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Etiqueta: huelga

Francia: estudiantes y sindicatos tomarán la Bastilla

Instituto Sindical de Formación Democrática

Hoy resuena La Marsellesa en las calles de París, no como ritual oficial, sino como grito revolucionario que de nuevo reclama la República. La melodía, que es himno oficial, hoy se convierte en canto de insurrección. Y junto a ella, la bandera francesa ondea en las marchas: no como adorno protocolario, sino como río de telas rojas, blancas y azules que se mezclan con pancartas estudiantiles y estandartes sindicales. La República, arrebatada por las políticas antisociales de austeridad y la represión, vuelve a ser reclamada por su propio pueblo.

Desde mediados de septiembre de 2026, Francia vive una nueva insurrección de la dignidad. Lo que empezó como bloqueos en los liceos de Créteil y Bretaña —por aulas saturadas, techos que se caen y profesores ausentes— se ha convertido en un movimiento nacional que sacude universidades, sindicatos y plazas públicas. Entre el 15 y el 17 de septiembre, los estudiantes encendieron la chispa: exigieron más docentes, menos hacinamiento y edificios dignos. Los sindicatos de educación respondieron con huelgas el 21 de septiembre, y pronto se sumaron los del sector público. La protesta dejó de ser solo educativa: se convirtió en una denuncia contra la austeridad y el abandono social. Como una represa que intenta contener el cauce de un río desbordado, el poder levantó muros de silencio y represión; pero cada obstáculo anuncia la inundación.

Entre el 28 y el 30 de septiembre, la tensión escaló. Hubo enfrentamientos, incendios y más de 600 detenidos. El 1 de octubre, las universidades —Sorbonne, Lyon, Rennes— se unieron al paro, y la policía respondió con más de 1.900 arrestos en un solo día. Para el 10 de octubre, el balance era brutal: más de 5.000 detenidos, cientos de heridos, y un gobierno que promete “medidas rápidas” mientras la represión se intensifica. El Estado, que debería tender la mano como un puente de justicia, prefirió el garrote: disparó perdigones contra estudiantes, arrastró jóvenes por el suelo y golpeó profesores en las marchas. Pero cada golpe, cada arresto, cada perdigón, lejos de apagar la protesta, la convierte en río desbordado que anuncia nuevas inundaciones de dignidad.

El martes 13 de octubre, la Bastilla vuelve a ser símbolo. Estudiantes y sindicatos marchan hacia esa plaza histórica, no como gesto nostálgico, sino como reedición de la memoria revolucionaria. La Bastilla de hoy no son muros de piedra, sino las estructuras de un sistema que pretende domesticar la dignidad. Y como en 1789, la multitud se levanta para recordar que la libertad no se concede: se conquista en la calle, al ritmo de un himno que ya no pertenece al Estado, sino al pueblo que lo canta bajo una bandera que ha dejado de ser oficial para convertirse en estandarte de insurrección.

Unión Sindical de la CCSS resalta la unidad y dignidad de la clase trabajadora de la institución en defensa de sus derechos

Comunicado

La Unión Sindical de la CCSS destaca con firmeza el espíritu de lucha, dignidad y unidad demostrado por la clase trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social, tras la reciente jornada de huelga y búsqueda de acuerdo con autoridades institucionales.

A pesar de que la reunión había sido previamente acordada, la ausencia injustificada de la Gerencia Administrativa evidenció, una vez más, la falta de voluntad para atender las legítimas demandas laborales y salariales que enfrenta el personal de la institución. Sin embargo, lejos de debilitar el movimiento, esta situación fortaleció la convicción de las y los trabajadores en la defensa de sus derechos.

La USCCSS resalta que la jornada estuvo marcada por una demostración ejemplar de conciencia, organización y madurez por parte de la clase trabajadora, que comprende con claridad las condiciones adversas que enfrenta y la necesidad de responder con unidad y firmeza.

“La dignidad de la persona trabajadora no se negocia. Hoy quedó claro que los derechos se defienden en colectivo y que solo mediante la unidad se pueden conquistar y consolidar”, fue el mensaje de la dirigencia sindical que llegó a negociar un acuerdo.

Asimismo, se informó que se ha solicitado una nueva reunión para el próximo 8 de abril, en la cual se espera la participación de la Presidencia Ejecutiva, miembros de la Junta Directiva y las gerencias respectivas, con el objetivo de exponer de manera directa la posición de la unidad sindical y las demandas urgentes de la familia trabajadora de la CCSS. La dirigencia sindical no descarta nuevas acciones si a esa fecha no hay una apertura democrática de diálogo.

La USCCSS hace un llamado a mantener la organización, la unidad y la movilización consciente, como herramientas fundamentales para garantizar el respeto a los derechos laborales y la justicia salarial.

¡La unidad sindical es la fuerza de la clase trabajadora!

SITRAIBANA en huelga: la lucha contra el despojo laboral y la complicidad del poder

Lic. H. Lenin Hernández Navas
Presidente de UAS

Las plantaciones de banano han sido testigos de décadas de esfuerzo, donde el sudor de quienes trabajan la tierra ha sostenido la economía de un país que, paradójicamente, les da la espalda. Hoy, en Bocas del Toro, la esperanza se ha transformado en resistencia. La huelga de SITRAIBANA no es solo una protesta por derechos laborales, es un grito colectivo contra el saqueo disfrazado de reforma.

Chiquita hace dumping social: cosechando riqueza, sembrando desigualdad

Las grandes empresas bananeras han perfeccionado el arte del despojo. Como cíclopes que devoran el esfuerzo ajeno, han encontrado en el gobierno un aliado que cede ante cualquier presión. No es la primera vez: lo vimos en el caso del canal, en la mina que amenazaba el medio ambiente, y ahora en el ataque directo a derechos esenciales de los trabajadores y trabajadoras.

Las empresas alegan que los cambios son necesarios para mejorar la productividad, pero en la práctica, solo perpetúan un sistema de explotación que maximiza sus ganancias a expensas del bienestar de quienes trabajan la tierra. Es una vieja practica de esa empresa, hace varias décadas dejaron abandonadas 42 plantaciones en la zona sur de Costa Rica fronteriza con Panamá y miles de trabajadores quedaron a la deriva generando una crisis que se le atribuyo al sindicato. Con la privatización del muelle de Limón, la empresa de un día para otro cierra dejando a cientos de trabajadores de Chiquita sin trabajo.

La ética empresarial y la complicidad del gobierno

La ética empresarial en el sector bananero ha sido históricamente cuestionada. La búsqueda de maximizar ganancias ha llevado a prácticas de explotación laboral, evasión de responsabilidades sociales y manipulación de leyes para reducir costos que constituyen un dumping social. Pero lo más alarmante es la extraña coincidencia entre esta ética empresarial y la postura del gobierno y los tribunales de trabajo que olvidan su función tutelar. Fue por eso que Francisco Smith, secretario general de SITRAIBANA indicaba: «Nos vamos a la calle, ya basta de burlas, vamos a pelear por nuestros derechos» y hoy se mantienen en huelga estos trabajadores, mayoritariamente del pueblo originario Ngäbe y Bugles, a quienes estas fincas les fueron expropiadas hace un siglo a ambos lados de la frontera, pues son los habitantes originarios de estos territorios. El gobierno, lejos de actuar como un regulador imparcial, ha demostrado ser un facilitador de estas prácticas. En lugar de proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ha cedido ante las presiones de las empresas, permitiendo reformas que afectan la jubilación anticipada y precarizan aún más el empleo en el sector bananero.

Solidaridad con el pueblo panameño: una lucha que trasciende fronteras

La huelga de SITRAIBANA no es un hecho aislado. Se suma a más de un mes de protestas en Panamá, donde diversos sectores han salido a las calles a exigir justicia, enfrentando represión y violencia estatal. Los pueblos indígenas, que representan la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Chiquita, han sido víctimas de un martirio silencioso, resistiendo en condiciones extremas mientras defienden sus derechos y su dignidad.

La solidaridad con SITRAIBANA y con el pueblo panameño es más necesaria que nunca. Esta lucha no es solo de quienes trabajan en el banano, sino de todos los sectores vulnerados por la complicidad del poder.

Costa Rica y Panamá no pueden seguir construyendo su futuro sobre la espalda agotada de sus trabajadores y trabajadoras. Un país no se mide por sus exportaciones, sino por la dignidad de quienes hacen posible cada cosecha.

Poner a los pobres en la agenda

Manuel Delgado

Decía la presidenta de México Claudia Sheinbaum que “lo que no se nombra, no existe”. Y, efectivamente, una manía de la ideología oficial es ocultar, invisibilizar, porque de esa manera los problemas que no se mencionan salen de la agenda social. Muchos de los mensajes políticos, documentos de índole social, prospectos de programas de unidad popular y otros, no son deficientes por lo que dicen, o solo por lo que dicen. Su mayor deficiencia es lo que no dicen, lo que pretenden mantener en el olvido.

De la pobreza se habla porque sencillamente no se puede dejar de hablar, pero se le trata de manera general y semiescondida, envuelta en un tumulto de otros temas que le atañen solo de lejos. El gran tema de la pobreza, que consiste en la mala distribución de la riqueza, en el acaparamiento del tesoro por parte de unos pocos y el reparto de las migajas para el resto, ese tema nunca se menciona.

Y este, y no otro, es el tema esencial, la piedra nodal, de nuestra sociedad. Si en algo queremos cambiar este país, hay que comenzar por allí. Una mejor distribución de la riqueza es la puerta que abre el camino a la solución de todos los demás problemas.

¿Cómo acometer esa tarea de distribuir la riqueza? No creo que a eso se pueda responder en una frase, pero podríamos mencionar varias. La primera es que hay que elevar los salarios, en especial los de la empresa privada, que son los que se han quedado más rezagados. Debe instaurarse un sistema de salarios crecientes, ajustables no a la inflación sino al aumento de la productividad y la producción, al incremento del producto interno bruto. Segundo, hay que dotar al trabajador de herramientas eficientes para la defensa de sus derechos, en particular de sus sueldos. Lo principal en esto es la protección y el fomento de los sindicatos y otras asociaciones de trabajadores, así como la tutela de sus derechos a negociación colectiva y a huelga.

Parte de estos salarios individuales son las prestaciones sociales y, muy especialmente, las pensiones. Hay que defender el derecho a la pensión, que incluye una reducción y no un aumento, de la edad de retiro y, al mismo tiempo, un aumento y no una reducción de los beneficios. La derecha nos ha atosigado con la vergüenza de las pensiones de lujo, pero nada dice de la vergüenza de las pensiones miserables con las que tiene que hacer frente un enorme porcentaje de la población de tercera edad. Hay que acabar con esas pensiones vergonzosas, vergonzosas por bajas, y darle a nuestra población el derecho a una ancianidad digna. Pero ninguna de estas cosas debe hacerse a costa de los mismos trabajadores.

En una época en que la estructura etaria de la sociedad ha cambiado tanto, ya no puede seguir rigiendo el principio de que sean los trabajadores activos los que sostengan los beneficios de los pensionados. Por el contrario, esa tarea debe ser de toda la sociedad, es decir, del estado, del fisco, que debe ser financiado por impuestos cada vez más progresivos.

Yo no creo correcto que volvamos a insistir en dedicar un porcentaje IVA a esta tarea. Tampoco, que se le pongan impuestos (es decir, tomarle parte de sus ganancias) a las empresas estatales. Eso es recurrir una vez a la vieja manía de repartir los impuestos indirectos, en pasarle el fardo a los trabajadores. Así, por ejemplo, una norma para que el ICE entregue parte de sus utilidades al régimen pensiones redundará, más tarde o más temprano, en un alza de las tarifas de los hogares.

Este último tema es la otra gran clave para redistribuir la riqueza: urge una reforma fiscal profunda, que cobre impuestos a los grandes capitales y libere a los pobres del pago de impuestos. Al mismo tiempo, deben acabarse la evasión y elusión fiscales, de los que todos saben y acerca de lo que también se habla cada vez menos. Ambas cosas todos las sabemos, solo que ahora parece que hemos entrado en una época de pánico donde el asunto no puede siquiera mencionarse. Tememos molestar al capital, que sueña con vivir feliz y en paz, amasando sus millones día con día. Sobre todo, creo que nos da miedo a que nos tilden de extremistas o de comunistas, lo cual no sería del todo descabellado.

Una cuestión fundamental que debe ocupar lugar relevante en una agenda de reforma social es revertir las leyes del gobierno de Alvarado y sus aliados, las cuales empobrecieron a los trabajadores y mantienen sometida a la parálisis la función pública. El llamado plan fiscal queda incluido en lo que ya dije, pero hay que repetir que esa ley ultrarregresiva les restó enorme poder adquisitivo a las clases trabajadoras, además de que complicó enormemente la administración tributaria. Lo mismo puede decirse de la norma fiscal, acerca de la cual no hace falta evaluar nada: todos sabemos que ha hecho un enorme daño a las instituciones del estado y ha hecho retroceder décadas la labor social del estado. Hay que mandar al cajón del olvido la ley de empleo público, y proceder a una reforma verdadera, profunda y, sobre todo, humana, del empleo público y del aparato estatal. Por supuesto, queda dicho, hay que devolverles a los trabajadores su derecho a organizarse y a manifestarse. Hay que descriminalizar la protesta social.

Un programa de acción social y política constaría de muchos puntos más, porque la sociedad es un ente muy complejo y porque los problemas no se han atacado desde hace tiempo, haciendo que la sociedad se deteriore en muchos campos. Pero esta línea central de reforma económica, de distribución de la riqueza y fiscal, la única ruta que puede abrir camino a las otras reformas, al rescate de la Costa Rica solidaria y a un futuro de justicia y progreso.

UNDECA denuncia manipulación y sesgo en reportes de huelga del 31 de octubre de 2024

La Unión Nacional de Empleados (UNDECA) ha denunciado que, tras la huelga convocada por la Unión Sindical de la CCSS el 31 de octubre de 2024, varios trabajadores que participaron han sido registrados en la plataforma SIPE bajo el concepto de Permiso Sin Goce de Salario (PSGS) sin solicitud ni autorización de sus jefaturas.

Según UNDECA, esta acción administrativa es ilegal, ya que el trámite requiere la solicitud del trabajador y la aprobación de la jefatura, lo cual no se ha cumplido, vulnerando los derechos de los empleados.

Debido a que estos reportes se hicieron violando normas y procedimientos, UNDECA solicita que se instruya a las unidades de la Caja Costarricense de Seguro Social para dejar sin efecto de manera inmediata los reportes realizados como PSGS, que consideran violatorios del ordenamiento jurídico.

Pueden leer la denuncia completa en el siguiente enlace https://undeca.cr/2024/11/01/undeca-denuncia-manipulacion-y-sesgo-en-reportes-de-huelga-del-31-de-octubre-de-2024/ 

UNDECA / BUSSCO: ¿Por qué las listas de muerte? La Salud Pública debe ser un derecho de todos

Los dos afiches compartidos tratan sobre una protesta relacionada con la situación de la salud pública en Costa Rica y las deudas que el gobierno tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). A continuación, se resume la información principal de ambos afiches:

El primer afiche señala que la salud pública debe ser un derecho de todos, enfatizando la demanda del pago de una deuda de 4 billones de colones. El mensaje central es «¡Exijamos!», haciendo un llamado a la acción para reclamar el pago de esta deuda. Se menciona una huelga programada para el jueves 31 de octubre, organizada en tres turnos y dirigida a los trabajadores para que se organicen en sus centros de trabajo. El afiche presenta los logos de UNDECA y BUSSCO, dos organizaciones involucradas en la movilización, reflejando la unidad sindical y social en la defensa de la salud pública.

El segundo afiche cuestiona la razón de las listas de espera en los servicios de salud, las cuales se califican como «listas de muerte». Se enumeran problemas como la falta de personal, medicamentos, equipo, infraestructura y camas. Estos problemas se atribuyen a la deuda que el gobierno mantiene con la CCSS, la cual supera los 4 billones de colones. La frase «Porque el gobierno no le quiere pagar a la CCSS» responsabiliza directamente al gobierno de la crisis. Se incluyen imágenes de personas esperando en los pasillos de centros de salud, destacando la gravedad de la situación. Al igual que en el primer afiche, se observan los logos de UNDECA, «Somos Gente de Salud» y BUSSCO, junto con un mensaje final: «¡No más corrupción y saqueo de la CCSS!».

Ambos afiches buscan movilizar a la población para exigir el pago de la deuda que el gobierno tiene con la CCSS, subrayando la crisis que esto ha generado en el sistema de salud pública, incluyendo la escasez de recursos básicos y el deterioro de la atención a los pacientes.

Huelga en la Municipalidad de Abangares: La verdad y la justicia se impuso

En un reciente video titulado “Huelga en la Municipalidad de Abangares: La verdad y la justicia se impuso”, Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, junto con Roy Chaverri Chacón, asesor sindical, celebraron el triunfo de los trabajadores de la Municipalidad de Abangares tras una huelga de dos días.

Vargas Barrantes subrayó que esta lucha fue justa y que la ley anti huelga, congelada por una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la ANEP, no representó un obstáculo para el movimiento. Por su parte, Chaverri Chacón explicó que un reciente fallo judicial confirmó que la jueza a cargo actuó de forma incorrecta, lo que permitirá que se reviertan los descuentos salariales aplicados a los trabajadores. Ambos reafirmaron que este fallo es una lección de que “cualquier grupo de trabajadores puede hacer huelga cuando enfrenta injusticias”.

Le invitamos a ver el video completo para conocer más detalles sobre esta importante victoria para los derechos laborales en la comunidad de Abangares.

La democracia del crustáceo y el síndrome Shakira

Manuel Hernández

El Estado Social y Democrático, más allá del Estado Liberal de Derecho, no solo consagra las libertades civiles, sino que, además, reconoce las libertades democráticas y garantiza la realización de los Derechos Fundamentales, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Aquel modelo de Estado asegura el ejercicio de esos derechos, interviniendo el tejido social y económico, mediante la ejecución de políticas y acciones públicas, con la finalidad de alcanzar la libertad y la igualdad real de las personas, y resolver los conflictos sociales, desde la perspectiva de la solidaridad y la justicia social.

La legitimidad del Estado Democrático se radica en el cumplimiento de esos intereses y valores superiores.

Un Estado que no cumple esas expectativas pierde legitimidad democrática.

La educación, sin duda, constituye un derecho fundamental de cualquier ordenamiento democrático.

Nuestra Constitución Política no se limitó a declarar la gratuidad y obligatoriedad de la educación, costeada por el Estado.

Con el propósito que ese cometido no se convirtiera en una mera declaración poética, la misma Constitución instrumentó un dispositivo tendiente a darle sostenibilidad presupuestaria a la educación pública, a merced de las sucesivas reformas de su artículo 78.

En un primer momento, a finales del siglo pasado (1997), se enmendó esa norma constitucional, asignándose a la educación pública un presupuesto mínimo del 6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El legislador constituyente no se conformó con ese porcentaje, y varios años después, en 2011, con el objetivo de fortalecer la educación, volvió a reformar la norma constitucional, incrementando en dos puntos porcentuales la asignación presupuestaria, llevándola a un mínimo del 8% del PIB.

Desafortunadamente, la trascendental reforma ha sido impunemente violentada, año tras año, en virtud de que el legislador presupuestario nunca le ha fijado a la educación ni siquiera el porcentaje mínimo que ordena el precepto constitucional.

Por contrario, principalmente, en los últimos cuatro años, la asignación presupuestaria decrece cada vez más, llegándose a fijar una partida muy por debajo, ya no de la última reforma constitucional, sino del 6% de PIB.

Para el próximo período 2025, se estima que la asignación será todavía más deficitaria, marcando ya un punto de inflexión inasumible.

Este insufrible retroceso de los recursos destinados a la educación pública tiene gravísimas consecuencias en el desarrollo económico, social y humano del país, afectando intensamente la condición de los sectores más vulnerables.

Por desventura, ese retroceso no solo erosiona dicho derecho fundamental, sino que también han corrido la misma suerte, otros derechos fundamentales y libertades democráticas, entre ellos la huelga y la negociación colectiva.

El Estado Social y Democrático se viene trasmutando en la democracia del cangrejo, cuyo proceso regresivo aceleró obscenamente la Regla Fiscal, manifiestamente contraria a la Constitución.

Pero, la democracia del crustáceo ha tenido de compañera de viaje, de la mano, sin la cual no hubiera sido posible que involucionara hasta ese punto de retroceso, la pasividad y hasta la indiferencia de la ciudadanía, como si la bronca no fuera con nosotros, contra nosotros, cuya ciudadanía está siendo disciplinada por un bellaco, “outsider” y esmirriado jaguar.

Una ciudadanía, desde el punto de vista político, que sufre el síndrome Shakira: ciega, sorda y muda.

Antón Chéjov respondiendo un cuestionamiento acerca de la “sociedad fallida”, manifestó que la democracia no se adecua a una sociedad de ignorantes, en la que la mayoría ignorante decide su porvenir.

¿Será qué nos convertimos en una “sociedad fallida?”

La pregunta que me formulo, y quiero compartir con ustedes, es la siguiente: ¿Estaremos aun a tiempo de recuperar la democracia?

Y hasta aquí llego, porque como se lamenta la canción de Shakira: “Se me acaba el argumento y la metodología.”

ANEP convoca a huelga el 28 de agosto de 2024

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) anuncia una huelga el 28 de agosto de 2024, y en las regiones el 29 de agosto, en protesta contra el congelamiento salarial.

Advierten que, si no se actúa, en 2025 se enfrentarán al sexto año consecutivo sin un reajuste salarial.

Durante la huelga, las oficinas estarán cerradas, e invitan a unirse a la protesta. Le invitamos a ver el video de ANEP con el llamado a huelga.

Corte Interamericana de Derechos Humanos emite opinión consultiva sobre derechos laborales

El alto órgano se pronunció sobre los siguientes aspectos:

a) El alcance de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, su relación con los derechos a la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho de reunión y el derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias;

b) El contenido del derecho de las mujeres de ser libres de toda forma de discriminación y violencia en el ejercicio de sus derechos sindicales;

c) El deber del Estado para proteger la autonomía sindical y garantizar la participación efectiva de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales; y

d) El alcance de las obligaciones del Estado respecto a garantizar la participación de los sindicatos en el diseño de las normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en contextos de cambios en el mercado de trabajo mediante el uso de nuevas tecnologías.

El comunicado de la Corte dice:

San José, Costa Rica, 20 de julio de 2021.- El 5 de mayo de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva sobre los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, la cual fue notificada el día de hoy. Dicha Opinión Consultiva fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Puede encontrar el resumen oficial aquí.

La Corte realizó una interpretación sobre el alcance de la protección otorgada por los los artículos 26, 13, 15, 16, 24, 25, 1.1 y 2 de la Convención Americana, 3, 6, 7 y 8 del Protocolo de San Salvador, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención Belém do Pará, 34, 44, y 45 de la Carta de la OEA, y II, IV, XIV, XXI, y XXII de la Declaración Americana, en relación con la materia traída a consulta.

El Tribunal destacó que la libertad sindical debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, lo que incluye que estos gocen del derecho de creación y afiliación a las organizaciones que consideren convenientes, a una adecuada protección en el empleo contra todo acto de coacción directa o indirecta tendiente a menoscabar el ejercicio de la libertad sindical, y a desarrollar actividades sindicales. Asimismo, consideró que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y las trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses, por lo que los Estados deben abstenerse de intervenir en los procesos de negociación. Respecto al derecho de huelga, señaló que es uno de los derechos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras y de sus organizaciones, pues constituye un medio legítimo de defensa de sus intereses económicos, sociales y profesionales, por lo que los Estados deben proteger el ejercicio de este derecho a través de la ley.

La Corte abordó la relación que existe entre la libertad de asociación, el derecho de reunión, la Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH_CP-47-2021 Español libertad de expresión, la libertad sindical y la negociación colectiva y su consecuencia sobre los contenidos del derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. En ese sentido, señaló que la protección de la libertad sindical cumple una importante función social, pues la labor de los sindicatos y de otras organizaciones de empleadores y empleadoras y trabajadores y trabajadoras permite conservar o mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y las trabajadoras, y en esa medida su protección permite la realización de otros derechos humanos. De esta forma, la libertad sindical es fundamental para permitir una adecuada defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, incluido su derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. Al tiempo, la garantía de los derechos de reunión, asociación y expresión resultan fundamentales para el ejercicio de la libertad sindical.

Por otro lado, el Tribunal enfatizó que no cabe duda que existe una prohibición expresa a realizar cualquier conducta que pueda ser considerada discriminatoria respecto del ejercicio de los derechos sindicales de las mujeres. Sin embargo, advirtió que los Estados deben adoptar aquellas medidas positivas necesarias revertir o cambiar situaciones discriminatorias, lo cual requiere al Estado avanzar en la existencia de una igualdad real entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos sindicales. Estas medidas deben dirigirse a garantizar, entre otros, el derecho de las mujeres de igual remuneración por igual trabajo; la tutela especial de las mujeres trabajadoras cuando se encuentren embarazadas; el equilibrio de las labores domésticas entre hombres y mujeres; y prevenir la violencia y acoso sexual en el ámbito público y privado.

Finalmente, la Corte consideró que la regulación del trabajo en el contexto de nuevas tecnologías debe realizarse conforme a los criterios de universalidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente. Los Estados deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter, centradas en las personas, y no principal ni exclusivamente en los mercados, que respondan a los retos y las oportunidades que plantea la transformación digital del trabajo, incluido el trabajo en plataformas digitales. En específico, los Estados deben adoptar medidas dirigidas al reconocimiento de los trabajadores y las trabajadoras en la legislación como empleados y empleadas, y al pleno reconocimiento de los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga.

En el marco del proceso, que es ampliamente participativo, se recibieron 61 observaciones escritas por parte de Estados, organismos estatales, organizaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuos. Puede encontrar los escritos aquí. En el marco de la presente Opinión Consultiva, los días 27, 28 y 29 de julio de 2020 se celebró una audiencia pública de modo virtual, donde la Corte recibió las observaciones orales de 38 delegaciones. Puede acceder al video de la audiencia pública aquí.

La composición de la Corte para esta Opinión Consultiva fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito (Presidenta); Juez Patricio Pazmiño Freire (Vicepresidente); Juez Eduardo Vio Grossi; Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot; Juez Humberto Antonio Sierra Porto; Juez Eugenio Raúl Zaffaroni; y Juez Ricardo Pérez Manrique.