Consolidar la independencia y la paz social

Independencia y paz social

El 15 de septiembre celebramos la independencia del colonialismo Español y la entrada en vigencia del Código de Trabajo.

Ambos hechos están relacionados por su extraordinaria importancia: la independencia porque abrió las puertas al desarrollo del Estado Nación soberano y el Código porque establece un marco normativo muy avanzado de las relaciones obrero-patronales, fuente principal de la paz social.

Antes de la existencia del Código, las relaciones entre el Capital y el Trabajo estaban normadas por el Código Civil, en un capítulo denominado “Arriendo de Servicios” en el que se regulaba la relación laboral de la misma manera que si se tratara de la adquisición y alquiler de “cosas”, como viviendas y bestias de carga, en clara contradicción con los derechos humanos.

El Código fue el resultado de la afortunada confluencia de varios factores: el Estado costarricense venía asumiendo mayores responsabilidades en materia de legislación social; la lucha tenaz de los sindicatos para mitigar el impacto de la crisis económica de 1929; el peso del Partido Comunista en la política nacional y su alianza inédita con el Calderonismo y la Iglesia Católica.

La promulgación del Código de Trabajo fue acompañada por la fundación de la Universidad de Costa Rica, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social y la incorporación de un nuevo capítulo sobre garantías sociales en la Constitución Política. Esta transformación, conocida como la reforma social, le dio una nueva faz al país y lo puso a la altura de las naciones más avanzadas del continente en materia social.

Desde que se aprobó el Código de Trabajo, han transcurrido 71 años y se hace necesario ajustar la legislación laboral a los nuevos requerimientos del siglo XXI. El mundo se ha transformado y nuestro país también, con nuevas exigencias producto de la globalización capitalista y su enorme impacto laboral, lo que implica adecuar las relaciones obrero-patronales a las necesidades de la época contemporánea.

Principalmente, se trata de equilibrar la inestabilidad y riesgos económicos, financieros y culturales, entre otros, derivados de las fuertes demandas de la competitividad marcada por la dinámica de grandes empresas transnacionales y en los desequilibrios financieros y macroeconómicos de las grandes potencias, que inciden de forma negativa sobre millones de personas, que operan sin una adecuada gobernabilidad internacional, que ordene y regule el quehacer de esas empresas y naciones, acentuándose la desigualdad entre las clases sociales.

Para Costa Rica —el hecho crucial al asumir los desafíos que plantea la globalización para incrementar su productividad y competitividad—, consiste en mejorar esas capacidades sin demérito de los derechos de las personas trabajadoras y de las relaciones obrero-patronales positivas y con un concepto constructivo que deben prevalecer.

En el marco de la globalización debemos gestar una política de empleo y salarios sin menoscabo de las personas trabajadoras y sus familias. Ni la competitividad ni la productividad deben darse explotando a la clase trabajadora.

Costa Rica ha cambiado y ha crecido, pero las respuestas para ajustar las condiciones laborales no avanzaron tan rápidamente como si lo hicieron los sistemas de administración de justicia. Fue así como en el año 2005 surge, del propio seno del Poder Judicial, la propuesta de hacer una reforma procesal laboral para establecer mejores condiciones para que las personas trabajadoras y la parte patronal solventen diferencias en la lucha por sus derechos. Esta propuesta se plasmó en el proyecto de Ley No. 15.990, que es la esperanza de contar con acceso a la justicia pronta y cumplida.

Como hace 71 años, la paz social y el progreso de las y los costarricenses demandan una reforma que mejore la relación de las personas trabajadoras y sus patronos en sus mecanismos de discusión diario por sus derechos, tales como las declaratorias de huelga entre otros, a fin de equilibrar esos procedimientos, garantizando a la ciudadanía que los servicios públicos y estratégicos de la economía nacional podrán tener continuidad y seguir desarrollándose.

Junta Directiva

Septiembre de 2014

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Enviado a SURCOS Digital por SITRAPEQUIA.

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