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Hablemos de la sangre: La menstruación es una cuestión laboral y sindical

Al conmemorar el 28 de mayo el Día Internacional de la Higiene Menstrual, el movimiento sindical debe reconocer que la menstruación es una función corporal natural que las mujeres y las niñas experimentan de diversas maneras y que puede agravar su exclusión de las sociedades debido a la ignorancia, los prejuicios y los tabúes. La falta de instalaciones sanitarias privadas y limpias, el dolor menstrual y otras molestias físicas relacionadas con la menstruación son otros factores que contribuyen a la posición desigual de las mujeres en el lugar de trabajo. La menstruación sigue siendo una barrera importante para la igualdad, ¡y esto no es aceptable!

Sobre la base de la resolución del Congreso de la UITA de 2017 de hacer de la menstruación una cuestión laboral y sindical, la UITA ha elaborado un breve documento político (disponible en inglés, español y francés) centrado en:

  • Cómo organizar acciones concretas en torno a la igualdad de la menstruación en el lugar de trabajo
  • Cómo crear un entorno de trabajo solidario e informado
  • Cómo negociar con los empresarios sobre la menstruación
  • Cómo participar en campañas nacionales cruciales

La presidenta del Comité de Mujeres de la UITA, Patricia Alonso, declaró: «No existe una solución única aplicable a todos los contextos, países y lugares de trabajo. Lo que sí es cierto es que los sindicatos deben asegurarse de que cualquier trabajo en torno a la menstruación no conduzca a la discriminación en la contratación o la promoción de las mujeres trabajadoras y no fomente ningún estereotipo de género”.

Fuente: iuf.org

UNDECA condena el ciberataque a la CCSS

Demandamos rendición de cuentas

El desarrollo de la tecnología y la implementación de sistemas y tecnología de la información en la Caja Costarricense de Seguro Social, han contribuido a mejorar la gestión y prestación de los servicios de salud y la toma de decisiones administrativas y biomédicas, sin embargo, los datos recopilados tienen que ser protegidos del uso delictivo, que pueda poner en riesgo la confidencialidad de datos sensibles de los pacientes.

El ciberataque del cual ha sido víctima la CCSS ha puesto en riesgo la operación normal de los servicios, por lo que es crucial que se revise la pertinencia de los contratos a terceros para el desarrollo y mantenimiento de programas, reevaluar la tolerancia al riesgo, en su lugar, deben contratarse los profesionales, altamente competentes y capacitados, que necesita la institución, que garanticen el proceso operativo, la propiedad intelectual y seguridad de los datos y programas, así como el adecuado control de riesgos.

La realidad es que no se contaba con un plan de contingencia, lo que obligó a utilizar expedientes físicos que no están actualizados, lo que distorsiona o dificulta la atención médica, asimismo, las farmacias, laboratorios y otras unidades tienen grandes dificultades para atender la demanda.

Esta situación, que evidentemente no está bajo control, es una verdadera emergencia sanitaria que exige respuestas transparentes, confiables e inmediatas de los jerarcas responsables de garantizar la atención oportuna y segura de los pacientes.

UNDECA reconoce, nuevamente, a las y los trabajadores su gran mística y compromiso para atender las más sensibles necesidades de la población en esta crisis.

Condenamos a los autores materiales e intelectuales de estos actos de terrorismo contra la salud y el bienestar de la población.

Finalmente, hacemos un vehemente llamado a las autoridades de la institución para que divulguen y mantengan informada a la ciudadanía, acerca de los motivos que facilitaron la ilícita intervención de los sistemas informáticos institucionales y las medidas de contingencia que de manera inmediata se adoptarán para proteger la información de los usuarios y la normalización operativa de nuestra institución.

San José, 1 de junio 2022

A pesar de represalias patronales, seccional de choferes de autobús de Guadalupe continúa creciendo

La empresa autobusera “Guadalupe Limitada” ha emprendido una campaña de miedo para que sus trabajadores desistan de agremiarse. Ante tal circunstancia, ANEP recuerda que la Constitución Política respalda a cualquier persona trabajadora que cuente con el deseo de unirse a un sindicato. 

Nathaly Montero Campos, presidenta de ANEP con relación al grupo de Autobuses Guadalupe, expone que los y las trabajadores de esta empresa autobusera resalta que sus las solicitudes que realizan no son peticiones de privilegios, si no de derechos contemplados en la ley; además, tiene la convicción y claridad de que se debe luchar para hacer valer estas facultades.

Wilber Yubank Morales, un chofer afiliado, señala que agremiarse es bueno para mejorar la calidad laboral de las personas trabajadoras de la empresa. Por otra parte, el chofer afiliado Heiner Vargas comenta que existe disconformidad general de las y los trabajadores agremiados o no con el manejo que ha dado la empresa debido a que hay una reducción importante de las horas laboradas y no se está cumpliendo con las 48 horas semanales por lo que la situación económica de cada persona se complejiza.

Además, se denuncia la problemática de una falla en el funcionamiento de las máquinas que registran el abordaje de una persona adulta mayor por lo que el costo de este pasaje lo deben asumir las personas choferes. Asimismo, se han presentado quejas por parte de la población usuaria de este servicio en cuanto a las largas filas y de la ausencia de una estrategia por parte de la empresa para resolver estas circunstancias.  

ANEP argumenta que a pesar del miedo que se ha generado por parte de la empresa en cuanto a afiliarse a un sindicato, el personal trabajador sigue agremiándose a la ANEP ya que se encuentran cansados de los constantes atropellos a los que han sido sometidos.

Si desea observar el reportaje elaborado por ANEP, le invitamos a consultar el siguiente enlace:

Declaración de Encuentro Nacional de la Unidad Sindical

El pasado 23 de mayo de 2022, el CICANDE emitió un comunicado donde se convocaba a un Encuentro Nacional de la Unidad Sindical, con el fin de defender el Estado Social de Derecho costarricense. El comunicado señala que la presente administración Chaves Robles (2022 – 2026), posee tintes neoliberales, un gabinete tecnocrático y empresarial lo que cristaliza el objetivo de desmantelar el Estado Social de Derecho. Asimismo, se indica que la conformación de la actual Asamblea Legislativa posee 5 fracciones de partidos conservadores implica un reto estratégico para el movimiento popular y social. 

Se manifiesta que el movimiento sindical impulsará un amplio abanico de alianzas sociales a fin de enfrentar esta amenaza mediante la creación de una agenda común que dé prioridad a los siguientes puntos:

  • Eliminar la regla fiscal
  • Exigir políticas que eviten la corrupción, morosidad, elusión y evasión
  • Defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social y de los regímenes de pensiones
  • Defensa de la educación pública
  • Defensa del Instituto Costarricense de Electricidad
  • Defensa de los derechos laborales y del trabajo decente
  • Defensa de la equidad de género y la diversidad sexual
  • Lucha contra el alto costo de la vida y por salarios y pensiones dignas
  • Lucha por la soberanía

De igual forma, se demanda un diálogo social real efectivo, para garantizar la defensa de la institucionalidad pública y de los derechos de la clase trabajadora. También se busca impulsar la unidad popular y social para afrontar las luchas que se tienen por delante.

Si desea conocer con más detalle el comunicado realizado por CICANDE, puede consultar la imagen adjunta.

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

Sindicato de la Defensoría de los Habitantes denuncia a Defensora y miembros de su despacho ante el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría de la Ética

SURCOS comparte la siguiente información:

Martes 5 de octubre del 2021. Las denuncias se fundamentan en actos arbitrarios de persecución laboral, limitaciones a las libertades sindicales e irregularidades en nombramientos y recargos otorgados al círculo cercano de la jerarca.

Ante las reiteradas intromisiones arbitrarias en las labores gremiales, actos de persecución contra algunos funcionarios, irregularidades en los nombramientos y el reparto de recargos pagados entre los asesores del Despacho de la Defensora de los Habitantes, fueron presentadas dos denuncias, una en la Procuraduría de la Ética Pública (13 de agosto de 2021) y otra ante el Ministerio de Trabajo (22 de setiembre de 2021) contra Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, Mario Zamora Cordero, Director de Despacho y Fabricio Chavarría, Director de Regionales por recargo.

El Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes presentó incluso días después una adición al Ministerio de Trabajo, debido a una nueva intromisión de Zamora, quien insiste en que está a la espera de la posición del sindicato sobre algunos asuntos de los cuales, ni siquiera la Defensora de los Habitantes se ha pronunciado, ni ha salido a dar la cara por los derechos de los trabajadores del país, ante el desmantelamiento del sector público. A la fecha de este boletín tenemos acumuladas dos intromisiones más de Zamora, desacreditando los actos de celebración del 28 aniversario de la institución que realizó este sindicato.

Los hechos datan de agosto del 2020, luego de que un grupo de diputados decidió darle la oportunidad a Catalina Crespo de que continuara en el cargo, no así todo el Plenario, pese a las graves irregularidades por las que fue denunciada.  Luego de ello, Crespo Sancho asumió una actitud persecutoria contra todos los funcionarios y funcionarias que la denunciaron, al punto que algunos de ellos presentan incapacidad periódicas, otros han tenido largas incapacidades, otros han solicitado permisos sin goce de salario, y los que se quedaron han tenido que sufrir diferentes represalias como traslados arbitrarios de puesto, amedrentamientos, incomunicación y soportar la insolencia prepotente del Director del Despacho, Mario Zamora Cordero, quien no duda en humillar públicamente a cualquiera que se atreva a emitir una opinión distinta a la suya, recordándole que es un simple subordinado como si fuera un vasallo a su servicio. 

La situación empeoró luego de que Zamora Cordero, fue ascendido por la Defensora como Director del Despacho, en abril de este año, desplazando a la anterior directora, desde entonces han sido constantes los emplazamientos, cuestionamientos y otras intromisiones directas en las competencias del gremio sindical. Más recientemente ha optado por acosarlos con recordatorios y exigencias sobre la posición sindical en temas de su antojo para tratar de distraer la atención del sindicato de las irregularidades laborales que solicita y autoriza el mega despacho de la Defensora.

En la actualidad el mega despacho de Crespo Sancho consta de 15 funcionarios, y tiene en perspectiva continuar agrandándolo. Pues pese a que públicamente se presenta como promotora del diálogo, a lo interno optó por desarticular todas las instancias que existían para asesorarse con el criterio del personal experto en defensa y promoción de derechos. En lugar de buscar el diálogo y la reconciliación, se ha rodeado de un equipo de incondicionales que le aplauden todas sus ocurrencias sin chistar.

El ambiente laboral en la Defensoría de los Habitantes, está quebrado, deteriorado y tenso, al punto que no existe una comunicación fluida por parte de la Jerarca para con las Direcciones de Defensa y subalternos, ni para con esta representación sindical, y por ello, denunciamos una serie de actos de persecución sindical contra las y los miembros que van desde acusaciones infundadas, traslados arbitrarios de puesto, intimidaciones, e intromisiones en la administración del sindicato. 

Punto y seguimos.

COMUNICADO DEL GRUPO DE TRABAJO AGENDA CEDAW: jornada laboral

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde el Grupo de Trabajo Agenda CEDAW, manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley 21.182 que busca instaurar jornadas de 12 horas durante 4 días a la semana y representa un claro detrimento de los derechos laborales y en especial de los derechos de las mujeres. 

El proyecto de ley de jornadas 4×3 violenta convenciones internacionales en materia de derechos laborales, trabajo decente y de derechos de las mujeres, entendiendo que en Costa Rica la realidad entre hombres y mujeres en el mercado laboral sigue siendo profundamente desigual. Por ejemplo, en todos los informes sobre trabajo se puede denotar una sobre representación de las mujeres en indicadores de desempleo, subempleo, trabajo informal, falta de aseguramiento y otros. (EMPEDEMU. 2019). 

Estas jornadas atentan contra la salud de las personas trabajadoras, disminuye la productividad, genera más recarga en los servicios de salud y aumento en los accidentes laborales, las jornadas extensas tienen relación directa con la depresión, la cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares y trastornos del uso del alcohol. (OMS, OIT. 2018). 

Este proyecto fomenta la exclusión de las mujeres en el mercado laboral, pues no reconoce las desigualdades en el uso del tiempo por la división sexual del trabajo basada en estereotipos y sesgos de género. De acuerdo con la Encuesta de uso del tiempo: las mujeres invierten 36 01 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, mientras los hombres solamente 13.55 horas semanales. 

Esta ampliación de jornada procura la disminución de personal contratado y eliminar el pago de horas extra, por ejemplo, las trabajadoras domésticas verían acrecentar su horario a 18 horas diarias, SIN retribución adicional. 

Además, estas jornadas no contemplan las necesidades de las personas que asumen las labores de cuido o acompañamiento, donde un 90% de los casos no son remunerados y 7 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres. Dando como resultado la generación de mayores barreras para que las mujeres puedan insertarse de manera justa al mercado laboral. 

El Estado costarricense tiene la obligación de cumplir con lo establecido por las convenciones internacionales de derechos humanos, la iniciativa en discusión es un retroceso al cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW relativas a las medidas para facilitar el acceso de las mujeres al empleo formal, a las recomendaciones de la OIT sobre trabajo decente y la transición de la economía informal a la formal y representa un riesgo notable para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre empleo pleno, productivo y trabajo decente para las mujeres y hombres. (Recomendación 29B de la agenda CEDAW).

Exhortamos a las diputadas y diputados de la República para que este proyecto no sea aprobado, y mantengamos la vía del respeto y garantía de los derechos laborales que también son derechos humanos y enfoquemos las acciones para la disminución de las brechas de género en el trabajo y la garantía de una vida libre de violencia para las mujeres. 

¿Qué es la CEDAW?

La Convención sobre todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles), fue adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La CEDAW es un instrumento de carácter internacional que precisa los detalles de la discriminación contra las mujeres y establece los lineamientos necesarios para erradicarla. Al ratificarla, los Estados se comprometen, a consumarla llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres.

Además, se crea el Comité CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer), para monitorear el cumplimiento de los Estados en virtud de las disposiciones contempladas en esta Convención.

Más información sobre la CEDAW en el siguiente enlace:

https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw

Costa Rica ausente en la 110a Conferencia Internacional del Trabajo

El día lunes 30 de mayo de 2022, se presentó una denuncia contra el Poder Ejecutivo por incumplir con el envío de representación del sector sindical y trabajador a la 110a Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Esta no acción podría representar una forma de aplacar las denuncias en materia de violación de los derechos laborales (persecución sindical, prohibición de huelga y condicionamientos de la negociación colectiva).

Conjuntamente, se advierte sobre el peligro para Costa Rica en cuanto a la firma de la Declaración de Consenso de Ginebra, que pone en riesgo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, debido a que se opone directamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.

Para más información sobre estos temas, ingresar en el siguiente enlace: https://fb.watch/dlTQ2bw5xW/

ANEP elevará a inspección judicial retraso en demanda por aumento salarial por costo de vida

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), elevará a inspección judicial la demanda interpuesta en contra del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación en junio del año 2021, esta busca la aplicación del aumento salarial por costo de vida.

Esta medida, obedece al retraso injustificado por parte del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, el cual, ha dilatado la resolución del caso. Esto a pesar de las constantes peticiones de agilizar el proceso por parte del señor Fabián Gamboa Corrales, asesor legal de ANEP.

Compartimos el video:

PAC reitera el rechazo al proyecto de Ley 21.182 “Ampliación de Jornadas de Trabajo 4-3”

San José, 26 de mayo de 2022. Desde agosto del 2020, la Comisión Política del PAC emitió un criterio negativo sobre el proyecto de ley que pretende la creación de jornadas de 12 horas en lo que se conoce como «jornadas 4-3», criterio en el cual se solicitó a la fracción legislativa votar negativamente el texto sustitutivo que se encontraba en la Comisión de Asuntos Hacendarios y se instó al Poder Ejecutivo pedir el criterio a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre su contenido y abstenerse de convocar en los períodos de sesiones extraordinarias, antes de obtener esa respuesta.

La Fracción del PAC votó en contra del dictamen y el Poder Ejecutivo no remitió el mismo para extraordinarias. Ahora, nuevamente la Administración Chaves Robles, convoca el proyecto a sesiones extraordinarias, lo que podría implicar su aprobación y un cambio en la normativa laboral.

Las jornadas intensivas han demostrado ser menos productivas y sobre ello existe abundancia de estudios. La ampliación de jornadas tiene como meta eliminar el pago de horas extra y reducir el número de personas contratadas. Por lo tanto, en tiempos de crisis económica y pandemia, terminará por aumentar la informalidad y la desigualdad laboral de género, debido a las condiciones estructurales persistentes en cuanto al recargo del cuido de la familia y labores del hogar en las mujeres.

Debe considerarse, además, que el sistema de inspección laboral adolece actualmente de serias deficiencias aún no atendidas por la Asamblea Legislativa, así como el hecho de que actualmente Costa Rica ocupa el tercer puesto respecto al peor balance entre la vida y el trabajo, entre los países de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hechos que lejos de llevar al país a la ampliación de jornadas, debe más bien orientar a una revisión para buscar que las relaciones laborales se apeguen a la legalidad y aspiren a que las personas gocen de una mejora en la calidad de vida. La tendencia de los países miembros de la OCDE es precisamente hacia la disminución de las jornadas laborales.

La reforma, en su texto actual, en momentos de crisis económica y de pandemia significa un retroceso en el reconocimiento de los derechos laborales, firmemente tutelados en nuestra Constitución Política. Lo contenido en el proyecto de Ley 21.182 afecta el bienestar de quienes menos oportunidades tienen, profundizando un estilo de desarrollo desigual, y como efecto secundario, traslada a la seguridad social todos los costos de las consecuencias de jornadas de trabajo intensivas, en la salud física y mental de las personas trabajadoras y sus familias, contribuyendo con el deterioro de las finanzas de la CCSS.

Como partido político de oposición, señalamos que estas reformas al Código de Trabajo van en detrimento de las bases de una sociedad solidaria y abre las puertas a mayores niveles de desigualdad, inestabilidad social y económica para el país.

Instamos a la Asamblea Legislativa y al partido gobernante a buscar iniciativas que realmente apoyen el bienestar y la inserción laboral, así como el fortalecimiento de la inspección laboral, horarios adecuados, aplicación de la red de cuido y la búsqueda de soluciones específicas para sectores como el tecnológico, turismo, la seguridad y otros más en donde existen realidades laborales ante las cuales la legislación se encuentra desactualizada. Pero nunca en detrimento de la salud integral de la personas, solidaridad social y menos del bienestar de los sectores laborales más vulnerables en donde la informalidad es generalizada.

Comité Ejecutivo Nacional

Comisión Política

ANEP, ante el aumento del precio del combustible

ANTE EL IMPACTANTE AUMENTO EN LOS PRECIOS DEL COMBUSTIBLE ANEP PROPONE TRES MEDIDAS EXCEPCIONALES

  • El Gobierno y la Asamblea están indolentes ante el sufrimiento popular
  • Más de 1.000 colones por litro de gasolina/diésel, mientras no hay una política salarial ante el alto costo de vida, situación que tiene indignada a la clase trabajadora y personas pensionados por IVM CCSS

Peligrosa es la pasividad tanto del Gobierno de la República como de la Asamblea Legislativa ante el creciente enojo de la gente. La indolencia de ambos pone en alto riesgo la paz social, ya de por sí agravada por una ola delincuencial que parece estar sin control.  

La nota completa se puede encontrar en el siguiente enlace: https://anep.cr/ante-el-impactante-aumento-en-los-precios-del-combustible-anep-propone-tres-medidas-excepcionales/