La Rectoría, la Sección Regional Huetar Norte y Caribe, Campus Sarapiquí de la Universidad Nacional (UNA), tienen el gusto de invitar al público en general a unirse a la campaña:
«Ayuda solidaria a la comunidad de Alto Urén de Talamanca: honremos a sus mayores y celebremos a los niños.»
Desde el Campus Sarapiquí de la UNA, los invitamos a unirse a la campaña de recolección de insumos básicos para la comunidad de Alto Urén, ubicada en la cordillera de Talamanca. Esta comunidad carece de luz eléctrica y se demora 8 horas en llegar por las pronunciadas pendientes del recorrido; de ahí que resulta imposible llevar helados sin refrigeración, así como trasladar queques, los cuales llegarían destruidos por las dificultades del camino.
Con los permisos respectivos, este año los niños de la comunidad serán invitados por la comunidad de Amubri, específicamente por el Centro Cultural Tsaira Urki, quien acogerá a estos niños y a sus familias, durante algunos días para celebrarles el Día del Niño, el lunes 09 de setiembre de 2024. Para la celebración las personas interesadas pueden aportar obsequios como piñatas, dulces, bolsitas y otros alusivos.
¿Qué estamos recolectando?
Alimentos no perecederos de la canasta básica y productos enlatados.
Implementos de cocina: recipientes en plástico o aluminio: palanganas, platos, vasos, tablas de picar, cucharones, entre otros.
Prendas y accesorios: Botas de hule para niños y adultos
Medias de fútbol para utilizar con las botas.
Pañuelos típicos, bolsos de tela, colas, prensas y lazos.
Artículos escolares: plasticina, libros de colorear, bolsos escolares, lápices de color, hojas de colores, marcadores y tizas.
Las personas interesadas en colaborar pueden contactar a Ana Patricia Vásquez, académica del Campus Sarapiquí de la UNA al teléfono: 8379-115 o bien directamente en el Campus Sarapiquí de la UNA, ubicado en La Victoria de Horquetas de Sarapiquí.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Foto extraida de artículo de prensa publicado en Israel el 8 de julio del 2024, y titulado «‘I’m bored, so I shoot’: the Israeli army’s approval of free-for-all violence», Magazine+972 (Israel), de lectura recomendada.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
El pasado 28 de junio del 2024, España presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una solicitud formal de intervención en el caso que opone Sudáfrica a Israel: el texto del comunicado oficial de la CIJ se encuentra disponible en francés y en inglés.
La solicitud formal de intervención de España, que se fundamenta en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ,C está desde ya disponible en este enlace.
La solicitud de España en breve
En las 15 páginas del texto de su solicitud, España refiere a la interpretación de varias disposiciones de la Convención contra el Genocidio de 1948 que, como Estado Parte de la misma, pretende que sea tomada en cuenta por los jueces de la CIJ a la hora de considerar el fondo de la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel.
En la página 6 se lee que para España, la intencionalidad de genocidio, sobre la que algunos Estados (cercanos a Israel) quieren que centre su análisis la CIJ , deberá ser complementada con otros criterios:
«24. In Spain’s opinion, precisely because direct evidence of genocidal intent is rare, it is crucial to interpret the do/us specialis requirement with a balanced approach that recognizes the singular gravity ofthe crime of genocide, without rendering the threshold for inferring genocidal intent so difficult to meet so as to make findings of genocide nearimpossible.
25. In this regard, Spain considers that the standard adopted by the Court in Croatia v. Serbia provides the basis for such a balanced approach. The Court highlights the central importance of reasonableness by observing that «[t]he notion of ‘reasonableness’ must necessarily be regarded as implicit in the reasoning of the Court,» not least to avoid an approach that would make it «impossible to reach conclusions by way of inference.» Thus, when determining whether specific intent can be inferred from conduct or not, one must weigh the evidence, and filter out inferences that are not reasonable. Put differently, the «only reasonable inference» test applies only between alternative explanations that have been found to be reasonably supported by the evidence«.
Como Estado Parte a la Convención contra el Genocidio de 1948, España busca hacer ver a los jueces de la CIJ que deberán también guiarse por las interpretaciones que mejor respondan al espíritu de dicha convención. Es por ello que solicita intervenir con base en el Artículo 63 del Estatuto de la CIJ, disposición que se lee de la siguiente manera:
«Artículo 63:1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados.
Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él«.
Se recomienda a nuestros estimables lectores la revisión completa de la solicitud de intervención de España, al contener el texto muchos otros puntos sobre los cuales España pretende llevar los jueces de la CIJ a reflexionar, al momento de analizar las acciones militares de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Cabe recordar que la «Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio» (véase texto) data de 1948 y, que algunas de sus disposiciones ameritan una interpretación evolutiva.
Una acción precedida por otras gestiones similares
La solicitud de intervención de España se añade a otras solicitudes de este tipo que tuvimos la ocasión de analizar previamente, a saber las solicitudes presentadas por los siguientes Estados:
– Palestina, que formalmente la presentó el pasado 3 de junio, basándose tanto en el Artículo 63 como en el Artículo 62: véase al respecto nuestra nota titulada «Gaza / Israel: Palestina declara reconocer competencia de la CIJ y solicita intervenir«
– México (Artículo 63) que la presentó el pasado 24 de mayo del 2024 (véase texto): remitimos nuestros estimables lectores a la nota que elaboramos en su momento sobre esta solicitud de México, titulada: «Gaza / Israel: a propósito de la solicitud de México de intervenir en la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«
– Libia (véase solicitud presentada el 10 de mayo del 2024).
– Colombia (véase solicituddel 5 de abril del 2024) y;
– Nicaragua, que optó por una vía mucho más difícil, al basar su solicitud de intervención en el Artículo 62 únicamente (véase solicitud de enero del 2024 en francés y en inglés): al respecto, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«.
La especificidad de la gestión de España
Es de notar que mientras que América Latina ha evidenciado tempranamente con Nicaragua desde enero del 2024 su apoyo a Sudáfrica ante el juez internacional de La Haya, no se puede decir lo mismo de otras regiones del mundo.
Con relación a Europa, España viene a constituirse en el primer Estado de Europa en acompañar a Sudáfrica en su contienda jurídica contra Israel iniciada el 30 de diciembre del 2023, recurriendo a un instrumento como la Convención contra el Genocidio de 1948: se trata de un instrumento multilateral al que son Estados Partes 153 Estados (véase estado oficialde firmas y ratificaciones).
Resulta sumamente sorprendente que España y solamente 4 Estados más – además de Palestina – consideren oportuno solicitar intervenir en este procedimiento, dadas las imágenes del drama indecible que se vive en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
No está de más recordar que, ante otra jurisdicción internacional, la Corte Penal Internacional (CPI), tempranamente fueron los Estados de América Latina los que realizaron gestiones con carácter urgente ante la Oficina del Fiscal de la CPI, en aras de que ésta actuara con mucha mayor celeridad:
– el 17 de noviembre del 2023, ante acciones desproporcionales e indiscriminadas sobre la población civil de Gaza por parte de las fuerzas militares de Israel, Bolivia acuerpó a Sudáfrica con tres otros Estados, enviando una remisión («referral«) de carácter urgente a la CPI (véase textoque incluye la lista de signatarios en la que no figura ningún Estado de Europa);
– el 18 de enero del 2024, fueron de manera conjunta Chile y México quienes remitieron a la CPI un documento muy similar (véase texto).
Imagen extraida de artículo de prensa (Israel), titulado «‘Lavender’: The AI machine directing Israel’s bombing spree in Gaza», Magazine+972 (Israel), edición del 3 de abril del 2024, disponible aquí, de lectura recomendada.
Resulta de interés notar que el resultado de las elecciones en el Reino Unido del pasado 4 de julio posiblemente lleve a sus nuevas autoridades a desistir de una gestión de las autoridades británicas anteriores, tendiente a dilatar la decisión de la CPI sobre la solicitud de arresto de 3 dirigentes del Hamas y 2 dirigentes de Israel hecha por el fiscal de la CPI el pasado 20 de mayo (véase nota de The Guardian del 8 de julio del 2024): véase el texto de la declaración del 20 de mayo del Fiscal de la CPI, el texto de carta pública de la ONG Human Rights Watch del 10 de junio del 2024 emplazando a la autoridades británicas a explicar el motivo de esta gestión, y el texto de la decisión de una Sala de la CPI respondiendo al Reino Unido, con fecha del 27 de junio del 2024.
El reconocimiento de Palestina como Estado
En el caso de España, es de resaltar que recientemente, integró un grupo de Estados de Europa que decidieron reconocer unilateralmente a Palestina como Estado (véase comunicado oficial del 28 de mayo del 2024).
Se trata de un gesto diplomático al que se unieron Irlanda (véase comunicado oficial de la misma fecha), Noruega (véase comunicado oficial) y Eslovenia (véase comunicado del 4 de junio): con España, estos tres Estados europeos colocan a un lado la política de la Unión Europea (UE), que persiste en considerar que aún no es tiempo de reconocerle a Palestina la calidad de Estado.
El 21 de junio del 2024, Armenia que no es parte de la UE, optó por tomar una decisión similar reconociendo a Palestina como Estado (véase comunicado oficial).
Con relación a España, en noviembre del 2014 habíamos tenido la oportunidad de analizar una abrumadora votación en el seno del Congreso español solicitando el reconocimiento de Palestina: véase al respecto nuetra nota titulada «Congreso de España ‘insta’ a reconocimiento de Palestina como Estado«, publicada en el portal de DerechoalDia, en su edición del 21 de noviembre del 2014.
Resulta oportuno recordar que, al observarse el 18 de abril del 2024 en el seno del Consejo de Seguridad un único voto en contra (veto) por parte de Estados Unidos a una resolución solicitando la admisión de Palestina como Estado, fueron Estados anglófonos del Caribe quiénes decidieron desafiar abiertamente a Estados Unidos: Barbados anunció 24 horas después de este injustificable veto de Estados Unidos que reconocía a Palestina como Estado (véase nota de Caribbean News), Jamaica lo anunció el 22 de abril (véase comunicado oficial), Trinidad y Tobago el 2 de mayo (véase comunicado oficial de prensa) y Bahamas 7 de mayo (véase comunicado).
El desafío al liderazgo de Estados Unidos (y a Israel) de estos cuatro Estados del Caribe anglófono constituyó una poderosa llamada, que muy posiblemente, inspiró a otros Estados que aún persistían en no reconocer a Palestina como Estado, en particular los situados en el continente europeo.
Es probable que con estos nuevos 4 reconocimientos provenientes esta vez de Estados europeos, se observen varios reconocimientos adicionales de Palestina como Estado.
Cabe precisar que, en el hemisferio americano, conjuntamente con Canadá y Estados Unidos, el único Estado que no reconoce a Palestina como Estado es Panamá: desde agosto del 2014, sus autoridades»evalúan» la posibilidad de reconocer a Palestina como Estado (véase nota de la Estrella de Panamá de agosto del 2014).
A le fecha, Palestina es reconocida por 145 Estados en todo el mundo. Entre el reconocimiento de Barbados (19 de abril del 2024) y Armenia (21 de junio del 2024), se contabilizan un total de nueve reconocimientos. De manera a tener una idea de la dinámica iniciada por Barbados el 19 de abril del 2024, los nueve reconocimientos anteriores de Palestina como Estado se sitúan entre septiembre del 2011 (Grenada) y julio del 2019 (Saint Kitts y Nevis).
Con relación al veto de Estados Unidos registrado en el Consejo de Seguridad del 18 de abril, que de alguna manera desencadenó esta serie de reconocimientos recientes, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota al respecto, titulada, «El veto de Estados Unidos a la admisión de Palestina como Estado Miembro de Naciones Unidas: algunas reflexiones«, disponible aquí.
La insensatez del accionar israelí ante la justicia internacional
En el último informe de situación elaborado por Naciones Unidas (al primero de julio del 2024, véase enlace), se indica que:
«Between the afternoons of 27 June and 1 July, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 135 Palestinians were killed and 631 were injured. Between 7 October 2023 and 1 July* 2024, at least 37,900 Palestinians were killed and 87,060 were injured in Gaza, according to MoH in Gaza.
/…/
Between the afternoons of 28 June and 1 July, three Israeli soldiers were killed in Gaza, according to the Israeli military. Between 7 October and 1 July, according to the Israeli military and official Israeli sources cited in the media, over 1,517 Israelis were killed, the majority on 7 October. These include 317 soldiers killed in Gaza or along the border in Israel since the beginning of the ground operation. In addition, 2,018 soldiers were reported injured since the beginning of the ground operation. As of 1 July, it is estimated that 120 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld«.
Es de notar que en un reciente artículo con fecha del 27 de junio, un connotado experto militar francés en bombardeos aéreos advierte que las cifras sobre las víctimas mortales y personas heridas en Gaza son muy por debajo de la realidad en el terreno:
«Avec le trend actuel de 300 bombardements par jour, soit 9,000 morts par mois (le calcul de projection se base sur lebomb damage assesmentexpliqué dans l’article ci-dessous), le bilan de l’offensive Netanyahou se situe désormais entre 70 et 80 mille morts que l’état-civil de Gaza est incapable de suivre puisqu’il ne peut compter que les morts qu’il a enregistrés alors qu’il est totalement déstructuré«
(véase artículo titulado»Gaza : pourquoi Netanyahou fait tout pour empêcher un cessez-le-feu ?«).
Siempre con relación a las cifras de muertes en Gaza se lee en este reciente artículo publicado el 5 de julio del 2024 en la revista científica The Lancet y titulado «Counting the dead in Gaza: difficult but essential«, que es una cifra cercana a las 186.000 personas fallecidas las que se debería estimar en Gaza:
«In recent conflicts, such indirect deaths range from three to 15 times the number of direct deaths. Applying a conservative estimate of four indirect deaths per one direct death
to the 37 396 deaths reported, it is not implausible to estimate that up to 186 000 or even more deaths could be attributable to the current conflict in Gaza. Using the 2022 Gaza Strip population estimate of 2 375 259, this would translate to 7·9% of the total population in the Gaza Strip«.
Estas estimaciones sobre el drama indecible que se observa en Gaza son respaldadas, desde la misma Israel, por diversas manifestaciones de altos oficiales confirmando la comisión de crímenes de guerra y de actos de tortura contra prisioneros palestinos (véase, entre muchos, este documento interno del 26 de junio de un alto mando militar al Primer Ministro circulado en redes sociales así como este detallado artículo publicado en Israel por el medio digital Magazine+972 sobre testimonios de personas palestinas detenidas en la base militar ubicada en desierto del Neguev, Sde Teiman, dado a conocer el pasado 27 de junio y titulado‘More horrific than Abu Ghraib’: Lawyer recounts visit to Israeli detention center. At Sde Teiman, Khaled Mahajneh found a detained journalist unrecognizable as he described the facility’s violent and inhumane conditions«).
Recientemente (3 de julio) expertos de Naciones Unidas denunciaron las detenciones en cárceles de Israel de personas palestinas oriundas de Cisjordania, sin ningun cargo, y ello desde largos decenios (véase comunicado oficial de Naciones Unidas), al tiempo que Francia (véase comunicado) y Noruega condenaron de manera vehemente las nuevas colonizaciones de Israel en Cisjordania (véase comunicado oficial del 4 de julio de Noruega) así como México (véase comunicado), entre muchas otras reacciones oficiales.
El informe sobre la situación dramática para muchas familias palestinas en Cisjordania elaborado por Naciones Unidas al 3 de julio (véase informe) detalla la manera con la que las fuerzas de seguridad de Israel han aumentado significativamente la represión contra la población civil palestina, en sus tareas de apoyo a las exacciones que cometen…los colonos israelíes en Cisjordania. Se lee en este informe (cuya lectura completa se recomienda) que:
«Between 7 October and 1 July, 539 Palestinians, including 131 children, have been killed in the West Bank, including East Jerusalem; these include 522 killed by Israeli forces, ten by Israeli settlers, and seven where it remains unknown whether the perpetrators were Israeli soldiers or settlers. In addition, over 5,420 Palestinians have been injured in the same period, including about 830 children. More than a third of the total injuries were caused by live ammunition. During the same period, 14 Israelis, including nine members of Israeli forces and five settlers, were killed by Palestinians and at least 105 Israelis, including about 90 members of Israeli forces, were injured in the West Bank, including East Jerusalem. In addition, during the same period, attacks by Palestinians from the West Bank resulted in the killing of eight Israelis and four Palestinian perpetrators in Israel«.
En Francia, un renombrado especialista en relaciones internacionales explicó recientemente (4 de julio) cómo el drama que se vive en Gaza y su tratamiento sumamente cuestionable por parte de la prensa gala ha condicionando las alianzas en el seno de la izquierda francesa, de cara a la segunda vuelta electoral realizada este 7 de julio (véase video de emisión titulada «Guerre de Gaza et élections législatives«). En su análisis, el experto destaca cómo el simple hecho de criticar los crímenes de guerra de Israel en Gaza ha sido interpretado – de manera totalmente errónea – por muchos sectores políticos como antisemitismo.
A modo de conclusión
Más allá de los círculos cercanos a Israel y su influencia en algunos medios de prensa en Francia (así como en muchas otras latitudes), no cabe duda que son muchos más los Estados Miembros de Naciones Unidas los que deberían estar llamados a activar los diversos mecanismos jurisdiccionales existentes en aras de frenar los ímpetus destructivos de Israel en Gaza: en Europa, pero también en África, América Latina, Asia o en la península arábica y en Oriente Medio.
Dado el indefectible apoyo que ha demostrado históricamente Europa hacia la consolidación de la justicia penal internacional, llama la atención la total ausencia de Europa en acciones ante la CPI: cualquier Estado europeo hubiera podido optar por una acción similar a título individual en sus gestiones ante la justicia penal internacional. Ninguno lo ha hecho al momento de redactar estas líneas (6 de julio del 2024).
Como si el drama indecible observado en Gaza por todos los Estados del mundo desde la tarde/noche del 7 de octubre no tuviese cómo interpelar de similar manera a cada uno de los Estados Partes al Estatuto de Roma, y que suman a la fecha 124 Estados, según el estado oficial de firmas y ratificaciones.
Es de señalar que este 7 de julio, la Foreign Press Association divulgó un comunicado exigiendo a Israel dejar a la prensa trabajar en Gaza y realizar investigaciones in situ para poder informar al mundo de lo que ahí realmente está ocurriendo (véase comunicado). Según el Committee for the Protection of Journalists, al 7 de julio, son 108 periodistas y comunicadores los que han sido deliberadamente asesinados por Israel en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre del 2023 (véase informe).
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com
El pasado 9 de abril, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) anunció el final de las audiencias entre Nicaragua y Alemania, con respecto a la solicitud urgente de medidas provisionales solicitadas por Nicaragua contra Alemania, acusada, entre otros cargos, de complicidad por el posible genocidio que se comete en Gaza por parte de las fuerzas militares israelíes: el comunicado oficial de la CIJ se encuentra desde ya disponible en francés y en inglés.
La demanda inicial de Nicaragua fue planteada el 1o de marzo contra Alemania (véase texto en francés y en inglés), acompañada de una solicitud urgente de ordenar medidas provisionales.
Esta demanda se presentó luego de que, el 26 de enero del 2024, la CIJ adoptara una primera ordenanza con respecto a Israel, a solicitud de Sudáfrica (véase texto de la ordenanza en francés y en inglés). Una segunda ordenanza fue recientemente adoptada el 28 de marzo (véase texto en francés y en inglés), siempre a solicitud de Sudáfrica, ante la ausencia de cambio por parte de Israel, en las acciones militares que realiza en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Un interesante reportaje de la cadena AlJazeera (en español) pone de relieve la estrecha relación que tuvo Nicaragua con Israel (y en particular con sus asesores en seguridad y su material militar) durante largos años antes de 1979; y, desde entonces, la relación muy cercana que existe entre las máximas autoridades de Nicaragua con las de Palestina (véase reportaje).
Transferencia de armas y poblaciones civiles bombardeadas de manera indiscriminada, desproporcional e injustificable
Como se sabe – pero se difunde bastante poco – Alemania es el segundo suplidor en armas después de Estados Unidos al ejército de Israel. Tuvimos la ocasión de analizar más en detalle este primer punto al fijar la CIJ audiencias hace unas semanas (Nota 1).
En una reciente nota de prensa de EuroNews con fecha del 11 de marzo sobre el comercio mundial de armas, se indica que:
«The US and Germany accounted respectively for 69% and 30% of arms imports by Israel, which is currently fighting a deadly war against Hamas in Gaza which killed over 30,000 people, most of whom were civilians«.
En su demanda contra Alemania, Nicaragua indicó (párrafo 53):
«53. /…/ By the end of 2023, the German Government had granted military exports to Israel in the amount of 326,505,156 euros. On January 2024, German media reported that Israel had made a request for tank shells, especifically 10,000 120-millimeter Rheinmetall precision rounds. Der Spiegel reported that Germany had agreed to deliver the request from its own stocks in order to be able to comply with the “urgency”. According to information made available by the German Government, export licences granted between January 2024 and 15 February 2024 concerned military equipment worth 9,003,676 euros».
Cabe indicar que el comercio de armas constituye un ámbito específico del derecho internacional público, con ramificaciones en el derecho interno cuando hay riesgos de ser mal utilizadas, y con un régimen jurídico que entraña responsabilidades en lo interno de los Estados exportadores de armas, como bien se analizó en un documento publicado en el 2021 que concluye (página 53):
«Legal challenges are gradually becoming a pragmatic response in the face of apparently unlawful decisions by arms exporting states. Governments should recognise this shift and the possibility that their decisions on arms exports will increasingly be subject to legal challenges before domestic courts. Their decisions must be able to withstand judicial oversight and must conform with obligations under both international and domestic law» (Nota 2).
Es de notar que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder Ejecutivo norteamericano al publicar el Washington Post un reportaje titulado «U.S. floods arms into Israel despite mounting alarm over war’s conduct» (cuya lectura completa se recomienda), en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.
Desde el punto de vista jurídico, no está de más señalar que ni Israel ni Estados Unidos son Estados Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas adoptada en el 2013, cuyo número de Estados Parte asciende a 113 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los cinco Miembros Permanentes, únicamente Estados Unidos y Rusia persisten en no someterse a las obligaciones que contiene este tratado multilateral.
Con relación a Estados Unidos y a la opacidad antes señalada, hay que añadir la comprensión limitada que tiene el gran público norteamericano de la realidad que se vive en Gaza, y la manera tan parcializada de dar cobertura periodística en Estados Unidos al drama inhumano que se vive en Gaza: al respecto, se recomienda escuchar esta reciente (y muy completa) entrevista de Democracy Now.
Finalmente, en el caso de Francia, una pregunta muy precisa hecha desde el 7 de marzo del 2024 al Ministerio de Defensa galo por parte de una senadora con relación al uso dado a componentes militares de tipo «ML4» exportados hacia Israel (véase pregunta), espera una contestación. Al 10 de abril, aún no ha sido respondida. Una pregunta anterior más general hecha en noviembre del 2023 fue contestada en febrero del 2024. En la respuesta se concluía (véase enlace) que:
«La France a rappelé le droit d’Israël à se défendre, qui doit s’exercer dans le respect du droit international humanitaire. Le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire, de même que les conséquences pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, sont pleinement pris en compte dans le cadre de l’examen des exportations de matériel de guerre par la CIEEMG. Cette stricte grille d’analyse n’a pas conduit à suspendre intégralement le flux d’exportations de matériels de guerre depuis le 7 octobre 2023«.
No está de más recordar algunas decisiones tomadas en años recientes sobre las exportaciones de material militar de Alemania y de Francia hacia Oriente Medio:
– en octubre del 2018, Alemania suspendió sus exportaciones de armas hacia Arabia Saudita, en razón de las exacciones cometidas en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudita contra civiles yemenitas y el vil asesinato de un periodista saudí en el Consulado saudita en Turquía (véase nota de la DW);
– en febrero del 2011, Francia decidió suspender toda exportación de armas hacia Egipto, ante la brutal represión de manifestantes por parte de las autoridades egipcias (véase nota de Le Monde).
La insensatez de los mandos militares israelíes en Gaza
El pasado 3 de abril de 2024, un artículo publicado en Israel sobre «Lavender«, un programa de inteligencia artificial utilizado por el ejército israelí desde el 7 de octubre para llevar a cabo los llamados ataques supuestamente «selectivos» contra Gaza, alertó a la opinión israelí (e internacional) sobre la deriva insensata del alto mando militar israelí.
La ONG gala AURDIP tuvo la generosa idea de proceder a una traducción inmediata del inglés al francés (véase enlace al mismo artículo traducido al francés con fecha del 4 de abril), mientras el mundo germano (e hispanoparlante) encuentra la manera de dar a conocer el contenido de este reportaje israelí en alemán (y en castellano). Una entrevista al responsable de esta investigación realizada por Democracy Now está disponible (en inglés) en este enlacedesde el 5 de abril.
De manera que nuestros estimables lectores puedan tener una idea de la presión que se ejerce sobre Israel y sobre los Estados que continúan exportando hacia Israel armas, municiones y componentes electrónicos para fines militares, nos permitimos reproducir el tablero de votación de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase texto) adoptada el pasado 5 de abril del 2024. La resolución contó con 28 voto a favor, 13 abstenciones (entre las que se registra la de Costa Rica…) y 6 votos en contra (Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi y Paraguay). En una de las pocas notas sobre la abstención de Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr, titulada «Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide embargo de armas a Israel; Costa Rica se abstuvo«), se informó que el delegado de Costa Rica en Ginebra optó por no proceder a una explicación del voto de su delegación.
Esta resolución exige un embargo sobre las armas destinadas a Israel en el punto 13 dispositivo que se lee de la siguiente manera:
«13. Exhorta a todos los Estados a que pongan fin a la venta, transferencia y desviación de armas, municiones y otros equipos militares a Israel, la Potencia ocupante, a fin de evitar nuevas violaciones del derecho internacional humanitario y violaciones y abusos de los derechos humanos, y a que, de conformidad con las normas y los estándares internacionales, se abstengan de exportar, vender o transferir bienes y tecnologías de vigilancia y armas menos letales, incluidos los artículos “de doble uso”, cuando determinen que existen motivos razonables para sospechar que esos bienes, tecnologías o armas podrían utilizarse para violar o conculcar los derechos humanos, y recuerda la providencia de la Corte Internacional de Justicia de 26 de enero de 2024, según la cual existe un riesgo plausible de genocidio en Gaza».
En estos primeros días de abril del 2024, ex integrantes del ejército de Israel reunidos en la organziación Breaking the Silence (véase sitio) han iniciado una gira en Estados Unidos y Canadá para denunciar ante el mundo el tipo de instrucciones que reciben los soldados israelíes en Gaza (véase entrevista realizada por Democray Now el 10 de abril del 2024).
Las respectivas petitorias finales de Nicaragua y de Alemania en breve
Al tratarse de una solicitud urgente de medidas provisionales, la CIJ se limitó a escuchar una única ronda de alegatos por parte de Nicaragua y de Alemania.
El 8 de abril, Nicaragua fue el primero en presentar sus argumentos (véase verbatim). En la petitoria final leída ante los jueces, Nicaragua solicita de manera urgente a la CIJ lo siguiente (páginas 58-59):
«Nicaragua respectfully requests the Court, as a matter of extreme urgency, pending the Court’s determination of this case on the merits, and after recalling to the Parties the obligation of compliance with humanitarian law as well as of the obligation of cooperation to bring to an end all serious breaches of peremptory norms of international law, to indicate the following provisional measures with respect to Germany in its participation in the ongoing plausible genocide and serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of general international law occurring in the Gaza Strip, as well as in other parts of Palestine, namely, to order that:
(1) Germany must immediately suspend its aid to Israel, in particular its military assistance, export and authorization of export of military equipment and war weapons, in so far as this aid is used or could be used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(2) Germany must immediately ensure that military equipment, war weapons, and other equipment used for military purposes already delivered by Germany and German entities to Israel are not used to commit or to facilitate serious violations of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law;
(3) Germany must resume its support and financing of UNRWA in respect of its operations in Gaza”.
Por su parte, en sus alegatos presentados el día siguiente, 9 de abril (véase verbatim), Alemania por su lado solicitó en su petitoria final lo siguiente (página 50) que:
“The Federal Republic of Germany asks the Court
1) to reject the request for the indication of provisional measures submitted by the Republic of Nicaragua;
and 2) to remove from the General List the case introduced by the Republic of Nicaragua on 1 March 2024”.
Nuestros estimables lectores podrán revisar con detenimiento los fundamentos jurídicos de cada Estado, desarrollados en las más de 50 páginas de sus respectivos alegatos, que preceden sus petitorias finales.
Si la lectura de ambos alegatos resulta tediosa, densa y a veces compleja, y la minuta de las notas en pie de página a veces más tediosa para los ojos, debe saberse que intentar convencer a 15 jueces titulares de la CIJ de la solidez de sus argumentos es todo un arte: requiere, para ambas partes, precisión y rigor en la demonstración, pero a su vez talento oratorio y algo más, indefinible, que poseen los grandes juristas que a menudo litigan en La Haya.
De algunos detalles de interés
Siendo el francés y el inglés los dos únicos idiomas en los que los Estados se pueden dirigir a los jueces de la CIJ, usualmente un Estado que litiga en La Haya busca la manera de contar con dos juristas que cuenten con una capacidad de convencimiento en estos dos idiomas.
La práctica enseña que usualmente, para una determinada controversia, se contratan como mínimo a dos representantes de la escuela anglosajona del derecho internacional, y a dos juristas (no necesariamente franceses) que representen a la escuela francesa del derecho internacional al momento de dirigirse a los jueces de la CIJ. En algunos casos, un Estado se puede conformar con un equipo legal de tan solamente dos personas que se reparten el idioma en el que se deben presentar los alegatos.
En función del grado de complejidad de un asunto, los Estados pueden recurrir a más profesionales del derecho encargados de ventilar oralmente los argumentos legales del Estado, justo después de las palabras introductorias del Agente, el cual es considerado el jefe de la delegación cuando se instalan ambas delegaciones frente a los jueces de La Haya en la sala de audiencias del majestuoso Peace Palace: la CIJ se dirige siempre al Agente, y es el Agente quien abre y cierra las presentación de los argumentos por parte de su equipo legal.
En la práctica, los Estados no recurren a juristas de su nacionalidad, salvo contadas excepciones, a la hora de dirigirse a los jueces de la CIJ.
Costa Rica es uno de los Estados que sí ha optado por esta opción para intentar frenar la batería de argumentos de Nicaragua en sus contiendas a repetición relacionadas al Río San Juan. La lectura de la sentencia de la CIJ del 2009 (derechos de navegación), del 2015 (incursión de Nicaragua en Isla Portillos y la denominada «trocha fronteriza» realizada por Costa Rica), del 2018 – monto indemnizatorio por daño ambiental (Nota 3) y delimitación marítima en ambos océanos – denota que esta opción no siempre logra su cometido, al tratarse de juristas o diplomáticos costarricenses con limitada experiencia en el arte del litigio ante los jueces de la CIJ y con una capacidad de convencimiento no siempre a la altura de los altos intereses que defienden y que se discuten en La Haya (Nota 4). En el caso de los derechos de navegación en el Río San Juan (2005-2009), raramente se ha observado a un Estado titular de derechos en un tratado desde 1858 para navegar en un río como el San Juan con sus policías, acudir a la CIJ de La Haya y escuchar 4 años después… en una sentencia, que se le prohíbe ejercer cualquier tipo de navegación policial en ese mismo río (véase párrafo 156, incisos h) e i) de la sentencia de julio del 2009 tomados de manera unánime). Sobre tan reiterado, sistemático y costoso (Nota 5) recurso a la justicia internacional entre dos Estados (un espectáculo jamás observado en La Haya desde 1945), tuvimos en el 2011 la posibilidad de advertir en la conclusión de un artículo (Nota 6) que:
«Después de un prolongado período de una dañina “sanjuanización” de sus relaciones que perduró por más de 10 años (de julio de 1998 al 13 de julio del 2009, fecha del fallo anterior de la CIJ), pareciera que algunos sectores tienen algún interés en azuzar los ánimos, arriesgándose así a abrir otro nuevo período que afecte la compleja agenda bilateral suspendida desde muchos años entre Costa Rica y Nicaragua«.
Volviendo a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, es de notar que mientras Nicaragua se presentó a la barra de La Haya con una delegación compuesta por 11 personas, Alemania consideró útil y oportuno presentarse con una delegación un poco mayor de 16 personas.
El desbalance ha podido ser mucho mayor en el caso de otras contiendas: a modo de ejemplo, en junio del 2007, Nicaragua se presentó en La Haya con 8 integrantes, Colombia con 18 integrantes (véase páginas 4-7, del verbatim); en noviembre del 2022, Guyana se presentó con 15 integrantes a la barra de La Haya, Venezuela con 32 (véase páginas 4-9 del verbatim). De ingrata memoria para Estados Unidos, cabe recordar que cuando en abril de 1984, Nicaragua se presentó a la barra de La Haya contra Estados Unidos, se presentó inicialmente con una delegación compuesta por 7 personas, mientras Estados Unidos lo hizo con 18 integrantes (véase verbatim, volumen 1, p.33); al declararse perfectamente competente la CIJ en noviembre de1984, Estados Unidos optó por no comparecer más (véase verbatim p.3 de audiencias celebradas en setiembre de 1985, con la única delegación de Nicaragua presente en La Haya).
Volviendo nuevamente a las audiencias celebradas en La Haya entre Nicaragua y Alemania, para la presentación oral de sus argumentos, Nicaragua recurrió a los servicios del francés Alain Pellet, jurista de renombre que inició su carrera como litigante en La Haya con Nicaragua en 1984, al demandar Nicaragua a Estados Unidos: se trata probablemente del jurista con mayor experiencia en el arte del litigio internacional, y que ha acompañado a numerosos Estados en sus contiendas legales en La Haya. En el caso de Nicaragua, ha sido parte de equipo legal desde 1984 de manera ininterrumpida: contra Estados Unidos en 1984, contra Honduras en 1999, contra Colombia en el 2001, contra Costa Rica en el 2009 (Nicaragua siendo esta vez demandada), así como en el 2010, 2011, 2014 y 2017 (siempre ante Costa Rica) y contra Colombia nuevamente (con dos demandas presentadas en el 2013 por Nicaragua).
En el 2022, otra de las grandes figuras del equipo legal de Nicaragua desde la histórica hazaña iniciada contra Estados Unidos en 1984, presentó su renuncia a Nicaragua, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 7).
Además del galo Alain Pellet, Nicaragua se presentó este 8 de abril con Daniel Müller, jurista alemán con una experiencia menor (véase enlace) y que se inició en el arte del litigio en La Haya en el 2006 con Alain Pellet en el equipo legal de Guinea contra República Democrática del Congo – véase verbatim).
Alemania por su parte se presentó a la barra este 9 de abril con un nutrido equipo (por orden de presentación de sus argumentos): iniciando con el jurista británico Christian J. Tams (primer ante los jueces de la CIJ en el 2014 asesorando a Serbia contra Croacia – véase verbatim), otro británico Samuel Wordsworth (primera aparición en La Haya en el 2013 como asesor de Costa Rica contra Nicaragua en el asunto de Isla Portillos – véase verbatim– ), Anne Peters (jurista alemana, siendo esta su primera aparición en la barra de La Haya), y concluyendo con Paolo Palchetti (jurista italiano, con una primera aparición en La Haya en el 2011 en el equipo legal de Italia frente a Alemania – véase verbatim).
Se notará el desbalance de Alemania en el uso del inglés durante la presentación de sus alegatos orales, mientras que la dupla Pellet-Müller sí logró imprimir un equilibrio casi perfecto en el uso de los dos idiomas de trabajo de la CIJ: el verbatim del 8 de abril registra 12 páginas iniciales del Agente de Nicaragua (inglés), seguidas por 12 páginas de Daniel Müller (en inglés), 13 páginas de Alain Pellet (en francés), y 10 páginas de cierre del Agente de Nicaragua en inglés.
Notemos que Nicaragua designó como juez Ad Hoc al jurista jordano Awn Al-Khasawneh (véase página 8 del verbatim del primer día de audiencias): se trata de un jurista con una larga experiencia al haber sido juez de la CIJ entre el 2000 y el 2011; al tiempo que Alemania ya dispone de un juez de su nacionalidad entre los jueces titulares de la CIJ desde el 1ero de enero del 2021.
Finalmente, resulta de interés indicar que el funcionario nicaragüense que funge como Agente de Nicaragua en este mes de abril del 2024 es el mismo que ha asumido esta función desde las audiencias celebradas en abril de1984 en el primer asunto llevado contra Estados Unidos y luego en las 14 controversias llevadas ante la CIJ involucrando a Nicaragua (de las cuales 6 con Costa Rica): es sin lugar a dudas, en el mundo, el diplomático que concentra la mayor experiencia del litigio en La Haya.
A modo de conclusión
Más allá de estos y otros detalles de forma, terminadas las audiencias, la CIJ entró a deliberar a partir de los argumentos expuestos por ambos Estados, para decidir si ordena algunas de las medidas provisionales solicitadas de manera urgente por Nicaragua, o si por el contrario rechaza esta solicitud como se lo pide Alemania.
Contrario a algunos colegas germanos que, en redes sociales, ya se adelantaron sosteniendo que la CIJ rechazará la solicitud de Nicaragua – omitiremos nombrarlos para no causar mayor sonrojo -, consideramos prudente esperar conocer la decisión de la CIJ, cuya lectura se debería de dar en las próximas semanas, dada la urgencia de la dramática situación que se vive en Gaza.
Tuvimos hace poco la oportunidad de hacer ver a dos de nuestras colegas europeas que su afirmación sobre la falta de rapidez de la CIJ en convocar a audiencias luego de recibir la solicitud de Nicaragua contra Alemania era totalmente errónea a la luz de la práctica de la CIJ en solicitudes similares (Nota 8).
Desde el punto de vista procesal, cabe advertir desde ya que la ordenanza de la CIJ entre Nicaragua y Alemania constituirá una decisión preliminar, respondiendo por la afirmativa (o la negativa) a Nicaragua a su solicitud urgente. Y que la decisión sobre el fondo del asunto se leerá dentro de un mínimo de 4 años (siempre y cuando Alemania no proceda a utilizar incidentes procesales, cuyo efecto es dilatar el procedimiento contencioso).
Con relación al entendible entusiasmo de colegas alemanes al escuchar el equipo legal de Alemania en La Haya este 9 de abril y al sentimiento de seguridad que les generó escuchar a sus integrantes, somos de la idea (compartida desde muchos años con todos nuestros estudiantes y amigos de la Facultad de Derecho de la UCR, así como analistas internacionales y periodistas), que anticipar el contenido de una futura decisión de la CIJ resulta siempre un tanto aventurado: tradicionalmente, el juez internacional de La Haya busca la forma de imprimir, en todas sus decisiones, un sutil equilibrio entre las pretensiones de unos y de otros.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija audiencias en demanda de Nicaragua contra Alemania«, nota editada el 15 de marzo del 2024. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ATT Expert Group, Domestic accountability for international arms transfers: Law, policy and practice, Saferworld, 2021, 54 páginas. Texto disponible haciendo click en «donwload» aquí. Véase también con relación a la normativa regional de la Unión Europea en la materia MERLIN J.-B., «Les contentieux nationaux relatifs à la vente interétatique d’armes«, Vol. 65 Annuaire Français de Droit International, Année (2019) pp.71-103. Texto integral de ese artículo disponible aquí. En Canadá y el debate sobre la ilegalidad de las armas enviadas a la coalición liderada por Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, véase AZAROVA V., DAVID E., TURP D., WOOD B., Opinion on the International Legality of Arms Transfers to Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Other Members of the Coalition Militarily Involved in Yemen, IPIS, 102 páginas, December 2019. Texto integral disponible aquí. Resulta de interés señalar que, en junio del 2020, España optó por suspender el envío de 600.000 cartuchos a Nicaragua debido a la represión desproporcional en contra de manifestantes por parte de las autoridades policiales nicaragüenses (véase nota de Mesa Redonda).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Costa Rica-Nicaragua: apuntes sobre la compensación por daño ambiental en Isla Portillos fijada por la CIJ«, nota editada el 2 de febrero del 2018 y disponible aquí.
Nota 4: En un comentario a una unión de procedimiento («jonction d´instances» en francés) realizada por la CIJ a solicitud de Nicaragua (y objetada por Costa Rica), publicado en Francia (véase texto) y titulado «Costa Rica / Nicaragua et CIJ: une procédure incidente revisitée: la jonction d´instance«, habíamos indicado que:
«Les autorités du Costa Rica avaient réagi dès le mois de janvier 2013 (par la voix du Vice Ministre des Relations Extérieures) à la demande de jonction du Nicaragua en indiquant son caractère dilatoire (22). A peine connue la décision de la CIJ de joindre les deux instances, elles ont une nouvelle fois réagi, par la voix du Ministre des Relations Extérieures, dénonçant la «tactique dilatoire» du Nicaragua (23). L´analyse que font les autorités du Costa Rica se limite au facteur temps proprement dit : or, plus qu´une à une dilation, c´est à une véritable dilution de l´affaire initiale à laquelle procède la Cour, dont profitera aisément le défendeur original, en l´occurrence le Nicaragua. Par ce tour de passe-passe, le Nicaragua se retrouve, tout comme le Costa Rica, dans une situation de parfaite égalité : les deux Etats sont à la fois demandeur et défendeur. Afin de ne pas blesser les susceptibilités, on se bornera à dire que la manœuvre du Nicaragua s´avère plutôt concluante«. En un artíclo en español, siempre con relación a esta unión de procedimientos, indicamos que: «Dicha ordenanza no cuenta con precedente alguno en la jurisprudencia de la CIJ, ya que en casos anteriores, la unión de procedimientos se hizo siempre a petición de ambos contrincantes, y no de uno solo«: véase BOEGLIN N., «Lectura del fallo de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua el próximo 16 de diciembre: breves observaciones«, sitio de la Maestría en Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, UCR, 13/12/2015, p. 5. Texto disponible aquí.
Nota 5: En el caso de Costa Rica (y de Nicaragua) se mantiene como una verdadera incógnita los montos quede cada Estado debió sufragar para financiar estas repetitivas contiendas en La Haya. En Chile, el Poder Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello en contra de su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú interpuesta por Perú en enero del 2008 ante la CIJ (véase nota de prensa) y resuelta en enero del 2014 por el juez de La Haya. Por su parte, Bolivia reconoció en el 2018 haber gastado más de 14 millones de US$ en el caso de su demanda – véase texto – presentada en el 2013 contra Chile (véase nota de prensa) al tiempo que Chile reconoció un monto superior a los 24 millones de US$ (véase nota de prensa): esta transparencia por parte de estos Estados de la región andina sobre el costo exacto que representa para un Estado una demanda en La Haya merece ser saludada, dada la opacidad y el hermetismo que muchos otros mantienen con respecto a este rubro. En el caso de Chile se indicó que el 75% de los 24 millones de US$ correspondió al pago de consultorías jurídicas y de expertos internacionales (véase nota de prensa). En Costa Rica, en una de las pocas notas informativas en un medio de prensa publicada (CRHoy, edición del 3/06/2015 – véase nota) se lee que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales”: un dato verdaderamente extraño, que nos ha parecido oportuno mencionar, y que … habría tal vez que dar a conocer de forma urgente a todos los que velan por la buena salud de la hacienda pública en Bolivia, Chile y Perú.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Dragado del río San Juan y balance en la decisión de La Haya del 8 de marzo entre Costa Rica y Nicaragua«, Revista Estudios, Num. 24 (2011), Universidad de Costa Rica (UCR), pp. 362-379. Texto disponible aquí.
Nota 7: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua: a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional«, nota editada el 28 de marzo del 2022 y disponible aquí.
Nota 8: Véase nuestros comentarios al final en BENDEL J & SUEDI Y., «The recent genocide cases and public interest litigation: a complicated realtionship», EJIL Talk, edición del 5 de abril del 2024.Texto disponible aquí.
Ante la realidad que se vive en Palestina, desde México diversas organizaciones, como Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, Casa de los Pueblos México, CLETA-UNAM, BDS México y otras, nos sumamos a la semana contra el apartheid israelí, realizando actividades para condenarlo y movilizarnos en su contra. Durante dicha semana se realizaron las siguientes actividades:
Programa en línea Latinidades con Eduardo Rivas del Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo de Palestina – CUSPPA, tema: Acciones en apoyo a nuestros hermanos palestinos desde México.
Primer Encuentro Universitario – Popular Contra el Apartheid en Palestina, Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM 16 de marzo de 2023.
Acción contra el apartheid desde México en el Ángel de la Independencia 21 de marzo de 2023.
Exposición Fotografía Contra el Apartheid Israelí en Palestina en la Casa de Cultura Las Jarillas, Iztapalapa, CDMX del 23 al 27 de marzo de 2023.
Conversatorio en línea con Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos con el Tema: Pueblos del Mundo contra el Apartheid desde la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN.
Mujeres que luchan con la participación de diversas compañeras del mundo incluyendo a la compañera Raya Radwan Coordinadora de Comunicación de la Campaña Stop they Wall de Palestina en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco 25 de marzo de 2023. Ese mismo espacio se declaró como Espacio Libre de Apartheid Israelí – ELAI.
Hacer un buen uso del dinero, del ahorro y la inversión permiten mejorar las finanzas e invertir en educación, salud, vivienda, esparcimiento y otros aspectos que contribuyen con la calidad de vida del ahorrante (diseño Ana María Sibaja).
La educación financiera es uno de los elementos claves para lograr administrar efectivamente los recursos y no caer en niveles insostenibles de endeudamiento, que pueden poner en riesgo la estabilidad emocional y laboral de los deudores.
Una manera de incentivar el ahorro y mejorar los conocimientos de la población nacional y de la comunidad universitaria en particular, es precisamente mediante la clara orientación que favorezca una sana educación financiera.
Por esta razón, el jueves 30 y viernes 31 de octubre, la Oficina de Administración Financiera (OAF) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Red Costarricense de Educación Financiera realizarán la Primera Feria de ahorro y finanzas que se llevará a cabo de 8:30 a.m. a 6 p.m. en el vestíbulo y en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas.
La Primera Feria del Ahorro y las Finanzas organizada por la Oficina de Administración Financiera y la Red Costarricense de Educación Financiera se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas el jueves 30 y viernes 31 de octubre y es abierta a todo público (foto Archivo ODI).
En la feria se ofrecerán charlas y actividades sobre diversos temas como: el uso eficiente del dinero, las finanzas básicas, los fondos de inversión, el perfil del inversionista, las pensiones complementarias, los seguros de vida y la administración del aguinaldo.
Las organizadoras comentaron que los especialistas que ofrecerán las charlas utilizarán un lenguaje sencillo y procurarán desarrollar en el público las habilidades básicas para gestionar sus finanzas personales. La directora de la Oficina de Administración Financiera de la UCR Mag. Isabel Pereira Piedra explicó la importancia de esta feria y el aporte de la Universidad en el educación para hacer un buen uso del dinero.
Además habrá actividades lúdicas y un taller para fomentar el ahorro desde la infancia, en el que participarán alumnos de la Escuela Roosevelt.
Consulte el programa de actividades de la Feria del Ahorro y las Finanzas, asista a las charlas y reciba información en los puestos que se ubicarán en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias Económicas.
La idea de realizar esta feria surgió debido a un interés de la UCR y de la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) de fomentar los hábitos saludables para el manejo del dinero en niños, jóvenes y adultos. La ENEF está integrada por el Conassif, y las superintendencias Sugef, Sugeval, Supen y Sugese; estas instituciones han analizado la situación de cultura financiera de los costarricenses y hay grandes oportunidades para mejorar la calidad de vida de los habitantes por medio de una mejor formación en este campo.
En la feria también participarán los integrantes de la Red Costarricense de Educación Financiera, un conjunto de alrededor de 30 entidades públicas y privadas, que ofrecerán información sobre productos de ahorro e inversión, ocasión oportuna para analizar cómo utilizar bien el aguinaldo próximo a recibir.
La primera feria del ahorro coincide con el Día Mundial del Ahorro que se celebra el próximo 31 de octubre. La actividad estará abierta a todo público y es gratuita.
Vicerrector de Administración habló de las medidas de racionalización del gasto
En el 2013, la proporción de la masa salarial dentro del presupuesto de fondos corrientes representó el 72,13% según dio a conocer el Vicerrector de Administración (foto Archivo ODI)
Desde el año 1992, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) estableció como política de sano equilibrio financiero de la institución, una relación de un máximo de 80% del presupuesto destinado a masa salarial y un mínimo de 20% a operaciones e inversiones en equipamiento e infraestructura.
Según explicó el Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, actualmente la UCR opera sobre esa relación de equilibro y más bien se encuentra en una mejor posición, ya que ha podido mantener sus números en un rango de 73-27,aproximadamente. En el 2013, la proporción de la masa salarial dentro del presupuesto de fondos corrientes representó el 72,13%. “La actual administración universitaria desde el año 2012, inició un proceso de valoración de la situación financiera y presupuestaria de la institución, entre otros aspectos, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad futura de las finanzas y así la actividad sustantiva universitaria”, señaló Araya.
También enfatizó que la labor de la UCR se centra en la enseñanza y la formación profesional, la investigación, la acción social, el estudio, la creación artística y la difusión del conocimiento. Por lo tanto, el recurso humano constituye la principal fuente de inversión del presupuesto. “Esto es así en todas las instituciones de educación pública y en otras que se dedican a la prestación de servicios”, subrayó.
Además de otros insumos, la administración solicitó al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE),la realización de un estudio actuarial proyectado hasta el 2050, y un análisis comparativo con otras 14 instituciones públicas,para definir el estado de la institución en el tema de masa salarial, los incentivos que ella contempla y la relación masa salarial/gastos operativos con respecto a otras entidades estatales. Una vez que se tengan los resultados de esos estudios, se hará el análisis correspondiente y se tomarán las medidas que sean necesarias.
De igual manera, la institución ha tomado medidas de contención del gasto, racionalización y buen uso del presupuesto, especialmente en materia de otorgamiento de complementos e incentivos salariales, como es el caso de la dedicación exclusiva o el incentivo por mérito académico. Así mismo, se contempla la transformación del sistema de salarios, de forma que permita mejores sueldos iniciales de contratación, que ahora son muy bajos, pero con una menor aceleración en el crecimiento por concepto de anualidades y escalafones. En materia administrativa, la Universidad ha atendido las recomendaciones de los expertos sobre reducción y eficiencia del gasto público, por medio de la implementación de plataformas informáticas de compras (Merlink), gestión bancaria, procesos de matrícula, entre otras, concluyó el vicerrector Araya.
El crimen de Camilo Rodríguez y la democracia costarricense. Alberto Salom Echeverría. https://wp.me/p6rfbZ-AGs
La absoluta pertinencia de la universidad pública en Costa Rica. Memo Acuña. https://wp.me/p6rfbZ-AH0
Mujeres por Costa Rica, ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri. https://wp.me/p6rfbZ-AH5
La fórmula keynesiana y el pensamiento vivo de John Maynard Keynes en la economía costarricense del siglo XXI. Luis G Martínez Sandoval / William Barrantes Sáenz. https://wp.me/p6rfbZ-AFY
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Ante el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, manifestamos nuestra profunda solidaridad con su familia y respaldamos con absoluta firmeza su legítima exigencia de que se haga justicia pronta y cumplida.
Ninguna persona puede ser silenciada mediante el asesinato. Ninguna diferencia, denuncia o controversia justifica arrebatarle la vida a otro ser humano. En una democracia como la costarricense existen mecanismos legales e institucionales para dirimir los conflictos, atender las denuncias y exigir responsabilidades, siempre por las vías constitucionalmente establecidas.
El asesinato de Camilo constituye una señal alarmante en un contexto de creciente violencia política, cuya intensidad y expresiones no habíamos enfrentado antes de esta manera. No podemos normalizar el odio, las amenazas, la intimidación ni la violencia como formas de resolver nuestras diferencias.
Desde Mujeres por Costa Rica:
Al Poder Judicial le pedimos que actúe con prontitud, rigor e independencia, respetando plenamente el debido proceso, para esclarecer este asesinato y llevar ante la justicia a sus responsables. La verdad y la justicia son pilares para proteger la confianza ciudadana y la salud de nuestra democracia.
Al Poder Legislativo le hacemos un llamado urgente a construir acuerdos y asumir su responsabilidad histórica con el futuro del país. Las diferencias y controversias son propias de toda democracia, pero deben resolverse mediante el diálogo respetuoso y el cumplimiento de nuestro ordenamiento legal, nunca mediante la confrontación violenta.
A la presidenta de la República, doña Laura Fernández, le exigimos que ejerza su liderazgo con responsabilidad y altura democrática, promoviendo un clima de convivencia pacífica y de respeto. Costa Rica necesita una conducción que una al país, que rechace toda forma de violencia y que defienda sin ambigüedades los principios democráticos que nos han caracterizado.
Costa Rica no puede convertirse en un país donde el odio sustituya al diálogo, las amenazas y la muerte silencien las voces de la oposición y la violencia pretenda imponerse sobre la justicia.
Defender la libertad de prensa, la vida y el Estado de derecho es una responsabilidad compartida e ineludible. Desde Mujeres por Costa Rica reafirmamos nuestro compromiso con una convivencia pacífica, el respeto a las instituciones y la protección de quienes informan y debaten en libertad. La verdad y la justicia son indispensables para que Costa Rica no normalice el miedo, la violencia ni el autoritarismo.
Junto a colegas de las universidades públicas costarricenses que conformamos la Red Interuniversitaria en Movilidades Humanas (RIMHU) asistimos a la última sesión de trabajo del año en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) ubicadas en Cartago.
Invitados por la académica Desirée Mora, fuimos recibidos con una agradable sorpresa: la presentación del Grupo Danza TEC y su espectáculo Viaje de Muchas Vidas… Perenne Osadía, incluido en la Temporada 2026.
Dirigidos por la coreógrafa Ana Isabel Valverde, estudiantes de diferentes carreras tecnológicas nos presentaron diversas formas en que las movilidades humanas atraviesan los cuerpos, las biografías, los proyectos de vida. El mensaje es contundente: la movilidad humana es hoy un proceso, un sujeto colectivo que cifra sus esperanzas en el movimiento.
En este momento de mi vida académica estoy absolutamente convencido de que este tema no puede ser tratado solo desde la teoría y el dato duro y frío. Es por medio del arte que deben movilizarse sensibilidades y miradas implicadas. Es mediante espectáculos como el visto esa mañana que el ejercicio de la empatía adquiere sentido.
El esfuerzo del proyecto artístico tras esta presentación es la confirmación absoluta del alto valor social que tienen las universidades públicas en Costa Rica.
Por eso y precisamente a esta hora en que a dichas entidades se les ha empezado a asfixiar, recortando sus presupuestos, se deben relievar iniciativas que apoyan la expresión y el desarrollo de las artes en todas sus formas.
Una sociedad sin arte está condenada a la oscuridad. Defendamos el derecho a la educación pública para que más grupos como Danza TEC nos sigan mostrando que existen otras posibilidades y lenguajes para abordar los procesos sociales que nos cruzan.
No los dejemos atrás.
Imágenes tomadas de la página de Facebook de Danza TEC.
Imaginemos a una mujer que ha salido de su casa antes del amanecer. Tiene cita en un hospital de la Caja y lleva en el bolso, doblada en cuatro, la orden de un examen que espera desde hace meses. El primer autobús viene lleno. Cuando llega el segundo, ya corre el riesgo de perder la cita. Si la pierde, alguien anotará su ausencia y acaso le indiquen que debe solicitar otra fecha. En los registros del hospital quedará una paciente que no se presentó. ¿Dónde quedarán registrados el madrugón, los dos pasajes y el día de trabajo que pidió prestado?
La mujer es imaginaria. El lector costarricense reconocerá sin dificultad sus circunstancias. Tal vez por eso, al terminar de leer el Informe Estado de la Nación 2026, pensé que una manera de ordenar nuestros problemas era preguntarse quién puede esperar y quién paga por la espera (Programa Estado de la Nación [PEN], 2026). Propongo aquí quince, de mayor a menor gravedad, según el daño que causan, el número de personas expuestas y la posibilidad de reparar mañana lo que hoy dejemos perder. Los datos proceden de las investigaciones citadas. Del orden respondo yo.
La calle, el aula, el consultorio
Pondría en primer lugar el crimen organizado y la violencia homicida. Hay una buena noticia que merece consignarse. Entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 651 homicidios, frente a 737 durante los mismos meses de 2025 (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2026). Hay también un mapa que aconseja moderar el optimismo. Las organizaciones criminales sobre las cuales el OIJ concluyó investigaciones en 2020 operaban en 17 cantones. Las correspondientes a 2025 operaban en 37 (PEN, 2026, pp. 54–55). El mapa recoge lo que la investigación policial pudo documentar. Más difícil de cartografiar es el momento en que un pulpero resuelve callarse algo que vio, o una madre cambia de camino para que su hijo evite cierta esquina. Cuando una banda consigue dictar esas pequeñas decisiones, ejerce ya una forma de gobierno. Por eso pongo este problema de primero.
La crisis de la educación pública ocupa el segundo lugar. Si el horizonte de estas páginas fuera el año 2046, le daría el primero. En la prueba PISA de 2022, el 77 % del estudiantado costarricense evaluado en lectura quedó en el nivel mínimo o por debajo de él (PEN, 2025). Quienes hemos enseñado matemática conocemos una escena que ayuda a entender esa cifra. Un muchacho lee dos veces el enunciado de un problema. Sabe multiplicar, dividir y despejar una incógnita. Lo que no logra averiguar es qué le están preguntando. Tiene el lápiz en la mano y carece de un punto de partida. Años después encontrará en una cláusula hipotecaria o en las instrucciones de una máquina la misma dificultad que la escuela tuvo ocasión de advertir. La familia con recursos puede contratar a quien vuelva a sentarse con él ante aquella página. Para muchas otras familias, esa segunda oportunidad depende enteramente de la escuela pública.
En tercer lugar sitúo las demoras de la Caja Costarricense de Seguro Social. En 2025 se contabilizaron 1.338.825 registros de espera. Una persona podía figurar en más de uno y el 59 % correspondía a procedimientos diagnósticos (PEN, 2026, p. 34). Este último dato me parece el más revelador. Buena parte de la espera transcurre antes de que el paciente sepa siquiera qué tiene. Durante esos meses debe decidir si sigue trabajando con dolor, si cuenta a sus hijos lo que teme o si compromete los ahorros de la casa para pagarse el examen. En Costa Rica hemos tenido el buen juicio de reconocer a todos el derecho a la atención médica. Nos falta resolver cuánto tiempo puede transcurrir antes de que ese derecho llegue demasiado tarde.
El cuarto problema es el debilitamiento de los contrapesos democráticos. En 2010, un 13 % de los costarricenses consultados por el Barómetro de las Américas consideraba justificable, en las circunstancias planteadas por la encuesta, que el presidente cerrara el Congreso. En 2025, la proporción alcanzó el 28 % (PEN, 2026). Conviene tomar en serio la impaciencia que puede volver atractiva esa idea. Después de años de oír que un puente sigue pendiente de un permiso, hasta el más paciente siente simpatía por quien promete tomar una decisión de una vez por todas. Le propondría, sin embargo, un pequeño ejercicio de imaginación política. Piense en el gobernante que menos confianza le inspira y pregúntese qué poderes estaría dispuesto a concederle. La respuesta ofrece una medida bastante sensata de los poderes que conviene otorgar también al gobernante de sus simpatías.
Las cuentas de la casa
El quinto problema es la escasez de empleo formal y bien remunerado en amplias zonas del país. Costa Rica ha logrado atraer empresas que producen bienes sofisticados y compiten en mercados exigentes. Es un mérito considerable. Ahora bien, desde la perspectiva de una joven que vive a dos autobuses de la planta, la existencia de una vacante depende de ciertos detalles que el anuncio suele omitir. ¿A qué hora sale el último bus? ¿Quién recoge al niño si el turno termina a las seis? ¿Cuánto queda del salario después de pagar el transporte y el cuido? Las diferencias de formación y las barreras para incorporarse al trabajo remunerado están bien documentadas (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2025). Una oferta de empleo empieza a ser una oportunidad el día en que una persona de carne y hueso puede aceptarla.
En sexto lugar pongo la pobreza y la desigualdad de oportunidades. En julio de 2026, el 15,4 % de los hogares vivía en pobreza por ingresos. Dentro de ese conjunto se encontraba el 3,8 % del total de hogares que sufría pobreza extrema (Instituto Nacional de Estadística y Censos [INEC], 2026a). Merece atención la palabra hogar. Bajo un mismo techo pueden vivir una persona que percibe salario, dos escolares y una abuela que necesita ayuda para levantarse. Si la abuela enferma, acaso haya que comprarle medicinas y, además, reducir las horas de trabajo de quien la acompaña. La misma encuesta permite apreciar cuánto pesa el lugar de residencia. Medida con el índice de pobreza multidimensional, la proporción de hogares afectados era del 6,3 % en la región Central y del 15,2 % en la Huetar Caribe (INEC, 2026a). Dos niños nacidos el mismo día, a unas horas de carretera uno del otro, pueden llegar a primer grado después de haber recorrido distancias sociales enormes.
La violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar ocupan el séptimo lugar. En 2025, al menos seis personas por hora, en promedio, acudieron en busca de medidas judiciales de protección por violencia intrafamiliar (Defensoría de los Habitantes de la República, 2026, p. 177). Intentemos seguir a una de ellas al salir del juzgado. Lleva una resolución favorable. Faltan unas horas para que oscurezca. Tiene que recoger a los hijos y decidir dónde dormirán. Quizá deba volver a la casa por los uniformes de la escuela, por sus documentos o por el dinero del autobús. La eficacia de la protección que acaba de obtener se juega en esas horas y en una pregunta que debería tener respuesta antes de que abandone el edificio. ¿A quién puede llamar esta noche y quién va a llegar?
El octavo problema es la fragilidad de las finanzas públicas. En una sociedad que conoce el valor de la prudencia doméstica, la palabra ahorro goza de merecido prestigio. También puede prestarse a equívocos. Si una junta de educación aplaza la reparación del techo y al cabo de dos inviernos debe reponer, además, los cielorrasos y varios pupitres, ¿en cuál ejercicio presupuestario anotamos el costo de aquella economía? El Estado de la Nación señala que parte de la mejora fiscal reciente descansó en la contención del gasto y el recorte de inversiones prioritarias (PEN, 2026, pp. 33–34). Quien propone un gasto tiene el deber de explicar cómo pagarlo. Me gustaría que exigiéramos parecida precisión a quien propone un recorte. ¿Cuánto ahorrará el país al cabo de cinco años y sobre quién recaerá la factura entretanto?
El país que se recorre a pie
En noveno lugar está la violencia vial. Entre enero y setiembre de 2026, la Policía de Tránsito contabilizó 459 personas fallecidas en el sitio del siniestro. La cifra deja fuera a quienes murieron después del traslado (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2026). Sugiero una modesta prueba para evaluar el diseño de una calle. Recórrasela a pie, ojalá junto a alguien que use bastón. Tarde o temprano se llegará a un punto donde la acera se interrumpe y el peatón, que hasta entonces obedecía las reglas haciendo lo que le correspondía, debe bajar a la calzada y confiar en que los conductores lo vean. Si allí ocurre una desgracia, se investigará con razón a qué velocidad circulaba el vehículo. Espero que alguien pregunte también por qué la acera terminaba precisamente allí.
El décimo problema es el transporte público deficiente y la congestión. Las dificultades de conectividad restringen el acceso al empleo y a los servicios (OCDE, 2025). Supongamos que dos personas cumplen idéntica jornada y reciben igual salario. Una tarda media hora en regresar a casa. La otra necesita dos horas. En cinco tardes, la segunda ha entregado siete horas y media adicionales, casi otra jornada laboral. De ese tiempo viven también sus hijos, sus estudios nocturnos y la madre a quien quisiera visitar. Hay argumentos económicos de peso para mejorar el transporte colectivo. A mí me bastaría este. Un buen enlace entre dos rutas puede devolverle a una familia la cena en común.
El undécimo problema es nuestra exposición a inundaciones, sequías y deslizamientos. Una lluvia torrencial dura unas horas. Un permiso de construcción en terreno inundable puede tener consecuencias durante medio siglo. El Estado de la Nación documenta las dificultades para coordinar la política ambiental con las autoridades y comunidades que conocen el territorio (PEN, 2026). En más de un pueblo habrá alguien capaz de señalar, sobre la pared de su casa, hasta dónde llegó el río en la última crecida. Quisiera saber si alguien lo escuchó antes de aprobar la urbanización vecina. Y quisiera saber qué alternativa se ofreció a la familia que conocía perfectamente el peligro, pero solo encontró un lote a su alcance en aquella ribera. Ambas preguntas pertenecen al mismo expediente, aunque se tramiten en oficinas distintas.
En duodécimo lugar están el abastecimiento de agua y el saneamiento. Pocas cosas resultan tan desconcertantes como oír llover toda la noche y abrir por la mañana un tubo del que apenas sale aire. Las pérdidas en las redes y el envejecimiento de la infraestructura ayudan a explicar esa aparente paradoja (OCDE, 2025). El agua exige, además, una cortesía elemental entre comunidades. Quien vive río abajo tiene tanto derecho como quien vive río arriba a recibirla limpia. Una tubería enterrada ofrece escasas oportunidades para el lucimiento y una planta de tratamiento rara vez despierta entusiasmo electoral. De ambas depende algo tan íntimo como el agua con que una familia prepara el desayuno.
El decimotercer problema es la vivienda inadecuada. El Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, reseñado por Vargas Rojas (2026), identificó 152.288 viviendas con problemas que requerían atención. Cuando se habla de política habitacional, es natural imaginar una casa recién construida y una familia que recibe las llaves. Hay otra escena que merece un lugar en la discusión. Una mujer, en mitad de un aguacero, mueve la cama de su hija para apartarla de una gotera. Para esa familia, una buena política de vivienda podría consistir en reparar el techo de la casa en la que ya vive, cerca de la escuela y de la abuela que cuida a la niña. Esas cercanías también forman parte de su patrimonio. Conviene contarlas antes de proponerle una casa nueva a dos horas de distancia.
Los años que vienen
En decimocuarto lugar sitúo la insuficiente preparación para el envejecimiento de la población. Vivir más años es una de las mejores noticias que ha recibido Costa Rica en su historia. Las proyecciones demográficas permiten prever sus consecuencias para el mercado de trabajo, las pensiones y las familias (Banco Central de Costa Rica, 2026; INEC, 2026b). Entre todas ellas hay una que fácilmente se da por resuelta. Alguien acompañará al adulto mayor al baño, lo llevará a la cita y se quedará con él si pasa mala noche. ¿Quién es ese alguien? ¿De qué vive? ¿Quién cotiza para su propia vejez mientras dedica sus mejores años a cuidar la de otro? Un país que ha logrado prolongar la vida tiene ahora la responsabilidad de pensar en la persona que acerca el vaso de agua, además de pensar en quien lo recibe.
Dejo en el decimoquinto lugar la dificultad del Estado para llevar sus decisiones hasta el final. La dejo de última porque ya la hemos encontrado, con diversos nombres, en el consultorio, en la acera y en la orilla del río. El informe de este año examina el caso de Crucitas, donde convergen la minería ilegal, el daño ambiental y viejos rezagos sociales (PEN, 2026). Cada institución puede delimitar con buenos argumentos la parte que le corresponde. El vecino de Crucitas vive en el territorio entero. Después de escuchar a los funcionarios, tiene derecho a formular una pregunta sencilla y a obtener como respuesta un nombre y una fecha. ¿Quién volverá aquí a explicarnos lo que se hizo?
Al terminar estas páginas, sigo dudando entre el primero y el segundo puesto. Para el barrio donde una banda decide quién puede hablar, la seguridad tiene la urgencia de esta noche. Para el niño que acaba de leer tres veces un problema sin entender qué le preguntan, la educación tiene una urgencia más discreta. Puede pasar inadvertida durante años, hasta el día en que aquel niño, ya adulto, firme algo que apenas comprende. Quien lleva meses esperando una biopsia tendría, por su parte, razones de sobra para empezar esta lista por la Caja. Aceptaría de buen grado las tres enmiendas.
Vuelvo a la mujer del autobús. Me gustaría que llegara a tiempo, que le hicieran el examen y que pudiera volver a casa con una respuesta. Después de tantas cifras, tal aspiración podría parecer modesta. Para ella y para quienes la esperan esa noche, es el asunto más importante de Costa Rica.
Referencias
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2026, 2 de noviembre). Acta de la sesión plenaria ordinaria n.º 89.
Banco Central de Costa Rica. (2026). Informe de política monetaria: Julio de 2026.
Defensoría de los Habitantes de la República. (2026). Informe anual 2025–2026: La Costa Rica que estamos construyendo.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026a). Encuesta Nacional de Hogares, julio 2026: Resultados generales.
Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2026b). Proceso de envejecimiento en Costa Rica: Evolución de la población de 65 años y más.
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. (2026, 8 de octubre). Setiembre reportó la cifra más baja de decesos en carretera desde octubre 2025.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2025). Estudios económicos de la OCDE: Costa Rica 2025. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e6d0420b-es
Programa Estado de la Nación. (2025). Décimo Estado de la Educación 2025. Consejo Nacional de Rectores.
Programa Estado de la Nación. (2026). Informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible 2026: Resumen. Consejo Nacional de Rectores.
Vargas Rojas, L. D. (2026, 16 de setiembre). Las viviendas con problemas y los asentamientos informales evidencian los retos habitacionales del país. Universidad de Costa Rica.
Todo crimen es repudiable y ha de ser condenado por la sociedad en su conjunto. Cuando se trata del crimen de un periodista, como el acaecido el pasado 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, contra el comunicador Camilo Rodríguez es un hecho aún más grave para la sociedad. ¿Por qué?
La sociedad civil ha estado consternada, porque no nos podemos acostumbrar a algo tan atroz como lo ocurrido. El hecho no puede verse solamente como algo estrictamente criminal. Conlleva, además, un desprecio a las condiciones de libertad en las que mayormente se ha desarrollado la actividad del periodismo costarricense, aun con las notables excepciones conocidas; es una afrenta a la libertad de expresión que debe prevalecer en la sociedad; reprime y desdeña el derecho de la ciudadanía a estar informada, desde distintos puntos de vista. Por todo lo anterior la gravedad del homicidio interpela directamente al Estado costarricense, a las instituciones democráticas en su conjunto y consiguientemente a toda la sociedad.
Puede afirmarse, sin temor a equivocación que, en gran parte, en la cultura de los costarricenses nos hemos acostumbrado a contar nuestra historia en voz alta. El nuestro ha sido desde mediados del siglo pasado, un país sin ejército, con tribunales que han solventado las más de las veces, lo que en otras latitudes se resolvía a balazos; con periodistas que podían incomodar al poder sin jugarse la vida. Esa excepcionalidad, que nos ha enorgullecido tantas veces y que nos distinguía, pese a los ejemplos en contrario, que los ha habido, se quebró groseramente el pasado lunes 16 de noviembre de 2026 en una calle de San Miguel de Santo Domingo, Heredia.
Dos sicarios en motocicleta atacaron al periodista Camilo Rodríguez, a plena luz del día en una calle pública, disparándole a mansalva entre nueve y diez veces, el hombre perdió la vida ipso facto. Camilo Rodríguez Chaverri, contaba apenas con 50 años, y era padre de cuatro hijos. El lugar en que ocurrió el hecho está situado a pocos metros de donde en 2001 asesinaron a Parmenio Medina. Veinticinco años después, el sicariato volvió a buscar a un periodista en Costa Rica, enlutando a toda nuestra nación.
Entonces, no es un crimen más en la estadística de homicidios. Es un crimen contra la democracia en nuestro país.
El periodista incómodo
Camilo Rodríguez no era el periodista de manual. No escribía desde una redacción con editor y consejo de redacción. Grababa videos, subía denuncias, ponía nombres, apellidos y retrotraía apodos endilgados a tantos criminales. Señalaba a capos, a empresarios, a abogados y a políticos. Decía que entregaba sus informes a la DEA. Algunas de sus denuncias eran temerarias, otras nunca fueron probadas, y varias terminaron en tribunales. La hoy presidenta Laura Fernández Delgado lo querelló por difamación en 2025 cuando él afirmó que su casa había sido construida con dinero del narco.
Precisamente por eso el caso nos interpela. La libertad de expresión no existe tan solo para proteger a los periodistas prudentes, mesurados y simpáticos al poder. Existe para proteger, sobre todo, a los incómodos. Si solo defendemos la prensa que nos gusta, no estamos defendiendo la libertad, estamos defendiendo nuestra comodidad.
Rodríguez decía haber recibido amenazas de muerte. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que había denunciado amenazas pero que rechazó acogerse a un programa de protección. Esa es la tragedia de muchos denunciantes en Costa Rica: denunciar sin protección, sabiendo que el Estado llega tarde o no llega. Camilo presintió su muerte, lo dijo en más de una ocasión, pero también expresó que no le temía.
Un país que ya venía retrocediendo
Sería ingenuo pensar que el asesinato de Camilo es un rayo en cielo despejado. Costa Rica venía cayendo en el índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras: del puesto 8 en 2022 al 38 en 2026. La encuesta PROLEDI de la Universidad de Costa Rica, publicada apenas cinco días antes del crimen, ya lo advertía: 54,7% de la población siente que la libertad de expresión está en riesgo y 58% cree que hacer periodismo en este país es peligroso.
La organización no Gubernamental internacional, con sede en París, Francia, “Reporteros Sin Fronteras” se refirió a lo acontecido advirtiendo que era una “señal de alarma”. Naciones Unidas por su parte, alzó la voz señalando que, el silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida, sino que amedrenta a todo el gremio y lesiona el derecho de la sociedad a estar informada.
Y es que el deterioro no es solo violencia física. Es el insulto convertido en política de Estado. Es llamar “prensa canalla” a quien critica. Es restringir el acceso a la información pública. Es el clima de deslegitimación que hace que, poco a poco, el periodista piense dos veces antes de publicar o de hablar.
Cuando el poder deslegitima a la prensa, no está ejerciendo libertad de expresión. Está preparando el terreno para que la violencia contra la prensa parezca comprensible. Nadie está acusando al gobierno de ordenar este crimen — sería irresponsable afirmarlo sin pruebas — pero sí hay que decirlo con claridad: quien gobierna tiene una responsabilidad especial en el clima que crea. Las palabras del poder no son palabras cualesquiera. Pesan, legitiman, envalentonan. Ya lo he señalado en otros de mis artículos más recientes, publicados en la Revista SURCOS.
La prueba de fuego: investigar
Después de acaecido el suceso, la presidenta Fernández calificó el crimen como “una mancha contra la libertad de expresión” e instruyó colaborar con la investigación. Desde el minuto uno, el Ministerio Público conformó un equipo especializado. Bien. Pero la democracia no se defiende con comunicados, se defiende con resultados.
El antecedente de Parmenio Medina nos recuerda que es posible: en 2003 hubo condena de 35 años contra quien ordenó el crimen. También nos recuerda lo frágil que puede ser la justicia: hoy ese condenado cumple casa por cárcel.
La investigación del caso Camilo es, en realidad, la investigación de la capacidad del Estado costarricense para protegerse a sí mismo. Si se esclarece quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, el país enviará un mensaje: aquí no se mata por denunciar. Si queda impune, el mensaje será el opuesto: querría decir que, aquí se puede matar por denunciar.
Y hay por añadidura, un punto que no podemos eludir. La investigación es del OIJ y de la Fiscalía, órganos del Poder Judicial. No es del Ejecutivo. El gobierno puede colaborar, debe colaborar, pero no puede apropiarse de un mérito que no le corresponde, y menos mientras impulsa recortes al presupuesto del Poder Judicial y del propio OIJ. No se puede debilitar con una mano a quien se le exigen resultados con la otra.
Del mito a la realidad
Durante décadas nos hemos contado el cuento de que éramos diferentes. El país que abolió el ejército, que recibía periodistas perseguidos de toda Centroamérica, que resolvía parte de sus conflictos votando. Hoy somos un país con una tasa de homicidios de alrededor de 17 por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial. Un país que pasó de ser puente del narcotráfico a ser centro logístico del narcotráfico en el continente.
El crimen de Camilo Rodríguez nos dice que el narco ya no solo disputa calles y puntos de venta. Disputa la palabra pública. Quiere decidir qué se puede decir y qué no. Y cuando el crimen organizado logra eso, ya no estamos frente a un problema de seguridad. Estamos frente a un problema de régimen, de sistema, una cuestión que atañe al Estado.
La democracia costarricense se fundó sobre una apuesta: la palabra vale más que la bala. Hemos querido creer que, un editorial puede más que un sicario. Que un voto puede más que una amenaza. Esa apuesta está hoy en juego.
¿Qué nos queda por hacer?
El comunicador Camilo Rodríguez, realizó denuncias públicas relacionadas con supuestas actividades del narcotráfico y del crimen organizado y posibles vinculaciones con personas que han ostentado posiciones de poder, antes y ahora. Y como se ha señalado también habló con claridad que había recibido amenazas contra su vida.
Por lo tanto, el crimen de Camilo nos deja, cuando menos, tres tareas ineludibles.
Primero, justicia. No basta con capturar a los sicarios. Hay que llegar hasta quien los mandó a matar. Sin eso, no hay disuasión.
Segundo, protección. El Estado debe garantizar mecanismos reales de protección a periodistas amenazados, sin exigirles que se callen para protegerlos. Proteger a un periodista no es esconderlo, es permitirle seguir hablando. Aunque el periodista no haya solicitado, o inclusive no haya querido recibir protección del Estado.
Tercero, rectificación. El poder político, empezando por la Presidencia, debe entender que la prensa crítica no es enemiga de la democracia, es su guardiana. Se puede discrepar, se puede refutar con datos, se puede acudir a tribunales. Lo que no se puede es contribuir, creando un clima propicio, a convertir al periodismo en blanco de ataque del sicariato y del crimen organizado, conculcador de la libertad y de los derechos democráticos de la ciudadanía.
Camilo Rodríguez ya no podrá seguir denunciando. Nos toca a los demás decidir si su muerte será una advertencia que nos paralice o un punto de inflexión que nos despierte.
Si Costa Rica permite que matar a un periodista salga barato, habremos perdido mucho más que una vida. Habremos perdido la idea misma de que aquí se puede hablar sin miedo. Y sin esa idea, la democracia costarricense se irá languideciendo hasta llegar a convertirse apenas en un cascarón.
La violencia letal contra un periodista que se da a la tarea de denunciar el crimen organizado y sus posibles vinculaciones constituye una amenaza potencial y real para la democracia y el conjunto del Estado.
Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:
RENASES entrega a diputaciones una propuesta de agenda país en cuatro ejes. https://wp.me/p6rfbZ-AFs
«La defensa de los derechos humanos no admite categorías de personas»: defensora de los Habitantes ante la moción legislativa. https://wp.me/p6rfbZ-AGm
La confrontación en la que estamos perdiendo. Marcos Chinchilla Montes. https://wp.me/p6rfbZ-AG8
Sala Constitucional apercibe al alcalde de San Rafael de Heredia por incumplir sentencia sobre construcción en zona de recarga acuífera. https://wp.me/p6rfbZ-AFL
Parlamento Cívico Ambiental rechaza relleno sanitario en Turrúcares y exige un nuevo modelo de gestión de residuos. https://wp.me/p6rfbZ-AG5
¿Se puede estar bien emocionalmente en esta época? Lo conversa Alternativas este viernes. https://wp.me/p6rfbZ-AFv
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La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, anunció que no presentará su renuncia al cargo, como le solicitó una moción aprobada en la Asamblea Legislativa por 29 diputaciones. «Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento en mis deberes legales en el cual nunca incurrí», afirmó en un pronunciamiento público emitido el jueves 19 de noviembre.
Según explicó, la moción le fue notificada el día anterior. En ella se le pide la renuncia inmediata y se le advierte que, de no hacerlo, se abrirá un procedimiento de investigación para determinar si procede su destitución.
La inspección al CACCO
De acuerdo con la defensora, la moción se fundamenta en la inspección que realizó el viernes 13 de noviembre, junto con el equipo técnico de la Defensoría, al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). En la moción se cuestiona el establecimiento de prioridades institucionales en la defensa de los derechos humanos y se le atribuye haberse conducido de forma «altanera e irrespetuosa» con el personal administrativo y policial del centro penitenciario.
Cruickshank Lambert indicó que la visita se realizó en el marco de una investigación que la Defensoría tramita desde mayo de 2025, a raíz del anuncio del proyecto de construcción de una megacárcel. Su objetivo, señaló, fue recabar insumos objetivos mediante observación directa sobre las condiciones de funcionamiento del centro y de las personas privadas de libertad.
La defensora relató que, al responder la invitación de la presidenta de la República a la inauguración del CACCO, el 12 de octubre de 2026, le comunicó que no participaría en el acto, pero le informó de su interés en realizar lo antes posible una visita técnica de inspección, como lo ha hecho en otros centros de detención e instituciones públicas.
Recordó que el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes faculta a la institución para inspeccionar oficinas públicas sin previo aviso y requerir la información necesaria para sus funciones. Según indicó, la Defensoría ha realizado más de 210 visitas a centros educativos, albergues del PANI, EBAIS, hospitales, ministerios, centros de larga estancia para personas adultas mayores y centros de atención para personas con discapacidad.
Sobre los señalamientos de conducta, afirmó que en ningún momento se condujo de manera altanera o irrespetuosa. Según su versión, comunicada formalmente al ministro de Justicia y Paz, hubo conductas del personal a cargo de ese ministerio que «no solamente fueron irrespetuosas» de su investidura, «sino que también obstaculizaron, incluso físicamente, e impidieron el ejercicio pleno de las competencias de fiscalización institucionales». Ante ello, explicó, tanto ella como otras personas funcionarias que participaron en la inspección pidieron de manera contundente el cese de esas conductas.
Víctimas y personas privadas de libertad
La defensora sostuvo que la defensa de los derechos humanos «no admite categorías de personas cuyos derechos puedan desconocerse o relativizarse». Afirmó que es posible, y además una obligación ética e institucional, mostrar solidaridad con las víctimas y sus familias al tiempo que se velan los derechos de las personas privadas de libertad.
Presentar ambas posiciones como contrapuestas, advirtió, «constituye una narrativa de división, que atenta contra la convivencia democrática y la propia cultura de derechos humanos de nuestro país», y parte de «una indebida instrumentalización de las víctimas y sus familias dolientes, para constituirse en discursos de odio que promueven la violencia».
Cruickshank Lambert enumeró a las poblaciones cuyas voces, afirmó, la Defensoría ha atendido:
personas en listas de espera;
familias de mujeres víctimas de femicidio;
personas migrantes y deportadas;
pacientes en salones de emergencia;
familias de personas privadas de libertad;
jóvenes universitarios;
pueblos indígenas y afrodescendientes;
niñas y niños albergados en el PANI.
En cuanto a las víctimas de la delincuencia, mencionó acciones como el seguimiento a la Política Nacional de Seguridad, el acompañamiento a familias de víctimas de femicidio y la atención a víctimas de ciberdelincuencia, de las que la institución ha dado cuenta en sus informes anuales ante la Asamblea Legislativa.
«No renunciaré»
La defensora expresó su confianza en que las presidentas de los supremos poderes coincidirán en que «Costa Rica no quiere ver más instituciones divididas y luchando entre sí, sino instituciones que conversen francamente y que respeten los derechos humanos».
Recordó que la Asamblea Legislativa le encomendó un mandato de cuatro años y que es su intención y su deber completarlo. «No renunciaré a las responsabilidades que la ley me ha encomendado ni dejaré de ejercer las competencias institucionales que corresponden. La defensa de los derechos humanos exige objetividad, firmeza y responsabilidad, aun cuando el ejercicio de esta labor técnica e independiente genere incomodidad, cuestionamientos o amenazas a nuestra labor», concluyó.
Comunicado al país y al mundo sobre el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri
Desde el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) manifestamos nuestro más profundo repudio y condenamos el asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri, y nos solidarizamos con su familia y personas cercanas.
Denunciamos que este asesinato no solo busca acallar a una persona que fue insistente en sus denuncias del narcotráfico en Costa Rica y sus vínculos con sectores de poder. Pretende asimismo infundir el miedo, silenciar no solo a quienes ejercen el periodismo, sino también a todas las personas que disentimos, a quienes pretendemos un país libre de toda forma de violencia, a quienes defendemos el carácter democrático del Estado, la fortaleza de sus instituciones, la separación de poderes y la convivencia basada en el respeto.
Debemos recordar que este asesinato se ejecuta en un contexto de crecientes ataques al ejercicio del periodismo y a las instituciones que ejercen sus funciones de forma apegada a la Constitución.
Pretenden que nos acostumbremos, que normalicemos un acto despreciable que no debe tener cabida en Costa Rica. El asesinato de Camilo Rodríguez ha sido un ataque contra toda la sociedad costarricense, y como tal lo denunciamos y repudiamos.
Denunciamos igualmente que se quiera aprovechar este acto despreciable para tratar de minar el Poder Judicial, precisamente ahora, cuando es particularmente necesaria su total independencia y el máximo de sus capacidades para investigar hasta las últimas consecuencias este crimen.
Repudiamos asimismo cualquier uso que pretenda hacerse de esta muerte para tratar de avanzar agendas que atacan los derechos de mujeres y niñas.
Demandamos esclarecimiento y castigo de este crimen, conocer cuáles son los actores materiales e intelectuales y que todas las personas responsables sean debidamente castigadas.
Exigimos al Ejecutivo que cese en sus ataques al Poder Judicial y que, como expresó en un primer momento, ponga a sus instituciones al servicio del esclarecimiento y castigo de este asesinato.
No nos acostumbraremos a la violencia. Las mujeres somos las que más tenemos que perder en una sociedad controlada por el narco y con un Estado debilitado en sus funciones de protección de nuestros derechos.
Quiero comenzar este artículo copiando textualmente los primeros párrafos del libro que publiqué hace más de doce años titulado Guerra y paz en Colombia.
Senadora colombiana Piedad Córdoba en CR. (1)
Supongo que todos saben quién es Piedad Córdoba. Ella estuvo en la Universidad Nacional de Costa Rica e hizo un relato acerca de la situación en su país y las gestiones del Movimiento Colombianos y Colombianas por la Paz para lograr un intercambio humanitario y una salida política al conflicto de ese país. Estuvo también en EEUU y en Canadá, donde conversó incluso con jefes del narco y paramilitarismo extraditados quienes deben miles de vidas e incluso la tuvieron secuestrada, tratando de que sus confesiones ayuden a localizar las fosas comunes donde yacen enterrados.
Piedad se reunió con diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Senadora colombiana Piedad Córdoba en CR. (2)
… con los que tuvo un interesante intercambio, intentó entrevistarse con el presidente Arias, pero no fue posible, pero mantiene la esperanza de que este, como premio Nobel, apoye la causa. También alertó sobre información de jefes narcoparamilitares que se han venido a invertir en Costa Rica especialmente en Limón y previene sobre la posibilidad de que vengan a poner aquí en práctica sus métodos. Relató la nefasta experiencia que ha sido para Colombia la privatización de los puertos, que se han revertido en mayor desempleo y miseria. Para finalizar nada más digo, Piedad, cuídate porque a estos elementos no les tiembla el pulso para asesinar. (Hasta aquí la cita).
Traigo a colación el tema de Colombia por cuanto ese país sufrió el azote del crimen organizado en los años ochenta del siglo pasado de una forma tan terrible donde terminaron coludidos el paramilitarismo, el narcotráfico y la política, no para combatir ese mal, sino más bien para destruir los partidos de izquierda y las guerrillas revolucionarias.
Eran los tiempos del poderío fuera de serie de Pablo Escobar, ataques terroristas con carros bomba cotidianamente en las ciudades, fueron asesinados cinco candidatos presidenciales de la izquierda y más de cinco mil militantes del partido Unión Patriótica.
Costa Rica aún no ha llegado a los niveles que llegó Colombia por características particulares de los dos países y esperemos que nunca llegue a esos extremos; sin embargo, el asesinato del comunicador Camilo Rodríguez Chaverri enciende las alarmas.
A Camilo no se le asesinó por izquierdista o comunista como era frecuente en Colombia: todo lo contrario: Camilo en sus escritos se caracterizó por asumir el discurso tradicional del anticomunismo. Sin embargo, en sus últimos años se destacó como asesor en comunicaciones de algunos sindicatos.
Todo indica que a Camilo Rodríguez lo asesinaron por su periodismo investigativo de riesgo, y su muerte parece buscar un escarmiento para todo el gremio periodístico.
La Fundación Instituto de Apoyo al Hombre (Fundiapho) trabaja en una “Ley Camilo Rodríguez” sobre el vínculo entre padres e hijos, que planea presentar a finales de noviembre ante la Asamblea Legislativa.
Piedad Córdoba vivió una tensa actividad política, llena de riesgos y amenazas; al final murió de causas naturales, aunque ese tren de vida debió de alguna manera precipitar su muerte prematura.
Como corolario no resta más que esperar que la sociedad costarricense sepa reaccionar ante este panorama, las autoridades recapaciten, cesen rivalidades por intereses espurios, encuentren los caminos para actuar corrigiendo lo que no están haciendo bien para la tranquilidad y bienestar de la patria.
La Asociación Costarricenses de Escritoras y el Ministerio de Cultura, mediante la Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al recital Palabras que abrigan, con la participación de Adriana Hidalgo Flores (moderadora), Ana Balbina Mateo, Elena Monge Alfaro, Laura Villalobos Álvarez, Mariamalia Sotela Borrasé, Marta Rojas Porras, Rosa H. Anka, Valeria Varas Rojas, Wendy Alvarado Salas.
Este recital se realiza en el marco de las actividades de conmemoración Día de la No Violencia contra las Mujeres.
La actividad se realizará de manera virtualel miércoles 25 de noviembre a las 5:00 p.m. y se transmitirá por los Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
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