La Rectoría, la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA), tienen el gusto de invitar al público en general a unirse a la campaña:
«Ayuda solidaria a la comunidad de Alto Urén de Talamanca: honremos a sus mayores y celebremos a los niños.»
Desde el Campus Sarapiquí de la UNA, los invitamos a unirse a la campaña de recolección de insumos básicos para la comunidad de Alto Urén, ubicada en la cordillera de Talamanca. Esta comunidad carece de luz eléctrica y se demora 8 horas en llegar por las pronunciadas pendientes del recorrido; de ahí que resulta imposible llevar helados sin refrigeración, así como trasladar queques, los cuales llegarían destruidos por las dificultades del camino.
Con los permisos respectivos, este año los niños de la comunidad serán invitados por la comunidad de Amubri, específicamente por el Centro Cultural Tsaira Urki, quien acogerá a estos niños y a sus familias, durante algunos días para celebrarles el Día del Niño, el lunes 09 de setiembre de 2024. Para la celebración las personas interesadas pueden aportar obsequios como piñatas, dulces, bolsitas y otros alusivos.
¿Qué estamos recolectando?
Alimentos no perecederos de la canasta básica y productos enlatados.
Implementos de cocina: recipientes en plástico o aluminio: palanganas, platos, vasos, tablas de picar, cucharones, entre otros.
Prendas y accesorios: Botas de hule para niños y adultos
Medias de fútbol para utilizar con las botas.
Pañuelos típicos, bolsos de tela, colas, prensas y lazos.
Artículos escolares: plasticina, libros de colorear, bolsos escolares, lápices de color, hojas de colores, marcadores y tizas.
Las personas interesadas en colaborar pueden contactar a Ana Patricia Vásquez, académica del Campus Sarapiquí de la UNA al teléfono: 8379-115 o bien directamente en el Campus Sarapiquí de la UNA, ubicado en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Foto extraida de artículo de prensa publicado en Israel el 8 de julio del 2024, y titulado «‘I’m bored, so I shoot’: the Israeli army’s approval of free-for-all violence», Magazine+972 (Israel), de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El pasado 28 de junio del 2024, España presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una solicitud formal de intervención en el caso que opone Sudáfrica a Israel: el texto del comunicado oficial de la CIJ se encuentra disponible en francés y en inglés.
La solicitud formal de intervención de España, que se fundamenta en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ,C está desde ya disponible en este enlace.
La solicitud de España en breve
En las 15 páginas del texto de su solicitud, España refiere a la interpretación de varias disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 que, como Estado Parte de la misma, pretende que sea tomada en cuenta por los jueces de la CIJ a la hora de considerar el fondo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel.
En la página 6 se lee que para España, la intencionalidad de genocidio, sobre la que algunos Estados (cercanos a Israel) quieren que centre su análisis la CIJ , deberá ser complementada con otros criterios:
«24. In Spain’s opinion, precisely because direct evidence of genocidal intent is rare, it is crucial to interpret the do/us specialis requirement with a balanced approach that recognizes the singular gravity ofthe crime of genocide, without rendering the threshold for inferring genocidal intent so difficult to meet so as to make findings of genocide nearimpossible.
25. In this regard, Spain considers that the standard adopted by the Court in Croatia v. Serbia provides the basis for such a balanced approach. The Court highlights the central importance of reasonableness by observing that «[t]he notion of ‘reasonableness’ must necessarily be regarded as implicit in the reasoning of the Court,» not least to avoid an approach that would make it «impossible to reach conclusions by way of inference.» Thus, when determining whether specific intent can be inferred from conduct or not, one must weigh the evidence, and filter out inferences that are not reasonable. Put differently, the «only reasonable inference» test applies only between alternative explanations that have been found to be reasonably supported by the evidence«.
Como Estado Parte a la Convención contra el Genocidio de 1948, España busca hacer ver a los jueces de la CIJ que deberán también guiarse por las interpretaciones que mejor respondan al espíritu de dicha convención. Es por ello que solicita intervenir con base en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ, disposición que se lee de la siguiente manera:
«Artículo 63:1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados.
Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él«.
Se recomienda a nuestros estimables lectores la revisión completa de la solicitud de intervención de España, al contener el texto muchos otros puntos sobre los cuales España pretende llevar los jueces de la CIJ a reflexionar, al momento de analizar las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Cabe recordar que la «Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio» (véase texto) data de 1948 y, que algunas de sus disposiciones ameritan una interpretación evolutiva.
Una acción precedida por otras gestiones similares
La solicitud de intervención de España se añade a otras solicitudes de este tipo que tuvimos la ocasión de analizar previamente, a saber las solicitudes presentadas por los siguientes Estados:
– Palestina, que formalmente la presentó el pasado 3 de junio, basándose tanto en el Artículo 63 como en el Artículo 62: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: Palestina declara reconocer competencia de la CIJ y solicita intervenir«
– México (Artículo 63) que la presentó el pasado 24 de mayo del 2024 (véase texto): remitimos nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos en su momento sobre esta solicitud de México, titulada: «Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de México de intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«
– Libia (véase solicitud presentada el 10 de mayo del 2024).
– Colombia (véase solicituddel 5 de abril del 2024) y;
– Nicaragua, que optó por una vía mucho más difícil, al basar su solicitud de intervención en el Artículo 62 únicamente (véase solicitud de enero del 2024 en francés y en inglés): al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«.
La especificidad de la gestión de España
Es de notar que mientras que América Latina ha evidenciado tempranamente con Nicaragua desde enero del 2024 su apoyo a Sudáfrica ante el juez internacional de La Haya, no se puede decir lo mismo de otras regiones del mundo.
Con relación a Europa, España viene a constituirse en el primer Estado de Europa en acompañar a Sudáfrica en su contienda jurídica contra Israel iniciada el 30 de diciembre del 2023, recurriendo a un instrumento como la Convención contra el Genocidio de 1948: se trata de un instrumento multilateral al que son Estados Partes 153 Estados (véase estado oficialde firmas y ratificaciones).
Resulta sumamente sorprendente que España y solamente 4 Estados más – además de Palestina – consideren oportuno solicitar intervenir en este procedimiento, dadas las imágenes del drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
No está de más recordar que, ante otra jurisdicción internacional, la Corte Penal Internacional (CPI), tempranamente fueron los Estados de América Latina los que realizaron gestiones con carácter urgente ante la Oficina del Fiscal de la CPI, en aras de que ésta actuara con mucha mayor celeridad:
– el 17 de noviembre del 2023, ante acciones desproporcionales e indiscriminadas sobre la población civil de Gaza por parte de las fuerzas militares de Israel, Bolivia acuerpó a Sudáfrica con tres otros Estados, enviando una remisión («referral«) de carácter urgente a la CPI (véase textoque incluye la lista de signatarios en la que no figura ningún Estado de Europa);
– el 18 de enero del 2024, fueron de manera conjunta Chile y México quienes remitieron a la CPI un documento muy similar (véase texto).
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Resulta de interés notar que el resultado de las elecciones en el Reino Unido del pasado 4 de julio posiblemente lleve a sus nuevas autoridades a desistir de una gestión de las autoridades británicas anteriores, tendiente a dilatar la decisión de la CPI sobre la solicitud de arresto de 3 dirigentes del Hamas y 2 dirigentes de Israel hecha por el fiscal de la CPI el pasado 20 de mayo (véase nota de The Guardian del 8 de julio del 2024): véase el texto de la declaración del 20 de mayo del Fiscal de la CPI, el texto de carta pública de la ONG Human Rights Watch del 10 de junio del 2024 emplazando a la autoridades británicas a explicar el motivo de esta gestión, y el texto de la decisión de una Sala de la CPI respondiendo al Reino Unido, con fecha del 27 de junio del 2024.
El reconocimiento de Palestina como Estado
En el caso de España, es de resaltar que recientemente, integró un grupo de Estados de Europa que decidieron reconocer unilateralmente a Palestina como Estado (véase comunicado oficial del 28 de mayo del 2024).
Se trata de un gesto diplomático al que se unieron Irlanda (véase comunicado oficial de la misma fecha), Noruega (véase comunicado oficial) y Eslovenia (véase comunicado del 4 de junio): con España, estos tres Estados europeos colocan a un lado la política de la Unión Europea (UE), que persiste en considerar que aún no es tiempo de reconocerle a Palestina la calidad de Estado.
El 21 de junio del 2024, Armenia que no es parte de la UE, optó por tomar una decisión similar reconociendo a Palestina como Estado (véase comunicado oficial).
Con relación a España, en noviembre del 2014 habíamos tenido la oportunidad de analizar una abrumadora votación en el seno del Congreso español solicitando el reconocimiento de Palestina: véase al respecto nuetra nota titulada «Congreso de España ‘insta’ a reconocimiento de Palestina como Estado«, publicada en el portal de DerechoalDia, en su edición del 21 de noviembre del 2014.
Resulta oportuno recordar que, al observarse el 18 de abril del 2024 en el seno del Consejo de Seguridad un único voto en contra (veto) por parte de Estados Unidos a una resolución solicitando la admisión de Palestina como Estado, fueron Estados anglófonos del Caribe quiénes decidieron desafiar abiertamente a Estados Unidos: Barbados anunció 24 horas después de este injustificable veto de Estados Unidos que reconocía a Palestina como Estado (véase nota de Caribbean News), Jamaica lo anunció el 22 de abril (véase comunicado oficial), Trinidad y Tobago el 2 de mayo (véase comunicado oficial de prensa) y Bahamas 7 de mayo (véase comunicado).
El desafío al liderazgo de Estados Unidos (y a Israel) de estos cuatro Estados del Caribe anglófono constituyó una poderosa llamada, que muy posiblemente, inspiró a otros Estados que aún persistían en no reconocer a Palestina como Estado, en particular los situados en el continente europeo.
Es probable que con estos nuevos 4 reconocimientos provenientes esta vez de Estados europeos, se observen varios reconocimientos adicionales de Palestina como Estado.
Cabe precisar que, en el hemisferio americano, conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, el único Estado que no reconoce a Palestina como Estado es Panamá: desde agosto del 2014, sus autoridades»evalúan» la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado (véase nota de la Estrella de Panamá de agosto del 2014).
A le fecha, Palestina es reconocida por 145 Estados en todo el mundo. Entre el reconocimiento de Barbados (19 de abril del 2024) y Armenia (21 de junio del 2024), se contabilizan un total de nueve reconocimientos. De manera a tener una idea de la dinámica iniciada por Barbados el 19 de abril del 2024, los nueve reconocimientos anteriores de Palestina como Estado se sitúan entre septiembre del 2011 (Grenada) y julio del 2019 (Saint Kitts y Nevis).
Con relación al veto de Estados Unidos registrado en el Consejo de Seguridad del 18 de abril, que de alguna manera desencadenó esta serie de reconocimientos recientes, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota al respecto, titulada, «El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones«, disponible aquí.
La insensatez del accionar israelí ante la justicia internacional
En el último informe de situación elaborado por Naciones Unidas (al primero de julio del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 27 June and 1 July, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 135 Palestinians were killed and 631 were injured. Between 7 October 2023 and 1 July* 2024, at least 37,900 Palestinians were killed and 87,060 were injured in Gaza, according to MoH in Gaza.
/…/
Between the afternoons of 28 June and 1 July, three Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October and 1 July, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, over 1,517 Israelis were killed, the majority on 7 October. These include 317 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,018 soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation. As of 1 July, it is estimated that 120 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld«.
Es de notar que en un reciente artículo con fecha del 27 de junio, un connotado experto militar francés en bombardeos aéreos advierte que las cifras sobre las víctimas mortales y personas heridas en Gaza son muy por debajo de la realidad en el terreno:
«Avec le trend actuel de 300 bombardements par jour, soit 9,000 morts par mois (le calcul de projection se base sur lebomb damage assesmentexpliqué dans l’article ci-dessous), le bilan de l’offensive Netanyahou se situe désormais entre 70 et 80 mille morts que l’état-civil de Gaza est incapable de suivre puisqu’il ne peut compter que les morts qu’il a enregistrés alors qu’il est totalement déstructuré«
(véase artículo titulado»Gaza : pourquoi Netanyahou fait tout pour empêcher un cessez-le-feu ?«).
Siempre con relación a las cifras de muertes en Gaza se lee en este reciente artículo publicado el 5 de julio del 2024 en la revista científica The Lancet y titulado «Counting the dead in Gaza: difficult but essential«, que es una cifra cercana a las 186.000 personas fallecidas las que se debería estimar en Gaza:
«In recent conflicts, such indirect deaths range from three to 15 times the number of direct deaths. Applying a conservative estimate of four indirect deaths per one direct death
to the 37 396 deaths reported, it is not implausible to estimate that up to 186 000 or even more deaths could be attributable to the current conflict in Gaza. Using the 2022 Gaza Strip population estimate of 2 375 259, this would translate to 7·9% of the total population in the Gaza Strip«.
Estas estimaciones sobre el drama indecible que se observa en Gaza son respaldadas, desde la misma Israel, por diversas manifestaciones de altos oficiales confirmando la comisión de crímenes de guerra y de actos de tortura contra prisioneros palestinos (véase, entre muchos, este documento interno del 26 de junio de un alto mando militar al Primer Ministro circulado en redes sociales así como este detallado artículo publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 sobre testimonios de personas palestinas detenidas en la base militar ubicada en desierto del Neguev, Sde Teiman, dado a conocer el pasado 27 de junio y titulado‘More horrific than Abu Ghraib’: Lawyer recounts visit to Israeli detention center. At Sde Teiman, Khaled Mahajneh found a detained journalist unrecognizable as he described the facility’s violent and inhumane conditions«).
Recientemente (3 de julio) expertos de Naciones Unidas denunciaron las detenciones en cárceles de Israel de personas palestinas oriundas de Cisjordania, sin ningun cargo, y ello desde largos decenios (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), al tiempo que Francia (véase comunicado) y Noruega condenaron de manera vehemente las nuevas colonizaciones de Israel en Cisjordania (véase comunicado oficial del 4 de julio de Noruega) así como México (véase comunicado), entre muchas otras reacciones oficiales.
El informe sobre la situación dramática para muchas familias palestinas en Cisjordania elaborado por Naciones Unidas al 3 de julio (véase informe) detalla la manera con la que las fuerzas de seguridad de Israel han aumentado significativamente la represión contra la población civil palestina, en sus tareas de apoyo a las exacciones que cometen…los colonos israelíes en Cisjordania. Se lee en este informe (cuya lectura completa se recomienda) que:
«Between 7 October and 1 July, 539 Palestinians, including 131 children, have been killed in the West Bank, including East Jerusalem; these include 522 killed by Israeli forces, ten by Israeli settlers, and seven where it remains unknown whether the perpetrators were Israeli soldiers or settlers. In addition, over 5,420 Palestinians have been injured in the same period, including about 830 children. More than a third of the total injuries were caused by live ammunition. During the same period, 14 Israelis, including nine members of Israeli forces and five settlers, were killed by Palestinians and at least 105 Israelis, including about 90 members of Israeli forces, were injured in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, during the same period, attacks by Palestinians from the West Bank resulted in the killing of eight Israelis and four Palestinian perpetrators in Israel«.
En Francia, un renombrado especialista en relaciones internacionales explicó recientemente (4 de julio) cómo el drama que se vive en Gaza y su tratamiento sumamente cuestionable por parte de la prensa gala ha condicionando las alianzas en el seno de la izquierda francesa, de cara a la segunda vuelta electoral realizada este 7 de julio (véase video de emisión titulada «Guerre de Gaza et élections législatives«). En su análisis, el experto destaca cómo el simple hecho de criticar los crímenes de guerra de Israel en Gaza ha sido interpretado – de manera totalmente errónea – por muchos sectores políticos como antisemitismo.
A modo de conclusión
Más allá de los círculos cercanos a Israel y su influencia en algunos medios de prensa en Francia (así como en muchas otras latitudes), no cabe duda que son muchos más los Estados Miembros de Naciones Unidas los que deberían estar llamados a activar los diversos mecanismos jurisdiccionales existentes en aras de frenar los ímpetus destructivos de Israel en Gaza: en Europa, pero también en África, América Latina, Asia o en la península arábica y en Oriente Medio.
Dado el indefectible apoyo que ha demostrado históricamente Europa hacia la consolidación de la justicia penal internacional, llama la atención la total ausencia de Europa en acciones ante la CPI: cualquier Estado europeo hubiera podido optar por una acción similar a título individual en sus gestiones ante la justicia penal internacional. Ninguno lo ha hecho al momento de redactar estas líneas (6 de julio del 2024).
Como si el drama indecible observado en Gaza por todos los Estados del mundo desde la tarde/noche del 7 de octubre no tuviese cómo interpelar de similar manera a cada uno de los Estados Partes al Estatuto de Roma, y que suman a la fecha 124 Estados, según el estado oficial de firmas y ratificaciones.
Es de señalar que este 7 de julio, la Foreign Press Association divulgó un comunicado exigiendo a Israel dejar a la prensa trabajar en Gaza y realizar investigaciones in situ para poder informar al mundo de lo que ahí realmente está ocurriendo (véase comunicado). Según el Committee for the Protection of Journalists, al 7 de julio, son 108 periodistas y comunicadores los que han sido deliberadamente asesinados por Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase informe).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com
El pasado 9 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció el final de las audiencias entre Nicaragua y Alemania, con respecto a la solicitud urgente de medidas provisionales solicitadas por Nicaragua contra Alemania, acusada, entre otros cargos, de complicidad por el posible genocidio que se comete en Gaza por parte de las fuerzas militares israelíes: el comunicado oficial de la CIJ se encuentra desde ya disponible en francés y en inglés.
La demanda inicial de Nicaragua fue planteada el 1o de marzo contra Alemania (véase texto en francés y en inglés), acompañada de una solicitud urgente de ordenar medidas provisionales.
Esta demanda se presentó luego de que, el 26 de enero del 2024, la CIJ adoptara una primera ordenanza con respecto a Israel, a solicitud de Sudáfrica (véase texto de la ordenanza en francés y en inglés). Una segunda ordenanza fue recientemente adoptada el 28 de marzo (véase texto en francés y en inglés), siempre a solicitud de Sudáfrica, ante la ausencia de cambio por parte de Israel, en las acciones militares que realiza en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Un interesante reportaje de la cadena AlJazeera (en español) pone de relieve la estrecha relación que tuvo Nicaragua con Israel (y en particular con sus asesores en seguridad y su material militar) durante largos años antes de 1979; y, desde entonces, la relación muy cercana que existe entre las máximas autoridades de Nicaragua con las de Palestina (véase reportaje).
Transferencia de armas y poblaciones civiles bombardeadas de manera indiscriminada, desproporcional e injustificable
Como se sabe – pero se difunde bastante poco – Alemania es el segundo suplidor en armas después de Estados Unidos al ejército de Israel. Tuvimos la ocasión de analizar más en detalle este primer punto al fijar la CIJ audiencias hace unas semanas (Nota 1).
En una reciente nota de prensa de EuroNews con fecha del 11 de marzo sobre el comercio mundial de armas, se indica que:
«The US and Germany accounted respectively for 69% and 30% of arms imports by Israel, which is currently fighting a deadly war against Hamas in Gaza which killed over 30,000 people, most of whom were civilians«.
En su demanda contra Alemania, Nicaragua indicó (párrafo 53):
«53. /…/ By the end of 2023, the German Government had granted military exports to Israel in the amount of 326,505,156 euros. On January 2024, German media reported that Israel had made a request for tank shells, especifically 10,000 120-millimeter Rheinmetall precision rounds. Der Spiegel reported that Germany had agreed to deliver the request from its own stocks in order to be able to comply with the “urgency”. According to information made available by the German Government, export licences granted between January 2024 and 15 February 2024 concerned military equipment worth 9,003,676 euros».
Cabe indicar que el comercio de armas constituye un ámbito específico del derecho internacional público, con ramificaciones en el derecho interno cuando hay riesgos de ser mal utilizadas, y con un régimen jurídico que entraña responsabilidades en lo interno de los Estados exportadores de armas, como bien se analizó en un documento publicado en el 2021 que concluye (página 53):
«Legal challenges are gradually becoming a pragmatic response in the face of apparently unlawful decisions by arms exporting states. Governments should recognise this shift and the possibility that their decisions on arms exports will increasingly be subject to legal challenges before domestic courts. Their decisions must be able to withstand judicial oversight and must conform with obligations under both international and domestic law» (Nota 2).
Es de notar que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder Ejecutivo norteamericano al publicar el Washington Post un reportaje titulado «U.S. floods arms into Israel despite mounting alarm over war’s conduct» (cuya lectura completa se recomienda), en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.
Desde el punto de vista jurídico, no está de más señalar que ni Israel ni Estados Unidos son Estados Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas adoptada en el 2013, cuyo número de Estados Parte asciende a 113 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los cinco Miembros Permanentes, únicamente Estados Unidos y Rusia persisten en no someterse a las obligaciones que contiene este tratado multilateral.
Con relación a Estados Unidos y a la opacidad antes señalada, hay que añadir la comprensión limitada que tiene el gran público norteamericano de la realidad que se vive en Gaza, y la manera tan parcializada de dar cobertura periodística en Estados Unidos al drama inhumano que se vive en Gaza: al respecto, se recomienda escuchar esta reciente (y muy completa) entrevista de Democracy Now.
Finalmente, en el caso de Francia, una pregunta muy precisa hecha desde el 7 de marzo del 2024 al Ministerio de Defensa galo por parte de una senadora con relación al uso dado a componentes militares de tipo «ML4» exportados hacia Israel (véase pregunta), espera una contestación. Al 10 de abril, aún no ha sido respondida. Una pregunta anterior más general hecha en noviembre del 2023 fue contestada en febrero del 2024. En la respuesta se concluía (véase enlace) que:
«La France a rappelé le droit d’Israël à se défendre, qui doit s’exercer dans le respect du droit international humanitaire. Le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire, de même que les conséquences pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, sont pleinement pris en compte dans le cadre de l’examen des exportations de matériel de guerre par la CIEEMG. Cette stricte grille d’analyse n’a pas conduit à suspendre intégralement le flux d’exportations de matériels de guerre depuis le 7 octobre 2023«.
No está de más recordar algunas decisiones tomadas en años recientes sobre las exportaciones de material militar de Alemania y de Francia hacia Oriente Medio:
– en octubre del 2018, Alemania suspendió sus exportaciones de armas hacia Arabia Saudita, en razón de las exacciones cometidas en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudita contra civiles yemenitas y el vil asesinato de un periodista saudí en el Consulado saudita en Turquía (véase nota de la DW);
– en febrero del 2011, Francia decidió suspender toda exportación de armas hacia Egipto, ante la brutal represión de manifestantes por parte de las autoridades egipcias (véase nota de Le Monde).
La insensatez de los mandos militares israelíes en Gaza
El pasado 3 de abril de 2024, un artículo publicado en Israel sobre «Lavender«, un programa de inteligencia artificial utilizado por el ejército israelí desde el 7 de octubre para llevar a cabo los llamados ataques supuestamente «selectivos» contra Gaza, alertó a la opinión israelí (e internacional) sobre la deriva insensata del alto mando militar israelí.
La ONG gala AURDIP tuvo la generosa idea de proceder a una traducción inmediata del inglés al francés (véase enlace al mismo artículo traducido al francés con fecha del 4 de abril), mientras el mundo germano (e hispanoparlante) encuentra la manera de dar a conocer el contenido de este reportaje israelí en alemán (y en castellano). Una entrevista al responsable de esta investigación realizada por Democracy Now está disponible (en inglés) en este enlacedesde el 5 de abril.
De manera que nuestros estimables lectores puedan tener una idea de la presión que se ejerce sobre Israel y sobre los Estados que continúan exportando hacia Israel armas, municiones y componentes electrónicos para fines militares, nos permitimos reproducir el tablero de votación de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase texto) adoptada el pasado 5 de abril del 2024. La resolución contó con 28 voto a favor, 13 abstenciones (entre las que se registra la de Costa Rica…) y 6 votos en contra (Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi y Paraguay). En una de las pocas notas sobre la abstención de Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr, titulada «Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide embargo de armas a Israel; Costa Rica se abstuvo«), se informó que el delegado de Costa Rica en Ginebra optó por no proceder a una explicación del voto de su delegación.
Esta resolución exige un embargo sobre las armas destinadas a Israel en el punto 13 dispositivo que se lee de la siguiente manera:
«13. Exhorta a todos los Estados a que pongan fin a la venta, transferencia y desviación de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, la Potencia ocupante, a fin de evitar nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos de los derechos humanos, y a que, de conformidad con las normas y los estándares internacionales, se abstengan de exportar, vender o transferir bienes y tecnologías de vigilancia y armas menos letales, incluidos los artículos “de doble uso”, cuando determinen que existen motivos razonables para sospechar que esos bienes, tecnologías o armas podrían utilizarse para violar o conculcar los derechos humanos, y recuerda la providencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de enero de 2024, según la cual existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza».
En estos primeros días de abril del 2024, ex integrantes del ejército de Israel reunidos en la organziación Breaking the Silence (véase sitio) han iniciado una gira en Estados Unidos y Canadá para denunciar ante el mundo el tipo de instrucciones que reciben los soldados israelíes en Gaza (véase entrevista realizada por Democray Now el 10 de abril del 2024).
Las respectivas petitorias finales de Nicaragua y de Alemania en breve
Al tratarse de una solicitud urgente de medidas provisionales, la CIJ se limitó a escuchar una única ronda de alegatos por parte de Nicaragua y de Alemania.
El 8 de abril, Nicaragua fue el primero en presentar sus argumentos (véase verbatim). En la petitoria final leída ante los jueces, Nicaragua solicita de manera urgente a la CIJ lo siguiente (páginas 58-59):
«Nicaragua respectfully requests the Court, as a matter of extreme urgency, pending the Court’s determination of this case on the merits, and after recalling to the Parties the obligation of compliance with humanitarian law as well as of the obligation of cooperation to bring to an end all serious breaches of peremptory norms of international law, to indicate the following provisional measures with respect to Germany in its participation in the ongoing plausible genocide and serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of general international law occurring in the Gaza Strip, as well as in other parts of Palestine, namely, to order that:
(1) Germany must immediately suspend its aid to Israel, in particular its military assistance, export and authorization of export of military equipment and war weapons, in so far as this aid is used or could be used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(2) Germany must immediately ensure that military equipment, war weapons, and other equipment used for military purposes already delivered by Germany and German entities to Israel are not used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(3) Germany must resume its support and financing of UNRWA in respect of its operations in Gaza”.
Por su parte, en sus alegatos presentados el día siguiente, 9 de abril (véase verbatim), Alemania por su lado solicitó en su petitoria final lo siguiente (página 50) que:
“The Federal Republic of Germany asks the Court
1) to reject the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of Nicaragua;
and 2) to remove from the General List the case introduced by the Republic of Nicaragua on 1 March 2024”.
Nuestros estimables lectores podrán revisar con detenimiento los fundamentos jurídicos de cada Estado, desarrollados en las más de 50 páginas de sus respectivos alegatos, que preceden sus petitorias finales.
Si la lectura de ambos alegatos resulta tediosa, densa y a veces compleja, y la minuta de las notas en pie de página a veces más tediosa para los ojos, debe saberse que intentar convencer a 15 jueces titulares de la CIJ de la solidez de sus argumentos es todo un arte: requiere, para ambas partes, precisión y rigor en la demonstración, pero a su vez talento oratorio y algo más, indefinible, que poseen los grandes juristas que a menudo litigan en La Haya.
De algunos detalles de interés
Siendo el francés y el inglés los dos únicos idiomas en los que los Estados se pueden dirigir a los jueces de la CIJ, usualmente un Estado que litiga en La Haya busca la manera de contar con dos juristas que cuenten con una capacidad de convencimiento en estos dos idiomas.
La práctica enseña que usualmente, para una determinada controversia, se contratan como mínimo a dos representantes de la escuela anglosajona del derecho internacional, y a dos juristas (no necesariamente franceses) que representen a la escuela francesa del derecho internacional al momento de dirigirse a los jueces de la CIJ. En algunos casos, un Estado se puede conformar con un equipo legal de tan solamente dos personas que se reparten el idioma en el que se deben presentar los alegatos.
En función del grado de complejidad de un asunto, los Estados pueden recurrir a más profesionales del derecho encargados de ventilar oralmente los argumentos legales del Estado, justo después de las palabras introductorias del Agente, el cual es considerado el jefe de la delegación cuando se instalan ambas delegaciones frente a los jueces de La Haya en la sala de audiencias del majestuoso Peace Palace: la CIJ se dirige siempre al Agente, y es el Agente quien abre y cierra las presentación de los argumentos por parte de su equipo legal.
En la práctica, los Estados no recurren a juristas de su nacionalidad, salvo contadas excepciones, a la hora de dirigirse a los jueces de la CIJ.
Costa Rica es uno de los Estados que sí ha optado por esta opción para intentar frenar la batería de argumentos de Nicaragua en sus contiendas a repetición relacionadas al Río San Juan. La lectura de la sentencia de la CIJ del 2009 (derechos de navegación), del 2015 (incursión de Nicaragua en Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» realizada por Costa Rica), del 2018 – monto indemnizatorio por daño ambiental (Nota 3) y delimitación marítima en ambos océanos – denota que esta opción no siempre logra su cometido, al tratarse de juristas o diplomáticos costarricenses con limitada experiencia en el arte del litigio ante los jueces de la CIJ y con una capacidad de convencimiento no siempre a la altura de los altos intereses que defienden y que se discuten en La Haya (Nota 4). En el caso de los derechos de navegación en el Río San Juan (2005-2009), raramente se ha observado a un Estado titular de derechos en un tratado desde 1858 para navegar en un río como el San Juan con sus policías, acudir a la CIJ de La Haya y escuchar 4 años después… en una sentencia, que se le prohíbe ejercer cualquier tipo de navegación policial en ese mismo río (véase párrafo 156, incisos h) e i) de la sentencia de julio del 2009 tomados de manera unánime). Sobre tan reiterado, sistemático y costoso (Nota 5) recurso a la justicia internacional entre dos Estados (un espectáculo jamás observado en La Haya desde 1945), tuvimos en el 2011 la posibilidad de advertir en la conclusión de un artículo (Nota 6) que:
«Después de un prolongado período de una dañina “sanjuanización” de sus relaciones que perduró por más de 10 años (de julio de 1998 al 13 de julio del 2009, fecha del fallo anterior de la CIJ), pareciera que algunos sectores tienen algún interés en azuzar los ánimos, arriesgándose así a abrir otro nuevo período que afecte la compleja agenda bilateral suspendida desde muchos años entre Costa Rica y Nicaragua«.
Volviendo a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, es de notar que mientras Nicaragua se presentó a la barra de La Haya con una delegación compuesta por 11 personas, Alemania consideró útil y oportuno presentarse con una delegación un poco mayor de 16 personas.
El desbalance ha podido ser mucho mayor en el caso de otras contiendas: a modo de ejemplo, en junio del 2007, Nicaragua se presentó en La Haya con 8 integrantes, Colombia con 18 integrantes (véase páginas 4-7, del verbatim); en noviembre del 2022, Guyana se presentó con 15 integrantes a la barra de La Haya, Venezuela con 32 (véase páginas 4-9 del verbatim). De ingrata memoria para Estados Unidos, cabe recordar que cuando en abril de 1984, Nicaragua se presentó a la barra de La Haya contra Estados Unidos, se presentó inicialmente con una delegación compuesta por 7 personas, mientras Estados Unidos lo hizo con 18 integrantes (véase verbatim, volumen 1, p.33); al declararse perfectamente competente la CIJ en noviembre de1984, Estados Unidos optó por no comparecer más (véase verbatim p.3 de audiencias celebradas en setiembre de 1985, con la única delegación de Nicaragua presente en La Haya).
Volviendo nuevamente a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, para la presentación oral de sus argumentos, Nicaragua recurrió a los servicios del francés Alain Pellet, jurista de renombre que inició su carrera como litigante en La Haya con Nicaragua en 1984, al demandar Nicaragua a Estados Unidos: se trata probablemente del jurista con mayor experiencia en el arte del litigio internacional, y que ha acompañado a numerosos Estados en sus contiendas legales en La Haya. En el caso de Nicaragua, ha sido parte de equipo legal desde 1984 de manera ininterrumpida: contra Estados Unidos en 1984, contra Honduras en 1999, contra Colombia en el 2001, contra Costa Rica en el 2009 (Nicaragua siendo esta vez demandada), así como en el 2010, 2011, 2014 y 2017 (siempre ante Costa Rica) y contra Colombia nuevamente (con dos demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua).
En el 2022, otra de las grandes figuras del equipo legal de Nicaragua desde la histórica hazaña iniciada contra Estados Unidos en 1984, presentó su renuncia a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 7).
Además del galo Alain Pellet, Nicaragua se presentó este 8 de abril con Daniel Müller, jurista alemán con una experiencia menor (véase enlace) y que se inició en el arte del litigio en La Haya en el 2006 con Alain Pellet en el equipo legal de Guinea contra República Democrática del Congo – véase verbatim).
Alemania por su parte se presentó a la barra este 9 de abril con un nutrido equipo (por orden de presentación de sus argumentos): iniciando con el jurista británico Christian J. Tams (primer ante los jueces de la CIJ en el 2014 asesorando a Serbia contra Croacia – véase verbatim), otro británico Samuel Wordsworth (primera aparición en La Haya en el 2013 como asesor de Costa Rica contra Nicaragua en el asunto de Isla Portillos – véase verbatim– ), Anne Peters (jurista alemana, siendo esta su primera aparición en la barra de La Haya), y concluyendo con Paolo Palchetti (jurista italiano, con una primera aparición en La Haya en el 2011 en el equipo legal de Italia frente a Alemania – véase verbatim).
Se notará el desbalance de Alemania en el uso del inglés durante la presentación de sus alegatos orales, mientras que la dupla Pellet-Müller sí logró imprimir un equilibrio casi perfecto en el uso de los dos idiomas de trabajo de la CIJ: el verbatim del 8 de abril registra 12 páginas iniciales del Agente de Nicaragua (inglés), seguidas por 12 páginas de Daniel Müller (en inglés), 13 páginas de Alain Pellet (en francés), y 10 páginas de cierre del Agente de Nicaragua en inglés.
Notemos que Nicaragua designó como juez Ad Hoc al jurista jordano Awn Al-Khasawneh (véase página 8 del verbatim del primer día de audiencias): se trata de un jurista con una larga experiencia al haber sido juez de la CIJ entre el 2000 y el 2011; al tiempo que Alemania ya dispone de un juez de su nacionalidad entre los jueces titulares de la CIJ desde el 1ero de enero del 2021.
Finalmente, resulta de interés indicar que el funcionario nicaragüense que funge como Agente de Nicaragua en este mes de abril del 2024 es el mismo que ha asumido esta función desde las audiencias celebradas en abril de1984 en el primer asunto llevado contra Estados Unidos y luego en las 14 controversias llevadas ante la CIJ involucrando a Nicaragua (de las cuales 6 con Costa Rica): es sin lugar a dudas, en el mundo, el diplomático que concentra la mayor experiencia del litigio en La Haya.
A modo de conclusión
Más allá de estos y otros detalles de forma, terminadas las audiencias, la CIJ entró a deliberar a partir de los argumentos expuestos por ambos Estados, para decidir si ordena algunas de las medidas provisionales solicitadas de manera urgente por Nicaragua, o si por el contrario rechaza esta solicitud como se lo pide Alemania.
Contrario a algunos colegas germanos que, en redes sociales, ya se adelantaron sosteniendo que la CIJ rechazará la solicitud de Nicaragua – omitiremos nombrarlos para no causar mayor sonrojo -, consideramos prudente esperar conocer la decisión de la CIJ, cuya lectura se debería de dar en las próximas semanas, dada la urgencia de la dramática situación que se vive en Gaza.
Tuvimos hace poco la oportunidad de hacer ver a dos de nuestras colegas europeas que su afirmación sobre la falta de rapidez de la CIJ en convocar a audiencias luego de recibir la solicitud de Nicaragua contra Alemania era totalmente errónea a la luz de la práctica de la CIJ en solicitudes similares (Nota 8).
Desde el punto de vista procesal, cabe advertir desde ya que la ordenanza de la CIJ entre Nicaragua y Alemania constituirá una decisión preliminar, respondiendo por la afirmativa (o la negativa) a Nicaragua a su solicitud urgente. Y que la decisión sobre el fondo del asunto se leerá dentro de un mínimo de 4 años (siempre y cuando Alemania no proceda a utilizar incidentes procesales, cuyo efecto es dilatar el procedimiento contencioso).
Con relación al entendible entusiasmo de colegas alemanes al escuchar el equipo legal de Alemania en La Haya este 9 de abril y al sentimiento de seguridad que les generó escuchar a sus integrantes, somos de la idea (compartida desde muchos años con todos nuestros estudiantes y amigos de la Facultad de Derecho de la UCR, así como analistas internacionales y periodistas), que anticipar el contenido de una futura decisión de la CIJ resulta siempre un tanto aventurado: tradicionalmente, el juez internacional de La Haya busca la forma de imprimir, en todas sus decisiones, un sutil equilibrio entre las pretensiones de unos y de otros.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania«, nota editada el 15 de marzo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ATT Expert Group, Domestic accountability for international arms transfers: Law, policy and practice, Saferworld, 2021, 54 páginas. Texto disponible haciendo click en «donwload» aquí. Véase también con relación a la normativa regional de la Unión Europea en la materia MERLIN J.-B., «Les contentieux nationaux relatifs à la vente interétatique d’armes«, Vol. 65 Annuaire Français de Droit International, Année (2019) pp.71-103. Texto integral de ese artículo disponible aquí. En Canadá y el debate sobre la ilegalidad de las armas enviadas a la coalición liderada por Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, véase AZAROVA V., DAVID E., TURP D., WOOD B., Opinion on the International Legality of Arms Transfers to Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Other Members of the Coalition Militarily Involved in Yemen, IPIS, 102 páginas, December 2019. Texto integral disponible aquí. Resulta de interés señalar que, en junio del 2020, España optó por suspender el envío de 600.000 cartuchos a Nicaragua debido a la represión desproporcional en contra de manifestantes por parte de las autoridades policiales nicaragüenses (véase nota de Mesa Redonda).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ«, nota editada el 2 de febrero del 2018 y disponible aquí.
Nota 4: En un comentario a una unión de procedimiento («jonction d´instances» en francés) realizada por la CIJ a solicitud de Nicaragua (y objetada por Costa Rica), publicado en Francia (véase texto) y titulado «Costa Rica / Nicaragua et CIJ: une procédure incidente revisitée: la jonction d´instance«, habíamos indicado que:
«Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire (22). A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la «tactique dilatoire» du Nicaragua (23). L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités, on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante«. En un artíclo en español, siempre con relación a esta unión de procedimientos, indicamos que: «Dicha ordenanza no cuenta con precedente alguno en la jurisprudencia de la CIJ, ya que en casos anteriores, la unión de procedimientos se hizo siempre a petición de ambos contrincantes, y no de uno solo«: véase BOEGLIN N., «Lectura del fallo de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua el próximo 16 de diciembre: breves observaciones«, sitio de la Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, UCR, 13/12/2015, p. 5. Texto disponible aquí.
Nota 5: En el caso de Costa Rica (y de Nicaragua) se mantiene como una verdadera incógnita los montos quede cada Estado debió sufragar para financiar estas repetitivas contiendas en La Haya. En Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya. Por su parte, Bolivia reconoció en el 2018 haber gastado más de 14 millones de US$ en el caso de su demanda – véase texto – presentada en el 2013 contra Chile (véase nota de prensa) al tiempo que Chile reconoció un monto superior a los 24 millones de US$ (véase nota de prensa): esta transparencia por parte de estos Estados de la región andina sobre el costo exacto que representa para un Estado una demanda en La Haya merece ser saludada, dada la opacidad y el hermetismo que muchos otros mantienen con respecto a este rubro. En el caso de Chile se indicó que el 75% de los 24 millones de US$ correspondió al pago de consultorías jurídicas y de expertos internacionales (véase nota de prensa). En Costa Rica, en una de las pocas notas informativas en un medio de prensa publicada (CRHoy, edición del 3/06/2015 – véase nota) se lee que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales”: un dato verdaderamente extraño, que nos ha parecido oportuno mencionar, y que … habría tal vez que dar a conocer de forma urgente a todos los que velan por la buena salud de la hacienda pública en Bolivia, Chile y Perú.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa Rica y Nicaragua«, Revista Estudios, Num. 24 (2011), Universidad de Costa Rica (UCR), pp. 362-379. Texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua: a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional«, nota editada el 28 de marzo del 2022 y disponible aquí.
Nota 8: Véase nuestros comentarios al final en BENDEL J & SUEDI Y., «The recent genocide cases and public interest litigation: a complicated realtionship», EJIL Talk, edición del 5 de abril del 2024.Texto disponible aquí.
Ante la realidad que se vive en Palestina, desde México diversas organizaciones, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Casa de los Pueblos México, CLETA-UNAM, BDS México y otras, nos sumamos a la semana contra el apartheid israelí, realizando actividades para condenarlo y movilizarnos en su contra. Durante dicha semana se realizaron las siguientes actividades:
Programa en línea Latinidades con Eduardo Rivas del Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina – CUSPPA, tema: Acciones en apoyo a nuestros hermanos palestinos desde México.
Primer Encuentro Universitario – Popular Contra el Apartheid en Palestina, Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM 16 de marzo de 2023.
Acción contra el apartheid desde México en el Ángel de la Independencia 21 de marzo de 2023.
Exposición Fotografía Contra el Apartheid Israelí en Palestina en la Casa de Cultura Las Jarillas, Iztapalapa, CDMX del 23 al 27 de marzo de 2023.
Conversatorio en línea con Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos con el Tema: Pueblos del Mundo contra el Apartheid desde la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN.
Mujeres que luchan con la participación de diversas compañeras del mundo incluyendo a la compañera Raya Radwan Coordinadora de Comunicación de la Campaña Stop they Wall de Palestina en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco 25 de marzo de 2023. Ese mismo espacio se declaró como Espacio Libre de Apartheid Israelí – ELAI.
Hacer un buen uso del dinero, del ahorro y la inversión permiten mejorar las finanzas e invertir en educación, salud, vivienda, esparcimiento y otros aspectos que contribuyen con la calidad de vida del ahorrante (diseño Ana María Sibaja).
La educación financiera es uno de los elementos claves para lograr administrar efectivamente los recursos y no caer en niveles insostenibles de endeudamiento, que pueden poner en riesgo la estabilidad emocional y laboral de los deudores.
Una manera de incentivar el ahorro y mejorar los conocimientos de la población nacional y de la comunidad universitaria en particular, es precisamente mediante la clara orientación que favorezca una sana educación financiera.
Por esta razón, el jueves 30 y viernes 31 de octubre, la Oficina de Administración Financiera (OAF) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Red Costarricense de Educación Financiera realizarán la Primera Feria de ahorro y finanzas que se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 6 p.m. en el vestíbulo y en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.
La Primera Feria del Ahorro y las Finanzas organizada por la Oficina de Administración Financiera y la Red Costarricense de Educación Financiera se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas el jueves 30 y viernes 31 de octubre y es abierta a todo público (foto Archivo ODI).
En la feria se ofrecerán charlas y actividades sobre diversos temas como: el uso eficiente del dinero, las finanzas básicas, los fondos de inversión, el perfil del inversionista, las pensiones complementarias, los seguros de vida y la administración del aguinaldo.
Las organizadoras comentaron que los especialistas que ofrecerán las charlas utilizarán un lenguaje sencillo y procurarán desarrollar en el público las habilidades básicas para gestionar sus finanzas personales. La directora de la Oficina de Administración Financiera de la UCR Mag. Isabel Pereira Piedra explicó la importancia de esta feria y el aporte de la Universidad en el educación para hacer un buen uso del dinero.
Además habrá actividades lúdicas y un taller para fomentar el ahorro desde la infancia, en el que participarán alumnos de la Escuela Roosevelt.
Consulte el programa de actividades de la Feria del Ahorro y las Finanzas, asista a las charlas y reciba información en los puestos que se ubicarán en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas.
La idea de realizar esta feria surgió debido a un interés de la UCR y de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) de fomentar los hábitos saludables para el manejo del dinero en niños, jóvenes y adultos. La ENEF está integrada por el Conassif, y las superintendencias Sugef, Sugeval, Supen y Sugese; estas instituciones han analizado la situación de cultura financiera de los costarricenses y hay grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de una mejor formación en este campo.
En la feria también participarán los integrantes de la Red Costarricense de Educación Financiera, un conjunto de alrededor de 30 entidades públicas y privadas, que ofrecerán información sobre productos de ahorro e inversión, ocasión oportuna para analizar cómo utilizar bien el aguinaldo próximo a recibir.
La primera feria del ahorro coincide con el Día Mundial del Ahorro que se celebra el próximo 31 de octubre. La actividad estará abierta a todo público y es gratuita.
Vicerrector de Administración habló de las medidas de racionalización del gasto
En el 2013, la proporción de la masa salarial dentro del presupuesto de fondos corrientes representó el 72,13% según dio a conocer el Vicerrector de Administración (foto Archivo ODI)
Desde el año 1992, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) estableció como política de sano equilibrio financiero de la institución, una relación de un máximo de 80% del presupuesto destinado a masa salarial y un mínimo de 20% a operaciones e inversiones en equipamiento e infraestructura.
Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, actualmente la UCR opera sobre esa relación de equilibro y más bien se encuentra en una mejor posición, ya que ha podido mantener sus números en un rango de 73-27,aproximadamente. En el 2013, la proporción de la masa salarial dentro del presupuesto de fondos corrientes representó el 72,13%. “La actual administración universitaria desde el año 2012, inició un proceso de valoración de la situación financiera y presupuestaria de la institución, entre otros aspectos, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad futura de las finanzas y así la actividad sustantiva universitaria”, señaló Araya.
También enfatizó que la labor de la UCR se centra en la enseñanza y la formación profesional, la investigación, la acción social, el estudio, la creación artística y la difusión del conocimiento. Por lo tanto, el recurso humano constituye la principal fuente de inversión del presupuesto. “Esto es así en todas las instituciones de educación pública y en otras que se dedican a la prestación de servicios”, subrayó.
Además de otros insumos, la administración solicitó al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE),la realización de un estudio actuarial proyectado hasta el 2050, y un análisis comparativo con otras 14 instituciones públicas,para definir el estado de la institución en el tema de masa salarial, los incentivos que ella contempla y la relación masa salarial/gastos operativos con respecto a otras entidades estatales. Una vez que se tengan los resultados de esos estudios, se hará el análisis correspondiente y se tomarán las medidas que sean necesarias.
De igual manera, la institución ha tomado medidas de contención del gasto, racionalización y buen uso del presupuesto, especialmente en materia de otorgamiento de complementos e incentivos salariales, como es el caso de la dedicación exclusiva o el incentivo por mérito académico. Así mismo, se contempla la transformación del sistema de salarios, de forma que permita mejores sueldos iniciales de contratación, que ahora son muy bajos, pero con una menor aceleración en el crecimiento por concepto de anualidades y escalafones. En materia administrativa, la Universidad ha atendido las recomendaciones de los expertos sobre reducción y eficiencia del gasto público, por medio de la implementación de plataformas informáticas de compras (Merlink), gestión bancaria, procesos de matrícula, entre otras, concluyó el vicerrector Araya.
Cuando la fe se convierte en negocio y la política en cruzada: el evangelio del miedo y sus mercaderes. Rodrigo Campos Hernández https://wp.me/p6rfbZ-zlY
Coalición por los Pasos de Fauna solicita convocar proyecto de ley para su votación definitiva. https://wp.me/p6rfbZ-zm7
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Costa Rica ha entrado, casi sin advertirlo, en una etapa en la que lo local empieza a tener alcance nacional, y lo nacional se vive con una cercanía antes impensable. En el cantón de Garabito, por ejemplo, ha surgido una discusión que habría parecido improbable hace algunos años: la posibilidad de regular —e incluso legalizar— ciertas actividades hoy situadas en los márgenes de la legalidad, como respuesta a la violencia, la informalidad y la búsqueda de nuevos recursos para la inversión social. Lo relevante no es solo el contenido del debate, sino el hecho de que algunos territorios están comenzando a redefinir, desde sus propias urgencias, sus formas de supervivencia social, en una relación cada vez más compleja con el Estado, cuyas capacidades de respuesta no siempre logran acompañar la velocidad ni la densidad de estos cambios.
En ese desplazamiento progresivo entre lo local y lo nacional, entre lo institucional y lo territorial, se inscribe también la realidad que enfrenta hoy la Iglesia Católica en estas mismas regiones: no como actor externo, sino como presencia que comparte el mismo tejido social, con sus tensiones, sus vacíos y sus búsquedas de sentido.
En ese territorio —que forma parte de la Diócesis de Puntarenas— la Iglesia ha hecho público esta semana el nombramiento de su nuevo obispo. El acontecimiento, que en otro contexto se leería casi exclusivamente desde su dimensión eclesial, aparece ahora situado en un escenario más amplio y más áspero: desigualdad persistente, conflictos sociales, fragmentación del tejido comunitario y una creciente dificultad para nombrar lo que está ocurriendo sin simplificarlo. Y en ese mapa, Garabito no es una excepción, sino una expresión visible de esas tensiones.
Hay lugares —Crucitas es uno de ellos— donde el mapa administrativo se vuelve insuficiente para explicar lo que ocurre en el terreno, bajo la jurisdicción de la Diócesis de Ciudad Quesada. Allí, las fronteras parecen más porosas que en los documentos: lo que se define en el papel como ordenado, en la práctica se desborda.
La zona ocupa espacio en la agenda pública por la persistencia de la minería ilegal en la frontera norte. Operativos policiales, destrucción de campamentos, decomiso de maquinaria y la apertura constante de nuevos frentes de extracción describen un territorio marcado por una tensión permanente entre intervención estatal y reconfiguración constante del delito. No es un conflicto nuevo, pero sí cada vez más complejo. En ese escenario, donde la institucionalidad aparece sobre todo bajo la forma de operativos, decomisos y alertas ambientales, el acompañamiento humano a las comunidades afectadas rara vez forma parte del relato público. Y en ese mismo plano de visibilidad desigual, no ha trascendido a nivel nacional —al menos en la cobertura mediática reciente— una presencia destacada o sostenida de la Iglesia, del obispo diocesano, de la pastoral social o de estructuras eclesiales organizadas en torno a la crisis.
La Diócesis de Cartago, por ejemplo, ha estado experimentando episodios recientes de violencia particularmente graves en su territorio. Sin embargo, en medio de la intensidad de estos hechos, no siempre resulta claro —al menos en el espacio público— cómo se articula la palabra pastoral, ni desde qué instancias concretas se pronuncia la Iglesia en relación con estas realidades. En ese contexto de ruido social y mediático, la figura del obispo, de las estructuras pastorales o de la acción eclesial en general no aparece con nitidez en el relato público. Más que una ausencia verificable, lo que se percibe es una dificultad para identificar con claridad los cauces a través de los cuales la Iglesia acompaña, interpreta o se involucra en situaciones que afectan profundamente a las comunidades.
En paralelo, el debate público se ha visto atravesado por voces de sectores religiosos cristianos no católicos, algunas de ellas particularmente estridentes, que han elevado el tono de la crítica hacia instituciones del Estado, incluyendo al propio Tribunal Supremo de Elecciones. El contraste no pasa desapercibido: mientras unas voces se amplifican en el espacio mediático, otras —históricamente asociadas a la mediación social y a la defensa institucional— parecen moverse con mayor reserva o menor visibilidad.
No se trata necesariamente de ausencia. Tal vez se trate, más bien, de una percepción: la de una distancia creciente entre ciertas realidades concretas del país y la capacidad de la Iglesia Católica para hacerse presente en ellas de manera reconocible.
Y es ahí donde el momento adquiere densidad propia. El nombramiento del nuevo obispo de Puntarenas no debe aparecer solo como un relevo administrativo. Se inscribe, más bien, en un escenario que pide algo más difícil de definir: presencia sostenida, palabra que no se agote en el comunicado y una forma de acompañamiento que no llegue tarde.
Por: Mainier Barboza Soto Teólogo, analista crítico y dirigente social
I. El derrumbe de los fundamentos: Un diagnóstico de nuestra era
La crisis global contemporánea no es un fenómeno meramente económico o político; es, en su raíz, una fractura de las bases éticas que sostienen la convivencia. El texto bíblico expresa esta realidad con crudeza: «Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?» (Salmo 11:3). Esta sentencia no debe leerse como un lamento pasivo, sino como un diagnóstico preciso: al perderse lo ético por la codicia humana, se fractura la esencia misma del ser.
En este escenario, la humanidad enfrenta un dilema existencial. Como señala Chomsky (2021), estamos ante la disyuntiva de «unirse o perecer». Vivimos bajo la sombra de un imperio sin controles que impone leyes nacionales a otros países como si fuera el árbitro absoluto del mundo, despojando a las naciones de su soberanía y a los individuos de su dignidad ontológica.
II. La ingeniería del «grito económico»: El caso de Chile como espejo
La historia nos ofrece lecciones amargas sobre la manipulación de las estructuras. El caso de Chile es emblemático: la «ingeniería del grito económico» fue acuñada a través de la intervención y derrocamiento de Salvador Allende. Detrás del bloqueo del cobre y las falsas huelgas que dañaron su economía, estuvieron las manos de la CIA, Nixon y Kissinger, (Kornbluh, 2013).
Es imperativo esclarecer que los centros de poder manejan el lenguaje para acuñar mitos: culpan al comunismo o al socialismo de cada fallo social, encubriendo así una economía diseñada para grupos poderosos. La realidad es que 12 magnates poseen una riqueza combinada que alcanzaría para repartir a 4 mil millones de personas —la mitad de la población mundial—, mientras 10 transnacionales controlan cerca del 80% de la distribución de alimentos (Oxfam, 2024). Este capital financiero especulativo asfixia a los agricultores y convierte la soberanía alimentaria en un mito.
III. De la Revolución Francesa a la hegemonía del capital financiero
Los principios de la Revolución Francesa han sido ajustados a los intereses de las élites: hoy vemos una «libertad» reducida al mercado libre, una «igualdad» solo entre grandes magnates y una «fraternidad» restringida a las transnacionales que se reparten el mundo.
Esta distorsión alimenta una de las principales contradicciones del sistema: el capital financiero versus el capital productivo. Como argumentó Correa (2012), hemos pasado de «Repúblicas bananeras» a «no Repúblicas» supeditadas a la especulación. Es necesario recuperar propuestas como la Tasa Tobin para frenar este casino financiero y revisar los postulados de soberanía estatal. Bajo la mirada de Rose Mary Muraro y Leonardo Boff, el mundo ha variado de una lógica de «ganar-ganar» a una de «ganar-perder», y hoy, con la destrucción de la casa común, estamos en un escenario de «pierde-pierde».
IV. La Esperanza Activa: Hacia una ecología integral y humana
Frente a los males que han salido de la «Caja de Pandora» de la modernidad, la respuesta no puede ser una esperanza pasiva. Debemos recuperar el adagio «A Dios rogando y con el mazo dando». Frente a la fallida teoría del derrame, Sachs (2021) propone una economía de la justicia que proteja lo aparentemente «no vivo» —agua, tierra, aire— tratándolos como parte de la integralidad de la Tierra. Como afirma el Papa Francisco (2015) en Laudato si’, debemos cuidar nuestra «casa común» bajo una ecología integral.
El sueño de Martin Luther King Jr. (1963) sigue vigente: que un día vivamos el verdadero significado de nuestro credo, donde sea evidente que todos somos creados iguales. El llamado hoy es a que los pueblos se unan sobre tres principios básicos: la paz, la justicia íntegra y la fraternidad universal.
V. Conclusión: Recuperar lo fundamental
Debemos superar los conceptos ideológicos por conceptos ontológicos que rescaten lo fundamental: la humanidad. Para los creyentes, fuimos creados para ser felices y vivir en libertad; para los no creyentes, la evolución nos ha dado las capacidades para compartir en armonía los bienes de la Tierra.
Si queremos sobrevivir, debemos amar la casa común como a nuestra propia madre, desterrando el nefasto patriarcado y recuperando nuestra dignidad. Los bienes de la Tierra están para ser compartidos de forma gregaria, no para ser acumulados.
Referencias Bibliográficas (APA 7.ª Edición)
Biblia de Jerusalén. (2009). Salmos. Editorial Desclée de Brouwer.
Boff, L. (2004). Introducción. En R. M. Muraro, El destino del capital dinero. Editorial Planeta.
Borón, A. (2014). América Latina en la geopolítica del imperialismo. Ediciones Continente.
Chomsky, N. (2021). El dilema de la humanidad: Unirse o perecer. Editorial Crítica.
Correa, R. (2012). De la república bananera a la no república. Debate.
Galeano, E. (2004). Las venas abiertas de América Latina. Siglo XXI Editores.
King, M. L., Jr. (1963). I have a dream [Discurso]. March on Washington for Jobs and Freedom.
Kornbluh, P. (2013). The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability. The New Press.
Oxfam. (2024). Desigualdad S.A.: Cómo el poder corporativo divide nuestro mundo. Informe Anual.
Papa Francisco. (2015). Carta Encíclica Laudato si’ sobre el cuidado de la casa común. Tipografía Vaticana.
Sachs, J. (2021). Las edades de la globalización. Deusto.
Tobin, J. (1978). A proposal for international monetary reform. Eastern Economic Journal, 4(3-4), 153-159.
Sobre el autor:Mainier Barboza Soto es teólogo con estudios en economía, dirigente social y analista crítico. Su labor se centra en el empoderamiento de la sociedad civil como protagonista del cambio, promoviendo la articulación entre la academia, los tomadores de decisiones políticas y las fuerzas económicas para construir un modelo de desarrollo humano y solidario.
Observatorio de Futuros-OdF de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), llevó a cabo un análisis comparado desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares-España, el cual propone transformar la política pública costarricense, pasando del asistencialismo a la acción anticipada para combatir la informalidad y potenciar el desarrollo local.
El diseño de las políticas públicas suele adolecer de un mal bastante común: responder a las condiciones del presente con herramientas del pasado, frente a esto, una reciente investigación internacional titulada “Análisis prospectivo de la política pública de apoyo a la microempresa de España y Costa Rica;un análisis comparado”propone transformar el sistema. Para ello, se apoya en los postulados de la prospectiva estratégica del Dr. Michel Godet (Economista francés, titular de la cátedra de prospectiva estratégica) y el Dr. Francisco José Mojica (Docente Investigador – Consultor en Prospectiva Estratégica), el estudio parte de una premisa poderosa: “El futuro no está predeterminado y es la acción anticipada de hoy la que puede salvar o condenar al sector productivo más grande del país, la microempresa”.
Bajo el lema: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, el Observatorio de Futuros-OdF (EPPS-UNA) se constituye en una iniciativa académica que se enfoca en la investigación con visión prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico con miras al desarrollo nacional, regional, local y organizacional.
Dr. Ángel Ortega Ortega. Académico EPPS-UNA
En este sentido, la investigación, realizada por el académico e investigador de la EPPS-UNA, Doctor Ángel Ortega Ortega, durante una estancia académica (2026) en el prestigioso Instituto de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá de Henares España, cobra una relevancia monumental para la economía costarricense: “No se trata de una simple comparación académica; sino que marca una hoja de ruta que utiliza la experiencia de un país desarrollado y adaptado a los estándares de la Unión Europea para desnudar las carencias estructurales de Costa Rica y ofrecer líneas de política pública para el largo plazo”, indicó el académico Ortega, quien describe tres criterios dignos de tener presentes:
Dos realidades un mismo motor
Dentro de los hallazgos de la investigación se resalta una asimetría profunda pero un punto de encuentro crítico. España es una economía diversificada con apenas el 2,2% de informalidad laboral. Costa Rica por su parte, arrastra un 37% de empleo informal y un 18% de hogares en condición de pobreza (INEC), el cual tiene alguna relación con el desarrollo de este sector.
Sin embargo, en ambos países las microempresas son el corazón del parque empresarial.
En Costa Rica, según datos analizados, representan al menos el 81% del tejido productivo (y supera las 435.000 unidades si se consideran las no registradas). En España, el sector representa poco más del 90% del parque empresarial. En ambos contextos, el sector funciona como un gigantesco colchón social de autoempleo, pero con una diferencia fundamental: mientras la microempresa española opera en un mercado ampliado y formalizado, la costarricenses sobrevive invisibilizada y condenada a sobrevivir en pequeños espacios territoriales.
La radiografía del dolor:
Según los datos del INEC citados en el estudio, el 80.1% de las microempresas costarricenses no tienen registros contables, el 98,3% carecen de cédula jurídica o registro en Hacienda y el 45.9% nacieron estrictamente por necesidad o falta de empleo formal, estas condiciones dejan en desventaja a este sector para asegurar su inserción en el mercado formal e internacional, cosa muy distinta se visualiza en la microempresa española.
Sobre lo estratégico:
El estudio desarrolla un análisis exhaustivo del estado del arte como base para la identificación de hechos portadores de futuros, señales débiles y factores de cambio que están configurando las áreas estratégicas clave para potenciar la contribución del sector al desarrollo de la economía costarricense.
Para este académico y Miembro del Observatorio de Futuros-OdF de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS (Costa Rica), entre los principales factores portadores de futuro identificados destacan la exposición de PYMES a tensiones geopolíticas, nivel de apoyo del Estado al sector MYPIME, la contribución de la microempresa al empleo nacional, la efectividad de los programas de financiamiento, los niveles de productividad, el aporte de la microempresa a la economía, el grado de informalidad del sector, la prevalencia de enfoques asistencialistas en los programas de apoyo, entre otras.
Cabe indicar que la prospectiva estratégica es una disciplina que analiza y anticipa los futuros posibles y deseables para iluminar la acción presente y tomar decisiones estratégicas más acertadas, tanto Michel Godet (Francès) como Francisco Mojica (Colombiano), quienes son referentes de la Escuela Francesa o Voluntarista, esta corriente sostiene que el futuro no está predeterminado, sino que se construye activamente mediante las decisiones de los actores sociales, de esta manera, el Dr. Ángel Ortega (Costarricense) agregó que, en seguimiento a la prospectiva estratégica, el análisis efectuado (microempresa de España y Costa Rica),conduce a la construcción de cuatros escenarios posibles de evolución del sector: “El primero corresponde a un escenario crítico o catastrófico, asociado a la ausencia de acciones enfocadas a mejorar la tendencia actual. Los otros dos intermedios combinan factores favorables y desfavorables que podrían materializarse en función de las decisiones adoptadas y de las dinámicas del entorno. Finalmente, se plantea un escenario deseable, caracterizado por la convergencia de condiciones positivas que permitirían maximizar el aporte del sector MIPYME al desarrollo económico y social del país”.
Universidad Pública de Alcalá España (UAH) ubicada en Madrid-Alcalá de Henares
Para el señor Ángel Ortega, académico, investigador y ex director de la Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS-UNA, la investigación realizada describe sus propias dimensiones, componentes, criterios y evidencias: “ la narrativa de este último escenario plantea un contexto en el que el Estado fortalece al sector mediante la formulación de políticas públicas y marcos normativos claros, complementados con programas y proyectos orientados a la formación, la asistencia técnica y el acceso a financiamiento efectivo. Estas acciones se enfocan principalmente en el desarrollo de capacidades de anticipación y respuesta ante cambios, acontecimientos y disrupciones tanto favorables como adversas.
De manera paralela, el sector asume un papel activo en su propio desarrollo, aprovechando los instrumentos de apoyo disponibles, promoviendo la asociatividad y la conformación de clústeres según sus actividades económicas, fortaleciendo sus competencias mediante procesos continuos de capacitación e incorporando avances tecnológicos que impulsen la innovación permanentemente en sus procesos y modelos de negocio.
Como resultado, las microempresas logran mejorar significativamente sus niveles de productividad, competitividad y resiliencia, incrementando su aporte al desarrollo económico y social del país. Todo esto se sustenta en una estrategia sectorial clara, articulada y de largo plazo, capaz de orientar los esfuerzos de los distintos actores y la institucionalidad pública y privada afín, hacia objetivos comunes de desarrollo económico y social.
Con base en los resultados del estudio, se concluye con una serie de lineamientos para el diseño de política pública más efectiva. Entre ellos destacan dos propuestas innovadoras: la conformación de núcleos de formación y el diseño de un observatorio nacional de futuro, destinado al análisis de tendencias estratégicas que generen insumos tanto para la toma de decisiones del sector como para el diseño de programas y proyectos de apoyo”.
Los núcleos de formación constituyen una estrategia para articular a las microempresas según sea su ubicación geográfica y actividad productiva, permitiendo el desarrollo de programas de capacitación diferenciados y pertinentes a las características de cada grupo. Estos programas incluyen formación técnica, gestión empresarial, mercadeo, fianzas y otras áreas estratégicas. De manera complementaria, se promueve el acceso a instrumentos de financiamiento y recursos tecnológicos que impulsen la innovación, la productividad y el crecimiento sostenible de las unidades productivas”.
Ortega considera pertinente el trabajo de un Observatorio de Futuros del sector, que se oriente a la conformación de un equipo interdisciplinario encargado de monitorear de manera permanentemente los acontecimientos del mercado y del contexto, que puedan representar oportunidades o amenazas para este sector. Este observatorio emitiría informes de forma continua y retroalimentaría los contenidos de los procesos de formación y asistencia técnica dirigidos al sector: “El estudio concluye que, considerando las diferencias entre los sectores de la microempresa de ambos países, estas dos propuestas son viables y necesarias para fortalecer la generación de capacidades tanto en España como en Costa Rica. Además, ambos países cuentan con la institucionalidad y las capacidades necesarias para su ejecución, requiriendo únicamente de la articulación interinstitucional y el diseño del proyecto correspondiente”, concluyó el Dr. Ángel Ortega, académico de EPPS-UNA, para quien, a partir de las particularidades de cada contexto sectorial, la investigación formula además una serie de recomendaciones adicionales para la formulación de políticas de apoyo al sector en Costa Rica.
Pensar en el futuro no es un lujo, es una responsabilidad. La universidad pública juega un papel esencial, como institución estratégica del Estado, promoviendo el desarrollo integral y movilidad social ascendente. Por un lado, dando oportunidad a estudiantes que a futuro serán graduados, de poder cambiar la perspectiva del mundo y las aspiraciones, no solamente individuales, sino también familiares y comunales. Y, por otro lado, construyendo conocimientos científicos y humanísticos para contribuir con la búsqueda de soluciones al desarrollo del país.
El Observatorio de Futuros -OdF- de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-UNA (EPPS-UNA), seguirá impulsando desde varios ámbitos el planeamiento estratégico y toma de decisiones, la innovación académica y pertinencia social, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la contribución al desarrollo nacional y la proyección internacional y liderazgo.
Una coalición integrada por 37 organizaciones ambientales, comunitarias y de conservación solicitó a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizar las gestiones necesarias para que el expediente legislativo 23.166, “Ley para garantizar pasos de fauna en infraestructuras”, sea convocado durante el actual período de sesiones extraordinarias y pueda ser sometido a segundo debate.
La petición fue remitida el 21 de junio de 2026 a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las jefaturas de fracción y a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, luego de que el pasado 8 de junio el plenario aprobara de forma unánime la ampliación del plazo cuatrienal del proyecto. Según recuerdan las organizaciones firmantes, la iniciativa también fue aprobada por unanimidad en primer debate el 21 de abril de este año.
Las organizaciones consideran que existe un amplio consenso político en torno a esta propuesta y señalan que el siguiente paso debe ser su aprobación definitiva para convertirla en Ley de la República. En el documento enviado a las autoridades legislativas se solicita que, de no concretarse la convocatoria durante las sesiones extraordinarias, el proyecto sea priorizado mediante una moción de orden durante el próximo período ordinario que iniciará en agosto.
La Coalición por los Pasos de Fauna argumenta que la urgencia de esta legislación responde a una problemática ampliamente documentada en el país: la muerte de animales silvestres por atropellos y electrocuciones. Según indican, estas dos causas afectan a más de 150 especies de fauna, incluyendo dantas, ocelotes, venados, perezosos, armadillos, mapaches, reptiles y anfibios, entre muchas otras.
Las organizaciones señalan que la disminución de poblaciones silvestres tiene impactos directos sobre los ecosistemas y la biodiversidad, afectando además servicios ecosistémicos fundamentales. También recuerdan que la conservación de la biodiversidad constituye un elemento estratégico para la imagen internacional del país y para actividades económicas vinculadas al turismo de naturaleza.
De acuerdo con la solicitud presentada, el proyecto de ley busca fortalecer el marco normativo existente para que las nuevas obras de infraestructura vial incorporen medidas destinadas a garantizar la conectividad ecológica mediante pasos de fauna, siguiendo prácticas que ya se aplican en diversos países y aprovechando la experiencia técnica acumulada por instituciones públicas, organizaciones especializadas y centros de investigación.
Las organizaciones firmantes sostienen que la iniciativa cuenta con fundamento en la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley de Biodiversidad, la Ley Orgánica del Ambiente y el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La Coalición por los Pasos de Fauna informó además que esta petición cuenta con el respaldo de más de 25.000 firmas ciudadanas recopiladas mediante una campaña electrónica. Entre las organizaciones participantes figuran agrupaciones de conservación, desarrollo comunal, investigación, protección de la vida silvestre y acción climática de distintas regiones del país.
Durante los últimos meses, diversas organizaciones ambientales han impulsado acciones públicas para promover la aprobación de esta iniciativa legislativa, señalando que la construcción de pasos de fauna constituye una herramienta importante para reducir la mortalidad de animales silvestres y fortalecer la conectividad de los ecosistemas en Costa Rica.
Del 25 al 27 de junio se realizará la novena edición del Festival Internacional de Coros Costa Rica por la Paz, una iniciativa cultural que reunirá agrupaciones nacionales e internacionales en distintas comunidades del país con un mensaje centrado en la convivencia, la esperanza y la construcción de paz mediante la música.
Según informó la Asociación Pro Paz Choral Fest Costa Rica, organizadora de la actividad, el festival ofrecerá conciertos gratuitos en Atenas, San José, Barrio Córdoba, San Antonio de Desamparados y Heredia, promoviendo espacios de encuentro entre comunidades a través del canto coral.
Las personas organizadoras destacan que se trata de un festival no competitivo cuyo propósito principal es fortalecer el intercambio cultural y recordar que la paz también se construye mediante experiencias compartidas de escucha, diálogo y participación artística. En esta edición participarán agrupaciones de Costa Rica, Estados Unidos y Brasil, consolidando el carácter internacional que ha distinguido al encuentro desde sus inicios.
Entre los coros internacionales invitados se encuentran el Chattanooga Boys Choir, de Tennessee, Estados Unidos; Vocal Vizinhares, de Brasil; y Coral Orfeu Candango, de Brasilia. A ellos se suman agrupaciones costarricenses como el Coro Universitario de la Universidad de Costa Rica, Coro Azul de SINEM Nicoya, Coro EnCanto, Intervoces, Coro de Niños Educarte, Coro Gaudeamus, Niños Cantores de Guararí, Coro de la Escuela Municipal de Música de El Guarco, Estudio Choralia, Coro Zafra de la Universidad de Costa Rica y Coro Mayor del Caribe Limón.
La edición 2026 contará además con la participación del maestro español Josu Elberdin Badiola como Director Invitado, reconocido internacionalmente por su trayectoria como compositor, pianista, cantante, organista y pedagogo coral.
Programa abierto al público
Jueves 25 de junio
7:00 p.m.
Parroquia San Rafael Arcángel, Atenas centro.
Concierto coral por la paz.
Viernes 26 de junio
6:30 p.m.
Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, San José.
Concierto coral por la paz.
Viernes 26 de junio
7:00 p.m.
Parroquia Nuestra Señora de la Limpia Concepción, Barrio Córdoba.
Concierto coral por la paz.
Viernes 26 de junio
7:00 p.m.
Iglesia Católica de San Antonio de Desamparados.
Concierto coral por la paz.
Sábado 27 de junio
4:00 p.m.
Centro de Convenciones de Lo Alto, Heredia.
Concierto de gala del festival.
Las actividades son gratuitas y están dirigidas a personas de todas las edades. La organización invita a las comunidades a participar de esta celebración artística que busca fortalecer la cultura de paz mediante la música coral y el encuentro entre pueblos y culturas.
En un viaje que realicé al paradisiaco lugar de Bahía Ballena, un guía turístico nos contó la historia de don John, quien siendo joven trabajaba para la Aluminum Company of America (ALCOA)y al ver la devastación eco-ambiental que iba a producir la explotación de bauxita a cielo abierto, decidió contribuir con el movimiento social que luchaba contra la concesión que el gobierno había otorgado a la empresa ALCOA. Se convirtió en un informante que puso a disposición del movimiento información clave y estratégica para su lucha. Por supuesto, el joven John fue despedido de la empresa. Se quedó en el país, y nos contó el guía que luego construyó un pequeño hotel ecológico.
Posteriormente, logré contactarlo para pedirle autorización de publicar un pequeño relato sobre su participación en el movimiento social contra ALCOA, que incorporé en el libro “Entre gaviotas y delfines. Vivencias en la Costa rica” (BBB Producciones, 216). Felizmente, conté con su aprobación.
Como este joven el país ha contado con la generosidad de muchos extranjeros que han contribuido a promover y fortalecer el modelo costarricense de protección y conservación de su riqueza biodiversa. Somos un “país ecológicamente rico”, gracias a ese aporte solidario y a la sabiduría de quienes en este país no se conforman con las migajas que caen de la mesa de las grandes empresas mineras extranjeras. Y no han estado dispuestos a convertir la riqueza biodiversa de nuestras montañas en desiertos para extraer recursos mineros del subsuelo.
Volvimos el año pasado a Bahía Ballena, y nuevamente nos extasiamos admirando la belleza de esa formación natural que asemeja a una cola de ballena y, desde ahí, contemplamos el paisaje montañoso mientras unas lapas las sobrevolaban dibujando una estela multicolor ¿Qué sería de las ballenas jorobadas y de las lapas si se hubiesen devastado esas montañas y Bahía Ballena convertida en un puerto para la exportación de bauxita?
Nos hospedamos en un pequeño hotel perteneciente a una emprendedora familia de la zona. Pudimos percibir indicios de un modelo virtuoso de desarrollo turístico, donde las comunidades locales y sus habitantes, al igual que esta familia, se conviertan en los principales beneficiarios de la riqueza biodiversa de nuestro país.
Volver por los caminos de la explotación minera a cielo abierto de iniciativas como las de ALCOA es declararle la guerra a nuestra naturaleza y, con ella, a la vida misma. Nuestro país es líder mundial en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Hoy somos uno de los principales destinos turísticos precisamente por esa apuesta de conservación y defensa de la naturaleza. Reproducir el viejo modelo de ALCOA, que significaría devastar una zona biodiversa estratégica, reservorio de mantos acuíferos y hábitat natural de múltiples especies de flora y fauna, es un contrasentido y una involución en materia de desarrollo sostenible.
Estamos a tiempo de contener un proyecto que convertirá en desierto otra zona montañosa que debería ser sagrada para todos los costarricenses. Hemos probado que es más rentable social y ecológicamente conservar y proteger nuestros recursos naturales, que sacrificarlos por unos dólares más. Si somos verdaderamente patriotas, defendamos a la Costa Rica Verde de nuestras montañas y azul de nuestros ríos y mares. Ahí está nuestra principal riqueza, y no en el subsuelo. Seamos fieles a nuestra vocación conservacionista. Es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos y nietos y a la humanidad entera.
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo relacionado con la protección del pozo La Meseta, en San Rafael de Heredia, y condenó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia, al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no haber garantizado adecuadamente la protección del área de resguardo de esta fuente de abastecimiento de agua.
El recurso fue interpuesto por Carlos Campos Zamora, José Francisco Alfaro Carvajal y Rodrigo Ramírez Vargas, quienes denunciaron la autorización de desarrollos constructivos dentro del área de protección del pozo y solicitaron la intervención de las autoridades para resguardar el recurso hídrico.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Sala Constitucional, el criterio técnico aplicable es el emitido por SENARA, según el cual los pozos de abastecimiento público requieren una zona de protección de 200 metros de radio para prevenir riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. La resolución señala que esta área de protección no está siendo respetada y que las instituciones recurridas no utilizaron todas las herramientas legales disponibles para garantizar su cumplimiento.
El expediente judicial se originó tras una serie de gestiones realizadas desde 2023 por Carlos Campos Zamora y otras personas vecinas preocupadas por la construcción de proyectos inmobiliarios en las inmediaciones del pozo La Meseta. En diferentes ocasiones, se solicitó a la Municipalidad de San Rafael de Heredia detener el otorgamiento de permisos y visados dentro del área de protección señalada por los criterios técnicos especializados.
Según el colectivo CONCEVERDE, que acompañó las denuncias ciudadanas y promovió acciones de incidencia sobre este caso, la resolución representa una nueva condena contra las actuaciones municipales relacionadas con la protección del agua subterránea.
En un comunicado público, la organización afirmó que la sentencia evidencia una grave amenaza para las aguas que abastecen a miles de habitantes del cantón y cuestionó que se hayan otorgado permisos de construcción sin respetar el área de protección recomendada por SENARA.
La organización destacó que la Sala Constitucional concluyó que el principio precautorio obliga a adoptar las medidas más protectoras cuando existe riesgo para el recurso hídrico y recordó que el propio SENARA advirtió sobre la posibilidad de contaminación del acuífero.
CONCEVERDE señaló además que la defensa del agua constituye una responsabilidad pública fundamental y llamó a las instituciones a asumir un compromiso efectivo con la protección de los recursos hídricos y la salud de la población.
La controversia se desarrolló a partir de posiciones divergentes entre distintas instituciones. Mientras la Dirección de Aguas del MINAE y autoridades municipales sostuvieron que el retiro de protección aplicable era de 40 metros o se limitaba a los linderos de la propiedad, SENARA y AyA señalaron que, tratándose de un pozo de abastecimiento público, debía respetarse una zona de protección de 200 metros.
La resolución de la Sala Constitucional se suma a una serie de cuestionamientos y denuncias presentadas en los últimos años por organizaciones ambientales y vecinales sobre la necesidad de fortalecer la protección de las fuentes de agua subterránea frente a procesos de urbanización y expansión inmobiliaria en la provincia de Heredia.
Reflexiones sobre falacias, poder religioso y la fabricación del enemigo en la política costarricense.
Un pastor, desde el púlpito de una iglesia y en medio de un culto dominical, afirma que un partido político no debería permitirse en Costa Rica porque quiere “sacar a Dios” y empobrecer al país. Minutos después advierte que una ley para prohibir las llamadas terapias de conversión busca arrebatarles a los padres sus hijos. No estamos ante una simple prédica. Estamos ante una operación política revestida de autoridad religiosa.
No es teología. Es tecnología política.
Y conviene decirlo así porque lo que aquí se activa no es únicamente una interpretación doctrinal, sino un dispositivo ideológico cuidadosamente estructurado: miedo, simplificación, enemigos y salvación. Una arquitectura discursiva que combina falacias lógicas, manipulación emocional y legitimación religiosa para intervenir en la esfera pública.
La primera operación argumentativa es una **falacia de falsa causa**. La estructura es sencilla: izquierda equivale a sacar a Dios, y sacar a Dios equivale a pobreza. El problema es evidente: no existe ninguna relación causal demostrada entre una propuesta política secular o progresista y el empobrecimiento de la población. La conexión es puramente ideológica. Pero la falacia aquí no es un error inocente: cumple una función política. Simplificar la realidad para fabricar enemigos.
A ello se suma una segunda operación: la **falacia del hombre de paja**. No se discuten programas económicos, políticas fiscales o propuestas sociales concretas. Se deforma al adversario hasta reducirlo a una caricatura: “quieren sacar a Dios”. Así, en lugar de debatir ideas, se combate un fantasma.
Y sobre esa caricatura se monta una tercera falacia: la **apelación indebida a la autoridad**. Cuando se afirma que determinada posición política “no coincide con la palabra de Dios”, se pretende convertir una interpretación religiosa particular en criterio de validez política. Pero en democracia, la legitimidad de una propuesta no depende de su adecuación a una lectura bíblica, y menos aún a la lectura bíblica de un pastor específico. De lo contrario, la política deja de ser deliberación pública y se convierte en teocracia.
Aquí la ironía es poderosa. Porque si se quiere invocar el Evangelio para condenar políticas redistributivas o preocupaciones por la desigualdad, convendría leerlo completo. Jesús jamás glorificó la riqueza ni presentó la prosperidad como signo de virtud.
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:3).
Y Lucas lo dice sin metáforas:
“Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios” (Lucas 6:20).
Más aún:
“No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24).
Y todavía con mayor contundencia:
“Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 19:24).
Todo esto desmonta otra falacia implícita: la **falsa dicotomía** según la cual solo existen dos opciones: Dios y prosperidad, o izquierda y pobreza. El Evangelio es mucho más incómodo que eso.
La comunidad cristiana primitiva, según el libro de Hechos, organizó su vida precisamente sobre principios de solidaridad radical:
“…ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía… y no había entre ellos ningún necesitado” (Hechos 4:32-34).
Si el criterio para condenar una política fuera la redistribución y la solidaridad, el libro de Hechos tendría serios problemas para pasar el filtro de estos nuevos guardianes de la ortodoxia.
Pero el problema no se detiene en la economía. Se extiende al terreno de los derechos humanos.
La segunda gran tesis del discurso sostiene que prohibir las llamadas terapias de conversión equivale a quitarles a los padres la patria potestad. Aquí la falacia central es la **pendiente resbaladiza**: se afirma que si el Estado prohíbe una práctica potencialmente dañina, entonces inevitablemente se apropiará de los hijos.
Pero una cosa no conduce necesariamente a la otra.
El Estado regula múltiples ámbitos de la vida familiar cuando está en juego la integridad de niños y adolescentes. Eso no elimina la patria potestad; la limita cuando puede producir daño.
Y aquí aparece otra falacia decisiva: la **apelación al miedo**.
“Quieren quedarse con tus hijos.”
Pocas frases movilizan tanta ansiedad como esa. Porque la niñez, en la política contemporánea, ha dejado de ser únicamente sujeto de protección para convertirse en símbolo de movilización moral. El niño se convierte en el dispositivo emocional perfecto: quien se presenta como su protector adquiere automáticamente superioridad moral.
Pero aquí hay una pregunta incómoda: ¿qué se está defendiendo realmente?
¿El bienestar de los niños? ¿O el derecho de algunos adultos a imponer culpa, vergüenza y represión sobre identidades que no comprenden?
Las llamadas terapias de conversión parten de una premisa falsa: que la orientación sexual o la identidad de género son errores que deben corregirse. No lo son. La homosexualidad dejó de ser considerada una enfermedad hace décadas. Persistir en esa lógica no es defensa de la familia. Es insistencia en una forma de violencia simbólica.
Y para sostener todo esto hace falta algo más: la fabricación del enemigo.
Primero la izquierda.
Luego las personas LGBTIQ+.
Luego las leyes de protección.
Luego cualquiera que cuestione el orden moral establecido.
Aquí opera otra falacia: la **asociación culpable**. Si apoyás derechos sexuales, querés destruir la familia. Si defendés políticas redistributivas, querés empobrecer al país. Si cuestionás la autoridad religiosa, querés destruir a Dios.
La lógica es delirante.
Pero políticamente eficaz.
Porque el enemigo no solo organiza el miedo. También organiza la identidad.
Y ahí entramos en el punto más delicado.
El discurso nace en el púlpito, pero no termina ahí. Se expande luego por canales, plataformas y redes, convirtiendo la prédica en circulación ideológica y el miedo en fidelización política. El púlpito produce legitimidad. El medio amplifica el mensaje. La suscripción monetiza la ansiedad.
El enemigo no solo moviliza: monetiza.
Y aquí conviene recordar uno de los episodios más simbólicos del Evangelio:
“Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo…” (Mateo 21:12).
Cristo expulsó a los mercaderes.
Hoy muchos de ellos aprendieron a hablar en su nombre.
Venden miedo.
Venden enemigos.
Venden cruzadas morales.
Y lo venden en nombre de Dios.
Pero Jesús fue severo con un tipo particular de personas: quienes usaban la religión para dominar.
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!” (Mateo 23:13).
No con pobres.
No con marginados.
No con distintos.
Con hipócritas religiosos.
Tal vez el problema no sea que existan partidos de izquierda, leyes de protección o debates sobre derechos humanos. Tal vez el problema sea otro: que demasiados púlpitos se han convertido en trincheras, que demasiados pastores se han vuelto operadores políticos y que demasiados mercaderes descubrieron que cuando el miedo se vende en nombre de Dios, siempre habrá compradores.
Y eso no es una crisis de fe; es la crisis de quienes han convertido la fe en mercancía, la política en cruzada y al prójimo en enemigo.
Porque las democracias no siempre mueren bajo las botas; a veces se entregan de rodillas a quienes les prometen orden, riqueza y salvación.
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