Isabel Ducca D.
Aportes para una discusión
Para una memoria de la huelga
Este trabajo pretende señalar algunos de los ejes que constituirían una memoria de la huelga contra el Proyecto de ley 20580, conocido popularmente como el Combo Fiscal. Por lo tanto, no se considera una memoria sino una contribución para lo que debería de ser un estudio más completo y sistemático. Aquí se recogen algunos aspectos esenciales con el objetivo de que no se pierdan, en las naves del olvido, los incidentes más vistosos de una guerra mediática contra los sindicalistas y toda aquella persona que se declarara en contra del plan fiscal. Así como los montajes para ensalzar aquellos funcionarios que se sometieron fielmente a los dictados urgentes de los evasores fiscales y del gran capital, auspiciados por el Fondo Monetario Internacional.
Desde nuestra perspectiva, la sociedad costarricense fue sometida, al igual que en el año 2007, a un chantaje emocional para presionarla a aceptar una reforma fiscal que beneficiaba a los especuladores, las grandes empresas y los evasores. Tal como sucedió para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, los costarricenses fuimos bombardeados con misiles ideológicos para descartar cualquier alternativa diferente a la que los neoliberales, siempre gananciosos, deseaban imponer.
Se realiza un seguimiento, lo más minucioso posible, de los escenarios oficiales para ir observando cómo se construye la Verdad Oficial. Dicha verdad no es más que la óptica desde la cual se centra la atención de la opinión pública para desatar una guerra entre los buenos y malos. Como el neoliberalismo ha centrado sus conquistas en los bienes públicos y en los recursos naturales para ponerlos al servicio de su codicia, se hace pasar como la oveja candorosa e ingenua que solo piensa en el bienestar general, mientras apunta con dardos envenenados contra quienes se oponen y denuncian la rapacidad y corrupción de sus políticas. Las cuales se pueden resumir en poner toda la institucionalidad pública a su servicio, cuando así conviene; o bien, destruirla para privatizar los servicios esenciales como la salud, la educación, la energía, la vivienda u otros.
Esa descripción tan detallada de la forma en que la prensa comercial adoctrina y manipula, puede resultar aburrida o cansada de leer. Pero es imposible criticar o descartar esas afirmaciones oficiales, si no se realiza una detenida y concienzuda lectura de los temas que la agenda oficial impone. No se puede, sin caer en falsificaciones, establecer cómo se construye y difunde la verdad oficial, sin realizar una comparación entre los mismos medios, o sin visualizar el tono y la forma cómo los representantes de la oficialidad inducen a una campaña de odio y temor contra quienes denuncian sus atropellos.
Esa primera parte se ha llamado: ¿Cómo se construyen las verdades oficiales? Se inicia con un cuestionamiento a la objetividad de la prensa comercial. Luego se analiza un artículo de El Financiero del 30 de julio con que se inauguran las descalificaciones a unos y las advertencias a otros. En síntesis, el texto se puede leer como una macro advertencia a la elite política y empresarial acerca del potencial justiciero que llevaba la propuesta sindical. Después, se estudia el montaje de la prensa como si se tratara de un drama. El acto primero está demarcado por quién o quiénes dirigen y protagonizan la escena social. Con la aparición de los buenos de la película, se definen también los malos de la misma, hacia quiénes deben ir dirigidos los disparos.
Posteriormente, cabe el protagonismo al presidente Carlos Alvarado; la manera como en su discurso del 9 de septiembre, se convierte en eco de las directrices de la Uccaep y el editorial de La Nación; mientras enarbola la ficción del diálogo, proclama, autoritariamente, el silencio social pues espera obediencia ciega a sus dictados, tal como él lo ha hecho con sus superiores. Continuando con el mismo actor, se pasa a confrontar los ideales de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos del Partido Acción Ciudadana con la protección que esta administración le ha otorgado a Edna Camacho, protagonista de un escándalo que beneficiaría a su marido.
El escenario cambia de luces para enfocar con el dedo inquisidor a los violentos con sus actos de barbarie, aunque no existan más que en la imaginación de los periodistas de los noticieros o del ministro Soto. La dramaturgia construye héroes que viajan en helicóptero para salvar a la patria con una antorcha, caída del cielo. Un culebrón al mejor estilo de la cursilería de las telenovelas mejicanas, se desarrolla para el día de la Independencia. Los violentos atentan contra las vidas de miles de personas, según, el ya nombrado actor de telenovela, ministro Soto y su asistente Alejandro Muñoz para exhibir como trofeo de guerra a un obrero de Recope, autor de un supuesto atentado. En este caso, el verbo suponer se convierte, por arte de magia, en afirmación rotunda y “veraz”.
Curiosamente, después de la gran marcha llamada de los gatos, los violentos vuelven a irrumpir en escena protagonizando otro acto de vandalismo. Retornan los atentados contra vidas humanas, esta vez el marco ya no es el sector energía, sino la salud. Los quirófanos del San Juan de Dios fueron secuestrados; una vez más el verbo suponer es alquímicamente transformado en afirmación contundente y “real”.
Aunque el seguimiento ha pretendido desenmascarar la violencia oficial contra los huelguistas y el ocultamiento de la propuesta sindical, se consideraría incompleto el trabajo, si no se incluyera la otra cara de las verdades oficiales. Por esa razón, la segunda parte se ha llamado Las otras verdades; recoge algunos puntos de vista que la oficialidad oculta, da las versiones de algunas de las víctimas, con el fin de aclarar cómo viven el drama social algunas de las personas que están en la línea de fuego, desde donde reciben los ataques continuos de la prensa, las autoridades y los mismos ciudadanos.
Se ofrece una versión cualitativamente diferente acerca de lo que significa el término sindicato desde la perspectiva jurídica. Desde esa visión, resulta ser que el sindicato más poderoso de Costa Rica es la Uccaep – Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada–. También, se cuestiona la transparencia tan “cacareada” del PAC con las actuaciones del Ministerio de Hacienda, encabezado por la ministra Rocío Aguilar y algunos subalternos quienes reciben un salario pagado por el pueblo pero trabajan con mística y dedicación para favorecer a los grandes evasores fiscales.
El caso de Carlos Andrés Pérez, el trabajador de Recope, acusado por sabotaje, se visualiza desde dos enfoques complementarios. Por una parte, se reseña el análisis de tres penalistas que estuvieron en el programa de Canal 13 dirigido por Laura Martínez. Estos abogados discutieron acerca del fallo del Tribunal de Apelaciones del Juzgado de Goicoechea que acogió la apelación de la condena dada por un juez de Limón a finales de noviembre del 2018. El fallo del juez de Limón fue calificado por estos juristas como “mamarracho jurídico”, producto de ignorancia supina y de la corrupción del sistema judicial. Por otro lado, se recoge la versión de la víctima quien fue acusado y juzgado como saboteador por haber intentado prevenir una catástrofe en las instalaciones de Moín.
Como los medios de comunicación denigraron sistemáticamente a los educadores huelguistas, además, difundieron hasta la saciedad el caso de algunos de ellos que viajaron fuera del país durante la huelga, nos pareció pertinente indagar acerca de las ocupaciones de estos educadores mientras protagonizaban una de las huelgas más largas en la historia costarricense. La Asociación Nacional de Educadores –ANDE- posibilitó el trabajo con unos setenta representantes de todo el país para recoger lo que fue su experiencia. Esos testimonios constituyen, tal vez, el aporte más emotivo y caluroso de esta investigación.
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