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Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010

En la información compartida con SURCOS por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) se señala que el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010.

En una nota enviada al Ministro de Trabajo y al Gerente de Pensiones de la CCSS, se solicita atender el asunto con fundamento en los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

La nota presenta una solicitud formal respaldada por un oficio firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS, solicitando un acuse de recibo. Se destaca la estructura clara y respetuosa de la comunicación, el respaldo legal de la petición y la importancia de asegurar una respuesta oficial.

El correo enviado es el siguiente: 

Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Gobierno de la República de Costa Rica

Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente.
Gerencia de Pensiones
Caja Costarricense de Seguro Social

Estimados señores,

Sirva la presente para saludarlos y hacerles la siguiente petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

Se adjunta oficio ACSS-007-2024 firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS.

Favor enviarnos acuse de recibo.

Saludos cordiales.

Por ACSS

Att. Rodrigo Arias López

Análisis del documento firmado.

El régimen no contributivo de pensiones (RNC) en Costa Rica ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010. En enero de ese año, el monto de la pensión bajo el RNC era de ¢70.125. Al ajustar este monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pasó de 75,10 en 2010 a 109,57 en julio de 2024, el valor equivalente de esa pensión hoy sería de ¢102.383. Sin embargo, el monto actual de la pensión es de solo ¢82.000, cifra que se ha mantenido sin reajuste desde junio de 2019, lo que implica una devaluación del 25%. Para restablecer el poder adquisitivo de la pensión, sería necesario un incremento mensual de ¢20.383, llevando el total a ¢102.500. Esto afecta a más de 142.571 personas pensionadas bajo la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 de 1974.

La «Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935» de 1999 establece, en sus artículos 1 y 3, el derecho de las personas mayores a una vida digna, incluyendo el acceso a pensiones que cubran sus necesidades fundamentales. Este principio se refuerza por el Convenio C128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual estipula que las prestaciones monetarias deben ajustarse cuando se producen variaciones notables en el costo de la vida. La pérdida de valor de la pensión del RNC en un 25% se encuentra claramente enmarcada en este concepto de variación notable y debería ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 29 de dicho convenio.

El Cuadro N° 1 proporciona una visión detallada del estado de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) en Costa Rica, desglosadas por tipo de beneficiario y monto de la pensión a junio de 2024. A continuación se presenta un análisis de los datos:

En el cuadro se observa que la mayoría de las pensiones bajo el RNC tienen un monto de ¢82.000 mensuales, lo cual afecta a 142.571 beneficiarios. Este grupo incluye a personas en diversas categorías como indigentes, personas con invalidez, orfandad, vejez y viudez. La mayor proporción de pensionados corresponde a la categoría de vejez con 93.322 beneficiarios, lo que subraya la importancia de este segmento de la población dentro del sistema de pensiones no contributivo.

Por otro lado, hay un grupo específico de pensionados que reciben una pensión más alta, de ¢352.164,91 mensuales. Este grupo se compone de 5.330 personas y se desglosa en tres categorías principales: aquellos con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, mielomeningocele, y otras condiciones neurológicas equiparables a PCP. La ley que regula estas pensiones establece que el monto debe ser equivalente al salario mínimo legal, el cual se ajusta de forma periódica. Sin embargo, como se mencionó en el análisis anterior, el monto pagado en junio de 2024 corresponde al salario mínimo de 2023, lo que ha generado una diferencia acumulada no pagada a los beneficiarios.

El número de pensionados por PCP (2.769 personas) es significativamente mayor que el de aquellos con autismo (1.433 personas) o mielomeningocele (325 personas). Además, 803 personas reciben pensiones bajo la categoría de «otras equiparables a PCP», lo que indica que existen otras condiciones neurológicas graves que también son consideradas dentro del mismo marco legal.

En total, el RNC cubre a 147.901 personas, de las cuales 142.571 reciben la pensión básica de ¢82.000 mensuales, mientras que 5.330 perciben una pensión mayor debido a sus condiciones de salud severas. Esto pone de relieve la gran diferencia en el monto de las pensiones, que depende en gran medida del tipo de discapacidad o condición médica que padezca el beneficiario.

El desglose del cuadro refleja la cobertura significativa que ofrece el RNC, especialmente en la categoría de vejez, aunque la falta de ajustes por inflación para la mayoría de los beneficiarios y las demoras en el ajuste de pensiones mayores constituyen un problema que debe abordarse para garantizar el bienestar económico de las personas más vulnerables.

Por otro lado, la Ley N° 7125, promulgada en 1989 y modificada en 2009, establece un régimen de pensión vitalicia para personas con parálisis cerebral profunda, autismo y mielomeningocele, siempre que estas condiciones se manifiesten durante la primera infancia y las personas afectadas se encuentren en estado de pobreza o abandono. A junio de 2024, había 5.330 pensionados bajo esta ley. La ley establece que el monto de la pensión debe ser equivalente al salario mínimo mensual legal fijado por el Poder Ejecutivo, el cual, a partir de enero de 2024, es de ¢358.609,5. Sin embargo, se ha detectado que estos pensionados continúan recibiendo el salario mínimo de 2023, que era de ¢352.164,91. Esta diferencia de ¢6.444,59 mensuales se ha acumulado durante ocho meses, lo que representa un total de ¢51.556,72 no pagados a cada pensionado. La omisión en el ajuste corresponde a un aumento del 1,83%, que es el incremento del salario mínimo en 2024.

La Ley N° 7125 es un mecanismo que beneficia a personas con condiciones neurológicas graves desde la primera infancia, pero excluye a quienes desarrollan estas afecciones después de esta etapa. Esta exclusión es vista como discriminatoria y carece de sustento constitucional. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha emitido resoluciones en las que se pone en duda la razonabilidad de esta distinción. Las condiciones de pobreza y las enfermedades neurológicas graves deberían ser el criterio principal para otorgar la pensión, independientemente de cuándo se manifiesten los síntomas.

Además, hay una falta de claridad sobre cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) clasifica a los pensionados bajo el régimen del RNC por invalidez. La CCSS incluye a beneficiarios con diferentes condiciones neurológicas severas, pero no existe una lista pública que detalle las enfermedades con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad, lo que dificulta a los potenciales beneficiarios conocer si pueden acogerse a la Ley N° 7125.

El cuadro presentado detalla la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) bajo la categoría de «Invalidez RNC/PCP» según la fecha de vigencia de las pensiones. Los datos muestran una distinción entre las pensiones otorgadas antes y después del 24 de enero de 1989, fecha en la que entró en vigor la Ley Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Profunda N° 7125.

Antes del 24 de enero de 1989, se registran 1.575 pensiones, lo que indica que estas fueron concedidas bajo un marco legal diferente o posiblemente bajo criterios previos a la ley mencionada.

A partir del 24 de enero de 1989, con la implementación de la Ley N° 7125, el número de pensiones bajo esta categoría aumentó considerablemente, llegando a 42.843. Esto refleja la expansión del sistema de pensiones no contributivo para incluir a personas con parálisis profunda, autismo y otras discapacidades graves que cumplan con los criterios establecidos en la ley.

En total, el RNC administra 44.418 pensiones bajo la categoría «Invalidez RNC/PCP», lo que subraya la importancia de este régimen para proteger a las personas en situación de invalidez severa. La mayoría de estas pensiones fueron otorgadas después de 1989, lo que puede interpretarse como un reflejo de la efectividad de la ley para ampliar la cobertura y el acceso a beneficios para quienes padecen estas condiciones.

Por lo tanto, se solicita un reajuste del 25% en las pensiones otorgadas bajo la Ley N° 5662, llevándolas a ¢102.500 mensuales. Asimismo, se exige que las pensiones bajo la Ley N° 7125 se actualicen conforme al salario mínimo de 2024, y se cancele la diferencia acumulada desde enero de ese año. También se requiere un archivo en formato Excel con los datos de las pensiones del RNC a junio de 2024 y la lista de enfermedades neurológicas consideradas equiparables por la CCSS para la correcta aplicación de la Ley N° 7125. 

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El documento está firmado por los siguientes integrantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: 

Lic. Carlos Eduardo González Arroyo.

Dr. Alfredo Ramírez Montero. 

Lic. Jorge Manuel García Araya. 

MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Firmado digitalmente por: 

Dr Alfredo Ramírez Montero. 

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Referencia 

Romero Rodríguez, A., & Barrantes Espinoza, J. (2024). Petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Oficio ACSS-007-2024). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Gobierno de la República de Costa Rica, & Gerencia de Pensiones, Caja Costarricense de Seguro Social.

Unión Sindical de la CCSS manifiesta repudio ante la impunidad por el crimen contra Jerhy Rivera

SURCOS comparte la siguiente carta:

Señora Digna Rivera:

Desde el colectivo sindical que representamos, le enviamos un saludo fraterno.

En conocimiento del vil asecinato cometido contra su hija, nos solidarizamos y así mismo exigimos justicia por Jerhy. 

Somos plenamente consciente de que fue un asecinato político orquestado por los intereses de los grandes neolatifundista que sin reparo y sin pudor cometen diariamente hechos delictivos contra los pueblos originarios, en complicidad de las grandes compañías  extractivistas nacionales y transnacionales de la zona sur, que en muchas partes de territoria nacional han dejado una profunda huella de destrucción ambiental, contaminación del suelo y subsuelo, así como del envenenamiento de la fauna y de fuentes hídricas indispensable para la vida. estas barbaridades se han perpetrado con la complicidad de las autoridades, usurpadores todos de las tierras que por derecho ancestral corresponden a los pueblos originarios. 

Condenamos enérgicamente que un asesino confeso, quien atentando contra el principio de justicia fundamental para la convivencia armoniosa y paz social, es inadmisible que un agresor de la población indigena camine, incluso haciendo alarde de su crimen e impunidad.

Nos ponemos a la orden de la familia y amigos de Jerhy para seguir adelante en la lucha, hasta que se haga justicia. 

Solidaridad popular con la lucha de los pueblos indígenas, por la recuperación de las tierras ancestrales y por la memoria de sus muertos caídos en combate por la lucha en claudicar por sus derechos.

¡No más impunidad, exigimos justicia para Jerhy! 

Jerhy no murió se multiplicó!

Quisieron enterrarlo pero germinó su semilla.

¡El pueblo unido jamás será vencido!

“La solidaridad es la ternura de los pueblos”

UNDECA, BUSSCO, SIPROCIMECA, SINASSASS, SISSS, AESS, SINAREDES, SITRAHOSGUA, SITRAS, SINTAF, ACODIMED, SINASS, SINTRASAS, SITEPP, SIACCSS.

Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS denuncia ante la clase trabajadora y a la opinión pública

Continúa el juicio político, acoso y persecución contra representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, por haber aprobado legítimo ajuste salarial de 7 mil colones a trabajadores de la Caja.

Martha Rodríguez González, en su calidad de representante de los trabajadores, se dirige con firmeza tanto a la clase obrera como a la opinión pública para exponer una situación que ha venido denunciando de manera constante: la persecución política y el terrorismo de estado del que ha sido víctima. Durante los últimos dos años, Martha ha estado sometida a un proceso que busca, a través de presiones sistemáticas, que renuncie a su cargo. Sin embargo, ella ha resistido en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entendiendo que su labor no solo es un compromiso con los trabajadores, sino también con el pueblo costarricense.

Ahora, enfrentando un nuevo proceso de destitución, Martha reafirma su decisión de no ceder ante las presiones. Su postura es clara: no abandonará su cargo, independientemente de lo que sus opositores puedan pensar o sentir. Para ella, esta batalla es más que una lucha personal; es una defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y de la dignidad del movimiento sindical. Su compromiso con la justicia social y la protección de los derechos laborales la impulsa a mantenerse en pie de lucha, resistiendo los embates de aquellos que buscan silenciarla. Con esta convicción, Martha Rodríguez González continúa al frente de la defensa de los trabajadores, segura de que la verdad y la justicia prevalecerán.

Campaña de firmas en apoyo a Martha Rodríguez González: siga este enlace.

SINAE Afines premia a un grupo de trabajadores del Hospital México por su labor en la defensa de la libertad de culto en su área de trabajo

El Sindicato Nacional de Enfermería y Afines realizará un acto de reconocimiento a varios colegas, que con compromiso e integridad lucharon en defensa de su derecho a la libertad de culto.

Se contará con la presencia del escultor costarricense Luis Alfonso Ramírez Ramírez, como invitado especial y quien es autor de la colección “Desde sus orígenes” dedicada a la Virgen de los Ángeles.

Est replica será obsequiada a los trabajadores de sala de operaciones del Hospital México por su valentía de defender el derecho constitucional consagrado en el Artículo 75 de nuestra Constitución Política.

Chiquita desaloja a decenas de trabajadores

Carlos Quiroz | Foto: (archivo personal)

Con Carlos Quiroz

Tiempos difíciles para Chiquita Brands. Después de los graves problemas que está teniendo en Estados Unidos, la transnacional bananera está siendo acusada de desalojar y echar a la calle a su propio personal en el Atlántico costarricense.

Giorgio Trucchi

En el municipio de Talamanca, fronterizo con Panamá, la empresa Chiriquí Land Company, subsidiaria de Chiquita Brands, controla dos fincas bananeras (Tayrona y Cañaveral).

El 85 por ciento de los trabajadores tiene nacionalidad panameña y, en su mayoría, pertenece a la etnia Ngöbe-Buglé (unas cuatrocientos personas).

Un acuerdo firmado el año pasado entre Costa Rica y Panamá les otorgó la doble nacionalidad para que pudieran gozar de ciertos beneficios.

Un 46 por ciento sigue viviendo en territorio panameño, se levanta a diario a las 3 de la mañana y cruza el puente que divide los países para ir a trabajar. El restante 54 por ciento reside en territorio costarricense.

Muchos de ellos viven en cuadrantes¹ que la compañía bananera construyó y cuyas casas les fueron otorgadas en comodato.

Desalojando familias

Igual que otras compañías transnacionales y empresas fruteras nacionales, Chiquita acostumbra en sus contratos de trabajo incluir el ofrecimiento de viviendas para los trabajadores y sus familias.

Este beneficio está reglamentado por el código de trabajo costarricense (art. 164) bajo la figura del “salario en especie²”.

En las últimas semanas, la compañía está avisando a decenas de trabajadores que tienen 15 días para desocupar sus viviendas y buscar a dónde irse.

Algo que también se está llevando a cabo, hasta con más brutalidad, en otras zonas del país y que la Rel UITA ha venido documentando.

Lo que Chiquita está haciendo es brutal. Hay compañeros que tienen décadas trabajando en la empresa y que están siendo desalojados juntos a su familia”, dijo a La Rel, Carlos Quiroz, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Chiriqui Land Company (Sitrachiri).

“En este momento están sacando a 17 familias, aduciendo que no cumplen con los requisitos de asignación de vivienda y trayendo argumentos tontos. Esto es ridículo y sabemos que van por más desalojos. Se habla de al menos 47 familias afectadas”, agregó.

Chiquita, las mismas mañas

Lo que más llama la atención es que todos los trabajadores afectados están afiliados al Sindicato, cuatro de ellos son delegados sindicales en las fincas.

Lo que creemos es que se trata de una arremetida para forzar a los trabajadores a aceptar algunas propuestas, avanzadas por la empresa, que violan nuestro convenio colectivo”, manifestó Quiroz.

Chiquita estaría presionando para que los trabajadores renuncien al empleo de mutuo acuerdo, retiren su liquidación y acepten ser recontratados con garantías desmejoradas, en especial la que se refiere al derecho a vacaciones.

“Sin embargo, en este acuerdo se sigue garantizando el derecho a la vivienda, por lo tanto, creemos que la amenaza de desalojo persigue el objetivo de obligar a los compañeros a aceptar esta propuesta”, explicó el dirigente sindical.

Ofensiva sindical

El pasado 21 de agosto, Quiroz, en calidad de secretario general del Sindicato, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que se detenga la orden de desalojo.

También se instó a la empresa a frenar la medida y sentarse a negociar.

“Vamos a esperar que la Sala se pronuncie, mientras tanto estamos denunciando ese atropello a nivel nacional e internacional. Los compañeros se mantienen firmes y no quieren salir. También estamos valorando otras acciones judiciales”, concluyó Quiroz.

¹Complejos habitacionales que surgen en los alrededores de las plantaciones donde viven las y los trabajadores y sus familias.
²Entre las diferentes formas de retribución, el salario en especie se paga con bienes o medios distintos al dinero como, por ejemplo, alimento, alojamiento o transporte. Este no podrá ser mayor al 50 por ciento de lo que reciba el trabajador en dinero efectivo.

Fuente: https://www.rel-uita.org/costa-rica/chiquita-desaloja-a-decenas-de-trabajadores/

Proceso sindical histórico en el Ministerio de Hacienda

El viernes 23 de agosto se llevó a cabo un acto histórico en el Ministerio de Hacienda: la firma de un acuerdo de unidad sindical entre los gremios y sindicatos del ministerio.

El acuerdo tiene como objetivo principal luchar, promover y lograr una convención colectiva de trabajo que mejore las condiciones de empleo y trabajo de todo el personal del Ministerio de Hacienda.

Este proyecto también busca dignificar al Ministerio de Hacienda ante el país, resaltando una fuerza laboral unificada, organizada, decente, honesta y transparente.

Los representantes de varias organizaciones firmaron el acuerdo, incluyendo:

  • Sindicato de la Dirección General de Hacienda.
  • Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda (SINDHAC).
  • Seccional del Ministerio de Hacienda de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
  • Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN).
  • Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Lo importante del documento es:

  • Firma de un acuerdo de unidad sindical: El documento destaca la firma de un acuerdo histórico entre varios sindicatos y gremios del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de unificar esfuerzos en la lucha por una convención colectiva de trabajo.
  • Mejora de condiciones laborales: El acuerdo tiene como propósito principal mejorar las condiciones de empleo y trabajo de todo el personal del Ministerio de Hacienda, un grupo estratégico para la vida económica y política del país.
  • Dignificación del ministerio: El proyecto busca dignificar la imagen del Ministerio de Hacienda ante el país, resaltando la importancia de una fuerza laboral unificada, organizada y ética.

Martha Rodríguez González responde acusación presidencial que culpa a los sindicatos de la existencia de listas de espera

Ante la situación de las condiciones que rodean a las listas de espera, Martha Rodríguez, representante sindical en la junta directiva de la CCSS, aborda cuatro aspectos críticos. La representante explica que la lista de espera es una preocupación de todos, pero que no es culpa de los sindicatos, al no gestionar ni cogestionar la institución, ni lo es tampoco de las personas usuarias.

Martha señala una declaración hecha en una sesión anterior en la que se mencionaba que hay suficientes especialistas disponibles en las instituciones, pero la preocupación aquí es que cuando, como continúa Martha, alguien va a un centro, le dicen que no tienen un especialista disponible para operar. Esto causa un problema con la lista de espera.

La representante sindical también reflexionó sobre la idea de que las personas en este caso están muriendo por culpa de la Junta Directiva, afirmando que están hablando de un delito, que están permitiendo la muerte de las personas al no gestionar adecuadamente la situación con las listas de espera. Pasar la responsabilidad a los directores de los centros simplemente sería pasar su responsabilidad a otros. Martha dejó muy claro que la Junta Directiva es responsable del problema no resuelto con las listas de espera.

Martha continúa diciendo que quiere entender por qué, en la sesión anterior, se dijo que se ha cumplido todo, que todo estaba bien, refiriéndose a la situación con las listas de espera, aun cuando la situación persiste.

Por último, Martha Rodríguez González manifestó que les faltan recursos financieros, humanos e infraestructura y encima tienen una gran deuda que les impide funcionar adecuadamente. Con este comentario final pidió que para la próxima sesión se trate este tema con más claridad y entendimiento para que puedan tener un mejor control de la situación.

ANEP convoca a manifestaciones de 28 y 29 de agosto: Juntos somos más fuertes

Fecha: 28 y 29 de agosto
Hora de salida: 9:00 am
Lugar de salida: Parque de la Merced
Destino: Asamblea Legislativa

La ANEP te invita a unirte a esta importante movilización para exigir nuestros derechos y hacer oír nuestra voz.

Puntos a tratar:

  • No más congelamiento salarial.
  • Pensión adelantada para nuestros policías.
  • Salida de la Ley del Marco de Empleo Público.
  • Escala salarial sin desigualdades.
  • Profesionalización integral para todos.

Juntos somos más fuertes
Participan: Policía de fronteras, Fuerza pública, PCD, Policía de vigilancia aérea, Policía de tránsito, Policía de migración, Policía fiscal.

¡Tu presencia es fundamental!

La manifestación permite a los trabajadores, especialmente los cuerpos policiales y de seguridad, expresar colectivamente su descontento ante políticas que consideran injustas, como el congelamiento salarial o la Ley del Marco de Empleo Público y desigualdades salariales.

La manifestación del 28 y 29 de agosto es una herramienta poderosa para defender los derechos e influir en políticas y fortalecer la solidaridad entre los trabajadores.

SITRAP logra reinstalación de una trabajadora

Contexto del despido: Sandra Rojas Godoy, integrante  de la junta directiva de SITRAP desempeñaba un papel activo y de liderazgo en la finca Duacarí Dos, propiedad de la Corporación de Desarrollo Agrícola del Monte S.A. En marzo de 2016, Sandra fue despedida de su puesto en la finca. El motivo alegado por la empresa fue una supuesta incapacidad de Sandra para realizar sus labores debido a problemas de salud.

Realidad del caso: Aunque la empresa citó problemas de salud, Sandra era capaz de desempeñar varias tareas en la finca. La verdadera razón detrás del despido estaba relacionada con su participación activa en el sindicato y su influencia como lideresa sindical.

Liderazgo sindical: Sandra Rojas es una figura destacada en el sindicato SITRAP. Su carisma y liderazgo la hicieron prominente en la finca, lo que pudo haber generado tensiones con la administración de la empresa, ocasionando represalias contra ella. El despido fue percibido como una represalia por su activismo sindical, lo que representa un caso de injusticia laboral.

Acciones legales: Sandra, junto con el departamento legal de SITRAP y el abogado Jorge Luis Barbosa Jiménez, presentó una demanda en el Juzgado de Trabajo.

Resultado legal: El tribunal falló a favor de Sandra en todas las instancias. Finalmente, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de San José ordenó la reinstalación de Sandra en su puesto y el pago de los salarios que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo despedida.

Reintegro: Sandra fue reincorporada a su puesto de trabajo después de 8 años y medio, en 2020, siguiendo la orden del juzgado.

El caso es considerado un gran triunfo tanto para Sandra Rojas como para el sindicato SITRAP, demostrando que, a pesar de la duración de los procesos legales, es posible lograr justicia con perseverancia.

Mensaje para los trabajadores y las trabajadoras: La resolución del caso envía un mensaje claro a los trabajadores y a la empresa sobre la importancia de respetar los derechos laborales y las consecuencias de las acciones ilegales y discriminatorias.

Fortalecimiento de SITRAP: El éxito en este caso fortalece la posición de SITRAP en la defensa de los derechos laborales, incentivando a otros trabajadores a afiliarse y buscar apoyo en los sindicatos.

Reflexiones de Sandra Rojas: Sandra expresó su gratitud hacia Dios y SITRAP por haber logrado justicia en su caso. Hizo un llamado a sus compañeros a afiliarse a los sindicatos, especialmente a SITRAP, como una vía para proteger sus derechos y asegurar un apoyo legal efectivo en situaciones laborales difíciles.

El caso de Sandra Rojas no solo representó un triunfo personal y para el sindicato, sino que también sentó un precedente importante en la lucha por los derechos laborales en la finca Duacarí Dos y en la región. Este resultado demuestra el poder de la organización sindical y la importancia de la justicia en el ámbito laboral.

Tierra para trabajar: Finca 2 Ríos en Guácimo

Observatorio de Bienes Comunes

Compartimos estas historias de vida de las personas campesinas que viven y trabajan la tierra de Finca 2 Ríos en Guácimo ante la situación de acoso que están viviendo que amenaza su modo de vida de más de 20 años que han desarrollado en este lugar que ahora llaman su hogar. Reflexionan sobre sus trayectos históricos desde sus experiencias como trabajadores bananeros y su paso a la vida campesina, pero también, interpelan el presente de la persona trabajadora de la tierra sus aspiraciones y desafíos.