La Fundación Pro Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos estará en la Antigua Aduana del 10 de septiembre a el 14 de septiembre en la Feria de las Flores.
La actividad se realiza impulsada por la Fundación para construir con los fondos que se recauden el hospicio que necesitan las niñas y los niños de Costa Rica para ser atendidos como se lo merecen.
La doctora Lisbeth Quesada hace la invitación, puede escucharla en el siguiente video:
Dengue: panorámica actual
El dengue es el arbovirus más difícil de controlar debido a su amplia distribución a nivel mundial.
Este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre el riesgo de brotes en las Américas e indicó la necesidad de asegurar un diagnóstico temprano y una atención oportuna con el fin de prevenir casos graves y muertes.
Esta advertencia está relacionada con la introducción o el aumento en la circulación del serotipo DEN-3 en las Américas.
El serotipo DEN-3 fue reintroducido en las Américas en 1994, tras una ausencia de 16 años. Desde entonces, se ha propagado desde Centroamérica hacia el Caribe y Sudamérica. En la actualidad, ha resurgido en varios países incluyendo Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Perú.
DEN-3 está ganando predominancia en la región, desplazando progresivamente a los serotipos DEN-1 y DEN-2.
El DEN-3 plantea una doble amenaza de casos graves de dengue y posibles epidemias que abruman los sistemas de salud.
Según la OPS, la región de las Américas enfrenta un riesgo elevado debido a la amplia distribución de mosquitos, el movimiento humano y los niveles de inmunidad variable entre las poblaciones.
El dengue clásico incluye lesiones exantemáticas características, descritas como “islas blancas en un mar rojo” (piel normal intercalada con eritema). En el dengue grave o hemorrágico, la piel puede verse pálida, fría y húmeda, con lesiones purpúricas o petequiales, lo que indica compromiso vascular.
En el décimo quinto Congreso de Dermatología, en abril del 2025, se afirmó que, desde la perspectiva dermatológica, el Dengue tiene más manifestaciones hemorrágicas; el Zika tiene más prurito, el Chicungunya dolor articular importante y en el Oropouche, es común que las lesiones de la piel recaigan después de una mejoría inicial.
Vacunación
Hasta la fecha, Dengvaxia es la única vacuna contra el Dengue aprobada por la FDA pero descontinuada debido a falta de demanda en el mercado global.
La vacuna contra el DengueTAK-003, producida por Takeda ofrece una defensa más débil contra DEN-3, particularmente en niños seronegativos, sin proteger contra la enfermedad sintomática o hospitalización por este serotipo. Por tal motivo es necesario fortalecer la vigilancia epidemiológica, la atención clínica y los diagnósticos de laboratorio, mejorando los mecanismos de monitoreo y promoviendo medidas preventivas.
Si se utiliza la vacuna TAK-003, la recomendación es priorizar protocolos estrictos y monitorear de cerca los eventos adversos asociados a esta, para mantener estándares de seguridad.
Se recomienda su uso en entornos de alta carga de enfermedad, en población de 6 a 16 años y en individuos con comorbilidades en áreas endémicas. También se recomienda la vacunación para viajeros de regiones no endémicas a endémicas de 6 a 60 años.
La contraindicación incluyen: embarazo, lactancia, inmunodeficiencias, VIH sintomático y un historial de terapia inmunosupresora.
Esta vacuna ya autorizada, no se espera que tenga un impacto importante en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad a corto o mediano plazo. Brasil y Argentina han observado un aumento del riesgo de lesiones dérmicas post vacunación.
El Instituto Butantan de Brasil, está desarrollando una vacuna tetravalente contra el Dengue, cuyos estudios en fase IV han demostrado seguridad y eficacia contra los cuatro serotipos de alrededor de 67.3%
Diagnóstico
El diagnóstico comienza con la sospecha clínica, se basa en los síntomas del paciente y el contexto epidemiológico para guiar los protocolos de confirmación.
Es importante fortalecer las capacidades de atención primaria para gestionar eficazmente los casos sospechosos. Se debe enfatizar la necesidad de diagnóstico clínico temprano, reconocer los signos de alarma e iniciar la gestión adecuada de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud. Se debe proporcionar orientación clara a los pacientes y familiares para monitorear los signos de advertencia y buscar atención inmediata si es necesario. Los hospitales deben estar preparados para manejar casos de Dengue con signos de advertencia y Dengue grave.
Laboratorio
La cuantificación directa del ARN viral en la sangre mediante la técnica de RT-PCR es más sensible que la detección de antígeno NS1, pero requiere habilidad y recursos moleculares.
Además de las pruebas virológicas, los ensayos serológicos basados en la detección de anticuerpos de inmunoglobulina M (IgM) también pueden utilizarse en el diagnóstico de Dengue. Sin embargo, estas pruebas deben interpretarse con cautela debido al potencial de reacciones cruzadas con anticuerpos producidos en respuesta a flavivirus (Zika, Fiebre Amarilla). En ocasiones es necesario obtener una segunda muestra, una semana después de la muestra inicial. Esto, ayuda a diferenciar los verdaderos casos de Dengue de los posibles falsos positivos causados por reactividad cruzada con otros virus relacionados.
Educación
La educación, participación comunitaria y liderazgo de las municipalidades con sostenibilidad de las intervenciones, son importantes en la lucha contra Aedes. Los huevos pueden resistir las condiciones secas altas más de un año: esa es una de las estrategias, más importantes que la especie emplea para sobrevivir y propagarse. Sin criaderos no hay mosquitos. Sin mosquitos no hay Dengue.
El escenario internacional sigue siendo oscuro. Entre la región de Palestina, y el genocidio diario que se realiza en Gaza, por el gobierno de los carniceros de Israel y sus aliados internacionales, y la guerra en Ucrania, provocada por la OTAN, Europa se cubre con un gran paraguas, a modo de una gran espada de Damocles, bajo un peligro de guerra inminente, casi inevitable, totalmente omnipresente, sobre las naciones de la Unión Europea, que están entre esos extremos como la parte interna de ese sándwich político y geopolítico, pasto principalmente de los intereses económicos y geopolíticos militares que allí actúan.
Recordemos que Europa es toda la región desde Portugal y España, al extremo de la Península Ibérica hasta la Rusia que limita con los Montes Urales, que fue el más importante escenario de la II Guerra Mundial.
Una guerra actual, de características europeas, dentro de ese contexto geográfico, es sin lugar a dudas, una guerra que calificaría por sus impactos y consecuencias en una verdadera III Guerra Mundial, que podría tener la característica de una Guerra Mundial Atómica de Baja Intensidad, donde probablemente se utilizarían bombas atómicas similares, en su capacidad destructiva, a las que fueron lanzadas criminalmente, por los Estados Unidos, contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, cuando no era necesario ese uso de armas atómicas, en ese momento final de la participación del Imperio del Japón en aquella guerra, lo que sirvió para disuadir al mundo de la nueva época que iniciaba, la época de las guerras atómicas o nucleares.
Hoy, una guerra así desarrollada tendría un alcance global, trascendente a Europa, al norte de África y el extremo oriental del Asia. Sería una guerra que inevitablemente alcanzaría al continente americano, donde nunca, en las dos guerras mundiales así conocidas del siglo XX, ha caído una sola bomba, ni ejércitos han desarrollado combates de ninguna especie.
La sola amenaza de participación de la OTAN en el conflicto de Ucrania ha provocado que Rusia declare que esa participación, si se llega a concretar, sería una guerra de la OTAN contra Rusia, por lo que Rusia tendría el derecho de actuar en respuesta contra los países europeos que así se comprometan. Así lo ha declarado y hecho saber reiteradamente el presidente ruso, Vladimir Putin.
Putin no ha dicho (pero es obvio que también así actuará) será una guerra contra Canadá y Estados Unidos que son países integrantes del Pacto de la OTAN.
En la II Guerra Mundial Hitler ordenó que sus submarinos actuaran hundiendo barcos en puertos latinoamericanos y del Caribe, como lo hicieron, para obstaculizar el apoyo en armas, comestibles y el traslado abastecimientos en general, que desde América se hacía para las tropas que combatían a las fuerzas fascistas y nazistas.
En una situación actual, todos los puertos y aeropuertos de la costa Atlántica de los Estados Unidos, y de Canadá si fuera necesario, serían atacados con misiles transcontinentales y, si a eso se llegara, se haría con bombas atómicas de baja intensidad, para evitar cualquier suministro de material militar a las tropas que estuvieran combatiendo contra Rusia. Nada sería seguro. Hasta el Canal de Panamá se volvería un objetivo estratégico para evitar el traslado marítimo de armas y pertrechos de guerra desde la costa pacífica de los Estados Unidos usando el Canal de Panamá para ir a Europa.
El control geopolítico, territorial y militar que el presidente Trump ha señalado, que quiere desarrollar (como ya lo está haciendo) en Panamá, es parte de esta estrategia, en esa posibilidad de un conflicto armado de esta envergadura. De manera que, si allí fuera necesario, también tendrían su dosis de bombas atómicas de baja intensidad.
Hiroshima y Nagasaki son el testimonio de que la Humanidad se puede destruir a sí misma, en dosis pequeñas o en grandes dosis según sea la necesidad de la confrontación.
Las bombas «Little Boy» y «Fat Man», utilizadas en esas ciudades hoy son juguetes de niños, comparadas con las que se han desarrollado mundialmente, que están producidas y almacenadas en más de 10.000 artefactos de ese tipo, y de distintas magnitudes de explosión, por los países productores de armas y armas atómicas.
En aquella guerra, Estados Unidos anunció que esas armas nucleares habían sido usadas en combate. En una guerra actual se volverían a usar, con la misma justificación de armas de combate, con la gravedad de que esas armas circulan en varios países, que hoy están involucrados territorialmente en los escenarios donde están los focos de guerra calientes.
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki tuvieron un impacto devastador en las zonas donde fueron lanzadas, con un impacto de muerte de poco más de 400.000 personas entre ambas. Antes del lanzamiento de las dos bombas atómicas Estados Unidas había bombardeado 67 ciudades japonesas. Las atómicas de Hiroshima y Nagasaki se lanzaron afectando áreas de 5 a 10 kilómetros de ancho.
La justificación del uso de armas atómicas para poner fin a una guerra sigue siendo válida para los guerreristas. La lucha internacional contra el desarme nuclear no ha sido suficientemente válida en estos últimos 80 años.
La detonación de bombas atómicas tiene también la consecuencia de envenenamientos por radiación, desarrollo de leucemias y otros cánceres.
Hay guerras recientes, de las últimas décadas, donde se han hecho caer más bombas que las lanzadas en la II Guerra Mundial.
Si las bombas atómicas de 1945 se lanzaron con el objetivo de hacer rendir al Imperio japonés, el lanzamiento de bombas atómicas hoy sería para acabar con un gobierno, con un sistema político, con una nación, un país o un gran territorio.
Después de Hiroshima y Nagasaki se han lanzado, a modo de prueba, más de 2000 bombas atómicas o nucleares como pruebas de las armas atómicas en desarrollo y producción.
Se estima que China, Francia, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos tienen almacenadas más de 12.500 armas nucleares.
El presidente Trump se ha empeñado en acabar con la guerra en Ucrania, pero no así con el genocidio israelí en Gaza, donde han apoyado las acciones criminales del ejército y del gobierno israelí, y ha apoyado las incursiones militares de Israel a Irán y a Siria, aparte de los otros apoyos que sostiene en otros conflictos militares en África y los que quiere desarrollar en el Caribe.
Elemento importante para desarrollar armas nucleares es el uranio, que se encuentra principalmente en Australia, con las mayores reservas, Kazajistán, Canadá, Rusia, Siberia, la Antártida y Groenlandia, donde Trump ha puesto el ojo de la apropiación territorial.
En América Latina no hay uranio ni países con armas nucleares, pero no estaríamos al margen de una guerra de esta naturaleza. Nos alcanzaría en todas sus consecuencias.
El uranio como elemento natural es más abundante que el oro, la plata o el mercurio, parecido al estaño y poco menos que el cobalto o el plomo.
20 países concentran las principales minas de uranio y, de ellas, 10 minas producen casi el 60% del uranio mundial. Las minas se encuentran en Canadá, Australia, Namibia, Rusia, Níger y Kazajistán. La reserva de uranio mundial se estima para los próximos 100 años, de acuerdo con la Agencia de Energía Nuclear y del Organismo Internacional de Energía Atómica. Mundialmente hay cerca de 500 reactores nucleares en funcionamiento.
La reunión, de pocos minutos, del pasado viernes 15 de agosto en Alaska, entre Trump y Putin, que solo alcanzó para saludarse, darse la mano y ni siquiera almorzar, evidenció que a Trump y a Putin les preocupa la guerra de Ucrania, y las consecuencias más amplias que puede tener.
Trump con gran sentido de la realidad política de la situación de Ucrania reconoció que Ucrania no está ganando la guerra, que Ucrania la está perdiendo, que el avance de las tropas rusas es de varios kilómetros por día, que el ejército ucraniano muestra importantes señales de cansancio y abatimiento, no solo físico sino también moral y de capacidad y compromiso de combate, que el control territorial ruso es cada día mayor, casi el 20% del territorio de Ucrania.
Reconoció Trump también, que por encuestas hechas por Estados Unidos, realizadas a la población de Ucrania, casi el 90% desea que la guerra se acabe, y que están de acuerdo con el dominio ruso de los territorios que tienen bajo su control, que además son de una población rusa superior al 90% de sus habitantes.
Trump atendió las peticiones rusas de que Ucrania no entre como miembro a la OTAN, que no se establezcan bases militares de la OTAN en territorio ucraniano, que se acaben las manifestaciones nazi fascistas en la administración política ucraniana, que los territorios en poder ruso así se quedan y que no habría intercambio territorial con Ucrania de regiones rusas.
Putin fue claro en señalar que el apoyo militar de la OTAN a Ucrania comprometía a esa organización en el conflicto, y que de llegar a participar con efectivos militares entendería que es una declaración de guerra que tendría sus consecuencias sobre los países que con la OTAN participaran, originando una escalada militar más amplia, ya en el escenario de casi una III Guerra Mundial.
Trump no pudo imponer su deseo de un “alto el fuego”, considerando que lo correspondiente es un acuerdo de paz, que es lo que más fácilmente se puede lograr, aceptando las condiciones establecidas por Putin.
Trump dijo claramente: “La mejor forma de terminar la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que terminaría la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que en muchas ocasiones no se puede sostener”. Por ello la salida rápida de Trump de la reunión y la convocatoria urgente que hiciera para la reunión, en Washington, el pasado 19 de agosto con Zelenski y algunos líderes europeos en la Casa Blanca.
El enfrentamiento militar Trump reconoció que puede durar hasta principios del próximo año, con las dificultades que el invierno europeo puede ocasionar a las tropas ucranianas, especialmente.
De nada le valió a Trump tratar de impresionar a Putin con las maniobras aéreas que hiciera sobre su cabeza, sin quitarle la alfombra roja con que lo recibió.
Trump reconoció sus dudas sobre continuar dando el apoyo a Ucrania, sin Europa, puesto que Ucrania en este momento pasa su peor situación de fragilidad y debilidad. Los avances rusos en Donetsk y Pokrovsk son contundentes.
Trump y sus militares, como la sabe la OTAN, los rusos han duplicado sus ataques aéreos y han logrado alcanzar bajo control más de 3500 kilómetros cuadrados de territorio. Ucrania se ha retirado del territorio ruso de Kursk, porque no lo ha podido sostener.
Las garantías estadounidenses para Zelenski y Ucrania se agotan. Por eso Trump declaró después de la reunión de Alaska que “Ahora le toca al presidente Zelenski lograrlo”. Esa guerra le ha costado a Estados Unidos desde Biden hasta Trump, casi los 500.000 millones de dólares y a la Unión Europea le va costando casi los 150.000 millones.
La guerra en el interior de Ucrania ha atado al gobierno para las correctas tomas de decisiones. A Estados Unidos, a su presidente Trump, pareciera ya no importarle Ucrania para darle garantías de seguridad ni al gobierno de Zelenski. Le interesa a Trump también participar de la explotación de las tierras raras que hay en Ucrania, unas en territorios que están en poder de los rusos ahora, y otras en las cuales quiere participar directamente.
La reunión de Alaska se repetirá en Moscú, sobre el reconocimiento real de la posición de fuerza y de la realidad que tiene Rusia en esa región.
Ucrania y los guerreristas europeos tendrán de ceder para lograr una paz efectiva.
Ningún otro país europeo está siendo amenazado por Rusia, pero Rusia se defenderá de cualquier país europeo o miembro de la OTAN que participe perversamente en ese conflicto, que considere con ello que le ha declarado la guerra. Y, con ello, se puede abrir la válvula de la III Guerra Mundial de Baja Intensidad. ¡Ojalá que esto no ocurra!
Publicado en MEER y compartido con SURCOS por el autor.
El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifestamos nuestra profunda consternación y solidaridad con las familias de los dos trabajadores fallecidos este 26 de agosto de 2025, en la plantación piñera denominada Agro Industrial Bananera del Caribe S.A., ubicada en Villafranca de Duacarí, Guácimo, Limón.
Según la información disponible, los compañeros perdieron la vida tras ser impactados por un rayo durante sus labores en el campo.
Estos hechos lamentables no son simples accidentes inevitables.
Denunciamos que muchas empresas del sector continúan priorizando la producción y las ganancias por encima de la salud y la vida de las personas trabajadoras. A pesar de que el Instituto Meteorológico Nacional advierte con anticipación sobre tormentas eléctricas, en las plantaciones persiste la práctica de mantener al personal en labores, incluso bajo la presencia de nubes de tronada, rayos, relámpagos y fuertes vientos.
Grave resulta además que existen testimonios de trabajadores que aseguran que sus jefaturas se molestan o presionan cuando intentan resguardarse ante estos fenómenos naturales, exponiéndolos innecesariamente a riesgos mortales.
SITRAP y ANEP exigimos a las compañías piñeras:
* Adoptar protocolos de prevención y seguridad inmediatos y efectivos ante alertas de tormenta eléctrica.
* Garantizar que ninguna persona trabajadora sea obligada o presionada a continuar labores en condiciones de riesgo.
* Asumir con responsabilidad empresarial la obligación legal y ética de proteger la vida y salud de sus trabajadores y trabajadoras.
Recordamos también que los supermercados y cadenas internacionales que compran esta fruta no pueden desentenderse de estos hechos. En el marco de las leyes de debida diligencia y responsabilidad social empresarial, deben investigar y exigir a sus proveedores el cumplimiento estricto de medidas de seguridad laboral.
No es aceptable que la vida de los trabajadores se sacrifique para sostener un modelo de exportación que privilegia únicamente la rentabilidad y el cumplimiento de estándares comerciales internacionales.
Una vez más, llamamos a las autoridades competentes, a las empresas del sector y a los compradores internacionales a garantizar condiciones de trabajo seguras. La vida de las personas trabajadoras no puede seguir siendo el precio oculto de la fruta de exportación.
La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.
El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.
Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.
La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.
Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.
1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.
2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.
3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.
4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.
En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.
Ni el sector público de Costa Rica es grande ni la carga de impuestos es elevada. Esos son mitos que es preciso superar. Lo que sí es cierto es que nuestro sistema tributario es muy regresivo e injusto y eso impone límites que afectan negativamente la sostenibilidad del Estado social y de los sistemas de seguridad social de Costa Rica.
Por eso se hace urgente entrar a debatir sobre una reforma realmente progresiva, lo cual es, también, un requisito necesario para combatir la abismal desigualdad que hoy divide a la sociedad costarricense.
Este trabajo, que fue discutido en dos talleres y revisado por varios economistas, aporta una propuesta, seriamente fundamentada, para una posible reforma tributaria progresiva y de amplio alcance. Desde ese punto de vista, es un pequeño esfuerzo procurando contribuir a ese debate nacional tan necesario.
Puede descargar el documento desde este enlace, o bien, hacer clic en la opción siguiente:
SURCOS comparte el siguiente comunicado:
San José, 26 de agosto de 2025
Comunicado de prensa conjunto de organizaciones de sociedad civil y de atención a personas migrantes
“Rechazamos los recortes al presupuesto de Migración y Extranjería para financiar la construcción del CACCO”
Las organizaciones de sociedad civil -y de atención a migrantes- firmantes expresamos nuestro rotundo rechazo al Presupuesto Extraordinario 2025, en el cual se incluyen rebajas por ₡253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ₡147,3 millones corresponden directamente a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) así como 8,7 millones rebajados al Tribunal Administrativo Migratorio, con el propósito de redirigirlos a la construcción del Centro de Alta Contención de la Criminalidad (CACCO).
El proyecto implica:
₡147,3 millones menos para Migración y Extranjería, en partidas esenciales como insumos para la emisión de documentos DIMEX y pasaportes.
Recortes a programas como el Tribunal Administrativo Migratorio y el Programa de Desarrollo de la Comunidad, ambos pilares para la regularización y la atención de poblaciones vulnerables.
El Gobierno justifica estas rebajas señalando que son “remanentes” o “ahorros” derivados de donaciones o diferencial cambiario. Sin embargo, en la práctica Migración y Extranjería es una de las instituciones más subfinanciadas del Estado. Los atrasos en emisión de documentos, la falta de personal y de infraestructura adecuada son problemas recurrentes que golpean tanto a las personas migrantes como a la institucionalidad nacional.
Costa Rica no puede hablar de seguridad dejando vulnerables algunos derechos. La decisión de recortar recursos a Migración y Extranjería -y no redirigirlos a las áreas que verdaderamente necesitan inversión y que se ven altamente afectadas en estos momentos- afecta directamente:
El derecho a la identidad y documentación legal (DIMEX, pasaportes).
El derecho al trabajo y a la seguridad social, pues sin documentos la población migrante no puede acceder a empleo formal ni cotizar en la CCSS.
El derecho a la igualdad y no discriminación, ya que la burocracia y los atrasos refuerzan la exclusión.
El derecho a la justicia y al debido proceso, debido a los recortes al Tribunal Administrativo Migratorio.
Estas decisiones políticas no deberían tomarse sin consultar a las poblaciones directamente afectadas. Exigimos que el Poder Ejecutivo y Legislativo convoquen a las organizaciones sociales y comunitarias que representan a la población migrante, antes de aplicar recortes que impactan su vida cotidiana, su dignidad y su futuro.
Mientras se reconoce la carencia de recursos en Migración, el Gobierno propone recortarle más. Esta situación es grave por varias razones:
Varias oficinas regionales de Migración dependen de donaciones de organismos internacionales (OIM, ACNUR, cooperación europea) para poder operar.
El rezago en trámites ya supera los 12 meses en algunas sedes, lo que mantiene a miles de personas en la irregularidad.
La falta de presupuesto convierte a la institución en dependiente de fondos externos, debilitando la soberanía institucional y la planificación a largo plazo.
Estos recortes podrían representar un entorpecimiento severo a las funciones de la DGME, especialmente a la Unidad de Refugio que tiene más de 224 mil expedientes sin resolución aun tomando en cuenta como dicha instancia se encuentra actualmente saturada y al borde del colapso, especialmente debido a su alta dependencia de fondos asociados a cooperación internacional, los cuales también se han visto reducidos en los últimos meses. De este modo, los recortes planteados en la propuesta de presupuesto extraordinario dificultarían la ya complicada gestión y labores de la Unidad de Refugio.
Lo anterior resulta preocupante especialmente al considerar que se ignora un hecho económico fundamental respecto a la población migrante y refugiada en el país:
Los migrantes representan el 10% de la población, y aportan hasta un 11% del PIB.
Su contribución a la CCSS, impuestos y consumo interno es vital para la sostenibilidad de programas sociales y económicos.
No formalizar a la población migrante significa perder ingresos fiscales, mantener la informalidad y profundizar la precarización laboral, así como la exposición a vulneraciones a Derechos Humanos.
No se puede hablar de seguridad debilitando derechos. Una política migratoria robusta y financiada no solo protege a la población migrante, sino que beneficia al país en su conjunto con más ingresos fiscales, menos informalidad y mayor cohesión social.
Rechazamos categóricamente que se recorten recursos a Migración y Extranjería para financiar el CACCO.
Recomendamos a las autoridades que tomen conciencia de la necesidad de redistribución de fondos de cara a una redirección de recursos hacia instancias de migración tomando en cuenta el contexto adverso a nivel regional y la situación de rezago institucional a nivel interno en las instancias competentes en la materia.
Invitamos a los y las diputados(as) de la Comisión de Asuntos Hacendarios que votarán esta propuesta considerar posponer su voto si es necesario o en su defecto rechazar la propuesta. A su vez, en caso de seguir adelante con los recortes, rogamos consideren redirigir los recursos directamente a la Unidad de Refugio.
En atención a la urgencia de este comunicado, hemos dirigido una carta a las diputaciones miembros de la Comisión con el fin de solicitar una reunión con las organizaciones firmantes cuyo propósito será ampliar información sobre las realidades aquí expuestas.
Suscriben este comunicado,
Asociación Acción Colectiva por la Inclusión Desarrollo y Derechos Humanos (ACIDHU)
Asociación Alianza Vencer
Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)
Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos de los Migrantes y Refugiados en Costa Rica (ANNADIR)
Acompañar para integrar: rutas para promover la integración local de la población migrante y refugiada en Costa Rica (TC-738) – Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Fundación Popol Na
Instituto de la Memoria
IRCA Casa Abierta
Liga Feminista de Refugiadas Políticas
Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica
En un mensaje compartido en redes, el secretario regional de la Unión Internacional de Asociaciones de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Catering, Tabaco y Afines (UITA), Gerardo Iglesias destacó la trayectoria y el compromiso de Dania Obando Castillo, a quien reconoció como una mujer que ha dedicado su vida a la defensa de derechos, a la organización comunitaria y a la búsqueda constante de justicia social. Dania es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Palma (SITRAPA).
Durante el video, Gerardo subrayó que la labor de Dania no solo ha impactado a su entorno inmediato, sino que también constituye un ejemplo para las nuevas generaciones, en especial para quienes creen en la fuerza de la participación comunitaria y la solidaridad como motores de cambio.
“Dania es inspiración viva, una voz firme que nos recuerda la importancia de mantenernos de pie y seguir adelante, aun frente a las adversidades”, señaló.
La intervención también resaltó la importancia de reconocer públicamente a liderazgos como el de Dania Obando Castillo, que no buscan protagonismo, sino que desde la acción colectiva contribuyen a sostener luchas históricas por los derechos de las comunidades.
Invitamos a ver el video completo.
Comunicado
La Municipalidad de Escazú comunica que el Concejo Municipal de Escazú y un grupo de ciudadanos acordaron la solución al tema de la gestión del Plan Regulador. El Plan Regulador se trabajará en conjunto entre la Oficina Técnica y la Comisión.
El acuerdo se dio luego de que el alcalde Orlando Umaña Umaña y el vecino Miguel León conversaron y promovieron una mesa de diálogo, para buscar soluciones en beneficio del cantón de Escazú, y convocaron a los 7 regidores propietarios para buscar un acuerdo.
Mañana martes se estará presentando el documento en la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, para que se apruebe el acuerdo al que se llegó para que trabajen la Oficina y la Comisión en conjunto.
Además, en otros puntos se fortalecerá las capacidades de la Oficina Técnica y los procesos de participación ciudadana.
Comunicado de Asamblea General Extraordinaria
SINDEU – Sede de Occidente
20 de agosto de 2025
La Asamblea General Extraordinaria del SINDEU, Sede de Occidente, reunida el día 20 de agosto de 2025, acuerda por unanimidad declarar conflicto abierto con la Dirección de la Sede de Occidente, y establece los siguientes acuerdos:
Nombramiento en la Carrera de Gestión de los Recursos Naturales
La Asamblea General de Occidente exige que, a más tardar el lunes 26 de agosto de 2025, se realice el nombramiento de la Coordinadora de la Carrera de Gestión de los Recursos Naturales, de conformidad con lo dispuesto en el oficio VD-2633-2025 del 7 de agosto de 2025.
Nombramiento en la Dirección de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes (RBAMB)
La Asamblea General de Occidente exige que el nombramiento de la Dirección de la RBAMB se realice respetando los criterios institucionales y la normativa vigente, dentro de un plazo máximo de ocho días hábiles.
Respaldo a la Sección de Biología
La Asamblea General de Occidente respalda plenamente el acuerdo tomado por la Sección de Biología, en su reclamo por un nombramiento justo y transparente en la Dirección de la RBAMB, y reitera el apoyo a la designación del Dr. Randol Villalobos Vega, propuesta por dicha Sección y avalada por el Consejo Asesor de la Reserva.
Restitución de la jornada histórica del puesto de Dirección de la RBAMB
La Asamblea General de Occidente exige que se restablezca la jornada de ¾ de tiempo completo para la Dirección de la RBAMB, la cual fue reducida a ½ tiempo por la Dirección de la Sede de occidente sin que, a juicio de esta Asamblea, existiera una justificación técnica adecuada.
Respeto a la actividad sindical
La Asamblea General de Occidente exige el pleno respeto al ejercicio de la actividad sindical, el cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) vigente y el cese inmediato de toda práctica de hostigamiento o persecución laboral por parte de la Dirección de la Sede de Occidente contra miembros de la Seccional del SINDEU, mismas que se vienen presentando desde el 22 de mayo de 2023.
Transparencia en la gestión administrativa
La Asamblea General de Occidente exige transparencia en todos los procesos administrativos a cargo de la Dirección de la Sede de Occidente, incluyendo aquellos relacionados con personal, recursos y toma de decisiones estratégicas.
Interlocución directa con el Rector
La Asamblea General de Occidente declara agotada cualquier vía de interlocución razonable con la Dirección de la Sede y acuerda que, en adelante, únicamente negociará directamente con el Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Carlos Araya Leandro, en su calidad de representante judicial y extrajudicial de la institución y firmante del convenio específico entre el SINAC y la UCR para la coadministración de la RBAMB, de conformidad con la Ley N.° 7354.
Alianza con los estudiantes
La Asamblea General de Occidente acuerda unir fuerzas con el movimiento estudiantil, según la solicitud planteada por este sector, para coordinar acciones conjuntas de presión en contra de la Dirección de la Sede de Occidente.
Medidas de presión
La Asamblea General de Occidente acuerda ejecutar medidas de presión contra la Dirección de la Sede de Occidente y solicitar el apoyo de otras seccionales del SINDEU, así como de estudiantes, personal docente y administrativo de la Sede.
Garantía de no represalias
La Asamblea exige que no se adopten represalias contra las personas participantes en la lucha sindical relacionada con los acuerdos tomados en esta Asamblea General de Occidente.