A la opinión pública

El miércoles 1 de febrero del 2023 la Asamblea Legislativa analizó la moción para extender el plazo del expediente 21245, Proyecto de Ley para la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, por cuatro años más. La moción fue rechazada.

Lamentamos la decisión de la Asamblea Legislativa de negarse a sostener la discusión sobre el contenido del llamado Acuerdo de Escazú. Lo que se votó fue la apertura o no al análisis de un instrumento regional en materia ambiental y de derechos humanos para América Latina y el Caribe.

Los argumentos esgrimidos por quienes se oponen han sido rebatidos con base en la doctrina y la jurisprudencia del derecho internacional de derechos humanos y del derecho ambiental en diferentes publicaciones y foros.

Sin embargo, prevaleció el discurso de que la participación pública en la toma de decisiones ambientales entorpece el desarrollo del país, obstaculiza la inversión en actividades productivas y obras de infraestructura.

La realidad demuestra lo contrario. La participación garantiza transparencia, previene los conflictos socioambientales y la corrupción.

El cuarto pilar del Acuerdo de Escazú, que es la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, sigue siendo una necesidad aquí y en toda la Región debido al acoso, amenaza y persecución de que son objeto.

El Acuerdo de Escazú no ha sido sepultado como rezan algunos titulares. Goza de buena salud y cada vez cuenta con más Estados Parte. Ya ha celebrado su Primera Conferencia de las Partes, se han nombrado nuevos Representantes del Público y pronto elegirá los miembros del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento.

Una golondrina no hace verano. Es lamentable que la Asamblea Legislativa haya tomado esa decisión de no avanzar en la discusión y el análisis de un tema tan relevante en este momento de crisis climática, de crisis de pérdida de biodiversidad y de amenazas para quienes defienden el ambiente.

Costa Rica ha quedado expuesta con esta decisión, por nuestras contradicciones de ser un país que se enorgullece de defender los derechos humanos y de liderar la agenda ambiental. Estamos en deuda con las generaciones futuras.

Confiamos en que nuestras instituciones sí sigan defendiendo y velando por los derechos humanos y garantizando el derecho constitucional a un ambiente sano.

¡Que sigamos siendo un Estado de Derecho que fundamenta la democracia ambiental!

Adrián Martínez, Director, La Ruta del Clima.

Alicia Eugenia Vargas Porras, Viceministra Académica MEP 2014-2018.

Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la Presidencia 2014-2018.

Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602.

Edgar Gutiérrez Espeleta, Ministro de Ambiente y Energía 2014-2018, Enviado Especial de la UNCCD para América Latina y el Caribe.

Esteban Monge Flores, cantautor y gestor cultural.

Fabián Peñaranda Olmos, Campaña Escazú Ahora Costa Rica.

Fernando Mora Rodríguez, Viceministro de agua, mares, costas y humedales 2014-2018.

Gino Biamonte Castro, Presidente APREFLOFAS.

Irene Cañas Díaz, Viceministra de Energía 2014-2018.

Jonathan Navarro Picado, Director de Red Nacional de los Observatorios Ciudadanos del Agua.

Jorge Jiménez, Director General, Fundación MarViva.

María Suárez Toro, Escribana.

Mario Peña Chacón, Coordinador de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica.

Nielsen Pérez Pérez, Diputada De la República 2018-2022.

Patricia Madrigal Cordero, Viceministra de Ambiente 2014-2018.

Rafael González Ballar presidente de Justicia para la Naturaleza. Director del Posgrado en Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Raquel Sagot, Colectiva Orgánica.

Roberto E de la Ossa T, Presidente y Director General. Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica.

Sylvie Duran Salvatierra, Ministra de Juventud y Cultura 2014-2018, 2018-2022.

Yanina Soto Vargas, Ex Presidenta Ejecutiva IFAM 2014-2018.