Este 4 de junio, en Siquirres asistimos a la reactivación de la Asociación Sindical del Caribe, en donde más de 20 personas compartieron el interés por retomar este espacio de organización como respuesta al contexto adverso que están viviendo en la región del Caribe. Esta organización se promueve no como algo meramente gremial, sino como una forma de participación política de las personas que habitan el Caribe y que buscan incidir en la mejora de las condiciones de vida.
A través de esta reflexión, las personas asistentes destacaron los muchos desafíos que como organización sindical tendrán, pero centran su accionar en la importancia de trabajar con las personas vulnerables, por está razón hay un enfoque para trabajar con la población desempleada, amas de casa y personas trabajadoras del agrocultivo formal e informales.
Destacaron que esta apuesta por organizarse es parte del compromiso por la defensa de las personas trabajadoras de monocultivos, tanto formales como las informales, que se encuentran al margen de toda protección, ya que ha sido más que evidente la ausencia de promotores que asistan a las plantaciones y den cuenta de las condiciones a las que son expuestas estas personas, pero también el apoyo al campesinado sin tierra.
Es así, como una de los principales aprendizajes en esta sesión es la necesidad de comprender el sindicato como esa forma de organización entre trabajadores y personas de la comunidad, para defender derechos y poder negociar con fuerza ante el desbalance de poder de la patronal y la institucionalidad. Por esta razón, uno de los desafíos que tendrá la Asociación Sindical del Caribe, será visibilizarse como espacio de referencia para la defensa de la seguridad social.
Este espacio organizativo que se reactiva, se concibe como esa herramienta necesaria, como momento de encuentro e intercambio entre las personas trabajadoras y de comunidad, para el fortalecimiento a través del compartir las distintas habilidades y saberes que aportan a través de su participación política.
En palabras de la Secretaria General María Gerardina López este Sindicato se propone como ese espacio donde organizarse y organizar al pueblo, ya que son muchos los años donde los y las trabajadores han sido amenazados, y se hace más que necesario defender los derechos y el bienestar comunitario.
Para lograr esto, se proponen algunas líneas de trabajo:
• La defensa de las personas trabajadoras agrícolas e informales. • Compromiso con los campesinos sin tierra. • Defender la clase trabajadora. • Promover los Derechos humanos. • Defender y promocionar los derechos de las mujeres. • Trabajar con la niñez para la conciencia de sus derechos. • Plantear la problemática del desempleo, no sólo desde la estadística, sino también las causas de desigualdad que lo provocan.
Estas líneas del trabajo, que son parte de los estatutos de la Asociación Sindical del Caribe, no nacen de la especulación, sino que corresponden al aporte de la vivencia y la práctica de las personas que habitan el Caribe, y ven necesario organizarse como sujetos políticos que procuran transformar su realidad.
Conformación de las Secretarías de ASICAR
ASICAR
Secretaría general Gerardina López Cortés
Secretaría general adjunta Herminio Dover Carrillo
Secretaría de finanzas Eduardo Sanabria Rojas
Secretaría de Actas Jessica Herrera Bustos
Secretaría de la mujer Xinia Rodríguez Campos
Secretaría de organización Alexander Méndez Ramírez
Secretaría de prensa, propaganda y cultura Nirsa Gracia Navarro
El Colectivo Mujeres por Costa Rica manifiesta su oposición al Proyecto de Ley Número 21.182 que extiende las jornadas laborales a 12 horas sin pago de horas extra (proyecto 4/3).
La sólida democracia costarricense se ha consolidado en el respeto a la búsqueda de bienestar para toda la población. Consideramos que este proyecto representa un retroceso en los derechos laborales, que afectará a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. El Estado no puede promover un crecimiento económico que perjudique a los más desfavorecidos, sino que, por medio de sus políticas públicas, debe buscar un desarrollo acorde con las tradiciones legales, institucionales y democráticas de nuestra historia, que han sido garantía de la paz social.
Quienes defienden el proyecto lo hacen en el nombre de la productividad empresarial. Curioso argumento, que desconoce las discusiones dadas en países europeos. En varios países desarrollados se ha constatado una relación inversa entre duración de las jornadas laborales y productividad: a jornadas MENOS largas, la productividad es MAYOR. Costa Rica se convertiría en uno de los países de la OCDE con jornadas laborales más largas, puesto que otros países miembros de esa organización tienen jornadas de 35 o 36 horas por semana. Otro argumento dado por sus defensores es de que la aprobación de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra atraerá más inversión y generará más empleos. Este es otro curioso argumento, que olvida que Costa Rica ha logrado atraer empresas por la calidad de la mano de obra y su estabilidad política, no por ofrecer empleo precarizado. Las empresas que funcionan actualmente con jornadas de 8 horas, mantienen tres turnos; si se pasan a jornadas de 12 horas, solo emplearán la cantidad requerida para dos turnos.
Varias son las razones que nos ponen en alerta contra este proyecto:
Impacto en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre el deterioro en la salud física y psicológica de las jornadas laborales largas, como es el caso de las 12 horas. En sectores bien remunerados como en el caso de quienes laboran en computación, se llega al llamado “burn out”. Con mucha más razón en ocupaciones expuestas al ruido de máquinas, a agentes químicos, a altas o bajas temperaturas durante largas horas, a las vibraciones de máquinas. Esta situación produce más accidentes laborales, fatiga crónica, problemas cardio vasculares, intoxicaciones, sordera, trastornos del sueño, estrés. En el caso de las mujeres, debido a la manera como se ha establecido la división del trabajo, a estas jornadas prolongadas se suman las horas de trabajo no remunerado en el hogar: cuidado de los niños y de las niñas, labores domésticas, cuido de personas adultas mayores o con alguna discapacidad. El desgaste físico y emocional para las mujeres será mayor, haciendo tambalear el sostén afectivo necesario que requieren las personas a su cargo y perjudicando de manera más destructora el bienestar de esas mujeres.
Retrocede en el derecho a la creatividad, al descanso, al disfrute de la cultura en todas sus manifestaciones. La jornada de 8 horas, establecida desde inicios del siglo pasado, dio derecho a 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, 8 horas recreativas. En Costa Rica se estableció en 8 horas desde la aprobación del Código del Trabajo de 1943, se incorporó a la Constitución de 1949 y se ratificó con la firma del convenio 1 de la OIT, ratificado por Costa Rica el 20 de enero de 1982. La jornada de 12 horas arrebata esos derechos, pues los días libres tendrán un trabajo doméstico acumulado y un cansancio tal que no habrá tiempo para desarrollar cualquier otra actividad a la que toda persona tiene derecho.
Significa para las mujeres un factor de exclusión más del mercado laboral: la pandemia demostró con claridad algo que las mujeres conocíamos, es decir, que en los mercados laborales son muchos los factores que se presentan en contra de las mujeres, tales como dificultades para ascender a puestos de mando, rechazo velado a mujeres embarazadas, menor pago a las mujeres por igual trabajo, etc. Los datos del INEC muestran que la pérdida de empleo en este año ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres: comparando los datos de setiembre del 2022 con los de abril 2023, hay 110 mil mujeres menos en el mercado laboral. Las jornadas de 12 horas significarán más cantidad de horas pagadas por el cuido de los niños y las niñas. El proyecto presentado, además, al eliminar el pago de esas horas extra, hará aumentar los gastos de cuido sin contar con el pago de horas extra. Si no se paga ese cuido, la calle será el refugio de niños, niñas y adolescentes durante esas horas. La situación se complica entonces mucho más para las mujeres. No podemos olvidar el drama de los hogares monoparentales (la mayoría de los cuales tiene una mujer como jefa de familia) ante esa situación.
El proyecto 4/3 repercute de manera negativa en la vida familiar: con jornadas extenuantes, sumadas a las horas de trayecto desde y hacia la casa, afectarán la dinámica de pareja, los niños, niñas y adolescentes crecerán sin momentos de compartir vida familiar, no contarán con el apoyo cotidiano en sus tareas, no tendrán momentos de ser escuchados y acompañados por sus padres. ¿Quién los lleva y trae para ir a la escuela? Los horarios de los días libres para quienes viven en pareja, no siempre van a coincidir, provocando trastornos a la relación. En hogares monoparentales la situación de los hijos e hijas se agravaría aún más. Las tareas de cuidado de la niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos, no se pueden posponer, ni ajustarse a 4 días no se cuidan y tres días sí se cuidan.
Cierra las posibilidades del ascenso social vía educación: pese a que esa vía de movilidad social se ha dificultado cada vez más, permanece aún para muchas personas la posibilidad de estudiar fuera de las horas de trabajo y lograr, no solo su desarrollo como persona, sino abrirse oportunidades de mejoras futuras en su situación económica. Con la jornada de doce horas es imposible para quienes trabajan, estudiar después de cumplir su jornada.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica hace un llamado a los diputados y las diputadas para que cumplan con la tarea de salvaguardar las condiciones de vida de las y los costarricenses, a velar por el bienestar de toda la población. Les instamos a rechazar el Proyecto de Ley Número 21.182, que produciría efectos nefastos en la vida de muchas personas, sobre todo mujeres, personas con alguna discapacidad, niñas, niños y adolescentes y haría tambalear los cimientos de nuestra democracia.
Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica
Dra. Nora Garita Bonilla M.Sc. Sandra Cartín Herrera Ana Helena Chacón Echeverría, Exvicepresidenta de la República Dra. Yamileth González García Dra. Elizabeth Fonseca Corrales Dra. Yolanda Rojas Rodríguez Dra. Alicia E. Vargas Porras Dra. Virginia Ramírez Cascante Arq. Eugenia Solís Umaña Licda. Vera Sancho Mora Arabella Salaverry Pardo, Premio Magón 2021 Dra. Margarita Bolaños Arquín Periodista Erika Henchoz Castro
OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL, Escuela de Economía, Universidad Nacional
Desde el Observatorio Económico y Social, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, se considera que la aprobación del Proyecto de Ley de Jornadas Extraordinarias es perjudicial, tanto para las personas trabajadoras como para las empresas en el país y, por consiguiente, para nuestra economía.
En varias ocasiones en los últimos años el Observatorio ha hecho análisis y manifestado su posición respecto a este tema. Les compartimos las razones más importantes:
Al proponer la creación de jornadas ampliadas de trabajo a un menor costo, Costa Rica está apostando a crear condiciones de competitividad empresarial basándose en el dumping social. Para un país de renta media con un nivel de desarrollo humano alto, esto es un retroceso, pues más bien se debería apostar por la transferencia de conocimiento, el incremento en los niveles de formación laboral y la mejora de la productividad del trabajo, como una estrategia para competir en atracción de inversión. Competir mediante la reducción del costo laboral perjudicará las posibilidades de ascenso social de la clase trabajadora, tendrá un efecto negativo en el consumo de las familias y afectará a la economía nacional. Valga decir, además, que como país miembro de la OCDE nos pone contra la tendencia entre los países de esa organización, de reducir jornadas de trabajo semanal.
Al comprimir la jornada de trabajo semanal en 4 días, la dinámica familiar se ve afectada, lo que podría mantener fuera del mercado de trabajo a una cantidad importante de personas, o incluso, complicar el mantenerse en sus empleos a personas que hoy laboran. La falta de un sistema universal de cuido en este momento podría estar creando problemas entre una cantidad muy importante de personas, a fin de que puedan conciliar su deseo de trabajar con sus responsabilidades familiares. En el país hay pocas opciones de cuido, las existentes son claramente insuficientes y no están diseñadas para operar hasta 12 horas diariamente. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2022, 473.029 personas no estaban buscando trabajo debido a sus obligaciones familiares, lo que muestra la enorme presión que este factor produce en las posibilidades laborales de las personas.
La pandemia del Covid-19 fue particularmente perjudicial con las posibilidades de incorporación al mercado laboral de las mujeres, pues la participación de estas en el mercado de trabajo es menor en el periodo post pandemia que previo a esta. La extensión de las jornadas de trabajo podría hacer aún más difícil el acceso de las mujeres al empleo y desmejorar su participación en el mercado de trabajo, en la medida que se complique la conciliación de sus actividades en el hogar con las responsabilidades de su empleo. Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2022, 213.611 mujeres que tienen empleo, dedican 14 horas semanales o más a las actividades domésticas, y es poco probable que estas se puedan ejecutar únicamente en los días libres, incluso en caso de poder hacerlo no serían entonces días de absoluto descanso. Por su parte, a pesar de tener más peso entre las personas ocupadas, los hombres que dedican 14 horas semanales o más a labores domésticas son 155.936, lo que deja claro que el peso del trabajo doméstico es mayor entre las mujeres trabajadoras.
La condición de voluntariedad en el caso de las jornadas de trabajo extendidas difícilmente se mantendrá en la práctica, debido a que las empresas no podrán sostener dos esquemas de trabajo, en el que un grupo de trabajadores labore en jornadas extendidas y otro en el que se labore un máximo de 8 horas por día. Además, los supuestos beneficios de atracción de empresas en función de la extensión de la jornada estarían supeditados a que los trabajadores de estas acepten trabajar en esas condiciones, según lo señalado por el proyecto, lo cual en sí mismo es una contradicción: o la voluntariedad no está asegurada en la práctica o los supuestos beneficios del proyecto no están del todo confirmados.
La propuesta crea una jornada anualizada de hasta 2320 horas en horario diurno y de hasta 2030 horas en horario mixto. Según las estadísticas de la OCDE (2019) el número de horas de trabajo promedio anual en Costa Rica es de 2060, siendo el segundo país de la OCDE en este indicador, mientras que el promedio de los países miembros de esta organización es de 1730 horas1. Con la propuesta se estaría autorizando una jornada laboral anualizada que está por encima del promedio de OCDE en casi 600 horas, para un promedio semanal adicional de 11,3 horas más de trabajo en relación con el promedio OCDE. Costa Rica debería, más bien, avanzar a una reducción paulatina de la jornada anual de trabajo, que se refleje también en una reducción de la jornada semanal.
Laborar durante largas jornadas puede aumentar las muertes por enfermedades cardiacas y accidentes cerebrovasculares, según un comunicado de la OIT del 2021, que cita un estudio del año 20162. En ese estudio se señalaba que las muertes por largas jornadas de trabajo aumentaron un 29% entre el año 2000 y el año 2016, propiamente las muertes por cardiopatías habían aumentado un 42%, mientras que las muertes por ictus cerebral crecieron un 19%. Trabajar más horas al día, por lo tanto, pondría en riesgo a los trabajadores del país, afectaría su estado de salud y generaría una presión adicional sobre los servicios que presta la seguridad social costarricense, lo que redundaría en costos de atención mayor, costos mayores por cobertura de incapacidades y en mayores atrasos en la atención de otros casos vinculados (por la mayor presión en las listas de espera).
Finalmente, la propuesta podría tener consecuencias negativas sobre la productividad del trabajo, un aspecto del que se ha hablado muy poco o incluso ha estado ausente de la discusión pública. Al ampliar la jornada de trabajo diaria a 12 horas, es esperable que la capacidad productiva de las personas decline conforme avanza el día, o sea, serán mucho menos productivos en la hora doceava de trabajo que en la primera hora de sus jornadas laborales. De esta manera, si la productividad promedio por hora de las horas laborales 9, 10, 11 y 12, no es al menos igual al promedio de la productividad del trabajo de las horas laborales 1 a la 8, entonces ampliar la jornada de trabajo será perjudicial para las empresas en cuanto a sus niveles de producción. Además, si la incidencia de problemas de salud aumenta, debido al alargamiento de las jornadas, eso reduciría aún más la productividad del trabajo. Esa reducción de la productividad podría incluso borrar los eventuales ahorros que la ampliación de la jornada de trabajo produciría por la eliminación del pago del tiempo extraordinario.
Ante esto, el Observatorio Económico y Social recomienda lo siguiente:
Dado que Costa Rica tiene uno de los peores indicadores de productividad del trabajo de la OCDE, inferior incluso que países con jornadas laborales menores, deberíamos centrarnos en mejorar la productividad del trabajo, más que en reducir el costo de nuestra fuerza laboral.
La búsqueda de formas para hacer más eficiente el trabajo en el país no debe centrarse en dumping social, cuyas desventajas se volverían contra nuestro nivel de desarrollo humano y nuestro bienestar. Mejorar las capacidades, conocimientos y destrezas de nuestros trabajadores nos hará más competitivos y productivos.
Es fundamental trabajar en la universalización del servicio público de cuido, garantizando los recursos para su ampliación en cuanto a tamaño y alcance territorial, de forma que se facilite no solo la permanencia de las personas trabajadoras, especialmente las mujeres, en el mercado de trabajo, sino también, que promueva una mayor inserción laboral de ellas, especialmente, en mejores condiciones que las actuales.
Rechazar el Proyecto de Ley No. 21.182, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144, 205 Y 274 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 145 BIS Y 145 TER DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS, que se discute en este momento en la Asamblea Legislativa y entrar a buscar soluciones a los puntos antes citados.
– Así fue notificada nuestra organización el día de hoy por el sistema de gestión en línea
La Sala Constitucional dio curso a la Acción de Inconstitucionalidad presentada por la ANEP, el pasado 10 de febrero del 2023, contra la Ley Marco de Empleo Público en la cual se cuestiona una serie de artículos y normativas presentes en la ley Nº 10.159.
En la acción de inconstitucionalidad de la ANEP, se solicita que se declaren inconstitucionales los artículos 2, 5, inciso b),6, 7, incisos a), c), d) f), l) y m), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29,30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 49 incisos a), c), d), e) f), Transitorios VII, XI, XII y XV de la Ley Marco de Empleo Público n°10.159 (LMEP), por estimar que lesionan los artículos 1, 9, 11, 34, 39, 50, 56, 57, 62, 73, 74, 84, 85, 87, 99, 156, 170 y 188 y siguientes, así como los principios de división de poderes, igualdad, progresividad y no regresividad, seguridad jurídica, libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, el debido proceso, las autonomías constitucionales, el principio de retroactividad, los derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. Todos estos derechos están establecidos en la Constitución Política y en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica en materia de derechos económicos y sociales.
Para la ANEP, las normas impugnadas afectan tres grupos de derechos y principios: los que dan sustento al Estado de Derecho (principio de división de poderes, autonomías), los derechos laborales (derecho al trabajo y al salario) y los sindicales (derecho a la negociación colectiva).
Para nuestra organización, el Estado costarricense es un Estado Social de Derecho, lo que significa que deben garantizarse una serie de derechos fundamentales. Entre ellos, la no concentración del poder, la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y la progresividad de los derechos.
Desde la ANEP, consideramos que una de las afectaciones que denota la LMEP es el ataque y violación al principio de división de poderes del Estado. Ejemplo de ello, son las múltiples funciones, responsabilidades y decisiones que se le otorgan al MIDEPLAN, como ente contralor y decisor de todo el régimen de empleo público.
En nuestra organización tenemos claro que la Asamblea Constituyente de 1949, estableció en la Constitución Política, los principios de separación de poderes y autonomía de algunas instituciones públicas, instituciones de educación universitaria superior y municipalidades, como una forma de garantizar un sistema de “pesos y contrapesos” que equilibran el uso del poder público y garantizan el Estado Social de Derecho.
En la notificación la Sala Constitucional le confiere audiencia por quince días a la Procuraduría General de la República, al presidente del Directorio Legislativo y a la ministra de Planificación Social y Política Económica.
Este es un primer esfuerzo, no pretende representar todas las experiencias de las personas que trabajaron en los muelles y estibas, sino provocar y llamar la atención sobre las grandes deudas que tenemos con nuestras memorias de lucha.
Reconocemos que faltan muchas voces, pero este reconocimiento es parte del interés por invitar a todas las personas comprometidas con seguir profundizando estas memorias que aún siguen siendo marginadas en muchos espacios «oficiales».
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados continúa su arduo trabajo. En la seccional ANEP G4S lograron incluir tres nuevos artículos al convenio colectivo de los oficiales de seguridad de esta importante empresa transnacional.
Erick Duarte Bravo, vicepresidente seccional, explica que la empresa ahora reconoce la figura de los abuelos dentro del núcleo familiar. Ésta se comprometió a otorgar días de licencia por muerte de abuelos y también un subsidio económico.
Otro artículo que se logra reconocer permite que el trabajador puede hacer una denuncia ante salud ocupacional por algún tema que le afecte en su trabajo; salud ocupacional tiene 7 días hábiles para contestarle y decirle cuales van a ser las medidas para mejorar la situación.
Por último, un tercer artículo que se incluyó está relacionado con el tema de escala de vacaciones, donde a los 7 años de trabajo se otorga un día más de vacaciones, a los 10 años, dos días más y a los 15, tres. Este nuevo acuerdo indica que a los 20 años de servicio a la empresa se otorgarán 4 días más de vacaciones aparte de los que ya la ley indica.
Para la junta directiva seccional, este logro viene a reforzar el trabajo y las metas que se han trazado desde que se fundó la seccional hace ya 12 años. La presidenta seccional Jennifer Torres: “nos llevó una lucha de más de 10 años, pero hoy lo actualizamos. Es nuestra mayor carta de presentación para los trabajadores. Gracias al apoyo del señor Albino, el sindicato ANEP estamos aquí.”
Este acuerdo viene a reforzar el trabajo de la seccional, además, viene a darle presencia del trabajo que han hecho
Torres comenta: “Este acuerdo viene a demostrar el trabajo de todo un grupo de oficiales que formamos la junta directiva, somos 14 miembros de junta. Esto viene a reforzar un trabajo de mucha disciplina, de una lucha muy incansable, pero viene a hablar muy bien de nosotros.”
– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró este lunes 29 de mayo.
Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:
Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.
Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.
De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”
El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.
Luis Flores Jiménez, Presidente Seccional ANEP-Personas con Discpacidad se refiere al rechazo de impuestos a sillas de ruedas, bastones y cama ortopédicas.
También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.
El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:
Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.
Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).
Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.
Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.
En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%, además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%, esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:
Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).
Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).
En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:
Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas: Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).
Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:
Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
La inclusión de la participación social.
Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
Régimen de Pensiones.
Atención Ambulatoria.
Desarrollo Político-Institucional.
Servicios de hospitalización y cirugía.
Desarrollo y protección del medio ambiente.
Vigilancia de la salud.
Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).
Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:
(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.
En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).
Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?
Sandra Ribas Solano, Vicepresidenta seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la importancia del Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.
Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.
Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:
La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).
¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?
Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.
Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:
La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).
Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.
Rita Corea Arazo, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad, se refiere a la salud mental de esta población ante las adversidades que deben enfrentar día a día.
Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:
Las funciones exclusivas y excluyentes en la Caja Costarricense de Seguro Social
Esta Ley Marco de Empleo Público incorpora una cláusula de salvaguarda, con la finalidad de rescatar el principio de separación de poderes, la independencia judicial y la autonomía institucional de las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y municipalidades.
Esta salvaguarda fue producto de la aplicación de la Opinión Consultiva a la Sala Constitucional, Voto 2021-017098, de las 23:15 horas del 31/07/2021, que afirma que la potestad de dirección del Poder Ejecutivo es incompatible con principios constitucionales y la autonomía de la CCSS.
La Sala advierte que compete a la Caja Costarricense de Seguro Social definir cuáles son los servicios o actividades que inciden sobre las competencias exclusivas y excluyentes y las funciones administrativas necesarias para el cumplimiento de estas.
Ese voto vuelve sobre la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional, la cual destaca la autonomía administrativa y de gobierno que le reconoce el artículo 73 de la Constitución Política, cuya autonomía la protege de la intervención del Poder Ejecutivo y hasta del Legislativo.
Esta autonomía la faculta determinar su régimen interior, incluso el régimen de empleo y contratación de los funcionarios que requiere, para el cumplimiento de su cometido constitucional: la administración y gobierno de los seguros sociales (Voto N*2011-14624)., afirmó que varios artículos son inconstitucionales, porque violentan la autonomía y “por no incluir en el citado inciso a los servidores que realizan labores sustanciales y administrativo, profesionales y técnicos, necesarios para alcanzar los fines constitucionalmente asignados a la CCSS, en los términos que se explica en el considerando general y supra.”
Con fundamento en las consideraciones de la Sala Constitucional, se puede sostener que todas las clases del Manual de Puestos de la CCSS, ya sean asistenciales, auxiliares, administrativas, técnicas, profesionales y especialistas, en el campo administrativo o de la medicina, reconducen a funciones de carácter exclusivas y excluyentes, absolutamente imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos constitucionalmente asignados a esta institución.
La autonomía de la Caja es política, orgánica y funcional, comprende todos los servicios y actividades que realizan todos sus servidores, sin distingos de ninguna especie, por lo que resulta totalmente artificioso establecer una dualidad de colectivos, unos sujetos a la gobernanza de la propia institución y otros sometidos a las regulaciones de MIDEPLAN, a contrapelo del precepto constitucional, y en menoscabo de la regularidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
El 24 de mayo WebTV transmitió en vivo el taller sobre el trabajo de los cuidados, el uso del tiempo y la corporeidad de este. Esta actividad se realizó como pre encuentro del Tercer Encuentro Global sobre los Trabajos de los Cuidados que se celebrará del 7 al 9 de junio en la Universidad de Costa Rica.
El taller estuvo a cargo de la Dra. Ana Lucía Fernández (UNED), M.Sc. Irma Sandoval (UNA), la Dra. Nancy Piedra (UCR) y la M.Sc. Adriana Monge (UCR).
ANEP extiende la invitación a participar este 16 de junio al conversatorio “Secretarías de Juventud ANEP” a las 8 a.m, en el edificio anexo ANEP 350 metros Sur y 25 metros Oeste del Hospital Nacional de Niños. Dicho conversatorio abordará problemáticas que afectan a los jóvenes, así como otro tipo de actividades.
