La Rectoría, la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA), tienen el gusto de invitar al público en general a unirse a la campaña:
«Ayuda solidaria a la comunidad de Alto Urén de Talamanca: honremos a sus mayores y celebremos a los niños.»
Desde el Campus Sarapiquí de la UNA, los invitamos a unirse a la campaña de recolección de insumos básicos para la comunidad de Alto Urén, ubicada en la cordillera de Talamanca. Esta comunidad carece de luz eléctrica y se demora 8 horas en llegar por las pronunciadas pendientes del recorrido; de ahí que resulta imposible llevar helados sin refrigeración, así como trasladar queques, los cuales llegarían destruidos por las dificultades del camino.
Con los permisos respectivos, este año los niños de la comunidad serán invitados por la comunidad de Amubri, específicamente por el Centro Cultural Tsaira Urki, quien acogerá a estos niños y a sus familias, durante algunos días para celebrarles el Día del Niño, el lunes 09 de setiembre de 2024. Para la celebración las personas interesadas pueden aportar obsequios como piñatas, dulces, bolsitas y otros alusivos.
¿Qué estamos recolectando?
Alimentos no perecederos de la canasta básica y productos enlatados.
Implementos de cocina: recipientes en plástico o aluminio: palanganas, platos, vasos, tablas de picar, cucharones, entre otros.
Prendas y accesorios: Botas de hule para niños y adultos
Medias de fútbol para utilizar con las botas.
Pañuelos típicos, bolsos de tela, colas, prensas y lazos.
Artículos escolares: plasticina, libros de colorear, bolsos escolares, lápices de color, hojas de colores, marcadores y tizas.
Las personas interesadas en colaborar pueden contactar a Ana Patricia Vásquez, académica del Campus Sarapiquí de la UNA al teléfono: 8379-115 o bien directamente en el Campus Sarapiquí de la UNA, ubicado en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Foto extraida de artículo de prensa publicado en Israel el 8 de julio del 2024, y titulado «‘I’m bored, so I shoot’: the Israeli army’s approval of free-for-all violence», Magazine+972 (Israel), de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El pasado 28 de junio del 2024, España presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una solicitud formal de intervención en el caso que opone Sudáfrica a Israel: el texto del comunicado oficial de la CIJ se encuentra disponible en francés y en inglés.
La solicitud formal de intervención de España, que se fundamenta en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ,C está desde ya disponible en este enlace.
La solicitud de España en breve
En las 15 páginas del texto de su solicitud, España refiere a la interpretación de varias disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 que, como Estado Parte de la misma, pretende que sea tomada en cuenta por los jueces de la CIJ a la hora de considerar el fondo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel.
En la página 6 se lee que para España, la intencionalidad de genocidio, sobre la que algunos Estados (cercanos a Israel) quieren que centre su análisis la CIJ , deberá ser complementada con otros criterios:
«24. In Spain’s opinion, precisely because direct evidence of genocidal intent is rare, it is crucial to interpret the do/us specialis requirement with a balanced approach that recognizes the singular gravity ofthe crime of genocide, without rendering the threshold for inferring genocidal intent so difficult to meet so as to make findings of genocide nearimpossible.
25. In this regard, Spain considers that the standard adopted by the Court in Croatia v. Serbia provides the basis for such a balanced approach. The Court highlights the central importance of reasonableness by observing that «[t]he notion of ‘reasonableness’ must necessarily be regarded as implicit in the reasoning of the Court,» not least to avoid an approach that would make it «impossible to reach conclusions by way of inference.» Thus, when determining whether specific intent can be inferred from conduct or not, one must weigh the evidence, and filter out inferences that are not reasonable. Put differently, the «only reasonable inference» test applies only between alternative explanations that have been found to be reasonably supported by the evidence«.
Como Estado Parte a la Convención contra el Genocidio de 1948, España busca hacer ver a los jueces de la CIJ que deberán también guiarse por las interpretaciones que mejor respondan al espíritu de dicha convención. Es por ello que solicita intervenir con base en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ, disposición que se lee de la siguiente manera:
«Artículo 63:1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados.
Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él«.
Se recomienda a nuestros estimables lectores la revisión completa de la solicitud de intervención de España, al contener el texto muchos otros puntos sobre los cuales España pretende llevar los jueces de la CIJ a reflexionar, al momento de analizar las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Cabe recordar que la «Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio» (véase texto) data de 1948 y, que algunas de sus disposiciones ameritan una interpretación evolutiva.
Una acción precedida por otras gestiones similares
La solicitud de intervención de España se añade a otras solicitudes de este tipo que tuvimos la ocasión de analizar previamente, a saber las solicitudes presentadas por los siguientes Estados:
– Palestina, que formalmente la presentó el pasado 3 de junio, basándose tanto en el Artículo 63 como en el Artículo 62: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: Palestina declara reconocer competencia de la CIJ y solicita intervenir«
– México (Artículo 63) que la presentó el pasado 24 de mayo del 2024 (véase texto): remitimos nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos en su momento sobre esta solicitud de México, titulada: «Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de México de intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«
– Libia (véase solicitud presentada el 10 de mayo del 2024).
– Colombia (véase solicituddel 5 de abril del 2024) y;
– Nicaragua, que optó por una vía mucho más difícil, al basar su solicitud de intervención en el Artículo 62 únicamente (véase solicitud de enero del 2024 en francés y en inglés): al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«.
La especificidad de la gestión de España
Es de notar que mientras que América Latina ha evidenciado tempranamente con Nicaragua desde enero del 2024 su apoyo a Sudáfrica ante el juez internacional de La Haya, no se puede decir lo mismo de otras regiones del mundo.
Con relación a Europa, España viene a constituirse en el primer Estado de Europa en acompañar a Sudáfrica en su contienda jurídica contra Israel iniciada el 30 de diciembre del 2023, recurriendo a un instrumento como la Convención contra el Genocidio de 1948: se trata de un instrumento multilateral al que son Estados Partes 153 Estados (véase estado oficialde firmas y ratificaciones).
Resulta sumamente sorprendente que España y solamente 4 Estados más – además de Palestina – consideren oportuno solicitar intervenir en este procedimiento, dadas las imágenes del drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
No está de más recordar que, ante otra jurisdicción internacional, la Corte Penal Internacional (CPI), tempranamente fueron los Estados de América Latina los que realizaron gestiones con carácter urgente ante la Oficina del Fiscal de la CPI, en aras de que ésta actuara con mucha mayor celeridad:
– el 17 de noviembre del 2023, ante acciones desproporcionales e indiscriminadas sobre la población civil de Gaza por parte de las fuerzas militares de Israel, Bolivia acuerpó a Sudáfrica con tres otros Estados, enviando una remisión («referral«) de carácter urgente a la CPI (véase textoque incluye la lista de signatarios en la que no figura ningún Estado de Europa);
– el 18 de enero del 2024, fueron de manera conjunta Chile y México quienes remitieron a la CPI un documento muy similar (véase texto).
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Resulta de interés notar que el resultado de las elecciones en el Reino Unido del pasado 4 de julio posiblemente lleve a sus nuevas autoridades a desistir de una gestión de las autoridades británicas anteriores, tendiente a dilatar la decisión de la CPI sobre la solicitud de arresto de 3 dirigentes del Hamas y 2 dirigentes de Israel hecha por el fiscal de la CPI el pasado 20 de mayo (véase nota de The Guardian del 8 de julio del 2024): véase el texto de la declaración del 20 de mayo del Fiscal de la CPI, el texto de carta pública de la ONG Human Rights Watch del 10 de junio del 2024 emplazando a la autoridades británicas a explicar el motivo de esta gestión, y el texto de la decisión de una Sala de la CPI respondiendo al Reino Unido, con fecha del 27 de junio del 2024.
El reconocimiento de Palestina como Estado
En el caso de España, es de resaltar que recientemente, integró un grupo de Estados de Europa que decidieron reconocer unilateralmente a Palestina como Estado (véase comunicado oficial del 28 de mayo del 2024).
Se trata de un gesto diplomático al que se unieron Irlanda (véase comunicado oficial de la misma fecha), Noruega (véase comunicado oficial) y Eslovenia (véase comunicado del 4 de junio): con España, estos tres Estados europeos colocan a un lado la política de la Unión Europea (UE), que persiste en considerar que aún no es tiempo de reconocerle a Palestina la calidad de Estado.
El 21 de junio del 2024, Armenia que no es parte de la UE, optó por tomar una decisión similar reconociendo a Palestina como Estado (véase comunicado oficial).
Con relación a España, en noviembre del 2014 habíamos tenido la oportunidad de analizar una abrumadora votación en el seno del Congreso español solicitando el reconocimiento de Palestina: véase al respecto nuetra nota titulada «Congreso de España ‘insta’ a reconocimiento de Palestina como Estado«, publicada en el portal de DerechoalDia, en su edición del 21 de noviembre del 2014.
Resulta oportuno recordar que, al observarse el 18 de abril del 2024 en el seno del Consejo de Seguridad un único voto en contra (veto) por parte de Estados Unidos a una resolución solicitando la admisión de Palestina como Estado, fueron Estados anglófonos del Caribe quiénes decidieron desafiar abiertamente a Estados Unidos: Barbados anunció 24 horas después de este injustificable veto de Estados Unidos que reconocía a Palestina como Estado (véase nota de Caribbean News), Jamaica lo anunció el 22 de abril (véase comunicado oficial), Trinidad y Tobago el 2 de mayo (véase comunicado oficial de prensa) y Bahamas 7 de mayo (véase comunicado).
El desafío al liderazgo de Estados Unidos (y a Israel) de estos cuatro Estados del Caribe anglófono constituyó una poderosa llamada, que muy posiblemente, inspiró a otros Estados que aún persistían en no reconocer a Palestina como Estado, en particular los situados en el continente europeo.
Es probable que con estos nuevos 4 reconocimientos provenientes esta vez de Estados europeos, se observen varios reconocimientos adicionales de Palestina como Estado.
Cabe precisar que, en el hemisferio americano, conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, el único Estado que no reconoce a Palestina como Estado es Panamá: desde agosto del 2014, sus autoridades»evalúan» la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado (véase nota de la Estrella de Panamá de agosto del 2014).
A le fecha, Palestina es reconocida por 145 Estados en todo el mundo. Entre el reconocimiento de Barbados (19 de abril del 2024) y Armenia (21 de junio del 2024), se contabilizan un total de nueve reconocimientos. De manera a tener una idea de la dinámica iniciada por Barbados el 19 de abril del 2024, los nueve reconocimientos anteriores de Palestina como Estado se sitúan entre septiembre del 2011 (Grenada) y julio del 2019 (Saint Kitts y Nevis).
Con relación al veto de Estados Unidos registrado en el Consejo de Seguridad del 18 de abril, que de alguna manera desencadenó esta serie de reconocimientos recientes, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota al respecto, titulada, «El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones«, disponible aquí.
La insensatez del accionar israelí ante la justicia internacional
En el último informe de situación elaborado por Naciones Unidas (al primero de julio del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 27 June and 1 July, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 135 Palestinians were killed and 631 were injured. Between 7 October 2023 and 1 July* 2024, at least 37,900 Palestinians were killed and 87,060 were injured in Gaza, according to MoH in Gaza.
/…/
Between the afternoons of 28 June and 1 July, three Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October and 1 July, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, over 1,517 Israelis were killed, the majority on 7 October. These include 317 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,018 soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation. As of 1 July, it is estimated that 120 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld«.
Es de notar que en un reciente artículo con fecha del 27 de junio, un connotado experto militar francés en bombardeos aéreos advierte que las cifras sobre las víctimas mortales y personas heridas en Gaza son muy por debajo de la realidad en el terreno:
«Avec le trend actuel de 300 bombardements par jour, soit 9,000 morts par mois (le calcul de projection se base sur lebomb damage assesmentexpliqué dans l’article ci-dessous), le bilan de l’offensive Netanyahou se situe désormais entre 70 et 80 mille morts que l’état-civil de Gaza est incapable de suivre puisqu’il ne peut compter que les morts qu’il a enregistrés alors qu’il est totalement déstructuré«
(véase artículo titulado»Gaza : pourquoi Netanyahou fait tout pour empêcher un cessez-le-feu ?«).
Siempre con relación a las cifras de muertes en Gaza se lee en este reciente artículo publicado el 5 de julio del 2024 en la revista científica The Lancet y titulado «Counting the dead in Gaza: difficult but essential«, que es una cifra cercana a las 186.000 personas fallecidas las que se debería estimar en Gaza:
«In recent conflicts, such indirect deaths range from three to 15 times the number of direct deaths. Applying a conservative estimate of four indirect deaths per one direct death
to the 37 396 deaths reported, it is not implausible to estimate that up to 186 000 or even more deaths could be attributable to the current conflict in Gaza. Using the 2022 Gaza Strip population estimate of 2 375 259, this would translate to 7·9% of the total population in the Gaza Strip«.
Estas estimaciones sobre el drama indecible que se observa en Gaza son respaldadas, desde la misma Israel, por diversas manifestaciones de altos oficiales confirmando la comisión de crímenes de guerra y de actos de tortura contra prisioneros palestinos (véase, entre muchos, este documento interno del 26 de junio de un alto mando militar al Primer Ministro circulado en redes sociales así como este detallado artículo publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 sobre testimonios de personas palestinas detenidas en la base militar ubicada en desierto del Neguev, Sde Teiman, dado a conocer el pasado 27 de junio y titulado‘More horrific than Abu Ghraib’: Lawyer recounts visit to Israeli detention center. At Sde Teiman, Khaled Mahajneh found a detained journalist unrecognizable as he described the facility’s violent and inhumane conditions«).
Recientemente (3 de julio) expertos de Naciones Unidas denunciaron las detenciones en cárceles de Israel de personas palestinas oriundas de Cisjordania, sin ningun cargo, y ello desde largos decenios (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), al tiempo que Francia (véase comunicado) y Noruega condenaron de manera vehemente las nuevas colonizaciones de Israel en Cisjordania (véase comunicado oficial del 4 de julio de Noruega) así como México (véase comunicado), entre muchas otras reacciones oficiales.
El informe sobre la situación dramática para muchas familias palestinas en Cisjordania elaborado por Naciones Unidas al 3 de julio (véase informe) detalla la manera con la que las fuerzas de seguridad de Israel han aumentado significativamente la represión contra la población civil palestina, en sus tareas de apoyo a las exacciones que cometen…los colonos israelíes en Cisjordania. Se lee en este informe (cuya lectura completa se recomienda) que:
«Between 7 October and 1 July, 539 Palestinians, including 131 children, have been killed in the West Bank, including East Jerusalem; these include 522 killed by Israeli forces, ten by Israeli settlers, and seven where it remains unknown whether the perpetrators were Israeli soldiers or settlers. In addition, over 5,420 Palestinians have been injured in the same period, including about 830 children. More than a third of the total injuries were caused by live ammunition. During the same period, 14 Israelis, including nine members of Israeli forces and five settlers, were killed by Palestinians and at least 105 Israelis, including about 90 members of Israeli forces, were injured in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, during the same period, attacks by Palestinians from the West Bank resulted in the killing of eight Israelis and four Palestinian perpetrators in Israel«.
En Francia, un renombrado especialista en relaciones internacionales explicó recientemente (4 de julio) cómo el drama que se vive en Gaza y su tratamiento sumamente cuestionable por parte de la prensa gala ha condicionando las alianzas en el seno de la izquierda francesa, de cara a la segunda vuelta electoral realizada este 7 de julio (véase video de emisión titulada «Guerre de Gaza et élections législatives«). En su análisis, el experto destaca cómo el simple hecho de criticar los crímenes de guerra de Israel en Gaza ha sido interpretado – de manera totalmente errónea – por muchos sectores políticos como antisemitismo.
A modo de conclusión
Más allá de los círculos cercanos a Israel y su influencia en algunos medios de prensa en Francia (así como en muchas otras latitudes), no cabe duda que son muchos más los Estados Miembros de Naciones Unidas los que deberían estar llamados a activar los diversos mecanismos jurisdiccionales existentes en aras de frenar los ímpetus destructivos de Israel en Gaza: en Europa, pero también en África, América Latina, Asia o en la península arábica y en Oriente Medio.
Dado el indefectible apoyo que ha demostrado históricamente Europa hacia la consolidación de la justicia penal internacional, llama la atención la total ausencia de Europa en acciones ante la CPI: cualquier Estado europeo hubiera podido optar por una acción similar a título individual en sus gestiones ante la justicia penal internacional. Ninguno lo ha hecho al momento de redactar estas líneas (6 de julio del 2024).
Como si el drama indecible observado en Gaza por todos los Estados del mundo desde la tarde/noche del 7 de octubre no tuviese cómo interpelar de similar manera a cada uno de los Estados Partes al Estatuto de Roma, y que suman a la fecha 124 Estados, según el estado oficial de firmas y ratificaciones.
Es de señalar que este 7 de julio, la Foreign Press Association divulgó un comunicado exigiendo a Israel dejar a la prensa trabajar en Gaza y realizar investigaciones in situ para poder informar al mundo de lo que ahí realmente está ocurriendo (véase comunicado). Según el Committee for the Protection of Journalists, al 7 de julio, son 108 periodistas y comunicadores los que han sido deliberadamente asesinados por Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase informe).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com
El pasado 9 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció el final de las audiencias entre Nicaragua y Alemania, con respecto a la solicitud urgente de medidas provisionales solicitadas por Nicaragua contra Alemania, acusada, entre otros cargos, de complicidad por el posible genocidio que se comete en Gaza por parte de las fuerzas militares israelíes: el comunicado oficial de la CIJ se encuentra desde ya disponible en francés y en inglés.
La demanda inicial de Nicaragua fue planteada el 1o de marzo contra Alemania (véase texto en francés y en inglés), acompañada de una solicitud urgente de ordenar medidas provisionales.
Esta demanda se presentó luego de que, el 26 de enero del 2024, la CIJ adoptara una primera ordenanza con respecto a Israel, a solicitud de Sudáfrica (véase texto de la ordenanza en francés y en inglés). Una segunda ordenanza fue recientemente adoptada el 28 de marzo (véase texto en francés y en inglés), siempre a solicitud de Sudáfrica, ante la ausencia de cambio por parte de Israel, en las acciones militares que realiza en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Un interesante reportaje de la cadena AlJazeera (en español) pone de relieve la estrecha relación que tuvo Nicaragua con Israel (y en particular con sus asesores en seguridad y su material militar) durante largos años antes de 1979; y, desde entonces, la relación muy cercana que existe entre las máximas autoridades de Nicaragua con las de Palestina (véase reportaje).
Transferencia de armas y poblaciones civiles bombardeadas de manera indiscriminada, desproporcional e injustificable
Como se sabe – pero se difunde bastante poco – Alemania es el segundo suplidor en armas después de Estados Unidos al ejército de Israel. Tuvimos la ocasión de analizar más en detalle este primer punto al fijar la CIJ audiencias hace unas semanas (Nota 1).
En una reciente nota de prensa de EuroNews con fecha del 11 de marzo sobre el comercio mundial de armas, se indica que:
«The US and Germany accounted respectively for 69% and 30% of arms imports by Israel, which is currently fighting a deadly war against Hamas in Gaza which killed over 30,000 people, most of whom were civilians«.
En su demanda contra Alemania, Nicaragua indicó (párrafo 53):
«53. /…/ By the end of 2023, the German Government had granted military exports to Israel in the amount of 326,505,156 euros. On January 2024, German media reported that Israel had made a request for tank shells, especifically 10,000 120-millimeter Rheinmetall precision rounds. Der Spiegel reported that Germany had agreed to deliver the request from its own stocks in order to be able to comply with the “urgency”. According to information made available by the German Government, export licences granted between January 2024 and 15 February 2024 concerned military equipment worth 9,003,676 euros».
Cabe indicar que el comercio de armas constituye un ámbito específico del derecho internacional público, con ramificaciones en el derecho interno cuando hay riesgos de ser mal utilizadas, y con un régimen jurídico que entraña responsabilidades en lo interno de los Estados exportadores de armas, como bien se analizó en un documento publicado en el 2021 que concluye (página 53):
«Legal challenges are gradually becoming a pragmatic response in the face of apparently unlawful decisions by arms exporting states. Governments should recognise this shift and the possibility that their decisions on arms exports will increasingly be subject to legal challenges before domestic courts. Their decisions must be able to withstand judicial oversight and must conform with obligations under both international and domestic law» (Nota 2).
Es de notar que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder Ejecutivo norteamericano al publicar el Washington Post un reportaje titulado «U.S. floods arms into Israel despite mounting alarm over war’s conduct» (cuya lectura completa se recomienda), en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.
Desde el punto de vista jurídico, no está de más señalar que ni Israel ni Estados Unidos son Estados Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas adoptada en el 2013, cuyo número de Estados Parte asciende a 113 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los cinco Miembros Permanentes, únicamente Estados Unidos y Rusia persisten en no someterse a las obligaciones que contiene este tratado multilateral.
Con relación a Estados Unidos y a la opacidad antes señalada, hay que añadir la comprensión limitada que tiene el gran público norteamericano de la realidad que se vive en Gaza, y la manera tan parcializada de dar cobertura periodística en Estados Unidos al drama inhumano que se vive en Gaza: al respecto, se recomienda escuchar esta reciente (y muy completa) entrevista de Democracy Now.
Finalmente, en el caso de Francia, una pregunta muy precisa hecha desde el 7 de marzo del 2024 al Ministerio de Defensa galo por parte de una senadora con relación al uso dado a componentes militares de tipo «ML4» exportados hacia Israel (véase pregunta), espera una contestación. Al 10 de abril, aún no ha sido respondida. Una pregunta anterior más general hecha en noviembre del 2023 fue contestada en febrero del 2024. En la respuesta se concluía (véase enlace) que:
«La France a rappelé le droit d’Israël à se défendre, qui doit s’exercer dans le respect du droit international humanitaire. Le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire, de même que les conséquences pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, sont pleinement pris en compte dans le cadre de l’examen des exportations de matériel de guerre par la CIEEMG. Cette stricte grille d’analyse n’a pas conduit à suspendre intégralement le flux d’exportations de matériels de guerre depuis le 7 octobre 2023«.
No está de más recordar algunas decisiones tomadas en años recientes sobre las exportaciones de material militar de Alemania y de Francia hacia Oriente Medio:
– en octubre del 2018, Alemania suspendió sus exportaciones de armas hacia Arabia Saudita, en razón de las exacciones cometidas en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudita contra civiles yemenitas y el vil asesinato de un periodista saudí en el Consulado saudita en Turquía (véase nota de la DW);
– en febrero del 2011, Francia decidió suspender toda exportación de armas hacia Egipto, ante la brutal represión de manifestantes por parte de las autoridades egipcias (véase nota de Le Monde).
La insensatez de los mandos militares israelíes en Gaza
El pasado 3 de abril de 2024, un artículo publicado en Israel sobre «Lavender«, un programa de inteligencia artificial utilizado por el ejército israelí desde el 7 de octubre para llevar a cabo los llamados ataques supuestamente «selectivos» contra Gaza, alertó a la opinión israelí (e internacional) sobre la deriva insensata del alto mando militar israelí.
La ONG gala AURDIP tuvo la generosa idea de proceder a una traducción inmediata del inglés al francés (véase enlace al mismo artículo traducido al francés con fecha del 4 de abril), mientras el mundo germano (e hispanoparlante) encuentra la manera de dar a conocer el contenido de este reportaje israelí en alemán (y en castellano). Una entrevista al responsable de esta investigación realizada por Democracy Now está disponible (en inglés) en este enlacedesde el 5 de abril.
De manera que nuestros estimables lectores puedan tener una idea de la presión que se ejerce sobre Israel y sobre los Estados que continúan exportando hacia Israel armas, municiones y componentes electrónicos para fines militares, nos permitimos reproducir el tablero de votación de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase texto) adoptada el pasado 5 de abril del 2024. La resolución contó con 28 voto a favor, 13 abstenciones (entre las que se registra la de Costa Rica…) y 6 votos en contra (Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi y Paraguay). En una de las pocas notas sobre la abstención de Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr, titulada «Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide embargo de armas a Israel; Costa Rica se abstuvo«), se informó que el delegado de Costa Rica en Ginebra optó por no proceder a una explicación del voto de su delegación.
Esta resolución exige un embargo sobre las armas destinadas a Israel en el punto 13 dispositivo que se lee de la siguiente manera:
«13. Exhorta a todos los Estados a que pongan fin a la venta, transferencia y desviación de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, la Potencia ocupante, a fin de evitar nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos de los derechos humanos, y a que, de conformidad con las normas y los estándares internacionales, se abstengan de exportar, vender o transferir bienes y tecnologías de vigilancia y armas menos letales, incluidos los artículos “de doble uso”, cuando determinen que existen motivos razonables para sospechar que esos bienes, tecnologías o armas podrían utilizarse para violar o conculcar los derechos humanos, y recuerda la providencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de enero de 2024, según la cual existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza».
En estos primeros días de abril del 2024, ex integrantes del ejército de Israel reunidos en la organziación Breaking the Silence (véase sitio) han iniciado una gira en Estados Unidos y Canadá para denunciar ante el mundo el tipo de instrucciones que reciben los soldados israelíes en Gaza (véase entrevista realizada por Democray Now el 10 de abril del 2024).
Las respectivas petitorias finales de Nicaragua y de Alemania en breve
Al tratarse de una solicitud urgente de medidas provisionales, la CIJ se limitó a escuchar una única ronda de alegatos por parte de Nicaragua y de Alemania.
El 8 de abril, Nicaragua fue el primero en presentar sus argumentos (véase verbatim). En la petitoria final leída ante los jueces, Nicaragua solicita de manera urgente a la CIJ lo siguiente (páginas 58-59):
«Nicaragua respectfully requests the Court, as a matter of extreme urgency, pending the Court’s determination of this case on the merits, and after recalling to the Parties the obligation of compliance with humanitarian law as well as of the obligation of cooperation to bring to an end all serious breaches of peremptory norms of international law, to indicate the following provisional measures with respect to Germany in its participation in the ongoing plausible genocide and serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of general international law occurring in the Gaza Strip, as well as in other parts of Palestine, namely, to order that:
(1) Germany must immediately suspend its aid to Israel, in particular its military assistance, export and authorization of export of military equipment and war weapons, in so far as this aid is used or could be used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(2) Germany must immediately ensure that military equipment, war weapons, and other equipment used for military purposes already delivered by Germany and German entities to Israel are not used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(3) Germany must resume its support and financing of UNRWA in respect of its operations in Gaza”.
Por su parte, en sus alegatos presentados el día siguiente, 9 de abril (véase verbatim), Alemania por su lado solicitó en su petitoria final lo siguiente (página 50) que:
“The Federal Republic of Germany asks the Court
1) to reject the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of Nicaragua;
and 2) to remove from the General List the case introduced by the Republic of Nicaragua on 1 March 2024”.
Nuestros estimables lectores podrán revisar con detenimiento los fundamentos jurídicos de cada Estado, desarrollados en las más de 50 páginas de sus respectivos alegatos, que preceden sus petitorias finales.
Si la lectura de ambos alegatos resulta tediosa, densa y a veces compleja, y la minuta de las notas en pie de página a veces más tediosa para los ojos, debe saberse que intentar convencer a 15 jueces titulares de la CIJ de la solidez de sus argumentos es todo un arte: requiere, para ambas partes, precisión y rigor en la demonstración, pero a su vez talento oratorio y algo más, indefinible, que poseen los grandes juristas que a menudo litigan en La Haya.
De algunos detalles de interés
Siendo el francés y el inglés los dos únicos idiomas en los que los Estados se pueden dirigir a los jueces de la CIJ, usualmente un Estado que litiga en La Haya busca la manera de contar con dos juristas que cuenten con una capacidad de convencimiento en estos dos idiomas.
La práctica enseña que usualmente, para una determinada controversia, se contratan como mínimo a dos representantes de la escuela anglosajona del derecho internacional, y a dos juristas (no necesariamente franceses) que representen a la escuela francesa del derecho internacional al momento de dirigirse a los jueces de la CIJ. En algunos casos, un Estado se puede conformar con un equipo legal de tan solamente dos personas que se reparten el idioma en el que se deben presentar los alegatos.
En función del grado de complejidad de un asunto, los Estados pueden recurrir a más profesionales del derecho encargados de ventilar oralmente los argumentos legales del Estado, justo después de las palabras introductorias del Agente, el cual es considerado el jefe de la delegación cuando se instalan ambas delegaciones frente a los jueces de La Haya en la sala de audiencias del majestuoso Peace Palace: la CIJ se dirige siempre al Agente, y es el Agente quien abre y cierra las presentación de los argumentos por parte de su equipo legal.
En la práctica, los Estados no recurren a juristas de su nacionalidad, salvo contadas excepciones, a la hora de dirigirse a los jueces de la CIJ.
Costa Rica es uno de los Estados que sí ha optado por esta opción para intentar frenar la batería de argumentos de Nicaragua en sus contiendas a repetición relacionadas al Río San Juan. La lectura de la sentencia de la CIJ del 2009 (derechos de navegación), del 2015 (incursión de Nicaragua en Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» realizada por Costa Rica), del 2018 – monto indemnizatorio por daño ambiental (Nota 3) y delimitación marítima en ambos océanos – denota que esta opción no siempre logra su cometido, al tratarse de juristas o diplomáticos costarricenses con limitada experiencia en el arte del litigio ante los jueces de la CIJ y con una capacidad de convencimiento no siempre a la altura de los altos intereses que defienden y que se discuten en La Haya (Nota 4). En el caso de los derechos de navegación en el Río San Juan (2005-2009), raramente se ha observado a un Estado titular de derechos en un tratado desde 1858 para navegar en un río como el San Juan con sus policías, acudir a la CIJ de La Haya y escuchar 4 años después… en una sentencia, que se le prohíbe ejercer cualquier tipo de navegación policial en ese mismo río (véase párrafo 156, incisos h) e i) de la sentencia de julio del 2009 tomados de manera unánime). Sobre tan reiterado, sistemático y costoso (Nota 5) recurso a la justicia internacional entre dos Estados (un espectáculo jamás observado en La Haya desde 1945), tuvimos en el 2011 la posibilidad de advertir en la conclusión de un artículo (Nota 6) que:
«Después de un prolongado período de una dañina “sanjuanización” de sus relaciones que perduró por más de 10 años (de julio de 1998 al 13 de julio del 2009, fecha del fallo anterior de la CIJ), pareciera que algunos sectores tienen algún interés en azuzar los ánimos, arriesgándose así a abrir otro nuevo período que afecte la compleja agenda bilateral suspendida desde muchos años entre Costa Rica y Nicaragua«.
Volviendo a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, es de notar que mientras Nicaragua se presentó a la barra de La Haya con una delegación compuesta por 11 personas, Alemania consideró útil y oportuno presentarse con una delegación un poco mayor de 16 personas.
El desbalance ha podido ser mucho mayor en el caso de otras contiendas: a modo de ejemplo, en junio del 2007, Nicaragua se presentó en La Haya con 8 integrantes, Colombia con 18 integrantes (véase páginas 4-7, del verbatim); en noviembre del 2022, Guyana se presentó con 15 integrantes a la barra de La Haya, Venezuela con 32 (véase páginas 4-9 del verbatim). De ingrata memoria para Estados Unidos, cabe recordar que cuando en abril de 1984, Nicaragua se presentó a la barra de La Haya contra Estados Unidos, se presentó inicialmente con una delegación compuesta por 7 personas, mientras Estados Unidos lo hizo con 18 integrantes (véase verbatim, volumen 1, p.33); al declararse perfectamente competente la CIJ en noviembre de1984, Estados Unidos optó por no comparecer más (véase verbatim p.3 de audiencias celebradas en setiembre de 1985, con la única delegación de Nicaragua presente en La Haya).
Volviendo nuevamente a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, para la presentación oral de sus argumentos, Nicaragua recurrió a los servicios del francés Alain Pellet, jurista de renombre que inició su carrera como litigante en La Haya con Nicaragua en 1984, al demandar Nicaragua a Estados Unidos: se trata probablemente del jurista con mayor experiencia en el arte del litigio internacional, y que ha acompañado a numerosos Estados en sus contiendas legales en La Haya. En el caso de Nicaragua, ha sido parte de equipo legal desde 1984 de manera ininterrumpida: contra Estados Unidos en 1984, contra Honduras en 1999, contra Colombia en el 2001, contra Costa Rica en el 2009 (Nicaragua siendo esta vez demandada), así como en el 2010, 2011, 2014 y 2017 (siempre ante Costa Rica) y contra Colombia nuevamente (con dos demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua).
En el 2022, otra de las grandes figuras del equipo legal de Nicaragua desde la histórica hazaña iniciada contra Estados Unidos en 1984, presentó su renuncia a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 7).
Además del galo Alain Pellet, Nicaragua se presentó este 8 de abril con Daniel Müller, jurista alemán con una experiencia menor (véase enlace) y que se inició en el arte del litigio en La Haya en el 2006 con Alain Pellet en el equipo legal de Guinea contra República Democrática del Congo – véase verbatim).
Alemania por su parte se presentó a la barra este 9 de abril con un nutrido equipo (por orden de presentación de sus argumentos): iniciando con el jurista británico Christian J. Tams (primer ante los jueces de la CIJ en el 2014 asesorando a Serbia contra Croacia – véase verbatim), otro británico Samuel Wordsworth (primera aparición en La Haya en el 2013 como asesor de Costa Rica contra Nicaragua en el asunto de Isla Portillos – véase verbatim– ), Anne Peters (jurista alemana, siendo esta su primera aparición en la barra de La Haya), y concluyendo con Paolo Palchetti (jurista italiano, con una primera aparición en La Haya en el 2011 en el equipo legal de Italia frente a Alemania – véase verbatim).
Se notará el desbalance de Alemania en el uso del inglés durante la presentación de sus alegatos orales, mientras que la dupla Pellet-Müller sí logró imprimir un equilibrio casi perfecto en el uso de los dos idiomas de trabajo de la CIJ: el verbatim del 8 de abril registra 12 páginas iniciales del Agente de Nicaragua (inglés), seguidas por 12 páginas de Daniel Müller (en inglés), 13 páginas de Alain Pellet (en francés), y 10 páginas de cierre del Agente de Nicaragua en inglés.
Notemos que Nicaragua designó como juez Ad Hoc al jurista jordano Awn Al-Khasawneh (véase página 8 del verbatim del primer día de audiencias): se trata de un jurista con una larga experiencia al haber sido juez de la CIJ entre el 2000 y el 2011; al tiempo que Alemania ya dispone de un juez de su nacionalidad entre los jueces titulares de la CIJ desde el 1ero de enero del 2021.
Finalmente, resulta de interés indicar que el funcionario nicaragüense que funge como Agente de Nicaragua en este mes de abril del 2024 es el mismo que ha asumido esta función desde las audiencias celebradas en abril de1984 en el primer asunto llevado contra Estados Unidos y luego en las 14 controversias llevadas ante la CIJ involucrando a Nicaragua (de las cuales 6 con Costa Rica): es sin lugar a dudas, en el mundo, el diplomático que concentra la mayor experiencia del litigio en La Haya.
A modo de conclusión
Más allá de estos y otros detalles de forma, terminadas las audiencias, la CIJ entró a deliberar a partir de los argumentos expuestos por ambos Estados, para decidir si ordena algunas de las medidas provisionales solicitadas de manera urgente por Nicaragua, o si por el contrario rechaza esta solicitud como se lo pide Alemania.
Contrario a algunos colegas germanos que, en redes sociales, ya se adelantaron sosteniendo que la CIJ rechazará la solicitud de Nicaragua – omitiremos nombrarlos para no causar mayor sonrojo -, consideramos prudente esperar conocer la decisión de la CIJ, cuya lectura se debería de dar en las próximas semanas, dada la urgencia de la dramática situación que se vive en Gaza.
Tuvimos hace poco la oportunidad de hacer ver a dos de nuestras colegas europeas que su afirmación sobre la falta de rapidez de la CIJ en convocar a audiencias luego de recibir la solicitud de Nicaragua contra Alemania era totalmente errónea a la luz de la práctica de la CIJ en solicitudes similares (Nota 8).
Desde el punto de vista procesal, cabe advertir desde ya que la ordenanza de la CIJ entre Nicaragua y Alemania constituirá una decisión preliminar, respondiendo por la afirmativa (o la negativa) a Nicaragua a su solicitud urgente. Y que la decisión sobre el fondo del asunto se leerá dentro de un mínimo de 4 años (siempre y cuando Alemania no proceda a utilizar incidentes procesales, cuyo efecto es dilatar el procedimiento contencioso).
Con relación al entendible entusiasmo de colegas alemanes al escuchar el equipo legal de Alemania en La Haya este 9 de abril y al sentimiento de seguridad que les generó escuchar a sus integrantes, somos de la idea (compartida desde muchos años con todos nuestros estudiantes y amigos de la Facultad de Derecho de la UCR, así como analistas internacionales y periodistas), que anticipar el contenido de una futura decisión de la CIJ resulta siempre un tanto aventurado: tradicionalmente, el juez internacional de La Haya busca la forma de imprimir, en todas sus decisiones, un sutil equilibrio entre las pretensiones de unos y de otros.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania«, nota editada el 15 de marzo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ATT Expert Group, Domestic accountability for international arms transfers: Law, policy and practice, Saferworld, 2021, 54 páginas. Texto disponible haciendo click en «donwload» aquí. Véase también con relación a la normativa regional de la Unión Europea en la materia MERLIN J.-B., «Les contentieux nationaux relatifs à la vente interétatique d’armes«, Vol. 65 Annuaire Français de Droit International, Année (2019) pp.71-103. Texto integral de ese artículo disponible aquí. En Canadá y el debate sobre la ilegalidad de las armas enviadas a la coalición liderada por Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, véase AZAROVA V., DAVID E., TURP D., WOOD B., Opinion on the International Legality of Arms Transfers to Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Other Members of the Coalition Militarily Involved in Yemen, IPIS, 102 páginas, December 2019. Texto integral disponible aquí. Resulta de interés señalar que, en junio del 2020, España optó por suspender el envío de 600.000 cartuchos a Nicaragua debido a la represión desproporcional en contra de manifestantes por parte de las autoridades policiales nicaragüenses (véase nota de Mesa Redonda).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ«, nota editada el 2 de febrero del 2018 y disponible aquí.
Nota 4: En un comentario a una unión de procedimiento («jonction d´instances» en francés) realizada por la CIJ a solicitud de Nicaragua (y objetada por Costa Rica), publicado en Francia (véase texto) y titulado «Costa Rica / Nicaragua et CIJ: une procédure incidente revisitée: la jonction d´instance«, habíamos indicado que:
«Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire (22). A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la «tactique dilatoire» du Nicaragua (23). L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités, on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante«. En un artíclo en español, siempre con relación a esta unión de procedimientos, indicamos que: «Dicha ordenanza no cuenta con precedente alguno en la jurisprudencia de la CIJ, ya que en casos anteriores, la unión de procedimientos se hizo siempre a petición de ambos contrincantes, y no de uno solo«: véase BOEGLIN N., «Lectura del fallo de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua el próximo 16 de diciembre: breves observaciones«, sitio de la Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, UCR, 13/12/2015, p. 5. Texto disponible aquí.
Nota 5: En el caso de Costa Rica (y de Nicaragua) se mantiene como una verdadera incógnita los montos quede cada Estado debió sufragar para financiar estas repetitivas contiendas en La Haya. En Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya. Por su parte, Bolivia reconoció en el 2018 haber gastado más de 14 millones de US$ en el caso de su demanda – véase texto – presentada en el 2013 contra Chile (véase nota de prensa) al tiempo que Chile reconoció un monto superior a los 24 millones de US$ (véase nota de prensa): esta transparencia por parte de estos Estados de la región andina sobre el costo exacto que representa para un Estado una demanda en La Haya merece ser saludada, dada la opacidad y el hermetismo que muchos otros mantienen con respecto a este rubro. En el caso de Chile se indicó que el 75% de los 24 millones de US$ correspondió al pago de consultorías jurídicas y de expertos internacionales (véase nota de prensa). En Costa Rica, en una de las pocas notas informativas en un medio de prensa publicada (CRHoy, edición del 3/06/2015 – véase nota) se lee que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales”: un dato verdaderamente extraño, que nos ha parecido oportuno mencionar, y que … habría tal vez que dar a conocer de forma urgente a todos los que velan por la buena salud de la hacienda pública en Bolivia, Chile y Perú.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa Rica y Nicaragua«, Revista Estudios, Num. 24 (2011), Universidad de Costa Rica (UCR), pp. 362-379. Texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua: a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional«, nota editada el 28 de marzo del 2022 y disponible aquí.
Nota 8: Véase nuestros comentarios al final en BENDEL J & SUEDI Y., «The recent genocide cases and public interest litigation: a complicated realtionship», EJIL Talk, edición del 5 de abril del 2024.Texto disponible aquí.
Ante la realidad que se vive en Palestina, desde México diversas organizaciones, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Casa de los Pueblos México, CLETA-UNAM, BDS México y otras, nos sumamos a la semana contra el apartheid israelí, realizando actividades para condenarlo y movilizarnos en su contra. Durante dicha semana se realizaron las siguientes actividades:
Programa en línea Latinidades con Eduardo Rivas del Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina – CUSPPA, tema: Acciones en apoyo a nuestros hermanos palestinos desde México.
Primer Encuentro Universitario – Popular Contra el Apartheid en Palestina, Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM 16 de marzo de 2023.
Acción contra el apartheid desde México en el Ángel de la Independencia 21 de marzo de 2023.
Exposición Fotografía Contra el Apartheid Israelí en Palestina en la Casa de Cultura Las Jarillas, Iztapalapa, CDMX del 23 al 27 de marzo de 2023.
Conversatorio en línea con Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos con el Tema: Pueblos del Mundo contra el Apartheid desde la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN.
Mujeres que luchan con la participación de diversas compañeras del mundo incluyendo a la compañera Raya Radwan Coordinadora de Comunicación de la Campaña Stop they Wall de Palestina en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco 25 de marzo de 2023. Ese mismo espacio se declaró como Espacio Libre de Apartheid Israelí – ELAI.
Hacer un buen uso del dinero, del ahorro y la inversión permiten mejorar las finanzas e invertir en educación, salud, vivienda, esparcimiento y otros aspectos que contribuyen con la calidad de vida del ahorrante (diseño Ana María Sibaja).
La educación financiera es uno de los elementos claves para lograr administrar efectivamente los recursos y no caer en niveles insostenibles de endeudamiento, que pueden poner en riesgo la estabilidad emocional y laboral de los deudores.
Una manera de incentivar el ahorro y mejorar los conocimientos de la población nacional y de la comunidad universitaria en particular, es precisamente mediante la clara orientación que favorezca una sana educación financiera.
Por esta razón, el jueves 30 y viernes 31 de octubre, la Oficina de Administración Financiera (OAF) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Red Costarricense de Educación Financiera realizarán la Primera Feria de ahorro y finanzas que se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 6 p.m. en el vestíbulo y en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.
La Primera Feria del Ahorro y las Finanzas organizada por la Oficina de Administración Financiera y la Red Costarricense de Educación Financiera se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas el jueves 30 y viernes 31 de octubre y es abierta a todo público (foto Archivo ODI).
En la feria se ofrecerán charlas y actividades sobre diversos temas como: el uso eficiente del dinero, las finanzas básicas, los fondos de inversión, el perfil del inversionista, las pensiones complementarias, los seguros de vida y la administración del aguinaldo.
Las organizadoras comentaron que los especialistas que ofrecerán las charlas utilizarán un lenguaje sencillo y procurarán desarrollar en el público las habilidades básicas para gestionar sus finanzas personales. La directora de la Oficina de Administración Financiera de la UCR Mag. Isabel Pereira Piedra explicó la importancia de esta feria y el aporte de la Universidad en el educación para hacer un buen uso del dinero.
Además habrá actividades lúdicas y un taller para fomentar el ahorro desde la infancia, en el que participarán alumnos de la Escuela Roosevelt.
Consulte el programa de actividades de la Feria del Ahorro y las Finanzas, asista a las charlas y reciba información en los puestos que se ubicarán en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas.
La idea de realizar esta feria surgió debido a un interés de la UCR y de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) de fomentar los hábitos saludables para el manejo del dinero en niños, jóvenes y adultos. La ENEF está integrada por el Conassif, y las superintendencias Sugef, Sugeval, Supen y Sugese; estas instituciones han analizado la situación de cultura financiera de los costarricenses y hay grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de una mejor formación en este campo.
En la feria también participarán los integrantes de la Red Costarricense de Educación Financiera, un conjunto de alrededor de 30 entidades públicas y privadas, que ofrecerán información sobre productos de ahorro e inversión, ocasión oportuna para analizar cómo utilizar bien el aguinaldo próximo a recibir.
La primera feria del ahorro coincide con el Día Mundial del Ahorro que se celebra el próximo 31 de octubre. La actividad estará abierta a todo público y es gratuita.
Vicerrector de Administración habló de las medidas de racionalización del gasto
En el 2013, la proporción de la masa salarial dentro del presupuesto de fondos corrientes representó el 72,13% según dio a conocer el Vicerrector de Administración (foto Archivo ODI)
Desde el año 1992, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) estableció como política de sano equilibrio financiero de la institución, una relación de un máximo de 80% del presupuesto destinado a masa salarial y un mínimo de 20% a operaciones e inversiones en equipamiento e infraestructura.
Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, actualmente la UCR opera sobre esa relación de equilibro y más bien se encuentra en una mejor posición, ya que ha podido mantener sus números en un rango de 73-27,aproximadamente. En el 2013, la proporción de la masa salarial dentro del presupuesto de fondos corrientes representó el 72,13%. “La actual administración universitaria desde el año 2012, inició un proceso de valoración de la situación financiera y presupuestaria de la institución, entre otros aspectos, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad futura de las finanzas y así la actividad sustantiva universitaria”, señaló Araya.
También enfatizó que la labor de la UCR se centra en la enseñanza y la formación profesional, la investigación, la acción social, el estudio, la creación artística y la difusión del conocimiento. Por lo tanto, el recurso humano constituye la principal fuente de inversión del presupuesto. “Esto es así en todas las instituciones de educación pública y en otras que se dedican a la prestación de servicios”, subrayó.
Además de otros insumos, la administración solicitó al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE),la realización de un estudio actuarial proyectado hasta el 2050, y un análisis comparativo con otras 14 instituciones públicas,para definir el estado de la institución en el tema de masa salarial, los incentivos que ella contempla y la relación masa salarial/gastos operativos con respecto a otras entidades estatales. Una vez que se tengan los resultados de esos estudios, se hará el análisis correspondiente y se tomarán las medidas que sean necesarias.
De igual manera, la institución ha tomado medidas de contención del gasto, racionalización y buen uso del presupuesto, especialmente en materia de otorgamiento de complementos e incentivos salariales, como es el caso de la dedicación exclusiva o el incentivo por mérito académico. Así mismo, se contempla la transformación del sistema de salarios, de forma que permita mejores sueldos iniciales de contratación, que ahora son muy bajos, pero con una menor aceleración en el crecimiento por concepto de anualidades y escalafones. En materia administrativa, la Universidad ha atendido las recomendaciones de los expertos sobre reducción y eficiencia del gasto público, por medio de la implementación de plataformas informáticas de compras (Merlink), gestión bancaria, procesos de matrícula, entre otras, concluyó el vicerrector Araya.
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Defender el modelo eléctrico es defender a Costa Rica
Hay cosas que un pueblo construye con dinero. Otras con trabajo. Otras con sacrificio. Y hay unas pocas que se construyen con generaciones enteras creyendo en un mismo sueño. El sistema eléctrico costarricense pertenece a esa última categoría.
No nació de la casualidad ni apareció por la mano invisible de un mercado. No fue un regalo de inversionistas extranjeros ni una oportunidad de negocios para unos pocos. Fue una obra colectiva levantada durante décadas por miles de costarricenses que entendieron algo profundamente simple: hay servicios tan esenciales para una nación que no pueden quedar sujetos únicamente a la lógica de la ganancia.
Mientras otros países preguntaban cuánto dinero se podía ganar llevando electricidad a una comunidad, Costa Rica se hizo otra pregunta: ¿cómo hacemos para que la electricidad llegue a todos? Y esa diferencia cambió nuestra historia.
Gracias a esa visión hoy Costa Rica posee algo extraordinario: prácticamente el 100% del territorio nacional cuenta con acceso a electricidad. La luz llega a barrios, montañas, comunidades indígenas, zonas rurales y costas alejadas. Llega a lugares donde un modelo guiado solo por la rentabilidad probablemente nunca habría llegado.
Porque una empresa puede ver una zona aislada y pensar: “no es rentable”. Pero una nación verdadera ve personas, ve familias, ve ciudadanos. Esa es la diferencia entre un negocio y un proyecto país.
Nuestro modelo eléctrico fue diseñado para servir a la población y no para extraer la máxima rentabilidad posible. Por eso existen subsidios cruzados. Por eso una familia en Guanacaste paga lo mismo que paga una familia en San José. Por eso quienes consumen más aportan más. Porque Costa Rica entendió algo que algunas sociedades olvidaron: la solidaridad no es una debilidad económica; es una fortaleza nacional.
Los datos hablan por sí solos. Costa Rica produce más del 98% de su electricidad con fuentes renovables. Tenemos cobertura prácticamente universal. Mantenemos altos niveles de calidad y confiabilidad. Y nuestras tarifas residenciales compiten favorablemente con muchos países desarrollados cuyos ingresos per cápita duplican o triplican el nuestro.
La siguiente tabla ilustra cómo se compara nuestro modelo con el de algunos países de la OCDE, considerando modelo de distribución, precio al consumidor residencial, cobertura y equidad territorial:
País
Modelo eléctrico
Precio hogar (USD/kWh)
Cobertura
Tarifa rural = urbana
Costa Rica
Estatal + cooperativas + ARESEP
~US$0.20–0.21
~100%
Sí (subsidio cruzado)
España
Privadas reguladas
~US$0.28–0.32
~100%
Sí
Alemania
Mixto privado-regulado
~US$0.44–0.48
~100%
No completamente
Francia
Predominio estatal
~US$0.30–0.32
~100%
Sí
Irlanda
Privado regulado
~US$0.69
~100%
Parcialmente
Italia
Privado regulado
~US$0.66
~100%
Parcialmente
California EE.UU.
Privadas concesionadas
~US$0.30–0.33
100%
No
Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), ARESEP. Precios convertidos a USD (tipo de cambio 2025).
Mientras países europeos con ingresos cercanos a los US$60 000 o US$70 000 por habitante pagan electricidad mucho más costosa, Costa Rica, con un ingreso cercano a US$20 000 por persona, ha construido un modelo eficiente, limpio y profundamente humano.
La tabla siguiente permite apreciar con mayor detalle la diferencia de precios residenciales e industriales, así como la relación entre el costo de la electricidad y el nivel de desarrollo económico de cada nación:
País
Residencial (USD/kWh)
Industrial (USD/kWh)
Veces más caro que CR
PIB per cápita (USD)
Irlanda
~0.69
~0.30–0.35
3.3x
130 000
Italia
~0.66
~0.26–0.32
3.1x
43 000
Bélgica
~0.61
~0.24–0.29
2.9x
61 000
Alemania
~0.44–0.48
~0.27–0.28
2.0x
60 000
Dinamarca
~0.39–0.41
~0.22–0.26
1.9x
77 000
California EE.UU.
~0.30–0.33
~0.20–0.24
1.5x
90 000
España
~0.28–0.32
~0.18–0.21
1.3x
38 000
Costa Rica
~0.20–0.21
~0.12–0.15
referencia
20 000
Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), FMI, 2025.
Eso no ocurrió por accidente. Fue producto de planificación pública, instituciones fuertes, visión de largo plazo y una decisión histórica: poner el interés nacional por encima del interés particular.
Y precisamente porque funciona, algunos quieren cambiarlo.
Debemos decirlo con claridad. Cada cierto tiempo reaparecen discursos que hablan de modernización, apertura, eficiencia y competencia. Las palabras cambian. El libreto casi nunca.
Se presenta la privatización como una receta inevitable, como si la historia empezara hoy y como si Costa Rica no hubiera demostrado ya que otro camino era posible.
Pero el país tiene memoria.
Recordamos épocas donde ciertos generadores privados vendían electricidad en condiciones extraordinariamente favorables, con contratos que garantizaron ganancias desproporcionadas. Recordamos privilegios construidos alrededor de un mercado cautivo. Recordamos cómo algunos pocos ganaron mucho mientras el país asumía costos que nunca fueron realmente discutidos.
Y hoy esos intereses vuelven a tocar la puerta. No llegan diciendo que quieren un negocio. Llegan hablando de eficiencia. No llegan diciendo que quieren rentas privilegiadas. Llegan hablando de competencia. No llegan diciendo que quieren capturar un mercado construido con inversión pública. Llegan diciendo que vienen a modernizar.
Pero Costa Rica tiene derecho a hacer una pregunta sencilla:
¿Modernizar para beneficiar a quién?
Porque cuando un sistema funciona, la carga de la prueba corresponde a quien quiere cambiarlo.
Y nuestro sistema funciona. Funciona porque fue construido con una lógica distinta. La lógica de país. El ICE, las cooperativas, la regulación y los mecanismos solidarios no son obstáculos para el desarrollo. Son precisamente las herramientas que permitieron construir uno de los sistemas eléctricos más exitosos del planeta.
Muchos países ricos todavía intentan resolver problemas que Costa Rica resolvió hace décadas: cómo electrificar zonas rurales, cómo universalizar el servicio, cómo impulsar energías limpias y cómo evitar que vivir lejos de las ciudades signifique pagar más.
Nosotros ya lo hicimos. Y lo hicimos juntos.
Por eso esta discusión no trata únicamente de kilovatios, tarifas o modelos regulatorios. Habla de algo mucho más profundo. Habla del tipo de país que queremos ser.
La electricidad costarricense no es solamente infraestructura. Es una decisión moral. Es la expresión de una idea profundamente democrática: que el progreso de una nación debe llegar hasta el último hogar, hasta la última familia y hasta la última comunidad.
Y hay cosas que una generación recibe no para venderlas, sino para protegerlas. Porque hubo costarricenses antes que nosotros que construyeron esta obra pensando en personas que nunca conocerían.
Nos toca hacer lo mismo. Porque la luz que hoy ilumina nuestras casas no nació en los mercados. Nació en una visión de país. Y los pueblos que olvidan el valor de lo que heredaron terminan pagando dos veces: primero con indiferencia y después con arrepentimiento.
La electricidad de Costa Rica no es un privilegio. No es una mercancía. No es una oportunidad de negocios. Es una conquista nacional.
Y las conquistas nacionales no se negocian: se defienden.
Porque la luz que llega a cada hogar costarricense no pertenece a unos pocos: pertenece a generaciones enteras. Y lo que un pueblo construyó unido, ningún interés particular debe arrebatárselo.
Algunos se escandalizan porque dispararon contra la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Y claro que es gravísimo. Lo que no es de recibo es que haya quienes descubran ahora la indignación, cuando desde hace mucho tiempo vienen disparando contra lo más sagrado de una sociedad: la vida humana.
Porque antes de las amenazas contra la Basílica de los Ángeles y antes de los disparos que hoy estremecen a Cartago, ya existían otras heridas mucho más profundas: jóvenes asesinados, comunidades tomadas por el miedo, narcotráfico creciendo silenciosamente y una progresiva normalización de la muerte.
Desde hace tiempo he venido señalando algo que me preocupa profundamente: la ausencia de una voz verdaderamente profética en la diócesis de Cartago frente al deterioro social que vive la provincia. Y no hablo de declaraciones ocasionales ni de mensajes genéricos u oraciones por la paz. Hablo de una palabra clara, incómoda y pastoralmente valiente ante una realidad que cambia aceleradamente el rostro de nuestras comunidades.
Cartago ya no puede seguir pensándose como aquella provincia idílica distante de las dinámicas más agresivas del crimen organizado. La violencia ha comenzado a instalarse con signos cada vez más visibles. Y lo más preocupante es que muchas veces pareciera existir una peligrosa costumbre a convivir con ella.
Por eso reducir lo ocurrido en la Basílica únicamente a un “irrespeto religioso” sería quedarse corto. Claro que hay una dimensión simbólica gravísima en amenazar o disparar contra el principal santuario religioso del país. Pero el problema es todavía más profundo: una sociedad que pierde el respeto por la dignidad humana termina perdiendo también el sentido de lo sagrado.
Primero se banaliza la sangre. Luego se banaliza todo lo demás.
Y, ¿Dónde estuvo la voz que interpretara espiritualmente este momento histórico? ¿Dónde estuvo la denuncia clara contra la cultura de muerte que empieza a echar raíces incluso en una provincia profundamente religiosa? ¿Dónde estuvo la palabra capaz de incomodar no solo al criminal, sino también a una sociedad que poco a poco se acostumbra al deterioro moral?
Precisamente por eso este momento exige algo más que indignación. Exige una Iglesia con presencia real en medio de las heridas del pueblo, con la valentía de llamar las cosas por su nombre y con la fuerza profética para denunciar, aunque incomode.
Cartago necesita hoy una Iglesia menos silenciosa frente a la cultura de muerte y más cercana a las comunidades golpeadas por el miedo, la violencia y el abandono. Porque defender lo sagrado no puede limitarse a proteger piedras y paredes; implica, ante todo, defender la dignidad humana allí donde está siendo herida todos los días.
Diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad y la Liga Cívica Nacional convocaron a la ciudadanía a participar en acciones de presión y movilización frente a la Asamblea Legislativa para exigir el rechazo del expediente 23.414, iniciativa que consideran una amenaza para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas eléctricas y el modelo solidario del sistema energético nacional.
Las actividades anunciadas incluyen presencia en barras legislativas los días 25 y 26 de mayo a las 3:00 p.m., así como una vigilia el 26 de mayo a las 6:00 p.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa.
La convocatoria se realiza bajo la consigna:
“No al expediente 23.414. ¡Ayer, hoy y siempre, el ICE se defiende!”
En los materiales divulgados por las organizaciones se sostiene que el proyecto abriría el camino a un proceso de privatización eléctrica mediante un mercado de subastas que beneficiaría a grandes generadores privados y empresas transnacionales.
El Movimiento por el Derecho a la Electricidad recordó que en mayo de 2024 el país estuvo “a punto de quedar a oscuras” debido a decisiones políticas relacionadas con el sistema eléctrico nacional. A partir de ese antecedente, advirtió que el expediente 23.414 debilitaría al ICE y aumentaría las tarifas eléctricas para la población.
Según el pronunciamiento, la propuesta permitiría que generadores privados y empresas transnacionales tomen decisiones estratégicas sobre el sistema eléctrico mediante un modelo de mercado diseñado “a su medida”.
Las organizaciones cuestionan especialmente la creación de una nueva entidad denominada ECOSEN, en cuya estructura podrían participar representantes de empresas privadas de generación eléctrica. A juicio del movimiento, esto generaría conflictos de interés y una situación de “juez y parte” en la regulación del sistema eléctrico nacional.
El pronunciamiento también afirma que actualmente los ingresos obtenidos por el ICE mediante exportación de electricidad hacia Centroamérica ayudan a reducir las tarifas eléctricas nacionales, mientras que con el nuevo modelo esos beneficios serían trasladados a empresas privadas.
“Eso es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, sostiene el documento del movimiento.
Por su parte, el dirigente César López Dávila, vocero de la Liga Cívica Nacional, criticó tanto al gobierno como a sectores políticos que —según indicó— mantienen respaldo a una agenda neoliberal en materia energética.
En particular, López Dávila interpeló al diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, señalando que organizaciones del movimiento enviaron consultas formales a su despacho sin haber recibido respuesta.
El dirigente calificó el proyecto como “un adefesio” y “un mamotreto” que podría causar “estragos en el sistema eléctrico nacional”.
Durante los últimos días, distintos sectores sociales y políticos han incrementado las críticas contra el expediente 23.414. Entre ellas destacan las advertencias formuladas por la exdiputada Sofía Guillén, quien señaló que el proyecto podría provocar aumentos tarifarios, debilitamiento institucional del ICE y mayor concentración del negocio eléctrico en manos privadas.
Las organizaciones invitaron además a la ciudadanía a observar y compartir dos videos: el de la conferencia de prensa relacionada con el tema, así como el que presenta una explicación sintética de la lucha por la defensa de la electricidad.
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público Facultad de Derecho, UCR nboeglin@gmail.com
Introducción
Hace ya casi tres meses que inició el ataque por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Esta confrontación, que empezó el sábado 28 de febrero del 2026, y que cesó provisionalmente desde el 8 de abril, constituye un nuevo episodio que ha desestabilizado significativamente a la ya convulsa región de Oriente Medio y al mundo en general, con consecuencias imprevisibles de muy diversa naturaleza.
Este 22 de mayo, una enésima propuesta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a esta confrontación militar que no ha llevado a mayor cosa ni a Estados Unidos ni a Israel, ha sido revelado por la prensa en Arabia Saudita: véase nota de prensa titulada «US–Iran draft agreement signals to ease tensions and open Hormuz strait – Al Arabiya«.
Como se puede observar, el programa nuclear iraní no figura en esta versión, concentrándose el texto en ver la manera de normalizar paulatinamente y de común acuerdo, el paso por el estrecho de Ormuz únicamente, cesando ambos Estados (Estados Unidos e Irán) operaciones de tipo militar. En esta nota del 20 de mayo de la agencia Reuters, se detalla el sistema previsto por Irán para el paso de embarcaciones, en esta ocasión un tanquero cargado de petróleo de Irak a destinación de Vietnam.
Será de interés observar si esta nueva versión de acuerdo entre Estados Unidos e Irán satisface a ambos contendientes, o si se trata únicamente de una simple etapa más en la estrategia dilatoria a la que parecieran conformarse ambos Estados, pese a las consecuencias muy graves para la economía mundial, incluyendo la economía norteamericana y la iraní, de la actual situación en el estrecho de Ormuz.
Si el futuro acuerdo final entre Estados Unidos e Irán se limita a la principal causa que afecta a la economía mundial, se podrá confortar aún más la idea que nada lograron Estados Unidos ni tampoco Israel al iniciar su ataque contra Irán el pasado 28 de febrero. Este 21 de mayo, Estados Unidos reconoció haber redirigido un total de 97 embarcaciones e inmovilizado a cuatro de ellas, desde que estableció su propio bloqueo en el Golfo Pérsico (véase «tweet» oficial en este enlace).
Al analizar los primeros 14 días de esta confrontación, en los que pasamos en revista las reacciones oficiales de Estados observadas en América Latina, incluyendo el apoyo a Estados Unidos y a Israel por parte de Argentina y de Paraguay, y la incapacidad de la diplomacia de Costa Rica de condenar a Estados Unidos y a Israel, ya nos habíamos permitido concluir que:
«Aventurarse a iniciar una guerra contra un Estado resulta siempre una decisión que se toma luego de ponderar detenidamente los riesgos que una confrontación militar implica. En el caso del ocurrente ocupante de la Casa Blanca, todo pareciera indicar que esta ponderación del riesgo se hizo de manera bastante aproximativa, exponiendo de manera irresponsable a varios Estados árabes y a la economía mundial a sufrir las consecuencias» (Nota 1).
Nótese que este 22 de mayo renunció en Estados Unidos una de la jerarcas en materia de servicios de inteligencia (véase nota de la BBC), y que es probable que el autodenominado «Secretario de la Guerra» conozca una suerte similar en las próximas semanas. Esta renuncia fue precedida de varias más que detallaremos en las líneas que siguen.
Una confrontación militar ayuna de objetivo estratégicos
Desde el 28 de febrero del 2026, Estados Unidos e Israel han demostrado al mundo que, pese a contar con servicios de inteligencia considerados entre los mejores del mundo, subestimaron la capacidad de respuesta militar iraní: lo que se planificó de manera conjunta desde el punto de vista militar para durar unos pocos días (unas cuantas semanas a lo sumo), lleva ya 85 días sin que se deje entrever una salida airosa para ambos.
Adicionalmente, Estados Unidos ha exhibido ante los ojos de la comunidad internacional una desesperación raramente observada, con iniciativas anunciadas y suspendidas a los pocos días, despotricando de paso contra sus aliados más cercanos al no visualizarse ninguna salida honorable para su errático presidente.
«¿Informantes mal informados?». Es una interrogante que ya tuvimos la ocasión de utilizar cuando, con base en «información de inteligencia» israelí en mayo del 2018, el Presidente de Estados Unidos optó por retirar a Estados Unidos del pacto nuclear suscrito por Irán con Estados Unidos y varios Estados más en julio del 2015, a partir de datos que fueron públicamente desmentidos por la entidad internacional de Naciones Unidas a cargo de verificar in situ el nivel de enriquecimiento del uranio en Irán pactado en el 2015 (Nota 2): contrario a lo sostenido por Estados Unidos, Irán si estaba cumpliendo, en mayo del 2018, los términos acordados de manera muy precisa en el pacto nuclear del 2015. Veremos que confiar ciegamente en lo que Israel remite a Estados Unidos es una tendencia bastante consolidada del actual ocupante de la Casa Blanca.
El pasado 6 de mayo del 2026, se hizo ver en Estados Unidos que el cerco informativo tiene sus límites, y que los periodistas de investigación en Estados Unidos todavía están en capacidad de desmentir algunas declaraciones oficiales dadas por sus autoridades con relación a los daños sufridos en Oriente Medio por el ejército norteamericano (véase artículo del The Washington Post cuya lectura integral es altamente recomendada)
El estrecho de Ormuz: un problema inexistente hasta el 28 de febrero
Un problema nuevo desde el 28 de febrero del 2026 para el mundo (y para Estados Unidos e Israel) lo constituye el estrecho de Ormuz: hasta el 28 de febrero, eran muy pocos en el planeta los que sabían de su ubicación exacta y de su importancia estratégica. Hoy son muy pocos en el planeta los que no están pendientes de lo que ahí ocurra. El 7 de abril, Irán dio a conocer diez puntos que exige que sean objeto de una negociación con Estados Unidos (véase nota de Gulf News del 7 de abril): de los diez puntos, cinco se relacionan al estrecho de Ormuz. Se trata de un tema sobre el que Irán va a insistir, una y otra vez, siendo Ormuz una problemática inexistente hasta el 27 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.
Al respecto, el pasado 17 de abril Irán anunció que restablecía el paso por el estrecho de Ormuz (véase nota de la BBC y el tweet del jefe de su diplomacia), condicionado al mantenimiento del cese al fuego en el Líbano. y obligando a Estados Unidos a explicar por qué mantiene su bloqueo marítimo a la salida de este mismo estrecho, tan vital para la economía mundial. Como era previsible, Estados Unidos optó por mantener su bloqueo, por lo que Irán respondió cerrando de nuevo el paso por el estrecho de Ormuz, exhibiendo así ante al mundo la intransigencia de Estados Unidos. Una situación que perdura hasta este 22 de mayo del 2026, mientras el jefe de la diplomacia iraní se ha activado con viajes y reuniones al más alto nivel en Pakistán (25 de abril), Omán (26 de abril), Rusia (27 de abril) y en China (6 de mayo).
Como resulta bastante fácil prever las reacciones iracundas de Estados Unidos, el desgaste político al que Irán ha estado sometiendo a Estados Unidos una y otra vez reviste especial interés para muchos observadores y analistas de la vida internacional. El desgaste es tal que luego de haber anunciado una operación tendiente a escoltar naves en Ormuz con dos «Destroyers» de la marina norteamericana, iniciando el 4 de mayo, el presidente de Estados Unidos debió suspender la iniciativa el pasado 6 de mayo, evidenciando una nueva improvisación de Estados Unidos.
Esta nueva hábil maniobra iraní se da en momentos en los que la presión del tiempo para poner definitivamente fin a esta improvisada aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio juega en contra del presidente de Estados Unidos: en efecto el Poder Ejecutivo norteamericano disponía de 60 días antes de solicitar una aprobación del Congreso norteamericano para continuarla. Lo cual explicaría la sensación de desesperación e impaciencia observada por parte del actual ocupante de la Casa Blanca en los últimos días de marzo y primeras semanas del mes de abril del 2026, y permitiría entender mucho mejor la estridencia de sus últimas declaraciones y «tweets«, así como el tono iracundo externado contra Su Santidad el Papa León XIV.
La fecha exacta de los 60 días correspondió al 30 de abril, por lo que el margen de maniobra para Estados Unidos se reducía conforme pasaba el tiempo, aumentando la exasperación del actual ocupante de la Casa Blanca (véase artículo del New York Times). Cabe precisar que el 5 de marzo del 2026, un primer ejercicio anticipado en el Congreso de Estados Unidos arrojó una muy corta ventaja de 215 votos contra, y 212 votos a favor de exigir pasar por el Congreso mucho antes de los 60 días previstos (véase nota de CNN), por lo que el nivel de irritación y de exasperación debe ser aún mayor. En esta nota del 1ero de mayo de France 24 se hace ver la batalla legal que enfrentará ahora a diversos sectores políticos en Estados Unidos, dada la creatividad interpretativa de algunos jerarcas en Estados Unidos.
A la fecha del 30 de abril pasado, se sumaba la de los 14-15 de mayo (visita del presidente de Estados Unidos a China), seguida del 4 de julio, con la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos: se trata de fechas para las que el Presidente quiso poder anunciar algo que le permita decir que salió victorioso de su contienda con Irán. No se logró para el 30 de abril, tampoco para los 14-15 de mayo.
Arrancarle tal vez a Irán un acuerdo en el que Irán acepte un freno a su programa nuclear con exigencias mayores a las concedidas en el pacto nuclear suscrito en Viena en el mes de julio del 2015 (el denominado JPCOA) sería para el actual ocupante de la Casa Blanca lo ideal, y sin embargo, Irán no ha cedido ni pareciera dispuesto a hacerlo. Ni programa nuclear, ni programa de misiles balísticos son tema de negociación al parecer entre los negociadores iraníes y norteamericanos.
Es muy probable que el espectáculo dado por el actual ocupante de la Casa Blanca también se relacione con el aumento significativo del precio del barril del petróleo que ha ocasionado esta confrontación militar con Irán y que inquieta el mundo de los negocios en Estados Unidos y mucho más allá; el precitado espectáculo también puede explicarse en razón del descontento cada vez mayor entre los seguidores del actual ocupante de la Casa Blanca, a los que les prometió que nunca llevaría a cabo aventuras militares en Oriente Medio durante la campaña electoral.
«La impotencia de la superpotencia» podría en apariencia leerse como una expresión conteniendo una contradicción absoluta. No obstante, intentaremos en las líneas que siguen explicar que lo que ha ocurrido en Irán desde el 28 de febrero hasta este 1ero de mayo del 2026 ilustra de manera bastante elocuente esta aparente contradicción en el caso de Estados Unidos.
No sin olvidar a Israel, que ha aprovechado del desplazamiento del foco de la atención mundial para;
– continuar el genocidio en Gaza (asfixiando cada vez más a 2,3 millones de habitantes en Gaza desnutridos, muchos de ellos gravemente heridos, viviendo a la intemperie en medio de un campo de ruinas, al privarlos de una ayuda humanitaria urgente) y;
– expandirse en el resto del territorio palestino ocupado: desde varias semanas, en el Sur del Líbano, sus acciones califican como crímenes de guerra y debieran poder interesar a la justicia penal internacional, si es que las autoridades del Líbano así lo quisieran (Nota 3).
El pasado 27 de abril se anunció en la prensa de Costa Rica la posible presencia de altos dirigentes de Israel a la toma de posesión de las nuevas autoridades electas, prevista este 8 de mayo (véase nota de La Nación): lo cual demuestra que pese al repudio generalizado causado por las exacciones de todo tipo en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, Israel posee lo que se puede designar como «fichas útiles» en América Latina, siendo actualmente Costa Rica una de ellas, conjuntamente con Argentina y Paraguay.¿No vino a Costa Rica el Primer Ministro israelí en persona a asistir a la toma de posesión de las nuevas autoridades electas el pasado 8 de mayo, prefiriendo enviar Israel a su Presidente? Cual sea la presencia de uno u otro, observar y analizar lo que hizo Costa Rica con las obligaciones internacionales que ha asumido en virtud del Estatuto de Roma de 1998, fue objeto de unas cuantas reflexiones nuestras (Nota 4).
En esta nota de ElPais (España) del 16 de mayo del 2026, se detalla la clara alineación de las pasadas y nuevas autoridades Costa Rica con Israel: con en la mira, el próximo traslado de la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén, en abierta violación al consenso internacional existente desde 1947 sobre el estatuto particular de Jerusalén. Esta entrevista de Democracy Now a uno de los mas renombrados expertos sobre el Holocausto realizada el 19 de mayo, detalla la deriva genocida y supremacista que Israel ha emprendido y que debiera interpelar a unos cuantos jerarcas y sectores corporativos en Costa Rica;
El informe de situación de Naciones Unidas al 15 de mayo (véase enlace) puede ser completado con con el anterior al 8 de mayo (véase informe): ambos dan cuenta de la destrucción sistemática a la que se libra Israel en el territorio palestino ocupado.
El día 16 de abril, se anunció otro cese al fuego, esta vez entre Israel y el Hezbollah, debido a fuertes presiones sobre Israel del antes mencionado gobernante en la Casa Blanca, algo exasperado.
Un artículo publicado en el New York Times dado a conocer el 7 de abril del 2026, y de lectura muy recomendada, explicaba cómo el actual ocupante de la Casa Blanca se dejó fácilmente convencer por el Primer Ministro de Israel, pese a recibir advertencias de algunos jerarcas norteamericanos sobre los riesgos de atacar a Irán. Su lectura permite conocer detalles de una reunión que se supone es de las reuniones de las que nada debe filtrarse entre dos mandatarios. A la fecha, no se sabe cómo llegaron a filtrarse a la prensa norteamericana estos llamativos detalles.
Por otra lado, un muy completo artículo sobre el funcionamiento del servicio de información del ejército israelí, publicado el 8 de abril del 2026 por el medio digital en Israel Magazine +972 (véase enlace) permite entender mucho mejor cómo la situación en Gaza y, más generalmente, lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, es objeto de una cobertura periodística con información parcial de grandes cadenas de noticias internacionales favoreciendo a Israel ante la opinión pública.
El pasado 20 de abril, desde Naciones Unidas, expertos en derechos humanos reiteraron la urgente necesidad de suspender el Acuerdo de Asociación existente ente Israel y la Unión Europea (UE) (véase comunicado oficial): se trata de una solicitud que debiera interpelar a los entusiastas jerarcas en Costa Rica en materia de comercio exterior, que no ven problema alguno en comerciar libremente con Israel y firmar un tratado bilateral al respecto, suscrito el 8 de diciembre del 2025. Entre los Estados europeos que más han abogado por suspender este acuerdo con Israel, están Eslovenia, España, Irlanda y Noruega. En el caso de España, el pasado 18 de abril auspició una reunión en Barcelona con líderes mundiales en defensa de la democracia, de los derechos humanos y del multilateralismo: por parte de América Latina participaron los jefes de Estado de Brasil, Colombia, México, y de Uruguay así como el ex Presidente de Chile (véase nota de CNN y enlace del Palacio de la Moncloa).
Este mismo 20 de abril, se dio a conocer un informe del Banco Mundial y de la UE que cuantifica en más de 71.000 millones de US$ la destrucción causada por Israel en Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).
Como si la fecha del 20 de abril fuera particularmente cargada de noticias negativas para Israel, la única capital en Europa donde podía aterrizar sin problemas el actual Primer Ministro israelí, dejó de serla (véase nota sobre posición de las nuevas autoridades húngaras con respecto a la justicia penal internacional de La Haya).
Un espectáculo casi diario en materia de improvisación del ocupante del la Casa Blanca
La Agencia Internacional de la Energía advirtió de la crisis energética mundial sin precedentes que se iba perfilando con esta confrontación (véase artículo de The Guardian del pasado 24 de marzo), mientras en Filipinas se publicó por parte de su máxima autoridad una declaración de «emergencia energética» (véase comunicado oficial).
El 28 de marzo del 2026, se informó del caos energético que afecta muchos sectores en Tailandia, en particular en materia agrícola (véase nota de The Guardian). En Francia, el subsidio a los pescadores anunciado por las autoridades el 27 de marzo fue considerado insuficiente por muchos de ellos (véase nota de prensa de FranceInfo). En Etiopía, la crisis energética ya obliga a proceder a despidos masivos (véase nota de prensa del 30 de marzo de Dawan.Africa).
Cabe precisar que la destrucción de centrales eléctricas, de plantas de hidrocarburos y de gas licuado, asi como de refinerías e industrias petroquímicas de diversa índole en Oriente Medio supone varios largos meses y hasta años en el caso de algunas de ellas, antes de que puedan volver a funcionar como lo hacían el 28 de febrero.
En otro ámbito, la exportación de helio, necesario a la fabricación de microprocesadores, se ha visto seriamente alterada por esta confrontación militar con Irán (véase nota de la DW al respecto). Este artículo de la BBC refiere de igual forma a la muy probable crisis que derivará por la falta de exportación de los fertilizantes que se producen en la península arábica.
Quiérase o no, la respuesta iraní consistiendo en regionalizar la confrontación militar con Israel y Estados Unidos y en afectar gravemente a la economía mundial (economía norteamericana incluida), parece haber logrado su objetivo.
Mientras que por un lado, el imprevisible y errático Presidente de Estados Unidos no pareciera escuchar a los estrategas militares y políticos que lo rodean, sino únicamente a entusiastas cortesanos, Irán ha demostrado en estos 85 días tener una estrategia mucho más certera, al parecer preparada, planificada y articulada desde hace muchos años.
Mientras Irán pareciera seguir una estrategia, jugando con el tiempo, Estados Unidos pareciera improvisar en la urgencia: dentro del aparato militar norteamericano dirigido por una persona sin mayor formación ni experiencia militar, los jefes militares que hacen preguntas o plantean dudas son mal vistos, y ello explica que el 2 de abril del 2026 se anunciara la destitución del jefe de las fuerzas militares terrestres, un nuevo responsable militar de alto rango destituido, de una larga lista (véase nota de CBSNews y nota del TimesofIsrael).
El pasado 3 de abril, fue la misma cadena norteamericana CNN la que desmintió la supuesta «destrucción total» y la «eliminación absoluta» de las capacidades militares de Irán a las que se refirió el errático Presidente de Estados Unidos en una alocución 48 horas antes (véase nota de CNN). Aquel mismo 3 de abril, con la noticia de dos aeronaves norteamericanas abatidas por Irán (véase nota de Forbes), también se desmintió el supuesto «open sky» o «control total» del espacio aéreo iraní al que refirió 48 horas antes el actual ocupante de la Casa Blanca, con una intensa carrera contra el tiempo para recuperar a uno de los pilotos antes que lo hiciera Irán (véase al respecto este muy completo análisis publicado en Francia por un experto militar este 4 de abril en su blog, titulado «La guerre du Golfe pourrait-elle perturber la partie de golf de Donald Trump ?«).
En esta confrontación con Irán, los daños han sido cuantiosos en Irán, pero también lo han sido en Israel y en varias otras partes de Oriente Medio. Proceder a evaluarlos y a cuantificarlos de manera muy precisa por parte de cada Estado afectado por explosiones en su territorio, permitirá tener una idea del alto costo de esta improvisada decisión que tomaron Estados Unidos e Israel sin ningún tipo de consulta.
Una confrontación militar sin justificaciones
Estos 85 días desde que Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán, suspendidos desde la entada en vigencia de un cese al fuego provisional el pasado 8 de abril, permiten hacer un primer balance, no sin antes indicar que refuerzan como nunca las dos ideas siguientes:
– la deriva a la que Estados Unidos está mal acostumbrando al mundo, con operaciones militares y decisiones unilaterales totalmente ilegales desde el punto de visto jurídico, debe ser frenada y debe ser firmemente condenada, sin mayores titubeos, pese al apoyo, en América Latina, recibido por parte de Argentina y de Paraguay (Nota 5);
– la lógica implacable de la fuerza que Israel busca imponer dada su incuestionable superioridad militar en Oriente Medio, no lleva a ningún lugar: con más destrucciones, más familias enlutadas, más heridos que llegan a hospitales colapsados (siendo la mayoría civiles), más desplazados caminando a la intemperie, y dejando a gobernantes ya exhaustos de estos Estados bombardeados, desoladores campos de ruinas que no pueden sino alimentar la sed de venganza y una mayor radicalización.
Desequilibrar por completo a regiones enteras y al resto del planeta y buscar erosionar las reglas más elementales del derecho internacional público, no puede ser visto como beneficioso para ninguno de los 193 Estados que conforman Naciones Unidas. ¿O sí? Aumentar el nivel de resentimiento y de odio hacia Israel en la región, con miles de integrantes de familias enlutadas dispuestos a vengar la muerte de sus seres más queridos, muchos de ellos niños (Nota 6), repartidos en todos los Estados de Oriente Medio o por el mundo, no puede augurar un futuro más seguro y más próspero para Israel.¿O sí?
En esta nota de prensa del 2018, se hacía ver que gran parte de los combatientes del Hezbollah en el Líbano son huérfanos abandonados a su suerte cuando eran niños.¿Cuántos batallones de futuros combatientes radicalizados se está garantizando tener a futuro en su contra Israel con todas las destrucciones realizadas en diversas partes de Oriente Medio desde el 2018?
Esta tribuna publicada en Francia el 21 de marzo del 2026 por parte de intelectuales iraníes e israelíes denunciaba el hecho que, lejos de beneficiar a las poblaciones de Israel y de Irán, esta confrontación militar respondió a intereses muy distintos y que ya es hora de que el mundo lo sepa.
Acciones militares de Estados Unidos e Israel que califican como crímenes de guerra
Este artículo titulado «Attacks on dual-use objects and the prohibition of terrorising civilians: the attacks on Iran’s oil facilities» publicado en el sitio especializado de EJIL-Talk sobre la clara intención de aterrorizar a toda una población mediante bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel que causan daños significativos a la salud humana y al ambiente en Irán, detalla lo que se ha podido observar y que claramente, desde la perspectiva jurídica, califica como crímenes de guerra.
Para nuestros estimables lectores que, tal vez, no estén mayormente familiarizados con la noción de crimen de guerra, la definición legal internacional del crimen de guerra está contenida en el Artículo 8 del Estatuto de Roma adoptado en 1998, y en particular en el inciso 2 b):
«iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea;
v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares«;
…
ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;
Llama poderosamente la atención el uso de adjetivos tales como «presuntos«, «supuestos«, «eventuales» o «posibles» crímenes de guerra cometidos en Irán por parte de los aparatos militares de Estados Unidos e Israel en algunos medios de prensa internacionales y en cables de agencias internacionales de noticias en estos días de marzo y abril del 2026. Este juego semántico recuerda los titulares leídos en la prensa sobre las exacciones cometidas por Israel en el territorio palestino ocupado desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023. La simple lectura de la definición contenida en el Artículo 8 del Estatuto de Roma (5 páginas y medio en total) no admite duda alguna: permite además entender mucho mejor, porqué es que Israel y Estados Unidos han desatado toda una campaña en contra de la justicia penal internacional de La Haya, de los jueces y del mismo Fiscal de la CPI, ante el drama indecible que vive la población de Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023 y ante las órdenes de captura emitidas por la CPI contra dos dirigentes israelíes en noviembre del 2024, incluyendo una contra su actual Primer Ministro.
¿Descubrieron acaso Estados Unidos e Israel que los crímenes de guerra tienen siempre a responsables que deben responder por sus actos ante la justicia penal internacional si la justicia penal nacional se desinteresa por hacerlo?
Nótese que el pasado 28 de marzo, en esta nota de la BBC sobre las 168 niñas que murieron al bombardear Estados Unidos su escuela en la localidad de Minab en Irán, se hace ver que la administración norteamericana sigue sin querer dar explicaciones solicitadas por varias entidades internacionales así como norteamericanas.
Explicaciones similares deberían tomar el mismo tiempo sobre las razones que justificaron el bombardeo de una planta de desalinización iraní este 31 de marzo del 2026 (véase nota de France24) o bien la destrucción de parte de la Catedral ortodoxa San Nicolas en Teherán, registrada este 1ero de abril (véase nota de prensa de la agencia de noticias Ahram), así como la del puente vial más elevado en Oriente Medio entre Teherán y Karaj que estaba aún en construcción el pasado 2 de abril (véase nota de TheTelegraph): en este último caso, se observó la técnica del «double tap strike» que consiste en separar por unos minutos un bombardeo de otro bombardeo (véase nota de War Zone). Con la finalidad de eliminar a socorristas, periodistas, camarógrafos y personas válidas que intentan venir a socorrer a las víctimas del primer bombardeo, esta técnica ha sido usada una y otra vez por Israel en Gaza (Nota 7). El pasado 4 de abril, se informó del bombardeo de una de las más prestigiosas universidades iraníes, la universidad de Beheshti en Teherán (véase nota de prensa de Bernama). El 6 de abril, la universidad Sharif de mayor renombre en Irán fue igualmente bombardeada (véase video de la agencia AP). Una semana antes, fue la misma UNESCO la que advirtió de la destrucción parcial de majestuosas joyas arquitectónicas en Teherán y en la ciudad de Isfahán, varias de ellas declaradas patrimonio mundial de la humanidad (véase nota de EuroNews).
Es de señalar que el 2 de abril del 2026, se hizo pública una carta suscrita por más de un centenar de académicos, expertos y especialistas en derecho internacional en Estados Unidos, haciendo ver que Estados Unidos ha cometido una agresión contra Irán y que varias de sus acciones militares en suelo iraní califican como crímenes de guerra, susceptibles de acciones legales a nivel internacional pero también a nivel nacional (véase carta reproducida en el sitio de JustSecurity). No se ha escuchado de una iniciativa similar por parte de profesores y expertos en derecho internacional en Israel: al ser una operación militar conjunta perfectamente coordinada entre los aparatos militares de Estados Unidos y de Israel, la omisión antes señalada reviste mayor interés, no sin plantear interrogantes muy válidas.
Un tema dejado de lado en la cobertura periodística de esta confrontación militar es el tema ambiental: el efecto acumulativo de bombardeos a plantas de producción de hidrocarburos, centros de almacenamientos de productos petroquímicos y de otras instalaciones industriales o semi industriales, viene a poner seriamente en riesgo el ya escaso recurso hídrico en toda la región. Salvo error nuestro, no se cuenta aún con un informe por parte de alguna entidad internacional adscrita a Naciones Unidas, detallando los daños causados en materia ambiental durante esta intensa confrontación, y sobre los que alertaba tempranamente, en el caso de Irán, este artículo del 10 de marzo publicado en The Guardian. Con relación a las plantas de desalinización existentes para producir agua potable, algunas de éstas han sido objetivos militares en esta confrontación, exhibiendo la gran vulnerabilidad de los Estados que han optado por esta opción en Oriente Medio para suplir de agua potable a su población (véase nota de este sitio especializado al respecto, del 30 de marzo del 2026).
Un Presidente de Estados Unidos bastante mal informado y algo errático
El nivel de impreparación de Estados Unidos e Israel para contrarrestar la respuesta militar de Irán viene ahora a plantear muchas dudas e interrogantes, todas muy válidas, sobre la estrategia seguida por ambos Estados:
– ¿cómo explicar que Israel y Estados Unidos no conocieran mayormente la capacidad real de respuesta militar de Irán?
– ¿cómo sostener que los servicios secretos israelíes están muy bien infiltrados en Irán, con una amplia red de informantes y con un acceso privilegiado a información estratégica muy sensible, ante semejante demostración iraní de sus capacidades militares?
Resulta elocuente que, tanto Israel como Estados Unidos, no tenían idea de muchas cosas en Irán, como bien lo señaló un ex jefe de los servicios secretos británicos en esta entrevista realizada el pasado 25 de marzo (véase enlace).
El hecho que el Presidente de Estados Unidos anunciara en los últimos días del mes de marzo la llegada de más tropas, más naves y más material militar a Oriente Medio, y despotrique de mala manera contra sus aliados europeos y árabes, contra la OTAN, insultando de paso a dirigentes europeos así como a la máxima autoridad en Arabia Saudita por no ayudarlo militarmente, viene a evidenciar la precitada impreparación y a confirmar el error de apreciación inicial hecho por Israel y Estados Unidos sobre la duración de la confrontación militar con Irán.
Con relación a la gestual corporal y la verborrea presidencial observadas en Washington, especialistas sobre el comportamiento iracundo, el berrinche y el pataleo de un niño mimado que no obtiene su juguete preferido, deberían poder realizar interesantes paralelismos con la gestual corporal observada y el vocabulario escuchado por parte del actual ocupante de la Casa Blanca en los últimos días del mes de marzo del 2026 y los primeros de abril.
Nótese que la prohibición por parte de Francia de sobrevuelo de un cargamento de material militar desde Estados Unidos hacia Israel (véase información posteada por un siempre muy bien informado analista galo) causó una reacción iracunda en Estados Unidos pero también en Israel (véase nota del Jerusalem Post del 31 de marzo). Austria de igual manera negó autorizaciones de sobrevuelo (véase nota de la agencia turca Anadolu del 2 de abril), reduciendo las opciones de itinerario a los pilotos de estos vuelos cargados de armamento a destinación de Israel. España fue el primer Estado en declarar oficialmente su espacio aéreo cerrado a aviones militares involucrados en acciones militares contra Irán (véase nota de RTVE del 30 de marzo).
La falta de objetivos claros de esta aventurada operación militar conjunta es otro aspecto altamente preocupante. ¿Cómo finalizar una confrontación militar que adolece de objetivos claros? Es el insólito dilema que debe resolver el mandatario norteamericano, con una presión del tiempo cada vez mayor jugando en su contra. Durante las negociaciones iniciadas en Pakistán el pasado 11 de abril, se pudo observar a numeroso y experimentado equipo iraní de diplomáticos y expertos (76 personas en total), con varios de ellos con más de 10 años negociando con la comunidad internacional álgidos aspectos relacionados al programa nuclear iraní. Frente a ellos, se contó con un pequeño equipo negociador norteamericano compuesto por el yerno del Presidente de Estados Unidos y su mejor amigo, un exitoso promotor inmobiliario y gran jugador de golf, dirigidos por el Vice Presidente de Estados Unidos.
En esta nota de prensa del 14 de marzo, se hizo ver el faltante de interceptores por parte de Israel, detectado en Estados Unidos en esta otra nota de CNN: ambas notas confirman la precitada impreparación de ambos Estados. En efecto, sin interceptores, los misiles y drones iraníes logran alcanzar sus objetivos en Israel, lo cual se ha efectivamente podido observar desde varias semanas.
Este informe del 21 de abril de un sitio especializado en Estados Unidos en cuestiones militares, hace ver que Estados Unidos ha gastado una enorme cantidad de municiones de diversa índole en Irán, que afectan significativamente las reservas de las que dispone usualmente.
En esta nota del 27 de marzo, es un alto jefe militar israelí el que advierte del riesgo de «colapso» (sic.) del mismo ejército israelí (véase nota publicada en el TimesofIsrael y titulada «Zamir said to warn cabinet that IDF will ‘collapse in on itself’ amid manpower shortage«). El hecho de hacer público el desgaste de Israel en el plano militar posiblemente repercutió en los días siguientes en acciones de grupos desde Yemen (que no habían aún lanzado ataques desde el 28 de febrero en apoyo a Irán), así como un recrudecimiento de acciones contra Israel y Estados Unidos desde el Líbano, Irak, Siria y tal vez otros Estados en los que existen grupos armados organizados. En el caso de los grupos armados organizados ubicados en Yemen, se puede buscar alterar también el flujo de la carga marítima que pasa por el estrecho de Bab-Al-Mandab, agravando así aún más la crisis energética. El pasado 29 de marzo, CNN reportó los primeros ataques desde Yemen (véase nota en la que no se explica porqué entran tan solo ahora en confrontación contra Israel los grupos armados de Yemen y no lo hicieron desde el 28 de febrero o justo después).
En las últimas semanas del mes de marzo del 2026, el mismo Presidente de Estados Unidos exhibió su desesperación pidiendo que otros Estados en Europa y en Asia lo ayudasen a desbloquear el estrecho de Ormuz, una trampa previsible que le tendió Irán y de la que no pareciera poderse salir, al menos desde el punto de vista militar (véase nota de prensa del 17 de marzo).
¿Acaso no preveía Estados Unidos y en particular los estrategas de la Casa Blanca, que Irán bloquearía el estrecho de Ormuz? Por más sorprendente sea, es lo que ocurrió. Se trata de una amenaza hecha desde el 2006 por las máximas autoridades iraníes (véase por ejemplo, entre muchas, esta nota de Radio Free Europe/ Radio Liberty).
También el pasado 17 de marzo se informó en Estados Unidos de la renuncia del más alto funcionario a cargo de la lucha contra el terrorismo: véase nota de The Guardian y carta de renuncia difundida en las redes sociales, cuya lectura se recomienda al plantear de manera muy clara que fueron las autoridades de Israel las que arrastraron a Estados Unidos en esta confrontación militar con Irán. El artículo precitado del New York Times editado este 7 de abril (véase texto) detalla cómo Israel logró convencer al actual ocupante de la Casa Blanca.
En una comparecencia ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, celebrada el 18 de marzo del 2026, la máxima responsable de los servicios de inteligencia de Estados Unidos no supo contestar si Irán representaba (o no…) una «amenaza inminente» para Estados Unidos (véase video). ¿No supo? Así como se lee: no supo. Es la misma funcionaria que renunció a su cargo, el 22 de mayo del 2026 (véase nota de la BBC).
Todos estos aspectos (y muchos otros por conocerse algún día …) denotan una total improvisación por parte de Estados Unidos e Israel a la hora de decidirse a atacar a Irán el pasado 28 de febrero.
Esta entrevista de Democracy Now dada a conocer el pasado 18 de marzo explica los límites de la inteligencia artificial a la que han recurrido Estados Unidos e Israel para identificar miles de blancos militares en Irán y en otras partes en Oriente Medio. Se trata de una inteligencia artificial a la que Israel también recurrió en Gaza después del 7 de octubre del 2023, identificando miles de «objetivos» en Gaza sin lograr mayormente «erradicar» al Hamás: véase al respecto este muy completo artículo del 2024 de lectura recomendada sobre el programa informático Lavender. Siempre en Democracy Now, este experto sobre Oriente Medio entrevistado el pasado 20 de marzo del 2026 explica la trampa en la que parecieran haber caído Estados Unidos e Israel (véase video de la entrevista). En esta otra entrevista a un influyente senador norteamericano realizada también el 20 de marzo, se explica la forma tan errática de actuar del actual ocupante de la Casa Blanca.
Los objetivos de Estados Unidos: una incógnita luego del fiasco inicial
El ataque a la infraestructura pública iraní ha llevado a tal indignación por parte de varios aliados de Estados Unidos, así como por parte de la población iraní exiliada (y no exiliada) que el Presidente de Estados Unidos optó el pasado 23 de marzo por anunciar que aplazará nuevos bombardeos de este tipo sobre Irán por cinco días (véase nota del New York Times). Este plazo fue nuevamente reconducido seis veces, dado el sinsentido de bombardear lo único que le permite a la población iraní subsistir a duras penas en medio de bombardeos diarios desde el 28 de febrero del 2026.
El «galvanizar a la oposición iraní» que menciona este artículo publicado en el Times of Israel el pasado 23 de marzo, titulado «Netanyahu said frustrated that Mossad promise it could instigate Iran uprising has fallen short» (y cuya lectura completa se recomienda) pareciera constituir una premisa sobre la que se basaron tanto Israel como Estados Unidos de manera totalmente errónea: desde que inició esta intensa confrontación militar, no se ha galvanizado nada en Irán, confirmándose la sensación de fiasco total de esta operación militar conjunta contra Irán.
Esta premisa errada llevó a identificar como objetivo por parte de Estados Unidos y de Israel un cambio de régimen en Irán (lo cual fue afirmado en las primeras horas luego de iniciar su ataque contra Irán el 28 de febrero). Ambos quedan ahora ayunos de objetivos estratégicos claros en Irán: lo cual puede explicar las inconsistencias de los respectivos mandatarios de Israel y de Estados Unidos en sus diversas declaraciones.
En el caso específico de Israel, queda muy claro que su actual Primer Ministro persigue lo que ha hecho de manera casi ininterrumpida en toda la región (Gaza, Siria, Líbano, Irak, Irán) desde hace muchos años, y que le ha permitido sobrevivir políticamente en Israel: causar la mayor destrucción. Mientras Israel esté en confrontación militar, sea con quien sea, su supervivencia política está asegurada. Este habilidoso político israelí sabe que en el momento en que callen las armas, la justicia israelí y varias comisiones de investigación en Israel lo sepultarán en el plano político. Desde esta perspectiva, el intentar torpedear los esfuerzos de negociación y violar los ceses al fuego aceptados por la presión de Estados Unidos, se han vuelto la especialidad de este hábil político, y ello desde que llegó al poder en el 2006 en Israel. No debería sorprender el hecho que Israel busque la manera de torpedear cualquier intento de pacificación entre Estados Unidos e Irán en estos últimos días.
Un renombrado analista en Francia, con amplia experiencia como militar, ya señalaba, al cumplirse apenas 8 días de intensos combates entre Estados Unidos e Israel por un lado, Irán por otro (véase su artículo titulado “Trump a-t-il renoncé au prix Nobel de la paix ?” editado el 7 de marzo del 2026), que:
“Les objectifs poursuivis réellement par Trump dans cette guerre contre l’Iran sont d’autant plus difficiles à comprendre que celui-ci n’en est pas sûr non plus ou semble les oublier d’un jour sur l’autre. Son cercle essaye de les expliquer, à l’exception remarquée du vice-président JD Vance qui est foncièrement hostile à cette aventure militaire.
Les pires arguments sont probablement ceux de Pete Hegseth, le Secrétaire d’Etat (Ministre) de la défense que les militaires états-uniens considèrent comme « un abruti qui ferait mieux de se contenter de commenter des rencontres sportives ». Ce ministre de Trump a beau répéter, en multipliant les coups de poing en l’air, que cette opération militaire est « fantastique », il n’ose pas pour autant en rappeler les objectifs stratégiques tellement ceux-ci sont changeants”.
Es de notar que, pese a una primera «pausa» parcial de Estados Unidos anunciada el 23 de marzo, los bombardeos continuaron como le detalla este informe realizado para el día 25 de esta guerra. Desde el 8 de abril, los bombardeos han cesado, y las acciones militares de Estados Unidos y de Irán se han concentrado en el estrecho de Ormuz.
Según unas primeras estimaciones, al día 6 de esta confrontación, Estados Unidos habría gastado más de 11.000 millones de US$ y al día 12, más de 16.000 millones de US$ (véase informe). Al finalizar el mes de marzo del 2026, se prevé que Estados Unidos habrá gastado unos 25.000 millones de US$ en esta aventurada guerra contra Irán (véase artículo).
No se tiene reportes similares con relación al costo que le ha significado a Israel.
Negociar con Irán: ¿una propuesta invalidada por lo ocurrido el 28 de febrero?
Durante la última semana de marzo del 2026, el ocurrente ocupante de la Casa Blanca había afirmado públicamente estar negociando con Irán, lo cual fue categóricamente rechazado por las autoridades Irán.
Somos del criterio que nuevamente se anunciaron cosas que no son desde la Casa Blanca, como parte del espectáculo de improvisación de su ocupante antes mencionado: no ha habido ninguna negociación directa entre Estados Unidos e Irán, sino intentos de Estados terceros de mediar como por ejemplo, Turquía, Omán, Egipto y mucho más recientemente, Pakistán. Cabe recordar que en enero del 2026, como parte de su espectáculo diario en las redes sociales, el Presidente de Estados Unidos había anunciado estar negociando con Dinamarca sobre el futuro de Groenlandia, lo cual fue desmentido categóricamente por las mismas autoridades danesas.
Este artículo publicado en el Reino Unido sobre el ciclo de negociaciones existentes entre Estados Unidos e Irán llevado a cabo en Ginebra (Suiza) días antes del 28 de febrero, permite entender la profunda desconfianza de Irán de negociar con Estados Unidos, al señalar que:
«In the final session of the talks, Iran agreed to a three- to-five-year pause on domestic enrichment, but the US in the afternoon session, after consultations with Trump, demanded a 10-year pause. In practice, Iran had no means to enrich domestically because of the bombing of its enrichment plants in 2025«.
Hacer concesiones mayores a Estados Unidos durante un arduo proceso de negociación, para verse atacado sin razón alguna el 28 de febrero no fue una experiencia nueva para Irán.
En efecto, una ronda de negociaciones muy similar se había dado justo antes de la denominada guerra de los 12 días en junio del 2025 llevada a cabo por Israel y Estados Unidos contra Irán.
Este breve historial permite entender mejor el hecho que Irán ya no confíe en la buena fe de Estados Unidos a la hora de negociar.
Pese al precitado espectáculo anunciando cosas en sentido contrario desde la Casa Blanca, es muy probable que Irán no prioriza negociación alguna con Estados Unidos: y que de hacerlo eventualmente, buscará la forma de hacer ver a la comunidad internacional la intransigencia de Estados Unidos. Al respecto, se pudo observar que, luego de 21 horas de discusiones en Pakistán, el pasado 11 de abril, la delegación norteamericana regresó a Estados Unidos sin ningún resultado.
El pasado 21 de abril, la segunda ronda prevista de negociaciones en Pakistán no tuvo lugar, al optar Irán por no enviar delegación alguna a la capital pakistaní. Estados Unidos respondió anunciando de manera unilateral mantener el cese al fuego por una período indeterminado este 21 de abril: al respecto, cabe destacar que se trata de una verdadera «premiere» en materia de ceses al fuego entre dos Estados, al haberse declarado una prórroga indeterminada y de manera unilateral. ¿Es tal la desesperación en Estados Unidos para obtener un acuerdo, aunque sea mínimo con Irán?
Mientras crecen el descontento dentro de Estados Unidos y la presión sobre el errático ocupante de la Casa Blanca, y mientras sube el precio internacional del barril de petróleo, Irán apuesta por dejar correr el tiempo.
Una oportunidad que no ha desaprovechado Israel en el territorio palestino ocupado
En un comunicado de prensa de varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas del 19 de marzo del 2026 (véase texto), se lee que Israel ha aprovechado el hecho que la atención mundial se ha desviado de la situación en Palestina, para continuar con la anexión de gran parte de Cisjordania, procediendo a una verdadera limpieza étnica:
«Since 28 February, most road gates of the West Bank have been closed by occupation forces, obstructing access to workplaces, schools, health services and aid, isolating communities even from ambulances and fire brigades.”
“Entrapped and out of reach, entire communities live in fear of settler terrorism rampaging across the West Bank day and night,” they warned. “Thousands of Palestinian families have been forced to flee their homes because of escalating settler attacks, and the destruction of essential infrastructure, especially in the Jordan valley, some of them displaced months earlier from other communities».
El comunicado oficial de España (véase texto) del pasado 15 de marzo condenando estas mismas acciones de Israel en Cisjordania – cuya lectura completa se recomienda – plantea interrogantes muy válidas sobre el silencio observado por los aparatos diplomáticos de muchos otros Estados en Europa, así como en América Latina.¿Qué será lo que sí ve España que ocurre en Cisjordania y que no quieren ver los demás Estados?
Este 31 de marzo del 2026, fue nuevamente España y otros Estados europeos la que alzó la voz ante la adopción en Israel de una ley que instaura la pena de muerte contra personas palestinas (véase comunicado oficial). El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó esta nueva iniciativa legislativa israelí (véase comunicado oficial).
Este comunicado oficial de una ONG como Amnistía Internacional del 16 de marzo sobre el asesinato de palestinos en Cisjordania, evidencia la sordera y ceguera persistentes de algunos Estados con relación a las exacciones de todo tipo a las que se libra Israel en el territorio palestino ocupado.
Foto de soldado israelí amenazando en Bethleem, territorio palestino ocupado, a un vendedor de frutas en el 2025, extraída de esta nota de prensa difundida en las redes sociales de AlJazeera
Veremos en las líneas que siguen que no es solamente Cisjordania el territorio palestino en el que, desde el 28 de febrero del 2026, Israel adelanta sus posiciones en abierta violación a los derechos que asisten a la población palestina.
Una nueva violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas
Desde el estricto punto de vista jurídico, hay que tener claro que lo ocurrido el 28 de febrero del 2026 con esta nueva acción militar contra Irán califica como agresión. ¿Como así? Como se lee.
Esta agresión militar de dos Estados (Estados Unidos e Israel) contra un Estado (Irán) contraviene con los principios y las reglas enunciadas en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Un análisis publicado el mismo 28 de febrero del 2026 en el sitio especializado de EJIL Talk y titulado «The American-Israeli Strikes on Iran are (Again) Manifestly Illegal » precisa y detalla la ilegalidad total que constituye (sin discusión alguna) el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel perpetrado contra Irán. En esta entrevista un reconocido académico norteamericano no duda en referir al «desastre» provocado por Estados Unidos e Israel y al año «catastrófico» para la economía mundial que se avecina de insistir Estados Unidos e Israel en una confrontación con Irán.
Este comunicado conjunto de varios expertos de Naciones Unidas en derechos humanos del 12 de marzo condena el accionar conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y contra el Líbano, en términos vehementes: al respecto, nuestros estimables lectores podrán por sí mismos observar la casi nula difusión de este comunicado oficial de Naciones Unidas en medios de prensa internacionales.
Como todo hecho ilícito internacional, el derecho internacional público prevé la posibilidad, para el Estado víctima, de reclamar compensaciones de todo tipo en caso de daños, en particular a su infraestructura pública, a su agricultura, a su patrimonio histórico y más generalmente a todo lo que estalla y se pierde de manera irremediable cuando una bomba potente es lanzada en una capital como Teherán por parte de Estados Unidos e Israel o en otra zona de Irán. A modo de ejemplo reciente, en Naciones Unidas, este informe de febrero del 2026 establece una estimación por los daños causados en Ucrania (luego de sufrir la agresión militar de la que ha sido víctima por parte de Rusia desde el 24 de febrero del 2022) a más de 195.000 millones de US$. La metodología aplicada para cuantificar los daños en el caso de Ucrania es aplicable a todo Estado que sufra un ataque militar masivo por parte de otro Estado. En el caso de Gaza, este otro informe del Banco Mundial (a febrero del 2025), estimaba los daños causados por Israel a 53.000 millones de US$. Una actualización de los datos a febrero del 2026 (ya que los bombardeos sobre Gaza por parte de Israel no han cesado desde febrero del 2025) arroja ahora (abril del 2026) la cifra a más de 71.000 millones de US$ (véase nota oficial de NAciones Unidas del 20 de abril del 2026).
En 1986, luego de una ejemplar batalla legal en La Haya, Nicaragua obtuvo una histórica sentencia de la justicia internacional, condenando a Estados Unidos por adiestrar, financiar y asesorar a fuerzas contrainsurgentes en su contra (véase sentencia de la CIJ del 26 de junio de 1986, en particular el párrafo dispositivo final 292), con una etapa sobre reparaciones posterior que Nicaragua no continúo, pudiendo hacerlo (Nota 8). La relectura del fallo de la CIJ del 27 de junio de 1986 permite revisar, 40 años después, las diversas tentativas de los asesores legales norteamericanos buscando evitar a toda costa que la justicia internacional de La Haya no conociera de este asunto: todas sus maniobras, algunas tan creativas como fantasiosas e ilusas, fracasaron de manera estrepitosa ante el juez internacional.
Cabe precisar que ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el delegado de Estados Unidos no encontró nada mejor que … sostener que Estados Unidos actuó el 28 de febrero en legítima defensa, invocando el Artículo 51 de la Carta de Naciones (véase texto de intervención): desde el 28 de febrero del 2026, se sigue esperando de Estados Unidos que aporte pruebas sobre la «amenaza inminente» a la que refirió su delegado ante los demás 14 integrantes del Consejo de Seguridad.
Al respecto, merece lectura la intervención del delegado de China durante la misma sesión urgente del Consejo de Seguridad, celebrada el mismo 28 de febrero por la noche en Nueva York (véase texto intregral).
Irán y Estados Unidos ante la justicia internacional: asuntos pasados y pendientes (varios)
Contrario a una opinión generalizada, Irán sí ha hecho uso de los recursos legales existentes a disposición de un Estado víctima de otro Estado en el pasado.
Cabe recordar que de los 21 casos inscritos ante la justicia internacional de La Haya, tres asuntos distintos se relacionan a tres demandas de Irán contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal y como se puede revisar en el listado oficial de casos pendientes de resolución:
– en el año 2003, luego de una ardua y larga batalla legal, la CIJ condenó a Estados Unidos en una sentencia en el marco de una demanda presentada por Irán por bombardeos de Estados Unidos a sus instalaciones petroleras realizados en 1987 y en 1988 (véase texto, en particular párrafo operativo 125);
– en octubre del 2018, en una ordenanza de la CIJ tomada por unanimidad de sus 15 integrantes, la CIJ ordenó levantar las sanciones de Estados Unidos contra Irán que afectaran la salud, la agricultura, la aviación civil y otros ámbitos (veáse comunicado oficial de Naciones Unidas);
– en febrero del 2021, la CIJ rechazó los alegatos sobre su incompetencia presentados por Estados Unidos, declarándose perfectamente competente para examinar una demanda de Irán contra Estados Unidos, aún pendiente de resolución en La Haya (véase sentencia sobre excepciones preliminares).
– en marzo del 2023, la CIJ declaró que Estados Unidos debe proceder a compensar a Irán con relación a los activos bancarios congelados en Estados Unidos (véase sentencia, y en particular el párrafo operativo final 236 votado con 10 jueces votando a favor contra cinco de ellos).
Nótese que pocos días antes del 28 de febrero del 2026, la CIJ adoptó una ordenanza indicando el cronograma de escritos para la fase de compensación en el caso de los activos iraníes congelados ilegalmente en bancos norteamericanos y que Estados Unidos tiene la obligación de devolver a Irán (véase ordenanza del 25 de febrero del 2026). Se lee en esta ordenanza que Irán propuso inicialmente un plazo de seis meses, Estados Unidos uno de nueve meses para la presentación de los escritos, a lo cual Irán accedió sin mayor problema. Esta ordenanza del 25 de febrero constituye un nuevo revés para Estados Unidos y puede llamar la atención el poco interés suscitado en la prensa internacional para dar a conocer esta decisión de la CIJ. Es de precisar que esta ordenanza no pareciera haber sido objeto de un comunicado de prensa oficial por parte de la CIJ (véase listado).
En una nota reciente sobre los 80 años de la CIJ (17 de abril del 2026), un aniversario pasado totalmente desapercibido o casi, se incluyó esta y varias otras decisiones de la CIJ desacatas (véase nuestra nota): de haberlo sido, le hubieran ahorrado a la comunidad internacional graves crisis.
Estados Unidos e Israel: una dupla a toda prueba
De manera a relacionar lo ocurrido desde el 28 de febrero del 2025 con el contexto propio de las relaciones entre Israel y Estados Unidos, no resulta de más recordar que el actual mandatario norteamericano confía ciegamente en las informaciones con las que le provee Israel.
En efecto, como bien se recordará, durante su primer mandato, optó el 8 de mayo del 2018 por retirar a Estados Unidos del denominado «pacto nuclear» sellado en julio del 2015 entre Irán y la comunidad internacional, luego de casi 20 años de intensas negociaciones.
Esta decisión unilateral de Estados Unidos se basó en «informes de inteligencia» de Israel sobre el programa iraní, dadas a conocer a finales del mes de abril del 2018 (véase artículo de prensa del New York Times). Las conclusiones a las que llegó Estados Unidos fueron formal y categóricamente desmentidas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) de Naciones Unidas, al sostener que Irán sí estaba cumpliendo a cabalidad con todo lo pactado en el 2015 con la comunidad internacional, tal y como tuvimos la oportunidad de plantearlo en una nota nuestra titulada precisamente:
«¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear» (Nota 9).
Retirarse de un acuerdo nuclear pactado entre Irán y la comunidad internacional en julio del 2015 con base en información de inteligencia proporcionada por Israel, es lo que el actual mandatario norteamericano no dudó en hacer en mayo del 2018 (y ello pese al carácter falaz de la información proporcionada por Israel).
En este año 2026, la misma confianza ciega en la información proporcionada por Israel pareciera ser el origen de esta improvisada aventura militar contra Irán iniciada el 28 de febrero pasado.
La decisión de Estados Unidos de mayo del 2018 fue precisamente la que llevó Irán a acudir a la justicia internacional de La Haya. Es posible que Irán busque la manera de llevar a conocimiento de la CIJ lo ocurrido desde el 28 de febrero del 2026. Dada la gran cantidad de crímenes de guerra cometidos desde entonces en su territorio, Irán podría también inspirarse de Ucrania y acudir, mediante una sencilla declaración de reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), a la justicia penal internacional de La Haya.
Una amenaza pasada reiterada… hecha realidad
A modo de respuesta a este ataque inicial de Estados Unidos y de Israel, Irán ha materializado desde el mismo 28 de febrero una amenaza hecha en su momento: una respuesta militar de su parte con un alcance regional, abarcando no solamente a Israel sino a todos los Estados de la región en los cuales se encuentra una base militar norteamericana (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Arabes Unidos, Irak, Kuwait, Jordania y Omán).
Las embajadas de Estados Unidos en la región, sus naves, sus empresas, sus turistas o simples nacionales de igual manera pueden verse convertidos en blancos militares a partir del 28 de febrero y puede resultar bastante aventurado y presumido pretender estar en capacidad de proteger puntos tan dispersos, de posibles ataques por parte de Irán. Ello sin contar con actos violentos que se puedan dar contra legaciones diplomáticas de Israel y de Estados Unidos y contra sus empresas o grupos de turistas en muchas otras partes del mundo por parte de individuos, grupos organizados y/o colectivos radicales dispuestos a «vengar» a Irán.
El observar si las capacidades militares iraníes lograron penetrar en el suelo de Israel y en diversos otros puntos permite determinar si los decisores en Estados Unidos e Israel ponderaron y balancearon de manera correcta (o incorrecta …) los enormes riesgos que conllevaba su agresión militar inicial contra Irán.
De igual manera, la amenaza de bloquear el flujo de carga naviera que pasa frente a las costas de Irán imposibilitando el paso por el estrecho de Ormuz es otra amenaza hecha en su momento por Irán, en caso de iniciar Estados Unidos hostilidades en su contra. Cabe recordar que Desde 1973, el estrecho de Ormutz cuenta con un texto (véase documento) de la Organización Marítima Mundial en el que se precisan las atribuciones y los derechos de Irán y de Omán sobre este estrecho marítimo, de vital importancia para la zona. El aumento significativo del precio del barril del petroleo y del gas licuado desde que inició esta confrontación indica que Irán ha logrado poner a ejecución su amenaza, abriéndose así una espiral inflacionaria en todo el mundo que afecta a todas las economías del planeta.
Desde el punto vista del derecho internacional público, cabe precisar que la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 no ha sido ratificada por Estados Unidos, ni por Israel (que tan siquiera la han firmado), ni por Irán (que sí la ha firmado mas no ratificado), ni tampoco por Emiratos Árabes Unidos (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Los Estados costeros de la región que si son Estados Partes a este instrumento son Arabia Saudita (desde 1996), Bahréin (1985), Catar (2002), Koweit (1986) y Omán (1989).
El 2 de abril del 2026, se informó de un protocolo que Irán negocia con Omán para ajustar los términos del acuerdo de 1973 a la actual confrontación militar, de manera a permitir el paso con restricciones de carga marítima por el estrecho de Ormuz (véase nota de SwissInfo).
Cráter causado por un misil iraní en Tel Aviv. Foto extraía de artículo de prensa publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 y titulado » ‘Our coverage is not thruthful’: How Israel is censoring reporting o the war», edición del 13 de marzo del 2026
Nótese que un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas presentado por Bahréin intentó en un primer momento incluir una autorización para el uso de la fuerza (con una referencia explícita al Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas) en aras de intentar desbloquear el estrecho de Ormuz: fue tal la oposición de varios miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Reino Unido, Rusia) que los delegados de Bahréin han debido proceder a revisar el texto, de manera que no haya referencia alguna al Capítulo VII de la Carta (ello de manera a encontrar una salida diplomática al estrecho de Ormuz, lo cual implica una negociación con Irán – véase nota del sitio especializado PassBlue y nota del New York Times del 4 de abril del 2026). En la sesión del Consejo de Seguridad del 7 de abril, el proyecto de resolución enmendado finalmente por Bahréin (véase proyecto de resolución bajo el numeral S/2026/273) fue vetado por China y Rusia (véase video de la sesión) al tiempo que Colombia y Pakistán se abstuvieron.
Cabe también recordar que ya en el mes de junio del 2025, tuvimos la oportunidad de analizar desde la perspectiva jurídica, la total ilegalidad de los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos en Irán, durante 12 días. Dicho sea de paso, en aquel episodio, varios misiles y drones enviados por Irán en respuesta a este ataque lograron burlar los sistemas de defensa de Israel pese a las «seguridades» dadas por algunos altos jefes militares en Israel: véase al respecto nuestra nota titulada «Irán / Israel: algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho internacional público», del 28 de junio del 2025. En aquella oportunidad, tampoco analistas encontraron una «inminente amenaza» para Estados Unidos o Israel, concluyendo que la decisión de atacar a Irán resultó de un sencillo cálculo político (véase artículo publicado en The Guardian el 23 de junio del 2025).
En cuanto a los Estados que aceptaron (bajo una fuerte presión de Estados Unidos) normalizar sus relaciones con Israel en septiembre del 2020 mediante los denominados «Acuerdos de Abraham» a un alto costo político como Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, pueden observar la verdadera burla a su seguridad que les ha significado estos acuerdos, ante la incapacidad de Israel y de Estados Unidos de protegerlos y resguardarlos de los ataques de Irán.
Drones: la nueva componenda militar en conflictos bélicos
En las más recientes confrontaciones entre dos Estados, el recurso a drones militares de cierto alcance (pero incluso drones comerciales de muy bajo costo) permite ahora al ejército de un Estado ya sea:
– burlar de manera relativamente sencilla los sistemas de defensa de otro Estado (pensados para interceptar misiles, y no drones), ya sea;
– saturar el espacio con drones y misiles de poca carga y desgastar los sistemas de defensa antimisiles, para luego, agotados los sistemas antimisiles, enviar misiles y drones con cargas mucho mayores en determinados puntos considerados estratégicos.
Con respecto al uso de los drones, resulta más que sorprendente para muchos observadores militares que Estados Unidos no haya incorporado como variable la experiencia militar de Ucrania desde el 2022, al recibir una multitud de drones rusos que burlan una y otra vez, de manera bastante sencilla, los sistemas de defensa antimisil de Ucrania más sofisticados proporcionados por Estados Unidos y por Europa.
Esta constatación es aún más sorprendente al registrase en el «Top12» de las empresas dedicadas a la producción de drones militares a nivel mundial, a seis empresas norteamericanas y a dos israelíes (véase enlace).
No se sabe si Estados Unidos e Israel han tomado en consideración el hecho que Irán también está dotado de drones marinos que burlan la vigilancia de los radares y de otros modernos sistemas de detección, y que han causado, en el caso de su uso por parte de Ucrania, daños significativos a la marina rusa en el Mar Negro.
Estados Unidos e Israel: una urgente necesidad de desplazar la atención
No está de más indicar que esta aventurada operación militar conjunta de Estados Unidos y de Israel y la previsible respuesta de Irán permite a ambos Estados y a sus dos máximos dirigentes, desviar totalmente la atención mediática internacional y la de la comunidad internacional en su conjunto.
En el caso norteamericano, tanto el escándalo por los denominados «Epstein files» como la verdadera humillación sufrida el pasado 20 de febrero por el actual ocupante de la Casa Blanca ante el mundo y ante su propia opinión (al declarar la Corte Suprema totalmente ilegales los aranceles decididos de manera arbitraria al iniciar su gestión), han pasado a un segundo plano desde el 28 de febrero, lo cual resulta sumamente útil de cara a la contienda electoral del los «midterms» en Estados Unidos. No obstante, desde el punto de vista electoral, el apoyo popular (incluso dentro de su propio partido) a esta nueva aventura militar de Estados Unidos en Oriente Medio no parecería darse para el actual ocurrente ocupante de la Casa Blanca, luego de 40 días de intensa confrontación con Irán, y con las primeras personas muertas y heridas (tanto en Israel como en las filas del mismo ejército norteamericano – que suman 13 al 17 de abril del 2026). Esta nueva y costosa aventura militar, cuyos objetivos son inciertos, es incluso contraria a una promesa firme hecha y reiterada como candidato presidencial a sus correligionarios por parte del actual ocupante de la Casa Blanca. En cuanto a los efectos inflacionarios de una nueva crisis petrolera, es probable que genere un profundo descontento en el electorado norteamericano si logra impactar directamente a la economía norteamericana.
En el caso de Israel, esta operación militar conjunta con Estados Unidos permite a Israel desviar toda la atención del mundo:
– del drama indecible al que somete a la población civil palestina y al genocidio en curso en Gaza, presentido con gran anticipación por parte de Sudáfrica en diciembre del 2023 al presentar su demanda contra Israel ante la justicia internacional de La Haya (véase texto), confirmado en julio del 2024 por la Relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese en su informe titulado «Anatomía de un genocidio«, y reconfirmado por tres expertos investigadores designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe A/HRC/60/CRP.3 de septiembre del 2025 (Nota 10), así como;
– de la colonización a marcha forzada muy intensa que lleva a cabo en otro territorio palestino ocupado, Cisjordania, la cual fue objeto de un reciente comunicado de varios Estados condenandola de manera vehemente (véase comunicado del 23 de febrero colgado por la diplomacia de España). Nuestros estimables lectores costarricenses podrán revisar este otro texto conjunto suscrito por más de 100 Estados condenando el accionar de Israel en Cisjordania, entre los cuales no aparece Costa Rica, como tampoco Argentina, Bolivia, Ecuador, Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá ni Perú. Este informe de Naciones Unidas del 17 de marzo del 2026 viene a confirmar cómo Israel ha acelerado la colonización y la destrucción de viviendas palestinas en Jerusalén Oriental y en Cisjordania.
El hecho de posponer nuevamente una investigación independiente en Israel sobre las responsabilidades del actual pimer ministro y sus jefes militares al permitir el ataque del Hamás del 7 de octubre del 2023, teniendo información de sus servicios de inteligencia sobre los planes del Hamás que fue archivada (véase artículo del New York Times del 2 de diciembre del 2023), es otro aspecto muy positivo para el actual primer ministro israelí.
Es de notar que el pasado 4 de marzo, el denominado Grupo de La Haya, liderado por Colombia y Sudáfrica convocó a una reunión urgente con 35 Estados que han dicho presente, para considerar nuevas acciones de cara al genocidio en curso en Gaza (véase nota de prensa).
Resulta oportuno señalar que al finalizar el mes de febrero, la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció el otorgamiento de su máxima distinción académica a la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase anuncio oficial de la UCR): un apoyo a su valentía y a su labor que bien podría replicarse en otros recintos universitarios, y ello pese a la intensa campaña en su contra orquestada desde Estados Unidos e Israel y desde sus círculos afines (Nota 11). Sobre las recientes acusaciones en su contra, se recomienda en particular leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril). Este 2 de abril, se informó que Francesca Albanese recibió la máxima distinción académica remitida por tres universidades en Bélgica (véase nota de prensa). En Costa Rica, personalidades e intelectuales han saludado esta llamativa iniciativa de la UCR (véase artículo de opinión publicado el pasado 29 de marzo en La Extra y este otro publicado con anterioridad en Delfino.cr, entre muchos más), al tiempo que otros han considerado oportuno repetir en artículos de opinión las falacias que el aparato diplomático israelí ha difundido en su contra, y ello desde su primer informe antes mencionado y titulado «Anatomía de un genocidio«, cuya lectura integral se recomienda.
El anuncio hecho el pasado 8 de abril sobre la declaración como organizaciones terroristas de cuatro entidades de Oriente Medio por parte de las autoridades de Costa Rica, evidencia la alineación de Costa Rica a Estados Unidos (véase nota de La Nación), que tuvimos la oportunidad de señalar con relación a otra iniciativa conjunta entre Costa Rica y Estados Unidos (Nota 12). Sería de interés conocer la justificación oficial exacta para declarar justo en estos momentos, horas después de anunciar Estados Unidos un cese al fuego con Irán, a estas cuatro entidades como entidades terroristas, una iniciativa que consideramos que no es exempta de riesgos dada la fuerte tensión que se vive en Oriente Medio y la gran cantidad de turistas israelíes que visitan a Costa Rica (Nota 13).
Cabe precisar que en su informe más reciente (documento A/HRC/61/71, titulado «Torture and genocide» presentado el 23 de marzo), se lee en las conclusiones de la Relatora de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino que:
«82. Since October 2023, the systematic torture of Palestinians has become an integral component of Israel’s settler-colonial genocide, functioning as an instrument of annihilatory violence directed at the Palestinians as a people. When torture is perpetrated across an entire territory, against a population as such and sustained through policies that destroy the conditions of life, the genocidal intent is apparent.
83.This report merely scratches the surface. It situates torture within a broader framework of both custodial and non custodial policies and practices, in which the infliction of collective long-term harm reflects a concerted effort to control and erase a people: by destroying basic conditions of life, breaking social bonds and collective resistance, and ultimately forcing Palestinians from their land to replace them with settlers«.
Como señalado, este informe fue presentado en Ginebra este 23 de marzo (véase comunicado oficial de Naciones Unidas): nuestros estimables lectores podrán revisar por sí mismos la casi nula difusión de este comunicado de prensa oficial de Naciones Unidas en los medios internacionales de prensa. El comunicado de esta organización en Estados Unidos denunciando la tortura a un bebé de un año frente a su padre palestino en Gaza por parte de militares israelíes, del 23 de marzo, conoció la misma nula difusión. Este comunicado de la Sociedad Española de Epidemiología conoció la misma suerte, interpelando de paso, a las sociedades de epidemiología de otras latitudes y más generalmente a las asociaciones profesionales de médicos y de personal de la salud.
Siempre con relación al territorio palestino ocupado, esta vez Jerusalén Oriental, el pasado 6 de marzo del 2026, varios expertos de Naciones Unidas hicieron un vehemente llamado a Israel a cesar sus acciones tendientes a forzar familias palestinas a abandonar esta parte de la Ciudad Santa (véase texto) en el que se lee que:
“What is being done to this world symbol of spiritual coexistence and shared heritage is irreversible.” In occupied East Jerusalem, extrajudicial killings, large-scale demolitions and forced displacement have escalated. Checkpoints and closures are severing the city from its Palestinian hinterland, isolating communities from their social, cultural, economic and religious life and undermining their rights to self-determination and development. Punitive policing and systematic interference with freedom of worship are designed to coerce Palestinians to leave«.
Con relación a la situación en Gaza, el antepenúltimo informe de Naciones Unidas al 27 de marzo del 2026 (véase informe) registraba la muerte de 72.265 personas en Gaza, de las cuales 21.283 corresponden a la de niños, 10.983 a mujeres y 5.100 a adultos mayores. En el penúltimo informe al 10 de abril, la precitada cifra global de personas fallecidas actualizada registra a 72.315 víctimas mortales. En el último informe (al 16 de abri del 2026l), la cifra aumentó a 72.344 personas fallecidas en Gaza.
Nótese que el pasado 24 de marzo, con ocasión de una alerta por misiles iraníes, ciudadanos israelíes encontraron en un refugio el cuerpo sin vida de un reservista israelí, cuyo suicidio viene a añadirse a una larga lista de soldados israelíes (Nota 14) que optan por quitarse la vida luego de regresar de meses de servicio en Gaza (véase nota del Jerusalem Post).
Finalmente, en Perú, la justicia peruana ha sido recientemente solicitada por una fundación palestina que rastrea a criminales de guerra israelíes que turistean por América Latina (véase nota de la Fundación Hind Rajab). Una cción similar se llevó a cabo en Sri Lanka (véase nota).
La prohibición de la tortura: un detalle en una votación en noviembre del 2025 muy pocamente divulgado
Es de notar que un episodio muy poco referenciado por las grandes agencias de noticias que cubren a Naciones Unidas, tuvo lugar el 20 de noviembre del 2025: se votó la resolución trienal en el seno de la IIIa Comisión de de la Asamblea General, que reafirma la prohibición de la tortura y de los malos tratos (véase texto de la resolución).
Por primera vez en los últimos decenios, se contabilizaron en noviembre del 2025 un total de 169 Estados votando a favor y … votaron en contra Argentina, Estados Unidos e Israel. De estos tres Estados, únicamente Estados Unidos procedió a explicar su voto en contra, con argumentos risibles si no se tratara de un tema tan grave (véase texto). Se registraron además 4 abstenciones que deberían de interpelar a muchos: Burundi, Papua Nueva Guinea, Nicaragua y Rusia.
Este detalle (véase recuadro) de la votación merecía, en nuestra modesta opinión, una mención en medios informativos: mucho más llamativo resulta que haya pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y que muchas salas de redacción omitieran toda referencia a este intento por erosionar una regla internacional fundamental en materia de protección de los derechos humanos. ¿No interesará realmente a nadie que hayan Estados objetando la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos, crueles o degradantes?
Usualmente, este resolución trienal de la Asamblea General de Naciones se adopta por consenso entre los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, tal y como ocurrió en ejercicios similares en el 2022 (véase texto), en el 2017 (véase texto) y en el 2014 (véase texto).
En febrero del 2025, en un informe publicado por una ONG en Israel (véase informe completo), se leía:
«By disregarding the extended evidence from human rights organizations submitted to Israel courts and authorities, and allowing abuses and torture to persist, the State creates an environment of impunity where these acts are normalized, further exacerbating human rights violations. The lack of accountability for perpretators further underscores the systemic nature of the issue, with victims facing ongoing violations and no legal recourse» (p. 20).
Nótese que en el 2002, con relación a la prevención de la tortura, Estados Unidos fracasó estrepitosamente en Naciones Unidas en su intento por frenar a como diera lugar la adopción de un Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de 1984 (véase nota de prensa del New York Times y texto del Protocolo): un instrumento internacional finalmente adoptado en diciembre del 2002 con una abrumadora mayoría. Sobre el detalle de las negociaciones en Naciones Unidas, lideradas por Costa Rica desde 1991 de manera ininterrumpida, remitimos a nuestros estimables lectores a esta publicación del 2004. en particular el Capítulo II a páginas 41-73).
La demanda contra Israel por genocidio en Gaza: recientes solicitudes de intervención
Con respecto a la demanda contra Israel por genocidio en Gaza interpuesta por Sudáfrica el 30 de diciembre del 2023, el pasado 11 de marzo del 2026 fueron Países Bajos e Islandia los que se sumaron a la demanda sudafricana, con una solicitud de intervención al juez internacional en la que ambos Estados, de manera separada, buscan incorporar a la noción de genocidio plasmada en 1948 el desplazamiento forzado, el ensañamiento contra la niñez palestina y la privación sostenida de la ayuda humanitaria a la que Israel sigue sometiendo a la población en Gaza (Nota 15).
Estos dos Estados fueron precedidos por solicitudes similares por parte de Bélgica (diciembre el 2025), Comoros (octubre del 2025), Brasil (septiembre del 2025), Belize (enero del 2025), Cuba (enero del 2025) e Irlanda (enero del 2025), Bolivia (octubre del 2024), Islas Maldivas (octubre del 2024), Chile (septiembre del 2024), Turquía (agosto del 2024), España (junio del 2024), Palestina (mayo del 2024), México (mayo del 2024), Libia (mayo del 2024), y Colombia (abril del 2024).
Resulta oportuno indicar que los aliados de Israel presentaron el 12 de marzo del 2026 sus respectivas solicitudes de intervención en apoyo a las tesis jurídicas de Israel, con la presentación de una solicitud por parte de Estados Unidos que sostiene que son infundadas las acusaciones de genocidio en Gaza, por parte de Hungría (presentada también el 12 de marzo – véase texto) y por parte de Islas Fidji (véase texto): esta perfecta sincronización de apoyos a Israel ante el juez internacional de La Haya en este mes de marzo del 2026 debe obedecer a algo que se nos escapa: agradeceríamos desde ya el concurso de eminentes especialistas para entender a qué podrá responder tan repentina y coordinada maniobra conjunta (pueden para ello escribirnos a cursodicr(a)gmail.com y se garantiza total confidencialidad si así fuese requerida).
Es de indicar que en Chile, la fundación Hind Rajab ha logrado recientemente activar la justicia contra un soldado israelí con cargos por genocidio y crímenes de guerra (véase nota), así como contra otros tres soldados israelíes ante esta vez la justicia de Brasil (véase nota). Más recientemente es la justicia rumana la que ha sido solicitada contra un soldado israelí (véase nota). Desde Bélgica, la Fundación Hind Rajab (del nombre de una niña palestina de 5 años asesinada por Israel en Gaza en enero del 2024 – véase enlace) rastrea a diversos responsables de crímenes de guerra en Gaza que salen a viajar por el mundo como turistas. En este enlace de la misma fundación aparece la cadena de mando israelí responsable de la muerte de 5 periodistas de la agencia de noticias catarí Al Jazeera acaecida en agosto del 2025, recurriendo Israel a la técnica del «double tap strike«. Por el momento, no se ha sabido de acciones legales iniciadas en Costa Rica contra integrantes del ejército israelí por crímenes de guerra cometidos en Gaza y que pasean por sus playas (Nota 16).
También es de notar que recientemente la justicia francesa solicitó órdenes contra dos ciudadanos israelíes que cuentan con un pasaporte galo, por bloquear la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, bajo el cargo de «complicidad por genocidio» (véase nota de Liberation del 4 de febrero del 2026): dicho sea de paso, se trata de una demanda ante tribunales nacionales que debiera interesar a organizaciones y a jurisdicciones de otros Estados cuya nacionalidad poseen personas muy activas en Israel para bloquear a toda costa la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza.
Toma de la ciudad de Meybod en Irán, extraída de artículo de prensa sobre destinos turísticos recomendados por la revista National Geographic para el 2016, en el que aparece – ver artículo – Irán como primer destino recomendado, seguido luego por Costa Rica
El carácter desproporcional e irracional de la respuesta israelí al ataque del 7 de octubre del 2023 era previsible. Desde el mismo mes de octubre del 2023, nos permitimos vaticinar con respecto al «asedio total» anunciado po Israel, que:
«Como ya ha ocurrido en el pasado, estas acciones de represalias israelíes serán objeto de una estricta observación por parte de varios órganos de Naciones Unidas así como de algunas de sus instituciones especializadas. De ser nuevamente tan mortífera y dañina para la población civil palestina de Gaza – como ya se observó en ocasiones anteriores – la Corte Penal Internacional (CPI) podría también iniciar una nueva investigación al respecto, incluyendo tanto las exacciones cometidas por Hamás como por parte de las fuerzas de seguridad de Israel en Gaza» (Nota 17).
Un panorama cargado de incertidumbres
Este ataque de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero ha iniciado un período cargado de incertidumbres y de dudas, así como de interrogantes, en el que al parecer, algunos pocos decisores en Estados Unidos e Israel evaluaron de manera poco precisa la capacidad de respuesta militar de Irán.
Investigaciones periodísticas futuras deberían poder dar a conocer advertencias internas de altos mandos militares archivadas por la Casa Blanca. De no aparecer estas advertencias en lo interno del aparato militar norteamericano, se plantearán dudas razonables sobre la capacidad de lectura y de anticipación a partir de datos de inteligencia del mismo ejército norteamericano.
Con respecto a Israel, resultan muy válidas preguntas sobre la supuesta infiltración por parte de sus servicios secretos en Irán con acceso a información sensible:
– ¿será que la contra inteligencia militar iraní intoxicó a los informantes de Israel en Irán a tal punto que no se percatarán de nada?
– ¿será que Israel fue mal informada por sus informantes iraníes?
– ¿será que de las diferentes «capas» que ha establecido el régimen iraní dentro de su organización militar y política interna, Israel solamente pudo acceder a información sensible de las primeras de ellas?
Estas y muchas otras interrogantes son las que se plantean expertos en inteligencia y contra inteligencia para determinar qué es lo que puede haber ocurrido para que Irán lograra disimular a Israel cantidades tan elevadas de misiles, de drones, y de muchos otros armamentos y artefactos usados desde el 28 de febrero del 2026.
Resulta oportuno señalar que las advertencias a Estados Unidos de no enfrentarse a Irán provinieron de los Estados árabes de la zona, semanas antes del 28 de febrero del 2026. En esta nota de prensa publicada en India el 3 de marzo del 2026, se hace ver la profunda frustración de varios Estados árabes con Estados Unidos, al exponerlos de manera irresponsable a los misiles y a los drones de Irán, lo cual puede poner en tela de duda parte de los diversos acuerdos suscritos con el actual ocupante de la Casa Blanca durante su gira en Oriente Medio en el 2025.
Los daños causados durante esta confrontación exhiben ahora la gran vulnerabilidad de algunos de estos Estados árabes, dotados de costosos sistemas de defensa de fabricación norteamericana que no logran interceptar siempre los misiles y drones iraníes. El hecho que estos Estados lleven semanas sin poder exportar su petróleo y su gas licuado debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y el hecho que Irán, en respuesta a ataques de Israel sobre sus plantas de petróleo, haya decidido emprenderla también contra plantas de petróleo y de gas licuado en algunos de estos Estados, son dos aspectos que confirman la extrema vulnerabilidad de estos Estados árabes. Asistir impotentes a la destrucción diaria de parte de su valiosa infraestructura ligada al petróleo y al gas es la dura realidad que viven estos Estados árabes, que han advertido una y otra vez que no quieren verse involucrados ni entrar en confrontación militar directa con Irán. Una reconocida experta gala sobre Oriente Medio recordaba que frente a los 93 millones de habitantes con los que cuenta Irán, Emiratos Árabes Unidos tiene una población de un millón de emiratíes, el resto de la población no siendo emiratí (véase programa, mn 28:30). La población de nacionales de Bahréin por su parte, no alcanza los 800.000 personas.
En respuesta a un daño muy similar sufrido en su territorio, Irán bombardeó una planta de desalinización del agua de mar en Bahréin (véase nota de Al Jazeera): se trata de un recurso vital para todo un Estado y su población en una zona desértica, y que plantea ahora muy serias interrogantes en Bahréin. En la mira podrían estar ahora las plantas de desalinización de Emiratos Árabes Unidos, que suplen el 80% del agua que se consume en este Estado.
En respuesta a un daño a varias de sus entidades bancarias en su territorio, Irán ha advertido el pasado 11 de marzo que los bancos en varios Estados del Golfo serán también considerados blancos militares (véase nota de Al Jazeera).
En este comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas del 10 de marzo del 2026, se advierte del impacto que puede tener el atacar infraestructura pública relacionada al agua en esta región del mundo, en clara violación a las reglas más elementales del derecho internacional humanitario:
“Under the laws of war, civilians and civilian infrastructure must be protected at all costs. All parties are bound by these rules, and must be held to account if they do not.”
“The world is watching.”
In Iran, a water desalination plant and fuel facilities were hit over the weekend, with oil spilling into the streets and fires igniting along roadside drainage lines. On Qeshm Island in Hormozgan Province, an attack on a water desalination plant reportedly disrupted water access for at least 30 villages.
Following the attacks, Iran’s Red Crescent Society warned that the rainfall in the country could be «highly dangerous and acidic» and could cause chemical burns and serious lung damage.
“I am deeply worried about the health and environmental consequences people will suffer as a result of these oil fires, including acid rain contamination,” Türk said.
“The foreseeable impacts on civilians and the environment of these strikes raise serious questions as to compliance of these attacks with the requirements of international humanitarian law of proportionality and precaution. This warrants careful legal scrutiny.”
Attacks across the region have also caused civilian casualties and affected civilian infrastructure. This includes a desalination plant in Bahrain, which provides crucial access to water for many».
De igual manera, en respuesta a un ataque a sus principales instalaciones de gas licuado, Irán respondió al ataque con bombardeos a la principal planta de gas licuado de Qatar (véase nota de Al Jazeera del 19 de marzo).
El pasado 21 de marzo, en respuesta a un ataque a su sitio nuclear en Natanz realizado la víspera, Irán atacó las instalaciones nucleares de Dimona en Israel (véase nota de Al Jazerra y video de la misma agencia de noticias catarí detallando los daños ocasionados).
Un dato que bien conocen los especialistas en derecho internacional público – pero que se difunde muy poco – es que Israel no es Estado Parte al Tratado de No Proliferación (TNP) de 1970 mientras que Irán si lo es, habiendo aceptado en el pasado misiones de verificación en sus centrales nucleares por parte de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (véase estado oficial de firmas y ratificaciones del TNP). Al ser supuestamente Dimona una de las ciudades de Israel mejor protegidas en razón de las instalaciones nucleares que posee, preguntas muy válidas se han hecho ver en la misma Israel (véase emisión de la DW alemana al respecto).
Con relación a otro instrumento internacional en materia de desarme, otro dato que bien conocen los especialistas en derecho internacional público y que nunca se divulga, es que Israel no es parte a la Convención de Nueva York de 1997 sobre prohibición de armas químicas. La revisión del estado oficial de firmas y ratificaciones indica que todos los Estados del planeta son Estados Partes a esta importante convención menos uno: Israel. ¿No lo sabía, estimado(a) lector(a)? No debe sorprenderse mayormente, ya que, como indicado anteriormente, es un dato que no se difunde.
El pasado 29 de marzo, en respuesta a un ataque sobre universidades iraníes, Irán ha señalado como objetivos legítimos los diversos recintos universitarios existentes en la región (véase nota de prensa del 29 de marzo de la agencia de noticias turca Anadolu Agency).
No está de más añadir que el pasado 27 de marzo un ataque de Irán a una base militar norteamericana ubicada en Arabia Saudita dañó un avión de vigilancia sin el cual Estados Unidos e Israel no podrían estar llevando a cabo sus operaciones aéreas (véase nota del Jerusalem Post del 29 de marzo). Se estima el valor de este tipo de aeronave en unos 700 millones de US$. En esta otra nota de un sitio especializado, se lee que:
«The loss of this E-3 is incredibly problematic, given how crucial these battle managers are to everything from airspace deconfliction, aircraft deconfliction, targeting, and providing other lethal effects that the entire force needs for the battle space,” said Heather Penney, a former F-16 pilot and director of studies and research at AFA’s Mitchell Institute for Aerospace Studies».
Como se puede observar, desde que inició el ataque en su contra por parte de Estados Unidos e Israel, y pese a haber sufrido severos daños, Irán ha respondido de manera gradual y bastante precisa a los ataques que recibe, lo cual evidencia una capacidad de respuesta militar notable, y una total coordinación existente en el seno de sus fuerzas de seguridad: confirmándose de paso, la poca capacidad de anticipación de Estados Unidos y de Israel al atacar a Irán.
Por otra parte, este editorial del New York Times advertía de manera tempranera de lo riesgoso y costoso que podría significarle a Estados Unidos esta nueva aventura militar improvisada por el actual ocupante de la Casa Blanca.
Una pequeña digresión sobre la lógica imperial de Estados Unidos desde la instalación del nuevo ocupante de la Casa Blanca en enero del 2025
El nuevo ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado desde su llegada en amenazar y manifestar sus pretensiones sobre Canadá, Cuba, el canal de Panamá, Groenlandia o Venezuela, como si estuviera gobernando los destinos de Estados Unidos en pleno siglo XIX. Raramente se habrá observado a un mandatario en el ejercicio de sus funciones gozando de sus plenas facultades, y recurriendo a la narrativa y a la lógica de los emperadores de antaño.
En el caso más reciente de Groenlandia (diciembre 2025-enero del 2026), se pudo observar un espectáculo raramente visto en la Casa Blanca, con pretensiones ocurrentes totalmente desapegadas de la realidad y del derecho internacional por parte de su errático ocupante, y que sus aliados europeos debieron hacerle ver (Nota 18).
Su lema «La Paz por la Fuerza» (véase enlace oficial) se encuentra a contrapelo de toda la evolución de la comunidad internacional desde 1945, tendiente a reemplazar progresivamente mediante normas, regulaciones, instituciones y jurisdicciones internacionales, el «derecho a la fuerza» por «la fuerza del derecho«.
Este lema de «La Paz por la Fuerza» recuerda la denominada «diplomacia de la cañonera» tan de voga en el siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX por parte de las potencias de aquellas épocas, y que bien conocen los historiadores, en particular los que han analizado la historia de América Latina o bien la de Asia.
Si bien en el siglo XIX era bastante usual ver a Estados intercambiar a cambio de algún tipo de pago la cesión de un territorio mediante un tratado, recurriendo a la fuerza si fuese necesario, o bien adquirir mediante el uso de la fuerza territorios de otros Estados sin pago alguno, desde 1945 tres obstáculos mayores frenan este tipo de pretensiones y de apetitos: el principio de prohibición del uso de la fuerza en las relaciones entre dos Estados, el principio de respeto a la integridad territorial de un Estado, asi como el principio de libre determinación de los pueblos, plasmados en la Carta de Naciones Unidas desde 1945.
Con relación al hemisferio americano, podemos indicar que la compra de Alaska por parte de Estados Unidos al Imperio de Rusia en 1867 es, a modo de ejemplo, algo que no se puede hacer desde 1945, en virtud del.principio de libre determinación de los pueblos. Por su parte, el tratado Torrijos-Carter de 1977 entre Estados Unidos y Panamá vino a reajustar los términos del tratado leonino suscrito en 1903, obteniendo Panamá en 1977 la retrocesión y el pleno control del Canal de Panamá, a partir del 31 de diciembre de 1999.
Otro tratado con disposiciones leoninas a favor de Estados Unidos lo es el tratado de 1848 Guadalupe Hidalgo (véase texto integral) que puso fin a la guerra entre Estados Unidos y México, obligando México a ceder gran parte de su territorio ilustra de igual forma lo observado en el siglo XIX y en los inicios del siglo XX. Se lee en esta publicacion mejicana que:
«Mediante el Tratado Guadalupe Hidalgo México le entregó a Estados Unidos cerca de 2,300,000 kilómetros cuadrados, lo equivalente a las superficies de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Hungría y Croacia. A cambio, México recibió 15,000,000 de dólares. El territorio cedido es el que hoy comprende los estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming, una zona extensa que había sido mal gobernada y descuidada desde tiempos de la Nueva España«.
Desde 1945, este tipo de acuerdos entre Estados suscritos bajo amenaza resulta cuestionable desde la perspectiva legal. Precisamente, con respecto a las pretensiones recientes expresadas por el mandatario de Estados Unidos sobre Groenlandia, en este comunicado conjunto de varios expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, difundido el 14 de enero del 2026, se lee que:
«Such statements risk eroding fundamental principles of the UN Charter, including the prohibition of the use of force, respect for territorial integrity and the political independence of all States. These statements are inconsistent with international human rights law and the right to self-determination«.
En el caso de América Latina, en el año 2015 habíamos tenido la oportunidad de analizar, gracias a la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe), el caso muy específico de la base militar de Guantánamo que «alquila» Estados Unidos a Cuba desde la firma de un tratado bilateral suscrito en 1903, y reconducido en 1934, que Cuba considera nulo desde el punto de vista legal desde 1960 (Nota 19)
A modo de conclusión
Más allá de la aparente confusión existente en la mente del actual ocupante de la Casa Blanca sobre los límites que impone el ordenamiento jurídico internacional – así como el derecho interno en Estados Unidos (Nota 20) – , en febrero del 2026, los decisores en Washingthon y en Tel-Aviv obviaron también, al parecer, las lecciones aprendidas bastante evidentes en Irak (2003), Afganistán (2002), o Libia (2011): las intervenciones militares externas logran a veces decapitar a un régimen y derrocarlo, pero lejos de estabilizar la situación en un Estado, provocan un caos tal y una radicalización extrema de ciertos sectores políticos tal, que hacen imposible un consenso nacional dentro de los Estados víctimas de este tipo de intervenciones.
Cabe recordar que en el caso de la agresión militar sufrida por Irak en el 2003, y el caos total que siguió, Estados Unidos había invocado una legítima defensa denominada «preventiva«: un concepto legal inexistente en la Carta de Naciones Unidas.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, el comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona (véase texto completo) difundido el mismo 28 de febrero del 2026, alertaba sobre el siguiente punto:
«I have already warned that failing to do so risks an even wider conflict, that will inevitably lead to further senseless civilian deaths and destruction on a potentially unimaginable scale, not just in Iran but across the Middle East region«.
Para concluir estas reflexiones, podemos indicar nuevamente que aventurarse a iniciar una guerra contra un Estado resulta siempre una decisión que se toma luego de ponderar detenidamente los riesgos que una confrontación militar implica: en el caso del ocurrente e imprevisible ocupante de la Casa Blanca, todo pareciera indicar que esta ponderación del riesgo se hizo de manera bastante aproximativa, a partir de información proporcionada por Israel, exponiendo de manera irresponsable a los Estados árabes del Golfo y a toda la economía mundial a sufrir las consecuencias.
Su profunda exasperación al ver que cayó en la trampa que le tendió Irán, al tener que reconocer (sin hacerlo expresamente) que midió muy mal la capacidad de respuesta militar iraní, y al no obtener el apoyo de ningún aliado para liberar el estrecho de Ormuz, lo han llevando a una violencia verbal raramente observada por parte de un Jefe de Estado en plena posesión de sus facultades, planteándose una interrogante muy válida en diversos círculos en Estados Unidos en las últimas semanas: ¿estará realmente el Presidente de Estados Unidos en posesión de todas sus facultades?
El pasado 16 de abril, tuvimos la oportunidad en el programa radial «Consulta Legal» de la Facultad de Derecho de la UCR, de esbozar algunas de las ideas desarrolladas a continuación (véase enlace en YouTube). Quisiéramos agradecer profundamente a los productores de este programa radial universitario por su interés en dar a conocer un análisis, desde una perspectiva jurídica, de esta crisis desatada por Estados Unidos e Israel. El pasado 28 de abril, fuimos de igual manera invitados al programa radial de Desayunos de Radio UCR (véase entrevista en FaceBook y YouTube en la que indicamos, entre otras cosas, el alcance de las obligaciones internacionales que establece el Estatuto de Roma para Costa Rica).
No está de más recordar que esta improvisada acción militar conjunta contra Irán que inició el 28 de febrero del 2026 se dió mientras en Ginebra (Suiza) un equipo negociador iraní y otro norteamericano estaban a punto de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones norteamericanas contra Irán. Se lee en este análisis publicado en The Guardian el 16 de marzo del 2026, que:
«On the final day of talks in Geneva, Iran offered a three-to-five-year moratorium, taking the pause past the end of the Trump presidency, but after a phone consultation with Trump during a lunchtime break, Witkoff came back insisting on 10 years. The US said it would pay for nuclear fuel to be imported over that decade.
By that final day – two days before the US and Israel launched their attack – the two negotiating teams had also reached agreement on the lifting of 80% of the sanctions imposed on Iran, a source involved in the talks said. Oman said at least three more months were needed to work on the details».
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N.,»A 14 días del ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán – Balance y perspectivas y un repaso a las reacciones oficiales registradas en América Latina,» LaRevista.cr, edición del 14 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente categóricamente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, 9 de mayo del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 3: Véase al respecto BOEGLIN N., «Le Liban et la justice pénale internationale«, La Revistacr, edición del 18 de abril del 2026. Texto integral disponible en este enlace .
Nota 4: Véase al respecto BOEGLIN N., «¿El Primer Ministro Benjamín Netanyahu en el próximo acto de traspaso de poderes en Costa Rica?», 30 de abril del 2026. Texto integral disponibe en este enlace.
Nota 5: Sobre las diversas reacciones oficiales a lo ocurrido el 28 de febrero contra Irán, remitimos a nuestra nota publica en LaRevistacr, BOEGLIN N., «EL ataque de Estados Unidos y de ISrael a Irán del 28 de febrero del 2026 y el derecho internacional a la luz de las diversas reacciones oficiales en América Latina», edición del 7 de marzo del 2026,disponible en este enlace.
Nota 6: En uno de los primeros bombardeos contra Irán, murieron 168 niñas al bombardear una escuela en la localidad de Minab: este comunicado de Amnistía Internacional exige sentar responsabilidades tanto en Estados Unidos como en Israel por lo que claramente califica como un crimen de guerra. Este reportaje de LeMonde en Francia sobre los daños causados por este ataque es de lectura recomendada. En el caso de la ofensiva militar de Israel en el Líbano iniciada el 2 de marzo del 2026, se contabilizan ya a 118 niños libaneses los que han fallecido (véase nota de prensa del 21 de marzo). En esta nota del medio de prensa libanés l´Oriente-le-jour, del 27 de marzo, se lee que: « Il n’y a aucun endroit sûr où les gens peuvent se rendre, même ici à Beyrouth », a déclaré pour sa part le représentant de l’Unicef au Liban, Marcoluigi Corsi, lors d’un briefing, déplorant qu’environ 20 % de la population du Liban a été déplacée, ce qui représente plus de 370.000 enfants qui ont été contraints de quitter leur domicile. Il a par ailleurs rappelé que 121 enfants ont été tués et 399 blessés dans des bombardements israéliens».
Nota 7: Véase al respecto BOEGLIN N., «Informar al mundo desde Gaza y prensa: el cerco persistente que Israel intenta mantener desde hace 23 meses, analizado desde una Costa Rica inaudible», 5 de septiembre del 2025. Texto disponible en este enlace
Nota 8: Pese a esta victoria categórica e indiscutible de 1986 en La Haya de Nicaragua ante Estados Unidos, en septiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda pendiente por daños y perjuicios y nunca, desde La Haya, se le pudo ordenar a Estados Unidos el pago de un monto indemnizatorio a Nicaragua, estimado en unos 17.000 millones de US$ (véase el comunicado de la CIJ del 27/09/1991).
Nota 9: Véase BOEGLIN N., «¿Informantes malinformados? OIEA desmiente a Estados Unidos: Irán sí cumple con obligaciones pactadas en materia nuclear«, 9 de mayo del 2018. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 10: En el último informe de Naciones Unidas (al 12 de febrero del 2026), sobre la realidad que se vive en Gaza desde el punto de vista humanitario, se detalla el nivel de violencia al que Israel sigue sometiendo a los habitantes de Gaza con bombardeos incesantes, destruyendo lo que queda de la poca infraestructura educativa existente. Se lee en particular, entre muchos otros aspectos, que:
«Over the past two weeks, strikes were reported on both sides of the “Yellow Line,” including in densely populated areas, heightening risks to civilians. Médecins Sans Frontières (MSF) reported that its teams across Gaza treated seven patients, including two children, injured in incidents attributed to Israeli attacks between 31 January and 2 February. On 5 February, Israeli forces reportedly demolished an UNRWA school that was the last remaining structure within a compound of six schools. Highlighting the extremely precarious situation for many children in Gaza, UNICEF noted that children continue to be affected by airstrikes and the disruption of essential services, with 37 children reported killed since the beginning of the year«.
Este informe puede ser completado con el anterior informe de Naciones Unidas (al 28 de enero del 2026), en el que se lee que:
«The MoH reported that since the ceasefire, 492 Palestinians have been killed, 1,356 injured, and 715 bodies retrieved from under the rubble«.
Nota 11: Estados Unidos, en el mes de julio del 2025, una reconocida ONG como Amnistía Internacional calificó de «vergonzosas» las sanciones tomadas por Estados Unidos contra, esta vez, ya no integrantes de la CPI, sino contra la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Palestino, la jurista italiana Francesca Albanese (véase comunicado de prensa).Tuvimos la oportunidad de analizar su tercer informe sobre Gaza del mismo mes: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: reflexiones desde una Costa Rica omisa sobre reciente informe de Naciones Unidas detallando la responsabilidad directa de empresas privadas en el genocidio en curso en Gaza«. Desde entonces, las intensas presiones contra la labor de Francesca Albanese no han cesado: el 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre la capacidad de lectura de este alto funcionario galo y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del Presidente de la ONG francesa JURDI del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian lo burdo de la maniobra.
Nota 12: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica – Estados Unidos: algunos apuntes con relación al reciente «acuerdo migratorio» sobre deportaciones vía aérea«, 27 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 13: Son muy diversos los artículos publicados en inglés en el exterior como éste y este otro y esta nota y que detallan la presencia de una importante comunidad israelí en algunas playas en Costa Rica.
Nota 14: La tasa de suicidios dentro de las filas del ejército israelí ha empezado a interesar a la prensa israelí: véase este artículo del TimesofIsrael de agosto del 2025 sobre tasa de suicidios y este artículo de mayo del 2025 sobre reservistas sufriendo serios traumas llamados a … volver a ponerse el informe y enviados a Gaza. Este artículo en el Jerusalem Post del 23 de agosto da cuenta del deterioro generalizado de la salud mental de muchos de los soldados israelíes que han regresado de Gaza (véase enlace). No está de más añadir que Israel envía a Gaza personas extremadamente jóvenes, sin mayor experiencia militar previa. La extrema juventud de los soldados israelíes llamados a incorporarse a operaciones terrestres en Gaza ya se había observado con ocasión de la ofensiva militar terrestre israelí en Gaza en el mes de julio del 2014. Tuvimos la ocasión de señalar, en aquella oportunidad (véase nuestro artículo publicado por el CURI en Uruguay), que: «En esta nota de The Jerusalem Post de julio del 2015 titulada “In Memoriam: The 64 IDF soldiers who gave their lives to protect Israel”, se rinde homenaje a los 64 efectivos del ejército israelí fallecidos durante la operación Margen Protector. En ella se consigna que de estos 64 soldados, 17 contaban con 20 años, 15 con 21 años, 8 con 22 años, 5 con 19 años, 4 con 23 años y 2 con 18 años«.
Nota 15: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Países Bajos e Islandia solicitan intervención en el marco la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza», 12 de marzo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 16: Un reportaje de la televisión costarricense (véase enlace) de marzo del 2024 explicaba cómo en pocas horas, de surfear en un conocida playa en el Cóbano, jóvenes israelíes pasaban a combatir en Gaza unos días después. Este reportaje merecería ser completado por otro para saber un poco más sobre los israelíes que, de regreso de varios meses en Gaza, entran a Costa Rica para ir a surfear en esta misma playa de Santa Teresa de Cóbano, objeto del precitado reportage. Es de señalar que en el 2021, en esta misma playa se registró la muerte de un israelí por parte, al parecer, de coterráneos de la misma víctima (véase nota de CRHoy). En diciembre del 2025, en otra playa en Guanacaste, se registró un fuerte altercado con activistas costarricenses denunciando el genocidio en curso en Gaza (véase nota del Semanario Universidad).
Nota 17: Véase BOEGLIN N., «Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 18: En el caso de Groenlandia, las recientes amenazas proferidas por el actual ocupante de la Casa Blanca para adquirir este territorio que se encuentra bajo la jurisdicción de Dinamarca «por las buenas o por las malas» demostró su profundo desconocimiento de su parte de las reglas internacionales en la materia vigentes desde 1945. Por cierto, el pasado 22 de febrero del 2026, Groenlandia y Dinamarca, algo desconfiadas y precavidas, rechazaron la oferta de enviar un barco hospital a Groenlandia ofrecido por Estados Unidos (véase nota de The Guardian). Tuvimos la oportunidad de indicar en un breve análisis desde la perspectiva legal sobre este repentino apetito norteamericano por adquirir Groenlandia observado en estos primeros meses del 2026 (véase nota nuestra titulada «Groenlandia y Estados Unidos: aspectos desde la perspectiva jurídica internacional muy, pero muy, basicos …» ) que:
«no hay manera de sostener en este inicio del 2026 que Groenlandia está en venta o que puede ser adquirida. Sostenerlo es hacer un ridículo internacional, raramente observado por parte de un jefe de Estado en ejercicio gozando de sus plenas facultades«.
Nota 19: Véase nuestra nota BOEGLIN N., «La devolución de la base de Guantánamo: primeras consideraciones de la CELAC«, OPALC, Sciences-Po (Paris). Texto disponible en este enlace.
Nota 20: Sobre las numerosas «Executive Orders» firmadas en la Casa Blanca que terminan siendo declaradas ilegales por los mismos tribunales norteamericanos, véase este interesante compendio realizado por autores del sitio JustSecurity, y titulado «The “Presumption of Regularity” in Trump Administration Litigation (4th edition)«.
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB) y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mantienen un fuerte pulso legal tras la emisión de la resolución N.° 029-2026-RF. La PRODHAB determinó que el TSE comercializa datos biométricos de manera ilegal a través de su plataforma de Verificación de Identidad (VID), al cobrar a empresas privadas e instituciones públicas por validar huellas dactilares y fotografías sin el consentimiento expreso y previo de las personas. Ante esto, el Tribunal Electoral ha respondido con firmeza defendiendo la legalidad de sus servicios.
Los argumentos de la PRODHAB: Lucro sin consentimiento
La PRODHAB, creada bajo el amparo de la Ley N.° 8968 para garantizar el derecho constitucional a la autodeterminación informativa (artículos 24 y 28 de la Constitución Política), sostiene que las fotografías faciales y las huellas dactilares son datos sensibles.
Según el órgano regulador, el TSE actúa al margen de la ley al realizar las siguientes acciones de forma comercial:
Operar y cobrar una tarifa a bancos y comercios para acceder a la plataforma VID.
Validar rasgos físicos únicos almacenados en el Registro Civil para beneficio de terceros.
Omitir la autorización previa de las personas para el procesamiento de sus rasgos individuales.
Como medida sancionatoria, la resolución de la PRODHAB ordena la cancelación de la inscripción de la base de datos del Registro Civil.
La defensa del TSE: «No hay venta de datos y las consecuencias serían gravísimas»
Por su parte, el TSE emitió un comunicado oficial donde rechaza tajantemente las acusaciones de comercialización y anuncia acciones legales inmediatas basadas en los siguientes cuatro puntos:
Recurso legal: El TSE presentará un recurso de revocatoria formal en contra de la resolución n.° 029-2026 de la PRODHAB.
Naturaleza pública de la consulta web: El Tribunal defiende que la información disponible en su sitio web (www.tse.go.cr) es de acceso irrestricto y carácter público, un criterio respaldado por la Sala Constitucional en su voto n.° 2008-16852, al referirse a datos vitales y básicos de las personas.
El servicio VID no es venta: El TSE aclara que la plataforma VID no entrega datos biométricos a los contratistas; estos permanecen siempre bajo el resguardo exclusivo del organismo electoral. La institución se respalda en la opinión jurídica PGR-OJ-165-2025 de la Procuraduría General de la República, la cual señala que calificar el sistema como «venta» es una premisa equivocada, ya que funciona como un canal de validación que requiere la participación activa del ciudadano y no realiza transferencias de datos a terceros.
Alerta por parálisis de servicios nacionales: El Tribunal advierte que ejecutar el punto 7 de la resolución de la PRODHAB —que exige cancelar la inscripción de la base de datos del Registro Civil— traería consecuencias gravísimas para el país. Esta medida provocaría una sensible afectación en múltiples plataformas esenciales, paralizando desde los servicios migratorios de nacionales hasta las transacciones del sistema bancario nacional.
El conflicto de competencias y criterios legales entre ambas entidades pone sobre la mesa el debate nacional acerca de los límites entre la seguridad tecnológica, la mitigación del fraude de identidad y el derecho fundamental a la privacidad de los datos sensibles en la era digital costarricense.
Ante esto surgen varias interrogantes:
¿El servicio de verificación de identidad del TSE es una herramienta necesaria contra el fraude o una comercialización encubierta de nuestros datos?
¿Debería la ciudadanía tener el control absoluto y previo sobre cómo las entidades usan sus huellas y fotografías, incluso frente a fines de seguridad bancaria?
TSE afirma que habría un impacto para el sistema bancario y migratorio si se cancela la base de datos del Registro Civil; ¿cómo resolver ese riesgo si se cancela el servicio que se brinda actualmente?
¡La huelga es un derecho, no un delito! Triunfo histórico de la clase trabajadora en la CIJ Movimiento Trabajo Digno CR. https://wp.me/p6rfbZ-z2E
Fallo histórico de la CIJ reafirma el derecho de huelga – Sindicatos costarricenses denuncian ley restrictiva y rezago frente al estándar internacional ISFODE https://wp.me/p6rfbZ-z2x
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Mi padre, que tantas cosas buenas me enseñó, me habló siempre de lo que él llamaba: el respeto a la dignidad del cargo, pues consideraba que siempre se debe respetar el cargo, función o papel que cada quien tenga en la sociedad, por humilde, sencillo o encumbrado que sea y así, también, ser uno respetado. Pero, sobre todo reiteraba, uno debe respetar su propio cargo, su dignidad, y el que puede representar al ejercer una función, ya sea de carácter privado o público, pues quien no respeta la dignidad de su cargo se irrespeta a sí mismo y a los demás. Hoy, tal vez, muchos estén en desacuerdo con el pensamiento de mi querido padre, pero para mi siguen siendo palabras sabias.
De ahí que cuando escucho los insultos e improperios que salen de la boca de altos jerarcas del gobierno de nuestro país, que se dan el lujo de utilizar un podio presidencial o la curul legislativa para “mentar la madre”, imitar la forma de hablar de otras personas o propalar insultos y agravios a otros funcionarios públicos o personas irrespetando, precisamente, su propia dignidad personal o funcional, me da enorme tristeza por la Patria. Para mi resulta, de remache, un signo evidente de la decadencia nacional, que haya un porcentaje importante de costarricenses que aplauden, apoyan y hasta se satisfacen de semejantes desafueros, gracias a la posverdad y mentiras que generan las políticas de odio que utilizan los sistemas autoritarios o de aspirantes a fascistas. Por lo anterior, lo ocurrido esta semana en las oficinas de la Presidencia de la República ante la “invitación” de la presidenta Laura Fernández a los miembros de los poderes judicial y legislativo, resulta chocante y bochornoso y justifica una elemental explicación de Educación Cívica, muy elemental para que se entienda, como una dosis necesaria de ubicación institucional.
Presten atención doña Laura, el Mini Chaves y todos los demás que se sienten parte de la “Corte Imperial”: dice la Constitución Política -que todos juraron obedecer (hasta los ateos)- que Costa Rica es una República (¡y solo una¡) libre, independiente y que la soberanía reside exclusivamente en la Nación, y de acuerdo al artículo 4, nadie puede asumir “la representación del pueblo, arrogarse sus derechos o hacer peticiones a su nombre” pues eso es caer en la sedición; primera cosa importante de la urgente ubicación mental de algunos funcionarios que ya tienen tiempo de andar muy cerca del filo de esa navaja.
Ahora, debemos referirnos al artículo 9 de la CP que señala ,claramente, que el Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable ejercido, en primer lugar, por el pueblo y luego por tres poderes distintos e independientes entre si, y en el orden cita en primer lugar al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y ninguno puede delegar las funciones que le son propias y en ninguna parte del texto constitucional se dice que, alguno de ellos, tiene primacía sobre otro, al contrario señala la independencia de cada uno.
Por otra parte, el capítulo IX se refiere al Poder Legislativo y señala que la potestad de legislar reside en el pueblo, que por medio del sufragio lo delega a la Asamblea Legislativa a través de 57 diputados que lo son por la Nación y no por ningún partido, a nadie más, y establece la opción del referéndum excluyendo determinadas materias que, por cierto, están contempladas en lo que ha anunciado doña Laura. Por ello ese poder lo integran los 57 por igual, y merecen el respeto a la dignidad de su cargo, pues son los legítimos representantes del soberano.
El capítulo X posterior, se refiere al Poder Ejecutivo que, de acuerdo con el artículo 130 lo ejercen el Presidente de la República en nombre del pueblo y los Ministros de Gobierno en calidad de obligados colaboradores, son nombramientos de confianza del Presidente para la gestión administrativa y política de las diferentes carteras y su autoridad se deriva, ahí sí, de su superior, que los puede remover libremente, y obviamente no tienen la jerarquía constitucional de los miembros de los otros supremos poderes. El presidente y los vicepresidentes, cuando éstos ocupen temporalmente el cargo, lo hacen por delegación del pueblo conforme al resultado electoral, pero no son el poder absoluto, solo administradores de la cosa pública conforme al artículo 140 y las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, ante la cual prestan juramento e informa de sus gestiones, como representantes reales del soberano.
Por último, el capítulo XI está destinado al Poder Judicial, que de acuerdo con el 152, lo ejercen los Magistrados electos por la Asamblea Legislativa que conforman la Corte Suprema de Justicia y es el tribunal superior del Poder Judicial, los demás tribunales que establezca la ley, funcionarios, y empleados en el ramo judicial dependen de él. Precisamente esa elección por la Asamblea Legislativa, es decir por los representantes del Soberano, es para garantizar lo dispuesto en el artículo 154 que señala que el Poder Judicial solo está sometido a los dictados de la Constitución y las leyes. Es decir, en sus decisiones son independientes y soberanos, y ningún otro poder puede pretender influir en ellas.
Por lo tanto, el presidente de la República, los diputados y los magistrados tienen igual rango y dignidad en el ejercicio de sus funciones constitucionales propias que, por existir la independencia de poderes, deben ser respetados en sus funciones y representaciones igualmente. Precisamente, ésta básica explicación de educación cívica, que deben saber y conocer los costarricenses, es para señalar que, lamentablemente, la presidenta Laura Fernández y el Mini Chaves desde hace más de cuatro años, han irrespetado la Constitución Política y la dignidad del cargo que les confirieron los costarricenses.
Quien ejerza la presidencia de la República debe saber que no se convoca a una encerrona, se coordina una reunión de trabajo en primer lugar; no se quitan celulares y aparatos electrónicos a los invitados y se les deja a los del Poder Ejecutivo, eso es ofensivo y humillante y un signo de desconfianza que no debe existir en esos niveles de gobierno, pues no son enemigos, son miembros por igual de los supremos poderes. Pero especialmente no puede pedirse al presidente de la Corte Suprema de Justicia que “termine la persecución política a funcionarios de gobierno”, ¿cuál? Si fuera que la hay, no habrían archivado la mayoría de las acusaciones contra el Mini Chaves y si las hay pendientes y en trámite es porque se justifican, igual que las que se encuentran en la Fiscalía contra 14 diputados del PPSO, protegidos por la red de cuido creada por ellos para los nuevos “ticos con corona”. Más grave aún, si esa petición viene acompañada de una amenaza presupuestaria contra la corte, que obligó a la magistrada Patricia Solano a desmentir a doña Laura públicamente. Y si nos referimos a la “conferencia de prensa” por el tono, el lenguaje ofensivo contra los diputados “invitados”, el fiscal general, y la magistrada Solano y del ataque público al gobierno de Panamá, se concluye que el concepto mínimo de la dignidad del cargo no lo conoce, con el agravante que como presidentes de este país, cuando insultan, agravian, mienten, ofenden, calumnian y engañan lo hacen a nombre de todos los costarricenses a quienes representan, y no todos somos tan básicos.
Se que posiblemente esta explicación no llegue por algoritmos a los “ticos básicos” del chavismo, así calificados por Pilar Cisneros, que creen sus mentiras y viven felices sumergidos en el engaño. Pero guardo la esperanza de que, poco a poco, se convenzan de que se han burlado de ellos miserablemente, se rebelen y exijan respeto a su propia dignidad, pues como dice el dicho…. a pellizcos se mata un burro.
La exdiputada del Frente Amplio Sofía Guillén lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para movilizarse contra el proyecto de ley expediente 23.414, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual —según denunció— abriría el camino a la privatización del mercado eléctrico, aumentos en las tarifas y debilitamiento estructural del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
En un audio difundido públicamente, Guillén afirmó que el proyecto podría ser votado en primer debate de forma inminente debido a que las mociones presentadas por la anterior fracción legislativa del Frente Amplio ya no pueden ser reiteradas. Según explicó, esto permitiría acelerar el trámite sin nuevos mecanismos de contención parlamentaria.
La exdiputada sostuvo que la iniciativa “desarma y destruye el modelo solidario eléctrico del ICE”, al sustituir el sistema de planificación estatal por un esquema de mercado de subastas eléctricas.
Guillén advirtió que este tipo de mercados ya ha generado aumentos tarifarios en países como España y Colombia, debido a que pocos grupos empresariales concentran la generación privada y terminan coordinando precios artificialmente elevados.
“Así funcionan los mercados de subasta de electricidad en la práctica, en nuestros países repletos de imperfecciones y de corrupción”, afirmó la exlegisladora, quien aseguró que el resultado sería un incremento en los recibos de electricidad para la población costarricense.
Otro de los principales cuestionamientos planteados por Guillén se refiere al traslado de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), considerada el “cerebro eléctrico” del ICE, hacia una nueva entidad denominada ECOSEN. Según explicó, en esa nueva institución participarían representantes de generadores privados de electricidad dentro de la junta directiva.
La exdiputada afirmó que este cambio pondría en riesgo la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y podría provocar apagones y deterioro en la calidad del servicio. También sostuvo que la reforma responde al interés de “los mismos de siempre”, en referencia a grupos económicos vinculados a la generación privada.
Los planteamientos de Guillén coinciden con el pronunciamiento divulgado por el Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad, el cual sostiene que el proyecto “despedaza el ICE y los ríos” y beneficiaría a grandes grupos empresariales ligados a la generación privada.
El documento denuncia que el expediente 23.414 crea una nueva institucionalidad eléctrica que debilitaría la rectoría del ICE sobre el sistema nacional y trasladaría funciones estratégicas hacia un esquema con participación de actores privados.
Además, el movimiento advierte que la iniciativa habilitaría mayores posibilidades de exportación eléctrica privada, incentivando nuevos proyectos hidroeléctricos “a filo de agua” en ríos del país y generando impactos sobre comunidades y ecosistemas.
Según el pronunciamiento, una empresa transnacional dedicada a generación privada ya habría manifestado interés en instalarse en Costa Rica para exportar electricidad.
La organización sostiene también que cuando el ICE exporta electricidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplica rebajos en las tarifas eléctricas nacionales, mientras que una reducción del papel exportador del ICE podría eliminar esos beneficios para las personas usuarias.
En su mensaje, Sofía Guillén llamó a la ciudadanía a organizarse, divulgar información, asistir a barras legislativas y participar en vigilias frente a la Asamblea Legislativa para intentar frenar la aprobación del proyecto.
“Lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, ¿cómo vamos a dejar que nos lo quiten?”, expresó la exdiputada al cierre de su intervención.
El Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad compartió además una conferencia de prensa pública sobre el tema y reiteró el llamado a impedir la aprobación del proyecto legislativo.
Desde el Movimiento Trabajo Digno celebramos con profunda alegría y convicción de clase la histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se ha ratificado ante el mundo entero lo que la clase trabajadora sabe por experiencia propia: el Convenio 87 de la OIT protege implícita e inalienablemente el derecho a la huelga. Este no es un simple trámite burocrático de un tribunal lejano; contra la ofensiva del sector patronal internacional, que durante más de una década orquestó una campaña sistemática para desarmarnos. Intentaron usar el silencio literal del texto de 1948 para arrebatarnos nuestra herramienta más poderosa de presión, buscando que la «libertad sindical» significara únicamente el derecho a reunirnos pacíficamente mientras ellos seguían acumulando riqueza a costa de nuestra fuerza de trabajo y nuestra precarización.
Hoy, la CIJ les dice que no, que están equivocados. Hoy se reafirma que el capital no puede imponer sus reglas absolutas y que sin derecho a la huelga no existe una democracia real ni mucho menos una Justicia Social. A la luz de esta resolución, el panorama de Costa Rica queda claro:
Queda al desnudo la farsa de la Ley Anti Huelgas del Gobierno de Carlos Alvarado. Los sectores neoliberales representados por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales nos impusieron la nefasta Ley 9808 para criminalizar la protesta, castigar económicamente al magisterio y amordazar a la clase trabajadora bajo el disfraz de los «servicios esenciales». A las juventudes que hoy enfrentamos el fraude de las plataformas digitales, los contratos basura y la flexibilización laboral, este fallo nos garantiza que el derecho a paralizar la producción para exigir condiciones dignas nos pertenece.
Es una validación moral y legal a cada docente, a cada persona trabajadora de la salud, y a cada militante que ha soportado estigmatización, intimidación y rebajos salariales por defender los servicios públicos y las instituciones de bienestar social pilares del Estado costarricense.
A las bases, a la militancia y a la clase trabajadora: Festejemos este hito histórico con la frente en alto. Hemos derrotado la arrogancia patronal en el plano internacional. Pero no olvidemos nunca que los derechos reconocidos en los tribunales de La Haya solo se vuelven realidad cuando los defendemos y los ejercemos en las calles, en los centros de estudio y en nuestros lugares de trabajo.
Vamos a usar este fallo internacional para exigir la derogatoria de toda legislación que mutile nuestra libertad sindical y nuestra libertad de convocar a huelgas cuando las condiciones lo ameriten. Vamos a traducir esta victoria en organización.