Ir al contenido principal

Jornada laboral y derecho al cuidado: lo que dice la Corte IDH y el debate en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Trabajo.

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de ley conocido como “jornadas 4×3”, que propone modificar la distribución de la jornada laboral a cuatro días de trabajo de 12 horas y tres de descanso. Según sus proponentes, la medida busca aumentar la competitividad y dar mayor flexibilidad a empresas y personas trabajadoras. Sin embargo, organizaciones sociales, sindicatos y grupos de mujeres han expresado oposición, señalando posibles impactos negativos en derechos laborales y en la vida cotidiana.

Uno de los puntos centrales del debate es que la propuesta podría reducir o eliminar el pago de horas extra, afectando los ingresos de muchas personas trabajadoras que dependen de este complemento para enfrentar el alto costo de vida. Además, implicaría un impacto diferenciado para las mujeres, quienes en su mayoría asumen el trabajo de cuidado no remunerado en los hogares. Con jornadas más extensas, el tiempo disponible para estas labores y para el descanso se vería aún más limitado.

Este debate ocurre poco después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera, en junio de 2025, la Opinión Consultiva OC-31/25 sobre el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos humanos. La opinión, solicitada por Argentina, reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo y establece que los Estados tienen la obligación de garantizarlo en tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y autocuidarse.

El cuidado como derecho humano

Según la Corte IDH, los trabajos de cuidado abarcan desde la provisión de bienes esenciales para la vida —como alimentación, salud y limpieza— hasta el acompañamiento emocional y la transmisión de valores y conocimientos. Este trabajo es indispensable para la existencia de las sociedades, pero sigue estando distribuido de forma desigual, recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

La Opinión Consultiva enfatiza que esta distribución desigual tiene consecuencias económicas y sociales: limita la participación de las mujeres en el empleo formal, restringe su autonomía económica y reduce el tiempo disponible para su educación, participación política y descanso. Por ello, el Tribunal afirma que los Estados deben adoptar políticas públicas para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado, así como para jerarquizar el cuidado remunerado.

Obligaciones estatales y condiciones laborales

Entre los contenidos esenciales del derecho al cuidado, la Corte IDH destaca:

  • Garantizar condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias.

  • Proteger los derechos de las personas que realizan cuidados, tanto remunerados como no remunerados.

  • Asegurar licencias de maternidad y paternidad adecuadas.

  • Desarrollar infraestructura de cuidados, como centros de atención infantil y servicios para personas mayores o con discapacidad.

  • Integrar la perspectiva de género y no discriminación en toda la normativa y política laboral.

En relación con la jornada laboral, el Tribunal subraya que los Estados deben garantizar que las condiciones de empleo no menoscaben el derecho al cuidado. Esto incluye evitar que las jornadas extensas o inflexibles impidan a las personas atender sus responsabilidades familiares o su propio bienestar.

Otros aspectos de la Opinión Consultiva

Aunque el eje principal es el derecho al cuidado, la Corte también abordó su vínculo con otros derechos:

  • Derecho a la vida y a la salud: los cuidados son esenciales para mantener condiciones de vida digna y acceso efectivo a la atención sanitaria.

  • Derecho a la educación: tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los brindan, asegurando que el trabajo de cuidado no se convierta en una barrera para la formación.

  • Seguridad social: el cuidado no remunerado debe ser reconocido en los sistemas de protección social, por ejemplo, al contabilizarlo para pensiones o beneficios.

El vínculo con el proyecto 4×3

La propuesta de jornadas 4×3 en Costa Rica debe analizarse a la luz de este nuevo estándar interamericano. Si bien podría ofrecer más días de descanso, también concentraría las horas de trabajo en menos días, con potenciales consecuencias para la salud, el tiempo familiar y las labores de cuidado. En el caso de las mujeres, que según datos de la CEPAL realizan en promedio más del triple de horas de cuidado no remunerado que los hombres, las jornadas prolongadas podrían profundizar las desigualdades.

Además, al disminuirse el pago de horas extra, se reduciría la capacidad económica de muchas familias, lo que afectaría de manera directa la posibilidad de cubrir necesidades básicas y de contratar servicios de cuidado cuando estos son requeridos.

La Corte IDH ha sido clara: cualquier cambio en la organización del trabajo debe respetar y promover el derecho al cuidado, evitando retrocesos en materia de igualdad y no discriminación. En este sentido, las decisiones legislativas en Costa Rica sobre la jornada laboral deberían considerar no solo la productividad y la competitividad, sino también la salud, la vida familiar y los derechos humanos de toda la población.

Descargue el documento de la opinión consultiva en este enlace.

Martha Rodríguez González: “La verdad detrás de mi destitución: un acto de persecución política”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado de UNDECA
San José, Costa Rica – 6 agosto 25

Me dirijo con firmeza y convicción al pueblo costarricense, a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a los medios de comunicación para denunciar públicamente que he sido removida de mi cargo mediante una decisión arbitraria, ilegítima y políticamente motivada, disfrazada de legalidad.

El pretexto utilizado para justificar esta destitución ha sido mi participación en el acuerdo de Junta Directiva para autorizar el pago de un ajuste salarial a trabajadores de la CCSS, reconocido previamente como deuda legítima por el propio Gobierno. Esta obligación fue expresamente establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 43732-H-MTSS-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta del 12 de octubre de 2022.

La Junta Directiva no aprobó ningún aumento salarial simplemente ejecutó el mandato contenido en un decreto del Poder Ejecutivo, que reconocía una deuda salarial consolidada desde 2019, la cual fue suspendida temporalmente durante la pandemia. Los fondos se encontraban debidamente contemplados en la partida institucional de remuneraciones.

Si este fuera un verdadero motivo para una destitución, entonces el mismo criterio debería haber sido aplicado al exministro de Hacienda Nogui Acosta, quien pagó ₡70.000 millones a los trabajadores del Gobierno Central por este mismo concepto.,

Violación al debido proceso

Mi destitución se fraguó en un contexto procesal profundamente viciado. Mientras me encontraba incapacitada y mi abogada también, el órgano director del procedimiento manipuló el expediente para interpretar esa ausencia como una renuncia al derecho de defensa. Acto seguido, y el mismo día en que varios ministros presentaban su renuncia al Gabinete, el Consejo de Gobierno acordó de manera unánime mi destitución.

Sin embargo, la notificación formal se difirió días después, lo que evidencia una clara intención de silenciarme sin permitir una defensa efectiva.

Cabe destacar que el informe que sustentó la destitución tiene casi 200 páginas y fue presentado el mismo día de la sesión decisoria. Es fácticamente imposible que sus integrantes hayan tenido tiempo real de análisis y deliberación. y demuestra la premeditación de los hechos.

¿Por qué me persiguen?

Porque he sido una voz incómoda para quienes pretenden mantener privilegios, encubrir irregularidades y evadir responsabilidades:

  • soy testigo en dos causas penales de alto perfil: el caso del maquillaje de los estudios actuariales y el caso Barrenador.
  • Denuncié sobreprecios y deficiencias en la compra de servicios proyectos de infraestructura hospitalaria
  • Señalé el fracaso del sistema ERP-SAP, responsable de paralizar un robot dispensador de medicamentos valorado en 5 millones de dólares en el Hospital Monseñor Sanabria.
  • He defendido, la construcción infraestructura sanitaria como el Hospital de Cartago, el pago de la deuda del gobierno, el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, la reducción de las listas de espera y el acceso equitativo a la salud pública.

¡No me doblegarán!

Mi destitución la construcción no es más que una represalia política contra una representante del sector laboral que ha defendido con firmeza los intereses de la clase trabajadora y de la institución más importante del país: la CCSS.

Interpondré el recurso de reconsideración ante el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de las acciones judiciales que mi equipo legal prepara, continuaré luchando por la verdad, la justicia y la defensa de una CCSS ética, transparente y al servicio del pueblo

¡La Caja es del pueblo y al pueblo se debe!

Imagen: Martha Rodríguez González y Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA en conferencia de prensa refiriéndose al acto arbitrario del gobierno.

Dos Pinos, una alarmante carencia de seguridad ocupacional

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Alexis Casanova Moreno | Foto: Gerardo Iglesias

Con Alexis Casanova Moreno

Incremento de accidentes laborales y enfermedades profesionales

Giorgio Trucchi

La Cooperativa Dos Pinos se posiciona como un actor importante en el segmento lechero centroamericano y caribeño.

Desde la firma del CAFTA-DR¹, varios sectores económicos, entre otros el lácteo, sufrieron un aumento de la competencia externa. Desde ese momento la Cooperativa Dos Pinos intensificó sus ritmos productivos.

“Ahora a los trabajadores y trabajadoras les están exigiendo algo que va más allá de sus capacidades físicas y mentales. Esto afecta gravemente su salud, en especial en el área de manufactura”, dijo a La Rel, Alexis Casanova, secretario general de la Unión de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO).

Afectaciones osteomusculares por movimientos y esfuerzos repetitivos, lesiones en la columna y hernias por las cargas excesivas, sólo son algunas de las denunciadas por el Sindicato.

Asimismo, el incremento de la velocidad de operación de las máquinas se ha impuesto sin los debidos estudios técnicos, ni la supervisión de personal especializado.

Para nuestra afiliada, el Departamento de Salud Ocupacional se ha convertido en una mera figura decorativa y la empresa no cuenta con una política seria, estructurada y profesional de prevención de accidentes laborales.

Excluidos

“Lo más lamentable de todo esto es que cuando los compañeros se accidentan o se enferman y el médico ordena su reubicación, la empresa procede a despedirlos aplicando el artículo 254² del código laboral, sin agotar todas las posibilidades de recolocación”, señala Casanova.

“Para ellos –continúa el dirigente obrero– estas personas se han convertido en una carga y automáticamente los despiden. Así de simple”.

En una carta enviada a Dos Pinos, el Sindicato transmite su preocupación e insta a la empresa a tomar en serio las medidas de seguridad ocupacional.

“Manifestamos profunda preocupación y firme denuncia ante el alarmante incremento de accidentes laborales e incapacidades dentro de las distintas operaciones de producción.

Esta situación –continúa la misiva– ha alcanzado niveles críticos y responde, de forma directa, a decisiones empresariales que anteponen los intereses económicos a la salud y seguridad de las personas trabajadoras”.

También se señala que, ante las repetidas denuncias formuladas, las respuestas y el acompañamiento de las autoridades del trabajo han sido débiles, insuficientes, evasivas y, en algunos casos, hasta inexistentes.

“A Dos Pinos le pedimos que detenga los despidos, que la productividad no sea a costa de la salud y la vida, que invierta en salud ocupacional y que involucre a personas competentes en el análisis de los procesos de producción”, concluyó Casanova.

¹ Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana
² “El empleador está obligado a reincorporar al trabajador a su puesto habitual después de un riesgo laboral. (…) Si no es posible la reubicación, el empleador debe pagar las prestaciones legales”.

Pronunciamiento de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras sobre jornadas 4×3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal es la representación sociolaboral más numerosa e importante del país. Dada su naturaleza asociativa y las responsabilidades que le han sido encomendadas por ley, este órgano colegiado ha defendido de manera decidida los intereses de las personas trabajadoras, promoviendo iniciativas de política pública tendientes a mejorar sus condiciones de vida y, consecuentemente, oponiéndose de manera contundente a aquellas iniciativas que pretendan afectar negativamente el bienestar del trabajador costarricense.

Por ello, la Asamblea se ve en la imperiosa necesidad de manifestar su enérgica oposición al proyecto de ley No. 24.290, establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados, conocido popularmente como “jornadas 4×3”.

Numerosas instancias técnicas y políticas se han pronunciado negativamente con relación a este proyecto, subrayando los nefastos impactos que acarrea para la economía de las personas trabajadoras, su salud mental, su vida familiar, sus posibilidades de superación personal mediante el estudio, su tiempo para la recreación, la posibilidad de atender emergencias o contingencias, entre otros.

Algunos de los principales impactos negativos que se identifican en esta iniciativa son la afectación a la salud y el bienestar, debido a que jornadas más largas conllevan mayor fatiga, estrés, riesgos de accidentes laborales y enfermedades asociadas al trabajo. Merma en los ingresos, el proyecto desconoce el carácter del tiempo extraordinario laborado, se pretende disminuir el reconocimiento económico del tiempo extraordinario perjudica la economía de la persona trabajadora, y el beneficio recae exclusivamente en las empresas.

El proyecto de ley manifiesta efectos negativos en la productividad, sugiriendo que jornadas excesivamente largas pueden tener el efecto contrario, disminuyen la concentración y la eficiencia. La extensión de las jornadas laborales acarrea una serie de impactos negativos en el derecho a la vida familiar, el descanso y la recreación. No solo limita el tiempo diario que la persona trabajadora puede destinar a convivir con su familia, sino también las posibilidades de destinar tiempo a su superación personal.

Este tipo de iniciativa perjudica especialmente a las mujeres trabajadoras que puedan ser sometidas a estas jornadas tan extensas, desconociendo que las mujeres cargan además con una desproporcionada carga de trabajo doméstico no remunerado.

Se ha pretendido convencer a las fuerzas opositoras a esta iniciativa de que las personas trabajadoras podrán acogerse “voluntariamente” a las jornadas extendidas. Sin embargo, este argumento desconoce la asimetría de poder que existe entre la persona trabajadora y su empleador, y que existen innumerables maneras en que la empresa puede presionar al trabajador para que se vea obligado a acogerse a este tipo de jornada.

La aprobación de las jornadas extraordinarias 4-3 impactan negativamente el dinamismo del mercado de trabajo, pues labores que podrían estar siendo desempeñadas por personas desempleadas durante un turno extra, son desempeñadas por los trabajadores ya contratados.

En conclusión, este proyecto de ley acarrea un amplio conjunto de efectos negativos para las personas trabajadoras y solamente beneficia a las empresas. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras exhorta a los diputados y diputadas a suspender el trámite de este proyecto y abrir espacios de diálogo social con las organizaciones sociolaborales y empresariales que permitan elaborar y consensuar propuestas que satisfagan las expectativas y demandas de las empresas, pero sin desmejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras.

Imagen: UCR.

Retroceso disfrazado de modernización: El rostro humano del 4×3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Martín Rodríguez Espinoza

Leí con atención el artículo publicado por el Semanario Universidad sobre la Sentencia contra Coca Cola Femsa por aplicación ilegal de las jornadas de 12 horas, porque es lo que es ilegal, y precisamente lo que el proyecto de Ley 4×3 pretende es “legalizar” la esclavitud laboral.

Lo que muestra esta sentencia contra Coca Cola Femsa no es solo un caso aislado de abuso patronal. Es una advertencia clara, un espejo del país al que nos quieren arrastrar con el proyecto de Ley 24.290, más conocido como el nefasto “4×3”. Este proyecto, que bajo la promesa de “modernizar” las jornadas laborales legalizaría turnos de 12 horas diarias por 4 días a la semana, no es otra cosa que un retroceso de un siglo en materia de derechos humanos y laborales.

El testimonio de Juan, como lo identifica Semanario Universidad, es devastador. Ocho años de servicio, jornadas nocturnas de 12 horas sin días libres, agotamiento extremo y finalmente, un error comprensible por fatiga lo lleva al despido. Sí, al despido.

No es difícil imaginar a decenas de personas trabajadoras viviendo hoy, en silencio, situaciones similares. El fallo judicial reconoce lo que es evidente, no existe “voluntariedad” real cuando hay subordinación laboral, y menos cuando se ejerce presión sistemática desde el patrono. El miedo a perder el empleo, a no ser tomado en cuenta para horas extra, a no recibir permisos, a ser despedido, es una forma de coerción diaria.

Y este es precisamente el corazón del problema con el proyecto de esclavitud laboral 4×3, la falacia del “acuerdo voluntario”, ¿Qué de voluntario puede ser cuando la balanza está inclinada brutalmente a favor del patrono? ¿Cuántos Juanes o Juanas más serán despedidas tras cometer “errores” derivados del agotamiento físico y mental si se aprueba esta reforma?

Lo más grave de todo es que esta sentencia ocurre sin que exista aún una ley que permita jornadas de 12 horas de forma estructural. Si ya hoy el abuso ilegal es sistemático, ¿qué pasará cuando esas condiciones estén legitimadas por ley? ¿Qué herramientas le quedarán a la clase trabajadora cuando la explotación ya no sea ilegal, sino institucionalizada?

El gobierno y los sectores empresariales promotores del proyecto esclavista 4×3 repiten sin cesar que se trata de dar “flexibilidad” y “productividad”. Pero detrás de esos discursos maquillados, lo que en realidad están haciendo es desmantelar las conquistas sociales que tanto costaron a generaciones anteriores, por las cuales muchos murieron. Se pretende convertir a las personas trabajadoras en simples piezas desechables, cuya salud física, emocional y familiar se sacrifica en aras de las ganancias del sector empresarial que solo los enriquece a ellos, no al país, no a la clase trabajadora.

Esta sentencia es un llamado de alerta. No se trata de “teoría”, es la lucha de clases, es ideológica, se trata de los grandes millonarios contra la clase trabajadora. Se trata de personas que llegan a sus casas sin ver a sus hijos, sin descanso, con cuerpos rotos y mentes al límite, la mayoría mujeres. El proyecto esclavista 4×3 es una condena legalizada.

Como pueblo, no podemos permitir que el país retroceda 100 años en derechos humanos, porque eso es, un retroceso. Esta lucha no es solo de sindicatos ni de trabajadores organizados, es de todo el pueblo costarricense. Cuando se normaliza el abuso en una parte del sistema, se abre la puerta para que alcance a todas las demás. Y como bien decía Bertolt Brecht, “vinieron por otros, y no hice nada…”, no podemos quedarnos de brazos cruzados.

Hoy, todavía podemos hacer algo, decir no a la esclavitud laboral 4×3, exigir condiciones laborales y salariales decentes, rechazar las leyes que nos despojan de nuestros derechos y, sobre todo, alzar la voz por quienes, como Juan, fueron tratados como máquinas, y cuando fallaron por agotamiento, fueron desechados.

¿Por qué el trabajador no se sindicalizó y lucho por sus derechos?, simple, a pesar de las “políticas de la empresa” de permitir la organización sindical, se han denunciado prácticas antisindicales, como el hostigamiento a líderes sindicales, la creación de sindicatos «blancos», y la dificultad para establecer negociaciones colectivas justas.

La Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Alimentarias (UITA) ha documentado casos de Coca Cola en diferentes países donde se han violado los derechos laborales y se han puesto obstáculos a la organización sindical. Algunos empleados han reportado presiones para afiliarse a sindicatos afines a la empresa o para abandonar sindicatos independientes. Las denuncias incluyen también falta de transparencia en las negociaciones colectivas y falta de respuesta a las demandas de los trabajadores. Eso lo dice todo.

Martha Rodríguez González denuncia persecución con fines políticos

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La representante laboral en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, ha denunciado públicamente ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario que considera «profundamente viciado, desproporcionado y ajeno a los principios del debido proceso». Según Rodríguez González, estas acciones, impulsadas por el Consejo de Gobierno, «no se sostienen en criterios técnicos ni jurídicos legítimos», sino que responden a una «estrategia política para forzar [su] salida de la Junta Directiva de la Caja».

En su mensaje dirigido a la clase trabajadora y al pueblo de Costa Rica, Rodríguez González afirmó que la persecución es «sistemática, cuidadosamente orquestada, disfrazada de legalidad, pero revestida de intenciones políticas mezquinas». Explicó que la excusa oficial fue el pago de una deuda de 7.500 colones a las trabajadoras y los trabajadores de la Caja, la cual, indicó, se canceló a todas las personas empleadas públicas. Sin embargo, sostiene que la verdadera razón es su postura crítica y sus denuncias: «por denunciar dudosas contrataciones, por cuestionar sobreprecios, por exigir rigor técnico en criterios y estudios actuariales, por velar por el EDUS y señalar las evidentes situaciones relacionadas con el RNP, por las listas de espera, las juntas de salud y la construcción de obras como las de Cartago, Golfito, Limón».

Rodríguez González detalló que ha sido «suspendida de [su] cargo ilegítimamente», aunque fue restituida por orden de la Sala Constitucional. También mencionó haber sido «citada insistentemente» y expuesta a «intimidaciones y hostigamientos», todo con el propósito de «apartarme de la Junta Directiva por no ser complaciente, por alzar la voz, por fiscalizar sin miedos». Calificó su situación como un «ataque personal» y una «señal inequívoca de que cuando una mujer denuncia, cuando incomoda, cuando no se somete, el poder responde con violencia política institucional», llegando a denominarlo «terrorismo de estado».

A pesar de la situación, la representante laboral enfatizó que no renunciará. Subrayó su compromiso con la institución y con el bienestar de su personal profesional, afirmando: «Aquí estoy de pie, sin miedo, con la frente en alto, porque los principios no se venden, porque las convicciones no se negocian». Concluyó su mensaje reiterando su lucha por «la verdad y la justicia», destacando que Costa Rica «merece una Caja fuerte, autónoma, libre, transparente y humana».

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

Movilización contra proyecto de jornadas laborales de 12 horas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El movimiento Trabajo Digno CR les invita a ser parte de una movilización nacional que tendrá lugar el viernes 8 de agosto a las 5:00 p.m. en San José, Parque de la Merced, para luego desplazarse hacia el Parque de las Garantías Sociales, donde se realizará una vigilia por el Código de Trabajo.

Esta organización social ha alzado la voz contra el nefasto proyecto de ley que pretende instaurar jornadas laborales de 12 horas en Costa Rica. Se les invita a sumarse a la convocatoria y a hacerse presentes en esta jornada de lucha, bajo una sola consigna: ¡No a las jornadas de 12 horas! ¡Sí al trabajo digno y con derechos!

El Movimiento Trabajo Digno surge en el 2023, agrupando distintas organizaciones sociales y políticas, como una respuesta urgente ante los intentos legislativos de imponer en el país un régimen laboral regresivo con jornadas laborales de 12 horas sin pago de horas extra. De aprobarse, significaría un retroceso de décadas en materia de derechos laborales.

El proyecto de ley No. 29290 lesiona gravemente los derechos de las personas trabajadoras, al pretender instaurar una jornada de trabajo de 4 días a la semana, durante 12 horas sin pago de horas extras y brindar 3 días de descanso sin garantía de que sean consecutivos y con posibilidad de hacer las horas extra durante estos periodos de “descanso” en 2 de estos días, si el patrono así lo dispone.

El proyecto invisibiliza los tiempos de traslado, estudio, recreación, y el derecho a compartir con la familia. Además, golpea con mayor fuerza a las mujeres trabajadoras, quienes ejercen doble o triple jornada por las tareas del hogar y del cuido; por lo que el tiempo que puede dedicarse al descanso cada día, bajo un esquema de este tipo, se reduciría al mínimo. Estas jornadas tan largas resultan en personas trabajadoras cansadas, con fatiga y sin dormir, aumentando la posibilidad de que sufran accidentes de trabajo y disminuya su productividad.

A pesar de todas estas consecuencias, la Asamblea legislativa se encuentra discutiendo este proyecto bajo la modalidad de procedimiento abreviado, evidenciando el compromiso de algunas diputaciones con los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.

Se les invita a sumarse a la convocatoria lo cual pueden hacer, llenando el siguiente formulario: https://forms.gle/LXarejtBU33jpCAr6

Para sumarse con su logo hay tiempo hasta el 1ro de agosto a las 10:00 am.

UNDECA: Exigimos diálogo resolutivo y acciones inmediatas a gerente médico para resolver grave crisis de enfermería en la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

San José, 30 de julio, 2025.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) lanzó un contundente llamado a la Gerencia Médica de la CCSS, en carta abierta, SG-660-2025 del 28 de julio pasado: la crisis en el personal de Enfermería no puede esperar más. UNDECA exige un diálogo real, resolutivo y con plazos claros, y advierte que se mantendrá en alerta y movilización permanente si no se atienden sus demandas.

A la Gerencia Médica le hemos señalado:

1. Rechazo a la unilateralidad: La Gerencia Médica definió de manera unilateral la agenda, los temas y la cantidad de participantes, lo cual UNDECA considera inaceptable y contrario a la autonomía sindical.

2. Ampliación de la agenda: Los cuatro temas planteados por la Gerencia no resuelven la grave falta de recurso humano en Enfermería ni otras necesidades prioritarias para garantizar la calidad y seguridad de los servicios de salud.

3. Inclusión de actores clave: UNDECA solicita que se integren a la mesa de trabajo el Ministerio de Salud y la Presidencia del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, por su papel rector en la materia.

4. Mesa resolutiva y con plazos claros: Se exige que el proceso de diálogo tenga carácter resolutivo, con un máximo de cuatro sesiones cada 15 días, iniciando el 12 de agosto del 2025, dada la urgencia de la situación.

5. Ratios de personal como eje de discusión: La organización plantea que se discuta de forma prioritaria la fórmula para establecer los ratios de personal de Enfermería en los tres niveles de atención de la Institución.

“Si la CCSS no ofrece respuestas inmediatas, UNDECA se mantendrá lista para movilizarse en defensa de la calidad de los servicios de salud y los derechos del personal de Enfermería”, advirtió Luis Chavarría Vega, secretario general de la organización.

¡Defendamos la Dignidad, la Verdad y la Autonomía de la CCSS!

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado de UNDECA

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su más firme respaldo a nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, ante la injusta, arbitraria y politizada persecución de la cual ha sido objeto por parte del Gobierno de la República.

Durante tres años, Martha ha enfrentado un proceso disciplinario viciado y desproporcionado, con evidentes motivaciones políticas que buscan acallar su voz crítica, transparente e incómoda para quienes pretenden secuestrar la Caja Costarricense de Seguro Social al servicio de intereses ajenos al bien común. No es casualidad que se le ataque por exigir estudios técnicos rigurosos, por denunciar sobreprecios, irregularidades en sistemas como el EDUS y el ERP, y por defender la construcción de infraestructura en regiones históricamente olvidadas como Cartago, Golfito y Limón.

El supuesto motivo de la sanción, el pago de 7.500 colones a los trabajadores de la Caja, tal como se le pagó al resto de trabajadores públicos, no es más que una excusa burda. Lo que realmente se castiga es su dignidad, su firmeza y su compromiso inquebrantable con los intereses de la clase trabajadora y la defensa de la seguridad social como derecho humano y no como negocio.

Esta persecución política, disfrazada de legalidad, es una expresión clara de violencia institucional y violencia política contra una mujer luchadora que se ha negado a someterse. UNDECA denuncia esta arremetida como parte de una ofensiva más amplia contra quienes defienden la autonomía de la Caja y enfrentan las políticas neoliberales que buscan debilitarla, deslegitimarla y abrir paso a la privatización de la salud pública.

Desde UNDECA reafirmamos al excelente trabajo fiscalizador de Martha Rodríguez, en defensa de los más preciados intereses de la patria.  La voz de Martha es también la voz de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día hacen posible que la CCSS funcione, a pesar del abandono estatal, la sobrecarga laboral y la negligencia de quienes pretenden destruirla desde dentro.

Llamamos a las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo costarricense a cerrar filas en defensa de nuestra compañera Martha Rodríguez, y a mantenernos vigilantes ante cualquier intento de represión institucional.

¡Martha no está sola!

¡La CCSS es del pueblo, no del Gobierno de turno!

Con dignidad, valentía y firmeza, seguiremos defendiendo nuestra Caja Costarricense de Seguro Social.

UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social