Gilberto Lopes
San José, 25 de julio del 2025

Busquemos un punto de partida, un inicio de camino: desde mi punto de vista, más que la abolición del ejército, de consecuencias mucho más radicales para el país fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Por algo fue también por ahí donde empezó el ataque al sector público.

Esa pelea formidable, ese debate político en el que se construía una forma de nación, se perdió. Derrota nunca más evidente que cuando el director de La Nación se transformó en ministro y embajador de quien, desde adentro, minaba las bases del mundo que construyó Figueres. Un día dijo Figueres que le quedaba pendiente la tarea de quemar La Nación. Era, naturalmente, una alegoría. Era una forma de reconocer lo mucho que el periódico representaba contra las ideas por las que él había luchado.

Hoy hablan de los peligros que corre la democracia en Costa Rica. Es una visión corta, en mi opinión. Los peligros son antiguos. Ninguno contribuyó más a eso que el líder más lúcido de ese proyecto desquiciador. En beneficio propio, manoseó la constitución, el Poder Legislativo, el Judicial. ¿Para qué? Para aprobar un proyecto desarticulador del sector productivo nacional, para avanzar en la privatización de las telecomunicaciones y echar a andar, de manera lesiva para los intereses nacionales, la privatización de las obras públicas. El ejemplo de lo que ocurre con la ruta 27 a Caldera nos recuerda, todos los días, los perversos mecanismos encargados de desmontar una capacidad pública eficiente, para transformarla en un negocio privado, a costa de los costarricenses.

¿Cómo sorprendernos del desencanto con la democracia?

¿Ningún daño ha hecho a nuestra institucionalidad el manoseo de los tres poderes para satisfacer ambiciones personales desmedidas? Ese tipo de acciones son como echar un químico corrosivo en los engranajes que mueven la historia. Los va trabando, corroyendo. Lo modosito de las propuestas, los BMW y los Mercedes ofrecidos, son solo humo de paja, hipocresía que la brutalidad del “memorando del miedo” desnuda.

Hay quienes piensan que todo eso es cosa vieja. Del pasado. Y no se explican cómo hemos podido llegar tan lejos y tan hondo, ni a esa lógica que, después de un Alvarado, entrega el país a un Chaves. Aparece uno, vivo, que toca los puntos sensibles, los más vulnerables. El primero, esa cúpula ambiciosa, de visión corta, insaciable. Luego los otros poderes, la prensa… Lo llaman –no sin algo de razón, en mi opinión– la “Red de Cuido”. La manera chabacana como lo dicen –además– encanta a muchos.

Asaltan el Estado gentes sin antecedentes políticos alguno. Sin historial, ni capacidades. Sin propuestas ancladas en lo mejor de la historia nacional. Pero con estilo. Para un sector importante del electorado, es suficiente el dedo apuntado a los responsables de la demolición hecha en los últimos 50 años. De la que ellos mismos son acabados representantes.

Nos toca recuperar un rumbo perdido

Nos toca recuperar un rumbo perdido. No es volver atrás. Es avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción, las mismas que, desde hace casi 50 años, han venido demoliendo sistemáticamente. Bases tan sólidas que, pese a todo, no han podido ser demolidas del todo. Algo queda, inclusive en la memoria de los costarricenses.

No se trata de gritos sobre una democracia en peligro. Ese peligro, como hemos visto, viene de larga data. Hace falta la defensa de lo público. En vez de terminar de deshacer el ICE, de vender el BCR, de avanzar en la privatización de la salud, de la educación, en la destrucción de la CCSS, sería prudente reconstruir los fundamentos que hicieron posible que el país creciera con imaginación, sobre la base de recursos propios, sin perder de vista los derechos de las mayorías. Sin renunciar a un lugar en el escenario internacional. Pero no un lugar subalterno, mediocre (como una “zona franca”, sugieren algunos). Participar con lo nuestro. Llevar nuestra banca a los mercados internacionales. El ICE a Centroamérica y más allá; ¿por qué no? en vez de destruirlo. Me parece que es lo que tiene sentido.

Un programa para el 2026 que llene de aire nuevo, de lucidez, una pelea en la que se juega una forma de construcción del país.

Asientos cada vez más incómodos

No hemos ido por ese camino. Permítanme ilustrar la idea con un ejemplo. Leí hace unos días un artículo con el curioso título “No son imaginaciones tuyas, el asiento de los aviones es cada vez más incómodo”, publicado en Xataka, por su editor, Miguel Jorge. Habla de la reducción del tamaño de los asientos en los aviones. De la historia de ese proceso, de su origen, de su lógica.

Antes de 1978, dice, “las aerolíneas en Estados Unidos funcionaban como servicios públicos regulados. Las tarifas, rutas y estándares básicos (incluidos el espacio entre asientos y el trato al cliente) eran supervisados por el gobierno federal. Los billetes eran más caros que hoy, pero incluían servicios como equipaje facturado, comida y asientos con dimensiones acordes al cuerpo humano medio”.

Pero el escenario cambió de forma drástica con la Airline Deregulation Act. “Una legislación que abrió el sector a la competencia en nombre del libre mercado”.

La promesa –agrega Jorge– “era que las tarifas caerían y el servicio mejoraría. En la práctica, tras una breve explosión de nuevas compañías, el mercado se consolidó rápidamente hasta el oligopolio actual: cuatro aerolíneas (American, Delta, United y Southwest) controlan el 80% del mercado estadounidense”.

En ese nuevo entorno de “libre competencia” la eficiencia operativa era la prioridad absoluta. La reducción del espacio disponible para cada pasajero era la herramienta clave para aumentar los márgenes de ganancia sin subir los precios.

“Esta reducción ha llegado a un punto crítico: estudios señalan que más de la mitad de los pasajeros ya no caben cómodamente en los asientos estándar”. El espacio entre asientos, que los años 80 del siglo pasado era de 90 cm en media, se redujo a 80 en aerolíneas regulares y a 70 en las low cost, mientras el ancho de los asientos se reducía 5cm.

En Europa la pérdida progresiva de espacio, servicios y comodidad a bordo, comenzó un poco más tarde, en la década de 1990, dice Jorge. Su detonante regulatorio fue la liberalización aérea europea, que se desarrolló entre 1987 y 1997. “El punto de inflexión más claro fue el llamado Tercer Paquete de Liberalización (1992-1997), que culminó en la creación del cielo único europeo, permitiendo que cualquier aerolínea de la UE operara libremente dentro del espacio comunitario sin restricciones de rutas ni tarifas”.

La reducción del tamaño de los asientos, concluye Jorge, no es una anomalía puntual, sino una manifestación tangible del modelo económico implantado desde 1978, “un sistema que ha priorizado la eficiencia económica sobre la salud y la dignidad del pasajero”.

Ese proceso de reducción del espacio de los asientos es el mismo iniciado aquí con la privatización de los servicios, de los bancarios, de obra pública, de educación, de salud, de telecomunicaciones, siempre con la promesas de mayor competencia, de mejores servicios, de precios más bajos, el mismo engaño que hace que hoy una cantidad importante de personas ya no quepa cómodamente en el asiento del avión.

El proyecto 4×3

Nos prometen grandes beneficios con el proyecto 4×3: 12 horas de trabajo, cuatro días por tres de descanso. Aseguran que, beneficiadas las empresas, crecerán las inversiones y los trabajos mejor pagados. ¡Cómo iba a ocurrir al eliminar las regulaciones en el transporte de pasajeros en aviones!

Andrea Castro Tanzi, una mujer vinculada al mundo de los negocios, hace un notable análisis de las consecuencias de ese proyecto, en un artículo publicado en Delfino, el pasado 28 de junio. Explica como ni el carácter “voluntario” de la medida, ni los beneficios para la vida de los trabajadores funcionarán en la práctica. Entre esos “beneficios” se incluyen un mejor balance vida-trabajo, la reducción de estrés, una mayor satisfacción laboral y mejor salud mental y física. “¡Lindísimo!”, afirma Andrea Castro.

“Tengo que reconocer que este proyecto aporta altos beneficios económicos”, agrega. “Las empresas que la implementen obtienen reducción en costos laborales del 23% al 28%, promedio 25%”.

Pero –señala– esa evidencia se basa en días laborales de ocho horas. No de doce, como plantea este proyecto. “Una jornada de doce horas significa mínimo catorce fuera de casa, en un país donde el transporte público no es continuo ni eficiente, menos en zonas alejadas”.

Con estos horarios, muchas mujeres tendrían que trabajar hasta quince horas al día, por cuatro días seguidos, sin sumarle las horas de traslado. ¿Cuándo descansarían?, se pregunta.

No es difícil estimar que los resultados de este proyecto serán los mismos que los logrados con la desregulación de los servicios aéreos. En teoría, dice Castro, las empresas “podrían usar estas reducciones para bajar tarifas y ser más competitivas”. Pero “la evidencia sugiere que entre el 80% y el 90% de las reducciones de costos laborales lo que producen son mayores márgenes de ganancias”.

Además, estudios de la Cepal muestran que, en América Latina, reducciones agresivas de costos laborales generan empleos precarios y temporales, no necesariamente estables o dignos.

La conclusión es que “los grandes beneficios de esta Ley no parecen ser para quienes se sacrifican. Los empleados ganarían 23-28% menos en ingresos netos por eliminación de horas extras”.

“La CCSS también pierde: menos contribuciones y mayores costos de atención por deterioro físico y mental de jornadas extendidas. Si cada trabajador bajo este esquema aporta 25% menos, pero requiere más atención médica por los riesgos asociados a jornadas de 12 horas, la matemática no cuadra”.

“No puedo evitar preguntarme por qué quienes gobiernan y legislan están empeñados en aprobar una ley que afectará al 6% de la población, imponiendo jornadas prolongadas y reducciones salariales con repercusiones sobre miles de familias”, concluye.

Deportar a los nacionales

Me parece que pocas decisiones recientes revelan mejor la desorientación política que impera en el país. La Asamblea Legislativa aprobó en mayo pasado –de manera unánime– una reforma al artículo 32 de la Constitución que autoriza la deportación de ciudadanos nacionales en casos de narcotráfico y terrorismo.

Cerca de un mes después, el 24 de junio, aprobó –de nuevo por unanimidad– dispensar de trámite, evitar su discusión en comisión, el expediente 25.036, de “Reforma a la Ley de Extradición”. Se trataba de poner al día la ley, de acuerdo con la reforma constitucional aprobada un mes antes, luego aprobada también por unanimidad.

En realidad, se trata de una reforma con destinatario único: darle a Estados Unidos el derecho de intervenir en el funcionamiento de nuestro estado de derecho. A partir de entonces quedan los ciudadanos costarricenses a disposición de los tribunales y de los diversos órganos policiales de los Estados Unidos. Ellos decidirán de quienes les interesa solicitar la extradición, cuándo hacerlo, mientras aquí este gobierno (y otros, que vendrán) se sentirán encantados con esta nueva arma política ahora disponible.

¿Es la justicia norteamericana particularmente eficiente en la represión del crimen en su país? ¿Muestran algún avance en la represión a la delincuencia organizada? ¿Contribuye eso a fortalecer el sistema judicial costarricense? ¿Implica eso mayor justicia en el país? ¿Son Colombia, o México, países más seguros gracias a la posibilidad de extraditar a sus ciudadanos a Estados Unidos?

Me parece fácil responder con un “no” a todas esas preguntas. Pero aquí ni un solo diputado –¡ni uno solo! – se opuso a una ley que no resuelve ningún un problema. Y que, como veremos, provoca muchos otros.

No se trata de extradiciones solo por delitos comunes, sino también los políticos, pues no otra cosa es la calificación de “terrorista”, como nos recordaba Caitlin Johnstone, una periodista, ensayista, pintora, poeta, basada en Melbourne, Australia. “Terrorismo es solo una etiqueta que significa cualquier cosa que los países de Occidente necesiten”, afirma. Me parece que tiene bastante razón. Y aunque algunos digan que los tribunales costarricenses tendrán la última palabra en esa calificación, no me parece difícil suponer que la decisión, además de jurídica, será también política.

Un país no debe entregar a sus ciudadanos (aun los más miserables) a la justicia de otros países. Es su responsabilidad juzgarlos. Estados Unidos, desde luego, no lo hace. Y me parece una vergüenza que ni un solo dirigente político haya rechazado esa medida. ¡Nada refleja mejor la crisis política que vivimos!

Avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción

El pasado 11 de julio el diario español El País publicó una entrevista con el político, diplomático y escritor francés Dominique de Villepin. Es un hombre de derecha, que se refería a los desafíos que enfrentan los países europeos. “Hemos visto crecer a los partidos extremistas”, afirmó, una polarización que provocó tensiones, “haciendo olvidar la realidad de unas políticas que no han sido ambiciosas ni fieles al espíritu republicano”.

¿Cuáles?, se preguntó el periodista. “Una clave es la degradación de los servicios públicos. La escuela, los hospitales y todo lo que formaba el sentimiento de protección”, afirmó.

Me parece que da en el clavo: ¡la degradación de los servicios públicos! Es la esencia del neoliberalismo: las privatizaciones.

Faltan pocos meses para las elecciones del año que viene y no aparecen alternativas. ¿No será posible conformar un grupo capaz de diputados cuyo objetivo sea revertir la degradación de los servicios públicos? ¿No tendríamos ahí una razón para votar con esperanza?

Naturalmente, no todo se podrá hacer a corto plazo, pero hay que reivindicar la idea, sembrar la esperanza.

¡No es demasiado tarde para intentarlo! Creo que vale la pena.

FIN