Desde la Asociación para el Desarrollo de la Ecología se hizo llegar una carta al señor alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, y al Concejo Municipal, en la que se expone una grave situación jurídica que enfrenta el cantón, producto de errores, inconsistencias e irregularidades administrativas atribuibles al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El documento, firmado por el ciudadano Marco Levy Virgo, solicita que la Municipalidad actúe de forma inmediata y contundente ante las consecuencias legales que afectan al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, particularmente el sitio Ramsar 783, y el humedal del Río Carbón en Playa Negra, los cuales han sido objeto de urbanización, invasiones y fraccionamiento sin control, en parte por la omisión de autoridades ambientales.
Además, se exige la identificación de los funcionarios responsables, incluyendo al exdirector del ACLAC, Edwin Cyrus Cyrus, y al actual ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra. También se insta a coordinar con MINAE y SINAC un mapa integral del ecosistema afectado, con información sobre construcciones legales e ilegales, carreteras, caminos y presencia de personas físicas o jurídicas en áreas protegidas.
La misiva advierte sobre el riesgo económico que estas irregularidades podrían generar para el presupuesto municipal, en caso de demandas legales por derechos otorgados sin fundamento técnico o legal.
Finalmente, la carta fue remitida también a autoridades nacionales como la Defensora de los Habitantes, la Contralora General y el Procurador General, así como a asociaciones comunales, cámaras de turismo y organizaciones del Caribe Sur.
“La Municipalidad debe proteger los intereses de sus ciudadanos y no puede seguir siendo víctima de la negligencia de funcionarios del MINAE y SINAC”, señala el documento.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) recientemente publicó una investigación centrada en la trayectoria del movimiento evangélico en el campo político-electoral costarricense para el periodo 1980-2014, a cargo del investigador Andrey Pineda Sancho.
El trabajo busca explorar los motivos que llevaron a una facción de este movimiento religioso a participar en procesos político-electorales, los cuales hasta finales de la década de 1970 resultaban tan ajenos para este tipo de movimiento. También se busca describir el rol de los partidos políticos de orientación evangélica en esa participación política.
A su vez, el proyecto también procura mostrar el desenvolvimiento del movimiento evangélico costarricense a lo largo del siglo XX y el cómo su influencia desde muy temprano traspasó el ámbito estrictamente religioso.
El documento está compuesto de la siguiente forma; introducción como primera sección, seguido del problema y objetivos de la investigación, posteriormente se dedica un capítulo a las fundamentaciones teóricas del tema, luego se aborda el aparato metodológico empleado en el trabajo, y por último se presentan los resultados y principales conclusiones.
Trabajo Digno | Derechos Laborales Equidad De Género | Salud Mental | Justicia Social
En coherencia con los principios de la Universidad de Costa Rica, su misión de resguardar los derechos humanos, laborales y sociales, así como de promover el pensamiento crítico y la transformación social desde una perspectiva interdisciplinaria, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica informa que, en la sesión N.º 132-2025, celebrada el jueves 10 de julio de 2025, acordó por unanimidad expresar su criterio a la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y señores diputados sobre el Proyecto de Ley «Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados» (Expediente N.º 24.290), conocido como “jornadas 4×3”.
Consideraciones Generales
Este proyecto constituye una preocupante forma de desregulación del trabajo. Al permitir jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días consecutivos sin pago de horas extraordinarias, consolida una lógica de precarización laboral que desvaloriza la función social del trabajo, lo subordina a los intereses del capital y debilita su carácter de derecho humano fundamental y pilar del bienestar colectivo.
Desde una mirada crítica en las Ciencias Sociales, esta iniciativa debe analizarse en el marco de transformaciones estructurales que afectan el mundo del trabajo y profundizan desigualdades históricas por género, clase, edad y territorio. Entre los principales indicadores que contextualizan este proyecto destacan: ◦ El debilitamiento del empleo público, tanto por la reducción en la creación de nuevos puestos como por el aumento de la tercerización de servicios. ◦ La diversificación de formas de empleo precarizado. ◦ El debilitamiento del sindicalismo y de las formas de organización colectiva. ◦ El aumento del subempleo y la informalidad. ◦ El fomento y la proliferación de discursos que deslegitiman el empleo formal y las conquistas laborales.
Desde una perspectiva histórica más amplia, este proyecto se suma a un conjunto de normas, políticas y acciones estatales que han venido precarizando la vida de miles de personas pertenecientes a los sectores más empobrecidos del país. Entre ellas:
Precarización de los contratos de trabajo.
Pérdida de conquistas históricas en materia de bienestar, jornada laboral, organización sindical y movimiento social.
Modificaciones regresivas en los sistemas de jubilación: aumento de edad, cuotas y obligatoriedad de pensiones complementarias.
Deterioro de los servicios de salud y destrucción de sistemas de asistencia social. ◦ Desconfianza generalizada en la institucionalidad pública como garante de derechos tanto del sector público como privado.
Orientación normativa para favorecer intereses empresariales bajo el argumento de que ello generará empleo.
Elementos Críticos del Proyecto
1. Retroceso histórico en derechos laborales:
La jornada de ocho horas constituye una conquista histórica de los movimientos sociales en la mayor parte del mundo y un principio básico de justicia laboral moderna. Sustituirla por jornadas de hasta 12 horas representa un retroceso normativo, ya que altera el equilibrio entre el tiempo destinado al trabajo, al descanso y a la vida personal. Esta modificación atenta contra el derecho al tiempo libre y debilita los mecanismos de protección frente a la sobreexplotación.
2. Abaratamiento de las horas extras y pérdida de derechos adquiridos:
La propuesta sustituye el pago de horas extra —actualmente regulado con recargos legales— por un recargo fijo calculado sobre el salario mínimo, lo que representa una desmejora significativa para muchas personas trabajadoras. Aunque se plantea un aumento porcentual, este no se aplica sobre el salario real devengado, sino sobre el mínimo legal, lo cual puede traducirse en ingresos inferiores respecto al sistema actual de pago por tiempo extraordinario.
Esta modificación desvaloriza el tiempo adicional laborado, elimina un incentivo justo por las jornadas prolongadas y debilita un derecho laboral históricamente ganado. Además, refuerza las potestades del empleador en un contexto donde la «voluntariedad» de aceptar jornadas extendidas está fuertemente condicionada por la necesidad económica y la vulnerabilidad laboral de muchas personas. En lugar de proteger el trabajo digno, la reforma institucionaliza una forma de desregulación que abarata la fuerza laboral y precariza las condiciones de empleo.
3. Afectaciones graves a la salud física y mental:
Las jornadas laborales extensas incrementan la fatiga, el estrés, la ansiedad, la depresión, las enfermedades musculoesqueléticas y el riesgo de accidentes. Diversos estudios internacionales coinciden en que tres días de descanso no compensan el desgaste físico y emocional acumulado durante cuatro días de trabajo intensivo. Estos efectos se agravan en contextos donde persisten deficiencias estructurales como los desgastantes desplazamientos, la sobrecarga de labores y las fallas del transporte público.
4. Impacto en la vida familiar, comunitaria y educativa:
Las jornadas extendidas reducen el tiempo disponible para actividades fundamentales como el auto cuido, la participación comunitaria, la vida familiar o la continuidad de estudios. Esta situación afecta de manera particular a personas jóvenes, jefaturas de hogar y personas trabajadoras en condiciones de pobreza, discriminación estructural o exclusión social, ampliando así las brechas de acceso al bienestar y al desarrollo personal.
5. Carga desproporcionada sobre mujeres y personas cuidadoras:
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEC), las mujeres dedican en promedio 36 horas semanales al trabajo no remunerado y de cuido, frente a 14 horas en el caso de los hombres. La reforma encarece los costos de cuido tanto en el sector formal como en el informal, y genera barreras adicionales para la inserción y permanencia de las mujeres en el empleo formal. Esta intensificación laboral conlleva consecuencias personales y económicas directas, y profundiza desigualdades ya existentes.
6. Desigualdad en las relaciones laborales y falsa voluntariedad:
El proyecto parte de una premisa equivocada: que las personas trabajadoras pueden decidir libremente aceptar o rechazar la jornada extendida. Situación resultante de una relación que por su naturaleza es inequitativa. En un contexto marcado por el desempleo, la informalidad y la débil sindicalización, la «voluntariedad» está fuertemente condicionada por el temor a represalias, despidos encubiertos o la necesidad urgente de ingresos. Este desequilibrio reproduce relaciones laborales asimétricas y vulnera principios básicos de justicia contractual.
7. Débil institucionalidad para fiscalizar y proteger derechos:
El proyecto asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin prever un fortalecimiento institucional en términos de personal, presupuesto o capacidades técnicas. Esta institución ya enfrenta limitaciones estructurales para cumplir con sus funciones actuales de fiscalización y acompañamiento laboral. La omisión de instituciones clave —como el INAMU, el IMAS, la CCSS, entre otras— refleja un enfoque fragmentado y refuerza la permisividad frente a prácticas laborales abusivas, especialmente porque la reforma impactará los servicios públicos en salud, cuido y asistencia social.
8. Ausencia de garantías en las medidas compensatorias:
El proyecto plantea que las empresas ofrecerán servicios de cuido y transporte como mecanismos compensatorios, sin establecer obligaciones claras ni mecanismos de verificación. Esta promesa resulta inviable, especialmente en un contexto de debilitamiento del sistema nacional de cuidados. En 2023, cerca de 7 mil niñas y niños dejaron de recibir atención, y en 2025 el IMAS recortó en un 35 % el subsidio por persona menor atendida, afectando a más de 135 mil personas. Delegar estas responsabilidades al sector privado, cuando ni siquiera el Estado puede garantizarlas, constituye una omisión grave.
9. Impacto diferenciado por género:
Diversas investigaciones (CEPAL, OIT, OCDE) evidencian que las jornadas intensivas afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a jefas de hogar, madres solteras y cuidadoras, ampliando la brecha de género en el empleo y el ingreso. La OCDE (2018) destaca que la jornada laboral intensiva, aunque concentrada en menos días, genera dificultades para organizar el cuido infantil y otras responsabilidades familiares, especialmente para madres solteras o familias con menor red de apoyo.
10. Disminución de ingresos reales para las personas trabajadoras:
El esquema remunerativo planteado representa una pérdida en comparación con el pago actual de horas extra. Según datos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Plantaciones (SITRAP, julio 2025), esta pérdida puede alcanzar los 587.373 colones anuales. Ello, lejos de mejorar la compensación económica, el proyecto reduce el ingreso real por trabajo adicional, afectando en especial a quienes actualmente perciben más del salario mínimo.
Ejemplo comparativo:
11. Normalización de prácticas injustas y arbitrarias:
En lugar de sancionar la aplicación irregular de jornadas extendidas sin fundamento legal ni constitucional, el proyecto busca legalizarlas. Esto vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales, debilita el Estado de Derecho y normaliza condiciones de trabajo incompatibles con los marcos internacionales de protección del trabajo digno.
12. Menor productividad, no mayor:
Contrario a lo que plantea la iniciativa, las jornadas laborales extensas no garantizan el aumento de la productividad. Estudios de organismos internacionales como la OCDE y publicaciones académicas (ScienceDirect, 2023) demuestran que el exceso de horas reduce el rendimiento individual, afecta la toma de decisiones y eleva el riesgo de errores, accidentes y ausentismo. La productividad sostenible requiere condiciones laborales saludables, no jornadas intensivas.
13. Experiencias internacionales:
Las reformas laborales exitosas a nivel internacional tienden a reducir la jornada sin afectar el ingreso, promoviendo el bienestar y la eficiencia. Países como Alemania, Francia y Suecia han impulsado modelos de trabajo que priorizan el equilibrio entre vida personal y laboral. La propuesta costarricense, en cambio, promueve una flexibilización patronal sin garantías suficientes de supervisión ni mecanismos efectivos de defensa colectiva, lo que debilita la posición de la persona trabajadora.
Posicionamiento del Consejo Anterior:
Por las razones expuestas, el Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica se posiciona en contra del Proyecto de Ley N.º 24.290 y su texto sustitutivo, por considerarlos un grave retroceso en materia de derechos laborales, equidad de género, salud mental y justicia social.
Asimismo, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del trabajo digno y con el debate democrático, plural e informado sobre el modelo de desarrollo que necesita Costa Rica. En este sentido:
Hace un llamado a las señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía, al sector académico, a los gremios y sindicatos, a reflexionar crítica y responsablemente sobre los alcances e implicaciones de esta propuesta.
Reitera su disposición para colaborar en la construcción de propuestas alternativas mediante espacios de diálogo y mesas de trabajo que promuevan condiciones laborales compatibles con la salud mental, la justicia distributiva, la sostenibilidad del cuido y la centralidad de la vida digna en las políticas públicas.
Suscriben,
Dra. Isabel Avendaño Flores, decana, Facultad de Ciencias Sociales Dra. Claudia Palma Campos, directora, Escuela de Antropología Mag. Gréttel Aguilar Santamaría, directora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva Dra. Tania Rodríguez Echavarría, directora, Escuela de Ciencias Políticas D.E.A. Pascal Girot Pignot, director, Escuela de Geografía M. Sc. Claudio Vargas Arias, director, Escuela de Historia Dr. Jorge Sanabria León, director, Escuela de Psicología Dr. Mauricio López Ruiz, director, Escuela de Sociología Mag. Carolina Navarro Bulgarelli, directora, Escuela de Trabajo Social Dr. Javier Tapia Balladares, director, Instituto de Investigaciones Psicológicas Dr. Francisco Robles Rivera, director a.i., Instituto de Investigaciones Sociales Dr. Anthony Goebel Mc Dermott, director, Posgrado de Historia y representante de los Programas de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales Dr. Alonso Ramírez Cover, director, Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP), y representante de los centros de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica (ACANAMED) extiende una cordial invitación a la ciudadanía y comunidad médica del país a participar en la conferencia:
“El origen de las ideas sobrenaturales”
Fecha: Jueves 24 de julio de 2025
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Colegio de Médicos y Cirujanos, salas 1 y 2.
Confirmar su asistencia antes del 20 de julio al correo info@acanamed.com o al 22967815
La actividad contará con la participación del especialista Dr. Ignacio Salom Echeverría quien abordarán el tema, en un espacio abierto para el análisis desde la ciencia, la gestión pública y la experiencia médica.
Se agradece compartir esta invitación entre colegas, estudiantes, profesionales de la salud y público interesado.
En un avance reciente en materia de integración de la población migrante y refugiada, la Municipalidad de Upala dio apertura al Centro de Atención Integral para Personas Migrantes de la Zona Norte. En este espacio se podrán realizar trámites de regularización migratoria, consultas legales y asesorías profesionales, todo con el fin de uniformar y facilitar gran parte de los trámites correspondientes al proceso de regularización del estatus migratorio.
El recinto fue puesto en práctica como parte de un esfuerzo en conjunto entre actores como; el gobierno local, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Fundación Ayuda en Acción; entre otros.
Inaugurado el 17 de diciembre de 2024, este espacio aún hoy operativo representa un avance significativo en materia migratoria en la Zona Norte del país, lugar con gran afluencia de población migrante y refugiada debido a su ubicación geográfica que abarca parte de la frontera con Nicaragua, así como lazos históricos con la población del país vecino.
El espacio está ubicado en el antiguo edificio de Cruz Roja, frente al Parque Central de Upala. Se encuentra abierto de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm.
Continuamos con el tema de BRICS, a un avance que realicé hace unos días. Hoy, con el agregado de que Donald Trump y su verborrea, típica de los neoliberales prepotentes y soberbios, dando por muerto a un bloque que, al contrario de su deseo, se fortalece con nuevos países miembros, que aumenta no solo en cantidad de países miembros, si no en lo que económicamente representan, más del 50% de la economía mundial, lo que contradice lo vociferado por Trump.
El fortalecimiento del mecanismo BRICS y su expansión hacia una mayor representatividad global marcan un hito esperanzador para el Sur Global y para el conjunto de la humanidad. Nos encontramos ante una transformación profunda del sistema internacional, donde la cooperación sur-sur, basada en el respeto mutuo, la soberanía y la equidad, comienza a ocupar un lugar protagónico frente a décadas de dominación del imperialismo, el capitalismo y sus instituciones excluyentes.
La reciente incorporación de Indonesia al BRICS, y la creciente articulación de economías emergentes en torno a una agenda común de desarrollo inclusivo, simbolizan el viraje de una lógica de subordinación a una de emancipación y construcción alternativa. El BRICS no es solo una suma de grandes economías del Sur; es, cada vez más, un proyecto geopolítico, económico y civilizatorio que impulsa el progreso compartido y promueve un nuevo multilateralismo más representativo y justo.
En un mundo atravesado por la desigualdad, los conflictos y el unilateralismo, el BRICS aparece como una plataforma de equilibrio, en la que las prioridades de los pueblos, como la inversión en infraestructura, la transferencia tecnológica, la seguridad alimentaria, se colocan en el centro del debate. A diferencia de los modelos de desarrollo impuestos por los organismos financieros tradicionales, el BRICS ofrece una alternativa basada en la cooperación, el diálogo en pie de igualdad y la búsqueda de soluciones comunes a problemas globales.
Lo que hoy se vislumbra es la reconfiguración del mapa del poder mundial, donde ya no son unos pocos quienes dictan las reglas (EEUU y Europa), sino que emergen con fuerza nuevas voces, nuevas alianzas y nuevas visiones de futuro. Que los BRICS representen ya más del 50% del crecimiento económico global y alrededor del 30% del PIB mundial es una señal del desplazamiento estructural en curso. Pero más allá de las cifras, lo esencial es el mensaje político y ético, uno que la humanidad ha soñado por décadas, otro mundo no solo es necesario, sino que empieza a ser posible.
El compromiso de los BRICS con el verdadero multilateralismo, con el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas, abre una ventana a una gobernanza internacional más justa, donde las necesidades de los pueblos no sean postergadas por intereses corporativos o hegemónicos.
Desde esta perspectiva, el avance del BRICS no debe ser visto solo como una estrategia geopolítica, sino como un impulso histórico que puede inaugurar una nueva era de cooperación internacional solidaria. Para los pueblos, y para la humanidad en su conjunto, este es un paso en la dirección correcta, hacia un mundo más equitativo, más plural y más comprometido con el bienestar colectivo.
Contrario a la forma de actual de los EEUU, no es un sometimiento a la voluntad del «amo» imperialista, de hacer lo que ordene, o temer a criminales sanciones económicas, comerciales y financieras.
El desafío ahora es profundizar esa vía, garantizar que los avances lleguen a las bases sociales y que los principios de inclusión y soberanía se mantengan firmes. En medio de tantas crisis globales, el BRICS representa una semilla de esperanza, un camino alternativo al dominio unilateral y una oportunidad para reimaginar el futuro desde el Sur, con dignidad, con justicia y con humanidad.
La incorporación de Cuba al BRICS, con estatus de país socio desde enero de 2025 junto a Bolivia y otros, representa un paso estratégico de gran importancia. No solo fortalece la representatividad del Sur Global, sino que también ofrece una vía crucial para que Cuba supere décadas de bloqueo económico, rompiendo con el dominio del dólar y accediendo a vías de financiación e inversión verdaderamente equitativas.
Este ingreso habilita a la isla a integrarse en proyectos multilaterales reales, desde infraestructura hasta energía renovable y tecnología, asociándose con potencias como China, Rusia y Brasil en condiciones de igualdad. En promedio, BRICS ya canaliza esfuerzos hacia el desarrollo del Sur Global, y con Cuba de la mano, amplifica su impacto en la integración regional del Caribe y América Latina.
Para Cuba, podríamos pensar, significa diversificar su economía más allá del turismo y la agricultura, abriendo paso a cooperación en minería de minerales críticos, biotecnología y salud pública, sectores en los que es potencia. Además, puede posicionarse como «puente» entre América Latina y Eurasia, tal como lo promueve la diplomacia rusa, favoreciendo mayor conectividad comercial y cultural.
En un mundo cada vez más fragmentado, la voz de Cuba en el BRICS enriquece aún más la narrativa multilateral. Su adhesión refuerza la apuesta por un sistema global más justo y con herramientas alternativas de cooperación, donde las sanciones y bloqueos no determinen el destino de los pueblos. Este avance envía un mensaje claro, el Sur Global no solo habla, sino que actúa, propone y construye desde su propia historia, prioridades e intereses comunes.
Este movimiento debería celebrarse como una señal de esperanza tangible, un bloque reforzado por la inclusión de Cuba, que aspira a consolidar una gobernanza global más plural, democrática y solidaria.
Tres profesionales de la comunicación fueron invitados para participar en las actividades especiales que se desarrollarán durante la Feria Internacional del Libro que arrancó el sábado 19 de julio, en el Centro Nacional de Convenciones en Belén de Heredia.
La primera intervención fue del periodista José Rodolfo Ibarra Bogarín, quien realizó un conversatorio sobre su libro “Solo a mi mamá: Crónica de una tragedia. La actividad fue el domingo 20 de julio.
Este libro, que estará a la venta en el estand C 43 del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), es una crónica que relata los hechos vividos por el reportero, tras el cruel y fatídico atentado de La Penca ocurrido el 30 de mayo de 1984. En aquella oportunidad, fallecieron siete personas y alrededor 20 quedaron con heridas severas.
El relato, hecho en primera persona, detalla la experiencia del periodista que, tras sobrevivir de aquel atentado, se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir los hechos, mientras lidia con sus propias heridas físicas y emocionales que dejó la explosión en el que vio sufrir y morir a sus colegas y amigos.
La segunda participación será de la periodista y productora audiovisual Marlene Ramírez Berrocal, quien tendrá en el estand del COLPER cinco de sus publicaciones y, en esta ocasión, ella nos leerá y comentará uno de sus relatos relacionados con las luchas, condiciones y situaciones que soportan las mujeres en el territorio nacional. La presentación de Ramírez Berrocal será el sábado 26 de julio a las 11 de la mañana en la sala Alajuela.
La tercera intervención será el domingo 27 de julio, cuando el periodista y escritor Juan Ramón Rojas Porras nos hable de su obra: Libros, autores y Lecturas. Este conversatorio se realizará a las 4 de la tarde en la sala Gabriel García Márquez.
Este libro lo empezó a escribir 10 años atrás como notas sueltas, sin embargo, tomó la decisión de compilarlas y publicarlas bajo el sello de Uruk. Dentro de ellas incluye una entrevista que le hizo al escritor costarricense José León Sánchez y tomó la decisión de incorporarla en el libro cuando se enteró de su muerte. Las publicaciones de Ibarra, Ramírez y Rojas estarán a la venta en el estand C43 que tendrá del COLPER en la citada Feria del Libro.
En este puesto, se aglutinarán 15 profesionales de la comunicación quienes también son escritores y quieren que los asistentes a esta actividad de tanta trascendencia para la cultura de país conozcan sus publicaciones.
Esta población agremiada al COLPER ha incursionado en la escritura de diversos géneros literarios: cuentos, crónicas, novelas, ensayos, relatos cortos, poesías, investigaciones periodísticas, textos académicos…
Habrá novelas policiacas, históricas, textos de denuncia, literatura infantil… de manera que se podrán satisfacer los gustos de los diferentes grupos de edad que asistan a este evento internacional. Si asiste a la Feria del libro no deje de visitar este puesto de profesionales de la comunicación.
Las organizaciones APREFLOLFAS, UNOVIDA yel Parlamento Cívico Ambiental se unen hoy a las organizaciones jóvenes Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, Red de Jóvenes por el Agua, Capítulo de Costa Rica, Movimiento Laudato Si´y Fundación Operation Rich Coast, conformando una alianza que enfoca sus esfuerzos en la promoción de soluciones verdaderamente sostenibles para el futuro de Crucitas, en la región norte de Costa Rica.
Esta alianza surge como respuesta alos esfuerzos de las diputaciones de varios partidos políticos en la Comisión de la Provincia de Alajuela en la Asamblea Legislativa por impulsar un texto sustitutivo del Proyecto de Ley 24717 que pretende reformar el Código de Minería para permitir la minería metálica a cielo abierto en el distrito de Cutris, San Carlos. Esta iniciativa fue promovida inicialmente por el Poder Ejecutivo.
En el acto se busca presentar un esfuerzo común de la sociedad civil para atender este tema que aglutina ya a casi 50 organizaciones del sector ambiental y combina ONGs, universidades, empresas, colectivos, organizaciones de juventud y de base espiritual.
Parten estas organizaciones de una posición común de que la minería a cielo abierto implica riesgos ambientales y sociales irreversibles. Décadas de evidencia científica, jurídica y económica —tanto a nivel nacional como internacional— demuestran que este tipo de minería provoca deforestación masiva, contaminación de fuentes de agua, pérdida de biodiversidad y daños duraderos a las comunidades locales. Reiteran que legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas contradice los principios ambientales que históricamente han distinguido a Costa Rica, así como los derechos constitucionales y la jurisprudencia vigente que ampara los principios de no regresividad, prevención y objetividad científica en la toma de decisiones ambientales.
En contraste, reconocen que iniciativas como el Expediente Nº 24.675 son una alternativa viable y visionaria. Proponen la creación de un Polo de Desarrollo Sostenible en la región Huetar Norte, con un enfoque en la restauración ambiental, el emprendimiento comunitario, el ecoturismo y la innovación en la gestión de recursos naturales. El proyecto plantea un plan integral con mecanismos de sostenibilidad financiera, formación técnica y articulación institucional. Estos esfuerzos incluyen un novedoso sistema de capitalización mediante la digitalización de los activos ambientales en el subsuelo sin necesidad de extraerlos, como fuente de recursos económicos.
Reiteran las organizaciones el llamado lanzado por el Parlamento Cívico Ambiental en el sentido de que:
“La verdadera riqueza de Crucitas no está en el oro enterrado, sino en sus ecosistemas vivos y en el potencial de una economía regenerativa que valore la naturaleza, la comunidad y las futuras generaciones. Se hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa del patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.”
En el episodio número 53 del programa 5 minutos o menos, titulado “Alerta roja en hospitales públicos”, el comunicador Martín Rodríguez Espinoza expone la situación crítica que atraviesan actualmente los centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El programa plantea que se trata de una alerta generalizada que refleja el deterioro progresivo del sistema de salud pública en el país, impulsado por decisiones políticas deliberadas, falta de planificación institucional y una creciente indiferencia hacia las condiciones humanas y laborales del personal médico.
Rodríguez denuncia el colapso en hospitales como el de Heredia y el Calderón Guardia, donde pacientes permanecen en los pasillos sin vigilancia y el personal médico trabaja en condiciones inhumanas. A su vez, señala que estas problemáticas no son aisladas, sino parte de una falla estructural alimentada por el incumplimiento del Estado con sus obligaciones, la falta de reposición de plazas y una aparente intención de debilitar la CCSS para justificar su privatización.
El episodio concluye con un llamado a la ciudadanía a organizarse y defender el sistema público de salud como un derecho fundamental que no puede ser negociado ni abandonado.
Para escuchar el programa completo, puede acceder al siguiente enlace:
Fotos: Semanario Universidad y canal oficial de YouTube del programa 5 minutos o menos.
En un mundo interconectado, las relaciones internacionales no son solo un juego abstracto entre Estados, sino una red de relaciones concretas que penetran los tejidos más íntimos de la vida política y social de los países. Lejos de actuar como garantes del respeto mutuo o de los valores democráticos que dicen defender, muchos actores siguen empleando mecanismos de dominación neocolonial para disciplinar a los gobiernos y actores políticos que no se alinean con sus intereses estratégicos. Uno de estos mecanismos, cada vez más evidente, es el uso del retiro de visas como arma geopolítica.
Estados Unidos ha perfeccionado un repertorio de instrumentos que van desde la ayuda financiera condicionada hasta las sanciones individuales, pasando por mecanismos diplomáticos como el retiro o la negación de visas a funcionarios públicos de otros países. Esto último, que en apariencia es una prerrogativa soberana, adquiere otra dimensión cuando se convierte en un mecanismo sistemático para castigar disidencias políticas.
En varios países de América Latina —Costa Rica entre ellos— funcionarios públicos y diputados han visto revocadas sus visas por parte de Estados Unidos bajo pretextos ambiguos como “corrupción”, “acercamientos con el Partido Comunista Chino” o “conductas antidemocráticas”. Estas acusaciones, notoriamente vagas y sin debido proceso, tienden a coincidir sospechosamente con momentos en que dichos funcionarios comienzan a criticar al gobierno de Rodrigo Chaves, denuncian su falta de transparencia o alertan sobre el deterioro institucional y el irrespeto a la democracia.
En otros casos, basta con que promuevan una postura de neutralidad tecnológica o reconozcan las oportunidades reales que países como China pueden ofrecer al desarrollo nacional. Esa sola apertura basta para que Estados Unidos, en un gesto abiertamente coercitivo, les retire la visa, dejando en evidencia cómo se instrumentaliza la política migratoria para imponer lealtades geopolíticas y castigar cualquier desviación del alineamiento hegemónico.¿Puede haber una práctica más antidemocrática que esta? ¿Qué dirían los medios, las ONG internacionales y los gobiernos occidentales si estas mismas medidas fueran tomadas por China o Rusia? ¿Cuántas portadas y condenas acumularían entonces?
Este tipo de intervenciones encubiertas no responde a la defensa de principios universales como dicen, sino a la lógica imperial de amigos y enemigos en una época de competencia comercial y tecnológica. Si el gobierno en cuestión es aliado de Washington, entonces toda disidencia interna se convierte en sospechosa; si el gobierno es hostil o independiente, cualquier alianza con otros polos geopolíticos es inmediatamente criminalizada y sancionada moralmente.
La narrativa se sostiene en la vieja estructura binaria del excepcionalismo moral: EE.UU. como juez supremo de lo que está bien y mal, del quién es “democrático” y quién no. Esto reproduce un pensamiento profundamente supremacista, donde las decisiones soberanas de terceros países se subordinan a los intereses estratégicos de una potencia que sigue creyendo que su rol es “guiar al mundo libre”.
El retiro de visas no busca solo sancionar conductas: busca exigir lealtades. Es un mensaje claro a los actores políticos: “Si quieres mantener tu acceso, tus vínculos, tu legitimidad internacional, adopta la línea de nuestros intereses”. Esto revela una forma de colonialismo diplomático: quien no se subordina, es castigado; quien se opone, es marcado; quien mantiene autonomía, es excluido del círculo “respetable” de las naciones.
Así, el retiro de visas se convierte en mecanismos de coacción, diseñados para alinear la política interna de los países con las coordenadas geopolíticas de Washington. No se trata de combatir el autoritarismo o defender la democracia, sino de sostener regímenes afines, incluso si ellos mismos violan derechos, persiguen opositores o concentran el poder. Lo que importa no es la ética política, sino la obediencia política.
Este tipo de prácticas se parecen demasiado a aquello que el propio discurso hegemónico dice combatir: son rasgos típicos de regímenes totalitarios. Señalar, castigar, censurar y excluir a quienes piensan distinto, sin debido proceso ni transparencia, bajo criterios ideológicos y de conveniencia, es exactamente la lógica del totalitarismo que históricamente ha oprimido pueblos y silenciado disidencias.
La paradoja es escandalosa: se sanciona a otros en nombre de la democracia, mientras se emplean métodos que niegan sus fundamentos más elementales. Lo que se impone no es un modelo de justicia, sino un régimen de castigo selectivo, al servicio de una lógica geoestratégica que responde más al siglo XIX que al XXI. Es momento de nombrar las cosas por su nombre. Este tipo de prácticas no son “medidas diplomáticas” ni instrumentos legítimos de política exterior: son actos de intimidación que perpetúan una arquitectura mundial de asimetría, dependencia y miedo político.
Esta crítica no debe confundirse con antiamericanismo. Se trata de una defensa de la soberanía, de la pluralidad política, y sobre todo, de la coherencia democrática. Porque cuando una potencia actúa castigando disidencias, alineando actores internos a conveniencia, y utilizando su poder para callar al otro, no está defendiendo la libertad. Está replicando el manual de los regímenes que dice condenar.
