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Pronunciamiento del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales UCR sobre jornadas 4X3

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social

En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.

Consideraciones Generales

Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.

Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.

Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:

  • Precarización de los contratos de trabajo.

  • Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.

  • Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.

  • Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.

  • Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.

Elementos Críticos del Proyecto

1. Retroceso histórico en derechos laborales:

La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.

2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:

La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.

Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.

3. Afectaciones graves a la salud física y mental:

Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.

4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:

Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.

5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.

6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:

El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.

7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:

El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.

8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:

El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.

9. Impacto diferenciado por género:

Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.

10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:

El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.

Ejemplo comparativo:

11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:

En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.

12. Menor productividad, no mayor:

Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.

13. Experiencias internacionales:

Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.

Posicionamiento del Consejo Anterior:

Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.

Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:

  • Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.

  • Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.

Suscriben,

Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales
Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología
Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas
D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía
M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia
Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología
Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología
Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social
Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas
Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales
Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales
Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales

UNDECA denuncia crisis de personal en la CCSS y protesta en el Calderón Guardia

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Este miércoles 16 de julio desde las 6 a.m., trabajadores y trabajadoras del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia realizaron una asamblea general para denunciar la sobrecarga laboral que enfrentan. La movilización es respaldada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), que actualmente mantiene una mesa de negociación con autoridades del hospital.

UNDECA advierte que faltan más de 6.400 puestos de enfermería en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual agrava la presión sobre el personal. La unión entre vacantes sin cubrir, aumento de la demanda y falta de respuesta institucional ha generado una crisis en la atención médica, especialmente en áreas críticas como enfermería y quirófanos.

La organización sindical exige medidas urgentes, incluyendo la apertura inmediata de nuevas plazas, incentivos para retener y formar personal, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y una gestión centrada en el bienestar del recurso humano y de los pacientes. También ha alertado que la situación podría extenderse a otros centros médicos del país si no se ofrecen soluciones concretas.

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica se pronuncia en contra de las jornadas 4×3

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Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica
Pronunciamiento en Contra del Proyecto de Ley N° 24.290 (Jornadas 4×3)
Costa Rica, 14 de julio, 2025

Desde la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica, organización que representa a mujeres de territorios históricamente excluidos y abandonados por el Estado, alzamos la voz para rechazar contundentemente el proyecto de ley N° 24.290. Esta reforma, disfrazada de «flexibilidad laboral», es en realidad un ataque directo a los derechos de las mujeres que profundizará la desigualdad de género, la pobreza y la sobrecarga de trabajo no remunerado que ya cargamos.

En Costa Rica, las mujeres enfrentamos jornadas interminables que combinan trabajo remunerado y no remunerado. Según datos del INEC (2017), dedicamos entre 4 y 6 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidados, además de nuestras jornadas laborales formales (cuando conseguimos empleo formal). El proyecto 4×3 ignora completamente esta realidad al exigirnos trabajar 12 horas diarias, sin considerar quién asumirá el cuidado de menores de edad, personas adultas mayores o con discapacidad.

Los testimonios recogidos en la investigación realizada por la docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Claribel Sánchez Arias son contundentes. Casos como el de «Mariana», madre soltera que trabajaba turnos nocturnos de 12 horas en una fábrica y apenas dormía 2 horas diarias porque durante el día cuidaba a sus hijos, demuestran cómo estas jornadas son incompatibles con una vida digna. Su salud física y mental colapsó bajo esta presión insostenible.

Este proyecto agravará las brechas territoriales y de género de manera particularmente cruel en las zonas rurales y costeras, donde derechos fundamentales en lugar de ser un derecho se vuelven un privilegio. En nuestras regiones no existen guarderías públicas suficientes, el transporte nocturno en muchas zonas es inexistente y los servicios básicos son precarios. Para las mujeres indígenas y afrodescendientes, la situación es aún más grave, ya que enfrentan una triple discriminación por género, etnia y clase social.

En los sectores más precarizados como maquilas, agroexportación y turismo, la implementación de estas jornadas será especialmente perjudicial. Las patronales impondrán las 12 horas «voluntarias» bajo la amenaza velada de despido, y muchas mujeres terminarán perdiendo sus empleos porque una persona hará el trabajo que antes realizaban dos, sin recibir compensación económica alguna.

Se debe recordar que las mujeres de zonas rurales en América Latina mayores de 15 años de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en un 40% no tienen ingresos propios, además para 2020, alrededor del 46% de las mujeres rurales vivían en condiciones de pobreza extrema, el 40% de los hogares con jefatura femenina vivía en pobreza y 19% en pobreza extrema (CEPALSTAT, 2023).

En Costa Rica, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más del 26% de las mujeres del país residen en zonas rurales y sus condiciones de vida corresponden a uno de los desafíos que requiere mayor atención. Muchas de ellas trabajan en la informalidad, perciben menos de un salario mínimo y 70% no logra culminar la secundaria.

Costa Rica ha suscrito importantes convenios internacionales que este proyecto traiciona flagrantemente. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) exige eliminar las barreras para la participación laboral femenina, no crear nuevas. El Convenio 190 de la OIT busca proteger contra la violencia y acoso laboral, situaciones que se dispararán con jornadas extenuantes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente los ODS 5 y 8, prometen trabajo decente e igualdad de género, no retrocesos históricos en derechos laborales.

En lugar de propuestas que aumentan la explotación, las mujeres costeras y rurales exigimos políticas que realmente mejoren nuestras condiciones de vida. Necesitamos con urgencia la reducción de la jornada laboral, no su ampliación; mientras países latinoamericanos como Chile, Colombia, México, Ecuador y Trinidad y Tobago avanzan hacia la reducción de jornadas laborales para mejorar la calidad de vida de su población, este proyecto castigaría especialmente a las mujeres que ya viven en desigualdad estructural:

  • Chile: Ley aprobada en 2023 establece una reducción progresiva hasta 40 horas semanales al 2028, reconociendo que más tiempo libre es esencial para el bienestar familiar y social.

  • Colombia: Desde 2021, está en marcha una reducción escalonada hacia las 42 horas, evidenciando un compromiso firme con la dignidad de las trabajadoras.

  • México: Aunque aún con jornadas largas, ya se aprobó en comisiones legislativas la reducción a 40 horas semanales, bajo el principio de justicia laboral.

  • Ecuador: Mantiene desde 1997 una jornada de 40 horas semanales, siendo referente de estabilidad en derechos laborales.

  • Trinidad y Tobago: Protege a sus trabajadoras con jornadas de 40 horas, restricciones estrictas a las horas extras y garantías de descanso obligatorio.

Este proyecto no solo aleja a Costa Rica del resto de América Latina, sino que ignora las realidades más duras y profundiza la doble y triple jornada, obligando a muchas mujeres a elegir entre su salud, sus hijos o un ingreso mínimo, asimismo condena a las mujeres costeras y rurales a sobrevivir bajo esquemas que otras naciones están abandonando por sus impactos negativos. En lugar de avanzar hacia la justicia social, una jornada digna, humana y compatible con una vida plena, el 4×3 consolida una política de explotación disfrazada de modernidad.

Un Sistema Nacional de Cuidados universal y gratuito con presupuesto real es fundamental, así como permisos remunerados por cuidados para atender enfermedades de hijos e hijas o personas adultas mayores. También demandamos una inspección laboral con perspectiva de género que frene los abusos en maquilas y zonas francas, donde las violaciones a los derechos laborales son pan de cada día.

Este proyecto no es progreso, es regresión. Las mujeres costeras y rurales no somos variables de ajuste para beneficiar los intereses de grandes empresas. La implementación del 4×3 aumentará la pobreza femenina, forzará a muchas mujeres a abandonar empleos formales, estudios y destruirá vidas, salud mental y proyectos personales.

Exigimos a la Asamblea Legislativa archivar de inmediato el expediente Nº 24.290 y abrir un diálogo genuino con organizaciones de mujeres, sindicatos y academia para construir alternativas con verdadero enfoque de género. No permitiremos que decidan por nosotras. Nuestros derechos no son negociables.

Atentamente,

Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

Organizaciones, Colectivas de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica:

Colectiva Sámara Empoderada

Colectiva Unidas Talamanca

Movimiento Feminista Santa Teresa

Mar y Comercio

Asociación Cóbano Pro Derechos de las Mujeres

Asociación de Mujeres Emprendedoras Sámara – Zona Azul

Asociación Nicoyana de Personas con Discapacidad ASONIPED

Asociación de mujeres por los derechos en Guanacaste Alza tu voz

Asociación Civil Pro Natura

Asociación Manos de Dos Pueblos

Asociación A.F.F.I.N Puerto Jiménez

Mujeres Azules Playa Sámara

EveArt

Antigentrificación

UNDECA denuncia grave faltante de personal para atención de pacientes en Hospital Calderón Guardia

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Comunicado

Asamblea de enfermería exige presencia del gerente médico

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), en el ejercicio de la legítima de defensa de los derechos laborales y del fortalecimiento del sistema público de salud, denuncia con preocupación la crítica situación que enfrentan las personas trabajadoras de enfermería del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, sobre todo en el área quirúrgica, donde la sobrecarga laboral ha alcanzado niveles insostenibles.

Desde hace varios meses, el personal ha comunicado reiteradamente a la Jefatura de Cirugías, la Dirección de Enfermería y la Dirección Médica el déficit estructural de recurso humano, advirtiendo sobre las consecuencias para la salud física y mental del personal, así como el riesgo que ello representa para la seguridad y la calidad en la atención de los pacientes.

La respuesta institucional ha sido el silencio administrativo, una omisión inadmisible que, en este contexto, puede implicar efectos lesivos sobre derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo digno, a la salud ocupacional y al deber constitucional del Estado de garantizar servicios públicos eficientes, seguros y humanos.

Cuando la institucionalidad calla ante el sufrimiento del personal, corresponde a las y los trabajadores alzar la voz con dignidad, respeto y determinación.

Esta Asamblea exige la presencia inmediata del Gerente Médico para restablecer las condiciones laborales dignas, proteger la salud mental del personal y garantizar la continuidad del servicio público en condiciones de seguridad para todos.

Asamblea General de Trabajadores de Enfermería: frente al Hospital Calderón Guardia
Miércoles 16 de julio de 2025
Hora; 6:00 a.m.

¡No más sobrecarga laboral!
¡Dignidad para trabajadores y usuarios!

Personal del Colegio de Contadores Privados logra preservar sus derechos

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La Sala Constitucional declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el patrono del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, que buscaba anular derechos adquiridos en un acuerdo directo firmado con el personal trabajador de la institución. Con este fallo, se garantiza la continuidad del acuerdo y la vigencia de beneficios laborales fundamentales para quienes laboran en el Colegio.

El recurso pretendía cuestionar aspectos clave del arreglo como el esquema de anualidades, vacaciones y estabilidad laboral. Sin embargo, la Sala reafirmó la validez del acuerdo y desestimó los argumentos que pretendían eliminar derechos consolidados mediante negociación directa entre patrono y personas trabajadoras.

La representación sindical, afiliada a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebró la resolución como un hito en la defensa de la justicia laboral. “Esta resolución representa para nosotros una victoria para la justicia laboral y la estabilidad de todos los trabajadores de la institución”, expresó la seccional en un pronunciamiento oficial.

La ANEP destacó el papel de su equipo jurídico en la defensa del acuerdo, que argumentó en contra de la acción con base en la legislación costarricense, acuerdos internacionales en materia de derechos humanos laborales, y la opinión consultiva OC-2021 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Uno de los puntos más defendidos fue la anualidad, entendida como una herramienta fundamental para mantener el poder adquisitivo del salario frente al costo de la vida. La Sala reconoció el valor de este derecho, respaldando su continuidad como parte de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales.

El fallo refuerza el principio de que los arreglos directos son instrumentos legítimos y vinculantes cuando se realizan conforme a la ley y con participación activa de las partes involucradas. Posteriormente, el secretario general de ANEP, Albino Vargas Barrantes, informó que con la mediación del Ministerio de Trabajo se llegó a un acuerdo entre la seccional del sindicato y la junta directiva del Colegio, con lo cual se preservan los derechos.

Ver información completa en:

Cambio climático afecta salud y derechos laborales, alerta ANEP

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) enfatiza que los efectos del cambio climático repercuten directamente en la salud y condiciones de la clase trabajadora, especialmente el personal operativo. En una reunión con la Asociación Gremial de Obreros de la Conservación de Argentina, se destacó la urgencia de que los gobiernos aseguren ambientes laborales seguros y adaptados a la crisis climática.

Se señaló que los fenómenos meteorológicos extremos encarecen alimentos, reducen horas de trabajo y elevan enfermedades, afectando más a los sectores vulnerables. La ANEP advierte que estas condiciones agravan la desigualdad social y requieren atención integral a nivel estatal.

La organización sindical indica que los países deben garantizar las mejores condiciones para estos trabajadores expuestos y promover políticas climáticas que incorporen medidas preventivas laborales. Esta conversación subraya la responsabilidad gubernamental en proteger a la fuerza laboral frente a la emergencia climática.

Puede obtener la información detallada en este enlace a la plataforma YouTube.

Defensoría: Limitaciones afectan fiscalización de violaciones a derechos laborales

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Hay un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras

La falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, afecta directamente la capacidad de acción de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el país.

Esta es la conclusión de un informe de la Defensoría de los Habitantes que determinó que, solo hay 80 personas inspectoras y 23 personas coordinadoras, es decir 103 funcionarios/as para atender a más de 1.6 millones de personas trabajadoras, lo que equivale a un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras, según los datos del 2024 facilitados por la DNI.

Debido a esta situación, la DNI requiere de un 50 % más de recurso humano. Cabe destacar que, algunas oficinas regionales, solo cuentan con un coordinador y un inspector para atender el territorio, mientras que la sede regional Brunca carece de inspectores, por ejemplo.


  1. En cuanto al presupuesto ha venido en disminución desde el año 2019 al 2024 y pese a que el Código de Trabajo, en su artículo 679, establece en su inciso a) que el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales, debe ser asignado a la DNI para la mejora de sus sistemas de inspección, desde el año 2019 este dinero no ha sido asignado.


Resulta importante indicar que, la falta de presupuesto genera una afectación sustancial en la contratación de recurso humano, así como de la infraestructura que venga a cumplir con las condiciones mínimas –algunas con órdenes sanitarias- y en la tenencia de la adecuada flotilla vehicular para el cumplimiento de las inspecciones de campo por parte de los inspectores; los viáticos no son suficientes, los suministros de papel y de limpieza se agotan, entre otros.

Sobre el tema de infraestructura, la oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre por motivo de una orden sanitaria. De la información recabada se constató que existe la limitante por ley para el alquiler de nuevas oficinas, sin embargo, preocupa a la Defensoría que la DNI, por falta de presupuesto, no pueda atender la necesidades de infraestructura y mantenimiento que necesitan las oficinas que mantienen en funcionamiento, y deba proceder con los cierres de éstas, por motivo de ordenes sanitarias, debiendo entonces en algunos casos al traslado de las mismas y establecer convenios con otras instituciones de zonas aledañas que vengan a prestar bienes inmuebles para uso de oficinas.

La Defensoría le giró recomendaciones al Ministerio de Trabajo, entre las que destaca revisar, de manera urgente, las razones por las cuales la DNI no está recibiendo el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales. En caso de proceder su asignación, de manera inmediata, realizar las gestiones administrativas pertinentes para su ejecución.

Por otro lado, una vez determinada las razones por las cuales esos dineros no ingresaron a la DNI, la Defensoría recomienda valorar la apertura de una investigación administrativa para identificar eventuales responsabilidades en torno al tema, así como acciones correctivas.

Finalmente, es necesario realizar mejoras en la planificación estratégica y la ejecución de los recursos, apoyando a la DNI con personal de otras oficinas y prontamente con la asignación de más plazas para el área de gestión.

¡La jornada de 12 horas es un retroceso histórico para la población trabajadora costarricense!

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James Porras López
ANEP Joven

¡Pensar en la jornada de 12 horas mejoraría la calidad de vida de las personas trabajadoras, simplemente es una mentira más de un sistema excluyente y explotador!

El filósofo español George Santayana dijo en su libro «La razón en el sentido común». La famosa frase que hoy en día, cuadra perfectamente lo que está sucediendo en nuestro país:

«Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla»

En el año 1934, la huelga bananera en la zona Atlántica de nuestro país, se llevó la lucha por condiciones laborales dignas, por una disminución de la jornada (jornada de 8 horas), por un aumento salarial real, por descanso digno y derecho a la vivienda para las personas trabajadoras. -algo que hoy nuevamente permea nuestra país-

Esto se ve muy bien reflejado en el libro que escribió el famoso escritor costarricense Carlos Luis Fallas (CALUFA) en su célebre libro Mamita Yunai en el cual, entre otras cosas escribió:

«Los días eran un suplicio. Doce, catorce horas bajo el sol o la lluvia, con la espalda hecha pedazos y el estómago vacío.

¿Descanso? Eso era para los gringos.»

Hoy, que existan no solo personas diputadas de la provincia de Limón qué apoyen esta propuesta de reforma, sino, también líderes comunales y gobiernos locales de la región Atlántica y de otras regiones de nuestro país, es bofetear y dar la espalda a la lucha que hicieron nuestros antepasados por condiciones laborales dignas (8 horas)

Es que sí, la jornada de 8 horas se instaura, con el fin de dividir el día en partes iguales y donde la persona trabajadora, no deje de ser persona. Es decir, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de recreación (24 horas del día) una perfecta armonía con el descanso, el trabajo y el compartir familiar.

Algunos diputados que hoy impulsan este proyecto de ley, han indicado en el parlamento algunas aseveraciones como las siguientes:

-Que las empresas se verán afectadas por el no tener la posibilidad de trabajar de forma continua. FALSO, el código de trabajo permite trabajar 24 horas seguidas, con jornadas diurnas, mixtas y nocturnas.

-Que existirá más tiempo familiar- FALSO, el proyecto no garantiza que las familias puedan decidir cuáles son los días libres que podrán optar con la jornada de 12 horas.

-Solo tendré que trabajar 4 días y descansar 3, cierto, más sin embargo si usamos un poco la razón, sabemos que duramos por lo menos una hora o más alistándonos (bañándonos, alistando almuerzos etc.) y por lo menos en algunos pocos privilegiados (1 hora en desplazamiento a su centro de trabajo) es decir, tendrían que estar despiertos y activos más de 14 o 15 horas del día ¿y el tiempo en familia y el tiempo de dormir dónde queda?

Aprobar está jornada, solo beneficiaría a las grandes empresas, ya que tener dos bloques de trabajadores, quitará la posibilidad de contratar 3 personas y les quitará la obligación del pago de la hora extra y la clase trabajadora, explotada y cansada de una jornada laboral extensa.

Volver a aumentar la jornada laboral, significa un retroceso de más de 90 años que como población joven y trabajadora, no debemos permitir.

¡No a la jornada de 12 horas

¡No a la explotación laboral!

Jornadas 4×3 en Costa Rica: Un retroceso disfrazado de avance

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica

En los últimos años, ha cobrado fuerza en Costa Rica la propuesta de implementar jornadas laborales 4×3, es decir, trabajar cuatro días por semana durante 12 horas diarias, a cambio de tres días de descanso. Aunque esta modalidad puede parecer atractiva a primera vista, especialmente por la promesa de más tiempo libre, la evidencia científica y social demuestra que se trata de una medida perjudicial tanto para las personas trabajadoras como para las empresas.

1. Menor productividad, no mayor

Uno de los principales argumentos a favor de las jornadas 4×3 es que aumentan la productividad empresarial. Sin embargo, esto es falso. Diversos estudios han demostrado que, conforme se extienden las horas de trabajo, la productividad individual disminuye. Este fenómeno, conocido como “rendimientos decrecientes”, indica que después de cierto punto, trabajar más horas no solo deja de ser útil, sino que puede ser contraproducente. La fatiga, la pérdida de concentración y el agotamiento físico y mental reducen significativamente la eficiencia del trabajador.

2. Tres días de descanso no compensan el desgaste

Otro mito es que las personas tendrán más tiempo para descansar. Pero la realidad es que trabajar 12 horas durante cuatro días consecutivos deja muy poco margen para el descanso diario, el sueño adecuado y el tiempo de calidad con la familia. El cuerpo humano necesita pausas regulares y descanso diario para recuperarse. Las largas jornadas afectan el equilibrio emocional y mental, y los tres días libres no son suficientes para revertir el desgaste acumulado.

3. Impacto desproporcionado en las mujeres

Aunque esta medida afecta a todas las personas trabajadoras, su impacto es especialmente negativo para las mujeres, en particular aquellas que son jefas de hogar. Las largas jornadas dificultan aún más la conciliación entre la vida laboral y familiar, y refuerzan desigualdades estructurales de género. Las mujeres suelen asumir una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidados, lo que hace que este tipo de jornadas sean insostenibles para muchas.

4. Riesgos graves para la salud

Las consecuencias para la salud también son alarmantes. Las personas que trabajan bajo este tipo de esquemas son más propensas a enfermarse, a sufrir accidentes laborales, a desarrollar adicciones y, en casos extremos, a morir por infartos. El estrés crónico, la falta de sueño y la presión constante deterioran la salud física y mental de forma acelerada.

En conclusión, las jornadas 4×3 no representan un avance, sino un retroceso en los derechos laborales y en la calidad de vida de las personas trabajadoras. No solo no mejoran la productividad, sino que atentan contra la salud, el bienestar y la equidad. Es fundamental que las políticas laborales en Costa Rica se basen en evidencia científica y en el respeto a la dignidad humana, y no en promesas vacías que benefician a unos pocos a costa del sacrificio de muchos.

Retrocesos laborales y verdades a medias de las jornadas 4×3

Escrito en . Publicado en Portada, Trabajo.

Por Sharo Rosales Arce*

La historia confirma que los derechos no se han alcanzado pidiéndolos por favor, detrás de cada ley y cada derecho alcanzado existe una historia de resistencias y arduas luchas. Y en Costa Rica, nos volvemos a topar con el añejo y controversial debate sobre las jornadas laborales conocidas como “4×3”. Aprobar el Proyecto de Ley N. 24290 que se está discutiendo por la vía rápida en el plenario legislativo, y que quiere imponer Jornadas de 12 horas, significa un retroceso a modelos de trabajo no regulados (que pensamos estaban superados) y una bofetada a estas luchas, logros y derechos laborales. Se luchó por más de 150 años por jornadas más cortas, porque no era sostenible para la salud física personal, para la salud familiar y la salud mental… se luchó porque los cuerpos no aguantaban (y no aguantarán) las jornadas de largas horas de trabajo.

Pululan las verdades a medias en el discurso-promesa de modernización, más empleos y atracción de inversiones, así, se impulsa una reforma que permitiría jornadas extenuantes de trabajo de hasta 12 horas diarias por cuatro días seguidos, sin considerar el impacto social y humano que esta medida conlleva.

Esta medida no solo vulnera los derechos conquistados con esfuerzo histórico, sino que además amenaza la salud, el tiempo libre y los vínculos familiares y sociales de miles de personas trabajadoras.

Vamos por partes:

¿Qué implica trabajar 12 horas al día? Salud en riesgo

Mientras otros países avanzan hacia jornadas de 32 o 40 horas semanales buscando equilibrio, bienestar y jornadas más humanas, en Costa Rica algunos sectores desean girar en sentido contrario. Diversos estudios en salud ocupacional y psicología del trabajo (entre ellos de la OMS y OIT) han demostrado que jornadas prolongadas tienen efectos perjudiciales en la salud física, mental y emocional. Entre las consecuencias más documentadas se encuentran:

  • Fatiga crónica y agotamiento físico, afectando la salud personal física y mental.

  • Incremento del riesgo de accidentes laborales, especialmente en sectores industriales, poniendo en peligro la seguridad personal y colectiva.

  • Deterioro en la salud mental, con mayor incidencia de ansiedad, depresión y trastornos del sueño.

  • Desintegración de la vida familiar y social, al reducirse significativamente el tiempo para compartir en familia, para el cuidado personal, la recreación, o la crianza.

  • Mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades crónicas asociadas al estrés.

  • El derecho al descanso efectivo diario y a la conciliación entre la vida laboral y personal queda gravemente lesionado con este modelo.

Los anteriores efectos nocivos, no se limitan a las y los trabajadores, sino que, son extensivos a otras personas que configuran sus hogares.

Estamos hablando nada menos que, de la salud en riesgo. Al respecto Vladimir de la Cruz en su artículo “La jornada de trabajo de 4-3 no responde a la realidad nacional” Nos recuerda que la calidad del trabajo de una persona trabajadora está directamente proporcional con la calidad de vida de esa o ese trabajador. Y cita la propuesta de Roberto Owen 1817, de la jornada de 8 horas para el trabajo, 8 para la recreación y 8 para el descanso.

Ya desde el año 2021 la OMS y la OIT alertaron que las jornadas de trabajo prolongadas aumentan las defunciones por cardiopatía isquémica o por accidentes cerebrovasculares; anunciando peligros para la salud de quienes trabajen en estas condiciones. En este sentido vale rememorar que la importancia de los convenios de trabajo es que tienen como objetivo preservar la salud integral de las personas. Y, como apunta Paula Calderón Devandas: numerosos instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo consagran el derecho a disfrutar del tiempo libre en los siguientes casos: a) en el descanso diario y semanal luego de la jornada laboral, b) en el descanso anual a través de vacaciones pagadas y c) en el descanso esporádico de los días feriados.

¿Una jornada voluntaria? ¿Qué tan voluntario es algo cuando la necesidad obliga?

Y aunque se insiste en que será una jornada “voluntaria”, que solo aplicará a ciertos sectores, en un país con altos niveles de desempleo y desigualdad, sabemos que la necesidad obliga a las personas con necesidad aceptar lo que sea.

Personas con compromisos económicos, que laboran con temor constante de perder su trabajo, no pueden negociar en igualdad de condiciones con aquellas personas que son sus empleadoras, porque media una relación de poder desigual. ¿Quién fiscalizará esa voluntariedad? Sin fiscalización, no hay garantía.

En palabras de Patricia Mora “La flexibilización de las jornadas laborales violenta el principio protector del derecho laboral. El proyecto fortalece la potestad unilateral, incurriendo en una variación abusiva de las condiciones de trabajo donde la persona trabajadora tendrá muy pocas posibilidades reales de negociación”.

Resulta falso entonces, que No es una imposición y que se trata de una jornada voluntaria que queda a juicio de la persona contratada. Esta persona trabajadora solo podrá elegir entre las condiciones precarizadas o quedar desempleada. Sobre todo, tomando en cuenta que, en muchos de estos lugares, se trabaja en estos horarios sin contratos. Donde son comunes las frases “esto es lo que hay ¿le sirve o no?” o “si a usted no le sirve este horario alguien lo querrá” o “si no le gusta puede renunciar”.

Resulta igualmente absurdo que los patronos presenten su propio estudio técnico que justifique aplicar jornada laboral de 12 horas, cuando precisamente esta propuesta de 4×3, está pensada para que las empresas no tengan que pagar jornada extraordinaria y al no pagar horas extras, aumenten sus ganancias económicas en detrimento del bienestar de los y las trabajadoras.

Mientras, para quienes sostienen la economía con su trabajo cotidiano, no habrá plata que alcance. Pues muchas familias en Costa Rica dependen del pago de las horas extras para subsistir, sobre todo cuando el costo de la vida y los alquileres cada día son más altos. Aprobar este proyecto de ley, significaría que ya no contarían con esa entrada, pero, además, significa también disminuir la posibilidad de conseguir empleos de calidad. Así que claramente, en la práctica, la voluntariedad es relativa cuando las opciones de empleo son escasas y las condiciones económicas son adversas.

¿Quiénes pagan el precio de esta reforma?

La realidad en países donde se han implementado fórmulas similares demuestra que las condiciones laborales tienden a precarizarse, especialmente para:

  • Personas jóvenes o sin experiencia, con bajo poder de negociación, terminan aceptando condiciones desfavorables con tal de estar empleadas. Recordemos que Costa Rica es en este momento el segundo país con mayor población joven desempleada en la región.

  • Padres y madres en condición de vulnerabilidad social y económica. Quienes no tienen acceso a servicios privados de cuido, tendrán menos tiempo disponible para cuidado familiar, y apoyo de hijos e hijas en los estudios. Además de menos ingresos por el no pago de horas extras.

  • Sectores subcontratados o tercerizados, donde la supervisión estatal es más débil.

  • Personas con discapacidad que requieren más pausas, adaptaciones y condiciones de trabajo accesibles, lo que es incompatible con el desgaste de estos horarios extensos. Este tipo de jornadas puede volverse un criterio de exclusión encubierto a quienes más necesitan inclusión y ajustes razonables para ejercer su derecho al trabajo.

  • Mujeres trabajadoras, muchas de las cuales tienen dobles jornadas (la mayoría no remuneradas) por las labores de cuido.

Las mujeres serán las más afectadas con esta nueva modalidad

Las personas más afectadas serán las mujeres, las jefas de hogar, las que perciben bajos ingresos… las que además de trabajar tienen que cuidar. Estas mujeres tendrían que incurrir en el pago extra de cuido privado de sus hijos e hijas, ante una Red de Cuido colapsada, con menos presupuesto asignado en este gobierno y con falta de planes de contingencia para este cometido. Pagarían también extra en transporte dependiendo de los nuevos horarios laborales, pues nuestro sistema de transporte público no funciona las 24 horas y según la hora la frecuencia de los buses disminuye.

Una jornada diaria para estas mujeres de 12 horas según Chacón Roldan, sería así, más o menos: 2 Horas de traslado, 12 Horas de trabajo, 1 Hora de descanso y comidas, 5 horas de trabajo doméstico, (hasta aquí un total de 20 horas), y 4 horas de sueño.

Así las cosas, el primer “ día libre”, será para caer desplomada y recuperar las 16 horas de sueño atrasado, el segundo día, tratar de ponerse al día con tareas rezagadas y tercer día adelantar labores, tratar de compartir con la familia (esperando coincidir en horario en algún momento) y, para deprimirse porque comienza de nuevo la misma jornada extenuante.

Montserrat Sagot afirma que “Este proyecto de jornada extendida es incompatible con las responsabilidades socialmente asignadas a las mujeres” y al decir de Peggy Chamorro: “Nos la venden como una ilusión de tiempo y descanso. Juegan con nuestros anhelos, claro está. Pero es el permiso legal de explotar aún más la fuerza de trabajo, pagar menos por más, un banquete para los empresarios…Para las mujeres es llevar al límite el extractivismo de trabajo sobre nuestros cuerpos”.

Y ante este panorama que pone en riesgo salud tanto como derechos constitucionales y laborales, muchas mujeres se verán en la disyuntiva de tener que elegir, y esto puede significar una sustitución del empleo femenino por el masculino, agravando y perpetuando la desigualdad de género.

El trabajo es un derecho humano y no una “ganga u oportunidad”

El trabajo es un derecho humano fundamental, esencial para la realización de otros derechos y para poder vivir con dignidad. Implica el derecho a un trabajo libremente elegido o aceptado, en condiciones equitativas y satisfactorias.

En este marco, las horas extras deben ser reconocidas y pagadas a las personas trabajadoras, a modo de justo derecho y como el fruto de las décadas de luchas obreras desde antes de 1920, por una jornada de ocho horas diarias.

“Internacionalmente se ha venido cambiando la jornada de 48 horas semanales a una jornada de 40 horas semanales. Actualmente hay países europeos que tienen jornadas de trabajo semanal menores a las 40 horas, las tienen de 35 y 36 horas semanales, con mucho éxito productivo. Justamente los países que han reducido su jornada han mostrado que es más eficiente para el proceso productivo y para la generación de riqueza social, y para la salud de los trabajadores”. Vladimir de la Cruz

Claramente entendemos que esta propuesta (4X3) no resguarda los derechos de las personas trabajadoras, sino que los vulnera. Una jornada de 12 horas es una jornada cansada, que genera malestar físico y psíquico, desconectando a las personas de su mundo social, aislándolas también de sus familias debido a los horarios inversos. Cierra la posibilidad a las personas trabajadoras de concebir otra actividad económica y se constituye en un obstáculo para estudiar o aspirar al disfrute y superación en otras áreas de la vida.

Sus fans pregonan como una verdad que esta jornada generará más empleos, pero lo cierto es que, desde ya, en grandes empresas donde se laboran 3 turnos; se está pensando tener 2 jornadas de 12 horas, y eliminar la planilla de toda una jornada, así que no favorece el trabajo sino el desempleo, ahorrándose el seguro y las responsabilidades patronales y no pagando horas extras en adelante. Este modelo no es una mejora, es una trampa que afectaría directamente la salud e ingresos de miles de trabajadoras y trabajadores. ”¿Cuál será el beneficio económico para las personas que hipotequen su salud por necesidad? ¿podrán recobrarla, cuándo, cómo, a qué costo? ¿Desean las personas tener jornadas más largas por menos pago?

De una sabia amiga, escuché que para dar con la verdad se debe “Seguir el rastro del dinero ¿Quiénes son aquellos que se van a beneficiar económicamente con esta jornada 4×3? ¿Quiénes se favorecen en sus finanzas al aumentar la productividad a un menor costo, aunque esto represente pérdida de bienestar humano?

Queremos y podemos construir un modelo de desarrollo que respete los derechos alcanzados, ponga en el centro a las personas, promoviendo el bienestar colectivo por encima del lucro empresarial… porque la protección y cumplimiento efectivo del derecho al trabajo contribuye a la construcción de sociedades más justas, equitativas y prósperas.

Referencias

*Sharo Rosales Arce. Comunicadora, Gestora en desarrollo organizacional, investigadora y Consultora de Género.
Teléfono 8735 5593
sharo.rosales67@gmail.com