La deriva a la que se dirige Costa Rica en los próximos meses es tal vez la de mayor riesgo en toda su historia democrática.
La ecuación populismo + inseguridad + efectismo, podría terminar de dar la estocada a ese proyecto sociocultural que se viene clausurando desde hace varios años en que integración horizontal y consenso vertical aseguraron las reglas del juego social e institucional.
La reciente aprobación en segundo debate legislativo, del proyecto de instalación de una megacarcel en el país, plantea un cambio sin retorno hacia una peligrosa transformación en el procesamiento de las demandas sociales.
Este hecho pasó sin mucho análisis, quizá porque es tal la perplejidad y cansancio o tal vez porque se prefiere una respuesta de tal magnitud ante la incontenibilidad de la violencia que no cede. Prefiero pensar en la primera opción.
Un proyecto que le otorga 8.000 millones de su presupuesto ordinario para ofrecer una respuesta represiva al crimen organizado dice mucho de esa sociedad que somos y que ya no podemos obviar. Nos estamos acercando de forma alarmante a ese espejo que nos devolverá una imagen que nunca quisimos ver.
Hace algunas semanas, el valiente equipo periodístico de El Faro, proyecto de comunicación independiente y alternativo de El Salvador, sacó a la luz pública una investigación en la que obtuvieron información sobre lo que había pasado con ciudadanos comunes, detenidos y enviados a la cárcel modelo instalada por el gobierno de Nayib Bukele.
Según cuenta la publicación, las narraciones son atroces: asesinatos perpetrados a golpes por custodios; torturas elaboradas que implican colgar gente, colocarles ladrillos o usar gas lacrimógeno; abortos; enfermedades sin atención y hambre extrema. Todo esto narrado por 27 personas liberadas de este régimen carcelario, que no eran pandilleros y que vivieron en primera persona los horrores extremos a los que fueron sometidos en ese “modelo” al cual Costa Rica acude ahora alegre, rápida y peligrosamente.
Lo de El Faro es otra consideración que debe hacerse notar. Es de sobra conocido que la mayoría de su equipo periodístico tuvo que salir de El Salvador como consecuencia de su enfoque crítico en contra de las acciones gubernamentales.
En Costa Rica hemos estado observando que algunos periodistas empiezan a perder su empleo o son removidos como producto de sus opiniones y enfrentamientos con el poder ejecutivo: una peligrosa tendencia que podría anunciar los refrenos a la libertad de expresión, de la que tanto hemos hablado como reducto de un otrora sistema democrático robusto.
A la vuelta de la equina, dentro de poco, un proceso eleccionario anuncia una bizagra hacia una época de la cual podríamos no salir exitosamente como país. El tema securitario será sin duda la apuesta hacia la continuidad de quienes hoy nos gobiernan, utilizando la megacarcel como proyecto estrella al que estamos seguros la población apoyará luego de un hábil manejo comunicativo.
Seamos críticos y pongamos estos escenarios en perspectiva. Luego podría ser demasiado tarde.
Desde la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) celebramos la acción responsable de la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa de rechazar la vía ultrarrápida defendida por unos codiciosos legisladores para aprobar el proyecto de jornadas excepcionales, mejor conocida como jornada 4×3.
Ahora les queda a los diputados una tarea pendiente, retirar definitivamente este nefasto proyecto y archivarlo, porque lejos de pensar en el bienestar de las personas trabajadoras, es un despropósito que legitimaría las ´peores condiciones de trabajo.
Este proyecto instrumentalizado por el PUSC y el chavismo pretende acabar con una de las principales conquistas de la clase trabajadora del mundo: la jornada de 8 horas. Un intento más del gobierno de Rodrigo Chaves Robles para imponer una política criminal y depredadora de los derechos laborales, que solo busca abaratar los costos de la producción, sacrificando los ingresos, la salud ocupacional y el bienestar de las personas trabajadoras y sus familias.
“Desde UNDECA hemos sostenido, reiteradamente, que la jornada 4×3 significa un retroceso en materia laboral y un impulso a la esclavitud moderna en Costa Rica, mientras que en otras latitudes avanzan hacia jornadas semanales más cortas, aquí buscan aumentarlas”, detalló Martha Rodríguez, secretaria general adjunta del sindicato.
Esta posición es respaldada por calificados estudios técnicos e investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que confirman que una jornada laboral de 40 horas semanales es lo ideal, y que los trabajos de 8 horas diarias con dos días de descanso son más convenientes para empleadores y las personas trabajadoras.
Necesidad de defensa del sistema electoral costarricense
Costa Rica no nació democrática: se hizo democrática. Y en ese hacerse, el sistema electoral ha sido una de sus conquistas más costosas, más frágiles y más dignas de defensa. Desde el Pacto de Concordia de 1821, pasando por las constituciones de 1844, 1871 y 1949, el país ha ido tejiendo una institucionalidad electoral que no es sólo norma jurídica, sino pacto ético, memoria de sangre y promesa de convivencia.
Sin embargo, ese tejido ha sido desgarrado muchas veces. Durante los siglos XIX y XX, Costa Rica vivió numerosos golpes de Estado y rupturas del orden constitucional: en 1870, Tomás Guardia derrocó a Jesús Jiménez; en 1917, Federico Tinoco impuso una dictadura tras derrocar a Alfredo González; y en 1948, la guerra civil fue el desenlace de una crisis electoral sin garantías. Estos episodios nos recuerdan que la democracia no es irreversible, y que los riesgos de regresión autoritaria nunca desaparecen del todo. Hoy, en medio de una polarización creciente, no estamos exentos de esos peligros. La historia nos advierte: cuando se debilita la confianza en las instituciones electorales, se abre la puerta al caos.
El Pacto de Concordia fue la primera semilla constitucional. La Constitución de 1949, en cambio, emergió como un árbol que brotó tras la tormenta, con raíces hundidas en el dolor de una guerra fratricida. Por siglos, Costa Rica ha cultivado una institucionalidad electoral que no es sólo norma: es espacio de convivencia de ideas y contradicciones dialécticas. Pero también es escudo contra el odio, que hoy parece renacer entre las cenizas de una democracia incendiada desde la propia casa presidencial.
Las elecciones no son un trámite. Son el ritual civilizatorio que permite dirimir diferencias sin violencia, renovar liderazgos sin rupturas y expresar la voluntad popular sin miedo. Pero para que ese ritual funcione, se requiere un sistema electoral confiable, imparcial y respetado. En Costa Rica, ese sistema ha sido construido con dolor: una guerra civil de 40 días en 1948, con más de 3.000 muertos, fue el precio que pagamos por no tener garantías suficientes. La institucionalidad que surgió después —el Tribunal Supremo de Elecciones, la ciudadanía universal, el voto secreto— no fue obra de élites en escritorios, sino respuesta a una fractura nacional que aún duele.
Antes de 1948, el sistema electoral era imperfecto. Las anécdotas familiares lo confirman: funcionarios que manipulaban sellos, papeletas listas para el fraude, y una cultura política donde la pureza electoral era bandera de quienes habían violentado su esencia. La guerra no sólo dividió familias, como la mía, sino que instauró un régimen de facto que prohibió partidos, encarceló líderes como Manuel Mora y Carmen Lyra, y mutiló la democracia política. Recordar ese episodio no es revanchismo: es pedagogía histórica. Es advertencia.
Hoy, en medio de una polarización creciente, se empuñan armas verbales contra el Tribunal Supremo de Elecciones. Se le acusa de parcialidad, de incapacidad, de no ser árbitro confiable. Pero esas acusaciones, cuando no se sustentan en pruebas sino en pasiones, erosionan la confianza pública y abren la puerta a escenarios que ya conocemos: exclusión, odio, violencia. La ética electoral no está sólo en el conteo de votos, sino en el respeto a las reglas, en la aceptación de resultados, en la defensa de las instituciones que nos permiten convivir.
Yo mismo he dejado de votar en ocasiones, sin saber que esa omisión permite que, con poca representatividad, los peores nos gobiernen. Hoy, sin embargo, entiendo que votar no es sólo un derecho: es una responsabilidad ética. Es un acto de memoria. Es decirle al país que no queremos otra guerra civil, que valoramos lo que costó construir este sistema, y que estamos dispuestos a defenderlo con la palabra, con el voto, con la historia.
La democracia no se hereda: se cultiva. Y el sistema electoral costarricense, con sus luces y sombras, es uno de sus pilares más sagrados. No lo destruyamos con ligereza. No lo erosionemos con odio. Recordemos que detrás de cada urna hay una historia de dolor, una promesa de paz, y una ética que nos llama a defender la democracia electoral.
Chocheras de Poder: Pilar y el sillón mullido de sus contradicciones políticas
Ya no soy un chiquillo, me acerco ya al “sexto piso” y celebro que, hasta ahora, no me han dado ‘chocheras’ de viejillo… a la que si parece que le dieron es a doña Pilar Cisneros, ahora que decidió al llegar a la etapa más madura de su vida, el meterse en una aventura política extremista, de clara inclinación populista de derecha autocrática, al ser la caja de resonancia del máximo líder de esa tendencia que ha conocido el país, cuidado y, más bien, no es ella la creadora del personaje ’mesiánico’ de Rodrigo Chaves Robles, lo que contradice la imagen seria y objetiva de la antes presentadora y directora de Telenoticias, que tenían la mayoría de costarricenses.
Pilar Cisneros llegó al Parlamento con la autoridad mediática que le dio la pantalla, y con ella trajo un rosario de contradicciones que hoy ya no son anécdotas sino piezas centrales de su trayectoria política; la diputada que advertía del peligro de “un Chávez” terminó siendo una de las principales voces que amplifican al líder al que antes temía.
En una entrevista difundida en medios y en su paso por programas como el de Claudio Alpízar, Cisneros dijo con sorna que quienes la esperaban entrando en política debían “buscar un sillón bien mullido, para que esperen sentados porque nunca me verán en política”, una frase que hoy choca con su activismo legislativo y su rol como jefa visible del oficialismo.
Esa capacidad de virar resulta especialmente inquietante cuando se observa que quienes la cuestionan públicamente la acusan de incoherencia ideológica y déficit técnico; analistas y comentaristas han destacado el contraste entre su desempeño actual y la imagen profesional que cultivó como periodista, criticando su conocimiento sobre mecanismos electorales y su papel como oradora sin teleprónter.
La cercanía evidente con la agenda ejecutiva se ha traducido en decisiones prácticas: desde iniciativas para retransmitir las conferencias presidenciales por canales propios hasta gestos de defensa frontal de la gestión gubernamental, incluida la compra simbólica de un trípode para “ayudar” en las transmisiones o el pago de troles en redes sociales, actitudes que alimentan la percepción de que su paso del periodismo a la política fue menos una conversión de convicciones que una alineación estratégica con un proyecto de poder concreto.
Los medios que han seguido su carrera han documentado un patrón de promesas rotas y declaraciones previas que hoy suenan contrarias a su práctica política; la narrativa de “yo no voy a entrar en política” figura hoy como un eje de esa acusación sobre una carrera marcada por contradicciones públicas que antes eran puntos de credibilidad profesional y ahora son munición para quienes la califican de oportunista.
Las controversias no se limitan al discurso: Cisneros figura entre los señalados en la investigación por supuestas irregularidades en el financiamiento electoral vinculadas a la campaña de 2022, una contradicción más que la Pilar periodista hubiera indagado y denunciado con vehemencia y, ahora, más bien la lleva a defender y negociar en la Asamblea Legislativa, la inmunidad presidencial, por ese y otros de los casos que siguen su curso en la Fiscalía y en la Corte.
Sus ataques a instituciones y críticas duras al Poder Judicial han provocado respuestas públicas de esas mismas instituciones, que han cuestionado sus cifras y su relato sobre presupuestos y eficiencia, lo que alimenta la tesis de que su storytelling mediático muchas veces se sostiene más en la contundencia retórica que en la verificación documental.
Cisneros encarna hoy la mayor contradicción: fue la periodista que advirtió sobre el caldo de cultivo para un populista y es la política que, con micrófono y redes, orienta y dirige la narrativa del gobernante al que aquella advertencia parecía destinada. Esa mutación merece, más que insultos o risas, un escrutinio riguroso porque lo que está en juego no es solo la coherencia personal de Cisneros, sino la salud de las instituciones cuando figuras públicas cambian de rol y de lealtades sin saldar las preguntas que dejan detrás.
Porque, como dijo Rubén Blades, parafraseando a Lord Acton, “el poder no corrompe, el poder desenmascara”.
El Partido Vanguardia Popular condena con firmeza la estrategia terrorista de la ultraderecha venezolana, supuestamente en complicidad con la embajada de Estados Unidos, para planear provocaciones violentas que sean utilizadas como pretexto para una intervención militar. Las denuncias hechas por el Gobierno venezolano respecto a una operación de “falsa bandera” con explosivos contra la embajada estadounidense en Caracas no pueden ser ignoradas.
Estas acciones son parte de un guion recurrente del imperialismo, fabricar un conflicto, asignar culpables y luego invocar “responsabilidad internacional” como justificación para invadir. No es una exageración. Basta recordar las operaciones encubiertas históricas donde diarios episodios sirven de pretexto para agresiones externas.
Venezuela ha sido clara, se reforzaron las medidas de seguridad diplomática, se alertó a embajadas europeas y se pidió al gobierno de EE.UU. tomar nota del complot.
Estas advertencias no pueden tomarse como propaganda sin más; exigen atención al contexto de agresión continua que sufre ese país.
Por ello, el Partido Vanguardia Popular hace un llamado a:
– La solidaridad internacional con Venezuela, denunciando cualquier maniobra que pretenda justificar una intervención extranjera.
– Vigilar las estrategias mediáticas y diplomáticas de las potencias imperialistas, que históricamente fabrican enemigos para consolidar su dominio.
– Respaldar las medidas del Gobierno venezolano para salvaguardar la paz regional.
Ni provocaciones ni mentiras servirán para legitimar invasiones. Solo la verdad, la unidad y la resistencia pacífica pueden frenar los planes de dominación que amenazan la soberanía de los pueblos latinoamericanos.
Tasa de homicidios en Nosara es comparable con ciudades más peligrosas del mundo
Esteban Barboza Aarón Chaves
La mayoría de las categorías delictivas en los distritos costeros con mayor desarrollo turístico e inmobiliario en Guanacaste disminuyó en número en 2024 en comparación con 2023; sin embargo, la cantidad de delitos cometidos sigue siendo muy alta tomando en cuenta la cantidad de habitantes y visitantes de esos distritos, y en comparación con distritos con menor desarrollo turístico en la provincia.
La desigualdad persistente que genera un desarrollo inmobiliario acelerado y desordenado en distritos como Nosara, Tamarindo y Sardinal, además de un mercado de venta y consumo de drogas como parte de las experiencias de desenfreno prometidas a visitantes en los imaginarios turísticos de esos destinos, parecen ser las explicaciones más plausibles de los altos índices delincuenciales de estas zonas costeras en comparación con distritos no costeros, con excepción de las cabeceras centrales de Nicoya, Santa Cruz y Liberia.
En cuanto a homicidios, si bien es cierto su número descendió de 44 a 34 de un año a otro en las regiones litorales con mayor desarrollo turístico, los datos de Nosara son realmente alarmantes. En el 2024 se registraron 11 homicidios, dos menos que en 2023. Sin embargo, con una población de 8716 habitantes, según los datos del censo de Nosara de 2024, el distrito tuvo una tasa de homicidios, el año pasado, de 125 homicidios por cada 100 000 habitantes.
Esto coloca a Nosara al mismo nivel de ciudades como Puerto Príncipe, en Haití, o Colima y Acapulco en México, que son las tres ciudades con mayor índice de homicidios del mundo en la actualidad. La mayoría de homicidios se debió a ajustes de cuentas entre bandas que se disputan el mercado de trasiego de drogas.
La forma de medir los homicidios por cada 100 000 habitantes es un estándar internacional, utilizado por la Organización Mundial de la Salud, que también señala que una tasa mayor de 10 muertes por homicidios por cada 100 000 habitantes ya se considera una epidemia. Nosara supera esa cifra doce veces y media.
Otro rubro en el que este distrito costero destacó por sobre los demás es en el robo de vehículos. De registrar 13 robos en 2023, pasó a 29 en 2024. Es decir, el número subió a más del doble en un año. Esta cifra fue bastante alta también en los casos de Tamarindo y Sardinal, como se puede observar en el gráfico siguiente.
En términos generales, en los distritos costeros de mayor visitación la cifra de robo de automotores creció de 106 casos reportados en 2023 a 118 casos al año siguiente. La tacha de vehículos en estos distritos turísticos sí disminuyó considerablemente, de 116 en 2023, a 63 en 2024. El igual que en el 2023, y según se puede observar en la figura 3, Tamarindo y Cabo Velas son los distritos con mayor número de vehículos tachados en ambos años.
Finalmente, los robos, hurtos, y asaltos en los distritos costeros de Guanacaste mostraron una leve disminución entre 2023 y 2024. Los primeros pasaron de 381 casos registrados en 2023, a 361 en 2024. Los hurtos pasaron de 494 a 398, y los asaltos de 150 a 133. En esta última categoría, Tamarindo fue el único distrito que tuvo más asaltos en 2024 que en 2023. De registrar 41 casos en 2023 pasó a reportar 47 al año siguiente.
Si bien existe una leve disminución, tal cantidad de hechos delictivos en los distritos con mayor desarrollo de infraestructura turística, segundas residencias y visitación de turistas, sigue provocando la pregunta de si estas altas cifras de incidentes son una amenaza al sistema turístico regional, o un síntoma del modelo extractivista del mismo.
La conflictividad socioambiental, la especulación inmobiliaria, la escasez de recursos vitales como el agua, la falta de oportunidades para los habitantes locales dentro de la derrama simbólica que promete este tipo de turismo, un amplio mercado para la venta de drogas ilícitas, y una simbiosis institucional con este tipo de modelos extractivistas parece ser la combinación que contribuye al elevado índice de delincuencia en la región. Estas cifras definitivamente son indicadores de un problema serio que la mayoría ve como una amenaza al sistema turístico de Guanacaste, pero que pocos ven como una consecuencia inevitable de la forma en que este sistema se conforma.
Al tiempo que las autoridades tratan de amenizar estos datos, o bien celebrar la leve disminución de casos en la mayor parte de las categorías, surgen también las preguntas en cuanto a los posibles efectos de estos sucesos en el turismo en Guanacaste, e incluso nacional a mediano y largo plazo.
Si bien es cierto, este 2025 ha habido un menor ingreso de turistas al país, no se puede alegar a ciencia cierta que esto sea por razones de seguridad. La literatura científica ha comprobado que la imagen de un país en el escenario turístico internacional no se deteriora de un día para otro por razones de seguridad, a menos que sea por casos muy graves como una guerra.
Sin embargo, esta situación podría cambiar con el tiempo, como se ha demostrado que sucede en destinos con un deterioro de su imagen en temas de seguridad prolongada y constante, que con el tiempo se refleja en la baja de visitación. Esto podría ser un problema a mediano plazo, sobre todo porque Costa Rica, y en especial Guanacaste, son altamente dependientes de turistas extranjeros.
Sin embargo, lo que más debe llamar a la reflexión es la clara relación entre el modelo de desarrollo turístico dominante en Guanacaste y el crimen. Este último se nutre de la desigualdad, la falta de oportunidades, y de modelos de desarrollo e instituciones extractivistas. Esto hace que sea preciso impulsar formas más inclusivas de desarrollo turístico y de otras actividades económicas en la región, de forma que se creen más oportunidades y bienestar para la mayor parte de la población.
Para el año 2026 la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior se estableció en un monto de ₡593.484 millones. Estos recursos promoverán la equidad en el acceso a la educación, así como la mejora en becas, investigación, innovación y transferencia tecnológica, entre otros beneficios que impulsan el desarrollo del país. Sin embargo, junto con esta asignación presupuestaria, el contexto actual exige que las universidades cuenten con instrumentos adecuados para medir los resultados de sus acciones, considerándolo una necesidad estratégica y un medio de rendición de cuentas ante la sociedad.
La calidad universitaria ha sido tradicionalmente un ideal aspiracional que trasciende la simple satisfacción del usuario. Se concibe, más bien, como el resultado de una gestión integral que abarca todas las etapas del quehacer sustantivo de la institución. En este marco, la evaluación debe ser un proceso intrínseco, permanente y orientado a la mejora continua, en el que los indicadores de gestión actúan como insumos cuantitativos que vinculan las acciones institucionales con los logros deseados.
Las universidades costarricenses han dependido tradicionalmente de indicadores simples, como el número de estudiantes matriculados, las tasas de graduación, la proporción docentes/estudiantes, los porcentajes de retención o el número de publicaciones, entre otros. Si bien esos datos permiten monitorear ciertas tendencias, resultan insuficientes para reflejar la complejidad del sistema académico y las interrelaciones que se dan entre la docencia, investigación, extensión universitaria, gestión de la infraestructura y prestigio externo.
En el ámbito de la medición del desempeño universitario, el QS Latin America & Caribbean University Rankings 2026 constituye una clasificación regional elaborada por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS). Su propósito es ofrecer una evaluación comparativa entre las universidades de América Latina y el Caribe, considerando las particularidades propias de la región. Para ello, incorpora ocho indicadores: el de mayor peso relativo es la reputación académica (30%), seguido por reputación entre empleadores con 20%. Con una ponderación de 10% cada uno se incluyen los indicadores: profesores con doctorado, profesores por alumno, citaciones por artículo, red internacional de investigación; finalmente, con un 5% de peso relativo, se encuentra el impacto web y publicaciones por académico.
Las universidades públicas costarricenses ocupan posiciones modestas frente a sus pares regionales. La Universidad de Costa Rica (UCR) se ha consolidado como la principal institución del país en esta evaluación, al ubicarse en el puesto 19 en el ranking latinoamericano y la posición 499 de la versión global 2026 de QS. Por su parte, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Tecnológica Nacional se posicionan en los lugares 91, 96 y 115, respectivamente, dentro del ranking regional.
Para que las universidades públicas superen el estancamiento relativo observado en los últimos años, sería necesario revisar su planificación estratégica con el fin de alinear y equilibrar los esfuerzos institucionales hacia las dimensiones más valoradas por QS: reputación académica, reputación ante empleadores, producción científica, citaciones, relación docentes-estudiantes y visibilidad web.
En este contexto, la adopción institucional de un modelo interno de indicadores compuestos podría brindar a las universidades públicas una ventaja competitiva. Un indicador compuesto (IC) se genera cuando varios indicadores temáticos se integran mediante procesos metodológicos de normalización, ponderación y agregación. Diversos autores señalan que este tipo de índice permite medir fenómenos multidimensionales, como la competitividad académica, así como comparar de manera integral unidades internas (facultades, sedes) o incluso diferentes instituciones.
Los indicadores compuestos permiten integrar diversas dimensiones o áreas de interés, facilitan la comparación y sirven como herramienta para identificar qué componentes del quehacer sustantivo presentan rezagos: ¿son las citaciones? ¿la reputación internacional? ¿la proporción de investigadores con grados avanzados? Esta visión sistémica posibilita priorizar acciones estratégicas que generen un mayor retorno institucional.
Un indicador compuesto bien diseñado permite evaluar los efectos de las políticas institucionales, como la contratación de profesores con grado de doctorado, el estímulo a la producción científica o la mejora de la infraestructura digital, sobre el índice agregado. La divulgación del modelo metodológico y de los resultados internos proporciona una herramienta adicional para fortalecer la institución y mejorar su credibilidad ante organismos de acreditación, agencias de financiamiento, entidades gubernamentales y la sociedad en general. El uso de indicadores compuestos, siempre que se construyan con rigor y transparencia, puede transformar la manera en que una universidad orienta sus esfuerzos hacia la excelencia.
Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Pública Superior costarricense no solo deben crecer en volumen -número de estudiantes, edificios, flota vehicular-, sino también en coherencia, visibilidad y relevancia. Para lograrlo, no basta con ampliar el alcance de las mediciones existentes; es necesario medir con mayor precisión y pertinencia. Una política institucional que impulse la creación de un sistema interno de indicadores compuestos, confiable y ampliamente aceptado, puede resultar decisiva para que la institución supere su rango global, mejore su posición regional y, sobre todo, consolide su papel como referente académico nacional y motor de desarrollo social.
En un entorno en el que la calidad educativa se somete cada vez más al escrutinio internacional, y donde la virtualización y el acceso en tiempo real a educación de calidad permiten a los estudiantes elegir entre universidades de todo el mundo, serán aquellas instituciones que se gobiernen con datos -y no solo con intuición- las que lideren el futuro académico de Latinoamérica.
El Proyecto de Ley N.° 24.374 pretende legalizar la comercialización de información sensible de las personas. Esta propuesta busca legitimar el negocio de la venta de datos confidenciales, obtenidos por entidades financieras y comerciales de personas físicas o jurídicas privadas. En esencia, convierte la información personal en una mercancía más, intercambiada por una suma de dinero.
Este peligroso proyecto permitiría que personas y empresas recopilen, gestionen, almacenen, procesen y comercialicen información crediticia relacionada con el historial de pagos de individuos o empresas que figuran como deudores, codeudores o fiadores en operaciones de crédito otorgadas en Costa Rica. Es decir, parte de su historial privado podrá ser vendido y comprado sin su consentimiento, simplemente porque representa un negocio rentable para algunos, aunque eso ponga en riesgo su tranquilidad y seguridad.
Disfrazado como una iniciativa para proteger a los consumidores y facilitar el acceso al crédito, este proyecto propone que entidades privadas puedan acceder y vender información tanto del cumplimiento como del incumplimiento de las obligaciones crediticias, actualmente en poder de los acreedores. Los motivos detrás de esta propuesta son claramente mercantiles, ya que esas bases de datos tienen un valor de cientos de miles de dólares.
El proyecto obligaría a los entes que otorgan crédito a trasladar a empresas privadas tanto la información sobre morosidad como sobre créditos al día, datos que hasta hoy se consideran de carácter sensible.
“La información que se maneja es esencialmente información de incumplimiento, por falta de previsión expresa regulatoria. De esta forma, esta información resulta de cierta manera incompleta y no permite un análisis total de las situaciones”, indica el proyecto en su exposición de motivos.
La falta de control oficial sobre los datos de los créditos activos, los montos pagados mensualmente, los ingresos devengados, el efectivo manejado, y la situación de fiadores o codeudores, eleva exponencialmente el riesgo de que esa información personal circule entre terceros privados. Esto no solo vulnera la privacidad de las personas, sino que también puede ser utilizada para fines delictivos, como extorsión, secuestros o incluso asesinatos, en una Costa Rica cada vez más violenta e insegura.
Nada de lo que plantea este proyecto resulta necesario hoy en día, ya que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ente estatal, cuenta con una base de datos centralizada sobre toda la población costarricense. Dicha información puede ser consultada individualmente por los entes financieros formales que otorgan crédito, a través del Centro de Información Crediticia (CIC).
De hecho, hace pocos años las cámaras empresariales solicitaron, con acierto, que fuera el Banco Central de Costa Rica el único administrador del registro de accionistas, precisamente por la sensibilidad de esa información y el riesgo de que terminara en manos indebidas.
Resulta inaceptable que, por medio de una ley, se pretenda autorizar a empresas privadas para vender información personal y sensible de la ciudadanía costarricense. Cualquier error en esa información podría generar graves daños reputacionales y personales. Hoy más bien deberíamos eliminar del mercado a ciertas empresas que ya se lucran con parte de estos datos.
Existen compañías que hoy venden información personal obtenida de forma engañosa mediante cláusulas abusivas en contratos de adhesión, o bien comercializada ilegalmente, incluso hackeada de bases de datos. Muchas veces, además, se trata de información falsa. Contra este tipo de prácticas deberíamos actuar como sociedad para eliminar ese negocio ilegal y perjudicial.
Cerca de un millón de costarricenses han visto afectado su historial crediticio por entes financieros que, tras promover créditos de consumo sabiendo que comprometerían en exceso su capacidad de pago, hoy los acosan para cobrar. Con este proyecto, esas personas no solo deberán limpiar su historial ante la SUGEF, sino que también tendrán que lidiar con trámites, pagos y pérdida de tiempo para corregir su información en múltiples entidades privadas que podrían estar manejando sus datos sensibles.
Estamos conscientes del crecimiento de grupos delictivos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y mafias extorsivas, los cuales no dudarán en aprovechar estas brechas para su propio beneficio. Por una suma de dinero, podrían acceder a información sobre cuánto gana una persona, cuándo desembolsa dinero o cuándo paga sus créditos. No solo porque las empresas que negocian con esta información se los vendan, sino porque incluso podrían comprar dichas empresas o crear las suyas propias, todo de manera legal.
Llama la atención que algunos sectores que apoyan este proyecto, se opongan al mismo tiempo a que el Banco Central de Costa Rica pueda cruzar información para identificar riesgos en el manejo del dinero por parte de los intermediarios financieros —dinero que, al final, es de la sociedad. Incluso han propuesto que el BCCR no pueda acceder ni utilizar esa información, que con este nuevo proyecto se pretende dejar en manos privadas y disponibles para la comercialización.
Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil nos manifestemos en contra.
Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, informa a trabajadoras y trabajadores de la CCSS y a la opinión pública nacional que nuestro sindicato, en defensa de las funcionarias del Servicio de Farmacia del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia que se encuentran en período de lactancia materna, ha solicitado la intervención directa de la presidenta de la CCSS.
Esto a raíz de situaciones reiteradas de trato desigual y discriminatorio en la asignación de tiempo extraordinario, que afectan directamente el ejercicio de la licencia de lactancia, derecho protegido por el Código de Trabajo, la Ley 7430 de Promoción de la Lactancia Materna y convenios internacionales como el Convenio 183 de la OIT.
Durante más de dos años, UNDECA ha presentado denuncias ante las autoridades institucionales, señalando que la jefatura y dirección médica del hospital han establecido condiciones diferenciadas y excluyentes para las trabajadoras en período de lactancia.
La intervención directa de la Junta Directiva de la Caja es urgente ante la seriedad de estas denuncias y abre el camino para que se determinen las responsabilidades institucionales correspondientes.
UNDECA reafirma que la licencia de lactancia es un derecho irrenunciable y de orden público, y exige a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las autoridades del Hospital Calderón Guardia que cesen toda práctica discriminatoria y adopten medidas correctivas inmediatas.
UNDECA continuará acompañando y defendiendo a las trabajadoras afectadas, y hace un llamado a todo el personal de la institución a mantenerse vigilante, organizado y unido en la defensa de sus derechos laborales y sociales.
El Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) manifiesta su rechazo contundente al uso del término “malicia indígena” en la reciente campaña de ciberseguridad, publicada bajo el título “La sabiduría costarricense al servicio de la ciberseguridad”.
Aunque la intención declarada sea educativa, esta campaña reproduce estereotipos coloniales que asocian lo indígena con la astucia, la desconfianza o la “trampa”, banalizando siglos de conocimientos, cosmovisión y sabiduría ancestral de nuestros pueblos. La frase “malicia indígena” no representa la identidad de los pueblos indígenas, sino que refuerza un prejuicio histórico que busca caricaturizar nuestra inteligencia y nuestra forma de relacionarnos con el mundo.
Nuestros saberes no son malicia: son conocimiento, intuición, resiliencia y respeto por la vida y la Madre Tierra. Reducirlos a un juego de palabras para explicar cómo “no dejarse engañar” en internet es una forma de violencia simbólica que invisibiliza nuestra dignidad, nuestra historia y nuestra contribución a la sociedad costarricense.
Desde el FRENAPI hacemos un llamado a las instituciones y medios de comunicación a evitar el racismo cotidiano disfrazado de humor o creatividad, y a reconocer que la identidad indígena no puede ni debe ser utilizada como recurso publicitario o educativo sin nuestro consentimiento y sin respeto pleno a nuestra historia y cultura.
Exigimos respeto, conciencia y rectificación inmediata del uso de este término. La sabiduría indígena no es “malicia”: es vida, memoria y resistencia viva en nuestros territorios.
Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI) Por la defensa de la vida, la Tierra /Territorios y la autodeterminación de Los Pueblos Indígenas
