Con el objetivo de fortalecer la solidaridad costarricense con el pueblo palestino, se lanzó oficialmente la Coalición Costarricense por la Paz y la Justicia para Palestina (abreviado como Coalición PalestinaCR), con el propósito de apoyar, visibilizar y articular esfuerzos entre las organizaciones, colectivos, redes y personas que trabajan desde distintas partes del país para visibilizar y apoyar activamente la causa palestina. Esta coalición nace además, para dar apoyo al Consulado Honorario de Palestina en Costa Rica, cuya representación se encuentra a cargo de Wajiha Sasa Marin, hija de padre palestino y madre costarricense.
En el video de lanzamiento, la cónsul apeló a los valores históricos del país en defensa de la paz y el derecho internacional:
“Costa Rica ha tenido un rol de liderazgo en la defensa y construcción del derecho internacional, por tener la tradición de no resolver los problemas a través de la violencia y por el uso de las instituciones, de los tratados y marco legal internacional”, dijo. “Desde Costa Rica hay muchísimo que hacer, principalmente hacerle ver a nuestros gobernantes que no estamos de acuerdo con su posición tibia y falta de liderazgo, siendo un país que podría liderar un planteamiento y apuesta de límites a Israel” continuó.
La Coalición PalestinaCR se plantea como un espacio respetuoso, diverso, ecuménico y multicultural, que agrupa y potencia todos los esfuerzos que, desde Costa Rica, acompañan al pueblo palestino en su lucha por la vida, la justicia y la libertad, y en contra del genocidio y la impunidad. Entre sus principales objetivos destacan:
Articular a las fuerzas vivas a favor de Palestina en Costa Rica, con el fin de tener una mayor visibilidad e incidencia.
Informar, sensibilizar y concientizar a la comunidad nacional, sobre la situación del genocidio perpetrado contra el pueblo palestino.
Promover acciones concretas de solidaridad hacia el pueblo palestino y en contra de las acciones genocidas de la ocupación, con un énfasis en la acción local desde y dentro del país.
Cabe recordar que el lanzamiento de esta coalición se realiza en un contexto en el cual han pasado 668 días desde el comienzo del genocidio llevado a cabo por Israel en la ocupada Franja de Gaza, que ha provocado el desplazamiento forzoso de casi 2 millones de personas, el asesinato de más de 60 mil personas y que mantiene a más de 1.100.000 personas con niveles catastróficos de inseguridad alimentaria y desnutrición, según datos de la Embajada de Palestina en Uruguay y múltiples organismos internacionales. Esto además en un momento en donde la posición de Costa Rica ha sido poco clara y que inclusive se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con Israel.
Lanzamiento de campaña de recolección de firmas
Como parte de su lanzamiento, la Coalición PalestinaCR anunció el inicio de una Campaña Nacional de Recolección de Firmas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Esta campaña busca recolectar el mayor número de adhesiones ciudadanas como muestra de respaldo al pueblo palestino y de rechazo al genocidio y a la firma del TLC con Israel. La petición demanda específicamente:
Que el gobierno de Costa Rica condene pública y enérgicamente el genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.
Que se rompan de inmediato las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel y se interrumpa la negociación en curso de un Tratado de Libre Comercio con dicho país, mientras no se respeten los derechos fundamentales del pueblo palestino: no se puede comerciar con genocidas.
Un alto al fuego definitivo y permanente, así como el levantamiento del bloqueo sobre Gaza y las hostilidades en Cisjordania, así como la reconstrucción de la infraestructura civil del pueblo palestino.
Que Costa Rica apoye activamente la investigación y el juicio de genocidio y crímenes de guerra israelíes.
La hoja de firmas puede descargarse desde la cuenta oficial en Instagram @coalicionpalestinacr, puede solicitarla escribiendo al correo electrónico info@palestinacr.org o al WhatsApp +506 8734 9880, o la puede descargar en este enlace. También se puede firmar electrónicamente en el siguiente enlace: https://chng.it/c8bHbCjQcn
La Coalición PalestinaCR invita a todas las personas interesadas a unirse a través de distintas formas de participación, ya sea mediante la recolección de firmas, la difusión de información, apoyando con donaciones a organizaciones humanitarias en la región y participando activamente en acciones de solidaridad. Asimismo, pone a disposición sus canales de comunicación para quienes deseen colaborar o mantenerse informados sobre las acciones que se estarán desarrollando.
«La causa palestina es la causa de todas las personas dignas: por eso no bajamos los brazos, no callamos, y no dejamos de luchar por una Palestina libre y justa.»
La CGR emitió un informe de auditoría al Ministerio de Hacienda, respecto de la gestión de proyectos tecnológicos relacionados con los sistemas de información aduaneros, tributarios, de administración financiera y servicios transversales, que forman parte del portafolio conocido como Hacienda Digital, cuya esencia es garantizar la modernización de la infraestructura tecnológica, para facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la eficiencia de la administración financiera y asegurar una provisión oportuna de bienes y servicios públicos para la ciudadanía.
La ejecución de los proyectos del portafolio Hacienda Digital incumple en aspectos significativos con los criterios del marco normativo y técnico aplicable. Particularmente en lo referente a la gobernanza y la conducción estratégica de los proyectos, la planificación, su control y la implementación efectiva y sostenible de las soluciones tecnológicas. Lo cual afecta directamente la modernización de los sistemas y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Solo 23,6% de avance físico y 9,5% de desembolsos financieros al cierre de 2024. Pagos en comisiones de compromiso por más de US$2 millones. Falta de alineación estratégica y planificación técnica, lo que genera reprocesos y retrasos en la implementación de sistemas como TRIBU-CR, ATENA y CR-TEZA.
Gestión desarticulada de proyectos: No existe un listado actualizado de proyectos en curso, no se cuenta con reglas de priorización; tampoco se ejecuta un seguimiento sistemático del portafolio para identificar desviaciones en cronogramas, costos o riesgos.
Aplicación deficiente de controles: Ausencia de documentación esencial para formalizar el proyecto y asegurar su alineación con los objetivos. No hay documentación del monitoreo del cumplimiento de las cláusulas de los contratos de los proyectos ni registro de lecciones aprendidas.
Debilidades de implementación: en la planificación del despliegue, migración de datos y gestión de riesgos. No se puede garantizar la transición efectiva de los sistemas actuales a los nuevos.
El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) informa que, tras varias semanas de insistencia y acciones informativas dirigidas a la comunidad universitaria, la rectoría de la UNED finalmente ha convocado a una nueva sesión de la Mesa de Negociación Salarial 2025.
La reunión se realizará el lunes 18 de agosto de 2025, a la 1:30 p.m., en la sala de reuniones de la rectoría.
Esta convocatoria ocurre después de que el sindicato informara públicamente de la suspensión unilateral de las últimas reuniones por parte del rector Rodrigo Arias Camacho, sin que se fijara una nueva fecha de forma inmediata.
Desde entonces, el SIUNED mantuvo una campaña informativa que incluyó comunicados y mensajes diarios a la comunidad universitaria, subrayando la importancia de retomar la negociación salarial en un contexto, en donde, producto de la nefasta Ley 9635 «Fortalecimiento de las Finanzas Públicas», se ha imposibilitado reconocer el costo de vida desde el año 2021.
Desde el SIUNED señalamos que: «Este logro demuestra que la unidad, la constancia y la organización son herramientas efectivas para defender los derechos laborales».
El sindicato informa que en la Mesa de Negociación Salarial se discuten puntos fundamentales para la dignificación del personal universitario, tales como:
● El establecimiento de mecanismos para el reconocimiento del costo de vida.
● El ajuste técnico de las bases salariales vigentes en la UNED.
Finalmente, el SIUNED reitera el llamado a la comunidad nacional y universitaria a mantenerse informada y solidaria en este proceso, ya que la mejora de las condiciones laborales y salariales impacta directamente en la calidad de la educación que ofrece la UNED.
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) informó que este martes 12 de agosto, vecinos, organizaciones y colectivos del cantón de Escazú, junto a la Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE), se presentarán ante el Concejo Municipal para expresar su rechazo a una decisión que limita la participación ciudadana en el proceso del Plan Regulador.
El pasado 29 de julio, el Concejo Municipal acordó desconvocar a la Comisión Especial del Plan Regulador —que incluía representantes comunitarios, miembros del Concejo y técnicos— y trasladar la responsabilidad a una oficina técnica integrada únicamente por funcionarios municipales. Según CODECE, esta medida reduce la transparencia y la capacidad de incidencia ciudadana en decisiones clave sobre el territorio.
Este cambio recuerda un esquema similar aplicado entre 2020 y 2022, cuando se ampliaron las zonas comerciales sin una participación real, y las observaciones comunitarias fueron desestimadas. Para CODECE y las organizaciones convocantes, la Comisión Especial es un espacio clave que permite a la ciudadanía conocer, seguir y aportar a las propuestas desde sus etapas iniciales, asegurando un proceso transparente y equilibrado.
La participación comunitaria en un Plan Regulador es una garantía democrática para que las decisiones territoriales respondan al interés público y no solo a intereses privados o comerciales. Sin mecanismos claros, accesibles y con plazos razonables, la participación se vuelve un trámite simbólico sin capacidad real de influir.
Por eso, CODECE defiende que la Comisión Especial continúe siendo el espacio legítimo para que la comunidad incida directamente en el futuro de Escazú.
Este lunes 11 se presentó ante la Corte una petición urgente para reforzar la protección del defensor indígena Brörán Pablo Sibar Sibar, beneficiario desde 2015 de la Medida Cautelar MC 321/12 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La solicitud responde a un nuevo episodio de despojo territorial perpetrado con la participación activa de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba y la tolerancia de la Fuerza Pública, lo que configura un riesgo extremo e inminente contra su vida e integridad física.
El pasado 10 de agosto de 2025, dos personas no indígenas invadieron la finca de Sibar —de aproximadamente 10 hectáreas, destinada a conservación ambiental y gestión comunitaria del agua— alegando respaldo de la ADI. Pese a que Sibar posee legítimamente esta tierra desde hace más de 13 años, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, amparándose en una certificación emitida el 7 de agosto por la ADI de Térraba, a favor de personas que no forman parte del pueblo Brörán. Este documento ha sido denunciado como fraudulento.
En palabras de Sibar:
“Hace más de 13 años adquirí esta tierra y la ADI tenía total conocimiento de esto. Lo único que pedimos, exigimos y merecemos es que se haga justicia y que me dejen en paz, que como adulto mayor pueda vivir bien con mi familia. No voy a permitir que se violenten más mis derechos; llevo más de 40 años defendiendo a mi pueblo y no nos vamos a rendir.” [1].
Este incidente se suma a un patrón sostenido de hostigamiento, amenazas y agresiones contra Sibar, que en años anteriores ha incluido intentos de homicidio, ataques físicos, incendios en su propiedad y campañas de difamación. En 2021, recibió amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos de otros defensores indígenas como Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera, ambos beneficiarios de medidas cautelares.
La situación actual evidencia el beneplácito estatal ante violaciones de derechos humanos en territorios indígenas y el incumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica. Ante el riesgo de confrontación física y la posibilidad de que se repitan hechos fatales, organizaciones de derechos humanos responsabilizan directamente al Estado costarricense por cualquier daño que sufra Pablo Sibar o las personas defensoras que lo acompañan, quienes se mantienen en vigilia en el lugar de los hechos.
Antecedentes
Pablo Sibar, líder histórico del movimiento indígena Brörán, ha sido objeto de una serie de amenazas y actos de violencia:
2012: sufrió dos ataques físicos. En el primero, fue golpeado, pateado y mordido; en el segundo, una semana después, fue perseguido en carretera, insultado e intentaron herirlo con un cuchillo.
2021: fue amenazado en redes sociales con mensajes como: “Cuando será q les volarán plomo a Pablito sibas y sus secuaces…” y “Hay que eliminar a Pablo Sibar… la muerte lo anda rondando muy cerca” (sic).
Ese mismo año, un día antes del asesinato de Jerhy Rivera, Sibar escapó de una turba armada con machetes que le gritaba que lo iban a matar y “tasajear” [2].
Pocos días después, personas no identificadas incendiaron su finca. Semanas antes, había recibido amenazas sobre la contratación de sicarios para asesinarlo a él y a otros líderes indígenas. Estas amenazas fueron reiteradas meses después por un desconocido que le aseguró que existía una recompensa por su muerte.
Ha sido blanco de campañas de difamación en medios locales y nacionales. Aunque ha interpuesto denuncias oficiales y cuenta con medidas cautelares vigentes, la protección policial es esporádica y su vida sigue en grave riesgo [3].
Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Organización de Mujeres Indígenas Mano de Tigre Comunicado
La Organización de Mujeres Indígenas de Mano de Tigre condena los actos de violencia contra el pueblo Bröran y uno de sus lideres el mayor Pablo Sibar Sibar defensor de los derechos humanos y ambientales del pueblo Bröran.
Esta ves a través de una acción directa de la asociación de desarrollo entregando documento a personas no indígenas de tierras del pueblo y en este caso tierra comprada por el señor Pablo Sibar.
Urgimos al estado de Costa Rica de contener toda forma de violencia en contra de los defensores y defensoras indígenas.
Al compañero Pablo que se le brinde las medidas correspondientes de seguridad adecuadas por su vida.
Costa Rica desde el 30 abril del año 2015 tiene la medida cautelar 321-12. Esta medida busca evitar daños irreparables al pueblo Térraba, el saneamiento territorial, la gobernanza, la buena fe de parte de las instituciones es crucial para que este pueblo goce de seguridad.
Exhortamos al Estado, a través de sus instituciones a buscar de manera armónica la obligación de mantener un clima de paz y seguridad al pueblo Bröran de Térraba y sus defensores.
Vivimos un momento de profundo dolor en la historia de la humanidad. Las imágenes, las noticias y los testimonios que nos llegan desde Palestina son un espejo roto que refleja una realidad desoladora e indigna. Día tras día, informes inquietantes del sistema de Naciones Unidas y de diversas organizaciones humanitarias nos confirman que no se trata de exageraciones ni de percepciones aisladas: lo que ocurre es real, inmediato y devastador. No podemos —como seres humanos, como miembros de una comunidad global y como universidad comprometida con la verdad— mirar hacia otro lado.
En Gaza, la desesperación tiene rostro y tiene nombre. Rostro marcado por el hambre y la sed, por la infancia arrebatada a miles de niños; nombre de familias que han perdido todo, incluso la esperanza. Allí, el tejido social se desgarra bajo el peso de la destrucción, la escasez de ayuda humanitaria y la dolorosa inacción de una comunidad internacional que, con su tibieza, permite que la tragedia continúe.
No podemos ni debemos acostumbrarnos a este nivel de violencia. El término “genocidio” es grave, y por eso estremecen las palabras del Comité Especial de Naciones Unidas, que en noviembre de 2024 afirmó que la guerra en Gaza reúne las características de un genocidio. Expertos independientes, basados en pruebas contundentes, coinciden. Este no es un juicio improvisado: es una advertencia seria, que nos interpela a todas y todos.
Desde 1945, la humanidad intentó aprender de sus sombras. Se levantó un andamiaje jurídico —el Derecho Internacional Humanitario, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, los principios universales de derechos humanos— con la promesa solemne de que nunca más el odio, el racismo y la deshumanización marcarían el rumbo de los Estados. Y, sin embargo, aquí estamos, contemplando el incumplimiento flagrante de esa promesa. El fracaso no es solo de las instituciones: es un fracaso de nuestra humanidad.
En la Universidad de Costa Rica creemos que el conocimiento y la conciencia no pueden permanecer en silencio. Nos debemos al pensamiento crítico, al debate ético y a la reflexión profunda. Hoy, más que nunca, es imperativo analizar las raíces de este conflicto y comprender sus impactos —humanitarios, sanitarios, socioeconómicos, políticos, culturales y ambientales— tanto en el presente como en las generaciones futuras. No se trata solo de cifras y estadísticas: se trata de vidas.
Como universidad pública, tenemos un deber moral ineludible: alzar la voz contra toda forma de violencia y opresión, y hacerlo desde nuestra identidad y vocación. Nuestra misión no es únicamente formar profesionales; es formar seres humanos con capacidad mirar el dolor del otro y responder con acción, con ciencia, con cultura y con compromiso social. La verdad, sustentada en el conocimiento y humanismo, es nuestra mayor herramienta para construir una sociedad más justa.
Por eso, hoy hacemos un llamado firme a solidarizarnos con el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania. Invitamos a toda nuestra comunidad a multiplicar las acciones académicas, científicas, culturales y sociales que promuevan el diálogo, la reflexión crítica y la construcción de propuestas para una convivencia pacífica y duradera.
Reiteramos nuestro compromiso con los principios universales de la dignidad humana, el respeto al derecho internacional, la defensa de la vida y el reconocimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino. El conocimiento solo cumple su propósito cuando se pone al servicio de la justicia y de la paz. Y en tiempos como estos, callar no es neutralidad: es complicidad.
Dr. Carlos Araya Leandro Rector Universidad de Costa Rica
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, (Magazine+972, edición del 6 de agosto del 2025), titulado «Microsoft storing Israeli intelligence trove used to attack Palestinians». Este mismo medio israelí había dado a conocer al mundo, en abril del 2024, la existencia del programa informático «Lavender» (véase su artículo titulado » ´Lavender´: The AI machine directing Israel´s bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024).
El pasado 6 de agosto, en Costa Rica el Consejo Municipal del cantón de San Pedro de Montes de Oca adoptó un acuerdo municipal exhortando a las autoridades costarricenses a suspender toda negociación de un tratado de libre comercio (TLC) con Israel y a abstenerse de relativizar el drama indecible que se vive en Gaza: véase nota del medio digital Delfino.cr.
Es posible que las “carcajadas” a las que refiere este interesante artículo del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025 por parte del Presidente de Costa Rica hayan, al menos en parte, motivado esta iniciativa de varios regidores de San Pedro Montes de Oca.
Este acuerdo municipal, muy pocamente difundido en los medios de prensa radiales y televisivos costarricenses, fue adoptado en la víspera del 7 de agosto, fecha en la que se conmemoraron 22 meses desde la fecha del 7 de octubre del 2023. Al respecto, desde esta vez la Asamblea Legislativa, se dio a conocer el 7 de agosto un manifiesto suscrito por 59 premios nacionales del sector cultural y académico costarricenses contra toda idea de negociar y de suscribir un TLC con Israel en estos momentos (véase nota del Semanario Universidad con listado de los firmantes y video de la actividad, con presencia de la Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica). En esta otra nota de Delfino.cr, del 10 de agosto, uno de los enlaces refiere al texto mismo del manifiesto conjunto suscrito por una impresionante cantidad de intelectuales de renombre y de intachable trayectoria costarricenses.
El texto integral del acuerdo municipal adoptado por el Consejo Municipal de San Pedro de Montes de Oca puede ser consultado en este enlace del medio digital SurcosDigital.
En la precitada nota del medio Delfino.cr, se detalla que la moción fue adoptada con 6 votos a favor y uno en contra: el del concejal municipal por el Partido Liberación Nacional / PLN. Como es bastante probable que otros regidores municipales en otras localidades (tan indignados como los de San Pedro de Montes de Oca) se pronuncien en un sentido muy similar, será de sumo interés revisar si el voto del regidor municipal del PLN del cantón de Montes de Oca respondió a sus convicciones personales, a una instrucción de su partido político o bien… a ninguna de las dos anteriores (y que sería de igual manera de interés conocer).
Una cuestión de sentido común del que al parecer algunos adolecen en Costa Rica
En un artículo publicado en el medio digital LaRevistaCr habíamos tenido la oportunidad de plantear la siguiente pregunta desde el mes de febrero del 2025, en nuestra entrega semanal publicada el 8 de febrero y titulada precisamente:
“Israel – Comerciar libremente con Israel… como si ¿nada pasara?” (véase enlace).
En aquel momento, la muerte diaria de decenas y hasta centenares de civiles palestinos por parte del ejército israelí y la destrucción metódica y planificada de la infraestructura pública existente en Gaza, así como los primeros indicios de hambruna entre los más vulnerables, ya alcanzaban proporciones inimaginables (Nota 1).
Desde entonces (febrero del 2025), han aumentado de manera dramática la destrucción y las insensatas exacciones de Israel contra la población civil en Gaza, sin lograr en lo más mínimo Israel alcanzar sus dos objetivos militares en 22 meses de intensos bombardeos sobre Gaza, a saber:
– – “erradicar al Hamás” y;
– – recuperar a los rehenes custodiados por el Hamás.
El último informe de Naciones Unidas sobre la situación en Gaza (al 6 de agosto del 2025) está disponible en este enlace, en el que podemos leer que 730 personas perdieron la vida entre tan solo el 30 de julio y el 6 de agosto en Gaza:
“According to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, between 30 July and 6 August, 730 Palestinians were killed, and 4,479 were injured. This brings the casualty toll among Palestinians since 7 October 2023 to 61,158 fatalities and 151,442 injuries, according to MoH”;
Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores realizar por sí mismo un macabro cálculo mental sobre el ratio de personas que asesinó deliberadamente Israel cada día desde el 30 de julio del 2025, siendo muchos de ellos niños, mujeres y personas hambrientas y desesperadas en largas filas esperando recibir algún tipo de ayuda humanitaria.
Al contener este mismo extracto, el número de muertes reportadas por las autoridades sanitarias (61.158 fallecidos) desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, le sugerimos de igual manera a nuestros lectores proceder a dicho macabro cálculo al cumplirse 22 meses este 7 de agosto del 2025, el cual supera todos los pronósticos que pudimos entrever, y ello desde el mismo mes de octubre del 2023, al comentar el “asedio total” anunciado por parte de Israel en Gaza en respuesta al ataque sufrido el 7 de octubre del 2023 (Nota 2).
Información pública, disponible en línea, que al parecer algunos no quieren leer en Costa Rica
Dentro del complejo organigrama de Naciones Unidas, se cuenta en primer lugar con una comisión internacional de investigación, creada por el Consejo de Derechos Humanos, la cual ha documentado y analizado las exacciones de Israel en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2021 y antes también. Sus informes del 2025, 2024, 2023 están todos a disposición del público en este enlace oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
También se cuenta en Naciones Unidas con una Relatora Especial sobre los derechos del pueblo palestino que reporta con mayor periodicidad a la Asamblea General de Naciones Unidas las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército israelí en Gaza desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023: remitimos al respecto a una de nuestras últimas entregas a LaRevistacr, de julio del 2025 (edición del 12 de julio), titulada:
“A propósito de las recientes sanciones tomadas por Estados Unidos contra Francesca Albanese” (véase enlace).
Debe saberse que un importante sector de la comunidad judía respalda plenamente la labor de denuncia y de documentación de las exacciones de Israel en Gaza realizada por la jurista italiana Francesca Albanese: véase por ejemplo el comunicado conjunto suscrito por 30 organizaciones judías, colgado en Canadá. Su último informe presentado el 3 de julio del 2025, que desató la ira de Estados Unidos y de Israel (Nota 3) fue difundido en Francia desde el portal de la muy activa Union Juive Française pour la Paix (UJFP): véase enlace. Se recomienda de igual modo esta muy completa entrevista a Francesca Albanese, realizada en noviembre del 2024, y colgada de igual forma en el sitio de la misma UJFP.
El simple hecho que Estados Unidos e Israel, así como sus aliados y numerosos círculos de influencia que gravitan alrededor de las embajadas de Israel en todo el mundo, hayan desplegado todo el arsenal de presiones diplomáticas y mediáticas contra esta jurista italiana contribuye a realzar su labor y a poner en evidencia la calidad de sus informes sobre la situación en Gaza, en particular los dos informes anteriores presentados en el 2024 en Naciones Unidas, y que nos permitimos referenciar:
– marzo del 2024: «Anatomy of a genocide«, informe A/HRC/55/73 disponible en la red, cuyo texto completo está disponible aquí.
– octubre del 2024: «Genocide as a colonial erasure«, informe A/79/384, cuyo texto completo está disponible aquí.
Para quienes consideran (todavía) en Costa Rica que las acusaciones de “antisemitismo” proferidas por Israel y por su incondicional aliado norteamericano contra Francesca Albanese son de recibo (lo cual no constituye sino un enésimo intento de descalificar a un órgano de Naciones Unidas al repudiar y condenar las violaciones del derecho internacional público por parte de Israel – Nota 4), ambos informes de esta jurista italiana pueden ser útilmente completados con esta entrevista publicada en la BBC en junio del 2025 a Omer Bartov, uno de los expertos israelíes de mayor renombre sobre el Holocausto (véase entrevista). Una entrevista realizada en Francia a este mismo experto y a una jurista gala, detalla las exacciones de todo tipo que ha ejecutado el ejército de Israel y la dificultad de aceptarlas para gran parte de la sociedad israelí (véase texto integral).
A todos quienes desde diversos espacios (redes sociales incluidas, pero no solamente) tildan de «antisemitas» a quienes critican el accionar militar insensato de Israel en Gaza, les sugerimos plantearse algunas preguntas muy válidas sobre el uso de este calificativo: al ver la creciente cantidad de personas de confesión judía en todo el mundo criticar abiertamente las exacciones de todo tipo a las que se presta el ejército de Israel en Gaza contra la población civil palestina…¿no será que hay un problema? De manera a no causar mayor sonrojo al ya causado, evitaremos señalarles de cual confesión es el actual canciller de uno de los Estados más críticos de Israel en América Latina: Chile.
Una falsa dicotomía a la que al parecer algunos se aferran en Costa Rica
Las autoridades de comercio exterior de Israel forman plenamente parte del aparato estatal israelí, al igual que sus homólogas costarricenses, parte integrante del Estado costarricense: no hay cómo sostener, como se ha leído en algunas columnas de entusiastas partidarios del libre comercio, que el comercio exterior es un asunto totalmente ajeno y separado de la política de un Estado.
La extrema presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Sudáfrica desde la llegada a la Casa Blanca de su ocurrente ocupante, en enero del 2025, con aranceles mucho más altos que para productos provenientes del resto de los Estados del continente africano, responde a una evidencia que nadie puede negar: Estados Unidos busca sancionar a Sudáfrica, en particular por sus diversas acciones contra Israel ante la justicia internacional de La Haya en razón del genocidio en curso de Israel en Gaza. La tasa impositiva de un 35% aplicada más recientemente por Estados Unidos a los productos importados desde Canadá responde en gran parte al anuncio previo por parte de Canadá de su disposición a reconocer a Palestina como Estado.
Más allá de dicotomías que no existen (pero que algunos persisten en querer ver), de suscribirse un tratado de libre comercio con Israel en este 2025, Costa Rica sería el primer Estado en el mundo en acordar un tratado bilateral con un Estado cuyo Primer Ministro es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, así como su ex Ministro de Defensa. Al respecto, no está de más recordar que ambas órdenes de captura fueron solicitadas desde el 21 de noviembre del 2024 (véase comunicado oficial de la CPI). Luego de presentar Israel un sinfín de supuestos “argumentos”, la Sala de Apelaciones de la CPI adoptó el 16 de julio del 2025 una decisión en la que rechaza la solicitud de suspensión de la investigación llevada a cabo por el Fiscal de la CPI contra estas dos altas autoridades israelíes. Se lee en el párrafo 37 (véase texto completo) que:
» 37. In conclusion, the Chamber finds that the suspension of investigation pursuant to article 19(7) of the Statute can only result from a State challenging the admissibility of a case. Since Israel has not challenged admissibility, the Chamber rejects Israel’s request to declare that the Prosecution must suspend its investigation into the cases against Mr Netanyahu and Mr Gallant, let alone the Situation as a whole«.
De igual manera, de suscribir Costa Rica un TLC con Israel en este 2025, Costa Rica sería el primer Estado en el mundo en suscribir un tratado con un Estado objeto de una acción contenciosa por genocidio en Gaza interpuesta por otro Estado (Sudáfrica) ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): al respecto, debemos advertir que el abierto desafío de Israel a la autoridad de la CIJ, irrespetando las cuatro ordenanzas sobre medidas provisionales dictaminadas en su contra en el 2024 no puede sino inclinar a los 15 integrantes de la CIJ a dictaminar una sentencia sobre el fondo particularmente ejemplarizante.
¿Un nuevo TLC con Israel en Centroamérica? Un reciente ejercicio que debería poder evaluarse desde Costa Rica
En el marzo del 2024, Guatemala anunció la entrada en vigor de un tratado de libre comercio con Israel que se había negociado y suscrito en el 2022 (véase comunicado oficial de prensa oficial): cabe precisar que fue negociado y que fue suscrito antes de la campaña militar iniciada de manera insensata contra la población civil de Gaza por parte de Israel en la tarde /noche del 7 de octubre del 2023.
Cabe resaltar que durante el mes de marzo del 2025, no se escuchó en Guatemala de ninguna conmemoración de este primer año de entrada en vigor de este instrumento bilateral con Israel. Posiblemente ello se deba a que los economistas guatemaltecos e israelíes, al revisar cifras sobre índices de crecimiento, empleo, inversión, competitividad, lucha contra la desigualdad social y tantas otras cosas tan maravillosas que se oyen cuando se intenta justificar la suscripción de un TLC (como las escuchadas durante la campaña del “Si” en Costa Rica de cara al referéndum del 7 de octubre del 2007) no encontraron ninguna digna de destacar en este 2025.
Si para algunos defensores en Costa Rica del libre comercio, convencidos de que hay que continuar expandiendo los TLC a como dé lugar, sin tomarse el tiempo de evaluar sus efectos negativos sobre la economía costarricense y las finanzas públicas del Estado costarricense, la corta experiencia de Guatemala no es de mayor relevancia, los remitimos a los últimos 4 párrafos de este informe del 2024 sobre los efectos del TLC entre Colombia e Israel, suscrito en agosto del 2020, y que en particular señala que:
“según las propuestas del TLC, este mejoraría los flujos de inversiones y aumentaría los negocios, que para el periodo en el que el acuerdo ha estado vigente no han aumentado de manera significativa las inversiones ni las compras de Israel en sectores de relevancia para Colombia como la agricultura y metalmecánica” (página 10).
De algunos efectos negativos a tomar desde ya en consideración
Más allá de las falsas expectativas en materia económica y comercial que a veces fomentan algunos influyentes círculos del sector privado a partir de la suscripción de un TLC (y sus relevos en la prensa corporativa y la prensa cercana a defender las posiciones del sector privado), en lo personal consideramos, como muchos otros en Costa Rica, que no le conviene a Costa Rica y a su imagen internacional presentarse ante el mundo como “el” gran socio estratégico de Israel en América Latina en este 2025.
Tampoco podría considerarse la suscripción de un TLC con Israel como un atractivo para fomentar el sector turístico y más generalmente para el sector privado en cuanto a atraer mayores inversiones extranjeras en Costa Rica, todo lo contrario: pensemos un solo instante en las consecuencias que podría acarrear semejante anuncio por parte de Israel y de Costa Rica para las inversiones extranjeras ya existentes o futuras en Costa Rica provenientes de la península arábica (Arabia Saudita, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos). Pensemos por otro lado en las críticas generalizadas y en las multitudinarias manifestaciones que se han podido observar contra Israel en gran parte de las principales capitales en Europa, continente del que provienen una significativa cantidad de turistas anualmente.
Ya pudimos observar cómo, en plena cumbre mundial sobre el ambiente en noviembre del 2024 en Bakú (Azerbaiyán), el anuncio por parte de Costa Rica de un acuerdo en materia ambiental con Israel le valió un repudio generalizado y el otorgamiento del premio menos apetecido por los Estados (Nota 5).
A modo de conclusión: volviendo un momento al PLN
Con relación a voto en contra de un regidor del PLN mencionado al inicio de estas reflexiones y que, en nuestra modesta opinión, debería interpelar al actual comando de campaña del PLN, quisiéramos recordar lo que señalábamos sobre el PLN e Israel, de cara a su convención interna, al precisar las consecuencias (algo previsibles) de una singular propuesta de uno de los precandidatos del PLN, cuando escribimos en conclusión de un artículo que:
“Sin ser especialista en política y mucho menos en intención de votos de los votantes del Partido Liberación Nacional (PLN) pertenecientes a las distintas corrientes de liberacionistas de cara a la convención interna prevista el próximo 6 de abril, nos atrevemos a pensar que este anuncio le restó numerosos apoyos a dicho candidato dentro de las filas verdiblancas. Nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores costarricenses a una valoración hecha por el excanciller de Costa Rica en el período (2006-2010) sobre el traslado de la embajada costarricense a Jerusalén observado en 1982” (Nota 6).
Dejamos a cada uno de nuestros estimables lectores seguidor del PLN (o bien simpatizante de otro partido político) revisar por sí mismo los números alcanzados por este precandidato del PLN con relación al ganador de la convención interna del mismo realizada pocos días después.
No está de más indicar lo que se lee en el capitulo sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, por parte del ex canciller de Costa Rica en el período 2006-2010, al concluir este capítulo señalando en su libro publicado en el 2013 que:
«Al concluir el acto protocolar, me encontré rodeado de distintos miembros de la comunidad que venían a saludarme y felicitarme por mis palabras, mi valor y mi candor. Algunos no estaban necesariamente de acuerdo con mis planteamientos, pero respetaban nuestro modo de pensar. Otros se expresaron a favor, e incluso unos cuantos me abrazaron y dos lloraron sobre mis hombros. Fue un momento de catarsis. Al Ex–Presidente Monge no lo volví a ver, ni tenía muchas ganas de verlo. El 20 de mayo, sin embargo, publicaría un artículo en el cual, desprovisto de argumentos, arremetería contra los “neo-nazis” de la administración Arias Sánchez (Nota 27). Supongo que mis palabras no fueron de su entero agrado” (Nota 7).
Siempre con relación al cantón de Montes de Oca, cabe señalar que en junio del 2025, su consejo municipal acordó de manera unánime rechazar una invitación para que su alcalde fuera a Israel a asistir a un evento (véase nota de Delfino.cr del 5 de junio del 2025).
Más allá de la contienda electoral que se avecina en Costa Rica, como a muchos otros colegas y entidades sociales, nos resulta muy cuestionable observar cómo Costa Rica está haciendo a un lado los principios sobre los que ha basado tradicionalmente su imagen internacional en los últimos 50 años, cuando se trata de las exacciones perpetradas por Israel en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023.
Estamos en la mejor disposición de explicar y de detallar al público en general, así como a partidos políticos, a regidores o a sus agrupaciones políticas a nivel local, una tras otra desde mayo del 2022, las omisiones y los graves yerros que ha tenido el aparato diplomático de Costa Rica para condenar en Naciones Unidas de manera contundente el genocidio en curso en Gaza y las violaciones graves al derecho internacional humanitario perpetradas por el ejército israelí. La comparación entre, por un lado, los comunicados oficiales con los que Costa Rica ha condenado de manera reiterada y vehemente la agresión militar de Rusia contra Ucrania desde febrero del 2022 y las exacciones reiteradas de Rusia contra la población civil ucraniana y, por otro lado, los pocos comunicados oficiales de Costa Rica relacionados a las exacciones de Israel en Gaza, constituye sin lugar a dudas un ejercicio muy recomendado al respecto.
En cuanto a silencios y omisiones graves, podemos señalar que desde el 7 de agosto pasado, se espera que Costa Rica se manifieste en términos similares a Brasil (véase comunicado de prensa), Chile (véase comunicado de prensa), Turquía (véase comunicado), o Uruguay (véase comunicado), entre muchos más, ante el anuncio por parte de Israel de expandir aún más su control sobre Gaza, que ya ocupa en un 75%. Una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue convocada este domingo 10 de agosto para tratar únicamente de este tema.
Al momento de redactar estas líneas (11 de agosto), el sitio del aparato diplomático costarricense se mantiene en el mutismo más total.
De igual manera, como muchos otros colegas, estamos anuentes a analizar con estas mismas agrupaciones las razones por las que es inconveniente que Costa Rica suscriba en este 2025 un TLC con Israel. Al respecto, este próximo 13 de agosto, tendremos la oportunidad de compartirlas con dos distinguidos colegas universitarios en un foro virtual al que desde ya se extiende una muy cordial invitación (véase volante de actividad auspiciada por Surcos Digital y la Alianza por una Vida Digna).
– Notas –
Nota 1: Para febrero del 2025, un informe conjunto del Banco Mundial y de la Unión Europea (UE) – véase informe– calculaba que las pérdidas y daños ocasionados en Gaza por parte de Israel desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023 alcanzaban una suma de más de 49.000 millones de US$ (véase tabla y explicaciones en pp.3-4). Se lee (página 25) que:
«The assessment estimates around US$19.1 billion of economic and social losses incurred due to the conflict (see Figure 3). The sectors with the highest estimated losses are health with US$6.3 billion, education with US$3.2 billion, commerce and industry with US$2.2 billion, social protection at around US$1.4 billion, and agriculture at US$1.3 billion. The impacts, damages, and losses are thus greatest in housing with US$16.3 billion, commerce and industry with US$8.1 billion, health with US$7.6 billion, education with US$4.1 billion, and transport with US$2.9 billion«.
Nota 2: Véase al respecto nuestra nota: BOEGLIN N., “Voz experta: Ataque de Hamás desde Gaza y el «asedio total» de Gaza anunciado como respuesta israelí. Algunos apuntes desde la perspectiva del derecho internacional público”, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad para Costa Rica (UCR), editada el 30 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Pese al cerco informativo existente en Costa Rica (así como en muchas otras latitudes), en esta entrevista traducida al español y publicada en Uruguay a finales del mes de junio (véase enlace), nuestros estimables lectores podrán entender mejor por qué molesta tanto a algunos la incansable y persistente labor de Francesca Albanese y por qué se busca invisibilizar las denuncias que ha documentado en sus últimos informes. En ese sentido, esta reciente entrevista (realizada el 7 de julio del 2025) publicada por Sky News de igual manera resulta de gran interés.
Nota 4: Cuando en una decisión histórica del 5 de febrero del 2021, la Corte Penal Internacional (CPI) se declaró perfectamente habilitada para examinar todo lo que ocurre en el territorio palestino ocupado, sin excepción de ningún tipo, celebrada como tal por Human Rights Watch (véase comunicado) entre muchos más, en Israel, su máxima autoridad no encontró nada mejor que calificarla de «puro antisemistismo» (véase nota del Timesof Israel del 6 de febrero del 2021).De igual manera, las máximas autoridades de Israel tildaron de «antisemitas» a los jueces de la CPI en noviembre del 2024 (véase nota de prensa) de France24.En el mes de enero del 2024, estas mismas altas autoridades israelíes consideraron oportuno calificar la primera ordenanza dictaminada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como sesgada en razón, según ellas, del «antisemitismo» de algunos de sus integrantes (véase nota de The Guardian). En este 2025, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el que fue acusado de “propagar antisemitismo”, (véase nota del TimesofIsrael del 5 de febrero del 2025), al anunciar Israel que no colaboraría más con este órgano de Naciones Unidas, imitando a Estados Unidos, que lo anunció unas semanas antes. El tildar de “antisemitismo” a un órgano de Naciones Unidas corresponde en realidad al abanico de gesticulaciones y de vociferaciones de las máximas autoridades de Israel cada vez que su diplomacia fracasa de manera estrepitosa, y que ya no impresionan mayormente, salvo en el seno de algunos pequeños círculos políticos que gravitan alrededor de la Casa Blanca en Estados Unidos y de otros círculos activos en algunas capitales, San José incluida.
Nota 5: En efecto, al anunciar la firma de un Memorandum de Entendimiento (MoU) con Israel en materia ambiental (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales del 13 de noviembre y comunicado oficial de sus homólogas en Israel), Costa Rica obtuvo el poco decoroso galardón de «Fósil del Día» otorgado por organizaciones ecologistas internacionales indignadas: véase al respecto este artículo publicado en el semanario Ojoalclima, cuya parte final exhibe a las autoridades costarricenses en su súbita negativa a dar explicaciones.
Nota 6: Véase BOEGLIN N., “Gaza / Israel: el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adopta una resolución sobre obligación de prevenir el genocidio”, en la parte conclusiva, editada el 2 de abril del 2025 en nuestro blog. Texto integral disponible aquí.
Nota 7: Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 74-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.
El trabajo en América Latina ha experimentado importantes transformaciones durante la última década, especialmente en el marco de nuevos procesos de digitalización y flexibilización del trabajo que han instaurado esquemas laborales fragmentarios, difusos y ambiguos. La relación laboral formal y contractual, cuyo nacimiento jurídico deriva del capitalismo industrial norteamericano y europeo – y que nunca terminó de aplicarse bien en América Latina –, enfrenta ahora la embestida tecnológica de apps transnacionales como Uber y otras similares que, ante la atónita mirada – o la complicidad – de los estados nacionales, implantan actualmente un modelo empresarial que se sobrepone al derecho laboral existente. Empresas como Uber han instaurado, de esta forma, una nueva lógica empresarial que parte de la negación jurídica de la figura del trabajador, que eufemísticamente pasa a ser nombrado como un ‘‘socio’’, permitiendo a las empresas lucrar con el trabajo sin derechos de una multitud dispersa de latinoamericanos y de trabajadores del Sur Global
En este sentido, las empresas de plataforma digital gozan del trabajo ajeno sin asumir responsabilidades sociales, desconociendo cualquier vínculo patronal con una fuerza de trabajo global cuya actividad laboral – sin derechos – produce las grandes ganancias que estas almacenan en paraísos fiscales. Estas empresas, en otras palabras, construyen un discurso en torno a la figura del ‘‘trabajador independiente’’ para encubrir la vigilancia y el control algorítmico al que están sujetas las personas trabajadoras, con el fin de evitar asumir cualquier responsabilidad patronal.
Costa Rica, como es de esperarse, no escapa a la embestida tecnológica de las plataformas digitales. Vamos a ser sinceros: ¿puede uno andar por chepe, o por Heredia centro, sin toparse una moto en cuyo equipaje venga pintado el eslogan de Glovo, Uber o Didi? Ya hasta en los pueblos o las pequeñas urbes fuera de la GAM se puede pedir un Uber, desde Naranjo hasta San Ramón, por ejemplo. En Costa Rica, una década después de la polémica y atropellada entrada de Uber, abundan ya muchas otras plataformas que se han sumado a la competencia, para ver si pueden apropiarse ellas también del trabajo barato y no regulado de los costarricenses. La inmediatez con la que se instaló Uber contrasta, no obstante, con la prolongada inacción del Estado costarricense y la marcada complicidad de los sectores empresariales del país, que muestran una incapacidad reiterada – y una marcada falta de voluntad – para adaptar el aparato jurídico a nuevos panoramas sociolaborales en los que los algoritmos de las empresas transnacionales juegan un papel clave y el derecho laboral del país se está quedando estancado.
Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [2] ha dado las primeras alarmas sobre las situaciones de dependencia y dirección algorítmica a las que están sujetas las personas conductoras y repartidoras, pero el discurso empresarial persiste en el argumento mágico de que ‘‘Uber da empleo’’. En Costa Rica, además,ya se han sentado los primeros antecedentes de reconocimiento de una relación laboral entre conductores y plataformas por parte del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José. Desde el plenario legislativo del país, lamentablemente, el énfasis en la regulación de plataformas digitales ha sido otro: la Asamblea Legislativa se aboca apenas a tratar algunos aspectos meramente operacionales de las plataformas digitales en el país, pero su quehacer carece de un enfoque de derechos laborales y derechos humanos.
La situación costarricense actualmente es, no obstante, diferente a la de muchos países en la región: recientemente en México el oficialismo impulsó una reforma[2] que hace frente a la reiterada irresponsabilidad empresarial de plataformas digitales respecto a sus trabajadores y, retomando el legado de países pioneros como Chile y España, reconoció los derechos laborales tanto de las personas conductoras como repartidoras de plataforma. Por medio de la reforma, por ejemplo, se obligará a las empresas al cumplimiento del aguinaldo, la protección contra riesgos laborales, y las vacaciones para quienes reciban salarios mayores al salario mínimo. Chile, por su parte, desde 2022, ha marcado la pauta y se ha destacado por ser un país pionero en derechos laborales por medio de una ley que garantiza, para todas las personas trabajadoras de plataforma, derechos como la sindicalización y la negociación colectiva, el derecho a la desconexión voluntaria y las protecciones laborales y patronales mínimas.
En nuestro caso centroamericano, lamentablemente, a veces son más palpables los retrocesos que los avances: ni la Asamblea Legislativa ni el Poder Ejecutivo han realizado propuestas de ley que busquen regular, más allá de aspectos operacionales y tributarios, las plataformas digitales del país. Es más, la actual inacción respecto a esta problemática parece señalar una anuencia silenciosa del Estado y sus instituciones. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo, se ha abocado a dar algunas recomendaciones someras y escuetas a las empresas de plataforma, y apenas se ha limitado a reconocer algunos aspectos nocivos para la salud en el trabajo del delivery sin emprender mayores acciones. Y peor aún para el país: Costa Rica se opuso recientemente a crear un convenio para hacer que las plataformas digitales se comprometan a dar condiciones dignas a sus trabajadores en la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT).
Actualmente a nivel país, las discusiones en torno al trabajo están centradas en otro retroceso significativo que se está impulsando dentro del plenario: la ley 24290, que plantea jornadas de 12 horas por cuatro días a la semana. No obstante, una situación más dramática ha tenido menor relevancia mediática a pesar de su magnitud: varias decenas de miles de conductores y repartidores de Uber y otras empresas digitales en Costa Rica trabajan, desde hace muchos años, en jornadas similares o incluso mayores, de acuerdo con encuestas de años recientes [3], así como también enfrentan condiciones bastante pauperizadas y vulnerables en el ejercicio de su labor.
¿Hasta dónde, hemos de preguntarnos, llegará el silencio y la inacción del Estado y sus instituciones? La respuesta, parece, seguirá siendo una incógnita aún por mucho tiempo.
[1] Organización Internacional del Trabajo. (2021). El trabajo en las plataformas digitales de reparto en Colombia. Análisis y recomendaciones de política.
[3] Artavia-Jiménez, M., Solano, J., Campos, M. y Herrera, M. (2023). Plataformas digitales y precariedad laboral en Costa Rica El caso de las personas repartidoras de la Gran Área Metropolitana (GAM). Friedrich Ebert Stiftung
*Escuela de Sociología, Universidad Nacional. Asistente investigador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense. Exrepresentante de Costa Rica en la XXXI Olimpiada Internacional de Filosofía, Grecia, 2023.
El pasado 3 de agosto, diferentes comunidades de Guatuso se reunieron en Maquengal en un conversatorio organizado por el Comité de Defensa de la Cuenca del Río Frío, una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR). En este encuentro, los participantes expresaron su profunda preocupación por nuevas concesiones mineras que amenazan directamente la vida del río y de las personas que dependen de él.
La situación es grave ya que existe presencia de maquinaria pesada que extrae material a escasos 300 metros de una escuela. Este punto de extracción, parte de una nueva concesión privada con vigencia por 10 años prorrogables hasta 30, se suma a más de 17 concesiones que ya afectan la cuenca del Río Frío. Lo que antes era un espacio de encuentro, recreación y turismo rural, hoy está tomado por el ruido y la devastación.
Las comunidades denuncian que no fueron informadas ni consultadas por las instituciones competentes sobre estas concesiones, a pesar de existir normas que garantizan el derecho a la información y participación ciudadana. El malestar es generalizado debido a la ausencia de un proceso participativo, la falta de control comunitario sobre el uso del río y el pago simbólico de la empresa concesionaria al Estado frente a los daños ocasionados.
Los habitantes de la zona relatan cambios significativos en las últimas décadas, como inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos (como el cacao), modificación del curso natural del río, reducción del caudal y afectaciones a caminos y puentes. Estos efectos se vinculan a la actividad extractiva, la deforestación y un modelo de desarrollo sin planificación territorial. Se ha alterado la forma de vida tradicional en torno al río, y los caminos se deterioran sin mantenimiento, a pesar de las toneladas de material que salen del territorio anualmente.
El deterioro impacta directamente en los proyectos de turismo rural comunitario. El entorno natural del río, que era un atractivo para visitantes nacionales y extranjeros, se desvanece con el avance de la extracción. «¿Quién va a querer visitar un lugar donde lo que se oye es maquinaria y lo que se ve es un río herido?», comentó un vecino. Así, la extracción no solo deja un cauce devastado, sino que también arrasa con ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida sostenibles.
La comunidad ha identificado una serie de impactos graves derivados de la actividad minera en cauces: alteración del cauce natural (provocando desbordamientos), aumento de la erosión, pérdida de biodiversidad (afectando hábitats de peces e insectos acuáticos), afectación de nacientes y humedales, contaminación acústica, barro en época lluviosa y polvo en época seca (afectando la salud), e interrupción de caminos y acceso a fincas. Además, existe la preocupación de que la falta de control y fiscalización permita extracciones sin estudios actualizados de impacto ambiental y sin que se respeten los límites o volúmenes autorizados.
También hay alerta por el deterioro del puente de La Amapola, clave para la conectividad de la zona, expuesto al paso constante de maquinaria. Este puente, construido en 2022 por la CNE y la Municipalidad de Guatuso con un costo de 388 millones de colones, genera preocupación debido a solicitudes de permisos para que maquinaria pesada transite por debajo de él, lo que ha generado sospechas sobre su estado actual y posibles afectaciones a su base estructural, representando un riesgo directo para la seguridad. La comunidad denuncia que estos permisos se gestionan sin consulta previa ni monitoreo técnico visible, contrastando con la falta de inversión pública para mejorar caminos y accesos al servicio del pueblo.
La comunidad exige participación real, respeto a los derechos y defensa del territorio. “El río se está muriendo, y con él nuestra forma de vivir”, expresó una participante. Para hacer frente a esta situación, la comunidad acordó fortalecer la organización local, articularse con otros territorios afectados y buscar apoyo legal desde el marco del derecho ambiental y el principio de participación ciudadana. En este esfuerzo, se reconoció el acompañamiento brindado por la Universidad de Costa Rica y el Observatorio de Bienes Comunes en procesos de documentación, mapeo participativo y denuncia ambiental.
Le invitamos a leer la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes UCR, titulada “La voz del río: comunidades de Guatuso alertan sobre las nuevas amenazas al Río Frío”, a través del siguiente enlace:
