La Rectoría, la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA), tienen el gusto de invitar al público en general a unirse a la campaña:
«Ayuda solidaria a la comunidad de Alto Urén de Talamanca: honremos a sus mayores y celebremos a los niños.»
Desde el Campus Sarapiquí de la UNA, los invitamos a unirse a la campaña de recolección de insumos básicos para la comunidad de Alto Urén, ubicada en la cordillera de Talamanca. Esta comunidad carece de luz eléctrica y se demora 8 horas en llegar por las pronunciadas pendientes del recorrido; de ahí que resulta imposible llevar helados sin refrigeración, así como trasladar queques, los cuales llegarían destruidos por las dificultades del camino.
Con los permisos respectivos, este año los niños de la comunidad serán invitados por la comunidad de Amubri, específicamente por el Centro Cultural Tsaira Urki, quien acogerá a estos niños y a sus familias, durante algunos días para celebrarles el Día del Niño, el lunes 09 de setiembre de 2024. Para la celebración las personas interesadas pueden aportar obsequios como piñatas, dulces, bolsitas y otros alusivos.
¿Qué estamos recolectando?
Alimentos no perecederos de la canasta básica y productos enlatados.
Implementos de cocina: recipientes en plástico o aluminio: palanganas, platos, vasos, tablas de picar, cucharones, entre otros.
Prendas y accesorios: Botas de hule para niños y adultos
Medias de fútbol para utilizar con las botas.
Pañuelos típicos, bolsos de tela, colas, prensas y lazos.
Artículos escolares: plasticina, libros de colorear, bolsos escolares, lápices de color, hojas de colores, marcadores y tizas.
Las personas interesadas en colaborar pueden contactar a Ana Patricia Vásquez, académica del Campus Sarapiquí de la UNA al teléfono: 8379-115 o bien directamente en el Campus Sarapiquí de la UNA, ubicado en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El pasado 28 de junio del 2024, España presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una solicitud formal de intervención en el caso que opone Sudáfrica a Israel: el texto del comunicado oficial de la CIJ se encuentra disponible en francés y en inglés.
La solicitud formal de intervención de España, que se fundamenta en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ,C está desde ya disponible en este enlace.
La solicitud de España en breve
En las 15 páginas del texto de su solicitud, España refiere a la interpretación de varias disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 que, como Estado Parte de la misma, pretende que sea tomada en cuenta por los jueces de la CIJ a la hora de considerar el fondo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel.
En la página 6 se lee que para España, la intencionalidad de genocidio, sobre la que algunos Estados (cercanos a Israel) quieren que centre su análisis la CIJ , deberá ser complementada con otros criterios:
«24. In Spain’s opinion, precisely because direct evidence of genocidal intent is rare, it is crucial to interpret the do/us specialis requirement with a balanced approach that recognizes the singular gravity ofthe crime of genocide, without rendering the threshold for inferring genocidal intent so difficult to meet so as to make findings of genocide nearimpossible.
25. In this regard, Spain considers that the standard adopted by the Court in Croatia v. Serbia provides the basis for such a balanced approach. The Court highlights the central importance of reasonableness by observing that «[t]he notion of ‘reasonableness’ must necessarily be regarded as implicit in the reasoning of the Court,» not least to avoid an approach that would make it «impossible to reach conclusions by way of inference.» Thus, when determining whether specific intent can be inferred from conduct or not, one must weigh the evidence, and filter out inferences that are not reasonable. Put differently, the «only reasonable inference» test applies only between alternative explanations that have been found to be reasonably supported by the evidence«.
Como Estado Parte a la Convención contra el Genocidio de 1948, España busca hacer ver a los jueces de la CIJ que deberán también guiarse por las interpretaciones que mejor respondan al espíritu de dicha convención. Es por ello que solicita intervenir con base en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ, disposición que se lee de la siguiente manera:
«Artículo 63:1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados.
Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él«.
Se recomienda a nuestros estimables lectores la revisión completa de la solicitud de intervención de España, al contener el texto muchos otros puntos sobre los cuales España pretende llevar los jueces de la CIJ a reflexionar, al momento de analizar las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Cabe recordar que la «Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio» (véase texto) data de 1948 y, que algunas de sus disposiciones ameritan una interpretación evolutiva.
Una acción precedida por otras gestiones similares
La solicitud de intervención de España se añade a otras solicitudes de este tipo que tuvimos la ocasión de analizar previamente, a saber las solicitudes presentadas por los siguientes Estados:
– Palestina, que formalmente la presentó el pasado 3 de junio, basándose tanto en el Artículo 63 como en el Artículo 62: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: Palestina declara reconocer competencia de la CIJ y solicita intervenir«
– México (Artículo 63) que la presentó el pasado 24 de mayo del 2024 (véase texto): remitimos nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos en su momento sobre esta solicitud de México, titulada: «Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de México de intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«
– Libia (véase solicitud presentada el 10 de mayo del 2024).
– Colombia (véase solicituddel 5 de abril del 2024) y;
– Nicaragua, que optó por una vía mucho más difícil, al basar su solicitud de intervención en el Artículo 62 únicamente (véase solicitud de enero del 2024 en francés y en inglés): al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«.
La especificidad de la gestión de España
Es de notar que mientras que América Latina ha evidenciado tempranamente con Nicaragua desde enero del 2024 su apoyo a Sudáfrica ante el juez internacional de La Haya, no se puede decir lo mismo de otras regiones del mundo.
Con relación a Europa, España viene a constituirse en el primer Estado de Europa en acompañar a Sudáfrica en su contienda jurídica contra Israel iniciada el 30 de diciembre del 2023, recurriendo a un instrumento como la Convención contra el Genocidio de 1948: se trata de un instrumento multilateral al que son Estados Partes 153 Estados (véase estado oficialde firmas y ratificaciones).
Resulta sumamente sorprendente que España y solamente 4 Estados más – además de Palestina – consideren oportuno solicitar intervenir en este procedimiento, dadas las imágenes del drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
No está de más recordar que, ante otra jurisdicción internacional, la Corte Penal Internacional (CPI), tempranamente fueron los Estados de América Latina los que realizaron gestiones con carácter urgente ante la Oficina del Fiscal de la CPI, en aras de que ésta actuara con mucha mayor celeridad:
– el 17 de noviembre del 2023, ante acciones desproporcionales e indiscriminadas sobre la población civil de Gaza por parte de las fuerzas militares de Israel, Bolivia acuerpó a Sudáfrica con tres otros Estados, enviando una remisión («referral«) de carácter urgente a la CPI (véase textoque incluye la lista de signatarios en la que no figura ningún Estado de Europa);
– el 18 de enero del 2024, fueron de manera conjunta Chile y México quienes remitieron a la CPI un documento muy similar (véase texto).
Resulta de interés notar que el resultado de las elecciones en el Reino Unido del pasado 4 de julio posiblemente lleve a sus nuevas autoridades a desistir de una gestión de las autoridades británicas anteriores, tendiente a dilatar la decisión de la CPI sobre la solicitud de arresto de 3 dirigentes del Hamas y 2 dirigentes de Israel hecha por el fiscal de la CPI el pasado 20 de mayo (véase nota de The Guardian del 8 de julio del 2024): véase el texto de la declaración del 20 de mayo del Fiscal de la CPI, el texto de carta pública de la ONG Human Rights Watch del 10 de junio del 2024 emplazando a la autoridades británicas a explicar el motivo de esta gestión, y el texto de la decisión de una Sala de la CPI respondiendo al Reino Unido, con fecha del 27 de junio del 2024.
El reconocimiento de Palestina como Estado
En el caso de España, es de resaltar que recientemente, integró un grupo de Estados de Europa que decidieron reconocer unilateralmente a Palestina como Estado (véase comunicado oficial del 28 de mayo del 2024).
Se trata de un gesto diplomático al que se unieron Irlanda (véase comunicado oficial de la misma fecha), Noruega (véase comunicado oficial) y Eslovenia (véase comunicado del 4 de junio): con España, estos tres Estados europeos colocan a un lado la política de la Unión Europea (UE), que persiste en considerar que aún no es tiempo de reconocerle a Palestina la calidad de Estado.
El 21 de junio del 2024, Armenia que no es parte de la UE, optó por tomar una decisión similar reconociendo a Palestina como Estado (véase comunicado oficial).
Con relación a España, en noviembre del 2014 habíamos tenido la oportunidad de analizar una abrumadora votación en el seno del Congreso español solicitando el reconocimiento de Palestina: véase al respecto nuetra nota titulada «Congreso de España ‘insta’ a reconocimiento de Palestina como Estado«, publicada en el portal de DerechoalDia, en su edición del 21 de noviembre del 2014.
Resulta oportuno recordar que, al observarse el 18 de abril del 2024 en el seno del Consejo de Seguridad un único voto en contra (veto) por parte de Estados Unidos a una resolución solicitando la admisión de Palestina como Estado, fueron Estados anglófonos del Caribe quiénes decidieron desafiar abiertamente a Estados Unidos: Barbados anunció 24 horas después de este injustificable veto de Estados Unidos que reconocía a Palestina como Estado (véase nota de Caribbean News), Jamaica lo anunció el 22 de abril (véase comunicado oficial), Trinidad y Tobago el 2 de mayo (véase comunicado oficial de prensa) y Bahamas 7 de mayo (véase comunicado).
El desafío al liderazgo de Estados Unidos (y a Israel) de estos cuatro Estados del Caribe anglófono constituyó una poderosa llamada, que muy posiblemente, inspiró a otros Estados que aún persistían en no reconocer a Palestina como Estado, en particular los situados en el continente europeo.
Es probable que con estos nuevos 4 reconocimientos provenientes esta vez de Estados europeos, se observen varios reconocimientos adicionales de Palestina como Estado.
Cabe precisar que, en el hemisferio americano, conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, el único Estado que no reconoce a Palestina como Estado es Panamá: desde agosto del 2014, sus autoridades»evalúan» la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado (véase nota de la Estrella de Panamá de agosto del 2014).
A le fecha, Palestina es reconocida por 145 Estados en todo el mundo. Entre el reconocimiento de Barbados (19 de abril del 2024) y Armenia (21 de junio del 2024), se contabilizan un total de nueve reconocimientos. De manera a tener una idea de la dinámica iniciada por Barbados el 19 de abril del 2024, los nueve reconocimientos anteriores de Palestina como Estado se sitúan entre septiembre del 2011 (Grenada) y julio del 2019 (Saint Kitts y Nevis).
Con relación al veto de Estados Unidos registrado en el Consejo de Seguridad del 18 de abril, que de alguna manera desencadenó esta serie de reconocimientos recientes, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota al respecto, titulada, «El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones«, disponible aquí.
La insensatez del accionar israelí ante la justicia internacional
En el último informe de situación elaborado por Naciones Unidas (al primero de julio del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 27 June and 1 July, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 135 Palestinians were killed and 631 were injured. Between 7 October 2023 and 1 July* 2024, at least 37,900 Palestinians were killed and 87,060 were injured in Gaza, according to MoH in Gaza.
/…/
Between the afternoons of 28 June and 1 July, three Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October and 1 July, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, over 1,517 Israelis were killed, the majority on 7 October. These include 317 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,018 soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation. As of 1 July, it is estimated that 120 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld«.
Es de notar que en un reciente artículo con fecha del 27 de junio, un connotado experto militar francés en bombardeos aéreos advierte que las cifras sobre las víctimas mortales y personas heridas en Gaza son muy por debajo de la realidad en el terreno:
«Avec le trend actuel de 300 bombardements par jour, soit 9,000 morts par mois (le calcul de projection se base sur lebomb damage assesmentexpliqué dans l’article ci-dessous), le bilan de l’offensive Netanyahou se situe désormais entre 70 et 80 mille morts que l’état-civil de Gaza est incapable de suivre puisqu’il ne peut compter que les morts qu’il a enregistrés alors qu’il est totalement déstructuré«
(véase artículo titulado»Gaza : pourquoi Netanyahou fait tout pour empêcher un cessez-le-feu ?«).
Siempre con relación a las cifras de muertes en Gaza se lee en este reciente artículo publicado el 5 de julio del 2024 en la revista científica The Lancet y titulado «Counting the dead in Gaza: difficult but essential«, que es una cifra cercana a las 186.000 personas fallecidas las que se debería estimar en Gaza:
«In recent conflicts, such indirect deaths range from three to 15 times the number of direct deaths. Applying a conservative estimate of four indirect deaths per one direct death
to the 37 396 deaths reported, it is not implausible to estimate that up to 186 000 or even more deaths could be attributable to the current conflict in Gaza. Using the 2022 Gaza Strip population estimate of 2 375 259, this would translate to 7·9% of the total population in the Gaza Strip«.
Estas estimaciones sobre el drama indecible que se observa en Gaza son respaldadas, desde la misma Israel, por diversas manifestaciones de altos oficiales confirmando la comisión de crímenes de guerra y de actos de tortura contra prisioneros palestinos (véase, entre muchos, este documento interno del 26 de junio de un alto mando militar al Primer Ministro circulado en redes sociales así como este detallado artículo publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 sobre testimonios de personas palestinas detenidas en la base militar ubicada en desierto del Neguev, Sde Teiman, dado a conocer el pasado 27 de junio y titulado‘More horrific than Abu Ghraib’: Lawyer recounts visit to Israeli detention center. At Sde Teiman, Khaled Mahajneh found a detained journalist unrecognizable as he described the facility’s violent and inhumane conditions«).
Recientemente (3 de julio) expertos de Naciones Unidas denunciaron las detenciones en cárceles de Israel de personas palestinas oriundas de Cisjordania, sin ningun cargo, y ello desde largos decenios (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), al tiempo que Francia (véase comunicado) y Noruega condenaron de manera vehemente las nuevas colonizaciones de Israel en Cisjordania (véase comunicado oficial del 4 de julio de Noruega) así como México (véase comunicado), entre muchas otras reacciones oficiales.
El informe sobre la situación dramática para muchas familias palestinas en Cisjordania elaborado por Naciones Unidas al 3 de julio (véase informe) detalla la manera con la que las fuerzas de seguridad de Israel han aumentado significativamente la represión contra la población civil palestina, en sus tareas de apoyo a las exacciones que cometen…los colonos israelíes en Cisjordania. Se lee en este informe (cuya lectura completa se recomienda) que:
«Between 7 October and 1 July, 539 Palestinians, including 131 children, have been killed in the West Bank, including East Jerusalem; these include 522 killed by Israeli forces, ten by Israeli settlers, and seven where it remains unknown whether the perpetrators were Israeli soldiers or settlers. In addition, over 5,420 Palestinians have been injured in the same period, including about 830 children. More than a third of the total injuries were caused by live ammunition. During the same period, 14 Israelis, including nine members of Israeli forces and five settlers, were killed by Palestinians and at least 105 Israelis, including about 90 members of Israeli forces, were injured in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, during the same period, attacks by Palestinians from the West Bank resulted in the killing of eight Israelis and four Palestinian perpetrators in Israel«.
En Francia, un renombrado especialista en relaciones internacionales explicó recientemente (4 de julio) cómo el drama que se vive en Gaza y su tratamiento sumamente cuestionable por parte de la prensa gala ha condicionando las alianzas en el seno de la izquierda francesa, de cara a la segunda vuelta electoral realizada este 7 de julio (véase video de emisión titulada «Guerre de Gaza et élections législatives«). En su análisis, el experto destaca cómo el simple hecho de criticar los crímenes de guerra de Israel en Gaza ha sido interpretado – de manera totalmente errónea – por muchos sectores políticos como antisemitismo.
A modo de conclusión
Más allá de los círculos cercanos a Israel y su influencia en algunos medios de prensa en Francia (así como en muchas otras latitudes), no cabe duda que son muchos más los Estados Miembros de Naciones Unidas los que deberían estar llamados a activar los diversos mecanismos jurisdiccionales existentes en aras de frenar los ímpetus destructivos de Israel en Gaza: en Europa, pero también en África, América Latina, Asia o en la península arábica y en Oriente Medio.
Dado el indefectible apoyo que ha demostrado históricamente Europa hacia la consolidación de la justicia penal internacional, llama la atención la total ausencia de Europa en acciones ante la CPI: cualquier Estado europeo hubiera podido optar por una acción similar a título individual en sus gestiones ante la justicia penal internacional. Ninguno lo ha hecho al momento de redactar estas líneas (6 de julio del 2024).
Como si el drama indecible observado en Gaza por todos los Estados del mundo desde la tarde/noche del 7 de octubre no tuviese cómo interpelar de similar manera a cada uno de los Estados Partes al Estatuto de Roma, y que suman a la fecha 124 Estados, según el estado oficial de firmas y ratificaciones.
Es de señalar que este 7 de julio, la Foreign Press Association divulgó un comunicado exigiendo a Israel dejar a la prensa trabajar en Gaza y realizar investigaciones in situ para poder informar al mundo de lo que ahí realmente está ocurriendo (véase comunicado). Según el Committee for the Protection of Journalists, al 7 de julio, son 108 periodistas y comunicadores los que han sido deliberadamente asesinados por Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase informe).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com
El pasado 9 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció el final de las audiencias entre Nicaragua y Alemania, con respecto a la solicitud urgente de medidas provisionales solicitadas por Nicaragua contra Alemania, acusada, entre otros cargos, de complicidad por el posible genocidio que se comete en Gaza por parte de las fuerzas militares israelíes: el comunicado oficial de la CIJ se encuentra desde ya disponible en francés y en inglés.
La demanda inicial de Nicaragua fue planteada el 1o de marzo contra Alemania (véase texto en francés y en inglés), acompañada de una solicitud urgente de ordenar medidas provisionales.
Esta demanda se presentó luego de que, el 26 de enero del 2024, la CIJ adoptara una primera ordenanza con respecto a Israel, a solicitud de Sudáfrica (véase texto de la ordenanza en francés y en inglés). Una segunda ordenanza fue recientemente adoptada el 28 de marzo (véase texto en francés y en inglés), siempre a solicitud de Sudáfrica, ante la ausencia de cambio por parte de Israel, en las acciones militares que realiza en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Un interesante reportaje de la cadena AlJazeera (en español) pone de relieve la estrecha relación que tuvo Nicaragua con Israel (y en particular con sus asesores en seguridad y su material militar) durante largos años antes de 1979; y, desde entonces, la relación muy cercana que existe entre las máximas autoridades de Nicaragua con las de Palestina (véase reportaje).
Transferencia de armas y poblaciones civiles bombardeadas de manera indiscriminada, desproporcional e injustificable
Como se sabe – pero se difunde bastante poco – Alemania es el segundo suplidor en armas después de Estados Unidos al ejército de Israel. Tuvimos la ocasión de analizar más en detalle este primer punto al fijar la CIJ audiencias hace unas semanas (Nota 1).
En una reciente nota de prensa de EuroNews con fecha del 11 de marzo sobre el comercio mundial de armas, se indica que:
«The US and Germany accounted respectively for 69% and 30% of arms imports by Israel, which is currently fighting a deadly war against Hamas in Gaza which killed over 30,000 people, most of whom were civilians«.
En su demanda contra Alemania, Nicaragua indicó (párrafo 53):
«53. /…/ By the end of 2023, the German Government had granted military exports to Israel in the amount of 326,505,156 euros. On January 2024, German media reported that Israel had made a request for tank shells, especifically 10,000 120-millimeter Rheinmetall precision rounds. Der Spiegel reported that Germany had agreed to deliver the request from its own stocks in order to be able to comply with the “urgency”. According to information made available by the German Government, export licences granted between January 2024 and 15 February 2024 concerned military equipment worth 9,003,676 euros».
Cabe indicar que el comercio de armas constituye un ámbito específico del derecho internacional público, con ramificaciones en el derecho interno cuando hay riesgos de ser mal utilizadas, y con un régimen jurídico que entraña responsabilidades en lo interno de los Estados exportadores de armas, como bien se analizó en un documento publicado en el 2021 que concluye (página 53):
«Legal challenges are gradually becoming a pragmatic response in the face of apparently unlawful decisions by arms exporting states. Governments should recognise this shift and the possibility that their decisions on arms exports will increasingly be subject to legal challenges before domestic courts. Their decisions must be able to withstand judicial oversight and must conform with obligations under both international and domestic law» (Nota 2).
Es de notar que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder Ejecutivo norteamericano al publicar el Washington Post un reportaje titulado «U.S. floods arms into Israel despite mounting alarm over war’s conduct» (cuya lectura completa se recomienda), en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.
Desde el punto de vista jurídico, no está de más señalar que ni Israel ni Estados Unidos son Estados Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas adoptada en el 2013, cuyo número de Estados Parte asciende a 113 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los cinco Miembros Permanentes, únicamente Estados Unidos y Rusia persisten en no someterse a las obligaciones que contiene este tratado multilateral.
Con relación a Estados Unidos y a la opacidad antes señalada, hay que añadir la comprensión limitada que tiene el gran público norteamericano de la realidad que se vive en Gaza, y la manera tan parcializada de dar cobertura periodística en Estados Unidos al drama inhumano que se vive en Gaza: al respecto, se recomienda escuchar esta reciente (y muy completa) entrevista de Democracy Now.
Finalmente, en el caso de Francia, una pregunta muy precisa hecha desde el 7 de marzo del 2024 al Ministerio de Defensa galo por parte de una senadora con relación al uso dado a componentes militares de tipo «ML4» exportados hacia Israel (véase pregunta), espera una contestación. Al 10 de abril, aún no ha sido respondida. Una pregunta anterior más general hecha en noviembre del 2023 fue contestada en febrero del 2024. En la respuesta se concluía (véase enlace) que:
«La France a rappelé le droit d’Israël à se défendre, qui doit s’exercer dans le respect du droit international humanitaire. Le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire, de même que les conséquences pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, sont pleinement pris en compte dans le cadre de l’examen des exportations de matériel de guerre par la CIEEMG. Cette stricte grille d’analyse n’a pas conduit à suspendre intégralement le flux d’exportations de matériels de guerre depuis le 7 octobre 2023«.
No está de más recordar algunas decisiones tomadas en años recientes sobre las exportaciones de material militar de Alemania y de Francia hacia Oriente Medio:
– en octubre del 2018, Alemania suspendió sus exportaciones de armas hacia Arabia Saudita, en razón de las exacciones cometidas en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudita contra civiles yemenitas y el vil asesinato de un periodista saudí en el Consulado saudita en Turquía (véase nota de la DW);
– en febrero del 2011, Francia decidió suspender toda exportación de armas hacia Egipto, ante la brutal represión de manifestantes por parte de las autoridades egipcias (véase nota de Le Monde).
La insensatez de los mandos militares israelíes en Gaza
El pasado 3 de abril de 2024, un artículo publicado en Israel sobre «Lavender«, un programa de inteligencia artificial utilizado por el ejército israelí desde el 7 de octubre para llevar a cabo los llamados ataques supuestamente «selectivos» contra Gaza, alertó a la opinión israelí (e internacional) sobre la deriva insensata del alto mando militar israelí.
La ONG gala AURDIP tuvo la generosa idea de proceder a una traducción inmediata del inglés al francés (véase enlace al mismo artículo traducido al francés con fecha del 4 de abril), mientras el mundo germano (e hispanoparlante) encuentra la manera de dar a conocer el contenido de este reportaje israelí en alemán (y en castellano). Una entrevista al responsable de esta investigación realizada por Democracy Now está disponible (en inglés) en este enlacedesde el 5 de abril.
De manera que nuestros estimables lectores puedan tener una idea de la presión que se ejerce sobre Israel y sobre los Estados que continúan exportando hacia Israel armas, municiones y componentes electrónicos para fines militares, nos permitimos reproducir el tablero de votación de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase texto) adoptada el pasado 5 de abril del 2024. La resolución contó con 28 voto a favor, 13 abstenciones (entre las que se registra la de Costa Rica…) y 6 votos en contra (Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi y Paraguay). En una de las pocas notas sobre la abstención de Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr, titulada «Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide embargo de armas a Israel; Costa Rica se abstuvo«), se informó que el delegado de Costa Rica en Ginebra optó por no proceder a una explicación del voto de su delegación.
Esta resolución exige un embargo sobre las armas destinadas a Israel en el punto 13 dispositivo que se lee de la siguiente manera:
«13. Exhorta a todos los Estados a que pongan fin a la venta, transferencia y desviación de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, la Potencia ocupante, a fin de evitar nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos de los derechos humanos, y a que, de conformidad con las normas y los estándares internacionales, se abstengan de exportar, vender o transferir bienes y tecnologías de vigilancia y armas menos letales, incluidos los artículos “de doble uso”, cuando determinen que existen motivos razonables para sospechar que esos bienes, tecnologías o armas podrían utilizarse para violar o conculcar los derechos humanos, y recuerda la providencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de enero de 2024, según la cual existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza».
En estos primeros días de abril del 2024, ex integrantes del ejército de Israel reunidos en la organziación Breaking the Silence (véase sitio) han iniciado una gira en Estados Unidos y Canadá para denunciar ante el mundo el tipo de instrucciones que reciben los soldados israelíes en Gaza (véase entrevista realizada por Democray Now el 10 de abril del 2024).
Las respectivas petitorias finales de Nicaragua y de Alemania en breve
Al tratarse de una solicitud urgente de medidas provisionales, la CIJ se limitó a escuchar una única ronda de alegatos por parte de Nicaragua y de Alemania.
El 8 de abril, Nicaragua fue el primero en presentar sus argumentos (véase verbatim). En la petitoria final leída ante los jueces, Nicaragua solicita de manera urgente a la CIJ lo siguiente (páginas 58-59):
«Nicaragua respectfully requests the Court, as a matter of extreme urgency, pending the Court’s determination of this case on the merits, and after recalling to the Parties the obligation of compliance with humanitarian law as well as of the obligation of cooperation to bring to an end all serious breaches of peremptory norms of international law, to indicate the following provisional measures with respect to Germany in its participation in the ongoing plausible genocide and serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of general international law occurring in the Gaza Strip, as well as in other parts of Palestine, namely, to order that:
(1) Germany must immediately suspend its aid to Israel, in particular its military assistance, export and authorization of export of military equipment and war weapons, in so far as this aid is used or could be used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(2) Germany must immediately ensure that military equipment, war weapons, and other equipment used for military purposes already delivered by Germany and German entities to Israel are not used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(3) Germany must resume its support and financing of UNRWA in respect of its operations in Gaza”.
Por su parte, en sus alegatos presentados el día siguiente, 9 de abril (véase verbatim), Alemania por su lado solicitó en su petitoria final lo siguiente (página 50) que:
“The Federal Republic of Germany asks the Court
1) to reject the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of Nicaragua;
and 2) to remove from the General List the case introduced by the Republic of Nicaragua on 1 March 2024”.
Nuestros estimables lectores podrán revisar con detenimiento los fundamentos jurídicos de cada Estado, desarrollados en las más de 50 páginas de sus respectivos alegatos, que preceden sus petitorias finales.
Si la lectura de ambos alegatos resulta tediosa, densa y a veces compleja, y la minuta de las notas en pie de página a veces más tediosa para los ojos, debe saberse que intentar convencer a 15 jueces titulares de la CIJ de la solidez de sus argumentos es todo un arte: requiere, para ambas partes, precisión y rigor en la demonstración, pero a su vez talento oratorio y algo más, indefinible, que poseen los grandes juristas que a menudo litigan en La Haya.
De algunos detalles de interés
Siendo el francés y el inglés los dos únicos idiomas en los que los Estados se pueden dirigir a los jueces de la CIJ, usualmente un Estado que litiga en La Haya busca la manera de contar con dos juristas que cuenten con una capacidad de convencimiento en estos dos idiomas.
La práctica enseña que usualmente, para una determinada controversia, se contratan como mínimo a dos representantes de la escuela anglosajona del derecho internacional, y a dos juristas (no necesariamente franceses) que representen a la escuela francesa del derecho internacional al momento de dirigirse a los jueces de la CIJ. En algunos casos, un Estado se puede conformar con un equipo legal de tan solamente dos personas que se reparten el idioma en el que se deben presentar los alegatos.
En función del grado de complejidad de un asunto, los Estados pueden recurrir a más profesionales del derecho encargados de ventilar oralmente los argumentos legales del Estado, justo después de las palabras introductorias del Agente, el cual es considerado el jefe de la delegación cuando se instalan ambas delegaciones frente a los jueces de La Haya en la sala de audiencias del majestuoso Peace Palace: la CIJ se dirige siempre al Agente, y es el Agente quien abre y cierra las presentación de los argumentos por parte de su equipo legal.
En la práctica, los Estados no recurren a juristas de su nacionalidad, salvo contadas excepciones, a la hora de dirigirse a los jueces de la CIJ.
Costa Rica es uno de los Estados que sí ha optado por esta opción para intentar frenar la batería de argumentos de Nicaragua en sus contiendas a repetición relacionadas al Río San Juan. La lectura de la sentencia de la CIJ del 2009 (derechos de navegación), del 2015 (incursión de Nicaragua en Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» realizada por Costa Rica), del 2018 – monto indemnizatorio por daño ambiental (Nota 3) y delimitación marítima en ambos océanos – denota que esta opción no siempre logra su cometido, al tratarse de juristas o diplomáticos costarricenses con limitada experiencia en el arte del litigio ante los jueces de la CIJ y con una capacidad de convencimiento no siempre a la altura de los altos intereses que defienden y que se discuten en La Haya (Nota 4). En el caso de los derechos de navegación en el Río San Juan (2005-2009), raramente se ha observado a un Estado titular de derechos en un tratado desde 1858 para navegar en un río como el San Juan con sus policías, acudir a la CIJ de La Haya y escuchar 4 años después… en una sentencia, que se le prohíbe ejercer cualquier tipo de navegación policial en ese mismo río (véase párrafo 156, incisos h) e i) de la sentencia de julio del 2009 tomados de manera unánime). Sobre tan reiterado, sistemático y costoso (Nota 5) recurso a la justicia internacional entre dos Estados (un espectáculo jamás observado en La Haya desde 1945), tuvimos en el 2011 la posibilidad de advertir en la conclusión de un artículo (Nota 6) que:
«Después de un prolongado período de una dañina “sanjuanización” de sus relaciones que perduró por más de 10 años (de julio de 1998 al 13 de julio del 2009, fecha del fallo anterior de la CIJ), pareciera que algunos sectores tienen algún interés en azuzar los ánimos, arriesgándose así a abrir otro nuevo período que afecte la compleja agenda bilateral suspendida desde muchos años entre Costa Rica y Nicaragua«.
Volviendo a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, es de notar que mientras Nicaragua se presentó a la barra de La Haya con una delegación compuesta por 11 personas, Alemania consideró útil y oportuno presentarse con una delegación un poco mayor de 16 personas.
El desbalance ha podido ser mucho mayor en el caso de otras contiendas: a modo de ejemplo, en junio del 2007, Nicaragua se presentó en La Haya con 8 integrantes, Colombia con 18 integrantes (véase páginas 4-7, del verbatim); en noviembre del 2022, Guyana se presentó con 15 integrantes a la barra de La Haya, Venezuela con 32 (véase páginas 4-9 del verbatim). De ingrata memoria para Estados Unidos, cabe recordar que cuando en abril de 1984, Nicaragua se presentó a la barra de La Haya contra Estados Unidos, se presentó inicialmente con una delegación compuesta por 7 personas, mientras Estados Unidos lo hizo con 18 integrantes (véase verbatim, volumen 1, p.33); al declararse perfectamente competente la CIJ en noviembre de1984, Estados Unidos optó por no comparecer más (véase verbatim p.3 de audiencias celebradas en setiembre de 1985, con la única delegación de Nicaragua presente en La Haya).
Volviendo nuevamente a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, para la presentación oral de sus argumentos, Nicaragua recurrió a los servicios del francés Alain Pellet, jurista de renombre que inició su carrera como litigante en La Haya con Nicaragua en 1984, al demandar Nicaragua a Estados Unidos: se trata probablemente del jurista con mayor experiencia en el arte del litigio internacional, y que ha acompañado a numerosos Estados en sus contiendas legales en La Haya. En el caso de Nicaragua, ha sido parte de equipo legal desde 1984 de manera ininterrumpida: contra Estados Unidos en 1984, contra Honduras en 1999, contra Colombia en el 2001, contra Costa Rica en el 2009 (Nicaragua siendo esta vez demandada), así como en el 2010, 2011, 2014 y 2017 (siempre ante Costa Rica) y contra Colombia nuevamente (con dos demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua).
En el 2022, otra de las grandes figuras del equipo legal de Nicaragua desde la histórica hazaña iniciada contra Estados Unidos en 1984, presentó su renuncia a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 7).
Además del galo Alain Pellet, Nicaragua se presentó este 8 de abril con Daniel Müller, jurista alemán con una experiencia menor (véase enlace) y que se inició en el arte del litigio en La Haya en el 2006 con Alain Pellet en el equipo legal de Guinea contra República Democrática del Congo – véase verbatim).
Alemania por su parte se presentó a la barra este 9 de abril con un nutrido equipo (por orden de presentación de sus argumentos): iniciando con el jurista británico Christian J. Tams (primer ante los jueces de la CIJ en el 2014 asesorando a Serbia contra Croacia – véase verbatim), otro británico Samuel Wordsworth (primera aparición en La Haya en el 2013 como asesor de Costa Rica contra Nicaragua en el asunto de Isla Portillos – véase verbatim– ), Anne Peters (jurista alemana, siendo esta su primera aparición en la barra de La Haya), y concluyendo con Paolo Palchetti (jurista italiano, con una primera aparición en La Haya en el 2011 en el equipo legal de Italia frente a Alemania – véase verbatim).
Se notará el desbalance de Alemania en el uso del inglés durante la presentación de sus alegatos orales, mientras que la dupla Pellet-Müller sí logró imprimir un equilibrio casi perfecto en el uso de los dos idiomas de trabajo de la CIJ: el verbatim del 8 de abril registra 12 páginas iniciales del Agente de Nicaragua (inglés), seguidas por 12 páginas de Daniel Müller (en inglés), 13 páginas de Alain Pellet (en francés), y 10 páginas de cierre del Agente de Nicaragua en inglés.
Notemos que Nicaragua designó como juez Ad Hoc al jurista jordano Awn Al-Khasawneh (véase página 8 del verbatim del primer día de audiencias): se trata de un jurista con una larga experiencia al haber sido juez de la CIJ entre el 2000 y el 2011; al tiempo que Alemania ya dispone de un juez de su nacionalidad entre los jueces titulares de la CIJ desde el 1ero de enero del 2021.
Finalmente, resulta de interés indicar que el funcionario nicaragüense que funge como Agente de Nicaragua en este mes de abril del 2024 es el mismo que ha asumido esta función desde las audiencias celebradas en abril de1984 en el primer asunto llevado contra Estados Unidos y luego en las 14 controversias llevadas ante la CIJ involucrando a Nicaragua (de las cuales 6 con Costa Rica): es sin lugar a dudas, en el mundo, el diplomático que concentra la mayor experiencia del litigio en La Haya.
A modo de conclusión
Más allá de estos y otros detalles de forma, terminadas las audiencias, la CIJ entró a deliberar a partir de los argumentos expuestos por ambos Estados, para decidir si ordena algunas de las medidas provisionales solicitadas de manera urgente por Nicaragua, o si por el contrario rechaza esta solicitud como se lo pide Alemania.
Contrario a algunos colegas germanos que, en redes sociales, ya se adelantaron sosteniendo que la CIJ rechazará la solicitud de Nicaragua – omitiremos nombrarlos para no causar mayor sonrojo -, consideramos prudente esperar conocer la decisión de la CIJ, cuya lectura se debería de dar en las próximas semanas, dada la urgencia de la dramática situación que se vive en Gaza.
Tuvimos hace poco la oportunidad de hacer ver a dos de nuestras colegas europeas que su afirmación sobre la falta de rapidez de la CIJ en convocar a audiencias luego de recibir la solicitud de Nicaragua contra Alemania era totalmente errónea a la luz de la práctica de la CIJ en solicitudes similares (Nota 8).
Desde el punto de vista procesal, cabe advertir desde ya que la ordenanza de la CIJ entre Nicaragua y Alemania constituirá una decisión preliminar, respondiendo por la afirmativa (o la negativa) a Nicaragua a su solicitud urgente. Y que la decisión sobre el fondo del asunto se leerá dentro de un mínimo de 4 años (siempre y cuando Alemania no proceda a utilizar incidentes procesales, cuyo efecto es dilatar el procedimiento contencioso).
Con relación al entendible entusiasmo de colegas alemanes al escuchar el equipo legal de Alemania en La Haya este 9 de abril y al sentimiento de seguridad que les generó escuchar a sus integrantes, somos de la idea (compartida desde muchos años con todos nuestros estudiantes y amigos de la Facultad de Derecho de la UCR, así como analistas internacionales y periodistas), que anticipar el contenido de una futura decisión de la CIJ resulta siempre un tanto aventurado: tradicionalmente, el juez internacional de La Haya busca la forma de imprimir, en todas sus decisiones, un sutil equilibrio entre las pretensiones de unos y de otros.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania«, nota editada el 15 de marzo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ATT Expert Group, Domestic accountability for international arms transfers: Law, policy and practice, Saferworld, 2021, 54 páginas. Texto disponible haciendo click en «donwload» aquí. Véase también con relación a la normativa regional de la Unión Europea en la materia MERLIN J.-B., «Les contentieux nationaux relatifs à la vente interétatique d’armes«, Vol. 65 Annuaire Français de Droit International, Année (2019) pp.71-103. Texto integral de ese artículo disponible aquí. En Canadá y el debate sobre la ilegalidad de las armas enviadas a la coalición liderada por Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, véase AZAROVA V., DAVID E., TURP D., WOOD B., Opinion on the International Legality of Arms Transfers to Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Other Members of the Coalition Militarily Involved in Yemen, IPIS, 102 páginas, December 2019. Texto integral disponible aquí. Resulta de interés señalar que, en junio del 2020, España optó por suspender el envío de 600.000 cartuchos a Nicaragua debido a la represión desproporcional en contra de manifestantes por parte de las autoridades policiales nicaragüenses (véase nota de Mesa Redonda).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ«, nota editada el 2 de febrero del 2018 y disponible aquí.
Nota 4: En un comentario a una unión de procedimiento («jonction d´instances» en francés) realizada por la CIJ a solicitud de Nicaragua (y objetada por Costa Rica), publicado en Francia (véase texto) y titulado «Costa Rica / Nicaragua et CIJ: une procédure incidente revisitée: la jonction d´instance«, habíamos indicado que:
«Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire (22). A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la «tactique dilatoire» du Nicaragua (23). L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités, on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante«. En un artíclo en español, siempre con relación a esta unión de procedimientos, indicamos que: «Dicha ordenanza no cuenta con precedente alguno en la jurisprudencia de la CIJ, ya que en casos anteriores, la unión de procedimientos se hizo siempre a petición de ambos contrincantes, y no de uno solo«: véase BOEGLIN N., «Lectura del fallo de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua el próximo 16 de diciembre: breves observaciones«, sitio de la Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, UCR, 13/12/2015, p. 5. Texto disponible aquí.
Nota 5: En el caso de Costa Rica (y de Nicaragua) se mantiene como una verdadera incógnita los montos quede cada Estado debió sufragar para financiar estas repetitivas contiendas en La Haya. En Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya. Por su parte, Bolivia reconoció en el 2018 haber gastado más de 14 millones de US$ en el caso de su demanda – véase texto – presentada en el 2013 contra Chile (véase nota de prensa) al tiempo que Chile reconoció un monto superior a los 24 millones de US$ (véase nota de prensa): esta transparencia por parte de estos Estados de la región andina sobre el costo exacto que representa para un Estado una demanda en La Haya merece ser saludada, dada la opacidad y el hermetismo que muchos otros mantienen con respecto a este rubro. En el caso de Chile se indicó que el 75% de los 24 millones de US$ correspondió al pago de consultorías jurídicas y de expertos internacionales (véase nota de prensa). En Costa Rica, en una de las pocas notas informativas en un medio de prensa publicada (CRHoy, edición del 3/06/2015 – véase nota) se lee que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales”: un dato verdaderamente extraño, que nos ha parecido oportuno mencionar, y que … habría tal vez que dar a conocer de forma urgente a todos los que velan por la buena salud de la hacienda pública en Bolivia, Chile y Perú.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa Rica y Nicaragua«, Revista Estudios, Num. 24 (2011), Universidad de Costa Rica (UCR), pp. 362-379. Texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua: a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional«, nota editada el 28 de marzo del 2022 y disponible aquí.
Nota 8: Véase nuestros comentarios al final en BENDEL J & SUEDI Y., «The recent genocide cases and public interest litigation: a complicated realtionship», EJIL Talk, edición del 5 de abril del 2024.Texto disponible aquí.
Ante la realidad que se vive en Palestina, desde México diversas organizaciones, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Casa de los Pueblos México, CLETA-UNAM, BDS México y otras, nos sumamos a la semana contra el apartheid israelí, realizando actividades para condenarlo y movilizarnos en su contra. Durante dicha semana se realizaron las siguientes actividades:
Programa en línea Latinidades con Eduardo Rivas del Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina – CUSPPA, tema: Acciones en apoyo a nuestros hermanos palestinos desde México.
Primer Encuentro Universitario – Popular Contra el Apartheid en Palestina, Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM 16 de marzo de 2023.
Acción contra el apartheid desde México en el Ángel de la Independencia 21 de marzo de 2023.
Exposición Fotografía Contra el Apartheid Israelí en Palestina en la Casa de Cultura Las Jarillas, Iztapalapa, CDMX del 23 al 27 de marzo de 2023.
Conversatorio en línea con Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos con el Tema: Pueblos del Mundo contra el Apartheid desde la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN.
Mujeres que luchan con la participación de diversas compañeras del mundo incluyendo a la compañera Raya Radwan Coordinadora de Comunicación de la Campaña Stop they Wall de Palestina en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco 25 de marzo de 2023. Ese mismo espacio se declaró como Espacio Libre de Apartheid Israelí – ELAI.
La educación financiera es uno de los elementos claves para lograr administrar efectivamente los recursos y no caer en niveles insostenibles de endeudamiento, que pueden poner en riesgo la estabilidad emocional y laboral de los deudores.
Una manera de incentivar el ahorro y mejorar los conocimientos de la población nacional y de la comunidad universitaria en particular, es precisamente mediante la clara orientación que favorezca una sana educación financiera.
Por esta razón, el jueves 30 y viernes 31 de octubre, la Oficina de Administración Financiera (OAF) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Red Costarricense de Educación Financiera realizarán la Primera Feria de ahorro y finanzas que se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 6 p.m. en el vestíbulo y en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.
En la feria se ofrecerán charlas y actividades sobre diversos temas como: el uso eficiente del dinero, las finanzas básicas, los fondos de inversión, el perfil del inversionista, las pensiones complementarias, los seguros de vida y la administración del aguinaldo.
Las organizadoras comentaron que los especialistas que ofrecerán las charlas utilizarán un lenguaje sencillo y procurarán desarrollar en el público las habilidades básicas para gestionar sus finanzas personales. La directora de la Oficina de Administración Financiera de la UCR Mag. Isabel Pereira Piedra explicó la importancia de esta feria y el aporte de la Universidad en el educación para hacer un buen uso del dinero.
Además habrá actividades lúdicas y un taller para fomentar el ahorro desde la infancia, en el que participarán alumnos de la Escuela Roosevelt.
La idea de realizar esta feria surgió debido a un interés de la UCR y de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) de fomentar los hábitos saludables para el manejo del dinero en niños, jóvenes y adultos. La ENEF está integrada por el Conassif, y las superintendencias Sugef, Sugeval, Supen y Sugese; estas instituciones han analizado la situación de cultura financiera de los costarricenses y hay grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de una mejor formación en este campo.
En la feria también participarán los integrantes de la Red Costarricense de Educación Financiera, un conjunto de alrededor de 30 entidades públicas y privadas, que ofrecerán información sobre productos de ahorro e inversión, ocasión oportuna para analizar cómo utilizar bien el aguinaldo próximo a recibir.
La primera feria del ahorro coincide con el Día Mundial del Ahorro que se celebra el próximo 31 de octubre. La actividad estará abierta a todo público y es gratuita.
Vicerrector de Administración habló de las medidas de racionalización del gasto
Desde el año 1992, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) estableció como política de sano equilibrio financiero de la institución, una relación de un máximo de 80% del presupuesto destinado a masa salarial y un mínimo de 20% a operaciones e inversiones en equipamiento e infraestructura.
Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, actualmente la UCR opera sobre esa relación de equilibro y más bien se encuentra en una mejor posición, ya que ha podido mantener sus números en un rango de 73-27,aproximadamente. En el 2013, la proporción de la masa salarial dentro del presupuesto de fondos corrientes representó el 72,13%. “La actual administración universitaria desde el año 2012, inició un proceso de valoración de la situación financiera y presupuestaria de la institución, entre otros aspectos, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad futura de las finanzas y así la actividad sustantiva universitaria”, señaló Araya.
También enfatizó que la labor de la UCR se centra en la enseñanza y la formación profesional, la investigación, la acción social, el estudio, la creación artística y la difusión del conocimiento. Por lo tanto, el recurso humano constituye la principal fuente de inversión del presupuesto. “Esto es así en todas las instituciones de educación pública y en otras que se dedican a la prestación de servicios”, subrayó.
Además de otros insumos, la administración solicitó al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE),la realización de un estudio actuarial proyectado hasta el 2050, y un análisis comparativo con otras 14 instituciones públicas,para definir el estado de la institución en el tema de masa salarial, los incentivos que ella contempla y la relación masa salarial/gastos operativos con respecto a otras entidades estatales. Una vez que se tengan los resultados de esos estudios, se hará el análisis correspondiente y se tomarán las medidas que sean necesarias.
De igual manera, la institución ha tomado medidas de contención del gasto, racionalización y buen uso del presupuesto, especialmente en materia de otorgamiento de complementos e incentivos salariales, como es el caso de la dedicación exclusiva o el incentivo por mérito académico. Así mismo, se contempla la transformación del sistema de salarios, de forma que permita mejores sueldos iniciales de contratación, que ahora son muy bajos, pero con una menor aceleración en el crecimiento por concepto de anualidades y escalafones. En materia administrativa, la Universidad ha atendido las recomendaciones de los expertos sobre reducción y eficiencia del gasto público, por medio de la implementación de plataformas informáticas de compras (Merlink), gestión bancaria, procesos de matrícula, entre otras, concluyó el vicerrector Araya.
Un escenario para resignificar los conocimientos adquiridos en los cursos
Los pasillos de la Facultad de Educación acogieron la edición número 15 de la Feria Navideña del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor (PIAM) el pasado 28 de noviembre. Las y los estudiantes de diferentes cursos que imparte este programa, expusieron sus productos al público, ofrecieron talleres y compartieron mucho de lo aprendido durante este 2024.
La Feria Navideña abarca más que la exposición de productos diseñados por las personas adultas mayores que conforman los cursos del PIAM. Es una muestra de una construcción reflexiva que se edifica a partir de las experiencias y aprendizajes de los y las estudiantes, así como del aporte de quienes apoyan cada uno de los cursos que se imparten, con el fin de fortalecer la educación como fuerza transformadora de la sociedad.
El PIAM ofrece los cursos en las aulas del campus universitario. Estos se organizan en ocho módulos, según su orientación temática:
Tecnologías de la información y la comunicación
Nuevos idiomas
Artesanías y manualidades
Movimiento humano
Estilos de vida saludables
Arte y cultura
Conocimientos generales
Grupos artísticos
La Universidad de Costa Rica, a través de la Vicerrectoría de Acción Social y, más específicamente, el PIAM, fomenta espacios de educación no formal desde 1986 para personas adultas y adultas mayores. El PIAM ha evolucionado con el paso de los años, madurando lo que significa e implica el aprendizaje a lo largo de la vida y reivindicando la defensa de los derechos de las personas mayores mediante espacios solidarios, constructivos y pujantes.
María Encarnación Peña Bonilla Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR
Se dice que en Gran Bretaña hay muchos monumentos de la guerra, pero solo uno en homenaje a los doctores y enfermeras que combatieron en el frente luchando contra la “gripe del Juicio Final”, como se le llamó a la “Gripe Española”. Participaron en el frente de guerra 11.000 médicos de los 22.000 que había, 22.000 enfermeras y 120.000 mujeres en alguna función de enfermería.
Cabe traer a colación la obra La guerra no tiene rostro de mujer de la Premio Nobel de Literatura (2015) Svetlana Alexiévich, donde destaca la diferencia sustantiva entre los relatos de los hombres y de las mujeres sobre la guerra: “La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles, tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles. Todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible”.
Es posible que, si hubiese prevalecido la mirada, la vivencia y el sentir femeninos, atendiendo a lo señalado por Svetlana, la labor de los trabajadores de la salud, con rostro de mujer, no hubiese pasado desapercibida; tampoco la de los educadores que le indujeron a leer a Dostoievski, como suele suceder, aún en nuestros tiempos. Efectivamente, si de algo adolecemos es de un justo reconocimiento de estos dos apostolados, el de los trabajadores de la salud y la educación, que salvan vidas. Los primeros, promoviendo, previniendo y curando las muchas enfermedades y dolencias del cuerpo y la mente, y los segundos alimentando el espíritu y el intelecto para abrir nuevos y mejores horizontes para alcanzar el bienestar social y humano a través de la ciencia, el arte y la cultura. Se trata de la abnegada tarea de los educadores para forjar una cultura de seres humanos libres, solidarios, justos y pacíficos, así como de los trabajadores de la salud para forjar una sociedad física y emocionalmente saludable, que merecen el más alto reconocimiento, sin mezquindades. Ambos son los pilares sobre los que se construyen sociedades social y ecológicamente sostenibles.
Si algo nos hizo enfrentar, como país, con dignidad el azote de la pandemia producida por el coronavirus Sars-Cov-2 fue, precisamente, haber contado con casas de estudios superiores que formaron al más alto nivel técnico y humanista a nuestros trabajadores de la salud, y con una institución pública como la Caja del Seguro Social, ejemplo insigne de solidaridad y orgullo de todos los costarricenses. Contamos con personal especializado, que supo responder, con profesionalismo, gran sensibilidad y compromiso, ejemplo de solidaridad humana, en tiempos donde la pandemia se convirtió en sindemia: la trágica combinación de crisis sanitaria y precariedad económica y social.
Sin duda, la apuesta por educación para la salud y salud para la educación ha sido la combinación virtuosa y visionaria, especialmente impulsada por quienes forjaron la Reforma Social y la Segunda República a mediados del siglo pasado, atendiendo y acogiendo las voces que clamaron por más justicia social. Una apuesta que ha venido sufriendo el embate letal por parte de fuerzas políticas que dejaron de pensar y actuar solidariamente.
No somos un país de grandes y ostentosos monumentos, y en buena hora. El diminutivo es nuestro favorito en el lenguaje cotidiano; sin embargo, algunas veces nos excedemos en su uso y tendemos a disminuir nuestros mismos logros, cuya grandeza debería ser motivo para celebrar. Más aún, lo peor es la tendencia que prevalece hasta hoy, a saber, la que promueve desde altas esferas bajar el perfil de nuestra valiosa y ejemplar institucionalidad social, y sus principales agentes: los trabajadores de la educación y la salud.
Efectivamente, ambos se han convertido en víctimas de un discurso populista y politiquero por parte de quienes, en lugar de abrirse horizontes propios con dignidad, inteligencia y valentía, buscan elevarse pisoteando los méritos y la dignidad de los demás. Y no se trata solo del comportamiento de algunos de los que nos gobiernan hoy, sino también de quienes desde hace rato vienen orquestando una campaña persecutoria y de mentiras, para desprestigiarlos. Particularmente, aduciendo que los derechos adquiridos son privilegios, obtenidos, según se dice, por prebendas clientelistas o por concesiones gratuitas. Donde hay desviaciones y errores que corregir, sólo ven desorden e ilegalidades intolerables, para llevar agua a sus molinos, polarizando a la sociedad e induciendo al odio y la violencia, instrumentos predilectos de quienes sí buscan actuar al margen de la ley y la institucionalidad, antidemocráticamente.
El cinismo se ha puesto a la orden del día: un diputado o diputada levanta la bandera en contra de los catedráticos “pensionados de lujo”, cuando ese mismo diputado o diputada empieza su labor parlamentaria recibiendo un salario por un monto superior al de un catedrático jubilado con treinta años de servicio, y sin deducciones por contribuciones solidarias. Asimismo, resulta inexplicable la reticencia a reconocer los justos salarios a los trabajadores de la salud, particularmente a los especialistas. Bajo estas condiciones, ¿quiénes van a querer trabajar en educación y salud públicas, exponiéndose además a ser considerados ante la opinión pública como injustamente privilegiados? Sin duda, esta es la fórmula mágica que se viene utilizando para desmantelar el Estado Social de Derecho y privatizar las instituciones más rentables. Parafraseando una pancarta del movimiento social francés: cuando la educación y la salud sean privadas nos privamos de todos sus servicios. El país ha sabido también lograr una combinación virtuosa entre una fuerte institucionalidad de salud pública y una importante institucionalidad privada; ambas de calidad y competitivas, incluso para ofrecer servicios de alcance internacional. Sin embargo, venimos aceleradamente rompiendo este círculo virtuoso al pretender reducir al mínimo el servicio público.
Es tiempo de aprestarnos a corregir errores institucionales sin devaluar y desprestigiar. No tiremos al niño con el agua sucia de la bañera. Asimismo, dejar de levantarse y ganar credibilidad, exaltando los errores de los demás. Sin ser gratuitos, disculpando lo que no debe disculparse, aprendamos a hacer la diferencia con menos aspavientos, sin atizar el fuego del odio, y reconstruyamos la patria sobre los cimientos de la dignificación de todos los trabajadores de este país. Sobre todo, sin mezquindad, reconociendo y valorando el esfuerzo y dedicación de quienes asumen como apostolado su función de servicio público y privado, pensando en el bienestar de todos los costarricenses.
Es tiempo de dignificar la encomiable labor de los trabajadores de la salud y la educación, para garantizar el bienestar en nuestra patria. Hoy más que nunca, hay que renovar el pacto de la educación para la salud y la salud para la educación. Este pacto es la garantía para volver a alcanzar los primeros lugares en desarrollo humano en América Latina, y dejar atrás los que hoy nos colocan entre los más desiguales del mundo.
Una meta encomiable que no se podrá lograr si se continúa pisoteando la dignidad de ambos sectores, algo que se ha convertido en consigna de las principales fuerzas políticas hasta nuestros días, secundadas por los grandes medios de comunicación, al servicio de mezquinos intereses electoralistas y de una élite económica insaciable, que se acostumbró a no pagar impuestos. Necesitamos volver a pensar y sentir como ciudadanos y ciudadanas dignos de una patria digna.
Competencia con el Estado: Los cárteles de narcotráfico han adquirido un poder económico que les permite competir directamente con el Estado. Esto ha llevado a una erosión de la autoridad estatal, ya que los narcotraficantes pueden ofrecer recursos y servicios que el gobierno no puede proporcionar, creando así una alternativa al clientelismo tradicional.
Desplazamiento de Oligarquías: La industria del narcotráfico ha desafiado el poder de las oligarquías tradicionales, que históricamente han controlado las estructuras políticas y económicas. Al introducir una nueva dinámica de poder basada en la riqueza generada por el narcotráfico, se han abierto espacios para que actores previamente excluidos participen en la economía y la política34.
Fragmentación del Control: La estructura descentralizada y fragmentada del narcotráfico, donde múltiples grupos compiten por el control territorial y las rutas de tráfico, ha debilitado aún más la capacidad del Estado para mantener el orden. Esto ha llevado a un aumento de la violencia y a una lucha constante por el dominio entre diferentes organizaciones criminales12.
Consecuencias Sociales y Económicas
Inseguridad Ciudadana: La expansión del narcotráfico ha contribuido a un aumento significativo en la inseguridad y la violencia en muchas comunidades, lo que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos y su confianza en las instituciones13.
Corrupción Institucional: La infiltración del narcotráfico en las instituciones gubernamentales ha generado casos de corrupción que socavan la efectividad de las políticas públicas. Esto crea un ciclo vicioso donde los gobiernos son incapaces de actuar eficazmente contra el crimen organizado debido a su propia corrupción interna4.
Nuevas Formas de Organización Social
El narcotráfico no solo altera las dinámicas de poder tradicionales, sino que también ha llevado a nuevas formas de organización social. Las comunidades afectadas por la violencia y la exclusión están comenzando a buscar alternativas al clientelismo, promoviendo una ciudadanía más activa y autónoma que desafía tanto al narcotráfico como al Estado en su forma actual34.
En resumen, la aparición del narcotráfico en América Latina ha transformado radicalmente las relaciones de poder, desafiando tanto al Estado como a las estructuras sociales tradicionales, lo que plantea serios retos para la construcción de democracias efectivas en la región, a menos que se prepare una reforma progresiva del Estado que habilite con organización autónoma y educación actualizada a los sectores excluidos.
SURCOS presenta una síntesis del libro América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas enviado por Miguel Sobrado, uno de los autores:
De acuerdo con el premonitorio libro «América Latina: crisis del estado clientelista y la construcción de repúblicas ciudadanas» de Miguel Sobrado y Juan José Rojas, (2003 Mx y 2006 CR) no abordar los problemas estructurales asociados al clientelismo y no avanzar hacia la construcción de repúblicas ciudadanas conlleva varios riesgos graves para el desarrollo político, social y económico de América Latina.
Algunos de los principales riesgos señalados en el texto son los siguientes:
Persistencia de la corrupción sistémica
El clientelismo fomenta un sistema en el que las decisiones políticas y la asignación de recursos están motivadas por intereses personales o partidistas, en lugar del bien común. Si no se desmantelan estas prácticas, la corrupción se vuelve estructural, perpetuándose en todos los niveles de gobierno.
Esto genera desconfianza hacia las instituciones, debilitando la legitimidad de los gobiernos y alejando a los ciudadanos de los procesos democráticos.
Crisis de gobernabilidad
La incapacidad para responder de manera efectiva a las demandas ciudadanas y combatir la desigualdad genera un clima de inestabilidad política y social. Esto puede derivar en protestas masivas, disturbios sociales y una mayor polarización política.
Los autores advierten que esta crisis de gobernabilidad puede llevar a ciclos de autoritarismo, donde sectores políticos buscan imponer orden mediante la represión y la limitación de derechos democráticos.
Consolidación de las desigualdades estructurales
El clientelismo tiende a beneficiar a pequeños grupos de poder, dejando de lado a los sectores más vulnerables de la población. Si no se hacen cambios, las brechas económicas, sociales y de acceso a oportunidades continuarán ampliándose.
Esta exclusión social crónica fomenta resentimientos y divisiones dentro de la sociedad, dificultando la cohesión social necesaria para el progreso.
Debilitamiento de la democracia
Los sistemas clientelistas socavan los principios democráticos al priorizar las lealtades personales sobre el voto informado y la participación ciudadana. Esto genera una cultura política basada en el oportunismo y la falta de accountability.
La permanencia de estas prácticas pone en riesgo la calidad de la democracia, abriendo paso a regímenes populistas o autoritarios que se aprovechan del descontento social.
Estancamiento económico
La corrupción y el clientelismo afectan negativamente el desarrollo económico, ya que distorsionan la asignación de recursos públicos y desincentivan la inversión extranjera y nacional. Además, generan ineficiencia en la gestión pública y la provisión de servicios esenciales.
En un entorno marcado por la corrupción y el favoritismo, las oportunidades de desarrollo y crecimiento económico quedan restringidas a unos pocos, perpetuando la pobreza y el subdesarrollo.
Aumento de la violencia y el crimen organizado
Los autores señalan que, en ausencia de instituciones fuertes y transparentes, el crimen organizado y la violencia pueden florecer, aprovechándose del debilitamiento del estado de derecho. Esto pone en peligro la seguridad de los ciudadanos y socava aún más la confianza en las instituciones públicas.
Pérdida de la cohesión social
En una sociedad marcada por el clientelismo, las relaciones sociales tienden a basarse en la dependencia y los favores, en lugar de la igualdad y el respeto mutuo. Esto genera divisiones sociales, fragmentación comunitaria y una menor capacidad para organizarse colectivamente.
Sin cambios, los lazos comunitarios se debilitan y los ciudadanos se sienten impotentes frente al sistema, lo que perpetúa la apatía política.
Riesgo de colapso institucional
Si no se abordan las raíces del clientelismo y la corrupción, las instituciones públicas pueden entrar en un proceso de degradación progresiva, volviéndose incapaces de cumplir con sus funciones básicas.
Esto podría desembocar en el colapso de la confianza pública y en una crisis institucional de gran magnitud, que amenace la estabilidad del sistema político en su conjunto.
Conclusión:
El libro advierte que, de no implementarse los cambios necesarios, América Latina corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de subdesarrollo político, económico y social. Esto no solo limita las posibilidades de progreso, sino que también perpetúa la desigualdad, la corrupción y la violencia endógena, dificultando la construcción de sociedades más justas y democráticas. Para los autores, la superación del clientelismo es clave para garantizar la sostenibilidad de las democracias en la región.
La BDS Latinoamérica y la Red de Solidaridad con Palestina realizó la conferencia bimodal “Militarización, vigilancia y control en Latinoamérica por parte de Israel y repercusión en Costa Rica”.
La actividad, desarrollada en el Pretil de la Universidad de Costa Rica el 5 de diciembre, forma parte de la campaña NO al TLC con Israel.
“En vísperas de la aprobación del tratado de libre comercio de Costa Rica con un estado criminal, se abordará una aproximación de las vivencias regionales de las que la entidad ocupante obliga a nuestros países en toda la región”, señala la convocatoria que circuló la Red.
La actividad se transmitió vía Facebook y TikTok de los perfiles de @palestinacostarica
Arturo Abarca y Carlos Abarca comentan la exitosa reunión que tuvieron en la mesa de negociación con el Centro Nacional de Cuidados Paliativos, autorizada por la CCSS. El objetivo de la reunión fue la búsqueda del mejoramiento de la salud de las personas usuarias en esta materia de la medicina.
Específicamente el enfoque de UNDECA es ver la necesidad de la población que requiere el servicio así como el personal de los servicios de salud pública. En esta mesa participaron la directora médica, el administrador y los profesionales del centro y se llegó a varios acuerdos; también se definieron mecanismos de seguimiento.
Los acuerdos tomados son: 1) El centro médico fortalece la visita domiciliar, lo que implica más equipo médico, 2) a partir de enero la apertura de 24 horas para este centro, es decir mejor calidad de atención, 3) ampliación del Servicio de Intervencionismo Paliativo, 4) el traslado de la plaza 48184 Médico Especialista en Medicina Paliativa al Hospital San Vicente de Paul, Heredia y 5) solicitud de nuevo recurso humano para el Centro Nacional.
El artículo académico que le invitamos a leer es una publicación de la revista Espiga, publicada por la UNED, y escrito por Vania Solano-Laclé, Fernanda Alvarado-Leitón y María Fernanda Obando-Sánchez.
Este artículo tiene como objetivo describir las manifestaciones discriminatorias hacia pueblos indígenas y otras poblaciones étnico-culturales en Costa Rica. Para ello se analizaron los datos provenientes de la Encuesta Actualidades 2022. Los resultados evidencian una percepción de maltrato, con mayor frecuencia hacia personas indígenas, nicaragüenses y afrodescendientes. Se constata que las personas, según su autoidentificación étnico-cultural, perciben situaciones de discriminación hacia sí mismos y hacia sus familiares por su fenotipo, procedencia e identidad cultural, idioma, condición socioeconómica y género. El artículo corrobora que pertenecer a un grupo étnico-cultural minoritario en Costa Rica constituye un factor de vulnerabilidad para ser discriminado y muestra asociaciones entre condiciones fenotípicas (rasgos faciales y color de piel) de los grupos y condiciones de exclusión económica y educativa. Los hallazgos resaltan la necesidad de incluir la autoidentificación étnico-cultural en las investigaciones sociales, en general, y en las encuestas, en particular.
Le invitamos a informarse con este artículo acerca de estas problemáticas discriminatorias que afectan a los pueblos indígenas.
Ante la solicitud de reajuste de pensiones gestionada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social mediante el documento ACSS-007-2024, la Gerencia de Pensiones de la CCSS emite una respuesta negativa mediante los documentos GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024.
Por un lado la CCSS declara el recurso de apelación sin lugar, en donde se menciona que GP-DAP-0937-2024/GP-1472-2024 y GP-DAP-0996-2024/ GP-1572-2024 se evidencia la realidad financiera que hay en el RNC y por ende “ (…) se adjuntan una serie de oficios que muestran que los recursos trasladados por el Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social apenas alcanzan para cumplir con las obligaciones actuales, es decir, para el pago de pensiones y el cumplimiento de las metas. (…)”.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo declara sin lugar el recurso de apelación debido a que las solicitudes planteadas exceden el ámbito del acto administrativo recurrido, es decir, específicamente por improcedencia, inconsistencia e interpretación.
Para más información le invitamos a leer los documentos: 1) Resolución n.° GP-1866-2024 y 2) Resolución RRAPE-MTSS-DMT-42-2024.
En un esfuerzo conjunto que destaca la fuerza de la organización comunitaria, las comunidades de Salamá, Santa Rosa, Venecia, Finca Puntarenas y otras zonas aledañas al proyecto en Osa celebran un avance significativo en su lucha contra el relleno sanitario propuesto por Nova Tierra Energy S.A. El 28 de noviembre de 2024, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) reconoció formalmente su apersonamiento al expediente administrativo del proyecto Centro de Transferencia Tecnológica Ambiental Ka Meat, otorgándoles derechos de participación activa en el proceso.
Según el pronunciamiento oficial de SETENA, los vecinos ahora serán notificados sobre cualquier movimiento relacionado con el expediente D1-0815-2022-SETENA. Este reconocimiento llega tras la presentación de más de 400 firmas en rechazo al proyecto, reflejando un rechazo colectivo hacia una iniciativa que, según los opositores, compromete seriamente la biodiversidad única del área y viola leyes nacionales como la Ley Forestal y la Ley de Aguas.
La movilización comunitaria, respaldada por organizaciones ambientales y líderes locales, resalta la importancia de garantizar procesos de desarrollo responsables, que prioricen la conservación del medio ambiente y el respeto por los derechos ciudadanos. Mientras las comunidades se preparan para nuevas manifestaciones y acciones legales, el caso pone de manifiesto la necesidad de transparencia y participación pública en proyectos de gran impacto ambiental.
La decisión final sobre el futuro del proyecto ahora recae en la Municipalidad de Osa. Las próximas semanas serán claves para determinar si la voz de las comunidades prevalece frente a intereses económicos privados.
Tu vida depende de la CCSS ¿Sabías qué? En Costa Rica las enfermedades del corazón son una de las principales causas de muerte y presentan el 23% de las muertes en el país. cerca de 14 decesos diarios.
La deuda del gobierno con la Caja.
Provoca diversos problemas en la institución que afecta directamente a todos los costarricenses. Pacientes con infarto agudo al miocardio, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedades arteriales periféricas y coronarias y accidentes cerebrovasculares, con peligro a su vida, deben esperar en las listas de muerte por falta de especialistas y otros personal. Ellos quieren privatizar estos servicios ¿Sabes cuánto tendrías que pagar?
Comparaciones.
Servicio
CCSS (asegurado)
Privado (sin seguro)
Electrocardiograma
Gratuita
$60 a $150
Resonancia magnética
Gratuita
$800 a $1,500
Controles
Gratuita
$50 a $300 mensuales
Rehabilitación
Gratuita
$500 a $2,000 mensuales
Implante marcapasos
Gratuita
$12,00 a $18,00
Cirugía reemplazo valvular
Gratuita
$25,000 a $50,000
No contempla costos de hospitalización y medicamentos en hospitales privados.
Una Caja para siempre, necesita que la defiendas siempre.
Esto es parte de la campaña que realizan UNDECA y BUSSCO.
El pasado 22 de noviembre del 2024 Albino Vargas presentó un recurso de amparo para defender el derecho lesionado del principio de legalidad constitucional, y otros. Entre estos derechos están el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Artículo 193 del Código Procesal Penal, y el Articulo 29.2 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Esto, debido a que el 21 de noviembre anterior, el Presidente de la República y la Ministra de la Presidencia, Rodrigo Chaves, y Laura Fernandez respectivamente, firman un decreto denominado Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención, el cual modifica el vigente del 2005, y faculta a los recurridos a designar y remover a su discreción, al director, subdirector, jefe de operaciones, y jefe del cuerpo de protección presidencial de la Unidad Especial de Intervención. Asimismo, le asigna a esa unidad funciones que ya corresponden a órganos del Poder Judicial.
Esa acción del Poder Ejecutivo vulnera el principio de legalidad al generar dudas sobre si se está estableciendo una jerarquía de mando, lo cual podría contravenir normas superiores, al igual que la naturaleza de las órdenes, ya que si se estuvieran implicando actos ilegales o derechos fundamentales su cumplimiento podría constituir un delito.
También, se infringe lo dispuesto en la Constitución Política sobre la separación de poderes, intromisión en funciones, control político sobre órganos de seguridad, al igual que derechos fundamentales como las garantías individuales y abusos como el uso desproporcionado de la fuerza.
Según se indica, “La modificación grosera que vía reglamentaria (Decreto Nº 44637 MP) el Poder Ejecutivo extiende a esas atribuciones legales, riñe, confronta y lesiona el principio de reserva de ley así como el orden jerárquico de las normas, otorgando de una manera confusa, imprecisa y amplia, la facultad a la UEI, de planificar, supervisar y participar en allanamientos entre otras conductas viciadas, ajenas a la normativa legal señalada, sin establecer en el decreto cuestionado, que esas atribuciones estarían supeditadas, como en efecto lo están, bajo la dirección funcional del Ministerio Publico y las autoridades jurisdiccionales competentes; todo lo cual resulta abiertamente temerario, peligroso y contrario a la Constitución y la ley como vemos, toda vez que, en virtud de esta circunstancia, esta transgresión de la ley y la Constitución, genera un agravio que consiste, no solo en la violación per sé indicada, sino también en una transgresión al artículo 149 de la Constitución Política.”
Le invitamos a descargar y revisar la compilación de todo el proceso tramitado en la Sala Constitucional compartido por ANEP.