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Flexibilización de límites para plaguicidas en el agua potable genera preocupación ambiental

Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.

El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.

Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.

Lea la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-el-agua-deja-de-ser-derecho-regresion-ambiental-y-captura-del-bien-comun/

Imagen: Semanario Universidad.

¿Le darías un cigarrillo a tu hijo? Si la respuesta es no, ¿por qué entonces permites que use redes sociales?

Krisbel Leiva Alvarado

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en una parte esencial de la vida diaria, especialmente para los jóvenes. Plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat son utilizadas a diario por niños y adolescentes durante varias horas. Muchos padres entregan teléfonos o tabletas a sus hijos sin percibir los posibles daños que esto puede causar en su salud mental.

Las redes sociales deberían regularse con la misma severidad que el alcohol o el tabaco, ya que tienen un impacto significativo en la salud mental de los jóvenes, particularmente por su accesibilidad, la presión social y el desgaste emocional que provocan.

  1. Acceso ilimitado

A diferencia del alcohol o el tabaco, las redes sociales son mucho más accesibles para los menores. Aunque las plataformas afirman tener restricciones de edad, estas son fácilmente eludidas. Algunos niños simplemente mienten sobre su fecha de nacimiento, y muchos utilizan cuentas de sus padres, hermanos o amigos. Un estudio hecho por el experto en tecnología Daniel Croft señala que un 54% de los menores de 13 años usan cuentas de adultos, mientras que otros utilizan las suyas propias sin control alguno.

Además, la mayoría de estas aplicaciones no cuentan con controles parentales predeterminados. Esto significa que la responsabilidad recae totalmente sobre los padres, quienes muchas veces no tienen idea del contenido que sus hijos consumen.

  1. Presión social constante

La presión de grupo relacionada con las redes sociales es similar a la que existe con el consumo de sustancias. Cuanto más las usan los demás, más sienten los adolescentes que también deben usarlas. Este impulso no solo responde al deseo de encajar, sino también al temor de quedar fuera de su círculo social. Publicar fotos o videos se convierte en una obligación para no sentirse excluidos.

La estudiante Aakanksha Yelishala, en un artículo para Youth Medical Journal, señala que muchos adolescentes afirman que las redes sociales perjudican a su grupo etario al generar una visión irreal de la vida de los demás. La comparación constante puede afectar seriamente su autoestima.

  1. Daño psicológico real

Así como el abuso de sustancias puede dañar el cerebro, el uso excesivo de redes sociales también puede tener efectos graves a largo plazo. Los “me gusta” y comentarios funcionan como recompensas químicas similares a las que producen las drogas o el alcohol. La especialista en neurociencias Laura Pigott lo resume así: “Las redes sociales están diseñadas para engancharte, igual que una bebida alcohólica”.

El impacto emocional también es comparable. Se ha encontrado una relación directa entre el uso excesivo de redes sociales y trastornos como la ansiedad, la depresión y la inestabilidad emocional. Según un estudio liderado por Zubair y colegas de la Universidad de Ciencias de la Salud de Dow, el uso intensivo de redes sociales está fuertemente relacionado con el desarrollo de problemas psicológicos en los jóvenes.

Conclusión

Al igual que el alcohol o el tabaco, las redes sociales representan riesgos serios para los adolescentes. Son accesibles sin control, alimentan la presión social y causan daño emocional. Si protegemos a nuestros hijos de sustancias peligrosas, también debemos protegerlos del uso excesivo de redes sociales.

Regular el uso de estas plataformas no es censura, es responsabilidad. Si no actuamos ahora, estaremos normalizando el daño en un mundo digital que avanza sin freno. Darles a los niños acceso libre a un celular es, en muchos casos, darles acceso a una enfermedad moderna: la adicción digital.

Mujeres por Costa Rica expone razones para oponerse a jornada 4×3 e invita a firmar

El colectivo Mujeres por Costa Rica reiteró este 28 de junio su rechazo al proyecto de ley N.º 24.290, que propone la jornada laboral conocida como 4×3, en la que se trabajaría 12 horas diarias durante 4 días a la semana. La propuesta fue aprobada por la vía rápida en la Asamblea Legislativa y, según el colectivo, representa un grave retroceso en derechos laborales, especialmente para las mujeres y sectores en condición de vulnerabilidad.

En su pronunciamiento, el grupo señala que el proyecto desconoce derechos tutelados por la Constitución de 1949 y el Código de Trabajo, y advierte que los argumentos usados para defenderlo —como la atracción de inversión y el aumento en la productividad— son inconsistentes y no consideran estudios comparativos que demuestran que menores jornadas pueden generar mayores niveles de productividad.

Entre los efectos negativos que advierten, destacan:

  • Impacto en la salud física y emocional de las personas trabajadoras, particularmente de las mujeres, quienes además deben asumir jornadas no remuneradas en el hogar.

  • Reducción del tiempo para el descanso, la recreación y la educación, afectando derechos básicos establecidos por ley.

  • Mayor exclusión de las mujeres del mercado laboral, debido al aumento de los costos de cuido y la dificultad de compatibilizar trabajo y responsabilidades familiares.

  • Deterioro de la vida familiar, por la falta de tiempo para compartir y acompañar procesos educativos y afectivos.

  • Obstáculo al acceso a la educación y la movilidad social, al eliminar la posibilidad de estudiar fuera del horario laboral.

El colectivo también cuestiona que los cambios introducidos al proyecto original no resolvieron los impactos estructurales ya señalados, y alerta sobre el costo social que representaría para el Estado en áreas como salud, transporte y cuido.

Por ello, Mujeres por Costa Rica hace un llamado a la ciudadanía, a partidos políticos, empresas y organizaciones sociales y religiosas a oponerse activamente a esta reforma.

Se puede leer el pronunciamiento completo y firmar en apoyo al rechazo del proyecto en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf83vTs0buKgnOJhQrV-Pu9RxEAOrRcBz4OIrAbAmT-aQ3rdA/viewform

Imagen:

El Colombiano. (2021, mayo 17). Extensas jornadas laborales matan a miles de personas cada año, según OMS. https://www.elcolombiano.com/tendencias/extensas-jornadas-laborales-matan-a-miles-de-personas-cada-ano-segun-oms-LF15109714

Sala Constitucional ordena liberar a personas migrantes acogidas por Costa Rica tras ser deportadas desde Estados Unidos

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió parcialmente con lugar un recurso de habeas corpus interpuesto en favor de un grupo de personas migrantes que, tras ser deportadas desde Estados Unidos, fueron admitidas por Costa Rica por razones humanitarias. Estas personas permanecieron en condición de privación de libertad en el Centro de Atención Temporal Migratoria (CATEM-SUR), ubicado en el cantón de Corredores, provincia de Puntarenas.

Según consta en la sentencia número 2025-19485, dada a conocer el pasado martes 25 de junio por la oficina de prensa del Poder Judicial, la mayoría de las magistraturas que integran la Sala concluyó que la retención de estas personas, sin una resolución administrativa individualizada, sin información sobre su estatus migratorio, sin acceso a asesoría legal y sin posibilidad de contacto con el exterior, constituyó una violación a sus derechos fundamentales.

La Sala determinó que la actuación de las autoridades migratorias, en especial en lo referente al mantenimiento de las personas en una condición equiparable a la detención, careció de fundamento legal suficiente y de respeto a las garantías básicas del debido proceso. Asimismo, el Tribunal señaló que se omitió informar adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a solicitar refugio en el país, conforme a la legislación vigente y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

En consecuencia, la Sala ordenó al director general de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, que en un plazo de 15 días naturales proceda a emitir una resolución debidamente motivada para cada caso individual, en la cual se defina el estatus migratorio correspondiente. Además, se dispuso la liberación inmediata de todas las personas migrantes amparadas por la sentencia, y se solicitó la articulación de acciones interinstitucionales para la atención integral de sus necesidades en salud, educación, vivienda y apoyo social.

La sentencia también impuso al Estado costarricense la obligación de asumir el pago de costas, daños y perjuicios, los cuales deberán cobrarse mediante un proceso de ejecución en la jurisdicción contencioso-administrativa.

El recurso fue tramitado bajo el expediente número 25-006713-0007-CO, y fue presentado por personas defensoras de derechos humanos que denunciaron que las condiciones en que las personas migrantes fueron mantenidas en el CATEM-SUR no respetaban los principios mínimos de dignidad, información y protección jurídica. El ingreso de estas personas al país se dio en el marco de un acuerdo bilateral con el gobierno de Estados Unidos, que permitió su admisión temporal por motivos humanitarios en febrero de 2025.

Cabe destacar que la decisión de la Sala no fue unánime. Las magistraturas Fernando Castillo, Luis Salazar y Anamari Garro emitieron voto salvado, declarando sin lugar el recurso en todos sus extremos. Argumentaron que la permanencia de las personas migrantes en el centro de atención respondía a un contexto migratorio y humanitario excepcional y que las medidas aplicadas no constituían una detención arbitraria. Asimismo, señalaron que no se acreditó que las personas estuvieran privadas de asistencia legal y que muchas de ellas ya habían salido del país conforme al plan original establecido por las autoridades costarricenses.

La sentencia refuerza el principio de que la condición migratoria de una persona no puede ser utilizada como justificación para restringir sus derechos fundamentales sin base legal suficiente, y reitera el deber del Estado costarricense de garantizar el respeto al debido proceso y a las normas de protección internacional aplicables a las personas migrantes, solicitantes de refugio o en situación de vulnerabilidad.

Foro de diálogo nacional abordará pensiones y proyecto de jornadas 4×3 este miércoles

El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel realizará una sesión este miércoles 2 de julio a las 2:00 de la tarde en las oficinas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, sede San Pedro, para dialogar sobre el sistema de pensiones y el proyecto de ley de jornadas laborales 4×3.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo informó que la actividad contará con la participación de dos invitados especiales: el máster en ciencias Luis Pablo Zúñiga Morales, experto en derecho laboral y educación, y el licenciado Juan Antonio Vargas Guillén, representante de las personas trabajadoras ante CONASSIF.

La organización solicita confirmar asistencia mediante respuesta al correo electrónico mesa.nacionaldedialogo@gmail.com o al número telefónico 86989553.

El foro forma parte de las iniciativas de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo para generar espacios de discusión sobre temas laborales y de seguridad social que afectan a la población trabajadora del país.

La sesión se enfocará específicamente en analizar el estado actual del sistema de pensiones nacional y las implicaciones del proyecto de ley que propone la implementación de jornadas laborales de cuatro días por tres de descanso, una propuesta que ha generado debate en diferentes sectores de la sociedad costarricense.

Defensoría de los Habitantes señala avances y pendientes en la atención a personas deportadas desde Estados Unidos

SURCOS recibió el siguiente comunicado de la Defensoría de los Habitantes:

Cuatro meses después de la llegada al país de personas deportadas desde Estados Unidos, la Defensoría de los Habitantes emitió un pronunciamiento en el que destaca avances, pero también señala importantes pendientes en la atención de esta población vulnerable, particularmente en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) Sur.

La institución subraya que la situación global de las migraciones implica múltiples riesgos, incluyendo abusos de autoridad, explotación y violaciones a derechos humanos. Ante esto, insiste en que los Estados deben liderar respuestas integrales con enfoque de derechos y participación multisectorial.

Desde febrero, la Defensoría ha recomendado al Estado costarricense una serie de acciones, como garantizar condiciones dignas de permanencia, alternativas de protección internacional para quienes no pueden regresar a sus países de origen, libertad de tránsito y un abordaje integral de necesidades. Aunque estas recomendaciones fueron inicialmente rechazadas por las autoridades migratorias, muchas han sido posteriormente implementadas.

Entre los avances señalados destacan:

  • Instalación de sábanas en los camarotes del CATEM Sur.

  • Mantenimiento y reparación del sistema de purificación de agua.

  • Sustitución del techo del centro con material aislante de calor.

  • Permiso de ingreso y salida para personas deportadas.

  • Normalización migratoria temporal por razones humanitarias.

  • Opción de solicitar refugio.

  • Intervención del MEP para valorar alternativas educativas para menores.

La Defensoría también reconoce el esfuerzo del personal de la policía migratoria, aunque advierte sobre la necesidad de una mejor planificación de recursos y mayor transparencia institucional.

Sin embargo, persisten varios temas críticos que requieren atención urgente:

  • Definición del país de destino para personas deportadas que no pueden volver a su lugar de origen y no desean solicitar refugio en Costa Rica.

  • Falta de traductores para atender adecuadamente a las personas deportadas desde EE.UU.

  • Ausencia de un abordaje institucional integral y constante, pese a la presencia del PANI e INAMU.

  • Falta de acceso a internet mediante Wi-Fi en el centro.

La Defensoría concluye reafirmando su compromiso de seguimiento activo para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad humana.

Humedal Carbón bajo amenaza: ocupación ilegal denunciada en Playa Negra, Talamanca

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una denuncia formal ante la Coordinación Nacional de Humedales del MINAE el 29 de junio de 2025, por la ocupación ilegal del Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, cantón de Talamanca.

Durante una visita realizada el 28 de junio, se constató la intervención del área mediante drenajes, rellenos y construcciones con maquinaria pesada, caminos abiertos y presencia de materiales de obra. Todo esto dentro de un ecosistema clasificado como humedal protegido, lo que representa una posible violación de la legislación ambiental vigente.

El humedal, parte del Patrimonio Natural del Estado, se encuentra bajo protección de normas nacionales e internacionales, como la ley orgánica del Ambiente (N.º 7554), la ley forestal (N.º 7575) y el convenio Ramsar sobre humedales. Ante estos hechos, la asociación solicita la intervención urgente del MINAE y de otras instituciones competentes.

Entre las medidas solicitadas, el documento exige:

Un informe técnico detallado, con análisis de imágenes y ortofotos desde 1996 hasta la fecha.

La identificación de propiedades dentro del humedal, con información catastral y registral.

Coordinación interinstitucional con SETENA, la fiscalía ambiental, la Municipalidad de Talamanca, el registro nacional y otras instancias para determinar responsabilidades.

Que la gestión sea liderada directamente por la Coordinación Nacional de Humedales, sin delegaciones locales o regionales.

La denuncia fue firmada por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, y copiada a autoridades de la fiscalía general, fiscalía ambiental y fiscalía agraria, entre otras.

El documento completo forma parte del expediente AEL-00263-2025.

Terreno rellenado parte de la Zona Marítimo Terrestre en Playa Negra.  (Foto: Philippe Vangoidsenhoven)

La trampa de la trampa: ¡Despierta! Se trata de desigualdades

Moisés Roberto Escobar
Investigador Asociado Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN)
Registro ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8746-6473
Correo: moises.escobar@catie.ac.cr

Sistemáticamente, organismos como CEPAL, FMI, BID, Banco Mundial y otros posicionan aspectos del crecimiento económico y la competitividad como el desafío estructural de nuestros tiempos (llamados como “la trampa”), y tienen buena parte de razón.

Sin embargo, como lo comprendió Joseph Lebret, luego lo midió Amartya Sen y, recientemente Thomas Piketty con su notable evidencia en el Capital del siglo XXI. Todo es cuestión de la desigualdad. El crecimiento económico se ha mantenido relativamente estable en el último siglo, aunque en niveles bajos. Pero, hay una profunda asimetría que, en la pandemia se nos hizo conocer en mejor medida. La acumulación de riqueza y la concentración exacerbada de la misma.

Según Oxfam, Fundación para el Desarrollo de Centroamérica – FUDECEN y otros, la prevalencia de ultrarricos que acapara la riqueza se da en una proporción cercana al 10/90, donde el 10% de la población acapara el 90% de la riqueza, mientras que el resto subsidia y se precariza ante esta asimetría. Que, además se prevalece como legal, incentivada y acompañada de lo gubernamental y de la institucionalidad. Porque hay leyes de exenciones a la inversión, las cuales por defecto acarrean empleo precario y sin cobertura de protección social.

Entonces, la trampa no es el bajo crecimiento económico (únicamente), sino y por sobre todo, la desigualdad estructural y subyacente: esa desigualdad política, económica, fiscal, de exenciones e incentivos, de dotación y calidad de equipamientos, de asequibilidad de bienes y servicios.

Romper, integralmente, con las trampas es atender, primero, la desigualdad. Luego, asumir corresponsabilidad multisectorial y diferenciada. Sí, todos para uno y uno para todos, dirá Alejandro Dumas y sus Tres mosqueteros. Es decir, debemos partir del principio de subsidiariedad (con el que menos tiene), acompañándole a que pueda, a que haga, a que sea y, logre plenitud de vida, satisfacción de todas sus necesidades fundamentales, consiga sus aspiraciones, sea feliz y pueda ser con los demás, en el Ubuntu. Esto nos lleva a lo otro: que nadie se quede atrás, ni para ser ayudado y reivindicado, ni para ayudar y acompañar en la reivindicación de los otros, el prójimo.

No es utopía. Es coexistencia, es dignidad, es lo ético, lo correcto, lo necesario para vivir y ser.

Avancemos en romper las trampas, todas.

UNDECA presenta denuncia penal contra autoridades de la CCSS y ejecuta paro nacional por sistema ERP-SAP

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra las más altas autoridades de la CCSS por presuntas irregularidades en la implementación del sistema ERP-SAP.

Según el comunicado emitido por la organización sindical, la denuncia se basa en «abundante prueba documental» y solicita la investigación de posibles delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción relacionados con el contrato N.º 2020-09.

UNDECA fundamenta su acción en oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales y expedientes contractuales que señalan «posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares» en un proyecto con un costo superior a los 50 millones de dólares.

La organización señala directamente a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, y al director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, como responsables de impulsar la implementación del sistema en junio de 2025 «sin contar con condiciones técnicas mínimas» y en «claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos».

Paro nacional con alta participación

Paralelamente a la denuncia penal, UNDECA ejecutó un paro nacional este martes que, según la organización, alcanzó una participación de entre 80% y 90% en todo el país. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, indicó que el movimiento mantiene «la atención de servicios de emergencias y la atención a personas internadas, en apego a los principios éticos y solidarios del personal de salud».

La implementación del sistema ERP-SAP ha causado, según UNDECA, «caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud».

La organización sindical denuncia que las jefaturas han sido obligadas a «firmar declaraciones juradas de responsabilidad, eximiendo a los verdaderos responsables del desastre» y que el proyecto se ejecutó con «preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados».

UNDECA exige al Ministerio Público que adopte «medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario» y sostiene que «la salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social».

Pensar las Ciencias Sociales a esta hora

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En entregas anteriores hemos compartido nuestras preocupaciones acerca de la tendencia hacia el intelectualismo y el conocimiento científico, que se ha instalado en nuestras sociedades, con especial atención a las acciones del presidente Donald Trump ante las instituciones universitarias de prestigio.

No hay duda.

Nos encontramos en un momento especialmente delicado al que también las ciencias sociales se enfrentan. Por ello, quienes nos dedicamos a alguna disciplina de su vasto campo de pensamiento, debemos accionar hoy para construir su futuro, que está a la vuelta de la esquina.

Particularmente valoro la necesidad de recuperar para sí, conceptos que han sido disputados por otros campos de saberes. El de la inteligencia, por ejemplo.

Sin demeritar los aportes de una herramienta que puede aportar grandes contribuciones si es ética y pertinentemente utilizada, pienso que la Inteligencia Artificial debe ser complementada con lo que yo llamaría la Inteligencia Humana. Pareciera paradójico, pero no lo es. En tiempos que, al decir de Bertold Brecht, se debe salir a defender lo obvio, el campo de las humanidades requiere ser recolocado en su justa dimensión.

Pensar entonces ese sujeto contemporáneo como fin y objetivo de cualquier racionalidad científica y académica, pasa por fortalecer los vasos comunicantes que propongan más igualdad, más justicia y más equilibrio. Es que esto es hoy más urgente que nunca.

Entonces me concentro en unas ciencias sociales humanas, cuyas inteligencias sigan propiciando la criticidad y el compromiso con el bienestar de amplios grupos de población. Una sociedad como la costarricense, que se apresta a cerrar su histórico contrato social para entrar en una nueva etapa, requiere de disciplinas que la lean, la entiendan y la transformen desde la actualidad para pensar en el futuro que ya nos alcanzó. Por eso las Ciencias Sociales de esta hora para el futuro que ya está aquí.

Hace décadas, Inmanuel Wallerstein invitaba a abrir las ciencias sociales ante los inminentes cambios de paradigmas. Hoy de nuevo nos encontramos en un punto de inflexión, donde la dignidad humana debe ser el centro de toda acción de conocimiento. A esas Ciencias Sociales le apuesto. Con esas ciencias sociales voy. Lo siento y entiendo así.