Rica más justa, que garantiza el derecho humano a la educación para todos.

Al noble pueblo costarricense les podemos asegurar, que ni el narcotráfico, ni el corrupto y corruptor político, ni los gobernantes populistas, ni los medios de comunicación corruptos, podrán matar la fe y esperanza de una patria libre de toda esta paria que nos esclaviza. A todo ese noble pueblo, les hacemos un llamado para que se unan a las luchas sindicales del magisterio en favor de nuestro más amado y preciado futuro y su rescate, sean nuestras niñas, niños y jóvenes. Concluyo, haciendo mías las gloriosas palabras de Ovidio: Felices son aquellos que se atreven con coraje a defender lo que aman”

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social pide aumento de pensión no contributiva para población adulta mayor y a personas especiales

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta una solicitud dirigida a la Licda. Glenda Sánchez Brenes, Directora de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. A través de este documento, los firmantes, auditores ciudadanos, solicitan lo siguiente:

Principales peticiones de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

  1. Aumento de las pensiones no contributivas : Los auditores solicitan la revocatoria de un acto administrativo emitido el 5 de septiembre de 2024 por la Dirección Nacional de Pensiones, que consideran lesivo para la población más vulnerable. Argumentan que la falta de un incremento en las pensiones condena a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidades a una mayor pobreza, violando lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Constitución Política de Costa Rica. Estos artículos garantizan el bienestar general y la protección especial a las personas mayores.
  2. Acceso al convenio de cooperación : Se solicita una copia del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el fortalecimiento del Régimen No Contributivo (RNC), que tiene como objetivo mejorar la gestión y la entrega de subsidios a quienes más lo necesitan. 
  3. Informe detallado sobre la deuda del Estado : Se pide que se informe sobre el estado actual de la deuda del Estado con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), que se destina, entre otras cosas, a financiar el RNC. Esta solicitud se basa en el informe de la Contraloría General de la República (Informe N° DFOE-SAF-IF-00007-2019), que señala una deuda significativa acumulada por el Estado a lo largo de los años, lo cual ha afectado la capacidad de financiamiento de los programas sociales, entre ellos las pensiones no contributivas.

La ACSS, en su solicitud, subraya la importancia de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social asuma su responsabilidad en la revaloración de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC). Aunque la administración de este régimen está a cargo de la CCSS, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es el responsable de asegurar que se asignen los recursos necesarios para mantener el poder adquisitivo de las pensiones frente a la inflación y las pérdidas de valor.

Un aspecto central de la argumentación es la mención del convenio firmado entre el Ministerio de Trabajo y la CCSS para fortalecer el RNC. Este convenio, que incluye la colaboración en términos de financiamiento y gestión de los fondos, se presenta como una evidencia de que ambas instituciones tienen la responsabilidad conjunta de garantizar el bienestar de las personas que dependen del RNC. La Auditoría Ciudadana argumenta que este convenio refuerza la obligación del Ministerio de Trabajo de velar por que los recursos asignados a estas pensiones sean suficientes y se ajusten conforme a las necesidades actuales de la población.

La firma de este convenio también pone de manifiesto que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un rol activo en la protección social, más allá de la administración pasiva de los recursos. La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social resalta que cualquier interpretación en contrario sería un incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes le imponen a esta entidad.

Le invitamos a seguir el enlace y leer el documento completo para conocer más detalles sobre esta gestión y la relevancia de los temas expuestos.

Gobierno promulga arbitrariamente nuevo reglamento para nombramiento de representantes de sector laboral y patronal de junta directiva CCSS

UNDECA

En el Diario Oficial La Gaceta, del 10 de este mes de la Patria, se publicó el nuevo Reglamento para la elección y nombramiento de los representantes del sector laboral y patronal de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este decreto deroga totalmente el anterior y rige a partir de su publicación.

UNDECA denuncia que este reglamento fue promulgado de manera unilateral por el Gobierno de la República, fiel a la despótica hoja de ruta de esa Administración y violentando las disposiciones de la normativa nacional, específicamente, el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública.

Dicho decreto se lo sacó el Gobierno, de forma sorpresiva, del sombrero de un mago, quebrantando los principios democráticos de diálogo social, transparencia, consulta y el principio de legalidad de la actuación de la Administración Pública.

“UNDECA advierte que el gobierno emitió el decreto a su total arbitrio, omitiendo cualquier consulta y participación de los sectores interesados -ni siquiera la Junta Directiva de la CCSS fue consultada o informada- previo a la publicación de este espurio decretazo del Gobierno”, señaló Luis Chavarría, secretario general de la organización sindical.

El artículo 361 de la Ley General de Administración Pública establece un procedimiento especial que obliga al Poder Ejecutivo a conceder audiencia previa a las entidades descentralizadas y entidades representativas de carácter general, corporativas, sindicales y afectados por la correspondiente disposición.

El Poder Ejecutivo infringió esta norma legal, porque dictó, de forma unilateral, ese Reglamento, prescindiendo el trámite de consulta previa, cuya omisión causa su invalidez absoluta.

UNDECA denuncia, vehemente, que un día sí y el siguiente también, este Gobierno se vuelve cada vez más contra nuestro ordenamiento, manteniendo una conducta desenfrenada que refleja un absoluto desprecio de las normas que regulan la convivencia ciudadana, y que busca eliminar la participación democrática de las organizaciones gremiales.

Este mes, que celebramos un año más de independencia, es oportuno recordar el pensamiento de Cicerón, que en esta deriva política autoritaria nos viene como anillo al dedo: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes.”

La conducta ilegítima que denunciamos reitera que al Gobierno le incomoda y estorba el Estado de Derecho y la democracia costarricense.

Errores administrativos provocados por la jerarquía del SINART agudizan la crisis de la institución

Ante el comunicado a la opinión pública emitido por el Presidente Ejecutivo del SINART, Fernando Sandí Chacón, la seccional ANEP-INART, manifiesta lo siguiente:

Con profunda preocupación hemos leído el comunicado en el que el señor Sandí Chacón deja ver que el futuro del SINART será definido en una reunión “crucial” que sostendrán en la Contraloría General de la República (CGR), con la contralora, Marta Acosta, en la que pretenden la resolución de dos temas pendientes ante el ente contralor.

El primero tiene que ver con un pronunciamiento emitido por la CGR, en el que los ingresos que percibía el SINART por concepto del 10% de los presupuestos de publicidad de las entidades estatales, fueron suspendidos en su aplicación.

El segundo tema tiene que ver con la aprobación de los recursos contenidos en el presupuesto extraordinario de la República, en el que se asignan a la institución, mil millones de colones, con los que la administración del SINART pretende llevar a cabo un proceso de reestructuración, a nuestro criterio, desde su génesis viciado de nulidad.

Pretende ahora el señor Sandí justificar su mala gestión al frente de la institución, alegando que, de no aprobarse los recursos de dicho presupuesto extraordinario, el SINART está en franco peligro de cierre, ya que se ha vuelto insostenible.

Pero qué fácil resulta ahora venir a decir que la institución es económicamente inviable cuando desde el inicio de su gestión no ha habido un plan claro para hacer del SINART, el grupo de medios de comunicación que establece la ley 8346.

Qué fácil resulta ahora aplicar una despiadada medida que podría dejar sin trabajo a doscientas familias costarricenses.

Qué fácil es ahora pedir recursos para despedir trabajadores, pero nunca hizo lo necesario para poner al Sinart a producir y generar sus propios recursos, con los mecanismos que claramente están establecidos para tal fin en la ley 8346.

Nos preguntamos: ¿por qué en vez de pedir mil millones de colones para aplicar un plan de despidos, no se pidieron esos recursos para poner al Canal 13, la Radio Nacional y los medios digitales con los que cuenta el SINART para renovar la programación y mejorar la cobertura? pues es muy fácil, simplemente porque ha demostrado el señor Sandí que no tiene ni la experiencia, ni el conocimiento ni la capacidad para hacerlo.

¡No señor Sandí! El SINART no es como crear el mall Oxígeno, logro del que se ha jactado hasta el cansancio. El SINART es muy diferente y obedece a otros intereses que, en definitiva, usted ha demostrado desconocer totalmente.

El SINART, en efecto, está en crisis, pero esa crisis la ha generado el señor Sandí por su demostrada incapacidad para hacer del SINART la institución que debe ser, y todo por su ego que no le permite ver más allá de sus narices, un ego y un orgullo que lejos de construir, ha destruido lo poco que quedaba de esta querida institución después de la catástrofe que le significaron dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Jamás pudo usted señor Sandí, comprender que el SINART es una institución que nació para servir a la educación y la cultura del pueblo costarricense, y la administró, si es que así se puede llamar su desastrosa gestión, de manera tal que la postró en una parálisis que la tiene en coma, y después de tal desplante, ahora solo pretende los recursos para dar el tiro de gracia.

Hoy, por la dignidad y el derecho de las personas trabajadoras del SINART, le pedimos vehementemente, si es que aún le queda un poco de vergüenza, renuncie, y llévese con usted a las personas que, junto a usted, han hecho este desastre.

Defensoría interviene ante CCSS por atraso salarial a grupo de trabajadores

488 personas funcionarias en enfermería y auxiliares de hospitales afectadas a julio 2024

Luego de conocer que un grupo de funcionarios/as de enfermería, auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes y auxiliar de quirófano de hospitales públicos tenían atrasos en el pago de sus salarios, incluso de hasta cinco meses, la Defensoría de los Habitantes solicitó a las autoridades un informe detallado a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre la situación.

Según afectados los atrasos han provocado que las personas trabajadoras tuvieran que recurrir a endeudamiento justamente porque el salario no les llega de manera puntual como corresponde. Para esta Defensoría, el no pago en tiempo del salario va en demérito de la calidad de vida de estas personas y la de sus familias.

Datos suministrados por la CCSS, al 23 de Julio del 2024, 488 personas funcionarias de seis Direcciones de Red Integradas de Prestación de Servicios de Salud y Hospitales Nacionales presentaban problemas con su salario, la mayoría de estas personas (71%) se concentra en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (346 afectadas).

La Defensoría solicitó las acciones implementadas o por adoptar para solucionar la situación, por lo que la Dirección Médica informó que, se ha realizado la aplicación de nombramientos a fecha indefinida en plazas vacantes, comunicación de circulares relacionadas con la confección, revisión y trámite de los documentos de personal y, fortalecimiento al Sistema Operativo Gestión de Recursos Humanos. Además, se indicó que se encuentran trabajando en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión de las Personas Trabajadoras de la CCSS (SIPE), que permitirá redefinir toda la tramitología manual que hoy se ejecuta en un proceso automatizado.

La Defensoría realizará un informe detallado sobre este tema en el cual planteará recomendaciones con el fin de solventar dicha problemática que violenta el derecho de estas personas trabajadoras. La CCSS tiene una planilla de 63.287 personas trabajadoras. De acuerdo con la información proporcionada a la Defensoría con los históricos del 2023 se identificó que existen un promedio de 195.464 documentos de personal por bisemana – que equivale a 53.937 acciones de personal, 7.004 extras, 976 colectivas y 133.547 movimientos de personal- de los cuales un 68% se tramitan en forma manual por parte de las Unidades de Gestión de Recursos Humanos el 100% de los documentos requiere de una captura manual en el Sistema de Planilla Institucional.

La Defensoría de los Habitantes también ha estado interviniendo en situaciones de atrasos en componentes salariales en personal del Ministerio de Educación Pública.

Direcciones de Red

Integradas de Prestación de Servicios de Salud

Hospital

Personas afectadas

a Julio 2024

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Huetar Atlántica

Hospital Guápiles

Enfermera Obstetra:02

Auxiliar de Enfermería:13

Asistente de Pacientes:05

Auxiliar de Quirófano:44

 

Total: 64

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Pacífico Central

 

Hospital Dr. Max

Terán Valls

Auxiliar de enfermería:02

Asistente de pacientes: 01

 

Total: 03

Dirección de Red

Integrada de Prestación

de Servicios de Salud

Pacífico Central

Hospital Dr.

Monseñor Sanabria

Enfermería: 22

Auxiliar de enfermería: 25

Asistente de pacientes: 08

 

Total: 55

 

Hospital Nacional

Personas afectadas a Julio 2024

Hospital San Juan de Dios

Auxiliares de Enfermería: 02

 

Total: 02

Hospital Dr. Rafael Ángel

Calderón Guardia

Enfermeras: 186

Auxiliares de Enfermería: 160

 

Total: 346

Hospital México

Auxiliar de Enfermería: 15

Enfermeros:02

Auxiliar de Quirófano: 01

 

Total:18

Fuente: Dirección De Administración y Gestión De Personal CCSS

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Presentación en la UCR: Cinco trabajos sobre el impacto laboral y socioambiental de los monocultivos

El lunes 16 de septiembre de 2024, a las 4:00 p.m., en el miniauditorio del sexto piso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, coordinará la presentación de los resultados del proyecto “Impacto laboral y socioambiental de los monocultivos en comunidades bananeras y piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valor (REDIC)». 

Durante el evento, se presentarán cinco trabajos excepcionales que abordan temáticas clave sobre los derechos laborales en Costa Rica. Las licenciadas Naomy Vega y María José Naranjo Aragonés tratarán sobre la indemnización plena por riesgos laborales y las implicaciones jurídicas de la compensación parcial a trabajadores afectados. Natalia Oviedo y Claudia Campos analizarán la Ley 9808, conocida como ley antihuelga, y su relación con el principio de no regresividad de los derechos humanos. David Bermúdez Corrales expondrá sobre los condicionantes socioculturales en el Valle de la Estrella y cómo afectan la percepción de derechos laborales entre el personal administrativo en las plantaciones de banano. Mónica R. Víquez presentará un estudio sobre la sindicalización de personas privadas de libertad y las complejidades legales y sociales relacionadas con sus derechos laborales. Karla Fernández Ávila y Jouseth Cháves Rodríguez cerrarán la jornada con un análisis de las categorías de trabajo pesado, peligroso e insalubre en Costa Rica, especialmente en las plantaciones de piña, y su relevancia para los operadores del derecho en diversos sectores. 

Este evento ofrece una oportunidad única para discutir temas cruciales para el bienestar laboral en el país. En la imagen se informa los medios por los cuales estará la transmisión.

Posicionamiento de ACOJUPEMA sobre la participación ciudadana en el debate sobre los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha hecho público su posicionamiento en relación con la participación ciudadana en el debate nacional sobre los fondos de pensiones, su sostenibilidad, solvencia y estabilidad.

Marjorie Hernández, presidenta de la asociación, destacó la importancia del rol de ACOJUPEMA, que representa a cotizantes, jubilados y pensionados, y su compromiso con la defensa de una pensión digna. Explicó que, desde la fundación de la asociación, se ha trabajado para asegurar los derechos constitucionales de sus miembros. Resaltó la preocupación ante los intentos de varias entidades, tanto públicas como privadas, de iniciar un debate sobre los fondos de pensiones, excluyendo a los principales afectados: los cotizantes activos, jubilados y pensionados.

Por su parte, Alexander Hernández, tesorero de ACOJUPEMA, señaló que, durante los últimos tres años, ACOJUPEMA ha buscado un diálogo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y los sindicatos involucrados en la administración de los fondos de pensiones como ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras), SEC (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense) y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), para exponer sus inquietudes. Sin embargo, lamentó que estos intentos no solo hayan sido ignorados, sino que se han enfrentado con procesos judiciales en su contra. Este tipo de acciones, afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de libre asociación y libertad de expresión.

Gerardo Romero,  vicepresidente de la asociación,  subrayó la necesidad de que los proyectos de ley promovidos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) sean debatidos de manera abierta y participativa. Afirmó que la exclusión de los cotizantes y jubilados en estas discusiones afecta gravemente la legitimidad de los debates y que existe una falta de confianza en la transparencia y fiscalización de los fondos de pensiones. El vicepresidente destacó que, según los artículos 9 y 11 de la Constitución, es fundamental la participación ciudadana en las decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables.

ACOJUPEMA demanda una discusión verdaderamente inclusiva, en la que todos los actores tengan voz y voto. Además, rechaza las represalias contra quienes alzan la voz en defensa de sus derechos y la justicia social. La exclusión de los verdaderos dueños de los fondos de pensiones —los cotizantes, jubilados y pensionados— convierte estos debates en ilegítimos y en un ataque a los principios democráticos que deben regir la toma de decisiones sobre los fondos de pensiones.

Se invita a a ver el vídeo completo sobre el posicionamiento de ACOJUPEMAhttps://vm.tiktok.com/ZMh1WQjyx/ .

Vivian Rodríguez Araya, nueva presidenta del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular

En un paso histórico para la igualdad de género en los espacios de liderazgo, Vivian Rodríguez Araya ha sido nombrada como la nueva Presidenta del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Este logro es especialmente significativo, ya que en los últimos 17 años ninguna mujer había ocupado esta posición.

Este nombramiento no solo representa un avance en la igualdad de género, sino que también es un reflejo del esfuerzo, la valentía y la determinación de Rodríguez Araya al abrirse paso en un entorno que históricamente ha sido dominado por hombres. Su capacidad para liderar y su compromiso con los trabajadores y trabajadoras del Banco Popular fueron claves para alcanzar este importante puesto.

La elección de Rodríguez Araya ha sido recibida con entusiasmo y admiración por diversas organizaciones, incluidas las que promueven la igualdad de género en el ámbito laboral. El Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas y la Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género (UTIEG) expresaron públicamente su apoyo, felicitándome por alcanzar este hito. En un comunicado, destacaron la importancia de este avance: «¡Cuando una mujer avanza, avanzamos todas!»

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra la aprobación del proyecto de Ley que honra la indemnización de personas ex estibadoras de Limón

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebra con gran satisfacción la aprobación en segundo debate del proyecto de ley “Adición del Artículo 2 Bis a la Ley No. 7955 (Ley de Subsidio y Finiquito a Trabajadores de Estiba y Desestiba de Muelles) el cual fue aprobado esta tarde con 46 votos a favor en la Asamblea Legislativa.

Este proyecto ordena al Gobierno de Costa Rica honrar las indemnizaciones adeudadas a personas ex estibadoras de Limón, una deuda histórica que ha permanecido sin resolver durante 29 años. La aprobación de esta ley es un hito que reivindica los derechos de las personas trabajadoras que contribuyeron significativamente al desarrollo de la provincia y que, hasta hoy, habían sido olvidadas.

Este logro es fruto del trabajo articulado y coordinado de liderazgos comprometidos de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo junto con el Frente Cívico Social Laboral de Limón, quienes han estado hombro a hombro en las luchas sociales. Su participación ha sido constante, sumándose el pasado 28 de agosto a la Movilización Nacional Pacto por la Educación Pública y Agenda Social de Costa Rica y el 29 de agosto a las acciones regionales a nivel nacional. Ese mismo día estuvieron presentes en las afueras de la UCR en Limón durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa.

Durante casi tres años, hemos impulsado este proceso con firmeza y convicción, luchando incansablemente para garantizar que se haga justicia a quienes, por décadas, sostuvieron la actividad portuaria de Limón. Esta ley no sólo cierra un capítulo de olvido y deuda, sino que también rinde homenaje al trabajo y sacrificio de quienes han sido parte de la historia viva de Limón.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la defensa de los derechos laborales y sociales de todas las personas trabajadoras del país. Este logro nos motiva a seguir construyendo una Costa Rica más justa y equitativa, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas.

¡Seguimos adelante en la construcción de un país más digno para las personas! 

Consultas: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com | Teléfono: 84003435

Posición sindical pide transparencia en proyectos viales y priorización de necesidades sociales urgentes

Miguel Ureña Cascante, presidente de la seccional de la Central Unitaria de Trabajadores en el Ministerio de Hacienda, ha alzado la voz contra lo que considera una mala planificación y uso desproporcionado de los recursos públicos en proyectos de infraestructura, específicamente en nuevos pasos a desnivel en la Circunvalación Sur. En una carta dirigida al ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén, Ureña plantea fuertes cuestionamientos a los recientes planes de construcción, destacando la falta de coordinación entre las instituciones involucradas y el despilfarro de fondos en proyectos que, a su juicio, no resuelven los problemas que buscan atender.

En la carta, Ureña resalta que los nuevos pasos a desnivel, proyectados para mejorar el tránsito en los sectores de Hatillo y Desamparados, no cumplen con las expectativas. Alega que las obras anteriores en Hatillo 1 no han resuelto los embotellamientos, sino que los han trasladado a otras zonas, subrayando que se siguen realizando inversiones millonarias en proyectos que no alivian el congestionamiento vial, como fue el objetivo inicial.

De igual manera, se cuestiona el enfoque de gasto, afirmando que los recursos destinados a infraestructura podrían utilizarse en otras áreas más urgentes, como la mejora de las condiciones en los hospitales públicos, la compra de equipos médicos o el apoyo a familias en situación de pobreza. “Esos proyectos significan muchas casitas para gente pobre, significan buena medicina para muchos internados en los hospitales”, afirma en la carta.

Falta de coordinación y transparencia

La carta también hace un llamado a la Contraloría General, al Ministerio de Planificación y a otros actores políticos a revisar la planificación y adjudicación de estos proyectos de infraestructura. Ureña insiste en que no se están evaluando adecuadamente las prioridades nacionales y que se están destinando fondos a proyectos mal coordinados. En este sentido, subraya la necesidad de una mayor transparencia y justificación en la asignación de los recursos.

Para Ureña, las obras que se pretenden realizar carecen del «mínimo filtro de coordinación» y representan un uso ineficiente del dinero público. También denuncia la complacencia del gobierno con ciertos sectores, favoreciendo a “cinco gatos” a costa del bienestar de la mayoría. Asimismo, advierte que mientras se gastan cuantiosos recursos en infraestructura en San José, regiones como Limón siguen enfrentando una falta de recursos para sus escuelas y otros servicios esenciales.

Llamado a la coherencia

El presidente de la seccional concluye su carta con un fuerte llamado al ministro de Hacienda y al presidente de la República para que sean coherentes con su discurso sobre austeridad y justicia social. Ureña sugiere que los recursos no se giren hasta que se garantice que los proyectos sean efectivamente necesarios y estén bien planificados. “Basta ya de ser complaciente”, dice, instando a las autoridades a aplicar el principio constitucional de caja única y a que el dinero se destine sólo cuando las obras avancen de acuerdo a los contratos establecidos.

Por último, Ureña asegura que los trabajadores están preparados para movilizarse si los recursos públicos continúan siendo mal utilizados, hace un llamado a la ciudadanía para que respalde estas preocupaciones y exija mayor coherencia en la gestión de los recursos públicos. “Apelamos a la ciudadanía a apoyar esta iniciativa, exigiendo consistencia”, enfatiza. Aclara que este reclamo no se trata de revanchismo, sino de principios fundamentales como la razonabilidad, la economía procesal, la inmediatez, la transparencia y la probidad, todos ellos contenidos en las leyes de control interno y general de la administración pública.