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La administración del ROP: un derecho que debe respetarse

Juan Arguedas Chaverri.

Juan Arguedas Chaverri

La administración del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y la forma en que se invierte el dinero de los trabajadores en bonos tanto nacionales como internacionales se ha convertido, en la práctica, en una injusticia flagrante hacia quienes realmente somos los dueños de esos fondos: los trabajadores.

Durante los últimos años, las pérdidas acumuladas por la inversión en bonos han sido millonarias. Lo más grave no es solamente la pérdida del valor del fondo, sino quién asume ese golpe: no son las operadoras privadas de pensiones (OPCs), ni el Estado, ni los gobiernos de turno. Son los mismos trabajadores, quienes vemos cómo sus ahorros se devalúan sin que exista una compensación ni una rendición de cuentas real.

A pesar de que las OPCs cobran comisiones por administrar los fondos, incluso cuando estos generan pérdidas, no tienen responsabilidad directa sobre las decisiones de inversión que resultan en pérdidas significativas. Por ejemplo, cuando el Estado emite bonos y los fondos de pensiones los compran en grandes cantidades, se genera un círculo vicioso: el gobierno financia su déficit con los ahorros de los trabajadores, pero si esos bonos pierden valor o si suben las tasas de interés (como ha ocurrido en contextos inflacionarios globales recientes), las pérdidas son asumidas únicamente por los trabajadores.

Todo esto sucede bajo el aparente silencio de las autoridades y sin mecanismos eficaces de protección para los trabajadores. Esto lleva a muchos a considerar este sistema como un «robo legalizado», donde el capital privado gana, el Estado se financia, y el trabajador pierde.

Devuelvan lo que queda del fondo a los trabajadores, antes de que las pérdidas sean totales.

Asociación Jubilados en Acción lucha por la justicia del sistema de pensiones del sector público

Pronunciamiento ante pretensiones el proyecto de ley 24786 (Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público)

Asociación Jubilados en Acción

La Asociación Jubilados en Acción señala irrespeto a la legalidad, contradicciones y falacias en el proyecto de ley 24786, que propone equiparar los montos netos de las pensiones de regímenes especiales al del IVM-CCSS sin postergación (1.7 millones de colones).

1. El proyecto no impulsa estrategia alguna para hacer justicia en el tema de pensiones. Su justificación persigue atizar el ataque mediático a supuestos privilegios y a la caprichosa e imprecisa expresión de pensiones de lujo. Como demostraremos, de justicia no tiene más que el nombre.

2. En afán de escandalizar, reitera frases, manipula datos y culpa a pensionados de regímenes especiales, entre ellos el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR), a cargo del Presupuesto Nacional, por considerarlo una carga desproporcionada, abusiva, elemento de desigualdad y desconfianza en el contexto de seguridad social costarricense. Esto sin más prueba que un estudio estadístico, al que llaman actuarial y que usan para apoyar su discurso. Centra su ataque en las pensiones consideradas altas simplemente por ser superiores a las del IVM de la CCSS, sin detenerse al explicar el porqué de su existencia y particularidades.

3. El proyecto obvia las diferencias jurídicas y operativas entre los diferentes regímenes especiales de pensiones en cuanto a aportes, fondos de pensión, montos jubilatorios según el bloque de legalidad, y los ataca cual si fueran un solo sistema al que debe aplicarse un correctivo uniforme. Ignora que el carácter solidario de los regímenes es incompatible con cuentas individuales de ahorro, lo cual explica el mayor crecimiento de fondos previsionales y montos jubilatorios en esos regímenes. No se aprecia que los proponentes se ocupen de aquilatar las diferencias entre los diferentes regímenes y el de IVM – CCSS, ya que la intención es homologar, si o si, todas las pensiones existentes a los montos del IVM sin postergación, al tiempo que se mantienen incólumes otras reglas de juego propias de cada régimen, lo que es abusivo y desproporcionado.

4. El régimen de pensiones del Magisterio estuvo sujeto a leyes previo a 1958, año en que se ordenó el funcionamiento del sistema con la ley 2248. La ley 7531 de 1995, una reforma total, fue producto del desvío de las cotizaciones de los trabajadores de la educación a gasto corriente por parte de diferentes gobiernos y del impago de cuotas patronales y aporte estatal definido por ley. La ley 7531 dividió al régimen en dos segmentos: el Transitorio de Reparto (RTR) para aquellos educadores nombrados antes de julio de 1992, con cargo al presupuesto nacional, quienes deben seguir cotizando activamente y pagando contribuciones especiales, y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), agrupando a los nombrados posteriormente a la fecha supra citada, administrado en su totalidad por JUPEMA el cual se ha convertido en el más exitoso del país, lo que demuestra el potencial de las cotizaciones desviadas por el Estado y que habrían evitado los problemas presupuestarios asociados al pago de las jubilaciones del RTR.

5. El supuesto reporte actuarial en el que se sustenta el proyecto 24786 contiene limitaciones, inexactitudes y falacias evidenciadas en el estudio del actuario Luis Guillermo Fernández titulado “Análisis Técnico del informe Cooperación Técnica Reducción del Gasto Público- Estudio Actuarial”. Es obligatorio plantear la interrogante de cómo se puede hablar de un estudio actuarial sin un fondo que sirva de sujeto de análisis, como sucede en el RTR, o por analogía, cómo se puede hablar de autopsia sin un cadáver sujeto de procedimiento.

6. Se demuestra en el análisis mencionado que el “Estudio Actuarial” no es más que una proyección y análisis de costos, lo que invalida las conclusiones que pretenden equiparar las pensiones netas del RTR a las del IVM-CCSS, con el agravante de que no se ofrece ninguna simulación de impacto que permita apreciar el efecto real de lo propuesto en el proyecto 24786. Ante la ausencia de este elemento crucial, el economista y exviceministro de Planificación Francisco Esquivel hizo el ejercicio, demostrando que, debido a la redacción de la propuesta de ley y de los límites que impondría a las deducciones totales, las únicas pensiones del RTR que podrían limitarse al neto de 1.7 millones de colones del IVM, son aquellas que oscilan entre los 3 y 4.5 millones nominales. Las que sobrepasen los 4.5 millones nominales percibirían obligatoriamente montos mayores a 1.7 millones debido al máximo de deducciones totales de 60% que impone el mismo proyecto 24786.

Por ejemplo, una pensión neta de 3 millones de colones pasaría a percibir, según proyecto 24786, 2 millones 400 mil colones, no un millón setecientos mil. Esto es regresividad pura y simple, que nace de la falta de rigor y análisis por parte de los proponentes del proyecto. Además, dicha propuesta establece una deducción máxima del 60% a las pensiones del RTR, a pesar de que ya la Sala Constitucional determinó que el máximo deducible debe ser del 50%. Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto.

La regresividad y arbitrariedad inherente al proyecto 24786 conduce a una inequidad evidente, lo que se ve claramente en el siguiente caso: un pensionado del IVM con postergación, quien cotizó entre 2.5% y 4% durante su vida laboral, percibiría un neto de pensión de 2.2 millones de colones, mientras que un pensionado del RTR, con una pensión nominal de 4 millones (y líquida de 2.19 millones), percibiría un neto ajustado al del IVM sin postergación de 1.7 millones, habiendo cotizado muchísimo más (entre 7% y 16%) durante toda su vida laboral. Tal inequidad pone de manifiesto la injusticia que en realidad caracteriza al proyecto 24786 y que justifica su archivo.

7. Si bien la CCSS ha fijado montos jubilatorios y topes ordinarios y con postergación, lo ha hecho a partir de su realidad y aportes de sus afiliados a su propio fondo de pensión. Entonces, ¿cómo es que se pretende ajustar a la fuerza a otros trabajadores que han aportado más, con otras reglas y expectativas, a su fondo de pensión? Con ello se estarán violentado derechos y rompiendo el contrato de afiliación que establecieron los trabajadores con su régimen de pensión especial desde el inicio de su vida laboral.

8. Cabe agregar que las disposiciones del proyecto contravienen pronunciamientos constitucionales y convenios internacionales sobre derechos adquiridos y respeto a la jurisprudencia nacional que abriga a cada uno de los sectores afectados. En atención a lo expuesto es que solicitamos que el proyecto 24786 sea archivado por chocar con principios constitucionales y legales. Las pensiones del RTR ya han sido limitadas gracias a distintas leyes y de acuerdo con límites máximos reconocidos por la Sala Constitucional.

SIUNED: Solidaridad con la Unión de Empleados de Dos Pinos

¡Por la defensa de la libertad sindical y los derechos laborales en Costa Rica!

El Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED) manifiesta su más firme solidaridad con la Unión de Empleados de Dos Pinos (UDECO DOS PINOS) y con todas las personas trabajadoras que hayan sido víctimas de prácticas antisindicales y despidos injustificados por parte de la Cooperativa Dos Pinos R.L.

En un contexto nacional marcado por la persecución, el hostigamiento y la criminalización del ejercicio de la libertad sindical, y donde el poder político parece estar subordinado a los intereses de grandes grupos económicos, denunciamos enérgicamente:

  1. Las acciones arbitrarias y discriminatorias ejecutadas por la Cooperativa Dos Pinos R.L., que, pese a presentarse como cooperativa, actúa con total impunidad frente a las autoridades laborales.

  2. La ola de despidos masivos y discriminatorios, especialmente mediante el uso del Artículo 254 del Código de Trabajo, que permite despedir a trabajadores lesionados en el ejercicio de sus funciones. Esta práctica constituye una grave violación a los derechos humanos y laborales.

  3. El uso sistemático y antisindical del Artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, como herramienta para desmantelar la organización sindical dentro de la empresa.

Exigimos respeto al marco de derechos laborales:

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS):

  • Intervención inmediata para detener los despidos masivos y garantizar el acatamiento de los derechos laborales.

  • Denunciamos la omisión estatal y la negativa reiterada a recibir a la representación de UDECO DOS PINOS, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad de cientos de familias trabajadoras. El MTSS debe actuar con autonomía y compromiso con la justicia laboral.

A la Cooperativa Dos Pinos R.L.:

  • Exigimos el cese inmediato de las violaciones a los derechos laborales y la restitución del diálogo social y el respeto a la libertad sindical.

  • Rechazamos el uso de disposiciones legales como instrumentos de represión sindical y exigimos el respeto a la organización colectiva de las personas trabajadoras.

Desde el SIUNED, nos sumamos al llamado urgente por la defensa de los derechos laborales y nos oponemos a las acciones antisindicales de la cooperativa.

Nada que afecte a una persona trabajadora o limite sus derechos nos es ajeno; la lucha sindical es por la defensa de toda la clase trabajadora, porque somos una sola clase, unida por la dignidad, el trabajo y la justicia.

¡SOLIDARIDAD CON UDECO DOS PINOS! ¡NO A LOS DESPIDOS DISCRIMINATORIOS!

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

JUPEMA llama al Magisterio Nacional a defender el derecho a una pensión digna

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA) hizo un llamado a las personas afiliadas a no permanecer en silencio ante la reciente decisión de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, que rechazó el proyecto de ley N.º 24.353, destinado a restituir los ajustes por costo de vida a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), congeladas desde el año 2020.

La entidad calificó esta decisión como una injusticia que afecta directamente a más de 30.000 personas jubiladas, quienes han visto reducida su capacidad adquisitiva en hasta un 10% durante los últimos cinco años.

Impacto en las personas jubiladas

De acuerdo con el comunicado, esta medida ha provocado que miles de exdocentes, funcionarios administrativos y profesionales del sector educativo enfrenten dificultades para cubrir sus necesidades básicas, mientras el costo de vida continúa en aumento.

JUPEMA advierte que el congelamiento de los ajustes vulnera el derecho humano a una pensión digna, reconocido en convenios internacionales como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Las personas jubiladas del RTR aportaron debidamente al sistema, pero el Estado no creó el fondo correspondiente. La ley exige que las pensiones se ajusten conforme al costo de vida, lo cual no ha ocurrido. Esta situación representa una violación a los principios de seguridad social y justicia”, señala el comunicado.

Respaldo legislativo y continuidad del proyecto

JUPEMA agradeció el respaldo del diputado Jonathan Acuña, quien presentará un dictamen afirmativo de minoría, permitiendo mantener el proyecto en la corriente legislativa. Esta acción se considera clave para continuar la lucha por la revalorización de las pensiones del Magisterio Nacional.

La institución reitera que su gestión ha sido firme y constante en la defensa de los derechos de las personas jubiladas, exigiendo al Estado el cumplimiento de sus obligaciones legales y financieras con el régimen.

La pensión digna no es un privilegio, es un derecho”

El llamado de JUPEMA se dirige no solo a las personas jubiladas, sino también a todas las trabajadoras y trabajadores activos del sistema educativo, recordando que la defensa del derecho a una pensión justa es una causa colectiva y solidaria.

“Esta lucha no es solo de quienes ya se han jubilado, sino de todas las personas que hoy trabajan en las aulas, en las oficinas, en las comunidades educativas. Defender el derecho a una pensión digna es defender el futuro de todas y todos”, expresa la institución.

JUPEMA insta a su membresía a mantenerse informada, activa y movilizada, y a respaldar públicamente el proyecto de ley N.º 24.353, como parte de una acción conjunta en defensa de los derechos adquiridos del Magisterio Nacional.

“Desde JUPEMA seguiremos trabajando incansablemente para que se corrija esta injusticia. Contamos con ustedes para que esta lucha sea colectiva, firme y esperanzadora.”

Panamá más allá del “milagro económico”

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta una nueva producción que analiza la realidad social y económica de Panamá más allá del llamado “milagro económico”.

La conversación reúne a representantes de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, quienes reflexionan sobre cómo el crecimiento económico del país convive con la desigualdad, la informalidad y el despojo fiscal, así como con las resistencias populares que surgen desde distintos sectores.

Durante el diálogo, se destaca el papel de las y los educadores panameños, quienes no solo enseñan en el aula, sino que también participan activamente en las calles para defender la educación pública y la dignidad de sus comunidades. Como expresan firmemente:

“Un educador luchando también está educando”.

Puede leer la nota completa y conocer más sobre esta producción en el sitio Observatorio de Bienes Comunes UCR: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/el-otro-rostro-del-milagro-panama-desde-las-luchas-sociales/

ACOJUPEMA y Movimiento Magisterial por una Pensión Digna luchan por derecho a recibir completo el ROP

La Asociación Costarricense de Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna se unieron al Movimiento Nacional por el Derecho al ROP e hicieron un llamado a todas las personas jubiladas y cotizantes activas del magisterio para sumarse a la defensa del derecho a recibir los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) en un solo pago, según se establecía originalmente en la Ley de Protección al Trabajador (N.º 7983).

La convocatoria se dirige especialmente a participar este martes 21 y miércoles 22 de octubre a las 10:00 a. m. en la barra de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde se discute el proyecto de ley N.º 24.972, impulsado por la diputada Rocío Alfaro Molina. Esta iniciativa busca restituir el derecho de los trabajadores a recibir el total de los fondos acumulados en su cuenta individual del ROP y no en tractos como establece la legislación actual.

El ROP pertenece a los trabajadores”

En su pronunciamiento, la Licda. Marjorie Hernández, presidenta de ACOJUPEMA, recordó que los fondos de pensiones son propiedad privada de los trabajadores, y criticó que las operadoras de pensiones, amparadas por la SUPEN, tomen decisiones sin consultar a quienes han cotizado durante toda su vida laboral.

Actualmente las pensiones se encuentran congeladas y el ROP se paga a cuentagotas, lo que trae grandes perjuicios financieros y de calidad de vida a las personas jubiladas. Los fondos de pensiones son privados, pertenecen a los trabajadores, pero las operadoras se han apropiado del patrimonio de los cotizantes”, expresó Hernández.

Carta enviada a la Comisión Legislativa

En la carta enviada a los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Sociales, ACOJUPEMA solicita la aprobación urgente del proyecto de ley N.º 24.972, el cual busca derogar las modificaciones introducidas por la Ley N.º 9906 (2020).
Dicha reforma limitó el retiro completo del fondo del ROP, estableciendo su entrega fraccionada en plazos que las personas jubiladas califican de “irracionalmente largos”.

La carta señala que la ley vigente violenta el derecho de propiedad y autonomía sobre los fondos individuales de quienes cotizaron durante toda su vida laboral, y añade que la nueva legislación busca restablecer los principios de justicia y equidad garantizados por los artículos 33 y 74 de la Constitución Política.

No permitiré que se siga violentando mi derecho a una pensión digna y a tener calidad de vida en la etapa más crítica de una persona, que es la vejez”, se lee en la carta firmada por la presidenta de ACOJUPEMA.

Se le debe devolver al trabajador el sagrado derecho a una pensión digna, derogando la modificación aprobada con una ley espuria (#9906) que generó desigualdad e inequidad, afectando las condiciones de vida de los nuevos jubilados”, agrega el documento.

Una lucha nacional por la justicia previsional

El movimiento que impulsa ACOJUPEMA se suma a diversas organizaciones sociales, laborales y de pensionados que desde hace varios meses reclaman la devolución total y en un solo pago del ROP, así como una mayor transparencia en la administración de los fondos de pensiones.
Las agrupaciones coinciden en que el actual sistema impone condiciones desfavorables para las personas jubiladas y limita su autonomía financiera en una etapa de vida donde los recursos son esenciales para cubrir sus necesidades básicas.

Hacemos un llamado para que los diputados y diputadas tomen la decisión correcta y devuelvan a los jubilados el derecho que nos corresponde”, concluye el pronunciamiento.

UAS denuncia despidos masivos en Dos Pinos y pide al Ministerio de Trabajo una investigación inmediata

La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) y la Unión de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO) denunciaron públicamente una serie de despidos masivos en la Cooperativa Dos Pinos R.L., que afectarían a más de 40 trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales han sufrido accidentes laborales o están sindicalizados.

La conferencia de prensa, realizada este 21 de octubre en el auditorio del SINAE-AFINES, contó con la participación de Lenin Hernández Navas, presidente de la UAS; Alexis Casanova, secretario general de UDECO y trabajador despedido; y Maikol Hernández, vicepresidente de la UAS y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH).

Despidos de personas lesionadas y sindicalizadas

Según explicó Alexis Casanova, los despidos se están realizando en distintas plantas de la cooperativa en todo el país, bajo el artículo 85 inciso 9 del Código de Trabajo, lo que consideran una medida discriminatoria y antisindical.

Tenemos contabilizados al menos 25 afiliados despedidos, aunque el número podría ser mucho mayor. Lo más preocupante es que entre las personas afectadas hay trabajadores lesionados durante el ejercicio de sus funciones. En lugar de reubicarlos, como corresponde, la empresa los está despidiendo”, señaló Casanova.

El representante sindical subrayó que los estudios internos que la empresa utiliza para justificar los despidos se realizan sin participación del sindicato, lo que genera falta de transparencia y desprotección jurídica para los trabajadores afectados.

Testimonio: “Me despidieron por estar enfermo”

Uno de los casos expuestos fue el de Fernando Calderón, quien trabajó en Dos Pinos por más de 13 años y fue despedido tras someterse a una cirugía por hidrocefalia, una condición que afecta su movilidad.

Me dijeron que no había dónde reubicarme, que no podían tenerme más en la empresa. Tengo 53 años y con mi condición se me hace muy difícil conseguir trabajo. Yo no pedí enfermarme, pero ellos no quisieron ayudarme”, contó visiblemente afectado.

Dos Pinos ya no actúa como una cooperativa solidaria”

Para Maikol Hernández, representante de FENTRAGH y de la UAS, la situación refleja una transformación preocupante en el modelo empresarial de la cooperativa:

Dos Pinos nació como una empresa de la economía social solidaria, pero hoy actúa como una multinacional neoliberal, despótica y opresora. Se está dejando de lado al trabajador como eje central del proyecto cooperativo, tratándolo como simple mercancía”, advirtió.

La UAS indicó que esta situación representa una violación directa a los convenios internacionales suscritos por Costa Rica, entre ellos los Convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva.

UAS pide intervención del Ministerio de Trabajo

En su intervención, Lenin Hernández Navas, presidente de la UAS, anunció que la organización envió una carta al ministro de Trabajo, Andrés Romero Rodríguez, solicitando la apertura de una investigación exhaustiva sobre los despidos y la instalación de una mesa de diálogo tripartita entre el sindicato, la empresa y el Gobierno.

No sabemos si lo que ocurre responde a una política económica general, a los tratados de libre comercio o a una política antisindical. Lo cierto es que se están violentando derechos fundamentales. Pedimos al Ministerio de Trabajo que actúe con transparencia y haga valer la justicia laboral”, manifestó Hernández.

El dirigente sindical enfatizó que, de no haber respuesta, la UAS acudirá a instancias internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para denunciar las violaciones a los derechos laborales.

Llamado a la responsabilidad social y cooperativa

Durante la conferencia, Hernández recordó los orígenes de la cooperativa, fundada en 1947 por 25 productores bajo principios de solidaridad y bien común, y criticó que la actual administración esté enviando “una pésima señal al país”.

Dos Pinos nació para promover el bienestar colectivo y hoy está despidiendo a trabajadores enfermos o sindicalizados. Eso es cruel, inhumano y contradice la esencia cooperativa. Costa Rica necesita empresas solidarias, no patronos que actúen como transnacionales”, concluyó.

Devolución de dineros del ROP moviliza a personas pensionadas

El presidente de la Seccional de Pensionados de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Walter Quesada Fernández, hizo un llamado público a las personas pensionadas y trabajadoras a mantenerse vigilantes y activas frente al avance legislativo del proyecto de ley para la devolución de los recursos que cada persona tiene en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Quezada explicó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, donde debe discutirse y aprobarse en las próximas semanas, y que este paso resulta clave para que continúe su trámite y pueda ser convocado posteriormente por el Poder Ejecutivo.

“Quedan únicamente dos semanas para que se discuta y se apruebe en comisión el proyecto de devolución del ROP, y tenemos que hacer la mayor presión para que los diputados y las diputadas tomen esa decisión”, señaló.

El dirigente sindical también destacó la necesidad de que el presidente Rodrigo Chaves Robles incluya el proyecto en la agenda de sesiones extraordinarias, que comenzará en noviembre, y reiteró que la ANEP está recogiendo firmas para solicitar formalmente dicha convocatoria.

Según explicó, las personas pensionadas enfrentan dificultades económicas derivadas de la entrega parcial y diferida de los fondos del ROP, por lo que el sindicato insiste en la urgencia de reformar el sistema y devolver a los cotizantes el control de sus ahorros previsionales.

“Ese dinero nos pertenece y solo con nuestra presión vamos a lograr que nos lo devuelvan, por ello cada comunidad y sector del país debe organizarse para movilizarse a la Asamblea Legislativa este martes 21 a las 10 de la mañana”, enfatizó Quesada.

Puede ver el video completo con el mensaje de Walter Quesada Fernández aquí:

Dos años del SIUNED: de la indignación a la lucha organizada

Comunicado

En un contexto universitario marcado por profundas contradicciones económicas y más de una década de recortes al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), acompañado esto de un debilitamiento de las estructuras organizativas -lo cual se evidencia en el retroceso de los niveles de sindicalización, tanto a nivel nacional como institucional-, se abre una ventana de oportunidad para la construcción de un sindicato unitario, de clase y combativo en la UNED.

Más allá de dicho contexto, la perspectiva de fundar un nuevo sindicato en la universidad refleja no solo los problemas laborales, sino también la necesidad de reivindicar una cultura democrática representativa y de lucha, ante el retroceso organizativo derivado de un viejo sindicato desvinculado de los intereses de la clase trabajadora unediana y del panorama político universitario y nacional.

Es así como hace dos años, el lunes 16 de octubre del 2023, en medio de un suelo árido largamente desatendido y como una aspiración de las Asociaciones Gremiales y otros actores políticos universitarios que se unieron a esta lucha, nace el Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED).

Este sindicato germina, en medio de una universidad marcada por estructuras verticales, donde el control institucional se impone como sombra sobre los derechos laborales y salariales. Además, tras los golpes que a la clase trabajadora dio la nefasta Ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y ante la preocupación de la Comunidad Universitaria por la imposición de un Salario Global Transitorio que abría un mar de cuestionamientos.

El SIUNED emerge como una apuesta clara por la unidad, la dignidad, la solidaridad y la lucha de clase. Su fundación es el resultado de años de silencios acumulados, de injusticias normalizadas y de voces que pedían ser escuchadas más allá de los pasillos del poder.

La creación de SIUNED busca romper con el molde tradicional del sindicalismo, muchas veces supeditado a intereses institucionales o electorales. Este nuevo sindicato apuesta por ser una organización independiente, con un claro compromiso en una causa mayor: la defensa de la clase trabajadora universitaria, desde una perspectiva de clase, combativa y profundamente humana.

En estos dos años, el SIUNED ha sido un faro para quienes buscan orientación en medio de la precarización laboral y la imposición de medidas ajenas a los marcos laborales.

El sindicato se ha colocado como alternativa ante las estructuras injustas, pero también ha sido un brazo que acompaña a quienes sufren el peso de la indiferencia institucional.

En su corta existencia, el SIUNED ha cosechado grandes victorias y diversidad de aportes tales como la generación de espacios de denuncia, la promoción del respeto de los derechos laborales y oportunidades para la organización desde abajo. Además, se ha sembrado una emergente cultura política crítica, que florece en cada conversación, en cada reunión, en cada charla y en cada acto de resistencia.

Respecto a los métodos de lucha, estos también han cambiado. Ya no se trata únicamente de quejarse, resignarse o confiar en las promesas de las autoridades de turno. Se trata de pensar críticamente, de analizar con profundidad y de construir colectivamente desde la conciencia y la acción informada.

El SIUNED ha entendido que la articulación implica movimiento de ideas y de voluntades. Se ha apostado por el análisis riguroso de la realidad nacional y universitaria, la formación sindical y política, la información y comunicación constante con la comunidad universitaria, así como la creación de herramientas que empoderan a las personas trabajadoras.

La lucha no se limita a exigir derechos: implica comprenderlos, apropiarse de ellos y convertirlos en herramientas de transformación hacia un ambiente laboral más justo y coherente.

Hablar de la propuesta política del SIUNED, es hablar de un proyecto con visión de futuro a largo plazo, que busca una universidad democrática, crítica y comprometida. La ruta está clara: avanzar hacia una Convención Colectiva que no se quede en el papel, sino que se convierta en una base real para el reconocimiento de derechos históricamente ausentes o postergados en la universidad. El SIUNED continúa en la dinámica de construir un sindicalismo crítico, que no se acomoda, que no negocia principios y que no guarda silencio ante los abusos.

En tiempos de retroceso político donde el neoliberalismo se disfraza de modernización y la indiferencia se vende como eficiencia, el SIUNED defiende los derechos laborales y la mejora de las condiciones de vida de las personas trabajadoras universitarias. En una universidad donde el control institucional ha sido, por años, parte de la cultura dominante, el SIUNED ha abierto espacios que dan paso a la conciencia, la organización y la esperanza. Es posible organizarse, denunciar, resistir y construir.

El sindicato se ha colocado como una fuerza independiente frente al modelo de órdenes y sacrificio y que impulsa en el imaginario de la comunidad que la universidad no es solo un lugar de saberes, sino también un territorio de luchas, de debate, de solidaridad interna y externa.

Así las cosas, consolidar un sindicalismo comprometido, independiente y combativo no es tarea fácil. Sobre todo, en un contexto de retroceso político nacional e internacional, donde los derechos laborales se erosionan. Por tanto, fortalecer organizaciones de clase como el SIUNED, más que necesario, es urgente. Sólo desde la organización consciente, desde la crítica reflexiva y desde la acción colectiva, podremos construir una clase trabajadora universitaria que reconozca las amenazas y defienda sus derechos.

Para este fin, se cuenta con un marco legal que permite y garantiza la libertad sindical, como un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 60 de la Constitución Política de Costa Rica, así como en los artículos 339 al 367 del Código de Trabajo, que regulan la constitución, funcionamiento y protección de los sindicatos. Además, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan el derecho de las personas trabajadoras a formar sindicatos sin autorización previa y a negociar colectivamente.

El SIUNED se respalda en la existencia del fuero sindical, como mecanismo de protección, que se extiende no solo a sus dirigentes, sino a cualquier persona trabajadora que participe en actividades sindicales. Esta protección es vital en contextos como el universitario, donde el poder institucional puede ejercer presiones para desarticular la organización sindical y cuestionar las propuestas alternativas.

Como lo señala Ariane Grau-Crespo en su análisis sobre el deterioro de los derechos laborales en Costa Rica, el anti-sindicalismo ha sido un componente estratégico de las políticas neoliberales, lo que hace urgente revalorizar y fortalecer la organización independiente de la clase trabajadora1.

En ese sentido, SIUNED no solo es una respuesta, sino una construcción coherente: una forma de hacer sindicalismo desde la praxis y la propuesta. Dos años resultan poco tiempo, todavía quedan muchas tareas y retos para cimentar un sindicato independiente y de clase. Hacia ese camino nos dirigimos, colocando toda la fuerza, el compromiso y la esperanza a favor de la clase trabajadora de la UNED.

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

1 Grau-Crespo, Ariane. (2024). El deterioro de los derechos laborales y sindicales en Costa Rica en las últimas cuatro décadas: El largo camino de una política laboral neoliberal que continúa. Revista Espiga, 23(48), 31-51. https://doi.org/10.22458/re.v23i48.5451

SIUNED: En respaldo a la lucha del magisterio panameño

Comunicado

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su solidaridad con las y los docentes panameños, quienes sostienen una lucha legítima en defensa de la educación pública, los derechos laborales, los derechos ambientales y la seguridad social.

La resistencia a la Ley 462, que pretende desmantelar el sistema solidario de pensiones en Panamá, es no sólo una defensa sectorial: es una respuesta organizada contra el avance del modelo neoliberal, que busca convertir derechos en mercancías y debilitar las conquistas sociales de los pueblos. Es una oposición con presencia del magisterio y de otros sectores.

Pero la oposición no se limita al ámbito de la seguridad social. El magisterio panameño ha denunciado con claridad el abandono estatal, el deterioro de la infraestructura educativa, la precarización laboral y el aumento del costo de vida. Su movilización pone en el centro la dignidad docente y el derecho del pueblo a una educación pública y de calidad. En todo ese contexto de resistencia, las personas trabajadoras del magisterio panameño han sufrido represión.

Desde el SIUNED repudiamos la criminalización de la protesta social. El uso de mecanismos judiciales y administrativos para castigar la organización sindical, así como la retención arbitraria de salarios, todas prácticas autoritarias que buscan desmovilizar y fragmentar la resistencia popular. Exigimos el cese inmediato de estas medidas antidemocráticas contra las personas trabajadoras del magisterio panameño y otros sectores.

A pesar de las medidas del gobierno de Panamá, reconocemos la fortaleza, unidad y conciencia del magisterio panameño, que ha sostenido esta lucha por meses, lo que representa un ejemplo para todas las organizaciones sindicales y sociales de América Latina.

La exigencia de derogar la Ley 462, de defender el sistema solidario, de mejorar las condiciones laborales y salariales, es muy similar a nuestra realidad. Las problemáticas que enfrentan las personas trabajadoras panameñas —precarización, represión, deterioro de servicios públicos— son las mismas que vivimos en Costa Rica.

Por eso afirmamos con claridad: la lucha del magisterio panameño es una lucha latinoamericana por la justicia social, la educación pública y la dignidad del trabajo. Una línea en el mapa nos separa como países, pero las injusticias que enfrentamos cruzan todas las fronteras con las políticas que empobrecen y reprimen, y que constituyen problemas compartidos por los pueblos trabajadores de la región.

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!