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Conferencia «Las iglesias de Costa Rica y Nicaragua durante la Campaña Nacional 1856-1857»

La Academia Morista Costarricense y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional, se complacen en invitarle a la conferencia Las iglesias de Costa Rica y Nicaragua durante la Campaña Nacional 1856-1857 por la Dra. Carmela Velázquez Bonilla.

La conferencia será virtual el miércoles 16 de julio a las 4:00 p.m. y se transmitirá por los facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/ y Facebook Academia Morista Costarricense https://academiarorista.org/

Presentación del libro «Esta es la danza de la serpiente»

El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional se complace en invitarle a la presentación del libro Esta es la danza de la serpiente de Maty Crespo y con la participación de Beatriz López Odio y Aurelia Valentina Dobles.

La actividad se realizará el martes 15 de julio a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica   https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Las lluvias de abril

Wilson Picado Umaña
Rafael Díaz Porras
Gerardo Jiménez Porras
Antonio Delgado Ballesteros
Investigadores del Proyecto “Cambio climático y relocalización del café en Los Santos, Costa Rica”, CINPE, Universidad Nacional, Costa Rica.

Quizás ustedes también han escuchado este refrán: “Las lluvias de febrero se van para el sombrero, las lluvias de marzo se van para el canasto y las lluvias de abril se van para el ferrocarril”. Habla del café, de su cosecha. De la relación entre la cosecha y las lluvias.

Sin decirlo, habla de la floración del café, de la “florea” del café, mejor dicho. De su ocurrencia en tres de los meses más secos del año en Costa Rica. O los más secos, para ser precisos. De la importancia de la florea en la cosecha de café dependiendo del mes en el que ocurra. Y habla de la figura del ferrocarril, del mercado, del puerto. El dinero y la bonanza que deparaba una gran cosecha.

Es un refrán sabio, como suele pasar con estos. Trata de procesos y datos que hoy desvelan a la ciencia, al gobierno y a la ciudadanía: la relación entre el clima y la producción agrícola. Habla de la oportunidad de las lluvias, de su justa ocurrencia para que la florea de café anticipe una buena cosecha, canastos llenos y ferrocarriles a rebosar.

Pero habla además de la incertidumbre. De lo que puede pasar si llueve antes o después, en mal momento, en el mes y de la forma menos indicada. Que la florea sea buena o mala.

Como otros cultivos, el café es una actividad muy sensible a las variaciones climáticas. Y como otros cultivos, los expertos pintan un futuro complicado debido al impacto del cambio climático. Abundan las proyecciones. Algunas afirman que en 2050 desaparecerá el 50 por ciento de las tierras más aptas para café del mundo. Otras, que será un futuro de pérdidas para algunas regiones y de ganancias para aquellas donde las variaciones climáticas sean menos acentuadas.

Se dice que el café arábica perderá y que el robusta ganará. Sin embargo, otros estudios advierten que la variabilidad climática afectará a los dos.

Los territorios del café se moverán en el futuro, quizás por el clima, quizás por una mezcla de factores climáticos y de mercado. El café siempre ha estado en movimiento a través de su historia. Véase un ejemplo. Hasta 1950 la mayor parte del café cultivado en Costa Rica estaba situado en el Valle Central. Cuatro o cinco décadas después, el paisaje era otro: buena parte del territorio cafetalero estaba distribuido entre Occidente, Los Santos, Pérez Zeledón, Coto Brus, la Península de Nicoya y la zona norte del país.

Presionado por la urbanización y el auge de nuevos sectores en la economía, el café encontró suelos y climas óptimos más allá de la capital. Y creció. Muchísimo.

Sin embargo, incluso en esas tierras de expansión, el área cultivada se ha reducido poco a poco en los últimos años. En 2001, de acuerdo con datos del CATIE y del ICAFÉ, el país contaba con unas 113229 hectáreas de café. Apenas unos años después, el censo cafetalero del ICAFÉ demostró que dicha mancha había disminuido a unas 98 mil hectáreas entre 2003 y 2006.

Y siguió bajando. En 2012, el área era de unas 93774 hectáreas, mientras que en 2017-2018 era de unas 92652 hectáreas. A excepción de Coto Brus, Pérez Zeledón y, sobre todo, Los Santos, en el resto del país la extensión cultivada del grano ha caído en las últimas dos décadas.

Donde todavía crece el área de cultivo, lo hace buscando las montañas y, en menor medida, buscando las tierras bajas y cálidas. Entre 2012 y 2017-2018, según datos del ICAFÉ, más de 2 mil hectáreas de café fueron cultivadas por encima de 1400 metros de altura, especialmente en regiones como Los Santos. Y en esta misma región, y en otras, nuevos cafetales han sido plantados bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar.

El café se mueve, como ha pasado desde el siglo XIX y lo seguirá haciendo en el siglo XXI. Lo hará, sin embargo, en distintas circunstancias. Hay nuevas certidumbres en el sector: nuevas variedades, nuevos tipos de café y mercados, una participación mayor de las y los productores en la cadena de valor, múltiples iniciativas empresariales de pequeña y gran escala, y una cultura de la calidad que enorgullece a cada una de las regiones cafetaleras.

Pero también hay nuevas incertidumbres: las lluvias inusuales que causan enormes pérdidas en la cosecha, el impacto de los huracanes y las sequías, la migración del café a las tierras altas y su impacto ambiental, la transición generacional, las condiciones laborales del trabajo inmigrante y la convivencia no siempre pacífica entre el cafetal y el bosque en ciertas regiones del país, entre otras.

Se trata del cambio climático, seguro que sí. Pero, asimismo, se trata de un cambio estructural del sector no solo desde el punto de vista del mercado o de las instituciones, sino también social y ambiental.

A pesar de esto, se sabe mucho para enfrentar aquello sobre lo cual abundan las dudas en el futuro. El país cuenta con un extraordinario conocimiento acumulado sobre el café en las manos de las y los productores, de los micro y grandes beneficios, de las cooperativas y empresas privadas, y de la institucionalidad alrededor del ICAFÉ.

El refrán de las lluvias de abril habla de la incertidumbre. Pero, si lo leemos bien, también habla de la certidumbre, del conocimiento sobre lo que puede pasar ante la variabilidad no esperada. Es una breve reflexión ante lo desconocido y lo imprevisto.

Solo faltó decirnos lo que pasaría con las lluvias de mayo.

UCR, Voz experta: Alma Mater se escribe con a… ¿de autonomía o de autoritarismo?

Rosaura Chinchilla Calderón, docente en la Facultad de Derecho-UCR, jueza en materia penal.

Por. Rosaura Chinchilla-Calderón

In memoriam a Néstor Zeledón Guzmán, profesor emérito de la UCR

Desde hace décadas, tanto el Instituto de Estudios en Población (IDESPO) en la Universidad Nacional (2012) como el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en la Universidad de Costa Rica han medido las manifestaciones crecientes de autoritarismo en la población costarricense. Los acontecimientos-país de los últimos años confirman esa tendencia. El psicólogo social Marco Vinicio Fournier, apoyándose en Adorno, en su artículo El autoritarismo en Costa Rica (2023) destaca que, en condiciones sociopolíticas y culturales deterioradas y marcadas por la incertidumbre, las personas tendemos a refugiarnos en una personalidad autoritaria. Esta, entre otros rasgos, simplifica deliberadamente la realidad, muestra agresividad, rigidez e intolerancia; encuentra satisfacción en la sumisión, adopta normas culturales inflexibles y estereotipadas, desarrolla patrones de interpretación basados en el pensamiento mágico y dirige el enojo hacia grupos minoritarios de la sociedad. Aunque, según esos estudios, a mayor nivel educativo menor autoritarismo, es claro que este rasgo forma parte de un fenómeno cultural que permea a todos los colectivos y, por ello, la comunidad de la UCR no escapa a esa tendencia. Así las cosas, conviene repasar algunos eventos recientes a fin de encender las alarmas y hacer un llamado para que, desde todas las unidades académicas, empecemos a reflexionar sobre este tema.

Los hechos. Diversos eventos acaecidos en nuestra casa de estudios en los  últimos días deberían generarnos una profunda reflexión y ser objeto de encendidos análisis institucionales. Pese a ello, salvo escasos pronunciamientos públicos[1] han estado atravesados por un preocupante y generalizado silencio. Veamos:

i.- 30 de mayo: un funcionario administrativo de la Escuela de Estudios Generales de la UCR arranca carteles de protesta pegados por el estudiantado en un edificio universitario. Cuando se le graba e interpela, con respeto según se muestra en los videos públicos, por la razón de su actuación, aduce que “se viola la reglamentación universitaria” y, de inmediato, pide el apoyo de oficiales de la policía universitaria (que ya estaban en el sitio) a fin de exigir la identificación de las personas que lo captan y se verifique “si cuentan con carné universitario”. Los oficiales, sin embargo, valga destacarlo, muestran una actitud respetuosa y aunque no siguen los requerimientos del funcionario sí permanecen cerca. Algunas personas estudiantes denuncian otros actos de violencia presuntamente acaecidos en esa ocasión y refieren haber presentado un recurso de amparo.

ii.- 02 de junio: las máximas autoridades administrativas y docentes de la Escuela de Estudios Generales —es decir, de lo que debería ser la cuna del pensamiento crítico y el humanismo en la UCR, pues así fue concebida en el III Congreso—  suscriben un pronunciamiento conjunto en el que apoyan lo actuado por aquel funcionario. Nuevamente se alude a violaciones reglamentarias y que ese hecho “desencadenó una escala de violencia” (sic). Curiosamente, las autoridades que se dicen personalmente afectadas por los actos suscriben el pronunciamiento en solidaridad consigo mismas.

iii.- 03 de junio: un miembro del Consejo Universitario (valga indicar, el máximo órgano deliberante y decisor de las políticas universitarias) y representante del área de Ingenierías, presenta una moción para solicitar la intervención de la Unidad Especial de Intervención, policía adscrita a la Presidencia de la República, a fin de que esta diera el criterio técnico sobre cómo abordar las protestas estudiantiles. Ante intervenciones acertadas del resto del pleno, retira la moción. El órgano institucional, en un escueto comunicado, se limitó a describir lo anterior, sin calificar lo sucedido.

iv.- 03 de junio: La ex directora de la Escuela de Estudios Generales denuncia disciplinariamente a varios estudiantes, por su intervención en la protesta.

v.- 04 de junio: La Escuela de Estudios Generales efectuó la elección de su Dirección. Las instalaciones donde el acto se iba a desplegar tuvieron, desde primeras horas, una importante y atípica presencia de policías universitarios.

El marco jurídico. La protesta social es un derecho humano, integrante de la libertad de expresión, establecido en normativa nacional (Constitución Política) e internacional (CADH). Por tanto, no puede sancionarse (penal o disciplinariamente) a quien ejerce un derecho. Reglas jurídicas de menor rango, como reglamentos, no pueden dejar sin efecto normas constitucionales o convencionales. Por supuesto que ningún derecho es absoluto, sino que todos tienen límites derivados de otros derechos del mismo rango. Empero, para determinar cuándo ha habido exceso en el ejercicio de uno, debe hacerse un juicio de ponderación que solo pueden efectuarse las autoridades jurisdiccionales nacionales competentes, previo debido proceso iniciado por quien se dice afectado y asumiendo esta persona la responsabilidad por denuncias calumniosas o falsas. Así, si en el ejercicio del derecho de protesta social se cometen delitos (contra la propiedad, contra el honor, entre otros), las personas afectadas (solo ellas en el último caso) pueden plantear procesos para que tal cosa se verifique, pero no actuarse de forma directa o por las vías de hecho.

Por otro lado, ninguna policía nacional, y tampoco la universitaria con un marco jurídico mucho más reducido, puede exigir identificaciones solo porque así se le ocurra a alguien. La obligación de identificarse alude a la cédula de identidad o, en algunos casos, a la licencia de conducir, no a documentos de pertenencia institucional, y solo puede ser exigida por autoridades públicas en ejercicio legítimo de sus cargos, sin que pueda ser invocada abusivamente, como lo ha establecido múltiple jurisprudencia constitucional. Inclusive, la transgresión a ese deber de identificación es una simple contravención y no un delito.

Asimismo, en espacios públicos como es el campus, el derecho a la intimidad no es pleno, por lo que, en principio, cualquier persona puede documentar, inclusive con uso de material audiovisual, lo que suceda. Cualquier exceso en el uso de la imagen debe ser resuelto por los tribunales nacionales civiles o constitucionales.

Finalmente, la sola moción para pedir la intervención de la UEI no es un asunto menor. No solo se le está pidiendo a un órgano político (cualquiera que este sea) que asesore en un tema delicado y que toca el núcleo duro de la autonomía universitaria como es la protesta estudiantil, sino que se pretendía que lo hiciera una unidad policial  que ha estado en la palestra pública pues, desde noviembre 2024, vía decreto, se le modificaron sus competencias para quedar al mando directo de la Presidencia del Poder Ejecutivo, entidad que ha atacado —verbalmente y mediante el no giro de recursos— a las universidades públicas. Además,  se trata de la policía que, desde su origen,  ha estado ligada a operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. Es decir, con la referencia se implanta la idea subliminal de que la protesta social y estudiantil en particular tiene un ligamen con actividades delictivas. Esa ha sido, justamente, una de las excusas que han usado gobiernos autoritarios de la región, de derecha e izquierda, de ayer y de hoy, para intervenir universidades, lugares donde se gesta el pensamiento crítico, se articulan movimientos pro derechos y se denuncia y documenta la corrupción y la falsedad.

“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA). El proceso final de la escultura con su autor, en el taller de este. (Foto. Ilka Tremino)

La interpretación. Los elementos referidos son indicios de un ambiente cultural en donde, tal y cual sucede a nivel nacional, se ha dado un importante retroceso en el respeto de derechos humanos y de la autonomía universitaria. Si eso es preocupante en cualquier ámbito, más debería serlo cuando sucede en donde debería primar el pensamiento y la discusión crítica y argumentativa. Nótese que, con actuaciones de autoridades universitarias en ejercicio de sus cargos, se han efectuado tentativas de afectar el núcleo esencial de la autonomía universitaria, tradicionalmente asociado tanto a la imposibilidad de ingreso policial al campus académico como a la actuación del movimiento estudiantil que, con sus reivindicaciones desde la Reforma de Córdoba de 1918, hizo emerger la propia autonomía de las universidades. Es decir, intentonas de disminuir la autonomía provienen de lo interno de la institución.

La criminalización de la protesta estudiantil ha sido una constante en la región en el marco del ataque al pensamiento crítico por regímenes autoritarios y por avances en el desmantelamiento de la educación pública. Así fuertes represiones a la protesta estudiantil, ya a escala nacional, se han registrado en países como Colombia y Argentina en 2024, en Guatemala en 2022-2023, en Nicaragua y en México en 2018-2020, para no mencionar casos más remotos en toda América Latina.

Los eventos reseñados de nuestra Alma Mater deben llevar a cuestionarnos si, inclusive con nuestra pasividad, estamos escribiendo la historia institucional  con la “A” de la autonomía constitucional o la del autoritarismo de turno. Aquellos actos deberían generar honda preocupación, así como propiciar planes institucionales de capacitación general del personal docente y administrativo, incluyendo el policial, sobre cómo posicionarse democráticamente ante la protesta social y estudiantil.

El autoritarismo está entre nosotros, en nuestras sociedades, en el inconsciente colectivo  y no es un juego. Es imperativo que, en el marco de todos los cursos, de todas las actividades administrativas y de todos los procesos, empecemos a examinar nuestras propias actitudes cotidianas (por ejemplo, aquellas en donde una persona docente no da argumentos para evaluar) que condenan la diferencia, la inflexibilidad y el diálogo. Nuestros tiempos demandan argumentos y razones, no imposiciones.

[1] Cfr. entre otros: Observatorio de Bienes Comunes (Alerta en la UCR: una amenaza contra la protesta y la autonomía universitaria, 3 de junio); Centro de Investigación de Estudios de las Mujeres-CIEM (Sobre el autoritarismo y el derecho a la protesta, 16 de junio), de la Escuela de Ciencias Políticas en sus redes sociales; de parte del Movimiento Estudiantil a través del Consejo Superior Estudiantil (CSE) en su acuerdo CC-CSE-4-2025 del 16 de junio; de la docente PhD. Gabriela Chavarría Alfaro. (Retrato de una elección, 5 de junio) y de  la seccional del SINDEU en la Escuela de Psicología (10 de junio).

“Yo protesto” del escultor Néstor Zeledón Guzmán (elaborada en 2008 como crítica ante la aprobación del TLC-EUA) Ubicación actual de la escultura en la plazoleta de ingreso a la Facultad de Ciencias Sociales-UCR ornamentada con elementos naturales en homenaje a su creador recientemente fallecido. (Foto. Facultad de Ciencias Sociales)

Rosaura Chinchilla-Calderón
Docente Facultad de Derecho-UCR

Fuente: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/7/10/voz-experta-alma-mater-se-escribe-con-a-de-autonomia-o-de-autoritarismo.html

Seguridad Alimentaria: La vida humana, entre la ambición neoliberal y la solidaridad de los pueblos

El programa Alternativas invita al público a sintonizar el panel titulado “Seguridad Alimentaria: La vida humana, entre la ambición neoliberal y la solidaridad de los pueblos”, que se transmitirá el viernes 11 de julio de 2025 a las 18:00 horas.

Esta edición contará con Ericka Céspedes Arguedas, quien es ingeniera agrónoma con énfasis en riego y drenaje; Irené Barrantes Jiménez, especialista en derechos humanos de las mujeres; Trino Barrantes Araya, poeta en construcción, historiador insurgente y secretario general del Partido Vanguardia Popular; y Guido Sibaja Fonseca, productor agroalimentario.

El programa se emite mediante las redes de Alternativas como se muestra en el afiche.

Además, se retransmitirá por Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución.

¡Dios te salve, Patria Sagrada!1: el asunto fiscal y la (in) responsabilidad conjunta al desarrollo

1 Texto de la Oración a la bandera salvadoreña, símbolo nacional

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

¿Por qué importan los asuntos fiscales y cuál es la coyuntura salvadoreña en su situación fiscal?

La evasión y elusión fiscal constituyen un reto significativo para los países en desarrollo, afectando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales (Cobham y Janský, 2020). El Salvador enfrenta pérdidas anuales de $239,844,117 debido al abuso y evasión fiscal global, equivalentes al 5.1% de sus ingresos fiscales totales. Estas pérdidas superan los promedios globales (2.8%) y regionales (2.3%), limitando la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales y afectando la competitividad del país ((Tax Justice Network, 2024). A partir de esto, pretendo analizar brevemente el impacto socioeconómico y fiscal de estas pérdidas, proponiendo estrategias técnicas y políticas ante los desafíos de los asuntos fiscales en el contexto salvadoreño.

¿Elusión, evasión y algo más en el asunto fiscal?

La evasión fiscal se entiende como un fenómeno que amplifica las desigualdades económicas y debilita la capacidad del Estado para promover el desarrollo (Stiglitz, 2000). La competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

El abuso y la evasión fiscal representan un desafío global que afecta desproporcionadamente a economías en desarrollo, como la de El Salvador. Según datos recientes, el país pierde anualmente $239,844,117 debido a estas prácticas, lo que equivale al 5.1% de sus ingresos fiscales (Tax Justice Network, 2025). Estas pérdidas tienen implicaciones significativas en la provisión de servicios públicos, la competitividad económica y la equidad social. Este artículo examina el impacto de estas pérdidas desde un enfoque multidisciplinario, integrando perspectivas técnicas, políticas y de economía heterodoxa.

Pero antes, veamos el cómo o método para lograr algunos análisis

La presente nota es una reflexión con base en los datos cuantitativos del Tax Justice Network (2025) y su Corporate Tax Haven Index del año 2024, así como y el Financial Secrecy Index del año 2022. También, se utilizan algunas estadísticas fiscales y socioeconómicas de El Salvador. Se analizan los datos con un enfoque descriptivo que reflexiona sobre el impacto de las pérdidas fiscales y ofrece algunas posibles medidas basadas en evidencia.

Y ahora ¿Qué pasa y cómo afecta el asunto fiscal al país?

El Salvador pierde 239,844,117 anuales debido al abuso y evasión fiscal. Estos US$239,844,117 perdidos anualmente por la economía nacional se distribuyen en US$203 millones por abuso fiscal corporativo y en US$37 millones por evasión individual (Tax Justice Network, 2025). Las pérdidas equivalen al 20.31% del presupuesto de salud y al 25.56% del gasto en educación. Es decir, se pierde el equivalente a al menos un quinto del presupuesto en los principales sistemas de protección social del país o en inversión en infraestructura y otros aspectos fundamentales para dinamizar y fortalecer la económica, que son habilitadores de mayor prosperidad. La restricción fiscal limita la implementación de políticas alternativas que podrían estimular el crecimiento y reducir la desigualdad (Stiglitz, 2000).

Conviene conocer un panorama de detalle de El Salvador. El Salvador es un país centroamericano con alrededor de 6.4 millones de habitantes, un economía que desde el PIB le indica un monto de US$ 34,015.63 millones, con una presión fiscal (la relación entre los ingresos fiscales y su PIB) del 11.95% (un tercio del promedio de economías europeas). Pero, hay una subyacencia de asimetrías estructurales. Donde, cerca de un cuarto de los hogares padecen pobreza monetaria y hasta seis de cada 10 hogares padecen algún tipo de inseguridad alimentaria por razones económicas; al menos un tercio de sus hogares yacen en carencias de sistemas de protección social integral (como apoyos gubernamentales en servicios básicos, pensión menor al equivalente del salario mínimo nacional, seguro médico). Es decir, aunque el país tiene una capacidad económica robusta, presenta desafíos estructurales en el bienestar humano y el progreso integral. Esto último, se evidencia en la disparidad económica donde se identifica que el 10% de la población con los mayores ingresos presenta umbrales de hasta 30 veces más que el 40% del total de población con ingresos iguales o menores al salario mínimo vigente, que equivale a US$365.00 mensuales (ONEC-BCR, 2024).

¿Qué podríamos hacer?

La magnitud de las pérdidas fiscales en El Salvador subraya la urgencia de reformas en la política tributaria y la administración fiscal. De acuerdo con la literatura, la aplicación de medidas más estrictas para combatir la evasión fiscal puede aumentar la competitividad del país y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo (OECD, 2024). O desde otra perspectiva, la competitividad de una economía también se ve afectada por la pérdida de ingresos tributarios, ya que limita la inversión en infraestructura y capital humano (World Bank, 2023).

Sin duda, la contraloría multisectorial, principalmente social, que incida al buen funcionamiento gubernamental en la justa cobranza tributaria. Otras que son posibles o en cierto modo se tienen avances indirectos, pero, que podrían dirigirse a fortalecer el asunto fiscal, son las reformas técnicas y políticas que contrarresten los vacíos legales o inoperancias en el registro y la fuga de riqueza en las transacciones, con enfoque de progresividad multiparamétrica. También, y donde se tienen mayores avances en este contexto salvadoreño son la digitalización de la administración tributaria para mejorar la recaudación y reducir la evasión. Otras pueden ser una mayor educación y concientización sobre la importancia del cumplimiento fiscal y el impacto negativo de la evasión. Una reivindicatoria del asunto fiscal posibilitaría la recuperación de recursos para inversión estratégica, mayormente en áreas prioritarias como la salud, la educación y la infraestructura, mejorando integralmente la competitividad y el bienestar social.

Referencias

Cobham, A., y Janský, P. (2020). Estimating Illicit Financial Flows: A Critical Guide to the Data, Methodologies, and Findings. Oxford University Press. Recuperado de https://academic.oup.com/book/40564

OECD. (2024). Tax Transparency and Exchange of Information for Developing Countries. OECD Publishing. Recuperado de https://www.oecd.org/en/publications/global-forum-on-transparency-and-exchange-of-information-for-tax-purposes-azerbaijan-2024-second-round_61475f9f-en.html

Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC) del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). (2024). Estimaciones con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), del año 2023. Recuperado de https://onec.bcr.gob.sv/Repositorio_archivos/

Stiglitz, J. E. (2000). Economía del sector público. Barcelona: Antoni Bosch Editor. Recuperado de https://frh.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/112801/mod_resource/content/0/stiglitz-2000-tercera-edicion.pdf

Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent. W.W. Norton & Company. Recuperado de https://dokumen.pub/qdownload/people-power-and-profits-progressive-capitalism-for-an-age-of-discontent-1nbsped-9781324004219-1324004215.html

Tax Justice Network. (2025). Country profile: El Salvador. Recuperado de https://taxjustice.net/country-profiles/el-salvador/

World Bank. (2023). World Development Report: Financing for an Equitable Future. World Bank Group. Recuperado de https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/736921644987190024

¿Dónde está Chile? BRICS, Brasil y la estrategia fallida de Boric

Por Félix Madariaga

Mientras se desarrolla una nueva cumbre de los Países BRICS — el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, junto a nuevos miembros como Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos —asistimos a un cambio geopolítico de gran envergadura: el mundo ya no gira exclusivamente en torno al eje Washington-Bruselas y América Latina vuelve a tener voz propia, esta vez con el protagonismo de Brasil y de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha insistido en la necesidad de construir un orden multipolar, menos dependiente del dólar y más justo para los países del Sur Global.

En este contexto, la pregunta obvia que muchos nos hacemos es: ¿dónde está Chile?, ¿cuál será su posición?

Una oportunidad perdida

En tanto muchos países latinoamericanos se acercan o, al menos, observan con interés el desarrollo del bloque BRICS+, Chile se mantiene tímidamente al margen. No hay señales claras de interés o acercamiento, ningún gesto hacia esta nueva arquitectura económica alternativa. Al contrario, la política exterior del gobierno de Gabriel Boric ha dado muestras de una incomodidad abierta con ciertos actores del BRICS, particularmente con Rusia, pero también con China – nuestro principal socio comercial, con un intercambio superior a los 65.000 millones de dólares anuales.

Esta distancia no es neutra ni accidental. El propio presidente Boric ha insistido, en más de una ocasión, en condenar sin matices la política exterior de la Federación Rusa, alineándose con el discurso de la OTAN y de los países del G7. En foros multilaterales, ha optado por repetir la narrativa occidental sin aportar una mirada crítica o latinoamericana al conflicto. Esta posición lo ha ido distanciando no solo de Rusia, sino también de aliados como Lula, quien ha permanentemente abogado por una salida negociada a la guerra en Ucrania, sin dobles estándares.

El discurso de Trump y el bloque anti-BRICS

En paralelo, voces como las de Donald Trump —y sectores conservadores de EE.UU.— insisten en atacar al BRICS como una amenaza directa al dominio económico norteamericano. Temen que la desdolarización y el fortalecimiento del comercio en monedas locales reduzcan la influencia de Washington. En esa lógica, cualquier acercamiento latinoamericano a los BRICS es visto como traición o peligro, y no muchos se atreverían a hacer enojar al gran hermano del norte.

Chile, al no tomar una postura clara y soberana, termina orbitando en torno a ese discurso anti-BRICS. Una estrategia miope que no solo aleja al país de nuevas oportunidades de inversión e intercambio comercial, sino que también reduce su margen de autonomía política.

¿Por qué para Chile es importante el BRICS?

El bloque BRICS representa más del 40% de la población mundial y un porcentaje creciente del PIB global. En un escenario internacional donde los países del Sur buscan mayor soberanía energética, alimentaria y tecnológica, el BRICS se consolida como una plataforma de colaboración Sur-Sur con enormes beneficios.

Algunos datos duros para entender su importancia: en 2024, los países BRICS superaron por primera vez al G7 en participación del PIB global en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA): 32.1% frente al 29.9% del G7, según datos del FMI; China representa el 18.6% del PIB global (PPA), seguida por India (7.4%) y Brasil (2.3%). Estos tres países, junto con Rusia y Sudáfrica, lideran el crecimiento económico del Sur Global y en términos de comercio, los BRICS controlan más del 30% de las exportaciones de productos agrícolas, más del 40% del petróleo mundial (con la incorporación de nuevos miembros) y gran parte de los minerales estratégicos como el litio, cobre, coltán y tierras raras.

Brasil y Lula: liderazgo desde el Sur

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha devuelto a Brasil su peso diplomático y económico global. Bajo su liderazgo, el país ha promovido el fortalecimiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) —el “banco de los BRICS”— que ya ha financiado proyectos por más de 32.000 millones de dólares en infraestructura, energía y tecnología en países del Sur. Brasil también ha impulsado el comercio en monedas locales (particularmente yuan, rupia y real) como medida para reducir la dependencia del dólar, un paso clave para blindar a las economías emergentes frente a crisis externas y sanciones unilaterales.

¿Por qué Chile no forma parte de ese esfuerzo? ¿Por qué seguimos atados a los dictados del Departamento de Estado norteamericano mientras el mundo avanza hacia una reconfiguración multipolar? Aliarse con los BRICS no significa romper con Occidente, sí implica diversificar las alianzas estratégicas, pensar desde América Latina, desde nuestras necesidades y nuestras prioridades.

Conclusión

La política exterior de Gabriel Boric muestra una profunda contradicción: se proclama progresista, pero actúa subordinada a los intereses de la potencia hegemónica, adoptando una postura rígida y hostil hacia la Federación Rusa, incluso en foros donde la mayoría de los países latinoamericanos apuestan por la neutralidad y el diálogo. Mientras tanto, Lula, desde Brasil, lidera una visión alternativa para América Latina y el mundo. Chile no puede seguir perdiendo el tren de la historia. Aliarse con los BRICS es apostar por la soberanía, el desarrollo autónomo y la dignidad regional. La pregunta ya no es si debemos unirnos, sino cuándo despertaremos, esperando que ese tren no se haya alejado definitivamente para nosotros.

Fuentes:

https://prensa.presidencia.cl/comunicado.aspx?id=301015

https://radio.uchile.cl/2025/06/20/chile-los-brics-y-la-autonomia-estrategica/

https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/07/07/la-oportunidad-de-lula-da-silva-en-la-cumbre-de-los-brics-naufrago-entre-criticas-externas-y-disenso-interno/

https://www.dw.com/es/arranca-la-cumbre-de-los-brics-en-brasil/a-73177492

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20250708-economia-trump-aranceles-brics-tension

https://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/mundo/2025/07/gobierno-de-lula-considera-que-amenazas-de-trump-refuerzan-posicion-del-brics-contra-tarifas.shtml

Defensoría: Limitaciones afectan fiscalización de violaciones a derechos laborales

Hay un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras

La falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos y de infraestructura, afecta directamente la capacidad de acción de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el país.

Esta es la conclusión de un informe de la Defensoría de los Habitantes que determinó que, solo hay 80 personas inspectoras y 23 personas coordinadoras, es decir 103 funcionarios/as para atender a más de 1.6 millones de personas trabajadoras, lo que equivale a un inspector por cada 15.220 personas trabajadoras, según los datos del 2024 facilitados por la DNI.

Debido a esta situación, la DNI requiere de un 50 % más de recurso humano. Cabe destacar que, algunas oficinas regionales, solo cuentan con un coordinador y un inspector para atender el territorio, mientras que la sede regional Brunca carece de inspectores, por ejemplo.


  1. En cuanto al presupuesto ha venido en disminución desde el año 2019 al 2024 y pese a que el Código de Trabajo, en su artículo 679, establece en su inciso a) que el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales, debe ser asignado a la DNI para la mejora de sus sistemas de inspección, desde el año 2019 este dinero no ha sido asignado.


Resulta importante indicar que, la falta de presupuesto genera una afectación sustancial en la contratación de recurso humano, así como de la infraestructura que venga a cumplir con las condiciones mínimas –algunas con órdenes sanitarias- y en la tenencia de la adecuada flotilla vehicular para el cumplimiento de las inspecciones de campo por parte de los inspectores; los viáticos no son suficientes, los suministros de papel y de limpieza se agotan, entre otros.

Sobre el tema de infraestructura, la oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre por motivo de una orden sanitaria. De la información recabada se constató que existe la limitante por ley para el alquiler de nuevas oficinas, sin embargo, preocupa a la Defensoría que la DNI, por falta de presupuesto, no pueda atender la necesidades de infraestructura y mantenimiento que necesitan las oficinas que mantienen en funcionamiento, y deba proceder con los cierres de éstas, por motivo de ordenes sanitarias, debiendo entonces en algunos casos al traslado de las mismas y establecer convenios con otras instituciones de zonas aledañas que vengan a prestar bienes inmuebles para uso de oficinas.

La Defensoría le giró recomendaciones al Ministerio de Trabajo, entre las que destaca revisar, de manera urgente, las razones por las cuales la DNI no está recibiendo el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales. En caso de proceder su asignación, de manera inmediata, realizar las gestiones administrativas pertinentes para su ejecución.

Por otro lado, una vez determinada las razones por las cuales esos dineros no ingresaron a la DNI, la Defensoría recomienda valorar la apertura de una investigación administrativa para identificar eventuales responsabilidades en torno al tema, así como acciones correctivas.

Finalmente, es necesario realizar mejoras en la planificación estratégica y la ejecución de los recursos, apoyando a la DNI con personal de otras oficinas y prontamente con la asignación de más plazas para el área de gestión.

La Guarida de Zapote sigue sin verse, sin encontrarse. ¿Hacia dónde vamos?

Vladimir de la Cruz

La reelección continua presidencial funcionó en el pasado histórico costarricense. Se prohibió en 1949. Actualmente se permite alternativa luego de 8 años de haberla ejercido.

Es una práctica que sigue existiendo en la mayoría de los países, limitada a una elección adicional continua. En los sistemas parlamentarios se permite más. En los gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua se permite la reelección sin límite.

Los períodos presidenciales o de gobierno de 4 años resultan cortos para quienes lo ejercen, porque al iniciar su gobierno el presidente encuentra un Presupuesto Nacional en el que él no participó en su definición ni en la política que lo estructura, que fue aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial, que solo puede administrar por el resto sus primeros meses de gobierno. A partir del inicio de su presidencia, en noviembre de sus primeros meses de gobierno, se aprueba el Presupuesto Nacional, para el siguiente año, a partir de enero, que es la primera propuesta del Presiente, con su visión, con sus compromisos de campaña electoral que puede trazar el camino que quiere darle a los principales ejes del desarrollo nacional.

Lo usual es que, en los primeros meses de gobierno, de mayo a julio, el presidente pueda presentar alguna modificación presupuestaria, pero no le permite modificar todas las partidas del Presupuesto Nacional.

Esta situación ha colaborado en mucho para los ciudadanos se desinflen de los gobiernos que inician, de sus partidos políticos gobernantes y obviamente de sus presidentes, porque no pueden percibir ni sentir reformas o políticas concretas asociadas al entusiasmo con el votaron por ese nuevo gobierno y ese presidente.

Esta situación era más grave hasta los gobiernos que terminaron en el 2022. Ese año, 2022, con el actual presidente Rodrigo Chaves Robles, empezó a funcionar la reforma constitucional con la que se invirtió las sesiones parlamentarias, que empezaban en mayo en Sesiones Ordinarias, que son las que los diputados y sus partidos tienen la iniciativa parlamentaria, mientras en las Sesiones Extraordinarias, es el presidente el que tiene la iniciativa de ley. En el período anterior al 2022 el presidente se obligaba a acatar el presupuesto nacional y cumplirlo como se había aprobado en noviembre anterior a su ascenso presidencial. Ahora no. En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves inició con las Sesiones Extraordinarias Legislativas, pero no tenía nada preparado para impulsar como proyectos de su iniciativa, en correspondencia con lo que había hablado en su campaña electoral, que fue un discurso vacío de contenidos relacionados con el desarrollo nacional e institucional. Sus primeros días de gobierno fueron un desastre legislativo. De hecho la Asamblea Legislativa se paralizó uno días.

Antes del 2022 los problemas y dinámica política del país, de mayo a noviembre, obligaban a postergar o ignorar las promesas electorales, porque toda la gestión gubernamental se anclaba en el presupuesto aprobado en noviembre del 2021.

Es en el Presupuesto Nacional, que elabora el presidente con su gabinete, montado sobre la estructura existente de presupuestos nacionales que se presentan para su aprobación, para su siguiente año, donde el presidente puede trazar o fijar sus intenciones novedosas frente a lo que el gobierno quiere impulsar.

En los Presupuestos de noviembre del 2022, noviembre del 2023 y noviembre del 2024 no se destacó nada relevante en este sentido. Ha sido un gobierno sin nueva visión de país. Ha sido de continuismo, pero destruyendo lo que pueda del andamiaje institucional existente.

El presupuesto del próximo año, 2026, ya se está proyectando en las instancias técnicas, para ser presentando en los próximos meses ante la Asamblea Legislativa, para su trámite de aprobación, que sería el Presupuesto Nacional del 2026, con el que arrancará sus tareas y labores el gobierno que se elija en febrero o abril del 2026.

El presidente Chaves ha venido insistiendo en la necesidad de proyectar su gobierno, sus “políticas” y sus “directrices”, que solo él conoce para el próximo ejercicio presidencial. Ha insistido que para ello se necesita tener por lo menos 38 diputados, que es lo que él impulsa en sus arengas de los miércoles para poder, en el nuevo gobierno, o desde la Asamblea Legislativa con esa mayoría de diputados poder iniciar o realizar los cambios institucionales que cree son necesarios para el desarrollo futuro de Costa Rica.

Desde la primera experiencia que tuvimos, en mayo del 2022, cuando inició este gobierno, del Jaguar de Zapote, se produjo una desinflada. El Jaguar no ofreció nada a la Asamblea Legislativa, por lo que en esos días la Asamblea quedó entrabada en su funcionamiento. Sigue entrabada en la iniciativa presidencial. Lo hemos visto estos días cuando propone una vía rápida para la discusión del proyecto de ley de las jornadas esclavistas, y cuando inicia su discusión retira de la vía rápida ese proyecto, e introduce otro, relacionado con el préstamo de $500 millones del BIRF. Ojo, la introducción de este proyecto es la discusión ordinaria legislativa.

Este proyecto de aprobación de los $500 millones no puede tramitarse por la vía rápida que se había establecido específicamente para el proyecto de las jornadas esclavistas. Eso sería un fraude de ley en el procedimiento parlamentario, sería meter gato por liebre en la discusión parlamentaria.

El presidente al haber retirado el Proyecto de Ley de las Jornadas esclavistas de 12 horas diarias sacó ese proyecto de esa discusión y anuló la vía rápida que se habían aprobado de manera específica para la discusión de ese proyecto. Automáticamente, no significa que la vía rápida que se había aprobado funcionara para todos los proyectos que están en la discusión parlamentaria. La vía rápida, si se aprueba, se hace para el proyecto de ley particular y específico que se quiere acelerar en su aprobación mediante ese mecanismo legislativo de aprobación de proyectos de ley.

Los trastornos político-mentales del Jaguar pueden afectar su capacidad para funcionar en su vida política diaria de gobernante, mantener e impulsar relaciones políticas ilusorias, que le impiden proponer Proyectos de Ley que indiquen y proyecten el modelo ideal de país, y de nueva República, que quiere impulsar. Esto es ir al garete, a la deriva, sin control, ni dirección, prácticamente sin gobierno, dejándose ir por la acción del viento y corrientes de los otros actores políticos nacionales.

En sencillo, el pequeño gobierno, de la Ínsula de Barataria, de la Guarida de Zapote a lo tico, sigue sin verse, sin encontrarse.

El Jaguar de Zapote, por lo que leyó en inglés, en el foro mundial de Francia, parecía no saber leer o entender lo que leía. Si lee algo será libros de caballerías en los cuales puede imaginarse como el Caballero, en este caso el Jaguar, que ejerce su gobierno en su Ínsula.

El Jaguar no tiene posibilidad real de reelegirse en el 2026. En el 2034…si sigue en política activa. Para seguir en política activa solo si renuncia a la presidencia, el 31 de julio, y se presenta como candidato a diputado…, o eventualmente se espera al nuevo gobierno anhelando que algún partido jaguar gane las elecciones y lo nombre ministro, para tener alguna presencia pública.

En toda la gestión política administrativa que lleva el actual gobierno, y el Jaguar de Zapote, a pesar de sus rugidos, por más explosivos y profundos que parezcan, salidos forzadamente a través de su boca abierta, ¿hocico, por ser un jaguar?, como los hace, no se ha presentado un solo proyecto, uno solo, que refleje una visión de país, un modelo de país, una meta a la que se quiere llevar al país, que indique que avanzamos hacia una nueva república, hacia la cuarta o quinta república como a veces ilusoriamente, o con mente trastornada, dice el Jaguar que quiere construir.

En la teoría y práctica histórica vivimos la II República. El período histórico de la Segunda República inició el 8 de mayo de 1948. Todavía no hemos cerrado oficialmente ese período. No se ha establecido una tercera republica, ni una cuarta república. La Constitución Política que cubre esa Segunda República todavía está vigente, vivita y coleando.

Ha habido esfuerzos teóricos de ver que la II República está superada. Algunos políticos, incluso en campañas electorales hablaron de una III República. Hay quienes hablan de una IV República y hasta de una V República, sin hacer los balances históricos de esas etapas, que pueden definirse como II, III, IV o V República.

Generalmente, en la actualidad estas Repúblicas descansan también en nuevas constituciones políticas. En Costa Rica en diversos momentos el péndulo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente se mueve en la dirección de convocarla, pero el temor y la incertidumbre alrededor de lo que puede salir lo frena. Para el mes de setiembre próximo el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica desarrollará un ciclo de jornadas de reflexión en torno a una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que puede ser un buen insumo para preparar el ambiente hacia esa convocatoria nacional.

En la Historia de Costa Rica, después de 1821 tuvimos un Estado de Costa Rica, entre 1824 y 1838, cuando fuimos parte de la República Federal de Centroamérica, prolongado ese nombre hasta 1848, cuando el Dr. José María Castro firmó el 31 de agosto de 1848 el nombre aprobado por el Congreso el día anterior, de República de Costa Rica.

Cien años después en 1947, estaba terminando el gobierno de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948 y había elecciones en las cuales el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, aspiraba a un nuevo período presidencial, a partir de 1948. Las elecciones fueron muy violentas y finalmente su resultado favorable a Otilio Ulate Blanco, fue anulado por el Congreso, lo que dio origen al levantamiento armado de José Figueres Ferrer, para garantizar ese triunfo.

De paso, Figueres y su grupo consideraban que los ocho años de gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, y el de Teodoro Picado Michalski, 1944-1948, habían sido de gran corrupción, nepotismo y de fraudes, que habían acabado con el espíritu de la República, que hasta entonces se estaba viviendo. De allí surgió el planteamiento de Figueres de fundar la II República, considerando el centenario de la fundación de la República y la necesidad de fundar una nueva República, que el 8 de mayo, cuando asumió el gobierno transitorio de 1948-1949, llamó a la fundación de la Segunda República. Esta Segunda República la acompañó de una nueva Constitución Política, para lo cual llamó a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente que funcionó en el año 1949, promulgando la actual Constitución Política.

Así, vivimos desde 1948 el período histórico de la Segunda República. Este ciclo oficialmente no se ha cerrado. No se ha enterrado oficialmente la Segunda República.

Tampoco ha nacido una Tercera, ni una Cuarta República, que dé origen a una posible nueva República, como algunos la sueñan, ni se ha asociado esta nueva República a una Nueva Constitución.

Para ello se necesita una opiomanía constitucional nacional, que todos soñemos con una Nueva Constitución Política, como marco político institucional de esa Nueva República que es necesario refundar, con reelección o sin reelección continua de diputados y presidente, al menos por un período gubernativo

¿Estaremos preparados para esto? ¿O seguiremos en la improvisación de gobiernos jaguares o similares? ¿Zapote seguirá como guarida de jaguares o de otros animales políticos?

El proceso electoral en marcha sigue sin claras definiciones partidarias y de candidatos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estaremos en capacidad de enfrentar este desafío histórico a partir del 2026, hacia una Nueva Costa Rica, hacia una nueva etapa histórica?

Compartido con SURCOS por el autor.

En Voz Propia invita al programa “Medios de comunicación alternativos y ciudadanía”

El programa En Voz Propia invita a su próxima emisión titulada “Medios de comunicación alternativos y ciudadanía”, que se llevará a cabo este viernes 11 de julio a las 7:00 p.m. La producción será transmitida a través de sus redes sociales y busca abrir un espacio de reflexión sobre el rol de los medios independientes en la defensa de la democracia y los derechos ciudadanos.

En esta edición participará Martín Rodríguez, de En Voz Propia, y se realizará una entrevista al comunicador Héctor Ferlini-Salazar, director del medio digital SURCOS, quien compartirá su visión sobre el papel de los medios alternativos frente a la concentración mediática y las amenazas a la prensa libre.

El programa será transmitido en vivo por las redes sociales de En Voz Propia:

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