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La suerte está echada

Foto: Gerardo Iglesias.

Fin de la democracia y de los derechos laborales

Costa Rica no se queda atrás respecto a la desigualdad, la militarización y la xenofobia que avanzan por el conjunto del continente.

Frank Ulloa Royo

16 | 06 | 2022

El modelo político electoral carece de mecanismos de participación igualitaria y son los grupos económicos los que al fin definen los candidatos.

Pero fueron los votantes de los sectores medios, los empleados públicos y los sectores marginados y de las zonas rurales atrasadas quienes buscaron una alternativa radical, pero con soluciones orientadas por los grupos de poder tradicionales.

Es un modelo mágico que encarna los deseos más íntimos de la vieja y nueva oligarquía.

Por otra parte, el auge de la violencia nos lleva a buscar respuestas violentas y justifican la militarización del país, el ingreso de flotas armadas extranjeras y la formación militar de los guardias civiles, sin que se pase por un tamiz los valores que allí se les imparten.

En lo laboral las cúpulas empresariales tienen sus propios sistemas de seguridad, de listas negras, de supervisión ideológica de los trabajadores, controlan servicios estratégicos del Estado, alientan la organización militar paralela y justifican la explotación de los migrantes porque supuestamente los nacionales no quieren trabajar.

Múltiples empresas de paramilitares ofrecen sus servicios de inteligencia y protección armada, autorizadas por el Estado.

Más restricciones a los sindicatos

La preocupación principal de los sindicatos fue mantener sus cuotas de negociación con el Estado y acercarse a los candidatos ganadores. Pocos plantean una oposición ideológica a las ideas dominantes.

Más grave aún, la situación política actual es un importante caldo de cultivo del fascismo en su nueva versión, al recoger importantes valores generados desde la segunda mitad del siglo XX, especialmente con la derrota política del movimiento sindical en 1948.

Parece ser que la prohibición del sindicalismo en el sector privado se ha visto fortalecida. Nuevas leyes restrictivas de derechos son la ruta escogida por los sectores dominantes.

A esto se une un sistema judicial bajo sospecha de corrupción y de estar influenciado por los dirigentes políticos y las cámaras empresariales.

Van además por la reducción salarial mediante la inflación acelerada y el establecimiento de jornadas de 12 horas sin pago de horas extra y por la eliminación de los regímenes particulares de pensiones en función de crear un régimen de libre despido.

Todo en nombre de la patria y la lucha contra la corrupción. Alea acta est: la suerte está echada.

 

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-suerte-esta-echada/

UNDECA denuncia y rechaza UPAD 2.0 – Acceso ilegítimo a Expediente Digital (EDUS)

SURCOS comparte la siguiente información:

El Proyecto de Ley N°21.345, resucita el tenebroso expediente de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), armado clandestinamente por el anterior gobierno, que habilitaba el acceso a datos sensibles y privados de la población costarricense.

Este proyecto legislativo, propuesto por el exdiputado Víctor Morales Mora, flamante vocero del gobierno durante el escándalo UPAD, impulsado en este periodo legislativo en curso, pretende cerrar los regímenes contributivos de pensiones, con cargo al Presupuesto Nacional, en un plazo de 18 meses.

El Transitorio VI del proyecto faculta a los funcionarios de la Dirección Nacional de Pensiones, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acceder, en tiempo real, al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Este acceso irrestricto al expediente clínico (EDUS) faculta a los funcionarios de esa Dirección informarse y obtener información privilegiada de las personas usuarias de los servicios de salud, vulnerando, de manera evidente y manifiesta, la confidencialidad, la sensibilidad y seguridad de datos privados de todos los pacientes.

La nueva y espuria versión de la UPAD, ahora, de una plataforma cuya finalidad es exclusivamente de uso biomédico y clínico, para la toma de decisiones en materia de mejoramiento y prevención de la salud, con la inverosímil excusa de verificar la sobrevivencia de las personas jubiladas, es absolutamente irrazonable, injustificada, en menoscabo de derechos fundamentales de las personas usuarias de los servicios de salud.

Los funcionarios de esa Dirección pueden acceder, sin restricción alguna, a la información pública que contiene el Tribunal Supremo de Elecciones, en los registros actualizados de las personas fallecidas. Así de fácil, sin ninguna necesidad de violentar la privacidad de EDUS.

UNDECA repudia, esta otra práctica de espionaje institucional de la ciudadanía, y, en consecuencia, exige las correcciones pertinentes, para que quede totalmente salvaguardada la información privilegiada y los derechos fundamentales de las personas.

Rechazamos cualquier práctica de hackeo legislativo y administrativo de los datos privativos de las personas, con mayor razón, si se trata de información de la salud de los y las usuarias de la CCSS.

San José, 13 de junio de 2022.

Llamado a la acción por la justicia social – caso de Carlos Andrés Pérez Sánchez

Le invitamos a participar este miércoles 22 de junio (hubo cambio de fecha) de la concentración “Porque Carlos Andrés Pérez Sánchez es inocente. ¡Absolutoria definitiva de su injusta sentencia!”, organizada por el movimiento Mujeres en Lucha Social, en apoyo con el movimiento social y sindical.

La concentración empezará a las 2:00 p. m. en el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Circuito Judicial en Goicoechea, San José, con motivo de solidarizarse con Carlos Andrés y su familia ante el impacto de un proceso injusto de criminalización y persecución política.

 

Compartido con SURCOS por Mujeres en Lucha Social.

La protesta social es un derecho. Solidaridad para con Carlos Andrés Pérez Sánchez

Carlos Andrés Pérez Sánchez, funcionario público de RECOPE, víctima de la judicialización y la criminalización de la protesta social en Costa Rica. El miércoles 15 de junio de 2022, a las 2 p.m. en los tribunales de apelación del circuito judicial de Goicoechea, se buscará la anulación de la sentencia condenatoria contra una persona inocente. 

En siguiente enlace podrán ingresar a la página de Facebook de la Unión Nacional de Educadores: https://www.facebook.com/1552932754961468/posts/pfbid0UFtPZpD7oefD1sLgrkNYGLQezwMepn1xsg2ywzX8buy8CMX1LcVD66X2TttxKrril/ 

No al trabajo infantil

Rodrigo Aguilar Arce

Hoy es un dìa super importante para toda la poblaciòn del mundo y por supuesto de nuestro paìs, porque todos nos sumamos a la exigencia de la erradicaciòn del trabajo infantil.

Como entendemos, la misión de los niños es jugar, estudiar, aprender, pero nunca trabajar.

Digamos juntos y juntas NO AL TRABAJO INFANTIL.

Solidaridad con joven obrero Carlos Andrés Pérez Sánchez – llamado a firmar

Comunicado

Desde Costa Rica para la comunidad nacional e internacional:

Les solicitamos su apoyo crucial adheriéndose, a nivel personal o como organización, en solidaridad con joven obrero Carlos Andrés Pérez Sánchez, víctima de persecución, criminalización y judicialización en Costa Rica, por haber apoyado huelga contra el combo fiscal (2018). Con su firma se sumará al movimiento social que estamos impulsando por lograr la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA en su contra. Lo presentaremos y haremos circular este miércoles 15 de junio, fecha de Audiencia para Apelación de la condena. CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE.

La defensa del derecho a la protesta social no tiene fronteras.

Un abrazo fraterno desde Costa Rica, país donde también se violentan los derechos humanos.

Gracias de todo corazón por firmar. No se dura ni un minuto. Formulario para firmar: https://forms.gle/zMHsgPTCXtcQpfee9

Criminalización de la protesta social en Costa Rica – Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez. La protesta social es un derecho humano

Comunicado

A partir del 11 de setiembre, 2018, el obrero Carlos Andrés Pérez Sánchez, con 28 años de edad, se convierte en una víctima de la persecución política, mediática y judicial por parte del Estado, a través del Poder Ejecutivo, Refinadora Costarricense de Petróleos-RECOPE, la Fiscalía General y los Tribunales de Justicia de la República. Una persecución sistemática que ha sido intensificada por los medios de comunicación hegemónicos. Así, sufre prisión durante 100 días consecutivos, como preso político condenado en un juicio con serios vicios procesales donde el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Este joven obrero fue brutalmente agredido y arrestado en las instalaciones de RECOPE, Limón, en el marco de la Huelga Nacional contra el Combo Fiscal – Proyecto Ley 20.580, hoy Ley de Modernización de las Finanzas Públicas. Esta movilización fue convocada por el movimiento social, popular, sindical y campesino.

A 3 años y 9 meses, CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, sigue siendo víctima del proceso de criminalización y judicialización. El pasado 22 de marzo fue condenado por segunda vez, por un Tribunal Penal en la provincia de Limón. Ante esta injusta condena, su abogado defensor José Miguel Villalobos Umaña, interpuso un recurso de apelación de sentencia.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, citó a vista oral para el PRÓXIMO MIÉRCOLES 15 DE JUNIO, A LAS 2 PM, la cita es en el Segundo Circuito Judicial de los Tribunales de Goicoechea-San José.

Las organizaciones de Derechos Humanos, sociales, sindicales, populares y comunidad en general, llamamos a la solidaridad nacional e internacional, al CESE DE LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS Y LAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS, Y LUCHADORES(AS) SOCIALES.

Con vehemencia y por respeto al principio de inocencia, solicitamos a favor de CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para este joven trabajador y sindicalista, obrero extrabajador RECOPE.

Manifestamos y denunciamos, ante la opinión nacional e internacional, la tendencia del Estado de Costa Rica por el proceso de la profundización de la criminalización de la protesta social, en contraposición de los diversos instrumentos internacionales suscritos y aprobados y ratificados por el Estado Costarricense.

Es necesario aclarar que el joven Carlos Andrés P., NO COMETIÓ DELITO ALGUNO, y que muy por el contrario, este trabajador hizo un acto heroico al acudir y a atender la emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de RECOPE, función inherente a su cargo.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés Pérez Sánchez, en este proceso de CRIMINALIZACIÒN DE LA PROTESTA SOCIAL.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO PARA CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal.

LA PROTESTA SOCIAL NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO

ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN:

Bloque de Vivienda Nacional

Central única de Trabajadores-CUT

Movimiento de Trabajadores y Campesinos-MTC

Coordinadora Campesina

Asociación Nacional de empleados Públicos y Privados-ANEP

Asociación Costarricense de Derechos Humanos-ACODEHU

Costa Rica 9 de junio, 2022

FIRMA RESPONSABLE

Orlando Barrantes Cartìn

Bloque de Vivienda Nacional

BUSSCO con propuestas para contrarrestar arremetida neoliberal

El pasado miércoles 8 de junio el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) se reunió en el marco de su décimo aniversario. Esto, en palabras de la organización se realiza con la finalidad de analizar planteamientos de acción y comunicación para contrarrestar la arremetida neoliberal y precaria situación política y económica que obliga a trabajadores y pueblo costarricense a organizarse y luchar.

Se pueden encontrar tanto más fotografías de la reunión como más información sobre el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense en la página de Facebook del mismo nombre, o bien en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/1766865323545184/posts/3307882489443452/?sfnsn=mo

 

Compartido con Surcos por Rafael López Alfaro.

Combustibles a más de mil colones el litro: urgen medidas políticas extraordinarias, no “parchecitos”

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa de ANEP:

Se deben romper tabúes: el sector financiero-bancario debe aportar pues la gente ya no tiene de donde 692 mil 853 millones de colones (692.853.000.000), es el monto pagado por concepto de intereses de la deuda pública durante los primeros tres meses del presente año 2022. Sin duda, escandaloso y obsceno pago. Son datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda.

Tenemos, entonces que, en enero anterior, se pagaron por intereses de la deuda pública, 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000). Cifra exactamente igual se pagó en febrero y en marzo pasados.

En cuanto a lo recaudado por concepto de impuesto único a los combustibles, en el pasado mes de enero, el monto es de 68 mil millones de colones (68.000.000.000).

EL Gobierno está pegando el grito al cielo ante la posibilidad de que le quitaran este impuesto, en todo o en parte. Dice que le quedaría un hueco fiscal y que nadie le dice cómo lo llenaría (lástima que no está gritando lo debido por el pago de intereses de la deuda pública).

El monto total recaudado por concepto de impuesto a los combustibles es, apenas, un 30 % (29.44 %, para ser exactos), de lo que hubo que erogar para atender ese obsceno y escandaloso pago de intereses de la deuda pública.

Dicho de otra manera: Tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa pueden tomar medidas para aliviarle la carga a la población del país, especialmente la conformante de la clase trabajadora, tomando dineros del pago de intereses de la deuda pública para reducir, sustancialmente, la cruel carga tributaria sobre el precio de la gasolina y del diésel, principalmente.

Sin tocar un centavo de los dineros tributarios destinados a las municipalidades que están establecidos dentro del impuesto a los combustibles, con la medida que estamos proponiendo se puede reducir, significativamente, la carga de impositiva actual del 28 % sobre el precio del litro de gasolina súper. En idéntico sentido, el 17 % de impuesto que pesa sobre el valor del litro de diésel, también se podría bajar sustancialmente.

Se trata de tomar una decisión extraordinaria para estos tiempos que no son normales. Se trata de indicarle a los sectores financiero-bancarios que, por ejemplo, durante un cierto período de tiempo, tendrán que contenerse en su avidez sin freno en cuanto a la acumulación abusiva que les representa el pago mensual de intereses de la deuda pública que, repetimos, es de 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000).

En vez de pagarles esa gigantesca cantidad cada 30 días, estarían recibiendo 162 mil 951 millones de colones (162.951.000.000) cada mes. Y no se “empobrecerán”.

Es más, se pueden diseñar mecanismos de reingeniería y de reestructuración financiera a nivel de intereses de la deuda pública, de forma tal que no perderían un centavo.

Este asunto del, repetimos, escandaloso y obsceno pago de intereses de la deuda pública fue mencionado en el programa de gobierno del hoy Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles.

La sola mención podría interpretarse como una decisión de romper un tabú: que es “entrarle” al negocio privado más rentable de todos los que se hacen a diario en el país, a juicio del economista de la Universidad Nacional (UNA), don Fernando Rodríguez Garro. ¿Se comerá, en serio, esta bronca el mandatario Chaves Robles?

En todo caso, es interés de la ANEP dejar en evidencia una de las razones de mayor impacto para graficar la espantosa realidad de la desigualdad social que amenaza, seriamente, ya no solamente la paz social sino la propia estabilidad republicana.

San José, domingo 5 de junio de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP