El Partido Vanguardia Popular (PVP) denuncia con firmeza la política neoliberal que alienta el abandono institucional de los sectores sociales más desprotegidos de nuestro país. El reciente recorte presupuestario anunciado por el Gobierno, que deja a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sin recursos suficientes para pagar las pensiones no contributivas, es un crimen social inadmisible.
I. Lo que está ocurriendo
Para el año 2026, el Gobierno asignará ¢163 mil millones al Régimen No Contributivo de la CCSS, lo que supone un recorte de ¢29.413 millones con respecto al presupuesto de 2025.
Específicamente, las pensiones para adultos mayores pasarán de ¢102 mil millones en 2025 a tan solo ¢71 mil millones en 2026.
Se proyecta un déficit superior a los ¢60 mil millones para poder cumplir obligaciones ya existentes, lo que hace que no haya dinero suficiente ni para pagar lo que actualmente se adeuda, ni para otorgar nuevas pensiones que el Plan Nacional de Desarrollo estipula (unas 5.000 pensiones nuevas).
Además, el Estado planea cubrir solo el 55 % de lo que debe transferir a la CCSS en el concepto del Seguro de Salud, generando un faltante de más de ¢400 mil millones adicionales.
II. Nuestra condena
El Partido Vanguardia Popular considera que:
Este recorte presupuestario es responsabilidad directa de un modelo neoliberal que prioriza los intereses financieros por encima de los derechos sociales fundamentales. Es inconcebible que en un país con los niveles de desigualdad e injusticia que vivimos, se recorten recursos que garantizan la dignidad y la subsistencia de quienes más lo necesitan.
El abandono de la CCSS, en temas de pensiones, salud, pensiones no contributivas, falta de especialistas, infraestructuras sanitarias y personal, constituye una violación del deber del Estado de garantizar el bienestar y la protección social. El recorte anunciado intensifica la crisis de acceso a servicios esenciales.
La multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que incluye obligaciones pendientes en salud, IVM, pensiones no contributivas y obligaciones legales, agrava la situación y pone en riesgo la salud pública, las vidas de miles de personas adultas mayores, con discapacidad o de bajos ingresos, así como la estabilidad institucional de nuestra Caja.
La corrupción y los escándalos recientes, particularmente el Caso Barrenador y el ERP-SAP, deben investigarse con rigor. No basta con mencionar estos casos, hay vidas humanas que pagan el costo del desvío de recursos y la ineficiencia, cuando se deberían invertir esos fondos en salud, pensiones, servicios básicos, personal y especialistas.
III. Demandas del PVP
Exigimos al Gobierno y a la Asamblea Legislativa que actúen con urgencia:
Restablecer el presupuesto necesario para que la CCSS pueda cumplir con el pago completo de las pensiones no contributivas para adultos mayores, sin recortes arbitrarios.
Garantizar los recursos para la atención de salud, para el Seguro de Salud, para el IVM, para personal, especialistas e infraestructura sanitaria adecuados.
Saldar la deuda pendiente que mantiene el Estado con la CCSS, como un acto de responsabilidad con quienes más lo necesitan.
Apertura inmediata de investigaciones independientes con transparencia plena sobre los casos de corrupción (Caso Barrenador, ERP-SAP, otros), y sanción efectiva para quienes resulten responsables.
Implementar políticas económicas y fiscales progresivas que redistribuyan equitativamente la riqueza, en lugar de recortar derechos sociales esenciales.
IV. Nuestro compromiso
El PVP reafirma su compromiso con la justicia social, la solidaridad, y la defensa de los derechos humanos. No permitamos que el neoliberalismo siga relegando al olvido a las personas más vulnerables. Estaremos vigilantes, movilizándonos y proponiendo alternativas que garanticen que todos los costarricenses tengan acceso a una vida digna, con salud, pensiones, vivienda, educación y bienestar.
Este gobierno tiene la responsabilidad política, moral y legal de responder ya. Ninguna persona debe quedar sin pensión, sin atención médica, sin dignidad, ni sin esperanza.
Llamamos a la ciudadanía a defender la salud pública, la CCSS, como pilares fundamentales para la salud y la vida de nuestro pueblo. Organización y lucha es la única alternativa contra este despojo.
Hemos defendido la alternativa de que, un eficiente y calificado, AyA, además de operador, sea el ente rector en el contexto de la gobernabilidad del agua potable como bien demanial. Y lo hemos hecho, principalmente como respuesta a la pretensión de que esa rectoría colegiada y lógica, sea ejercida personalmente por el ministro de Ambiente, tal y como se propone en el proyecto de nueva Ley de Aguas que, negándose a ser enterrado, sigue tramitándose neciamente en la Asamblea Legislativa, ahora producto de un acuerdo tácito entre chavistas y algunos liberacionistas.
Pero es menester que esa defensa de la rectoría a favor de un ente como el AyA, nos garantice, desde el punto de vista técnico y científico, que la misma ha de ser ejercida para, por ejemplo, la emisión de políticas y reglamentos respetuosos de las competencias de otros entes administradores del agua como bien de derecho público.
Rectoría que ha de ser bien comprendida por las mismas autoridades del AyA, para evitar que el mismo pretenda usarla para actuar cual matón de pueblo, contra el gobierno local y habitantes de Naranjo, como está sucediendo en estos días.
En el necesario proyecto de desarrollo del Condominio La Esperanza constituido por 120 viviendas de interés social, que de antemano se sabía tendría una gran demanda de agua potable, una empresa ¡arrancó su construcción y la finalizó! sin cumplir los muy responsables requisitos que la municipalidad de Naranjo había técnicamente solicitado. Empresa que tampoco previó, como se plantea en otros proyectos cuando se estima que el recurso agua podría ser insuficiente, en haber optado por fuentes de agua alternativas, a la que abastece hoy ¡Y en el futuro!, a los vecinos del cantón que merecen una mayor consideración y que no tienen por qué pagar las consecuencias de los errores y malas intenciones de otros.
Pues resulta que el AyA, que no administra el acueducto de Naranjo, violentó el muy claro marco de legalidad que rige a ese Instituto. Al hacerlo por instrucciones de la Presidencia de la República, cayó en un campo político donde eventualmente chocó con una barrera, que la misma empresa contratada por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) había estado forjando. Ello bajo la mirada cómplice de ocultos responsables que encargados garantizar el buen uso de los recursos a lo interno de la importante institución, tampoco reaccionaron con la vehemencia necesaria cuando en el presupuesto para el presente año, el exministro Nogui Acosta (ahora candidato a diputado en busca de inmunidad a partir del año entrante) disminuyó el presupuesto del BANHVI en más de 40.000 millones de colones, con las consecuencias nefastas que no es difícil imaginar, en momentos en que el país reciente la merma significativa en la construcción de viviendas de interés social.
Y es que, pareciere que la empresa constructora, mientras incumplía abiertamente la normativa del gobierno local, que ha demostrado a través de su alcalde estar seriamente preocupado por garantizar a los habitantes el abastecimiento de agua para el mañana, estuviere confiando en la ejecución de una acción «amistosa», de parte de algún cercano funcionario municipal. Para ello, habrán contado con la oportuna colaboración del aparato propagandístico de Casa Presidencial, que, en un momento fríamente calculado plantearía falsamente a la ciudadanía, que unos regidores y un alcalde insensibles, no les importaba dejar sin agua a 120 familias, por razones egoístas que solo ellos conocen.
En todo caso, tanto las autoridades del AyA, como el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora (bueno para nada) y, mucho menos, el presidente de la República Rodrigo Chaves, pueden echar a la basura la estructura legal que todos los costarricenses hemos de respetar.
Apoyados en su inmunidad, presidente y ministro han gritado ¡A LA CARGA!, cual si fuesen partes de una dictadura militar tipo Ortega o Bukele, y bajo la acción amenazante de un escuadrón de policías antimotines, asaltaron las instalaciones del acueducto municipal, para que, por la fuerza, trabajadores del AyA, sin proceso legal alguno, procedieran a hacer las conexiones forzadas para abastecer de agua, los edificios recién terminados, bajo la mirada de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública, con órdenes de actuar en caso de que autoridades del gobierno local se atrevieran a obstaculizar las órdenes del inquilino de Zapote y Monterán.
Por eso, amigos, llamamos la atención. ¡Esa preocupante señal de matonismo jamás debe tolerarse!, por lo cual esperamos que el Poder Judicial, que en este momento también tramita precisamente, un proceso contencioso administrativo alrededor del mismo caso, ordene la corrección inmediata, y terminante, del peligroso, provocador y antidemocrático hecho, que, como antecedente de tinte político-electoral, ha de preocupar a otras comunidades que enfrentan amenazas, por el uso del agua con intereses privados, que erosionan sus derechos al abastecimiento del agua en calidad y cantidad adecuadas. O que igualmente, están amenazadas por autoridades ambientales dispuestas a construir incineradores o vertederos de basura en sus alrededores, que pudieren usar la fuerza bruta para ejecutar sus deseos. Así de frágil puede ser el sistema democrático, si no le prestamos atención y lo fortalecemos día con día.
Rafael A. Ugalde Q. Periodista, abogado y notario por la U.C.R.
Las apariencias engañan míster Trump. Es imposible negar o demeritar el triunfo obtenido en Costa Rica por tu secretario de Estado, Marco Rubio, en cuanto a “luz verde” para que la campaña intervencionista contra la “dictadura” de Maduro se extienda a México o la nación latino-caribeña que creas merece tu “civilizatoria” mediante tu campaña contra el “narcotráfico y el terrorismo”.
Puedes sacar pecho orgullosamente y sentir admiración por Rubio y tu embajada en San José. Lograste en una tarde desaparecer de un plumazo la lucha a muerte entre los exportadores e importadores criollos por la apuesta de quien maximiza mejor la ganancia sobre la miseria de las mayorías. Todo en unas pocas horas.
No fue una sola moción aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa. Fueron dos, por aquello que una fallara, o no se entendiera claro y contundente cómo, cuando los emperadores romanos Caracalla o Geta ordenaban democráticamente a sus súbditos, despojados ya de su dignidad, hacer las locuras más raras.
Costa Rica, por el contrario, cuando se disponía a celebrar 204 años de vida independiente con desfiles, tambores, cantos de no ciervos menguados, entre otros, nuestra neutralidad y presencia de más ya maestros que soldados debe, simplemente, decir sí de inmediato en el congreso, la casa presidencial o el Poder Judicial.
De esta manera, sí tu secretario encargado de buscar aliados para sus invasiones militares, llenar el Caribe de cañoneras, submarinos nucleares, aviones armados hasta los dientes y cientos de “marines” para “combatir el narcotráfico y el terrorismo” póngale la firma, míster Donald, es cierto lo que te diga Rubio, pues acá no son dos ni tres tus aplaudidores.
Pero permítame decirte para que no te equivoques, cuando Rubio te diga que hay unos cuatro gatos que no comprenden la magnitud de tu cruzada: Acá, desde 1856, cuando ustedes nos mandaron un asaltante disfrazado de abogado y periodista para enseñarnos a ser bilingües, no todos son siervos menguados, ni nacen con la cerviz fracturada, ni se les sube la presión arterial en solo pensar que la nueva Roma no les dará visa.
Tu supuesta limpieza regional de los carteles de los Soles, Jalisco Nueva Generación o Sinaloa está condenada al más rotundo fracaso, cuando nuestros pueblos, por fin, se percaten que la llamada guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” no se sostiene en sí misma y es la carta de presentación para legitimar el robo y el saqueo de los recursos en Nuestra América.
Vimos desde la nefasta doctrina Monroe y sus variaciones, como el proyecto de la vieja Agencia para el Desarrollo (AID) y oenegés contra el comunismo y el socialismo, así como proyectos tan criminales como el Plan Colombia, que llenó de bases militares a ese país, o la Operación Condor, con el cual eliminaron a las y a los jóvenes y luchadores más nobles que entonces tenían Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, entre otros, que el fin último fue saquearnos.
Con la droga, el “Estado profundo”, aglutinado en un solo partido político estadounidense de dos cabezas de animales simbólicos, como es el burro y el elefante, hizo milagros en el pasado. Las protestas de millones de jóvenes norteamericanos en las grandes urbes, que llamaban a la paz y al amor en lugar de ir a matar vietnamitas y llenar sus poblados de Napalm, les repartían drogas masivamente para reducirlos a miseria humana y junto a sus géneros musicales, como el rock and rol, terminar por satanizarlos.
Como ayer, ahora no se conocieron los verdaderos dueños de los carteles norteamericanos encargados del negocio y la distribución masiva de marihuana, cocaína, fentanilo y pastillas alucinadoras. Y menos se conocerán los billones de dólares que ingresan diariamente a la corriente financiera procedentes de esta actividad ni los grandes bancos encargados de “blanquear” esos activos.
El canciller cubano Bruno Rodríguez, precisa las millonarias perdidas económicas a su país en los intentos de matar de hambre a un pueblo durante 65 años. (F. MINREX)
Sin embargo, si podemos asegurar, que el “negocio” de las drogas es lo bastante “sostenible” como para mantener una guerra por varios años. Gracias a los aviones cargados de cocaína procedente de Suramérica, la administración de Ronald Reagan, financió desde 1985 la llamada “contra” nicaragüense o “soldados” de la libertad, desde Honduras y Costa Rica.
Con los dólares producidos por la venta de narcóticos, a vista y paciencia de la Agencia Antidrogas Estadounidense, promovida como DEA, y las autoridades locales en esos países indicados, se compraban al Sha de Irán armas de guerra que llegaban masivamente a Centroamérica. Demostrándose, hasta la saciedad, que el tráfico de drogas en el mundo, mientras no se termine con la demanda interna en la nación primer lugar en el orbe en consumo, junto al negocio de las armas y el sicariato, es cara de una misma moneda.
Cualquier relato en torno a terminar con el tráfico y consumo de droga nacionales, sin inversión social en escuelas, salud pública de calidad, salarios dignos y vivienda decorosa, entre otros, sin exigir además a las naciones compradoras reducir su demanda interna de estupefacientes, los países víctimas de este mal serán obligados a subir la represión mediante el llamado Derecho Penal de prevención general, regalar sus soberanía con Tratados de Extradición, que vienen a ratificar la sumisión ante la potencia de moda y llenar sus territorios de cárceles de máxima seguridad.
La experiencia de usar el negocio de las drogas con fines militares y político quedó plasmada en el llamado “Irancontra” o “Irangate”, deparando tal cantidad de dinero, que alcanzó para contratar periodistas costarricenses para una emisora dedicada a promover la causa de la “libertad” en Nicaragua y acabar con la “dictadura” de Ortega.
Incluso, hubo dinero a caudales, hasta para minar los principales puertos nicaragüenses, como segundo ensayo de lo que ahora realizan a placer y perfección los estadounidenses y sionistas en Gaza, pues esperaban interrumpir la llegada de alimentos por vía marítima y matar así de hambre a los sandinistas, aunque se llevaran también en banda a sus amigos democráticos y no terroristas.
Estados Unidos fue condenado por el minado de puertos nicaragüenses el 27 de junio de 1986, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló a favor de Nicaragua, dictaminando que estas acciones, junto con el apoyo a los «contras», constituían una violación del derecho internacional.
En contraste, Washington, desconoce esta sentencia y, recientemente, la administración Trump impuso a los nicaragüenses aranceles de 18 % a sus exportaciones. Managua reclama una indemnización por US $12 mil millones por sus fechorías cometidas en esa nación istmeña.
El primer intento de genocidio moderno, aplicando el hambre como herramienta de guerra y delito de lesa humanidad, inició desde 1960 contra Cuba, a pesar de su férrea política contra las drogas en la ínsula antillana.
Datos dados a conocer en las Naciones Unidas revelan que del 1º de marzo de 2024 hasta el 28 de febrero de 2025, el bloqueo comercial y financiero contra su población alcanza, por concepto de daños y perjuicios materiales, los 7 mil 556,1 millones de dólares.
El canciller Bruno Rodríguez Parrilla precisó que este aumento exponencial se debe fundamentalmente al incremento en las afectaciones por los ingresos dejados de percibir por exportaciones de bienes y servicios.
Para el presidente colombiano, Gustavo Petro, la cruzada contra el narcotráfico y el terrorismo enmascara otros fines concordantes con la tradicional política intervencionista de Estados Unidos en la región, así como su desprecio por el Derecho Internacional y la autodeterminación de los pueblos. “Y Colombia no prestará su territorio para que invadan ningún país hermano”.
Para Petro el narcotráfico internacional está más activo que nunca con una Junta Mundial que funciona desde una importante nación árabe, encargada de lavar billones de dólares y euros diariamente, a la cual se integraron la mafia albanesa, la estadounidense y carteles de la región.
Según el dignatario colombiano en su país no han cesado los intentos de golpe de Estado promovido por grupúsculos estadounidenses, con influencia en el congreso norteamericano, así como representante de la rancia oligarquía colombiana, aglutinada en el llamado Centro Democrático que eligió en el pasado como presidentes a Álvaro Uribe e Iván Duque.
Según Petro, durante las administraciones de Uribe y Duque el área de cultivo de hoja de coca superó las sesenta mil hectáreas, el paramilitarismo era una realidad y la violencia era incontenible, a pesar de siete bases militares estadounidense a lo largo y ancho de Colombia, fum8igaciones masivas y daños a la ecología.
Hoy solo quedan unas 34 mil hectáreas sembradas de hoja de coca, quienes antes sembraban esas plantas, ahora producen alimentos, cuentan con caminos, precios justos, y en lugar de apostar por la violencia y la muerte, nosotros defendemos la vida y la paz. Esto no les gusta, dijo recientemente durante un encuentro con el pueblo en el interior colombiano.
La cocaína se introduce dentro de las bananas que van a Europa y Estados Unidos. Los puertos del Pacífico ecuatorianos han alcanzado notoriedad por la captura de cientos de toneladas. (F. noticias DW)
Con este nuevo aire que toma el narcotráfico regional, mientras Estados Unidos tiene estacionado en el Caribe el destructor USNI News, unos 5.000 marines e infantes de marina, el grupo anfibio encabezado por el USS Iwo Jima (LHD-7), acompañado por el USS Fort Lauderdale (LPD-28) y el USS San Antonio (LPD-17), entre otros, ninguna nación queda al margen del negocio
Un reciente informe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el Servicio Federal de Aduanas rusos confirmaron laincautación en el puerto de San Petersburgo de 1,5toneladas de cocaínaen un barco con bananasprocedente de Ecuador.
Según estas fuentes,el barco Cool Emerald había zarpado desde la República deEcuador, desde el pasado 29 de agosto rumbo al puerto de San Petersburgo, Al hacer las inspecciones del cargamento dentro un contenedorcargado conbananos, se descubrieron 1.500 paquetes que conteníancocaína, con un peso total de 1.750 kilogramos.
En contrate, un documento denominado “Informe europeo sobre drogas 2025” – de consulta obligatoria para aquellos diputados que aprobaron mociones contra el cartel de los “Soles” – señala que las redes de tráfico utilizan múltiples rutas para aumentar el suministro de cocaína en Europa y en ninguna parte se indica la participación de Venezuela. (https://www.instagram.com/reel/DOtt_8AgoK6/).
Por otra parte, está documentado, que el 87% de la droga sale por importantes puertos del Pacifico suramericanos, al otro lado donde mandaste tus cañoneras, míster Trump, por ejemplo, terminales portuarias en Guayaquil, Manta, Esmeralda o Puerto Bolívar, este último muy utilizado por las familias ecuatorianas, exportadoras de banano, en cuenta la del mandatario Daniel Noboa.
Perdone, presidente Trump, usted se equivoca con algunos ticos; tal vez somos poquitos, cierto, como posiblemente te contó entusiasmado tu secretario Rubio, ¡pero no todos somos tarados ni cipayos!
El Partido Vanguardia Popular (PVP) de Costa Rica manifestó su solidaridad con el pueblo de Venezuela ante lo que calificó como una ofensiva sin precedentes, derivada del reciente despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe. Según explicó Humberto Vargas Carbonell, la acción constituye una provocación directa bajo el pretexto del combate al narcotráfico, pese a que informes internacionales han señalado la inexistencia de producción de drogas en Venezuela.
En su pronunciamiento, el PVP recordó que, en la reunión de septiembre en Caracas, delegaciones de 21 países aprobaron una declaración firme que exige el retiro inmediato de tropas extranjeras, condena el uso del narcotráfico como pretexto para la intervención y reafirma el derecho de Venezuela a vivir en paz, sin bloqueos ni amenazas.
La organización política llamó a fortalecer alianzas como ALBA, CELAC y BRICS, a redoblar la solidaridad internacional y a rechazar la intervención militar y las sanciones económicas. Enfatizó que debe prevalecer la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Asimismo, el PVP expresó su apoyo al pronunciamiento emitido el 19 de septiembre de 2025 en Nueva York por el Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). Dicho comunicado reitera la defensa de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y Libre de Armas Nucleares, con base en el Tratado de Tlatelolco (1967) y en la declaración de la CELAC de 2014.
El MNOAL subrayó la necesidad de resolver las controversias internacionales por vías pacíficas, condenó las acciones hostiles y la retórica agresiva, y reafirmó la integridad territorial y la igualdad soberana de los Estados frente a cualquier injerencia.
Para el PVP, estas posiciones coinciden con la convicción de que la paz, la justicia social y el respeto al derecho internacional deben prevalecer en América Latina y el Caribe, frente a lo que consideran una política imperialista que busca someter a los pueblos de la región.
En Guatuso la voz de las comunidades volvió a sonar fuerte: durante la inauguración del nuevo puente sobre el Río Frío —con presencia del presidente— recordaron la gran ironía de celebrar una obra mientras el río agoniza por años de extracción minera.
“Queremos río, no cantera” fue el clamor en las mantas, defendiendo el agua, la pesca, la recreación y la vida”.
La lucha sigue: el Río Frío no es mercancía, es futuro. Más información aquí:
“Desde el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos en Oaxaca, México, llamamos a que personas y organizaciones costarricenses y extranjeras suscriban este documento antes del 27 de octubre, como un respaldo a la valiente, patriótica y solidaria carta de los premios nacionales y académicos costarricenses de renombre en contra de un Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica e Israel. En una carta, dada a conocer el pasado 7 de agosto del 2025, dirigida al Presidente de la Asamblea Legislativa, personas de la cultura costarricense -científica, artística y literaria- expusieron detalladamente las principales razones de su pronunciamiento”.
Le invitamos a leer el comunicado completo y apoyar con su firma mediante este enlace.
Hasta hace algunos días pude leer el artículo “Su batalla cultural y la nuestra”, del filósofo mexicano Fernando Buen Abad (publicado a inicios de julio pasado en LaRedH). Creo que la propuesta de Buen Abad merece al menos un comentario de nuestra parte.
¿De qué hablamos cuando hablamos de «Batalla Cultural»?
El término «Batalla Cultural» se ha vuelto central en el discurso de políticos, medios de comunicación y redes sociales a nivel global. Originalmente, es un concepto que las derechas y los sectores conservadores utilizan para describir su lucha contra lo que ellos llaman una «hegemonía progresista» o «dictadura progre» que, según alegan, domina espacios como la educación, los medios, el arte y las leyes. Afirman estar resistiendo para defender «valores tradicionales» como la familia, la patria y la libertad, que sienten amenazados. El artículo analiza esta estrategia no como una defensa genuina, sino como una poderosa ofensiva ideológica para mantener el control sobre los significados que estructuran nuestra sociedad.
El análisis de la «Batalla Cultural» de la derecha y la propuesta de respuesta
Fernando Buen Abad explica que, desde un punto de vista de izquierdas, esta «batalla» es en realidad una disputa por el poder simbólico: es una guerra por controlar el significado de las palabras, las narrativas y las emociones que dan forma a nuestro sentido común.
¿Cómo funciona la estrategia de la derecha?
Se presentan como «rebeldes»: Aunque suelen detentar el poder económico y político, se pintan a sí mismos como víctimas de una élite cultural progresista dominante. Esto es una inversión del concepto de «hegemonía cultural» de Gramsci.
Usan palabras cargadas y emocionales: Emplean significantes como «libertad», «adoctrinamiento», «ideología de género» o «marxismo cultural» de manera flexible. Estos términos no tienen un significado fijo, sino que se llenan de contenido emocional (miedo, indignación, nostalgia) para movilizar a la gente. Por ejemplo, «libertad» puede significar para ellos libertad de mercado o de no pagar impuestos, no la libertad social o la libertad de expresión.
Construyen un «enemigo»: Crean la figura de un «Otro» negativo (la feminista, el migrante, el maestro «adoctrinador», el «comunista») que funciona como una amenaza unificadora para su base.
Dominan las redes sociales: Su batalla se libra eficazmente en plataformas como TikTok, YouTube y con memes. No apelan a la razón con datos, sino a la afectividad y las emociones con relatos simples, gestos e imágenes virales, ganando terreno especialmente entre audiencias jóvenes.
La propuesta: Nuestra batalla cultural Frente a esto, Buen Abad argumenta que la izquierda no puede limitarse a denunciar hechos o defender instituciones. Debe aprender a disputar el sentido. Esto significa:
– Producir símbolos, relatos y prácticas alternativas y emancipadoras.
– Romper las asociaciones de ideas que impone la derecha (ejemplo: feminismo = destrucción de la familia).
– Apropiarse de los lenguajes populares y generar contra-narrativas deseables, no solo verdaderas.
– Entender que la política es, también, una lucha por los significados que organizan la vida social.
La importancia de este análisis para entender la realidad de Costa Rica
Este tipo de análisis es también de enorme importancia para Costa Rica porque nos permite decodificar la política actual más allá de la superficie. El país no es ajeno a esta «batalla cultural» global. Discusiones intensas y polarizadas sobre la educación sexual, el lenguaje inclusivo, el papel de la religión, las instituciones, la identidad nacional (Tercera república) o la figura de los sindicatos son reflejo de esta misma disputa por el sentido común.
Entender que detrás de eslóganes emocionales y campañas en redes hay una estrategia semiótica organizada para resemantizar conceptos como «familia», “liderazgo” o «libertad», nos ayuda como ciudadanos a:
No caer en polarizaciones simplistas: Permite analizar críticamente los mensajes, identificando los intereses reales que hay detrás de un discurso que se vende como «rebelde» o «antisistema».
Comprender la raíz de los conflictos: Muchas tensiones sociales no son solo sobre leyes o economía, sino sobre qué valores y significados queremos que definan nuestra sociedad.
Exigir una disputa de ideas más robusta: Empuja a quienes defienden propuestas progresistas, de justicia social o de emancipación humana a comunicarlas mejor, con narrativas potentes y emocionalmente resonantes que conecten con la gente, yendo más allá de los informes técnicos y las declaraciones académicas.
En esencia, este marco analítico nos da herramientas para ser ciudadanos más críticos de la información que nos ahoga y participantes más conscientes en la vida democrática costarricense, reconociendo que la lucha por el poder pasa, inevitablemente, por la lucha por el significado de las palabras con las que entendemos el mundo.
De la extensa comparecencia llevada a cabo el pasado 22 de agosto del Presidente de la República y su abogado defensor, a la Comisión Especial que estudió el levantamiento de la inmunidad en el caso conocido popularmente como “BCIE-Cariñitos”, este observador deja constancia de los siguientes puntos relevantes:
El método escogido por la defensa separando de entrada su exposición en una primera parte “política”, a cargo de Chaves Robles, y una segunda de carácter “técnico-jurídica” expuesta por Villalobos Umaña es, en principio, ilógica, puesto que estamos frente a un procedimiento especial (ante-juicio) contra un miembro de los supremos poderes, es decir, un funcionario público del más alto nivel, cuyo enjuiciamiento es, por naturaleza, esencialmente político y necesariamente jurídico, por el sólo hecho de ostentar un determinado cargo en cuyo ejercicio es llamado a cuentas.
Como el desarrollo mismo de la audiencia lo muestra, en realidad tanto los argumentos “políticos” como los “jurídicos” son prácticamente los mismos: acusar un supuesto montaje político; cuestionar el contenido de la acusación y la validez de la prueba ofrecida, sobre todo la credibilidad de los testigos; y sembrar dudas sobre las motivaciones últimas del procedimiento abierto contra el Presidente.
Existe un argumento cardinal en la exposición de Chaves Robles: este proceso es un montaje político, un show mediático para perjudicar su imagen, orquestado por el Fiscal General Carlo Díaz y una mayoría de magistrados (as) de Corte Plena, dadas las denuncias y cuestionamientos que él “valientemente” ha señalado, como ningún otro Presidente se ha atrevido a hacerlo, por la responsabilidad del Poder Judicial en el tema de inseguridad que padece el país y, particularmente, por haber denunciado el abuso de poder de Díaz al promover laboralmente a una subalterna con la que mantenía una relación sentimental.
El alegato serviría para un ejemplo de falacia ad hominem de cualquier Introducción a la Lógica. Una falacia es un argumento incorrecto con apariencia de ser correcto. En el supuesto de la falacia ad hominem, se trata de descalificar el discurso del oponente, no desvirtuando sus razones, sino descalificando a su persona. Así, decir por ejemplo: el hecho cierto de que esta mujer ejerce la prostitución, necesariamente la convierte en una mala madre; o bien, al ser este hombre un migrante indocumentado, lo convierte necesariamente en un delincuente. La evidencia de la falacia de Chaves cae por su propio peso: el hecho cierto de que el Fiscal Díaz cometiera una conducta indebida al no inhibirse por conflicto de intereses en el caso de la subalterna, no implica necesariamente (ni mucho menos) que las denuncias planteadas contra Chaves Robles y alguno de sus allegados carezcan por completo de fundamento, que no debieran investigarse, o que no pudieran ser elevadas al trámite de antejuicio, primero ante la Corte y luego ante la Asamblea Legislativa. Pero además, el argumento falaz omite un aspecto fundamental referido a la temporalidad de los acontecimientos, a saber, cuáles hechos son antecedentes de cuáles consecuentes. La arremetida del Ejecutivo contra el Poder Judicial y el Ministerio Público se exacerba después de que las denuncias en su contra son admitidas a trámite. En particular, esto es evidente respecto de la acusación que hace el Presidente contra el Fiscal Díaz. Por tanto, afirmar que las actuaciones de la Fiscalía son una mera vendetta carece de fundamento. De igual manera la afirmación de que la mayoría de la Corte está motivada en revanchismo dadas las críticas de Chaves, no es ni siquiera un argumento, es una mera suposición. Habría que darle al Presidente la bienvenida al Estado de Derecho y al debido proceso, puesto que la Corte está en la obligación legal de conocer la solicitud que le hace el Jefe del Ministerio Público y no puede inhibirse ni renunciar a sus competencias. Por último, tenemos décadas de que Presidentes de la República, cada vez que el tema de seguridad se les va de las manos, empiezan a culpar al OIJ, a los fiscales y a los jueces. Es cuestión de visitar la hemeroteca de lo que han dejado constando los medios de comunicación en este sentido.
En determinado momento de la comparecencia, el defensor Villalobos se encarga de comunicarle al país que Chaves Robles no sólo es economista, sino también filósofo y de ahí, la “aplastante” lógica de su dialéctica. Confieso estar en el bando de los inocentes sorprendidos con esta revelación. Para demostrar su pericia en el campo de la lógica, conforme al argumento “estrella” de que la acusación no puede sostenerse porque la entrega de dinero que Chaves “obligó e indujo” a Bulgarelli a dar a Cruz, se concretó cuatro meses después de otorgado el contrato, el señor Presidente debuta como filósofo de la lógica interrumpiendo a su defensor y diciendo: “…o sea, para entender yo, el Fiscal argumenta que nosotros fuimos a cerrar el corral después de que se había salido el ganado…se salió el ganado y vino a cerrarse el corral después…” ¿Que qué?. Semejante calistenia intelectual puede dejar pasmado al mismísimo Aristóteles. El difícil momento obligó a don José Miguel a continuar rápidamente con su propio discurso.
Pero en todo caso estamos ante otra falacia de Manual. Esta vez, la falacia ad baculum, es decir, aquella que apela a un argumento de autoridad. Así tendríamos que: como lo dice el Pastor… como lo dice el Entrenador… como lo dice el Presidente… debe darse por cierto. Pero todos sabemos que por el solo hecho de que alguien haya estudiado medicina, no necesariamente es un buen médico; tampoco tener el título de Licenciado en Derecho, necesariamente hace a nadie un buen abogado, etc., etc. Por tanto, el haber estudiado Economía Agrícola no hace a alguien un buen economista y muchísimo menos, haber estudiado Filosofía lo convierte en un filósofo, y menos que menos lo convierte en un buen gobernante.
Los argumentos técnico-jurídicos, debe reconocerse, tienen un mejor desempeño. No sólo por la retórica del defensor Villalobos, sino porque tocan aspectos decididamente relevantes, aunque, en mi criterio, inoportunos e impertinentes. Sobre la misma base de la conspiración política contra el Presidente, la Defensa cuestiona, en primer lugar, la naturaleza del pronunciamiento que debe emitir la Asamblea Legislativa. Dice que debe desecharse una primera tesis o posición “extremista” que consistiría en que la Asamblea sólo compruebe la existencia de ciertos requisitos formales y autorice el levantamiento de la inmunidad. También señala que una segunda tesis “extremista” consistiría en evacuar y valorar la prueba, y prácticamente dictar sentencia, lo cual también es improcedente. Por último, el señor defensor dice que hay una posición intermedia que es la que debe prevalecer, a saber, que la Comisión debiera revisar la acusación, determinar si los hechos pueden configurar delito, si la prueba ofrecida respalda la acusación y si la acusación es coherente. Pero ciertamente, entrar a todos estos aspectos –como en efecto lo hace el Lic. Villalobos- significa valorar la prueba ofrecida y confrontarla con los hechos, todo lo cual es propio de la competencia jurisdiccional, por lo que al final, el argumento de la Defensa cae en uno de los extremos que afirma rechazar. En fin, para desvirtuar esa acusación no se puede ni debe descender al análisis de fondo sobre todos y cada uno de los elementos probatorios ofrecidos por el Fiscal General. Y ese es precisamente el gran error en que incurre la defensa, entrar a una argumentación del fondo del asunto. De paso el señor defensor incurre en una que otra falacia también muy frecuentes en el mundillo del litigio. Se trataría ahora de una clásica falacia de conclusión inatingente puesto que del hecho que en una grabación telefónica y en una entrevista policial no conste que la testigo Navarro haya expresado que el Presidente “obligó e indujo” a Bulgarelli a entregar dinero a Cruz, no puede necesariamente deducirse que tal manifestación no se hiciera, o no pueda establecerse, por otros medios, la posibilidad de esclarecer el punto.
En definitiva, es inválido desde la perspectiva de una sana argumentación jurídica, en el momento procesal de que se trata, caer en un ejercicio en el que se pretende evidenciar supuestas contradicciones de los testigos clave; hacer un cuestionamiento genérico acerca del instituto procesal del Testigo de la Corona; realizar un cuestionamiento de la credibilidad que ofrece el señor Bulgarelli y otros declarantes; afirmar una supuesta imposibilidad de que el tipo penal se haya configurado, y otra serie de elucubraciones que no corresponde hacer al cuerpo de diputados (as), por dos razones principales: (a) el momento procesal en que está el expediente (cuestión de oportunidad); y (b) el alcance de la valoración que pueda hacer la Comisión y el Plenario de la Asamblea (análisis a fondo de la masa probatoria disponible). Esto último corresponde a un Tribunal de Justicia, en este caso, la Sala Tercera de la Corte, si es que se remite el trámite para continuarlo en esta instancia. En síntesis, por ser el ejercicio de la defensa técnica un examen de la calidad y pertinencia de los elementos probatorios disponibles, la coherencia y razonabilidad de sus argumentos, a saber, la existencia o no de falacias relevantes, va a depender del sustento fáctico que una valoración jurisdiccional integral dé, sea para concluir que se trata de meras conjeturas espurias, o de razonamientos válidos y pertinentes. Sólo entonces podrá establecerse la verdad judicial, absolviendo o condenando a los imputados.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica es, primordialmente y por definición, un santuario de la Justicia. Los santuarios viven, florecen o languidecen al calor de los sentimientos, los principios y los valores que cultiven activa y fervorosamente sus componentes. Hay facultades pujantes donde reina la mística por el trabajo bien hecho, por el compromiso serio con la ciencia jurídica, con el pensamiento filosófico riguroso y con la justicia que se brinda a los sectores más carenciados de la comunidad; y hay facultades únicamente de nombre, donde sólo trasciende una apariencia académica, a veces espectacular, que cubre y disimula un fondo vacío, o un mero interés comercial.
Volver a la Facultad significa un fuerte y sostenido compromiso con la academia jurídica, que se traduce en el estudio desinteresado de la historia, la teoría y la dogmática en las manifestaciones más actuales y precisas de la doctrina europea y latinoamericana: por ejemplo, la tradición del derecho privado germánico desde las obras de Windscheid, Enneccerus y Hedemann hasta Eisenhardt y Klunzinger; del derecho civil francés desde Planiol y Josserand hasta Carbonnier, Cornu y Boris Starck; del derecho civil italiano desde Filippo Vassalli, Barassi y Messineo hasta Rodolfo Sacco, Rodotà, Guido Alpa y Alessandro Somma; del derecho civil español desde Castán Tobeñas y Federico de Castro, a Luis Díez-Picazo y Albaladejo; del derecho civil latinoamericano desde Clovis Bevilacqua, Alberto Spota, Barandiaran y Alessandri, hasta Francisco Amaral, Lorenzetti y Juan Orrego Acuña.
Volver a la Facultad significa asumirnos como juristas, como personas comprometidas con la honestidad, la voluntad de no hacer daño, y luchar por el justo reparto de los bienes de la vida.
Volver a la Facultad significa reivindicar la posición señera de la academia juris en el tratamiento de las cuestiones constitucionales y legales propuestas en la palestra nacional, como cuando los gobiernos y los diputados requerían y secundaban las opiniones de don Víctor Guardia, don Antonio Picado, don Enrique Guier o don Fernando Baudrit.
Costa Rica cruza por momentos de grave peligro; y volver a la Facultad en un momento de grave peligro institucional es un deber moral y cívico de todo compatriota con alta formación académica, aún en casos de colegas que han alcanzado la edad de retiro. Menciono a algunos: a Gilbert Armijo y a Ernesto Jinesta, jueces retirados; a Javier Llobet, Juan Marco Rivero y Francisco Dall’Anese; a Víctor Pérez Vargas, a Hugo Muñoz, padre e hijo, a Marlen León; a Ricardo Harbottle, a Ricardo Hilje, a Daniel González, a Mario Houed y a Fernando Cruz. Todos tienen todavía muchísimo que dar. No incluyo a otros y otras colegas muy valiosas, en razón de su precaria salud. Pido a todos los mencionados concurrir, junto a los actuales titulares, a un Congreso Académico donde se discuta el rumbo de la Facultad y el rol del jurista dentro de la sociedad que vivimos; su papel orientador en la comunidad nacional; sus opciones didácticas y su compromiso con la excelencia académica y la excelencia moral: su compromiso en la formación de juristas verdaderos, que es su razón de ser.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, en representación de diversas organizaciones sociales y productivas del país, manifiesta su profundo respaldo a los distintos movimientos de manifestación, protesta y denuncia que se han expresado en las últimas semanas en defensa de la democracia, la paz y la libertad en Costa Rica.
Expresamos nuestro respaldo al pueblo de Cartago y al Frente de Lucha por el Hospital, que ha venido articulando sus demandas con claridad y valentía. Sus 12 puntos de denuncia evidencian las múltiples agresiones que esta provincia ha recibido, incluyendo el atraso en la construcción del nuevo hospital, el recorte presupuestario para la educación pública que afecta al TEC, la crisis tarifaria de AyA, la contaminación del recurso hídrico en la provincia, la inseguridad creciente y el abandono del sector agroalimentario, reconocemos la legitimidad de estas demandas y acompañamos su llamado a la acción.
A su vez, respaldamos la convocatoria del movimiento Somos Democracia, que ha llamado a una gran manifestación ciudadana este domingo 21 de septiembre en San José, para defender la democracia, la paz, el Estado Social de Derecho e institucionalidad democrática costarricense.
Invitamos a nuestras organizaciones, aliados y ciudadanía en general a hacerse presentes, levantar la bandera de la democracia y rechazar cualquier forma de autoritarismo, violencia o debilitamiento institucional.
En este contexto, se requiere urgente la apertura de un diálogo abierto con los sectores productivos nacionales, en especial con las personas productoras de arroz, papa, cebolla y café, que atraviesan una recesión económica de más de ocho meses sin respuestas institucionales claras.
En particular, respaldamos el movimiento de productores y productoras de arroz nacional, que se han manifestado a las afueras de la Asamblea Legislativa en defensa de la aprobación del proyecto de ley N.º 24.211, Fondo de Competitividad y Auxilio al Sector Arrocero, iniciativa clave para enfrentar los efectos de la “Ruta del Arroz”, las condiciones climáticas adversas y la creciente dependencia de importaciones.
Reiteramos que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo no es una organización, sino una plataforma de articulación plural de diversos sectores sociales y productivos que participan de manera autónoma. Nuestro compromiso es seguir promoviendo la agenda de las distintas luchas sociales, acompañando las demandas legítimas de las comunidades y sectores, sobre todo, levantando con firmeza las banderas de la democracia, la paz y la libertad, especialmente en este mes de la patria.
