¿Crecimiento para quién? Democracia, Equidad y Derechos Humanos bajo el gobierno de Chaves Robles

Escrito en 08/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.

¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?

Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.

Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.

¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?

¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?

El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?

Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.

¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?

¿Puede haber seguridad sin justicia social?

El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.

El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.

¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?

¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?

Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?

Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.

¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?

¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?

Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.

¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?

Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?

Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?

Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.

Conclusión

Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.

Empresas encuestadoras en Costa Rica: ¿fallan o aciertan?

Escrito en 08/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Solano-Saborío
JoseSo

Sobre la precisión y los tropiezos de las encuestas electorales recientes

Imaginemos el escenario: elecciones generales, la ciudadanía tensa y los medios pendientes de cada número que arrojan las famosas encuestas. En Costa Rica, estos procesos suelen ser acompañados por titulares llamativos, debates acalorados y cuidado, si no, sesgos evidentes. Sin embargo, en los últimos procesos electorales, muchas personas han notado que los resultados finales han estado distantes de las proyecciones que ofrecieron empresas encuestadoras como Opol y otras del sector. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué parecen fallar más de lo que aciertan? ¿Hay alguna que realmente haya logrado una mejor lectura de la realidad política costarricense?

La confianza en las encuestas: ¿en picada?

Las encuestas electorales han sido, por décadas, el termómetro de la opinión pública. Se han usado para anticipar tendencias, medir la intención de voto y hasta para definir estrategias de campaña. Pero lo que antes era tomado como palabra casi santa, hoy se mira con recelo. Es que, en los últimos dos comicios generales, los resultados oficiales dejaron en evidencia la imprecisión de muchos sondeos.

Opol, por ejemplo, ha sido una de las empresas más visibles, pero también de las más criticadas. Sus proyecciones han estado notablemente alejadas de lo que la ciudadanía finalmente decidió en las urnas. También hay fotos, videos y testimonios de la cercanía del propietario de la firma encuestadora a ciertos candidatos y partidos.

¿Fallaron los métodos? ¿Se equivocaron las muestras? ¿O la realidad costarricense simplemente es demasiado compleja para ser capturada por un par de preguntas bien estructuradas?

¿Por qué las encuestas fallan?

Existen varias razones por las cuales las empresas encuestadoras pueden errar. Para empezar, el desafío de obtener una muestra verdaderamente representativa es cada vez mayor. La fragmentación política, la baja identificación partidaria y el aumento de personas indecisas dificultan la labor de quienes buscan anticipar el resultado con precisión matemática.

A esto hay que sumarle el fenómeno del «voto oculto» y el famoso «voto útil», que muchas veces se manifiestan en los últimos días o incluso el mismo día de la elección, cuando las encuestas ya han quedado desactualizadas. Además, la desconfianza en las empresas encuestadoras ha llevado a que algunas personas opten por no responder sinceramente, o simplemente se nieguen a participar.

En el caso de Opol, a pesar de su constante presencia mediática, sus metodologías han sido cuestionadas, principalmente por la falta de claridad sobre cómo seleccionan a las personas encuestadas y el tamaño real de sus muestras que se sabe son proporcionales solamente a la densidad porcentual acorde al padrón, pero se desconoce si tienen considerados, en su método de muestra presencial, factores claves e indispensables, como género, clase social, educación o la edad, son también proporcionales a la realidad del electorado, en dichas muestras. Varias voces han señalado que sus predicciones no solo han sido poco precisas, sino que incluso han generado ruido y confusión en la opinión pública.

¿Hay encuestadoras que sí han acertado?

No todo es pesimismo. En medio del mar de imprecisiones, existen empresas que, sin llegar a la perfección, han demostrado una mejor capacidad de lectura estadística y proyecciones más cercanas al resultado final. Entre ellas destacan CID-Gallup y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

CID-Gallup ha logrado, en varios procesos, identificar tendencias clave y acercarse más a los resultados oficiales, aunque tampoco está libre de críticas. Por su parte, el CIEP, con su enfoque académico y mayor transparencia metodológica, se ha ganado el respeto de quienes buscan datos confiables y análisis imparciales. Sus boletines han sido, en más de una ocasión, referencia obligada para entender cómo va cambiando la intención de voto y cuáles son los factores que inciden en la decisión de la ciudadanía.

¿Cómo mejorar la precisión de las encuestas?

La receta de la precisión pasa por varios ingredientes: muestras más robustas y representativas, transparencia en la metodología, adaptación constante al dinamismo político y, sobre todo, honestidad en el análisis. Las empresas encuestadoras deben asumir el reto de innovar, incorporar nuevas tecnologías y abrir espacios para la auditoría de sus procesos.

Quizás sea hora de que las encuestas se presenten no como oráculos, sino como herramientas de análisis que ofrecen una fotografía parcial y sujeta a cambios. Si la ciudadanía y los medios entienden esto, se podrá reducir la frustración y la paranoia que generan los desaciertos estadísticos.

Finalmente, entre la incertidumbre y el aprendizaje

Costa Rica vive procesos electorales cada vez más complejos, y los errores de las empresas encuestadoras son parte de ese aprendizaje colectivo. Opol y otras firmas deben revisar y mejorar sus métodos si quieren recuperar la confianza de la sociedad. Mientras tanto, es recomendable que las personas tomen los datos con cautela, consulten fuentes diversas y mantengan el ojo crítico ante cada cifra publicada.

En la próxima elección, tal vez la pregunta no sea quién irá ganando según la última encuesta, sino quién logra comprender mejor el pulso profundo y cambiante de la ciudadanía costarricense. Porque, al final, la verdadera medición se hace en las urnas, no en los gráficos de las encuestadoras.

Premios nacionales solicitan rehusar aprobación del TLC con Israel

Escrito en 08/08/2025. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la carta enviada a la presidencia de la Asamblea Legislativa

Señor Presidente de la Asamblea Legislativa

Con motivo de la discusión de un Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel que será sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa, hacemos llegar a Usted las siguientes reflexiones.

1.- Nadie ignora la deplorable tendencia de algunos Estados, que hoy asoma en el terreno de las relaciones internacionales, de menospreciar los más altos valores de la moral, la justicia y la paz cuando quieren imponer sus designios prevalidos de la fuerza. Pero Costa Rica, que profesó siempre la más alta observancia de aquellos valores, no debe ni puede soslayarlos ahora por mera conveniencia mercantil, en la alternativa de aprobar o no un Tratado de Libre Comercio con un Estado como Israel, regido por un gobierno genocida, que ha pisoteado y escarnecido las instituciones y las más elementales reglas de la convivencia internacional. Si bien no podemos imponer criterios a ninguno, tampoco debemos premiarlo inmerecidamente con amistad y un silencio interesado.

Usted bien sabe que Israel nació como un Estado impuesto arbitrariamente en territorio palestino, que logró el reconocimiento de la ONU en 1947 con el apoyo británico y, posteriormente, el estadounidense. Rechazó exitosamente los ataques de sus vecinos musulmanes y consiguió su reconocimiento de parte de algunos de ellos. Ahora bien, con respecto a sus vecinos palestinos, Israel organizó de inmediato diversas maneras de arrinconarlos, reprimirlos y desplazarlos, cercenando sistemáticamente sus derechos y sus territorios. Y, aunque estas acciones fueron en su momento denunciadas, comprobadas y declaradas ilegales por Naciones Unidas por medio de más de veinte resoluciones de condena, tales condenas quedaron siempre inoperantes por el veto interpuesto en cada caso por los Estados Unidos, o por la desobediencia impune del propio Israel. Veamos un par de casos:

a) La resolución 446 se emitió basada en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual estableció condición vinculante para Israel como país signatario de dicha Carta. Implicó, además: «que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluso Jerusalén». Por esa razón, los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son totalmente prohibidos, dado que el artículo 49 de dicha Convención plantea que «la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado». Este dictado fue de 1979, pero los asentamientos continuaron sin pausa.

b) La resolución 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue excepcionalmente votada por unanimidad por el Consejo de Seguridad el 17 de diciembre de 1981. Fue consecuencia de la incorporación de facto de los Altos del Golán por Israel. Dicha resolución 497, concluyó: «…la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de los Altos del Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional». También exigía anular lo hecho por las fuerzas de ocupación israelíes; pero, de hecho, Israel continuó y continúa ocupando dichos territorios, e incluso ha ampliado las áreas ocupadas. Para colmo, en 2018, Donald Trump declaró que los Altos del Golan son territorio israelí.

En suma, en lo que al territorio se refiere, en Palestina nos hallamos ante un delito continuado de creciente usurpación, perpetrado durante más de setenta años a vista y paciencia del entero Planeta; y su impune autor es el Estado de Israel. Costa Rica no puede remediar esta ignominia, pero ¿debe disimularla, fingir que no ha ocurrido?

2.- Frente a la última, criminal e insensata incursión de Hamas en territorio israelí ocurrida el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1 200 israelíes y otros 251 fueron tomados como rehenes, el ejército israelí respondió prontamente con una ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluyó bombardeos, invasión armada, asesinatos masivos y otras represalias cuyos resultados son, hasta la fecha, más de 50 000 muertos (de los cuales, casi el 70% son mujeres y niños); y más de 117 000 heridos, y la destrucción masiva de las ciudades de la Franja, con preferencia en hospitales, escuelas y centros de aprovisionamiento. Cerca de dos millones de gazatíes indefensos y desesperados carecen de agua, alimentos, medicinas y los más elementales servicios; y recientemente, rompiendo una tregua que duró dos meses, Netanyahu lanzó de nuevo intensos bombardeos en la Franja de Gaza, impactando cada día a un gran número de civiles inermes y terminando de destruir los castigados centros de población de la Franja.

3.- En fechas 26 de enero, 28 de marzo de 2024, en el proceso planteado contra Israel por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte emitió sendas ordenanzas, poniendo en evidencia la ilegalidad de la ocupación y colonización del territorio palestino por parte de Israel y exigiendo su retiro; y considerando que el agravamiento de la situación en Gaza lo justifica, detallan nuevas medidas provisionales que Israel debe cumplir. Pero no se ha observado mayor cambio de parte de las autoridades israelíes.

4.- Una nota particularmente reprochable de la conducta del Gobierno Israelí durante esta última guerra es su total irrespeto y su manifiesta obstrucción hacia las actuaciones del personal humanitario de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras agencias humanitarias: obstrucciones que van desde impedirles entrar con ayuda alimenticia y médica, hasta el bombardeo de sus hospitales y el asesinato de 295 miembros del personal sanitario. La Corte Internacional de Justicia informó el 25 de abril de 2025 “sobre las continuas y severas restricciones impuestas por Israel a la labor de la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados”. El pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados Miembros, entre ellos Costa Rica) adoptó una resolución en la que condena la violación de la tregua en Gaza por parte de Israel, y exige prevenir un genocidio por parte de sus máximas autoridades. Desde todos los rincones del Mundo, frente a un Israel inconmovible, se expresa el horror y el repudio por los bombardeos cotidianos en Gaza, y la exigencia de detener este nuevo holocausto. Lo ha descrito el gazatí Abu Amir, el 14 del mismo mes:

“…Lo que ocurre hoy en Gaza supera toda descripción: es un infierno absoluto, un cataclismo que destroza piedras y personas, poniendo en peligro la esencia misma de humanidad. No es sólo una agresión militar o un bloqueo despiadado, es una prueba monstruosa para la dignidad humana que nos grita que el silencio del Mundo es complicidad con el crimen”

(Testimonio recogido por la Unión de judíos franceses por la Paz; abril 2025)

5.- Como tenía que ser, la conducta de los gobernantes israelíes ha sido crecientemente repudiada por múltiples países de todos los continentes como antijurídica y profundamente malvada, lo cual se materializó en la causa penal seguida contra Netanyahu y Gallant en la Corte Penal Internacional, que culminó con las órdenes de arresto de ambos el 21 de noviembre de 2024.

Durante el tiempo que ha durado el conflicto, la diplomacia costarricense ha observado una conducta ambigua, con dudosas abstenciones en algunos casos en que no había lugar a dudas. Pero Usted puede bien apreciar que, desde el punto de vista moral, las personas decentes no tienen alternativa: nuestro País, a través de los miembros de su Cuerpo Legislativo, debe rehusar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel, por razones de justicia, de moralidad y de coherencia.

San José, agosto de 2025.

Suscriben,

Alejandro Cardona Ducas, cédula 900850253 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Composición Musical, 1999, 2000, 2002 y 2014.
Alejandro Marín Solano, cédula 304370280 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2018.
Alfredo Trejos Ortiz, cédula 109800786 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2011 y 2017.
Álvaro Torres Crespo, Premio Nacional Amando Céspedes Marín en producción audiovisual, 2023.
Ana Clara Carranza Maxera, cédula103200135436 – Premio Nacional de Teatro, 1996, 1998, 2002, 2011.
Ana Cristina Rossi Lara, cédula 104070914 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1985 y 2002. Premio José María Arguedas de Casa de las Américas, Cuba. Medalla del Nacimiento de Pablo Neruda otorgada por el Gobierno de Chile, 2004.
Ana Lucía Fonseca Ramírez, cédula 105290511 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2016 y 2024. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento 2021.
Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692 – Premio Cleto González Víquez, 2019.
Andrea Catania González, cédula109820528 – Premio Nacional de Teatro, 2007.
Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Cuento, 2016; Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Poesía, 2019. Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046 – Premio Joaquín García Monge, 2014. Ex ministro de Cultura – Catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica.
Bryan Chavarría Campos, cédula 206430544 – Premio Nacional en Danza Mireya Barboza, categoría interpretación, 2024.
Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2020 y 2022.
Carla Pravisani Dimex, cédula 1032 0000 7529 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2018.
Carlos Cortes Zúñiga, cédula 105880662 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1999. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2010. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2007 y 2015.
Carlos Regueyra Bonilla, cédula 1 1389 0497 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2024.
Carlos Manuel Villalobos Villalobos, cédula 204410229 -Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2024.
Carlos Sandoval García, cédula 106390524 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2002.
David Eliot Korish, cédula 184001503712 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en Actuación, 2025.
Diego Mora Morales, cédula 111800185- Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2021.
Edmundo Retana Jiménez, cédula105280187 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2024.
Fernando Carballo Jiménez, cédula 301470051 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Fernando Contreras Castro, cédula 203800185 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1995 y 2000.
Fernando Vinocour Ponce, cédula 1005160748 – Premio Nacional en Actuación, 1986 y 1991. Premio Nacional al Mejor Grupo 2001 y 2004. Premio Nacional en Dirección, 2005 y 2013.
George García Quesada, cédula 9107687 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia, 2014.
Gilberto Lopes, cédula 8 0089 0909 – Premio Nacional de Periodismo Pio Víquez, 1989.
Giselle Chang Vargas, cédula104610310 – Premio Cleto González Víquez, 2008, (compartido). Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2023, (compartido).
Gloriana Retana Morales, cédula 108550865 – Premio Nacional en Coreografía, 2002. Premio Nacional de Danza Mireya Barboza en Dirección o Coreografía 2020.
Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312 – Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, 2024.
Janko Navarro Salas, cédula 109980236 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en Dirección, 2022.
Juan Diego Quesada Pacheco, cédula 105690101, Premio Nacional de Investigación Cultural «Luis Ferrero Acosta», 2017.
Javier Tapia Balladares, cédula 800560025 – Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2019.
Jorge Jiménez Hernández, cédula 104550106 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2012.
Julieta Dobles Yzaguirre, cédula 103120144 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 1968,1977, 1992, 1997 y 2003. Premio Nacional de Cultura Magón, 2013.
Leda Astorga Mora, cédula 106030095 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Escultura, 1998.
Luis Chaves Campos, cédula 107520994 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2012.
Macarena Barahona Riera, cédula 105260207 – Premio Ángela Acuña Braun en Periodismo, 2002.
Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 2006. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Historia, 2013.
Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2024.
María del Sol Pardo Carballo, cédula 115810267 – Premio Nacional Mireya Barboza en Dirección, 2024.
María Lourdes Cortés Pacheco, cédula 107840468 – Premio Joaquín García Monge Comunicación cultural, 1997. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 1999 y 2005.
Mario Salas Muñoz, cédula 104060434 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2015.
Mauricio Molina Delgado, cédula 107140088 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2016.
Micaela Canales Barquero, cédula 110670202 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en la categoría de Diseño, 2019, 2020 y 2022. Premio Nacional en Artes Visuales Francisco Amighetti, 2022. Premio Nacional Amando Céspedes Marín, 2023 en la categoría de Mejor Equipo Creativo.
Mirta González Suárez, cédula 800480869 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2013.
Óscar Núñez Olivas, cédula 104550984, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1996.
Osvaldo Sauma Aguilar, cédula 900370584 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2013.
Rocío Quilis González, cédula 109470298, Premio Nacional mejor actriz de reparto, 1998.
Rodrigo Soto González, cédula 106940204 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 1983 y 2005.
Ronald Bonilla Carvajal, cédula 103991400 – Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2001. Premio UNA Palabra en Poesía, 2014. Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan Panamá, 2002. Premio Nacional de Cultura Magón, 2015.
Silvia Castro Méndez, cédula 105130996, Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2010.
Roxana Ávila Harper, cédula 106070225 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en dirección 2018. Premio Aquileo J. Echeverría en Dramaturgia 2004, 2021. Premio Nacional Mejor Grupo 1999, 2003, 2006. 2012.
Virginia Cortés Ramos, cédula 900750816 – Premio Nacional de Danza de mejor coreografía, 2014.
Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295 – Premio Rodrigo Facio Brenes, 2022.
Yadira Calvo Fajardo, cédula 3 205 774 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2012.
Otras firmas
Adriano Corrales Arias, cédula 203320689 – Escritor.
Alejandra Bonilla Leiva, cédula 3 0208 0425.
Alejandra Ducca Durán, cédula 103990546 – Socióloga.
Amalia Vargas Rojas, cédula 104870364 – Jubilada.
Amanda Alfaro Córdoba, cédula 205590541 – Comunicadora.
Ana Cecilia Jiménez Arce, cédula 1-0330-0042 – Defensora de Derechos Humanos.
Ana Lorena Camacho De la O, cédula 4-0137-0180 – Socióloga – Activista Feminista.
Ana Lorena Marín González, cédula 10630 0412 – Docente jubilada.
Antonio Gamboa Gamboa, cédula 303360425 – Escritor, locutor e ingeniero en construcción.
Blanca Arce López, cédula 1406457 – Antropóloga.
Carmen María Chacón Mora, cédula 4 0111 0382 – Jubilada.
Carolina Soto Chinchilla, cédula 304170216 – Médica.
Casilda Sancho Barrantes, cédula 202420142.
Catalina Naranjo Rojas, cédula 112550733 – Ilustradora.
Catarina Goldoni Ruiz, cédula 103850510 – Profesora jubilada UNA.
Dania Fernández Sandí, cédula 10629 0363, – Docente jubilada.
Edison Valverde Araya, cédula 103460024 – Mensajero del Buen Vivir.
Elizabeth Rodríguez Jiménez, cédula 203850652.
Eugenia Salazar Aguilar, cédula 104720913 – Licenciada en Derecho.
Eyda María Camacho Cantillano, cédula 900200756 – Jubilada.
Félix López Zambrana, cédula 502640104 – Agricultor.
Fernando Rudín Vega, cédula 104840457.
Flora Fernández Amón, cédula 105230903.
Francisca Raventós Vorst, cédula 900360482 – Socióloga.
Gabriela García Calderón, cédula 1-1158-0742 – Diseñadora y gestora cultural.
Gerardo Cruz Zuchini, cédula 103680998.
Gina Valitutti Chavarría, cédula 104710153 – Antropóloga.
Giovanny Blanco Mata, cédula 303110230 – Ingeniero industrial.
Grace María Mata Camacho, cédula 107120956.
Guiomar del Rocío Martín Tedman, cédula 103550418 – Jubilada.
Gustavo Oreamuno Vignet, cédula 1-0835-0921.
Hannia Franceschi Barraza, cédula 601230166 – Trabajadora social.
Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856 – Comunicador.
Ignacio Dobles Oropeza, cédula 104330692 – Psicólogo.
Isabel Ducca Durán, cédula 105640060.
Ivette Guier Serrano, cédula 105010432.
José Pable Miranda Salguero, cédula 114860619 – Servicio al cliente.
Julieta Montoya Molteni, cédula 801220643 – Psicóloga.
Kattia Isabel Castro Flores, cédula 107590724 – Teóloga.
Leda María Martínez Quesada, cédula 501320602.
Leonardo Buitrago Morales, cédula 700960977 – Agricultor.
Luz María Elizondo Fallas, cédula 104110175 – Pensionada.
Marcela Naranjo Segura, cédula 106770137.
Marco Vinicio Fournier Facio, cédula 104430604 – Psicólogo.
María Cecilia Romero Agüero, cédula 10260 0938.
María de los Ángeles Castro Villalobos, cédula 103800986.
María Elena López Núñez, cédula 103410135 – Salubrista pensionada.
María Guadalupe Urbina Juárez, cédula 5 0183 0490 – Música y gestora cultural comunitaria.
María Lorena Molina Molina, cédula 202940461 – Profesora Emérita UCR.
María Soledad Herrera Rapda, cédula 110910399 – Performer.
María Ximena del Río Urrutia, cédula 800590270.
María Pérez Iglesias, cédula 103690624 – Dra. Comunicación Social, catedrática y escritora.
María Suárez Toro, cédula 800520083.
María Trejos Montero, cédula 106890938 – Maestra jubilada. activista DDHH.
Marielos Muñoz Solórzano, cédula 603340348 – Oficinista.
Meily Marín Almengor, cédula 702200129.
Miguel Regueyra Edelman, cédula 104910119.
Mónica Zúñiga Rivera, cédula 109560390 – Profesora universitaria.
Néstor Salazar Zúñiga, cédula 101280774 – Ingeniero civil.
Nilson Oviedo Valerio, cédula 30397079.
Olman Bolaños Vargas., cédula 204200917 – Diseñador gráfico.
Omar Miranda Bonilla, cédula 104230030 – Catedrático jubilado UNA.
Óscar Daniel Espinoza Ramos, cédula 204160598 – Artista costarricense.
Pamela Vargas Alfaro, cédula 111080513 – Líder de Crédito.
Patricia Carrillo Valverde, cédula 105860900.
Patricia Salgado Muñoz, cédula 104180050.
Pedro Salguero Aguilar, cédula 303950885.
Rebeca Eugenia Quesada Güell, cédula 105550138.
Roberto Zelaya Fallas, cédula 11468243 – Artesano.
Sharon Montoya Azofeifa, cédula 108880136 – Psicóloga y Docente.
Silvia Monge Retana, cédula 107370490.
Silvia Regina de Lima Silva, cédula 107600000731 – Teóloga y Profesora Universitaria.
Sonia Aguilar Cortés, cédula 103991247 – Jubilada.
Suy Wong Ugalde, cédula 105720540 – Activista.
Vianney Leandro Camacho, cédula 301660207.
Victoria Eugenia Montero Zeledón, cédula 105570775 – Actriz emérita.
Vilma Leandro Zúñiga, cédula 303360920 – Psicóloga.
William Alberto Prada Jiménez, cédula 107030510 – Trabajador social.
Wilson Arroyo Oconitrillo, cédula 206880354 – Músico e historiador.
Xiomara Vargas Quesada, cédula 206420991 – Ingeniera industrial.
Zoraida Cedeño Rojas, cédula 303700302.

Jornada laboral y derecho al cuidado: lo que dice la Corte IDH y el debate en Costa Rica

Escrito en 08/08/2025. Publicado en Trabajo.

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de ley conocido como “jornadas 4×3”, que propone modificar la distribución de la jornada laboral a cuatro días de trabajo de 12 horas y tres de descanso. Según sus proponentes, la medida busca aumentar la competitividad y dar mayor flexibilidad a empresas y personas trabajadoras. Sin embargo, organizaciones sociales, sindicatos y grupos de mujeres han expresado oposición, señalando posibles impactos negativos en derechos laborales y en la vida cotidiana.

Uno de los puntos centrales del debate es que la propuesta podría reducir o eliminar el pago de horas extra, afectando los ingresos de muchas personas trabajadoras que dependen de este complemento para enfrentar el alto costo de vida. Además, implicaría un impacto diferenciado para las mujeres, quienes en su mayoría asumen el trabajo de cuidado no remunerado en los hogares. Con jornadas más extensas, el tiempo disponible para estas labores y para el descanso se vería aún más limitado.

Este debate ocurre poco después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera, en junio de 2025, la Opinión Consultiva OC-31/25 sobre el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos humanos. La opinión, solicitada por Argentina, reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo y establece que los Estados tienen la obligación de garantizarlo en tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y autocuidarse.

El cuidado como derecho humano

Según la Corte IDH, los trabajos de cuidado abarcan desde la provisión de bienes esenciales para la vida —como alimentación, salud y limpieza— hasta el acompañamiento emocional y la transmisión de valores y conocimientos. Este trabajo es indispensable para la existencia de las sociedades, pero sigue estando distribuido de forma desigual, recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

La Opinión Consultiva enfatiza que esta distribución desigual tiene consecuencias económicas y sociales: limita la participación de las mujeres en el empleo formal, restringe su autonomía económica y reduce el tiempo disponible para su educación, participación política y descanso. Por ello, el Tribunal afirma que los Estados deben adoptar políticas públicas para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado, así como para jerarquizar el cuidado remunerado.

Obligaciones estatales y condiciones laborales

Entre los contenidos esenciales del derecho al cuidado, la Corte IDH destaca:

Garantizar condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias.
Proteger los derechos de las personas que realizan cuidados, tanto remunerados como no remunerados.
Asegurar licencias de maternidad y paternidad adecuadas.
Desarrollar infraestructura de cuidados, como centros de atención infantil y servicios para personas mayores o con discapacidad.
Integrar la perspectiva de género y no discriminación en toda la normativa y política laboral.

En relación con la jornada laboral, el Tribunal subraya que los Estados deben garantizar que las condiciones de empleo no menoscaben el derecho al cuidado. Esto incluye evitar que las jornadas extensas o inflexibles impidan a las personas atender sus responsabilidades familiares o su propio bienestar.

Otros aspectos de la Opinión Consultiva

Aunque el eje principal es el derecho al cuidado, la Corte también abordó su vínculo con otros derechos:

Derecho a la vida y a la salud: los cuidados son esenciales para mantener condiciones de vida digna y acceso efectivo a la atención sanitaria.
Derecho a la educación: tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los brindan, asegurando que el trabajo de cuidado no se convierta en una barrera para la formación.
Seguridad social: el cuidado no remunerado debe ser reconocido en los sistemas de protección social, por ejemplo, al contabilizarlo para pensiones o beneficios.

El vínculo con el proyecto 4×3

La propuesta de jornadas 4×3 en Costa Rica debe analizarse a la luz de este nuevo estándar interamericano. Si bien podría ofrecer más días de descanso, también concentraría las horas de trabajo en menos días, con potenciales consecuencias para la salud, el tiempo familiar y las labores de cuidado. En el caso de las mujeres, que según datos de la CEPAL realizan en promedio más del triple de horas de cuidado no remunerado que los hombres, las jornadas prolongadas podrían profundizar las desigualdades.

Además, al disminuirse el pago de horas extra, se reduciría la capacidad económica de muchas familias, lo que afectaría de manera directa la posibilidad de cubrir necesidades básicas y de contratar servicios de cuidado cuando estos son requeridos.

La Corte IDH ha sido clara: cualquier cambio en la organización del trabajo debe respetar y promover el derecho al cuidado, evitando retrocesos en materia de igualdad y no discriminación. En este sentido, las decisiones legislativas en Costa Rica sobre la jornada laboral deberían considerar no solo la productividad y la competitividad, sino también la salud, la vida familiar y los derechos humanos de toda la población.

Descargue el documento de la opinión consultiva en este enlace.

UNA creó el Observatorio de Futuros (ODF)

Escrito en 07/08/2025. Publicado en Derechos, Educación.

Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara- Miembro (a) Consejo Universitario-UNA.

Por: Sylvia Arredondo Guevara
Integrante del Consejo Universitario-UNA

El Observatorio de Futuros-OdF, creado el miércoles 30 de julio de 2025 por la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social -EPPS-de la Universidad Nacional UNA, bajo el lema: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, se constituye en una iniciativa académica que se enfocará en la investigación con visión prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico con miras al desarrollo nacional, regional, local y organizacional.

En la actividad de lanzamiento realizada en el Auditorio Rodolfo Cisneros -Facultad de Ciencias Sociales, contò con la participación del Dr. Guillermo Acuña González, Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales, M.Sc. Carlos Ulate Azofeifa, director Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS, MSc. Isabel Calvo González, subdirectora EPPS, Mag. Jazmín Pereira Ortega, Coordinadora Posgrados de EPPS, Dr. Ángel Ortega Ortega, Académico de EPPS y gestor de esta iniciativa académica. Asimismo, por la presencialidad remota participó Dr. Héctor Casanueva, Investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos IELAT-Universidad de Alcalá. Vicepresidente Ejecutivo del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe-Unión Europea. Fundador-Presidente del Millennium Project Global Futures Studies & Research (Chile).

En mi calidad de integrante del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, expreso mi gratitud a la Escuela de Planificación y Promoción Social y a la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, por invitarme a ser parte de este momento tan importante, en que fue presentado de manera oficial el Observatorio de Futuros (OdF) y poder compartir con compañeras y compañeros, personas administrativas, académicas, estudiantes, autoridades y ciudadanas.

Considero que esta Unidad Académica (EPPS-UNA) inicia con la inauguración de este Observatorio de Futuros una nueva etapa para responder con inteligencia y visión a las necesidades de la Universidad y del país, de ahí, mi reconocimiento a la Escuela de Planificación y Promoción Social como a su programa de Posgrado, por la visión y empeño de construir el Observatorio de Futuros-OdF, ya que la Universidad Nacional-UNA (Costa Rica) no solo debe responder a los desafíos del presente, sino también anticipar los retos y oportunidades que nos brinda el paso inexorable del tiempo, con el propósito de generar conocimiento prospectivo de alta calidad, aplicando metodologías innovadoras para anticipar escenarios futuros y respaldar una toma de decisiones estratégicas e informadas.

En un mundo marcado por la incertidumbre, la innovación y los cambios acelerados, necesitamos herramientas que nos permitan mirar más allá del horizonte inmediato. Por ello, deseo resaltar en esta oportunidad la relevancia de crear un Observatorio de Futuros en nuestra institución (UNA) de alcance institucional y nacional. Este se constituye en un instrumento estratégico para fortalecer nuestra capacidad de planificación, innovación y liderazgo social.

Un Observatorio de Futuros nos permitirá analizar tendencias globales y nacionales en ámbitos como la educación, la ciencia, la tecnología, la comunicación, el ambiente y la economía, para traducirlas en decisiones acertadas que garanticen la pertinencia y la sostenibilidad de nuestra universidad. Será un espacio donde la investigación y la prospectiva se unan, donde distintas disciplinas dialoguen, y donde la creatividad y el conocimiento se transformen en propuestas para el desarrollo del país.

Con este Observatorio, podremos anticipar cambios en el mercado laboral, en los avances científicos y tecnológicos, en las necesidades sociales y ambientales. Así, diseñaremos programas académicos innovadores, fortaleceremos nuestras políticas institucionales y contribuiremos de manera más efectiva a la formulación de políticas públicas nacionales. Pero, sobre todo, un Observatorio de Futuros consolidará el papel de la Universidad Nacional como referente visionario, con capacidad anticipatoria, capaz de liderar procesos de transformación no solo en la educación superior, sino también en la sociedad costarricense.

Hoy más que nunca es imperativo saber gestionar la incertidumbre, esto demanda investigación y análisis de las tendencias y mega tendencias que están marcando el futuro de la sociedad, lo cual permitirá la definición de las habilidades profesionales que desde los diferentes programas académicos la Universidad debe generar o fortalecer. Una persona estudiante que ingresa en 2025 a la universidad estará laborando como profesional en el año 2029 0 2030, es por ello, por lo que es urgente una discusión sobre las profesiones del futuro. Según datos del Banco Mundial (2016) el 67% de los empleos de América Latina podrían ser automatizados.

La Universidad debe ocuparse de crear competencias técnicas y humanas, pero, sobre todo, ocuparse de crear capacidades para aprender y desaprender, como mecanismo de adaptabilidad de las personas profesionales del futuro. Según estudios de futuristas, las competencias de mayor importancia en esta materia son: resolución de conflictos, autogestión, análisis y pensamiento crítico, creatividad, originalidad, iniciativa, control, monitoreo y uso de tecnología, influencia social y liderazgo, tolerancia y resiliencia, inteligencia emocional, programación y diseño tecnológico como las principales. Es inminente focalizar nuestra gestión hacia el fortalecimiento de estas habilidades con lo cual las personas profesionales de las diferentes disciplinas serán pertinentes en el mercado laboral y además velarán por una sociedad más justa y solidaria, en apego directo a los principios y valores de la UNA.

Según UNESCO (2005) no sería posible pensar una sociedad que vive bajo un determinismo tecnológico, y por tanto, la universidad tiene el obligación futurista de formar profesionales que contribuyan al desarrollo económico, pero, también a la cultura y el desarrollo humano y por ello, he sido defensora y seguidora de que las personas profesionales de la UNA tengan una formación equilibrada, con habilidades técnicas, pero también, una educación como práctica de justicia social, en coherencia con los principios y valores que sustentan la convivencia en sociedad y los principios y valores universitarios.

Publicaciones

Considero pertinente resaltar en esta oportunidad el valioso interés y aporte que ha demostrado la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, así como su Maestría en Planificación, para en promover la incidencia en políticas públicas y en el desarrollo de normativa que contribuye al bienestar del país.

Como académica y Coordinadora General del VI ldeario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, fui testigo del valioso y oportuno aporte que se hizo a las altas autoridades del Gobierno de la República de Costa Rica durante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, donde se les compartió la: “Propuesta para la Atención de los Efectos Inmediatos y Posteriores a la Emergencia Nacional que enfrenta el país a causa de la Pandemia provocada por la Enfermedad Coronavirus Covid-19 en Costa Rica- Aportes desde la planificación”.

Cabe indicar que la EPPS en el marco de su tercera misión y en la línea de la estrategia que como Unidad Académica adquirió en el año 2019, tomó la decisión en agosto del 2020 de brindar un aporte desde la academia a la generación de escenarios para la animación de conversatorios estratégicos que permitan construir de manera participativa las estrategias y políticas públicas para alcanzar un futuro mejor al 2040. El aporte concreto de la EPPS fue facilitar técnicamente la construcción de futuros posibles de la Costa Rica de la “Nueva Normalidad” 2040, por medio de la creación de un conjunto de escenarios plausibles; considerando que, en esta visión, la pandemia vivida marca un acontecimiento disruptivo de alto impacto, por ello, aportar al país para formular sus estrategias y tomar las decisiones para la recuperación y orientación hacia la senda de la igualdad social en el mediano, largo y muy largo plazo.

Asimismo, aprovecho este espacio para destacar el trabajo conjunto que he realizado con personas académicas e investigadoras de esta Escuela (EPPS-UNA), fruto del cual publicamos los libros:

“Perspectivas de la Costa Rica del Futuro: Una Construcción Colectiva con Enfoque Estratégico Prospectivo, una obra que refleja nuestra huella y visión compartida de país. Esfuerzo de personas académicas de la EPPS-UNA quienes en alianza con otras instituciones asumen el compromiso de analizar la actualidad del país, con miras a liderar y facilitar un acercamiento desde un abordaje teórico y metodológico a partir de algunas variables estratégicas de futuro; emanadas de las diferentes temáticas abordadas entre los años 2018 y 2021 por personas académicas de la Universidad Nacional, de profesionales de otras instituciones, el aporte de personas de diversos sectores y de otras consideradas expertas.

Del mismo modo, es imprescindible mencionar otra contribución trascendental, la publicación de: “La Constitución Política Interpretada para Adultos”, un esfuerzo conjunto con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia orientado a fortalecer la democracia y a reforzar los derechos individuales y sociales de todas las personas costarricenses. Este libro expone los 197 artículos de la Constitución Política de Costa Rica, acompañada de valiosos comentarios de sus autores sobre el contenido, cuyo objetivo pretende que las personas no solo conozcan el significado de los distintos numerales que conforman la Constitución, sino que también tengan un conocimiento sobre cuáles son sus derechos fundamentales, así como los medios que cuenta la ciudadanía para protegerlos a través de los distintos procesos que prevé una jurisdicción constitucional transparente y de fácil acceso.

El libro: “Primer Sondeo Abierto sobre Ética, Transparencia y Lucha Anti-Corrupción en Costa Rica” que hemos realizado, constituye una consulta que pretendió obtener la opinión ciudadana respecto a preferencias, problemáticas, niveles de satisfacción o determinados asuntos sobre los cuales el ciudadano pueda opinar. De esta manera, diseminar y compartir el conocimiento en la búsqueda de respuestas a los problemas, necesidades, retos y desafíos de Costa Rica post bicentenaria.

Cabe mencionar el esfuerzo del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, que en el 2021 en conjunto con diversas instancias, entre las cuales las personas académicas, y autoridades de la Escuela de Planificación y Promoción Social participaron en la elaboración de la Propuesta de: “Reactivación Económica para Costa Rica:

UNA visión con Justicia Social, Equidad y Solidaridad”, cuyo propósito es contribuir con la búsqueda e implementaciones de acciones públicas que, desde el Estado, en toda su institucionalidad, se pueden discutir y mejorar, para encontrar las soluciones necesarias a la crisis que vivimos en la actualidad y la que se avecina los próximos años. De modo que el horizonte de un desarrollo humano sostenible e inclusivo continúe guiando los caminos del país y salga fortalecido pese a las condiciones complejas que se enfrentan nacional y mundialmente.

La creación del Observatorio de Futuros -OdF- en la Universidad Nacional impactará desde varios ámbitos: El planeamiento estratégico y toma de decisiones, la innovación académica y pertinencia social, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la contribución al desarrollo nacional y la proyección internacional y liderazgo.

Considero que pensar en el futuro no es un lujo, es una responsabilidad. La universidad pública juega un papel esencial, como institución estratégica del Estado, promoviendo el desarrollo integral y movilidad social ascendente. Por un lado, dando oportunidad a estudiantes que a futuro serán graduados, de poder cambiar la perspectiva del mundo y las aspiraciones, no solamente individuales, sino también familiares y comunales. Y, por otro lado, construyendo conocimientos científicos y humanísticos para contribuir con la búsqueda de soluciones al desarrollo del país.

Nuestra universidad (UNA) ha sido, a lo largo de su historia, semilla de cambio y motor de progreso social para la necesaria y sana convivencia entre los diferentes sectores que componen la sociedad costarricense, y el buen funcionamiento y articulaciones de las instituciones democráticas, que garanticen acciones intersectoriales e interinstitucionales necesarias para sacar adelante el país.

Hoy estamos aprovechando la oportunidad de dar un paso más, de mirar con valentía hacia adelante, de fortalecer y construir, desde ahora, las bases de la UNA que las próximas generaciones merecen. Este Observatorio de Futuros (OdF) hace realidad esta iniciativa, porque el futuro no se espera, se construye, de esta manera, la Universidad Nacional, con su compromiso y su visión, está llamada a construirlo, desarrollarlo y consolidarlo para ponerlo al servicio de Costa Rica.

Evento completo: https://bit.ly/4m3l4n5

Contacto:

sylvia.arredondo.guevara@una.cr

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

Escrito en 07/08/2025. Publicado en Comunidad.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

Declarar con lugar el recurso de amparo.
Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.
Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.
Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.
Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Segundo encuentro nacional de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

Escrito en 07/08/2025. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica se están preparando para celebrar su segundo encuentro nacional, el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. hora Costa Rica, modalidad virtual, vía zoom.

Se hace un llamado a todas las organizaciones y mujeres lideresas que forman parte de esta Red a sumarse a este momento de articulación, fuerza colectiva y lucha compartida.

¡Loma boscosa devastada en cuestión de horas!

Escrito en 07/08/2025. Publicado en Madre Tierra.

Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, indica que Philippe Vangoidsenhoven documentó un caso alarmante en Puerto Viejo: una loma cubierta de bosque fue arrasada en pocas horas por maquinaria pesada. La escena es clara: donde había árboles, sombra y vida, hoy solo queda un terreno pelado.

No es un caso aislado. Responde a un patrón de cambio de uso de suelo disfrazado de legalidad, impulsado por presión inmobiliaria y facilitado por el silencio institucional.

Desde la vigilancia ciudadana, Philippe denuncia cómo se urbaniza un bosque: tala súbita, abandono estratégico… y cuando llegan las autoridades, el daño ya está hecho.

Las lomas boscosas cumplen funciones vitales: protegen suelos, filtran agua, regulan el clima y sostienen biodiversidad. Su destrucción pone en riesgo a toda la región.

Se les invita a visitar la pagina de Observatorio de Bienes Comunes UCR para leer la nota completa mediante el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/loma-boscosa-devastada-en-cuestion-de-horas-vigilancia-ciudadana-revela-cambio-abrupto-de-uso-de-suelo/

«Financiamiento Jaguar»: Un caso de «alto nivel»

Escrito en 07/08/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.

En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.

El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.

O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.

En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.

El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.

Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.

Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes», como era su deber, según la legislación anotada.

Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!

Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.

Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.

Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.

Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.

En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.

Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.

Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.

7 agosto, 2025

Cartago: Defensoría convocó a AyA y municipalidades por situación del agua

Escrito en 07/08/2025. Publicado en Agua, Derechos.

La Defensoría de los Habitantes recibió a autoridades del AyA, a los alcaldes de Paraíso y Cartago, junto con sus equipos técnicos, para trabajar sobre el tema pendiente dentro del proceso de Diálogo Social que inició en junio anterior, respecto al borrador de contrato de suministro de agua en gran volumen propuesto por AyA.

Ambos Gobiernos Locales presentaron por escrito sus criterios sobre esta iniciativa e hicieron propuestas de mejora, dejando claro que el principal problema es la discrepancia que tienen en relación con la razonabilidad y pertinencia de la tarifa vigente que les cobra el AyA, al tiempo que plantean la necesidad que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realice un estudio técnico para definir una tarifa específica para el servicio de suministro de agua cruda.

En ese sentido, la Municipalidad de Cartago señaló que semanas atrás se había valorado con la ARESEP la posibilidad de que se realice un estudio de esa naturaleza, para lo cual AyA debería presentar la información necesaria ante el ente regulador. Al respecto, en la sesión de diálogo del día de hoy, la Gerente General del AyA informó que, a finales de agosto, estarían presentando la información ante el ente regulador.

A la luz de lo anterior, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Las asesorías jurídicas de ambos gobiernos locales y del AyA trabajarán en conjunto para presentar una propuesta de convenio, en el entendido de que todo lo relativo al tema tarifario, queda sujeto a las acciones que las entidades competentes realicen en los próximos días. La Defensoría dará acompañamiento al trabajo conjunto relativo a la propuesta de convenio.

2. La Defensoría de los Habitantes, en el ejercicio de sus competencias de control de legalidad y protección y defensa de los derechos e intereses de los habitantes, dará seguimiento puntual a las acciones que, a partir de este momento, realicen AyA y ARESEP con miras la eventual elaboración de un estudio específico para determinar el precio al cual el AyA debe venderle el agua cruda a las Municipalidades de Paraíso y Cartago.

Asimismo, la Defensoría dará seguimiento a las acciones recursivas que en su momento hayan presentado ambos Gobiernos Locales en relación con la tarifa de venta de agua en bloque ante la Autoridad Reguladora y que aún están pendientes de resolución por parte de la Junta Directiva de la ARESEP.

Con ello, la Defensoría da por concluida su rol de facilitador de diálogo y las acciones siguientes a emprender, se enmarcarán dentro de su labor de ente contralor de legalidad.