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La confrontación en la que estamos perdiendo

Marcos Chinchilla Montes

Hay que reconocerlo con dolor: lamentablemente, esta confrontación la va ganando el crimen organizado y un sector del poder que unificó sus intereses con el primero. No es algo nuevo; para ser honestos, no se lo debemos exclusivamente al chavismo. También son responsables aquellos gobiernos que apostaron por el deterioro social, la exclusión social, la privatización del Estado, la concentración de la riqueza y la fractura del contrato social.

Pero con el chavismo esto se radicalizó, e incluso la narrativa violenta se instauró como el pan de cada día. La descalificación política, las burlas, las amenazas y la persecución fueron los principales denominadores de la gestión del gobierno de Chaves Robles, rasgos que han sido acogidos con beneplácito por el gobierno de Fernández Delgado.

Ese nivel de odio y división social también se instaló en sus seguidores: el caldo de cultivo ideal para la reproducción política de un movimiento que peligrosamente se acerca al fascismo.

Valorando las experiencias de México, Colombia, Honduras, Haití o Guatemala, entre otros países de nuestro continente, tengo la sospecha de que el asesinato político de Camilo Rodríguez Chaverri es solo la punta del iceberg; se avecinan experiencias peores. No se trata solo de acallar a alguien incómodo para el poder, sino de amplificar el sentimiento de miedo que ya se respira en todo el país y de hacernos claudicar en nuestro sueño colectivo de una sociedad justa, inclusiva y democrática.

Estamos perdiendo el país desde hace varias décadas, y si no lo atajamos de manera acelerada, tendremos que pagar una sangrienta y dolorosa factura social. Menuda herencia para nuestros descendientes. A moverse, que es urgente.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza relleno sanitario en Turrúcares y exige un nuevo modelo de gestión de residuos

La organización denuncia el condicionamiento de inversiones públicas, respalda la defensa comunitaria y pide soluciones nacionales sostenibles.

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) manifestó su oposición a la instalación de un relleno sanitario en Turrúcares de Alajuela y expresó su solidaridad con las comunidades que, desde hace más de una década, defienden su salud, sus fuentes de agua, su territorio y su calidad de vida frente al proyecto presentado como «Parque de Tecnología Ambiental».

En el manifiesto «¡Turrúcares no está sola!», el PCA rechazó que se condicionen inversiones públicas en infraestructura, educación, salud u otros servicios a la aceptación del proyecto. La organización advirtió que las necesidades de la población no pueden utilizarse como mecanismos de presión para favorecer intereses empresariales.

El Parlamento sostuvo que el conflicto pone en evidencia las limitaciones de un modelo nacional centrado en recolectar, transportar y enterrar residuos. A su juicio, trasladar los impactos de un territorio a otro no constituye una solución sostenible para Costa Rica.

Por ello, llamó a desarrollar un sistema de gestión integral de residuos conforme a la Ley para la Gestión Integral de Residuos N.º 8839, que priorice la reducción, reutilización, reciclaje, valorización y tratamiento ambientalmente responsable, con separación en origen y recolección municipal diferenciada.

La propuesta incluye fortalecer los centros de recuperación de materiales, aprovechar los residuos orgánicos mediante compostaje y evaluar tecnologías apropiadas para tratar los desechos no valorizables, con controles ambientales rigurosos, transparentes y verificables.

El PCA destacó, además, que la educación ambiental debe acompañarse de infraestructura y servicios públicos que permitan a hogares, centros educativos, comercios e instituciones gestionar adecuadamente sus residuos. La responsabilidad no puede recaer únicamente sobre la ciudadanía.

Finalmente, exigió respetar la participación de las comunidades, la autonomía municipal y el ordenamiento territorial. Respaldó las acciones legítimas de defensa comunitaria e instó a las autoridades nacionales y locales a emprender una transformación estructural de la gestión de residuos. «Costa Rica no necesita más comunidades sacrificadas por nuestros residuos. Necesita un nuevo modelo para gestionarlos», concluye el manifiesto.

Carlos Fonseca Amador, a 50 años de su muerte

Trino Barrantes Araya
Secretario general PVP

Discurso conmemorativo del PVP. Carlos Fonseca Amador fue declarado oficialmente héroe nacional nicaragüense en 1980.

Carlos Fonseca Amador.

Nos convoca una vez más una fecha que se conmemora, se vive y que nos exige mantener su llama viva. Porque Carlos Fonseca Amador es una voz viva para las juventudes de América Latina y principalmente para las juventudes revolucionarias de Centroamérica. Pero es, además, un ejemplo de lucha por construir sociedades más justas, inclusivas y socialistas.

A nombre del Partido Vanguardia Popular, abrazamos el 50 aniversario de la siembra de la semilla del secretario general del Frente Sandinista de Liberación Nacional y compartimos con todos los presentes el camino a la inmortalidad del profesor, el poeta, el periodista y el revolucionario que, con su ejemplo y su entrega, rompió las cadenas de una de las tiranías más largas y sangrientas que se incrustaron en la vida de nuestros pueblos de América Latina.

Definitivamente, Carlos Fonseca Amador tuvo una presencia significativa en nuestro país, principalmente entre finales de la década de 1960 y la de 1970. Su paso por nuestro país estuvo marcado por actividades revolucionarias, períodos de prisión y acciones revolucionarias que dejaron esa impronta que obliga a recordar; es decir, a volver a situar en nuestro corazón. Vale, en este ejercicio de conmemoración, reseñar que en su viaje a Costa Rica en 1968 Fonseca vino a nuestras tierras para redactar y definir el programa político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

La relación de Carlos Fonseca Amador con Costa Rica fue muy profunda. Su estancia en nuestro país se sitúa entre 1968 y 1970. Gozó en su momento de la amistad de Carlos Luis Fallas Sibaja y de otros camaradas revolucionarios en nuestro país.

En el mundo de los intelectuales revolucionarios, Roque Dalton y Fonseca Amador se conocieron en Moscú, cuando ambos asistieron como delegados al Festival de la Juventud, en 1957.

Al comandante Fonseca, la juventud de América Latina, pero principalmente las juventudes de Centroamérica, le deben mucho.

Hagamos, pues, un breve recorrido por la presencia de Carlos Fonseca en nuestro país.

Sergio Erick Ardón Ramírez, secretario general del Partido Revolucionario Auténtico (PARA) y colaborador del FSLN en la época que queremos reseñar, se refiere al rescate de Carlos Fonseca Amador de la siguiente forma.

El 31 de agosto de 1969, después de guardar prisión durante cuatro meses, se lleva a cabo un operativo para liberar a Carlos Fonseca de la cárcel de Alajuela. Esta acción fue un fracaso: Fonseca fue recapturado y el operativo tuvo como saldo la muerte de un guardia costarricense.

Se tenían claras sospechas de que había una estrecha colaboración entre la policía costarricense y la Guardia Nacional de Somoza. El temor de que Fonseca Amador fuera deportado, o de que se gestara un intento de asesinarlo en la prisión, fue el principal motivo por el cual Humberto Ortega Saavedra, entonces un joven de 22 años, propuso y dirigió un ataque sorpresa a la prisión para liberar a Fonseca.

Humberto Ortega estuvo a punto de morir desangrado y desde entonces perdió el movimiento en una de las manos. Todo «salió mal». Carlos Fonseca fue recapturado menos de tres horas después del operativo de rescate. Otro que casi murió desangrado fue Rufo Marín, y la policía costarricense capturó a parte del grupo de rescate (Cruz, 2021).

Posteriormente, el 21 de octubre de 1970, en un operativo que llevó por nombre «Juan Santamaría», un comando del FSLN «logró finalmente la liberación de Fonseca Amador» mediante un exitoso operativo aéreo e intercambio de prisioneros.

Es muy importante saber que, tras la captura de Carlos Fonseca, la intelectualidad internacional y lo mejor de las letras de nuestra hermana República de Nicaragua mantuvieron una lucha abierta por su liberación. Voces como las de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, trece premios Nobel e intelectuales y políticos nicaragüenses como María Haydeé Terán, Gustavo Vargas, Carlos Arroyo Buitrago y Juan Manuel Gutiérrez se sumaron a la exigencia de su liberación (Blandón, 2017).

Permítasenos unas palabras finales.

Carlos Fonseca Amador fue el fundador, ideólogo máximo y primer líder político-militar del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización que creó en 1961 junto con Tomás Borge, Silvio Mayorga, Santos López y muchos camaradas más.

«Su papel en la etapa revolucionaria fue fundacional y de dirección estratégica: no solo creó la organización, sino que definió su identidad ideológica al fusionar el legado de Sandino con el marxismo-leninismo, y dirigió su transformación de un pequeño grupo guerrillero a la fuerza que finalmente derrocó a la dictadura somocista».

El 8 de noviembre de 1976, en un enfrentamiento con la Guardia Nacional somocista en las montañas de Zinica, trascendió a la inmortalidad.

Saludos a todas y todos los presentes; gracias por compartir esta invitación, cuyo lugar y espacio se sitúa en nuestros corazones.

La fórmula keynesiana y el pensamiento vivo de John Maynard Keynes en la economía costarricense del siglo XXI

Por MBA Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Escritor
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

William Barrantes Sáenz

William Barrantes Sáenz. Economista.
MBA Universidad del Estado de Kansas USA.
Ex Gerente General y Presidente Ejecutivo del CNP,
Ex Director Administrativo del MAG
Ex Gerente del Ministerio de Transformación del Estado.
Empresario CEO de la empresa WB y Asociados SA.
Asesor, consultor y docente.
Presidente de la (AZEEPC) (AREDE)
Agencia para el desarrollo económico local de la Región Pacífico
Escritor
wbarrantessaenz@gmail.com
Cel: 88760489

Desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, el desarrollo económico y social de Costa Rica ha estado profundamente marcado por una premisa fundamental: el mercado por sí solo no garantiza el pleno empleo ni la equidad social. Esta convicción constituye el núcleo del pensamiento de John Maynard Keynes, cuya célebre ecuación macroeconómica —\(Y = C + I + G + (X – M)\)— explica cómo la oferta agregada (\(Y\), o Producto Interno Bruto) depende directamente del dinamismo de la demanda agregada: el consumo de los hogares (\(C\)), la inversión de las empresas (\(I\)), el gasto del gobierno (\(G\)) y el saldo neto del comercio exterior (\(X – M\)). A lo largo de su historia moderna, el Estado costarricense ha operado bajo esta lógica de economía mixta e intervencionista, asumiendo un rol activo para moderar los ciclos económicos, corregir fallos de mercado y construir bienestar colectivo.

El legado histórico del intervencionismo estatal en Costa Rica

La huella del keynesianismo en Costa Rica es plenamente trazable en la arquitectura institucional del país. Al carecer de ejército y de gastos militares, el Estado pudo canalizar históricamente su gasto público (\(G\)) hacia pilares del desarrollo humano como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad ciudadana y la infraestructura. Bajo este modelo de Estado interventor y productor de servicios estratégicos —banca, telecomunicaciones, seguros, electricidad, agua, transporte y justicia—, Costa Rica logró que su PIB creciera a un promedio anual del 5 % entre 1983 y 2010, duplicando el ritmo de crecimiento poblacional y elevando el nivel de vida hasta alcanzar un ingreso medio con un PIB per cápita de 12.472,44 USD.

Asimismo, la política monetaria y financiera refleja esta visión reguladora. Desde la creación del Banco Central de Costa Rica (BCCR) en 1950 con el monopolio de la emisión monetaria, la institución ha intervenido activamente en el control de la masa circulante, las tasas de interés, el tipo de cambio y la inflación —logrando situar esta última en un 0,55 % a octubre de 2026 frente a una meta del 3,00 %—. A ello se suma un sistema financiero altamente supervisado (CONASSIF, SUGEF, SUPEN, SUGEVAL) donde la banca pública conserva una garantía estatal sobre los depósitos y el Instituto Nacional de Seguros (INS) opera en un esquema de monopolio estatal abierto a la competencia.

Las tensiones del modelo y los límites del crecimiento

Sin embargo, la aplicación de las recetas keynesianas y neokeynesianas en Costa Rica ha generado tensiones estructurales que hoy exigen una profunda revisión. El sostenido gasto público y la necesidad de financiarlo mediante impuestos y endeudamiento desembocaron en una fuerte restricción presupuestaria y en el crecimiento de la deuda pública desde la década de 1980. Si bien políticas recientes como la regla fiscal y la contención del gasto durante la pandemia lograron reducir el déficit fiscal e incluso generar superávit en ciertas partidas, esta disciplina tuvo un costo directo sobre el componente más importante del estímulo keynesiano: se sacrificó la inversión en infraestructura y gran obra pública.

A pesar de la exitosa transición en los años ochenta desde el modelo de sustitución de importaciones hacia una economía abierta —impulsada por tratados de libre comercio, zonas francas e inversión extranjera directa (\(X\) e \(I\))—, el país experimenta hoy una economía de dos velocidades. Mientras los sectores exportadores de alta tecnología y dispositivos médicos prosperan, la economía doméstica enfrenta siete limitaciones estructurales: baja productividad en las empresas nacionales, escasos encadenamientos productivos con las pymes, déficit logístico y portuario, desajuste educativo (especialmente en áreas STEM e idioma inglés), excesiva tramitología, alta informalidad laboral (43 %) con desempleo elevado, y una marcada concentración económica en la Gran Área Metropolitana en detrimento de las zonas periféricas. Como resultado, el crecimiento del PIB se ha moderado a tasas cercanas al 3,0 % y 3,2 %, insuficientes para absorber la pobreza que afecta al 23 % de la población.

Hacia un neokeynesianismo estratégico: Costa Rica 2035

Para que Costa Rica alcance una tasa de crecimiento sostenida entre el 4,5 % y el 5 % anual —lo que permitiría duplicar el tamaño de su economía en 14 años en lugar de 22—, es indispensable actualizar el pensamiento de Keynes a las exigencias del siglo XXI. Keynes advertía que los gobiernos deben actuar con decisión sobre el corto plazo para evitar el estancamiento, priorizando el gasto deficitario productivo en obra pública y generación de empleo por encima del gasto corriente en salarios.

Siguiendo esta premisa, el país requiere una hoja de ruta articulada en cinco motores estratégicos de cara al año 2035:

  • Infraestructura y logística como catalizador (\(G\) e \(I\)): reactivar la inversión pública en carreteras, ferrocarriles, corredores logísticos y puertos (Caldera y Limón) mediante alianzas público-privadas transparentes que reduzcan los costos de producción y atraigan capital privado.
  • Industrialización y encadenamientos nacionales (\(I\) y \(X\)): democratizar el acceso al crédito productivo —corrigiendo las altas tasas de intermediación financiera—, fomentar la transferencia tecnológica y vincular a las pymes nacionales con las multinacionales de zonas francas, diversificando la oferta hacia la biotecnología, economía azul, energías renovables e inteligencia artificial.
  • Capital humano e innovación (\(C\) y productividad): transformar la educación pública mediante la enseñanza intensiva del inglés, competencias digitales, formación dual y carreras STEM, preparando a la población joven para una economía de alto valor agregado.
  • Desarrollo territorial equilibrado: descentralizar las oportunidades económicas fuera de la Gran Área Metropolitana, impulsando regiones como el Pacífico Central y Puntarenas mediante logística portuaria, agroindustria y turismo de mayor valor agregado.
  • Reforma del Estado y eficiencia institucional: modernizar las 330 instituciones públicas y su planilla de 330 mil funcionarios mediante un plan quinquenal consensuado de retiro anticipado, reconversión laboral y simplificación de trámites, acompañado de un sistema tributario equitativo, flexible y progresivo.

A modo de conclusión

La historia económica reciente confirma que Costa Rica ha sido, en esencia, un laboratorio vivo del pensamiento keynesiano. No obstante, el desafío del siglo XXI consiste en pasar de un Estado meramente interventor y asistencialista a un Estado catalizador de la productividad. Mantener la estabilidad macroeconómica y atraer inversión extranjera ya no basta: el verdadero éxito de la fórmula keynesiana en la Costa Rica moderna dependerá de nuestra capacidad para transformar esa inversión en productividad nacional, esa productividad en empleos formales y salarios dignos, y esos ingresos en un desarrollo social inclusivo para todo el territorio nacional.

Sala Constitucional apercibe al alcalde de San Rafael de Heredia por incumplir sentencia sobre construcción en zona de recarga acuífera

El Colectivo CONCEVERDE informó que la Sala Constitucional acogió una gestión de desobediencia contra el alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, y el jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial, Esteban Arce Camacho. Según la organización, los funcionarios no cumplieron en el plazo establecido lo ordenado en un recurso de amparo sobre una construcción en una zona de protección ambiental y recarga acuífera del cantón.

Antecedentes del caso

De acuerdo con el comunicado, el 2 de abril de 2025 un grupo de vecinas y vecinos de San Rafael de Heredia presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional por la construcción de una edificación de grandes dimensiones, presuntamente desarrollada al margen del ordenamiento jurídico, que consideraban una amenaza para el ambiente, la fragilidad del ecosistema y los mantos acuíferos.

Según se denunció, las obras iniciaron con maquinaria pesada, movimientos de tierra y remoción de cobertura vegetal. Culminaron con la construcción de una bodega, el levantamiento de una tapia que impedía ver las actividades en el inmueble y el uso del sitio para almacenar vehículos de chatarra. En el recurso se señaló que en esa zona, por ser de protección ambiental y de recarga acuífera, están prohibidas las construcciones destinadas a talleres, «deshuesaderos de carros» o actividades similares, y que los hechos se habían denunciado ante la Municipalidad desde 2024 sin que esta adoptara medidas efectivas.

El caso se tramitó bajo el expediente N.° 25-009503-0007-CO. Según CONCEVERDE, del informe del propio alcalde y de la prueba documental quedó demostrado que se ejecutó una construcción fuera de la legalidad dentro de la zona regulada por el Decreto Ejecutivo N.° 25902-MIVAH-MP-MINAE y, parcialmente, dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.° 65 de 1888.

Mediante la resolución N.° 2025-029991, del 19 de setiembre de 2025, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso. Ordenó al alcalde y al jefe de la Unidad de Gestión Urbana Territorial adoptar las medidas necesarias, efectivas y oportunas para dar una solución real a la problemática denunciada, en un plazo de seis meses a partir de la notificación.

La gestión de desobediencia

Según el colectivo, las órdenes no fueron cumplidas en los términos dispuestos. Integrantes de CONCEVERDE presentaron entonces una gestión de incumplimiento. Esta dio origen a la resolución N.° 2026-043978, del 12 de noviembre de 2026, en la que la Sala acogió la gestión y reiteró a ambos funcionarios la obligación de cumplir integralmente lo ordenado.

La Sala advirtió además que, de persistir el incumplimiento, podría ordenar la apertura de procedimientos administrativos y remitir testimonio de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia, conforme a los artículos 53 y 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Posición de CONCEVERDE

Para la organización, este no es un hecho aislado: afirma que en el cantón se han denunciado en diversas ocasiones construcciones ilegales y una «preocupante inacción» de las autoridades municipales. Considera especialmente grave que, frente a una sentencia firme, la administración municipal haya alegado dificultades para realizar notificaciones u otros obstáculos administrativos que, en su criterio, han prolongado una situación ya declarada contraria a los derechos fundamentales.

CONCEVERDE sostiene que la resistencia a cumplir las resoluciones constitucionales erosiona el principio de supremacía constitucional y debilita la confianza ciudadana en las instituciones. Exigió al alcalde actuar de inmediato y dejar de postergar decisiones. «La función pública implica deberes y responsabilidades concretas; no fue concebida para justificar la inacción», señaló el colectivo.

¿Se puede estar bien emocionalmente en esta época? Lo conversa Alternativas este viernes

El programa Alternativas, elaborado por el Colectivo Reflexión-Acción, dedicará su próxima emisión a la pregunta «¿Se puede estar bien emocionalmente en esta época?». El programa se transmitirá en vivo el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas (hora de Costa Rica).

El panel invitado estará integrado por:

  • Andrey Sequeira Cordero, Ph. D., biólogo, investigador y docente de la Universidad de Costa Rica (UCR), especializado en genética humana, neurobiología del estrés y bases biológicas de los trastornos.
  • Anantli Martínez Munguía, doctora, biotecnóloga y herbolaria.
  • Alma Vázquez, contadora de profesión, terapeuta holística y maestra y practicante de yoga.
  • Andrea Durán, ingeniera ambiental, terapeuta holística y experta en respiración consciente.
  • Kenia Ortega, creadora del programa ¿Tú qué quieres?
  • Pamela González, psicóloga y terapeuta floral, gestora de proyectos y coordinadora de Vida Estudiantil de la UCR, Sede de Occidente, y de Círculos de Escucha.

El programa podrá seguirse en vivo por Facebook Live y YouTube, y estará disponible en Spotify. Se retransmite además por las emisoras amigas Guanacaste 106.1 FM, Radio Revolución, Onda UNED, Radio Soberanía, 506 Ondas de Alajuelita (sábados a las 18:00) y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.

Alternativas se transmite desde el 12 de enero de 2020 con el lema «Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores».

RENASES entrega a diputaciones una propuesta de agenda país en cuatro ejes

La Red presentó además tres proyectos de ley y propuso crear comisiones mixtas con las fracciones legislativas

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES), que reúne a más de 80 organizaciones sociales, productivas, comunitarias, sindicales y territoriales de todo el país, se reunió el jueves 19 de noviembre con diputaciones de diferentes fracciones en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en un encuentro de diálogo social.

Participaron Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana), Ronald Campos Villegas y Janice Sandí Morales (Liberación Nacional), y Edgardo Araya Sibaja y María Eugenia Román Mora (Frente Amplio). RENASES informó que también invitó a la bancada oficialista, que no asistió.

La Red entregó su agenda común, construida durante 2026 en tres asambleas nacionales con la participación de once sectores sociales: salud y seguridad social; sindical; agroalimentario y agropecuario; educación; comunicación; seguridad; ambiente; turismo; pueblos indígenas; feministas y de mujeres; y comunalismo y vivienda.

«Hoy venimos a la Asamblea Legislativa con una agenda construida por organizaciones de todo el país y de todos los sectores sociales. Venimos a dialogar, a decir qué nos preocupa y a proponer soluciones. Queremos trabajar con las diputaciones», expresó José Oviedo, coordinador de RENASES, al presentar la propuesta.

Los cuatro ejes de la agenda

  • Estado social, finanzas públicas, democracia y seguridad. Propone justicia fiscal con tributación progresiva y combate a la evasión y la elusión, revisión de la regla fiscal, defensa de la separación de poderes y de la libertad de prensa, y una seguridad basada en la prevención, con recursos para policías y fiscalías.
  • Derechos y servicios públicos. Como primera prioridad, plantea la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como garante del acceso a la salud. La Red pide que el Estado pague su deuda con la institución y rechaza dos expedientes: el 25.700, que propone pagar a centros privados por las listas de espera, y el 25.850, que dividiría en dos la Junta Directiva de la CCSS. El eje incluye también pensiones suficientes, educación pública, cuidados, vivienda y transporte.
  • Trabajo decente y derechos laborales para todas las personas. Propone libertad sindical, una Inspección de Trabajo fortalecida, salarios suficientes y políticas de empleo de calidad. RENASES cita la Encuesta Continua de Empleo del INEC del tercer trimestre de 2026: el 36,7 % de la población ocupada tiene empleo informal y hay 155.000 personas desempleadas, 20.000 más que hace un año.
  • Territorio, producción y ambiente. Propone apoyo a la producción nacional con financiamiento y seguros agropecuarios, una nueva ley de aguas que sustituya la de 1942, turismo con las comunidades y autonomía de los pueblos indígenas.

Proyectos de ley y trabajo conjunto

Oviedo entregó a las jefaturas de fracción tres propuestas de proyecto de ley sobre avales, endeudamiento y areteo del ganado. La Red propuso además integrar comisiones mixtas con las fracciones legislativas para dar seguimiento a la agenda y a las propuestas.

«Lo que presentamos hoy no se resuelve en una mañana. Por eso proponemos una forma de trabajo permanente con las fracciones, para que el diálogo social se traduzca en resultados para la gente», señaló Martha Rodríguez, del Equipo Timón de RENASES.

La respuesta de las diputaciones

La diputada Claudia Dobles llamó a «tender puentes» entre la Asamblea Legislativa y los sectores sociales. Señaló que eso ha sido difícil porque el oficialismo ha dicho públicamente que no aprobará proyectos que no presente su propia bancada. Designó a Fabián Solano como enlace de su despacho con la agenda de RENASES y afirmó: «Estamos absolutamente comprometidos a trabajar hoy y todos los días que sea necesario con todas las personas que quieran trabajar a favor de Costa Rica».

El diputado Ronald Campos encabezó la delegación de Liberación Nacional, junto con la diputada Janice Sandí y el presidente del partido. Reafirmó el compromiso de su fracción con la CCSS, el presupuesto de las universidades y la educación pública, el fortalecimiento del Poder Judicial, la seguridad, el agua, la producción agropecuaria y la soberanía energética. En materia de energía, anunció cuatro proyectos de ley para evitar que el sector se abra a la competencia de mercado. Denunció lo que llamó una arremetida contra las organizaciones y el patrimonio de las personas trabajadoras, en referencia al banco de los trabajadores, y advirtió que ese patrimonio no puede convertirse «en la caja chica para resolver problemas que el Estado tiene que resolver». También respaldó fortalecer el régimen no contributivo para las personas adultas mayores, financiándolo con los tributos que hoy no se cobran.

La diputada María Eugenia Román, del Frente Amplio, afirmó que «el mensaje más importante de esta mañana es la unidad» de los distintos sectores en defensa del Estado social de derecho. Advirtió que, desde el gobierno anterior y en el actual, se busca una concentración de poder.

Preocupación por la violencia

RENASES también manifestó su preocupación por la creciente violencia en el país, cuyas manifestaciones más recientes han sido las reiteradas amenazas a personas comunicadoras y el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri. La organización llamó a atender con urgencia las causas estructurales de esta problemática, muchas de las cuales, señaló, están contempladas en las propuestas presentadas.

Panoramas SURCOS | 18 de noviembre de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

La disputa por el Estado: narcotráfico, poder y democracia en Costa Rica.
Jaime E. García González.
https://wp.me/p6rfbZ-AFe

Estudio evidencia las condiciones de precariedad que enfrentan familias indígenas y afrodescendientes de la Muskitia nicaragüense desplazadas en Costa Rica.
https://wp.me/p6rfbZ-AF1

Organizaciones de personas consumidoras proponen cinco medidas contra la acreencia irresponsable.
https://wp.me/p6rfbZ-AEL

Cuando la familia sufre, la sociedad entera está herida.
Iglesia Metodista Wesleyana.
https://wp.me/p6rfbZ-AEI

La democracia no pertenece al Estado.
Juan Huaylupo.
https://wp.me/p6rfbZ-AEA

Plazo de gobierno, reelección presidencial y de diputaciones.
Vladimir de la Cruz.
https://wp.me/p6rfbZ-AEY

VIII aniversario del Primer Coro Folklórico Ruso en Costa Rica.
Miguel Alvarado.
https://wp.me/p6rfbZ-AEP

La incoherencia de los términos zurdo, de izquierda o comunista, con los principios centrales de la Revolución Francesa.
Mainier Barboza Soto.
https://wp.me/p6rfbZ-AF5

Cabagra anuncia fecha de su Festival Cultural Bribri 2026.
Uriel Rojas.
https://wp.me/p6rfbZ-AET

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La disputa por el Estado: narcotráfico, poder y democracia en Costa Rica

“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”
Lord Acton (1834-1902)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

El asesinato de Camilo Rodríguez Chaverri no debería interpretarse solamente como un episodio de violencia criminal ni como una agresión contra la libertad de prensa. Su significado es más profundo: una señal de los cambios en las relaciones entre criminalidad, poder económico, política e instituciones democráticas.

La muerte del periodista, el pasado 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, obliga al país a mirar más allá de las circunstancias inmediatas del crimen.

Rodríguez había denunciado presuntas actividades del narcotráfico, corrupción y relaciones entre estructuras criminales y personas vinculadas al poder.

También había manifestado que recibía amenazas. La investigación judicial deberá determinar si esas denuncias guardan relación con el asesinato.

¿Qué significa que un comunicador que denunciaba esas relaciones sea asesinado? La respuesta trasciende el esclarecimiento de un homicidio: concierne a las bases de nuestra democracia.

El narcotráfico: de actividad criminal a estructura de poder

Las grandes organizaciones del narcotráfico no se limitan al comercio ilegal de drogas. Necesitan redes para movilizar recursos, ocultar capitales, asegurar operaciones y reducir los riesgos de intervención estatal.

Su expansión depende de la violencia y de sus relaciones con actores económicos, políticos e institucionales. El dinero ilícito puede penetrar circuitos legales y generar dependencias e influencia.

Cuando estas relaciones alcanzan determinados niveles, el problema deja de ser exclusivamente policial y se convierte en un problema de soberanía nacional.

El Estado pierde autoridad cuando actores respaldados por recursos ilícitos e intimidación consiguen condicionar decisiones o neutralizar a quienes amenazan sus intereses.

La pregunta fundamental aquí es determinar cuánto poder económico, político y social ha acumulado el narcotráfico.

La violencia como mecanismo de control social

El asesinato plantea otra preocupación: la utilización de la violencia para amedrentar a quienes investigan o denuncian determinados intereses.

La muerte de un comunicador intenta intimidar a periodistas, investigadores, funcionarios y ciudadanos; inducir autocensura y excluir asuntos de interés público del debate.

Basta con que denunciar determinados intereses parezca peligroso para debilitar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a fiscalizar el poder.

Dinero, política y criminalidad

El crimen organizado no necesariamente pretende sustituir al Estado mediante una confrontación directa. Puede resultarle más conveniente establecer relaciones de influencia, complicidad o dependencia con determinados sectores.

La corrupción facilita esa penetración. Cuando recursos ilícitos ingresan en actividades legales y ciertos intereses encuentran protección o tolerancia institucional, surge un escenario de vulnerabilidad democrática.

No se afirma que el Estado haya sido capturado ni se atribuyen responsabilidades sin pruebas. Sin embargo, hay que reconocer que la penetración institucional es uno de los mayores riesgos del crimen organizado.

Nuestro país no está condenado a repetir experiencias ajenas, pero tampoco es inmune.

El deterioro de un patrimonio democrático

Durante décadas, Costa Rica construyó una identidad política sustentada en la abolición del ejército, la continuidad de sus instituciones civiles, la educación pública y el reconocimiento de las libertades fundamentales.

Aquella tradición no significó ausencia de corrupción o desigualdad, pero la expansión del narcotráfico representa un cambio sustancial en las condiciones de seguridad y convivencia.

Aquí hay un antecedente que merece recordarse. El periodista Parmenio Medina Pérez fue asesinado en julio de 2001. Su trabajo incluía igualmente denuncias sobre irregularidades y corrupción.

En este contexto, el asesinato de Rodríguez devuelve una pregunta vigente: ¿qué garantías existen para quienes investigan intereses poderosos que operan al margen de la ley?

La coincidencia merece atención, aunque no exista aún una relación demostrada entre ambos crímenes.

La responsabilidad del Estado y de la sociedad

La fortaleza de un Estado se mide por su capacidad para hacer cumplir las leyes e impedir que grupos económicos, políticos o criminales estén por encima de las instituciones.

Teniendo lo anterior como marco de referencia, la respuesta debe ir ahora más allá de identificar a los autores materiales: investigar las finanzas del narcotráfico, prevenir el lavado de dinero, fortalecer la independencia judicial, proteger a denunciantes y periodistas e investigar posibles conexiones criminales con personas en posiciones de poder.

El crimen organizado encuentra condiciones favorables donde se tolera la corrupción y el enriquecimiento inexplicable, y donde las relaciones entre dinero y política se consideran inevitables. La democracia se deteriora al normalizar la impunidad y el abuso de poder.

Una advertencia que nuestro país no debería ignorar

El asesinato no demuestra que el narcotráfico controle las instituciones ni que una organización criminal lo ordenara por sus denuncias. Eso deberá establecerlo la investigación judicial.

Sin embargo, obliga a examinar los riesgos de que las estructuras criminales acumulen recursos e influencia económica y política.

El país necesita con urgencia (“¡para ayer!”) una estrategia nacional que combata las finanzas del narcotráfico, investigue conexiones políticas y empresariales, fortalezca la justicia y proteja a quienes denuncian.

Hay que reconocer que la democracia no desaparece necesariamente de un día para otro. Puede deteriorarse mientras las elecciones continúan y las libertades permanecen formalmente reconocidas.

Defenderla exige impedir que poderes económicos y criminales decidan quién puede hablar, qué puede investigarse y cuáles intereses deben permanecer protegidos.

El problema más grave no es solamente que el narcotráfico penetre las estructuras del Estado. Sería que lleguemos a acostumbrarnos a vivir en una sociedad donde esa nefasta penetración se considere inevitable.

La incoherencia de los términos zurdo, de izquierda o comunista, con los principios centrales de la Revolución Francesa

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto

En 1789, la humanidad da un salto categórico, deja atrás un estadio histórico complejo confuso y retardatario, en el sentido de avances democráticos como lo fue la Edad Media, por la instauración de monarquías hasta hoy. Resulta que, en Francia, se cae la monarquía y dicha revolución da espacio, diríase político, a la conformación de los Estados modernos y con las tesis del barón de Montesquieu sobre la división de poderes en los Estados, (El espíritu de las leyes) y los conceptos de democracia y soberanía popular y de igualdad de Jean-Jacques Rousseau, que ha sido considerado el padre espiritual de la República Francesa, nos configuran el marco de referencia de los Estados, reiteramos modernos.

Al analizar este proceso nos encontramos con que surge una nueva clase social, revolucionaria entonces, la burguesía, por su procedencia, que, configura la nueva clase política económica que se extiende por todo el continente europeo, de forma estructural; quedan y persisten varias monarquías con una “fachada democrática”, por el nombramiento de un presidente o primer ministro, con una figura denominada parlamentarismo, que, mantiene una especie de equilibrio en el poder, dado que dichas instancias tienen un control sobre la población y sus dirigentes están entre los grupos de poder político y económico.

Al margen de lo anterior, nos interesa destacar los tres principios centrales de la revolución, los que son del conocimiento general, sin embargo, poca atención se les otorga: Libertad, Igualdad, Fraternidad. Resulta que tales principios concentran entre los tres, un anhelo, una aspiración, un sueño y una esperanza de todo el mundo, en occidente por lo menos, bajo el modelo político económico capitalista-aunque en un 85-90% tiene influencia en las transacciones financieras y económicas y por supuesto en el formato político-electoral, estos principios son reiterados por la población en general.

Lo que se trata de demostrar en esta breve reseña, es la incoherencia en los señalamientos y etiquetas, por demás, de una débil argumentación, como que la sociedad anda mal, por los comunistas, izquierdistas, zurdos y resulta que esos señalamientos de grupos ultraconservadores en política y economía, están en el poder o, en el gobierno, que precisamente, es un Estado moderno, “hijo de la revolución francesa” ; de donde deriva la estructura actual y se supone que se apoya en los tres principios citados. La incongruencia es que esos “zurdos” …son los que precisamente, de nuevo, están defendiendo esos principios y ese Estado social de derecho, mismos que pretenden esos grupos ultraconservadores, liquidar, así literalmente hablando liquidar.

El llamado es, a nuestra población y a muchas personas, que apoyan esas acciones, que en Costa Rica ya muestran visos de autoritarismo e irrespeto al orden constitucional, y, decirles que, el señalamiento de zurdos, izquierdistas, comunistas, ha sido la “leyenda” desde el siglo XIX y que se agudiza después de la Guerra Fría, iniciada después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue aprovechado por la nueva potencia dominante, los Estados Unidos, para hostigar, presionar invadir, crear guerras, generar golpes de Estado, dominar financiera, económica, militar y diplomáticamente a los pueblos de la tierra.

De manera que, la “excusa” del autoritarismo de desviar la atención de la realidad no procede, porque han sido esas personas, líderes y lideresas que se han denominado como comunistas, izquierdistas, zurdos los que han defendido las conquistas y principios de la revolución francesa, han defendido las tesis históricas de los “padres” de dicha revolución.

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.” (Martin Luther King).